Ir al contenido principal

Etiqueta: derechos del consumidor

RENASES: el sobreendeudamiento no se resuelve educando al consumidor si no se cambian las prácticas del mercado crediticio

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) presentó al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) sus observaciones al borrador de la Política Pública de Educación Financiera 2026-2036. En una carta del 28 de setiembre de 2026, dirigida a Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor (DAC), y a Kattia Chaves Matarrita, jefa del Departamento de Educación al Consumidor y Ventas a Plazo, la organización advierte que la política, tal como está planteada, está pensada para enseñar a las personas consumidoras, pero no para cambiar las prácticas del mercado que las llevan al sobreendeudamiento.

RENASES agrupa a 170 organizaciones sindicales, comunales, cooperativas de trabajadoras y trabajadores, organizaciones de mujeres, grupos juveniles y movimientos sociales de base de todo el país. «No somos una entidad financiera ni una academia: somos la voz organizada de las personas trabajadoras y sus familias», señala la carta. La organización explica que atiende el sobreendeudamiento a diario en comunidades, sindicatos y asambleas, que ha promovido una agenda legislativa de protección al consumidor financiero y que sus afiliados han participado en espacios de consulta del MEIC. «No llegamos como invitados de cortesía: llegamos como actores con propuesta».

El diagnóstico: un problema que no se explica por falta de educación

Según la carta, al 30 de abril de 2026 el Poder Judicial registraba 771.279 casos activos de cobro judicial presentados por prestamistas formales. RENASES compara esa cifra con poco más de dos millones de personas trabajadoras, y concluye que casi cuatro de cada diez tienen una deuda que ya llegó a los tribunales. Detrás de cada expediente, afirma, hay una persona trabajadora que no pudo pagar, una familia que recortó su alimentación para abonar una deuda o una mujer que buscó un segundo empleo para cubrir los intereses. Además, esos procesos saturan el sistema judicial y retrasan la justicia pronta y cumplida para toda la población.

Para la organización, esta situación «no se explica por falta de educación de los consumidores», sino por un mercado que empuja el crédito de manera agresiva, sin evaluar la capacidad real de pago y sin que nadie frene las prácticas más dañinas. «Enseñarle a alguien cómo hacer un presupuesto cuando ya tiene tres deudas que superan su salario es un gesto bienintencionado, pero insuficiente y tardío».

Cinco problemas de fondo

RENASES reconoce el valor del borrador y el trabajo técnico que lo sustenta, pero identifica cinco problemas estructurales:

  1. Se enseña al consumidor, pero no se cambia el mercado. Una educación financiera que solo pide a la ciudadanía comportarse mejor, sin exigir lo mismo a quienes venden el crédito, tiene un sesgo profundo. RENASES propone formación obligatoria para ejecutivos y asesores de crédito sobre colocación responsable, evaluación honesta de la capacidad de pago y conocimiento de los sistemas de avales públicos (FODEMIPYMES, Sistema de Banca para el Desarrollo y FIDEIMAS) y de las garantías mobiliarias.
  2. No se enseñan los derechos que las personas ya tienen. Entre ellos, la prescripción de deudas antiguas, la protección legal contra el acoso de las gestoras de cobro, el derecho a conocer y corregir la información crediticia, y los canales de denuncia ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la DAC. Según la organización, son herramientas que pueden cambiar la situación de una persona hoy, no en diez años, y la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) debe priorizarlas con urgencia.
  3. Quién define qué se enseña. El Comité de Coordinación de Educación Financiera (COCEF) otorga peso mayoritario a quienes ofrecen el crédito y a los entes que los regulan. Las organizaciones de defensa del consumidor tienen un único asiento, sin acceso a las subcomisiones donde se deciden los contenidos. «El conflicto de interés existe, aunque nadie actúe de mala fe: un banco no puede enseñar de manera imparcial cuándo no conviene endeudarse». RENASES pide abrir esas subcomisiones a sindicatos, academia, asociaciones solidaristas e iglesias, entre otras organizaciones.
  4. El Estado invierte en supervisar a los bancos, pero casi nada en proteger a quienes los financian. El sistema financiero se sostiene con el dinero de ahorrantes, cotizantes, familias asalariadas y personas trabajadoras cuyos fondos de pensión alimentan los activos de los intermediarios. Sin embargo, según la carta, son el único actor sin voz ni voto en las decisiones. RENASES sostiene que la rectoría del sistema ha sido «colonizada» de forma progresiva por quienes tienen interés directo en sus resultados, mientras el Estado destina cada año decenas de miles de millones de colones a supervisar la solidez de las entidades. Por eso pide que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) financien una política activa, independiente y robusta de educación y defensa del consumidor financiero, «como obligación del Estado».
  5. Se mide lo fácil de medir, no lo que importa. Contar talleres y asistentes no dice si la situación de las familias mejoró. RENASES propone indicadores de impacto: si bajaron los expedientes de cobro judicial, si mejoró el nivel de endeudamiento de los hogares, si aumentaron las denuncias por prácticas abusivas, cómo evolucionó la morosidad y cómo se comparan las tasas de interés con las de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dos ausencias urgentes

