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Etiqueta: derechos culturales

Cocinas latinoamericanas: raíces, resistencia y patrimonio en diálogo internacional

Del 2 al 4 de diciembre se realizó el XI Encuentro y Seminario Permanente Internacional de Cocinas “Raíces, resistencia y patrimonio en las cocinas latinoamericanas”, un espacio convocado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de México, junto con la Coordinación Nacional de Antropología, la Dirección de Antropología Física, el proyecto Cocinas en México, procesos biosociales, históricos y de reproducción cultural, el Centro INAH Hidalgo, el Exconvento de San Nicolás Tolentino, el Grupo ETC y la Red de Cátedras Libres sobre Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines.

El seminario reunió a personas investigadoras, cocineras tradicionales, colectivos comunitarios, académicas y personas defensoras de la soberanía alimentaria para reflexionar sobre el papel de las cocinas en la memoria histórica, la identidad, los vínculos territoriales y las formas de resistencia cultural en América Latina.
Bajo el eje común de “raíces y patrimonio”, las ponencias y conversatorios exploraron cómo los saberes culinarios se entrelazan con procesos sociales, luchas comunitarias, derechos culturales y dinámicas agroalimentarias que atraviesan a la región.

La organización del seminario subraya que las cocinas tradicionales —indígenas, campesinas, afrodescendientes y comunitarias— constituyen un patrimonio vivo que expresa diversidad, creatividad e historia compartida, pero también enfrenta amenazas derivadas de modelos industriales que homogeneizan los alimentos y debilitan prácticas locales de producción y consumo. En este sentido, el seminario destacó la importancia de la soberanía alimentaria, la defensa de las semillas, los intercambios culturales y la reconstrucción de vínculos entre territorio, comida y comunidad.

La actividad incluyó conferencias magistrales, presentaciones editoriales, mesas temáticas y conversatorios con protagonistas de distintas regiones, reafirmando que la cocina es también un espacio de resistencia, diálogo y organización social.

Quienes deseen conocer más sobre las discusiones y contenidos del XI Encuentro pueden acceder a la transmisión disponible en YouTube en el siguiente enlace:
👉 https://www.youtube.com/live/wIeN-tOYMLQ?si=D_l0nyQE2_9gXuQV

La herencia y el espectro radioeléctrico, un tema que atañe a la cultura

Por José Luis Amador

Cuando el padre, ya en su lecho de muerte, llamó a sus hijos y a la madre, les dijo con serenidad: “Aquí les dejo esta herencia. Es una finquita; no es la más grande, pero es lo que tenemos. ¿Para qué la van a usar?”

Entonces el hijo mayor, que era empresario dijo: Ah, la podemos vender y hacer negocios. Podemos poner el dinero en la bolsa de valores y capitalizar. ¡¡Sacarle plata!!

Y el menor que era músico y poeta dijo: podemos organizar grandes conciertos, actividades culturales, la finquita podría ser útil para la difusión de la música, la cultura, la poesía y la belleza…

Y así todos los hijos fueron diciendo según su criterio, para qué podía servir la heredad que dejaba el padre.

El sacerdote vio una iglesia y así sucesivamente.

Solo la madre dijo: esta herencia es la única que tenemos y tiene que servir para todos. Para hijos, nietos y bisnietos. Tiene que permitirnos cosechar el pan, tiene que permitirnos convivir, tiene que ser sostenible en el tiempo y también tiene que haber un espacio para el regocijo, la cultura y la alegría, por supuesto. Pero es de todos. No solo de dinero vive el hombre, ni solo de oraciones, o de música y belleza tampoco.

Este patrimonio no será exclusivamente para una cosa, o para las necesidades de uno u otro. Por pequeña que sea, tendrá que servir a todos, porque es patrimonio de todos, mientras estemos aquí.

Y así ocurre con todo.

Una de las características fundamentales del espectro radioeléctrico, es su enorme potencial económico. ¿Cómo no darse cuenta de ello? Es un patrimonio que permite capitalización, que permite generar grandes recursos económicos. Por supuesto que es carne de vaca para los negocios.

El otro aspecto del patrimonio radio eléctrico es que es potencial político. El manejo de la información, las noticias, la comunicación ha sido utilizado como un cuarto poder. Quien posea las ondas hertzianas tendrá participación y acceso al poder.

