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Etiqueta: derechos económicos

Defensoría exige suspensión de cobros desproporcionados en el servicio de agua potable

La Defensoría de los Habitantes manifestó su profunda preocupación por el severo desbalance financiero que están sufriendo miles de hogares costarricenses a raíz de la aplicación de la metodología tarifaria vigente para el servicio de acueducto y alcantarillado (resolución RE-0008-IA-2025). La solicitud planteada ante la Aresep se origina en casos de hogares clasificados como si fueran grandes consumidores.

Ante esta situación, se ha solicitado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) la suspensión inmediata de dichos instrumentos tarifarios. A través de una intervención técnica, la Defensoría documentó casos donde la facturación mensual por el servicio de agua potable de personas usuarias ha pasado de un promedio de 24.146 colones a montos que superan más del doble 51.071 colones, manteniendo niveles de consumo similares. Cabe destacar que esta situación no es generalizada, sino que afecta a una condición especial: propiedades donde el recibo indica la existencia de dos o más unidades habitacionales, pero que cuentan con un único medidor residencial.

Según lo investigado por esta Defensoría, en estos casos específicos que agrupan a más de 38 mil hogares a nivel nacional, el AyA los está clasificando como si fueran condominios, aplicándoles la tarifa correspondiente a grandes consumidores (macromedidor). Esta disyuntiva de clasificación entre las entidades, donde se cobra una tarifa comercial a usuarios que físicamente tienen un medidor de casa de habitación, está actuando como un mecanismo de extracción de rentas que penaliza de manera desproporcionada al usuario final.

A pesar de que desde octubre de 2025 la Intendencia de Agua indicó que iniciaría un proceso de revisión y mejora de esta estructura tarifaria mediante una Fuerza de Tarea, la entidad reguladora continúa posponiendo una solución definitiva. Recientemente, la Intendencia de Agua ha solicitado nuevos plazos de hasta dos meses para resolver la solicitud de suspensión argumentando la complejidad técnica y jurídica del caso.

En su más reciente comunicación enviada a la Intendencia de Agua el 27 de febrero, la Defensoría tomó nota de que la Intendencia de Agua remitirá una respuesta integral sobre la ruta y el cronograma de este análisis a más tardar el 26 de marzo de 2026. Si bien la Defensoría aceptó los tiempos de respuesta planteados (de hasta dos meses) para que la intendencia realice la debida valoración técnica y jurídica sobre la suspensión, fue enfática en reiterar su preocupación por la persistencia de los efectos de las tarifas actuales en los bolsillos de las familias.

Por ello, la Defensoría instó directamente a la Intendencia de Agua a ejercer su deber de impulso y diligencia para agilizar este proceso, en estricto resguardo de los derechos económicos de las personas usuarias. El tiempo que tome la Intendencia de Agua en realizar sus estudios no debe seguir corriendo en contra del presupuesto de las familias, quienes actualmente se ven forzadas a recortar gastos esenciales

con tal de evitar que se les corte el servicio.

La Defensoría se mantendrá vigilante a la información que se remitirá en marzo y al resultado final de la valoración técnica sobre la suspensión solicitada. La Defensoría

continuará utilizando todos los mecanismos a su disposición para asegurar que las tarifas respondan a criterios de eficiencia, equidad y bienestar social.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Feroz huracán capitalista neoliberal sobre el pueblo que somos

Luis Ángel Salazar Oses.

Luis Ángel Salazar Oses

No se requiere ni adivinadora bola de cristal ni clarividencia de tipo alguno para predecir que nos espera como pueblo, durante estos próximos cuatro años, el peor calvario en cuanto a sistemática supresión de todos nuestros derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos -humanos en general-, y de las Instituciones que bien o mal nos los han garantizado.

Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo vino a confirmar plenamente el viraje total hacia la descarada dictadura del capital sobre el trabajo, esto es, de la argolla de los grandes ricos nacionales y transnacionales sobre el ya tradicionalmente explotado pueblo trabajador costarricense.

Se fundieron en la votación para garantizarse el dominio total sobre el directorio legislativo, el oficialismo con sus «opositores», entre comillas pues lo eran de fachada puramente y así, ya sin pudor alguno, las fracciones abiertamente capitalistas neoliberales como el Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Progreso Social Democrático (PPSD), el Liberal Progresista (PLP)) que se proclamaba simplemente liberal y el Nueva República (PNR), de orientación claramente neopentecostal auspiciada como es bien conocido desde USA, conjuntaron sus votos logrando de esta manera una apabullante mayoría de cincuenta votos que les permitió repartirse a su antojo todo el directorio. Indudablemente esta tremenda mayoría se mantendrá como tal para hacer de la Constitución, el país y sus instituciones lo que se les antoje a los verdaderos dueños de esas «fracciones». Prueba evidente de ello es que una de las primeras propuestas al plenario del flamante presidente de la Asamblea Legislativa, el oligarca Rodrigo Arias Sánchez, ha sido la de constituir de inmediato una Comisión para la  Reforma del Estado, con el fin aparente de hacerlo más eficiente pero el real de privatizar todo lo que se puede convertir en negocio -Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y educación estatal en general, Instituto Nacional de Aprendizaje, Fábrica Nacional de Licores, Instituto Costarricense de Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Refinadora Costarricense de Petróleo, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ferrocarriles, Cárceles, etc, etc  y, lo demás, ponerlo totalmente al servicio de los negocios  de su privilegiada argolla..