La carta señala dos vacíos. El primero es que Costa Rica no tiene una ley que permita a una persona sobreendeudada reestructurar sus deudas de manera ordenada y comenzar de nuevo; hoy, la única salida es el embargo y la exclusión financiera durante años. RENASES propone articular la ENEF con una iniciativa legislativa y con un Plan Nacional de Reestructuración de Deudas Personales y limpieza de récords crediticios. El segundo es la definición misma de inclusión financiera, que según la organización no consiste en tener una tarjeta o una deuda, sino en acceder a servicios financieros formales, seguros y a un costo razonable. «Una persona con tres deudas impagables no está incluida: está atrapada».

Diez solicitudes al MEIC y a la DAC

RENASES solicita:

  1. Abrir un espacio formal de participación de la sociedad civil en las subcomisiones técnicas del COCEF, donde se definen los contenidos y se evalúan los resultados.
  2. Que los programas de educación financiera los ejecuten entidades desvinculadas de quienes colocan deuda, como iglesias de todas las denominaciones, sindicatos, universidades, asociaciones solidaristas y organizaciones gremiales con amplia base territorial.
  3. Concebir la educación financiera como formación para la vida, que enseñe a planificar ingresos, construir ahorro y tomar decisiones con criterio propio, y no como instrucción para administrar cuotas.
  4. Incluir con carácter urgente un capítulo sobre cómo salir de las deudas: negociación con acreedores, prescripción de obligaciones, refinanciamiento con orientación independiente y asesoría legal gratuita.
  5. Incorporar como contenido obligatorio los derechos del consumidor financiero: prescripción de deudas, protección contra el acoso financiero, acceso a los registros crediticios y canales de denuncia ante la SUGEF y la DAC.
  6. Incluir a ejecutivos y asesores de crédito como destinatarios de programas formativos de la ENEF, con énfasis en colocación responsable, evaluación real de la capacidad de pago e instrumentos públicos de aval y garantía.
  7. Financiar la educación y defensa del consumidor financiero con cargo al BCCR y al CONASSIF, con independencia real de quienes ofrecen el crédito.
  8. Establecer un sistema de evaluación con indicadores de impacto sobre el sobreendeudamiento de los hogares y los expedientes de cobro judicial activos.
  9. Articular la ENEF con una iniciativa legislativa que cree un mecanismo de reestructuración de deudas para la persona sobreendeudada.
  10. Conceder una audiencia para ampliar lo planteado y explorar mecanismos de implementación conjunta.

La carta, firmada por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES, cierra con una advertencia: «Una política de educación financiera que no escucha a quienes trabajan con las familias endeudadas, que no incorpora sus derechos como contenido central y que se financia con los recursos de quienes les prestan el dinero, no es una política pública: es una hoja de publicidad con sello de Estado. RENASES cree que Costa Rica merece algo mejor, y está dispuesta a construirlo».