El otro aspecto que está presente en el espectro radioeléctrico es el campo del entretenimiento. Y cuando hablamos de entretenimiento hablamos de negocios y dinero. Pero hablamos también de identidad y cultura.

La cultura no es una mercancía ordinaria como algunos creen. Sino que está enormemente vinculada a la identidad de los pueblos. La cultura y la forma en que se mercantilizan los recursos culturales, permiten o niegan el manejo de identidad nacional y regional también.

El manejo del espectro radioeléctrico no es solamente un asunto de hacer negocios y de que cada cual pague un derecho y sacar una tajada para las arcas de Hacienda. Esta finquita es de todos, incluyendo los grupos específicos, las comunidades, las universidades, grupos profesionales sindicales, todos necesitan espacio y voz. Además de ser un negocio, las ondas hertzianas deben ser vistas como espacio para la comunicación educativa. Las universidades, los centros culturales tiene que tener un acceso al espectro radioeléctrico.

No todo en la vida puede ser comercializado. Por lo menos no todo debe ser comercializado en la misma medida. No podemos medir el valor de los espacios culturales, regionales y religiosos, con la misma vara de medir las grandes empresas.

Tampoco ganamos con grandes empresas transnacionales enquistadas en nuestro espectro radioeléctrico y en nuestra vida social comunitaria y nacional; si perdemos esta herramienta, este recurso necesario para el ejercicio del arte, la cultura, la acción política, la expresión, el conocimiento, y la ciencia de nuestros hijos y nietos.

Pienso que aquella madre tenía razón a la hora de repartir la finquita. Hay que pensar en todos estos aspectos. El espectro radioeléctrico tiene que ser para todos de acuerdo con sus necesidades, que al final y al cabo, son las necesidades de toda la colectividad.

Aunque viéndolo bien, esto no pasa solo con la finquita radio-eléctrica.

Toda la Finquita Nacional debería tener una repartición más o menos parecida. Porque la gran familia nacional tiene necesidades, no solo los poderosos. No solo los que pueden comprar las acciones en la gran subasta de la vida.

UNA fortalece la educación intercultural y la revitalización lingüística en comunidades indígenas

La Universidad Nacional (UNA) culminó cinco años de trabajo académico en territorios indígenas con el cierre del Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas, ejecutado por la División de Educación Rural (DER) del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide). El programa, vigente de 2020 a 2024, consolidó acciones de investigación, extensión y cooperación internacional para fortalecer la educación intercultural bilingüe y la preservación de los idiomas originarios de Costa Rica.

Durante el quinquenio, el equipo académico desarrolló procesos de acompañamiento docente, producción de materiales educativos, giras académicas, talleres en comunidades y participación en redes internacionales. Las principales zonas de trabajo fueron Boruca, Curré y Talamanca, donde se generaron experiencias significativas de revitalización lingüística y educación contextualizada. “El trabajo desarrollado con las comunidades permitió avanzar en procesos de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, quienes asumieron un rol activo en la enseñanza del idioma brunca en las escuelas”, explicó Federico Guevara Víquez, coordinador del programa y académico de la DER.

El PPAA nació con el propósito de acompañar al sistema educativo costarricense en la aplicación de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, en concordancia con los derechos culturales y lingüísticos reconocidos por el Estado. Desde su creación, articuló esfuerzos con las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública (MEP) y los Consejos Locales de Educación Indígena (CLEI) de cada territorio.

Su enfoque principal combinó la investigación participativa y la acción pedagógica en las aulas. En Boruca y Curré, por ejemplo, el programa impulsó el proyecto Upshigrajdin Di Tegat Yet, dedicado a la enseñanza del idioma brunca como segunda lengua. Esta iniciativa integró a docentes de lengua y cultura, supervisores de circuito y autoridades educativas del territorio.

A lo largo de tres años, los participantes recibieron capacitación en metodologías de enseñanza bilingüe, técnicas de planificación didáctica y estrategias fonológicas para contextos donde el idioma presenta un alto grado de desplazamiento. Los resultados incluyeron un documental de 46 minutos que registra el proceso de trabajo con los docentes y un artículo académico registrado que analiza los alcances de la experiencia.

Guevara destacó que estos productos constituyen evidencia del compromiso del equipo académico con la construcción colectiva del conocimiento intercultural. “El trabajo con los territorios de Boruca y Curré permitió un proceso de revitalización lingüística con docentes de lengua y cultura, con metodologías que fortalecen el aprendizaje y la identidad desde la escuela.