Por cierto vale destacar que nuevamente se hace evidente, para quienes en el electorado votaron de buena fe por uno de estos cuatro grupos -PUSC, PPSD, PLP y PNR-, esperanzados en impedir que Figueres y el PLN, por un lado y el PAC por otro, tomaran el poder o lo mantuvieran respectivamente, que el primero de mayo en el ámbito del Legislativo y, con el nombramiento de ministros, viceministros, presidencias ejecutivas y demás autoridades supeditadas al Poder Ejecutivo, se confirmó que su buena intención más bien fue aprovechada por la mafia politiquera para legalizar este truculento proceso electoral mediante el cual los cinco partidos y el PAC, mejor dicho aún sus dueños reales, son hoy quienes detentan plenamente el poder en nuestro país. Esperamos que esta vez se aprenda esta lección y que quede claro que en Costa Rica no hay democracia sino plutocracia -gobierno de los ricos- y cleptocracia, esto es gobierno de los ladrones-, siendo las elecciones simples tragicomedias montadas, reglamentadas y administradas totalmente por la argolla dominante a fin de que el pueblo con su voto acrítico les legitime, según su legislación electoral, siempre en el poder.

A partir de estas premisas se hace evidente que esta Plutocracia Cleptócrata con su gobierno títere que ya se ha desatado sobre nosotros como pueblo, con todo su poder apoyado por sus medios de comunicación -manipulación-, por la religión fanática, la educación domesticadora, algunos sectores sindicales, algunas y algunos dirigentes de las Cooperativas y Asociaciones de Desarrollo Comunal oportunistas y trepadores politiqueros  y, solidaristas abiertamente pero patronales, más un Poder Judicial nombrado en sus más altas esferas por el Poder Legislativo y, todos los aparatos represivos del Estado, se dedicará durante estos próximo cuatro años a convertir a Costa Rica en su feudo y a nosotros como pueblo en sus siervos menguados.

Nótese que no hemos mencionado al Frente Amplio pues creemos tiene todo el potencial necesario para convertirse en auténtica oposición, siempre y cuando convoque y aglutine al pueblo costarricense, al que se debe por completo, en una gran unidad y se convierta en su instrumento impulsando las tesis que el pueblo le plantee, sin jamás modificarlas para negociarlas con sus contendientes, pues la burguesía nunca cumple pactos salvo los que le conviene desde luego.

Obviamente todo el proceso que hoy sufrimos como Pueblo que somos es, como el Capitalismo Neoliberal que lo impulsa repetimos, homicida, ecocida, cleptocrático e insoportablemente patriarcal por lo que no lo podemos soportar ni permitir pues, sistemáticamente nos aniquila haciendo lo mismo con nuestra madre naturaleza.

¿Qué hacer entonces? La fórmula la repetimos como mantra todo el tiempo pues día a día la realidad la confirma como realmente efectiva y totalmente viable: como Pueblo debemos despertar, informarnos -estudiar la realidad para comprenderla y transformarla-, unirnos, organizarnos, empoderarnos comprendiendo que unidos somos más y más fuertes. tanto que hemos construido este mundo lo desarrollamos constantemente e incluso generamos toda la riqueza que hoy nos roba esa reducidísima minoría que hoy nos esclaviza y humilla; movilizarnos, convertirnos en Poder Popular y así investidos, como corresponde en auténtica Democracia, tomar las riendas de nuestro país. Así que empecemos por despertar pues, si no lo hacemos ahora ¡muertos estamos!

 

Nota: Publicado en Periódico Mi Tierra, compartido con SURCOS por el autor.

Fuente: periodicomitierra.com

CIDH condena a Brasil por la muerte de 60 trabajadoras

La CIDH en una sentencia notificada este lunes, 26 de octubre, declaró al Estado de Brasil responsable de la muerte de 60 trabajadoras y 6 que resultaron heridas, a consecuencia de la explosión de una fábrica de fuegos artificiales, en el Estado de Bahía (1998).

De las personas fallecidas, 59 eran mujeres, de las cuales 19 eran niñas, y además, un niño. Cuatro de las fallecidas estaban embarazadas.

Asimismo, declaró a Brasil responsable del sufrimiento y daño moral causado a los familiares de las personas trabajadoras fallecidas y heridas.

La sentencia declaró la violación del derecho a la vida (artículo 4 CADH), integridad personal (artículo 5), los derechos económicos, sociales y ambientales, en relación con la seguridad y condiciones de trabajo (26), derechos de la niña y niño (artículo 19), igualdad y no discriminación (24 y 1.1), protección judicial (artículo 25) y garantías judiciales (5).

Se trata, sin lugar a duda, de una sentencia histórica, que declara la responsabilidad internacional de ese Estado por las deplorables condiciones laborales en las que las trabajadoras laboraron.

 

Imagen ilustrativa tomada de: https://mageob.wixsite.com/