Contacto: renases.cr@gmail.com

Puede descargar la carta original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/Carta-RENASES-MEIC-ENEF-28-setiembre-2026.pdf

OMERCON advierte que proyecto sobre microcréditos trasladaría mayores costos a las familias de menores ingresos

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para archivar el Proyecto de Ley N.º 24.103, denominado Promoción de la Inclusión Financiera mediante la Flexibilización del Microcrédito, al considerar que la iniciativa no promueve una verdadera inclusión financiera, sino que permitiría elevar significativamente las tasas de interés de los créditos de menor monto, afectando principalmente a las personas y familias con menores recursos económicos.

Según el comunicado, el proyecto elevaría la tasa máxima aplicable a los microcréditos del 36,65% al 51,74% anual, lo que representa un incremento de 15,09 puntos porcentuales. Para OMERCON, esa diferencia no responde a un mayor riesgo financiero, sino que se traduciría en mayores ganancias para las entidades prestamistas a costa de quienes enfrentan mayores dificultades para acceder al crédito. La organización resume esta idea señalando que «la diferencia entre el 11,21% real y el 51,74% propuesto no mide el riesgo del deudor. Mide la ambición del prestamista».

Los números muestran el impacto económico

El observatorio sostiene que los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica contradicen la justificación del proyecto. Explica que la tasa promedio de interés que actualmente cobran las entidades financieras para prestar dinero ronda el 11,21% anual, nivel que, afirma, ya permite obtener elevados niveles de rentabilidad.

Con base en cifras del propio Banco Central, OMERCON estima que si únicamente ¢1 billón de los ¢8,5 billones que actualmente conforman la cartera de crédito de consumo quedara sujeto al nuevo límite de intereses, las entidades prestamistas obtendrían aproximadamente ¢150.000 millones adicionales cada año.

El comunicado explica que ello significaría que:

  • la tasa máxima para los microcréditos pasaría del 36,65% al 51,74%;
  • el incremento sería de 15,09 puntos porcentuales;
  • las entidades financieras recibirían alrededor de ¢150.000 millones adicionales al año sobre una cartera de ¢1 billón; y
  • mientras tanto, la tasa promedio utilizada por el sistema financiero para prestar dinero continuaría alrededor del 11,21%, por lo que la diferencia constituiría, según explica la organización, una ganancia extraordinaria para los prestamistas.

«No es microcrédito, es deuda de consumo con otro nombre»

OMERCON sostiene que Costa Rica carece de una definición legal que diferencie claramente el microcrédito productivo del crédito destinado al consumo. En consecuencia, considera que el proyecto terminaría aplicándose sobre deudas de consumo ordinario y no necesariamente sobre financiamiento para emprendimientos o actividades productivas.

El comunicado afirma que una parte importante del crédito existente corresponde precisamente a consumo y describe un mercado caracterizado por una amplia oferta de préstamos mediante mensajes de texto, publicidad en medios de difusión, farmacias, supermercados y otros espacios comerciales. A juicio del observatorio, esas ofertas buscan colocar deuda de consumo y no financiar proyectos productivos, educativos o de vivienda. Por ello resume esta sección afirmando que «esto no es microcrédito, es deuda de consumo con otro nombre».

Más endeudamiento y mayor exclusión

Otro de los aspectos desarrollados en el documento es el posible impacto sobre el sistema judicial y sobre las familias deudoras.

El observatorio plantea que, si las entidades financieras justifican una tasa cercana al 52% con base en una pérdida esperada del 30% de los préstamos, ello equivaldría a aceptar que aproximadamente 300 de cada 1.000 créditos terminarían en procesos de cobro judicial.

Añade que actualmente Costa Rica registra alrededor de 776.000 procesos de cobro activos, equivalentes al 62% de todos los expedientes del Poder Judicial, por lo que considera que la aprobación del proyecto agravaría esa situación. OMERCON resume esta preocupación con una frase que atraviesa todo el comunicado: «Prestar dinero a alguien sabiendo que no podrá pagar no es un modelo de negocio. Es una trampa.»

La inclusión financiera, sostiene OMERCON, requiere otras herramientas

El comunicado afirma que los países que han ampliado exitosamente el acceso al crédito productivo no lo han hecho incrementando las tasas de interés, sino mediante instrumentos públicos de apoyo.

Entre ellos menciona fondos de avales, garantías mobiliarias, seguros crediticios, banca de desarrollo, acompañamiento técnico, compras públicas para pequeñas empresas y mecanismos de transferencia tecnológica.