Aprendizaje desde los territorios

En Talamanca, el programa dio seguimiento al Plan Piloto Namu Wokir, desarrollado anteriormente por la División de Educación Rural con la Dirección Regional de Sulá. Las actividades incluyeron talleres de mediación pedagógica, evaluación educativa, planeamiento contextualizado y educación intercultural.

Carolina Arias Ortiz, académica de la DER y participante del programa, recordó que esta experiencia reafirma la importancia de trabajar junto con las comunidades educativas desde la realidad de cada territorio: “El acompañamiento en Talamanca y la experiencia del Plan Piloto Namu Wokir permitieron comprender la diversidad cultural de las regiones indígenas y la necesidad de abordar los desafíos educativos desde la interdisciplinariedad.”

El programa también propició espacios de diálogo comunitario, como el Consejo de Participación Comunal de la Dirección Regional de Sulá, donde abordó temas relacionados con la lengua, la cultura y el rendimiento académico de la población estudiantil indígena.

Como parte de la proyección internacional, Guevara y Arias presentaron la ponencia “Una mirada crítica a las políticas educativas en los territorios indígenas de Costa Rica” en el Congreso de Antropología y Educación del Royal Institute of Anthropology (RAI), realizado en junio de 2024 en Londres. En ese espacio, compartieron los resultados del programa y discutieron con académicos de distintas regiones sobre el impacto de las políticas educativas en comunidades marginadas.

“La participación en el Congreso del RAI visibilizó el trabajo de la UNA frente a especialistas de diversos continentes y abrió nuevas posibilidades de colaboración académica”, señaló Guevara durante su presentación en el informe final del programa.

El cierre del programa incluye la preparación del libro El Programa de Apoyo Permanente a Escuelas Indígenas de la DER: experiencias en Educación Intercultural y revitalización lingüística, de Federico Guevara Víquez y Jenny Mena López. El texto, en formato impreso y digital, sistematiza las experiencias del programa y su impacto en la enseñanza de lenguas originarias.

El equipo académico también produjo el documento “Aportes de la DER a derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas” y una ponencia sobre políticas educativas y multilingüismo en Costa Rica.

Además, los registros audiovisuales obtenidos en Talamanca documentan la aplicación de metodologías de investigación participativa y la coordinación con autoridades locales, que consolidan una memoria visual de los procesos educativos y culturales vividos en las comunidades.

Proyección y continuidad

Aunque el PPAA concluyó en diciembre de 2024, sus aportes académicos continúan vigentes. El equipo de la DER mantiene vínculos con las comunidades participantes y con las redes internacionales que acompañaron el proceso.

Los resultados obtenidos abren la posibilidad de nuevos proyectos enfocados en la formación docente, la sistematización de experiencias y la producción de materiales educativos bilingües. Asimismo, la universidad prevé nuevos espacios de diálogo entre las comunidades indígenas y las instituciones educativas, en coherencia con el enfoque de derechos culturales y lingüísticos.

La experiencia también fortaleció las capacidades de los académicos y estudiantes vinculados, algunos de los cuales desarrollaron trabajos finales de graduación en el marco del programa.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional

Tributo a un gran defensor del medio ambiente

Por Uriel Rojas

El 5 de junio, en el Día Mundial de Medio Ambiente, se reconoce el valioso aporte que brindó don Cristino Lázaro Rojas, un reconocido líder indígena que vivió por muchos años en Rey Curré de Buenos Aires, Puntarenas.

Don Cristino Lázaro Rojas nació en el año de 1936 y murió en diciembre del 2023.

Gran parte de sus 87 años de vida, la pasó alzando su voz y luchando en defensa del medio ambiente, los recursos naturales y los derechos culturales de los pueblos indígenas en Costa Rica.

Don Tino fue una de las personas más valientes y de los pocos que llegó a conocer todo el territorio indígena de Yímba Cájc, como la palma de su mano.

Fue cofundador del Grupo COVIRENAS en Rey Curré, movimiento que se creó para vigilar los recursos naturales de los territorios indígenas en el Sur de Costa Rica.

Muy estudioso de las leyes que le permitía seguir su lucha en contra de la cacería, la tala ilegal de madera y la contaminación de ríos y riachuelos.

Junto a su padre, impulsó la protección de las fuentes de agua potable que asiste todavía a la comunidad de Curré y fue vigilante del orden público.