Para el observatorio, esas medidas constituyen verdaderas políticas de inclusión financiera, mientras que el Proyecto de Ley N.° 24.103 únicamente «se limita a hacer más caro el dinero para quienes menos tienen».

Solicitud de archivo del proyecto

En la parte final del documento, OMERCON solicita formalmente el archivo del Proyecto de Ley N.° 24.103 y de cualquier otra iniciativa que, bajo el argumento de ampliar la inclusión financiera, incremente las cargas económicas para las familias costarricenses.

La organización sostiene que la experiencia internacional demuestra que las crisis de sobreendeudamiento benefician únicamente a quienes obtienen ganancias extraordinarias mediante el crédito y no fortalecen el desarrollo económico de los países.

Como cierre, el observatorio afirma que proteger a las personas más vulnerables no constituye un obstáculo para el desarrollo económico, sino una condición indispensable para alcanzarlo, al considerar que las políticas públicas deben priorizar la protección de quienes enfrentan mayores dificultades económicas antes que facilitar mayores niveles de endeudamiento.

OMERCON: El consumidor financiero es el gran olvidado de la regulación costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos.

Usted deposita sus ahorros en un banco. Solicita un crédito para comprar una casa o pagar los estudios de sus hijos. Utiliza una tarjeta todos los días. Paga un seguro. Aporta a un fondo de pensiones. Usted participa, cada día, en el mercado financiero. Pero si algo sale mal —si le aplican un cobro que no autorizó, si la letra pequeña del contrato esconde condiciones que nadie le explicó, si su reclamo se pierde durante meses sin respuesta— ¿sabe usted a dónde puede acudir? La respuesta incómoda es esta: en Costa Rica, hoy, no existe ninguna institución cuyo mandato principal sea defenderlo a usted como consumidor financiero. Ninguna.

Esa brecha —reconocida por la OCDE, el Banco Mundial y los propios Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa— es exactamente la que busca cerrar el Proyecto de Ley N.° 24.616, Ley de Protección del Consumidor de Servicios y Productos Financieros. Y cerrarla ya no admite más espera.

Una distinción que los países avanzados aprendieron hace décadas

Existen en Costa Rica instituciones que supervisan si los bancos son solventes, si tienen suficiente capital, si el sistema financiero no corre riesgo de colapso. Esa labor es indispensable y nadie la cuestiona. Pero la solvencia de un banco y el trato justo a sus clientes son dos cosas distintas. Un banco puede estar perfectamente sano por dentro y, al mismo tiempo, cobrar comisiones no pactadas, ofrecer productos que el cliente no comprende, rechazar reclamos sin fundamento o usar cláusulas abusivas en sus contratos.

Los países de la OCDE lo entendieron hace muchos lustros: supervisar la salud del banco es una función, y vigilar que el banco trate bien a sus clientes es otra función diferente. Por eso separaron ambas tareas en instituciones distintas e independientes entre sí. No es una ocurrencia. No es un experimento. Es el modelo que aplican desde hace décadas economías como las del Reino Unido, Australia, los Países Bajos, Canadá y la mayoría de los países con los que Costa Rica aspira a compararse cuando habla de desarrollo.

Costa Rica aún no ha dado ese paso. Seguimos con una regulación pensada para proteger al sistema, no a las personas. Y mientras tanto, millones de ciudadanos negocian en clara desventaja frente a organizaciones financieras que cuentan con equipos jurídicos, contratos estandarizados y toda la asimetría de información a su favor.

Lo que pide el proyecto es sencillo

El Proyecto 24.616 no es una ley contra los bancos. No pretende sustituir a la SUGEF ni interferir con la supervisión prudencial. Lo que propone es crear una autoridad especializada —independiente de la regulación de solvencia— cuya única misión sea vigilar que bancos, financieras, aseguradoras y demás proveedores de servicios financieros traten a sus clientes de manera justa, transparente y honesta.