Fue el primer regidor municipal indígena en el país, miembro fundador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, guarda rural, juez de paz.

Para este gran defensor del Medio Ambiente, la vida del ser humano depende del equilibrio que pueda tener con cada elemento de la naturaleza.

Siempre pensó que la madre tierra tiene sus venas en los cauces de aguas, respira a través de las montañas vírgenes y se fortalece en la sana convivencia de los seres vivos.

Gracias don Tino, por recordarnos que el Medio Ambiente es el hogar de todos los seres vivos que habitamos este planeta.

Indígenas del Caribe cuestionan el alcance del principio de igualdad ante la ley en Costa Rica

Por: Bernardo Archer Moore

En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.

Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.

Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?

Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.

¿Qué pasa en el sector cultura? Conversamos con Mercedes Castro

Observatorio de Bienes Comunes

Conversamos con Mercedes Castro para conocer la importancia del sector cultura, para nuestras sociedades, pero también conocer las implicaciones que tiene el contexto actual ¿Cuáles aspectos caracterizan su momento actual? ¿Qué impresiones le deja este contexto para una persona trabajadora de este sector? ¿Qué desafíos representa?

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

Sentires y Saberes: El Frente Cívico Social Laboral de Limón responde ¿Cómo está Limón?

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Conversamos con Carlos Obando del Frente Cívico Social Laboral de Limón para conocer su lectura sobre lo que viene pasando en Limón y los desafíos que tienen ante la profundización de las brechas socioeconómicas que vienen enfrentado. 

Para conocer más a fondo el Frente, les invitamos a seguir su página de facebook Frente Cívico Social Laboral de Limón. 

Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.

El origen de los festivales culturales en Yímba Cájc

Por Uriel Rojas

Rey Curré/Yímba organizó su Primer Festival Cultural Indígena un 12 de octubre de 1992 en el marco de los 500 años de la aparición de Cristóbal Colón a tierras de América. Fue una actividad organizada por la escuela de la comunidad quienes realizaron de manera sencilla, una breve exposición de algunos elementos que han caracterizado a la cultura indígena local.

El evento buscaba mostrar las características de la herencia de sus antepasados, así como las costumbres practicadas a mediados de siglo XX y los presentes.

Desde este momento, el objetivo era concientizar a la comunidad tanto estudiantil como general, el verdadero significado de lo que la sociedad nacional celebraba cada 12 de octubre, desde la percepción indígena.

Por seis años consecutivos la escuela, en conjunto con la Asociación de Desarrollo local lleva adelante esta actividad celebrándose los 12 octubre.

Sin embargo, en el contexto del sexto Festival Cultural a realizarse en 1998, se une el Museo Nacional de Costa Rica a esta iniciativa.

Esto trajo consigo el cambio de fecha en acuerdo conjunto entre todos los organizadores.

En este contexto, los vecinos de Curré con el apoyo del MNCR había recuperado un monolito o pilar de piedra, lo que representaba un logro importante en los procesos de luchas sociales en defensa de los derechos culturales.

Este pilar de piedra o monolito lo van a ubicar en los alrededores de la escuela local y se acuerda fijar de aquí en adelante, el final de mes de octubre como fecha oficial de los Festivales Culturales.

Para el año 2000, la comunidad tuvo que enfrentar el riesgo de ser reubicado tras el interés de construir una represa cuyo sitio de presa se ubicaba dentro de su territorio.

Sin duda, este espacio generado por los festivales sirvió de escenario propicio para exponer el descontento social de la comunidad ante los promotores de dicha hidroeléctrica.

Con el paso del tiempo, la comunidad en general logró apropiarse de estos festivales, a tal punto que lo ha incluido como inversión obligatoria dentro del presupuesto anual que destina la ADI en beneficio de la cultura y la imagen comunal.

Para el 2019, este festival no se pudo realizar debido a que la pandemia de la COVID 19 se encontraba en su mayor propagación.

Para este 27 y 28 de octubre de 2023 se llevará a cabo el XXX Festival Cultural que se ha convertido en una fiesta del pueblo y, junto al Juego de los Diablitos que celebran a principio de febrero representan dos espacios en donde ponen de manifiesto la identidad cultural de Rey Curré/Yímba, un pueblo indígena de origen boruca.

Nota cultural J.E.Ch.

Manifestación de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indigena de Kekoldi en apoyo a los hermanos indígenas Bribri de Cabagra en su lucha por mantener su legado cultural Matrilineal

A continuación, el comunicado emitido por la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Kekoldi, donde destaca: «Una vez mas el Gobierno en su institucionalidad de Dinadeco toma la decisión en contra de los derechos culturales del pueblo indígenas bribri de Cabagra. Pretendiendo eliminar el clan como requisito esencial para ser afiliado a la Asociación Indígena del territorio indígena Bribri de Cabagra.

Una vez más el Gobierno en su institucionalidad de Dinadeco toma la decisión en contra de los derechos culturales del pueblo indígenas bribri de Cabagra. Pretendiendo eliminar el clan como requisito esencial para ser afiliado a la Asociación indigena del Territorio Indigena Bribri de Cabagra. Sin saber que: El Clan es la raíz genética, la sangre, el linaje que se hereda ancestralmente por la madre y define la misión de cada indígena en el territorio. Cada clan tiene distintas fortalezas y distintas formas de aportar al bien común y al cuidado de la Madre Tierra. Hay ciertos clanes que son Jawä (doctores), otros que son Bikákala (encargados de ceremonias) entre muchas categorías. Este conocimiento ancestral es fundamental para el orden socio-cultural Bribri y Cabécar y está vinculada a la cosmovisión espiritual: los clanes nacen cuándo Sibö nos trajo al mundo y nos sembró en forma de semillas en clanes pares, que responde a un profundo conocimiento ancestral que nos ha permitido a sobrevivir como pueblo ancestralmente. «Es preocupante para nuestros pueblos hermanos Bribris y Cabécares en cosmovisión, que no se reconozca un concepto esencial de nuestra cultura.

Cómo Asociacion Indigena Bribri de kekoldi demandamos la restitución del principio de derecho fundamental del pueblo indigena bribri de cabagra y se restituya los procesos en donde se garantice el respeto de nuestra cosmovisión ancestral indigena.

Por lo tanto, estaremos vigilantes desde nuestro Territorio Indígena Bribri de kekoldi a estas conductas reprochables de la institucionalidad de Dinadeco hacia los pueblos indígenas Bribris y cabécares.

Por medio de la presente la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indigena Bribri de kekoldi, damos apoyo y pedimos el absoluto respeto a los derechos de autonomía y determinación de los hermanos indígenas de Cabagra.

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Organizaciones llaman al Estado costarricense a garantizar los derechos de las personas trabajadoras migrantes y refugiadas

Instamos al Estado costarricense a reconocer los obstáculos que enfrentan las personas trabajadoras migrantes y refugiadas para el acceso a sus derechos. Llamamos la atención para que se tomen medidas inmediatas e integrales para su garantía.

San José. – En el marco del mes de las personas trabajadoras, organizaciones de la sociedad civil participamos en un encuentro para discutir sobre los desafíos a los que se enfrentan las personas trabajadoras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en Costa Rica y cómo ello afecta su integración y el acceso a sus derechos.

Una de las razones que identificamos a partir de este encuentro, y la cual consideramos imposibilita la efectiva creación y administración de políticas públicas que garanticen la integración de las personas trabajadoras migrantes a las comunidades de acogida, es el escaso registro que existe tanto del flujo de personas trabajadoras migrantes como del acceso a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como a condiciones laborables justas.

Denunciamos que la reducción de presupuesto y recursos estatales profundiza la complejidad en los procesos de regularización migratoria. Los requisitos, en algunos casos incumplibles, generan costos y demoras que conducen a un círculo vicioso de irregularidad migratoria, imposibilitando a las personas trabajadoras migrantes al acceso de condiciones laborales equitativas y empujándolas a la informalidad. Asimismo, evidenciamos que las recientes medidas en materia de migración implementadas por el gobierno costarricense profundizan las deudas históricas del Estado con esta población. El Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 limita su capacidad de trabajar y exige que la solicitud de asilo sea realizada dentro de los primeros 30 días del ingreso al país; esto contraviene abiertamente los estándares internacionales de derechos humanos, pues lesiona el derecho a buscar y recibir asilo, el debido proceso, el derecho de defensa y el acceso a las diversas instancias, además de lesionar el derecho a trabajar de las personas solicitantes y  refugiadas así como su libertad de tránsito.

La informalidad laboral provocada por la irregularidad migratoria suscita escenarios que agravan la susceptibilidad a sufrir abuso laboral, discriminación y trata; situaciones complejas de prevenir y denunciar en sectores como el privado. Un ejemplo concreto de ello es el de las trabajadoras domésticas.