Que la información sea clara antes de firmar. Que las comisiones y condiciones se expliquen con tiempo. Que los reclamos reciban respuesta real. Que los abusos tengan consecuencias proporcionales. Y que esas consecuencias sean recurribles, primero en sede administrativa y luego ante los tribunales. Eso no es intervenir el mercado. Eso es restablecer un equilibrio que hoy no existe.

Una deuda con la ciudadanía que ya venció

Costa Rica se comprometió ante la OCDE a implementar los Principios de Alto Nivel de Protección al Consumidor Financiero. El plazo venció en 2023. Seguimos sin cumplirlo. La OCDE lo ha dicho con claridad: el país no cuenta con una institución que regule específicamente la protección al consumidor financiero, ni con un marco de supervisión de conducta para el sector. El Banco Mundial ha señalado lo mismo. Los Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa han documentado el vacío.

Cuando tres fuentes tan distintas coinciden en el mismo diagnóstico, el problema no admite más debate sobre si existe. El debate que corresponde es cómo resolverlo bien y rápido.

Perfeccionar sí, desechar no

Las críticas al proyecto que circulan en ciertos medios y sectores merecen un análisis honesto. Algunas observaciones técnicas son legítimas. El marco sancionatorio puede precisarse. Los mecanismos de coordinación con las superintendencias pueden detallarse mejor. Para eso existe el proceso legislativo: para que las mejoras se incorporen al texto mediante mociones, sin sacrificar el objetivo central.

Ajustar la redacción de una sanción no es lo mismo que eliminar la ley. Confundir ambas cosas —o promover esa confusión— no es un argumento técnico: es una estrategia para mantener el vacío que hoy desprotege a los consumidores.

El actor más importante del mercado financiero no es el banco. No es la financiera. No es la aseguradora. Es la ciudadanía: los millones de personas que ahorran, trabajan, producen y confían sus recursos al sistema financiero todos los días.

Costa Rica necesita mercados fuertes. Y los mercados financieros son más fuertes cuando los consumidores están protegidos, informados y confían en las reglas.

El Proyecto 24.616 debe avanzar. Porque una economía fuerte requiere consumidores fuertes. Y porque ya es tiempo de que Costa Rica cumpla la deuda que tiene con su propia ciudadanía.

Proyecto de ley sobre datos crediticios abre “portillo estructural” para mercantilizar información personal, advierte OMERCON

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) alertó que el Proyecto de Ley N.° 24.374 sobre información de interés crediticio, pese a su lenguaje técnico y garantista, abre un “portillo estructural” que permitiría la mercantilización de los datos personales financieros de la población, con riesgos significativos para la privacidad, la seguridad y la equidad social.

En un pronunciamiento técnico dirigido a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, la organización sostiene que el texto sustitutivo del proyecto incurre en una contradicción de fondo: mientras afirma proteger los datos personales, en la práctica legitima su circulación en el ámbito privado sin contar con mecanismos institucionales suficientes para garantizar esa protección efectiva.

Datos personales como mercancía

Uno de los principales cuestionamientos del documento es que la iniciativa legal transforma la información crediticia en un activo gestionable por actores privados, lo que abre la puerta a la creación de mercados de datos financieros. Esto incluye la recopilación, procesamiento y circulación ampliada de información sensible sin un sistema robusto de trazabilidad que permita controlar su uso.

OMERCON advierte que esta lógica contradice estándares internacionales en materia de protección de datos, donde se ha establecido que la información personal no debe ser tratada como mercancía.

Riesgos para la seguridad y la privacidad

El pronunciamiento subraya que el historial crediticio revela aspectos profundamente sensibles de la vida económica de las personas, como su nivel de ingresos, endeudamiento, relaciones financieras y vulnerabilidades económicas.

En un contexto nacional marcado por el crecimiento de la criminalidad organizada, la circulación de estos datos en múltiples plataformas privadas incrementa los puntos de vulnerabilidad y podría facilitar delitos como extorsión, fraude o secuestro, al convertir esta información en un insumo de alto valor estratégico.

Sistema público existente y falta de justificación

El documento señala que Costa Rica ya cuenta con un sistema público funcional para la gestión de información crediticia, a través del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF, que opera bajo supervisión estatal y principios constitucionales.