Destacamos la necesidad de que el Estado costarricense cumpla con garantizar los derechos de las personas migrantes de conformidad con las obligaciones adquiridas mediante la ratificación de diversos instrumentos internacionales y su propia normativa interna. Consecuentemente, instamos al Estado a implementar instrumentos internacionales como los Convenios 111 y 189; y la ratificación del Convenio 190 (todos de la Organización Internacional del Trabajo- OIT). Mecanismos de protección ante la discriminación en el empleo, que garanticen el acceso a trabajo digno para las personas trabajadoras, así como la prevención de la violencia y el acoso en el contexto laboral.

La irregularidad laboral expone a las personas trabajadoras a situaciones abusivas como lo son recibir un salario 40% inferior, falta de medidas de seguridad en el ambiente laboral, malos tratos, entre otros. En vista de sus necesidades, muchas personas se han resignado a trabajar en condiciones sin garantías. Señalamos además que estas desprotecciones impactan en mayor medida a distintas poblaciones según condiciones particulares de vulnerabilidad como lo son el género, la identidad de género, la orientación sexual, el origen cultural o étnico, entre otros.

Aunado a lo antes mencionado, ponemos sobre la mesa la creciente brecha digital provocada por la implementación de herramientas tecnológicas y digitales para llevar a cabo trámites migratorios, solicitud de asilo y la inscripción a la Caja costarricense del seguro social (CCSS). Estas medidas se han implementado sin considerar la situación de las personas migrantes que carecen de medios para acceder a dichos dispositivos o que viven en zonas rurales con poco acceso a internet. Esto supone la violación de derechos, como: a) recibir información clara, planteada en términos accesibles para la comprensión de sus derechos; b) conocer los requisitos para ingresar o permanecer en el país; y c) ser informadas sobre las medidas que el Estado pudiese tomar sobre su persona.

En consideración de que actualmente se encuentra en desarrollo la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034, solicitamos a las autoridades a implementar medidas que faciliten la integración de las personas y a no obstaculizar su acceso al trabajo justo y digno; así como a  considerar el rol de la responsabilidad social empresarial (RSE) para la creación de medidas inclusivas de toda la población en movilidad en el país, desde una perspectiva interseccional que atienda particularidades de género, identidad, orientación sexual, entre otros.

En virtud de lo anterior, le solicitamos al Estado de Costa Rica que:

  1. Adecúe su marco normativo para derogar el Decreto Ejecutivo Nº 43810 MGP del 1 de diciembre del año 2022 y garantice vías de regularización adecuadas y viables para los diferentes perfiles e interseccionalidades de las personas, reduciendo los costos migratorios, simplificando trámites y cumpliendo con los 90 días de respuesta indicados por la ley.
  2. Mantenga abiertos los canales de comunicación con las organizaciones de y pro personas migrantes, a través de mecanismos de comunicación expeditos con la comunidad en movilidad, con el objeto de que las personas puedan ejercer de manera adecuada su derecho a la información; y facilite mecanismos que acorten la brecha digital que ha significado la implementación de herramientas digitales.
  3. Que en el marco de la construcción de la Política Migratoria Integral 2024 – 2034 se apliquen perspectivas inclusivas, de género y de derechos humanos, de manera que los desafíos a los que sobreviven las personas sean abarcados contemplando su interseccionalidad desde la intersectorialidad institucional, logrando una integración de diversos sectores institucionales con una visión conjunta para resolver problemas sociales.
  4. Avance en capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y actores privados que tienen directa interacción con la comunidad en movilidad en la entrega de servicios, para garantizar la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad humana en el país.
  5. Que se revitalice el Consejo Nacional de Migración, según lo establece la Ley General de Migración y Extranjería, como espacio técnico-político que recomienda al Poder Ejecutivo las políticas migratorias.  Nos preocupa que en el último año de gobierno, este Consejo se ha convertido en un espacio informativo y no deliberativo.

Organizaciones firmantes:

  • Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
  • Centro de Derechos Sociales del Inmigrante (CENDEROS).
  • Instituto sobre Migración y Refugio LGBTIQ para Centroamérica (IRCA CASABIERTA).
  • Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
  • Asociación Scalabriniana al Servicio de Migrantes.
  • Asociación Enlaces Nicaragüenses en Costa Rica.