Según OMERCON, el proyecto no presenta evidencia empírica que demuestre fallas estructurales en este sistema ni que justifique la creación de un modelo privado, lo que sugiere que la propuesta responde más a intereses económicos específicos que a una necesidad pública real.

Impactos regresivos para la ciudadanía

Entre los efectos señalados se encuentran:

  • Mayor carga administrativa para las personas, que tendrían que corregir errores en múltiples bases de datos privadas
  • Amplificación del daño reputacional por difusión de información incorrecta
  • Reproducción del sobreendeudamiento al no responsabilizar a entidades crediticias por prácticas de otorgamiento irresponsable

Además, el proyecto generaría una asimetría institucional al limitar el uso de datos por parte del Estado mientras amplía el acceso para actores privados con menor capacidad de fiscalización.

Experiencia internacional: más control público, no privatización

El análisis comparado incluido en el pronunciamiento muestra que los sistemas más avanzados en protección de datos, como los de la Unión Europea o Finlandia, refuerzan el control público sobre la información crediticia en lugar de privatizarla, estableciendo límites estrictos a su uso y comercialización.

Llamado a rechazar el proyecto

Como conclusión, OMERCON plantea que el proyecto implica un cambio estructural innecesario y potencialmente perjudicial para la ciudadanía, por lo que recomienda su rechazo.

En su lugar, propone fortalecer el sistema público existente, endurecer las sanciones por uso indebido de datos, regular el crédito irresponsable y avanzar en legislación específica de protección al consumidor financiero.

Le invitamos a descargar y leer el pronunciamiento completo para conocer en detalle los argumentos y propuestas planteadas:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/OM059-2026_Pronunciamiento_24374.pdf

Usura: el crimen que se indigna cuando lo regulan

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González
Economista

Culpar a la ley contra la usura del gota a gota no es ignorancia: es mala fe. Es una mentira fabricada para proteger privilegios. El gota a gota existe desde los años 90; la ley contra la usura es de 2020. No lo creó: lo desenmascaró. Gracias a esa ley hoy se puede perseguir penalmente a quienes cobran intereses criminales. Antes, actuaban con total impunidad.

Decir que para prestarle a una persona pobre hay que cobrarle 70% u 80% no es inclusión financiera: es extorsión pura, es robo con contrato. Ninguna persona sin capacidad de pago debería recibir crédito, porque eso solo la empuja a la morosidad, le mancha el récord y la expulsa del sistema financiero. Eso lo sabe cualquier economista serio.

La prueba es brutal y está a la vista: más de 715 mil cobros judiciales. Personas a las que el propio sistema financiero les prestó a tasas tan abusivas que las cuotas se volvieron impagables. Primero los exprimen, luego los manchan y después tienen el cinismo de decir que el problema es la ley. No: el problema es la usura.

Esos ciudadanos excluidos no llegan al sistema informal por gusto; los empujaron. El orden es claro: usura legal → quiebra personal → mancha crediticia → gota a gota. No al revés.

En Europa, Japón y países serios, las tasas máximas rondan el 24% y no hay exclusión financiera. Aquí al trabajador le pagan 4,5% por sus fondos de pensiones y con esa misma plata le prestan al 51%, y todavía reclaman el derecho de cobrar 70%. Eso no es riesgo, no es mercado. Eso es saqueo. Y el que lo defiende no defiende a los pobres: defiende su cruel negocio. Hasta la derecha de Estados Unidos ha reaccionado contra la estafa de la usura.

Proyecto busca legalizar comercialización de datos sensibles de las personas

Escrito en . Publicado en Derechos.

OMERCON

El Proyecto de Ley N.° 24.374 pretende legalizar la comercialización de información sensible de las personas. Esta propuesta busca legitimar el negocio de la venta de datos confidenciales, obtenidos por entidades financieras y comerciales de personas físicas o jurídicas privadas. En esencia, convierte la información personal en una mercancía más, intercambiada por una suma de dinero.

Este peligroso proyecto permitiría que personas y empresas recopilen, gestionen, almacenen, procesen y comercialicen información crediticia relacionada con el historial de pagos de individuos o empresas que figuran como deudores, codeudores o fiadores en operaciones de crédito otorgadas en Costa Rica. Es decir, parte de su historial privado podrá ser vendido y comprado sin su consentimiento, simplemente porque representa un negocio rentable para algunos, aunque eso ponga en riesgo su tranquilidad y seguridad.

Disfrazado como una iniciativa para proteger a los consumidores y facilitar el acceso al crédito, este proyecto propone que entidades privadas puedan acceder y vender información tanto del cumplimiento como del incumplimiento de las obligaciones crediticias, actualmente en poder de los acreedores. Los motivos detrás de esta propuesta son claramente mercantiles, ya que esas bases de datos tienen un valor de cientos de miles de dólares.

El proyecto obligaría a los entes que otorgan crédito a trasladar a empresas privadas tanto la información sobre morosidad como sobre créditos al día, datos que hasta hoy se consideran de carácter sensible.

“La información que se maneja es esencialmente información de incumplimiento, por falta de previsión expresa regulatoria. De esta forma, esta información resulta de cierta manera incompleta y no permite un análisis total de las situaciones”, indica el proyecto en su exposición de motivos.

La falta de control oficial sobre los datos de los créditos activos, los montos pagados mensualmente, los ingresos devengados, el efectivo manejado, y la situación de fiadores o codeudores, eleva exponencialmente el riesgo de que esa información personal circule entre terceros privados. Esto no solo vulnera la privacidad de las personas, sino que también puede ser utilizada para fines delictivos, como extorsión, secuestros o incluso asesinatos, en una Costa Rica cada vez más violenta e insegura.

Nada de lo que plantea este proyecto resulta necesario hoy en día, ya que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), ente estatal, cuenta con una base de datos centralizada sobre toda la población costarricense. Dicha información puede ser consultada individualmente por los entes financieros formales que otorgan crédito, a través del Centro de Información Crediticia (CIC).

De hecho, hace pocos años las cámaras empresariales solicitaron, con acierto, que fuera el Banco Central de Costa Rica el único administrador del registro de accionistas, precisamente por la sensibilidad de esa información y el riesgo de que terminara en manos indebidas.

Resulta inaceptable que, por medio de una ley, se pretenda autorizar a empresas privadas para vender información personal y sensible de la ciudadanía costarricense. Cualquier error en esa información podría generar graves daños reputacionales y personales. Hoy más bien deberíamos eliminar del mercado a ciertas empresas que ya se lucran con parte de estos datos.

Existen compañías que hoy venden información personal obtenida de forma engañosa mediante cláusulas abusivas en contratos de adhesión, o bien comercializada ilegalmente, incluso hackeada de bases de datos. Muchas veces, además, se trata de información falsa. Contra este tipo de prácticas deberíamos actuar como sociedad para eliminar ese negocio ilegal y perjudicial.

Cerca de un millón de costarricenses han visto afectado su historial crediticio por entes financieros que, tras promover créditos de consumo sabiendo que comprometerían en exceso su capacidad de pago, hoy los acosan para cobrar. Con este proyecto, esas personas no solo deberán limpiar su historial ante la SUGEF, sino que también tendrán que lidiar con trámites, pagos y pérdida de tiempo para corregir su información en múltiples entidades privadas que podrían estar manejando sus datos sensibles.

Estamos conscientes del crecimiento de grupos delictivos vinculados al narcotráfico, lavado de dinero y mafias extorsivas, los cuales no dudarán en aprovechar estas brechas para su propio beneficio. Por una suma de dinero, podrían acceder a información sobre cuánto gana una persona, cuándo desembolsa dinero o cuándo paga sus créditos. No solo porque las empresas que negocian con esta información se los vendan, sino porque incluso podrían comprar dichas empresas o crear las suyas propias, todo de manera legal.

Llama la atención que algunos sectores que apoyan este proyecto, se opongan al mismo tiempo a que el Banco Central de Costa Rica pueda cruzar información para identificar riesgos en el manejo del dinero por parte de los intermediarios financieros —dinero que, al final, es de la sociedad. Incluso han propuesto que el BCCR no pueda acceder ni utilizar esa información, que con este nuevo proyecto se pretende dejar en manos privadas y disponibles para la comercialización.

Es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil nos manifestemos en contra.

Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor