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Etiqueta: derechos humanos

La emigración como derecho humano: Reflexión ante la deportación

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Ante las vergonzosas acciones del Gobierno de Estados Unidos al implementar mecanismos de deportación de personas migrantes (eliminación del sistema de citas con autoridades migratorias, el decreto de un «estado de emergencia en la frontera», el regreso de políticas de persecución a las personas migrantes, traslado de las personas en aviones militares y hasta un intento de cambiar una de las enmiendas constitucionales), recordamos que la emigración es un derecho humano. Este derecho se basa en el principio de libertad de movimiento, reconocido en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 13). Esto incluye la posibilidad de salir de cualquier país, incluido el propio, y regresar.

Puntos clave a tener en cuenta:

  1. Derecho a buscar mejores condiciones de vida: La migración es una herramienta para escapar de la pobreza, la violencia o la persecución.
  2. Reconocimiento de contextos forzados: Los refugiados y desplazados necesitan protección especial bajo el derecho internacional.
  3. Responsabilidad compartida: Los Estados tienen la obligación de garantizar vías seguras y respetar los derechos de las personas migrantes.

Les compartimos unas palabras de Eduardo Galeano sobre la relación entre emigración y solidaridad, recordándonos que no debemos olvidar estos valores esenciales.

Textos de Eduardo Galeano:

Envenado. Los emigrantes, ahora. Revista de Pensamiento Penal.

Los emigrantes no se van porque quieran, sino porque los echan. Revista Temas de Nuestra América.

Les invitamos a reflexionar y problematizar este contexto adverso que enfrenta la lucha por los derechos humanos.

Instituto de Estudios de la Mujer de la UNA alerta sobre retroceso en educación y derechos humanos

UNA Comunica. 27 de enero de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación ante la reciente decisión del Consejo Superior de Educación de eliminar los Programas de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral, así como el Protocolo de Atención de Bullying contra la población LGTBIQ+. Estas medidas representan un retroceso significativo en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y arriesga importantes avances en salud sexual, prevención de la violencia, promoción de la igualdad y atención de la discriminación.

Desde su implementación, estos programas han sido herramientas esenciales para el desarrollo integral de las juventudes, al abordar temas clave como: cambios biológicos y psicológicos de la adolescencia, diversidades sexo-genéricas, prevención de la violencia basada en género y violencias sexuales, salud sexual y reproductiva, que incluye la educación sobre métodos anticonceptivos e infecciones de transmisión sexual y protocolos claros para prevenir y abordar el bullying por orientación sexual o identidad de género.

La decisión de eliminar estos contenidos contradice las recomendaciones de las altas instancias internacionales en derechos humanos y la normativa vigente en Costa Rica como la Convención CEDAW, la Convención Belém do Pará y la Convención Americana de Derechos Humanos.

El Programa de Afectividad y Sexualidad Integral ha demostrado su eficacia en la reducción de embarazos adolescentes. Según el informe Estado de la Nación de 2022, la tasa de nacimientos en adolescentes disminuyó de un 19% en 2012 a un 9% en 2021, un “logro país que debemos cuidar”, según resalta el documento. De igual manera, el Protocolo de Atención de Bullying ha sido un pilar clave para combatir la discriminación, el bullying y la violencia que enfrentan las personas jóvenes LGTBIQ+, garantizando un ambiente educativo más inclusivo y seguro.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) justificó estas decisiones bajo la premisa de que la educación sexual es responsabilidad primaria de las familias y que el programa tenía un enfoque “erótico” inapropiado. Sin embargo, estas afirmaciones no están respaldadas por evidencia concreta y parecen ignorar el impacto positivo de los programas en el bienestar y la formación de las juventudes.

La ausencia de educación integral en sexualidad y la eliminación de protocolos específicos expone a las personas jóvenes a mayores riesgos de abuso sexual, relaciones impropias y otras formas de violencias por razones de género, discriminación y embarazos no deseados. Además, debilita el reconocimiento y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGTBIQ+, lo que perpetúa las desigualdades estructurales en nuestra sociedad.

Instamos al Consejo Superior de Educación y al MEP a reconsiderar estas decisiones y garantizar que los programas educativos contemplen una formación integral, así como protocolos inclusivos que preparen a las juventudes para enfrentar los desafíos del presente y el futuro en el marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos y los estándares de las instancias correspondientes como la Corte IDH y el Comité CEDAW.

La educación sexual y afectiva no es un adicional, sino un derecho fundamental que contribuye a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y libre de violencia y el Estado de Costa Rica tiene la obligación de reconocerlo y garantizarlo.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Qué nos sucede que no despertamos?

Deivis Ovares Morales

Deivis Ovares Morales
Secretario de Organización de UNDECA

Nuestro país es reconocido en el ámbito Internacional como ejemplo de solidez democrática y de resolución de diferencias políticas por medios pacíficos, ante ello deberíamos cuestionarnos y plantearnos seriamente ¿Estamos realmente siendo parte activa e integral de la toma de decisiones y del modelo político económico que prevalece en el país? Para mí la respuesta es No, estamos acostumbrados a que otros escojan conforme a sus mezquinos y convenientes intereses quiénes van a ocupar cargos públicos de toma de decisiones, mismas que indudable e inevitablemente impactarán nuestro diario vivir.

Como costarricenses debemos ocuparnos mucho en reflexionar sobre política y sobre nuestro conformismo, omisión o indiferencia porque como señaló Platón “el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”

Eso nos debe llevar a agudizar nuestros sentidos para despertar y observar lo que desde hace tiempo está frente a nuestras narices, y reconocer aunque no nos guste que ellos, (las alcurnias económicas y sus fichajes políticos) sólo cambian la cara y el color pero son la misma élite política mafiosa que nos imponen su corrupción, perpetúan su fraude tributario, siguen escondiendo fortunas de dinero público en paraísos fiscales, debilitan, sabotean y desfinancian las empresas e instituciones estatales para luego ofrecer comprarlas a precios de ganga que ellos mismos deciden en mesas costosas de hoteles o casas lujosas de las que no participan los legítimos representantes populares.

Ellos con sus argucias se adueñan de activos y amplias extensiones de tierras estatales, son los mismos que privatizan los servicios públicos poniéndolos en manos de sus propias empresas, ellos son los mismos que sin ningún escrúpulo causan la destrucción del medio ambiente para adquirir abultadas ganancias individuales.

Son los mismos que han procurado con enfermiza obstinación el deterioro sistemático de los Derechos Humanos Fundamentales como los derechos laborales a la huelga y a la negociación colectiva, pretendiendo coartar libertades e intentando criminalizar derechos históricos de nuestro pueblo como el aún vigente e indomable derecho a la protesta social.

Ellos nos imponen su narcotráfico, la conveniente inseguridad y su ola de crímenes, también nos imponen sus odios por medio de estrategias utilizadas por los más repudiables fascistas, criminales obscenos de la falsedad y la desinformación; podríamos seguir con una larga lista de lo que ellos nos han hecho, nos hacen y nos harán sino hacemos una verdadera introspección de nuestras conductas electorales.

Hace poco escuché un compañero de luchas decir que nuestro concepto de democracia es tan simplista y fugaz que para nosotros la democracia duraba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde de un domingo de febrero cada cuatro años, y para mí lo peor es que en esas 12 efímeras horas lo que realmente hacemos es descartar lo que ellos deciden y escogen.

Creo que en el pueblo y los sectores sociales si realmente queremos un rumbo digno, social, con verdaderos contrapesos y equilibrios debemos tener la sapiencia de no seguir legitimando los intereses de ellos.

Los ejemplos sobran y solo por mencionar algunos es impulsar legislación injusta, retorcida y retrógrada para destruir derechos y limitar libertades como el Combo Fiscal, la Ley Antihuelgas, la Ley Marco de (des) Empleo Público, entre otras, pero aun así no les alcanza, su conspiración es constante, ellos fácilmente se ponen de acuerdo para presentar sus leyes de abolición de la jornada de 8 horas y eliminación del pago de horas extra, nos imponen sus decretos y legislaciones para beneficiarse con los negocios del cáñamo y cogeneración eléctrica, usan la política de forma abusiva y perniciosa para hacer sus leyes y decretos para condonar aranceles a los amigotes de campaña o los que sobre valúan sus unidades de transporte que se queman prestando el servicio en vía pública, en las carreteras deterioradas, construidas por las empresas que ellos mismos contratan facilitada por la Ley de Concesión de Obra Pública que ellos mismos generaron y que en lo más reciente nos ha dejado la Trocha, Cochinilla, Azteca, Diamante, Pista del Aeropuerto de Liberia. Esos deterioros ponen en riesgo al trabajador que conduce unidades de transporte público, los trabajadores que viajan en ellas y a los que con mejores posibilidades viajan por sus medios enfrentando el calvario de tránsito en el que pierde años y años de vida escuchando en cada campaña electoral que ellos tienen la pomada canaria para resolverlo y peor aún con el mayor de los cinismos que tienen “interés en resolverlo”.

Ellos son los mismos que nos imponen leyes que premian la irresponsabilidad fiscal con amnistías tributarias, y sin bastarles, también nos imponen el deterioro sistemáticamente de nuestras columnas de Seguridad Social con el desfinanciamiento de la educación y de la CCSS, bastiones de desarrollo de nuestra sociedad.

Aunque parezca y suene irracional, ante todo ese menosprecio a lo social y lo público, ante ese salvaje avance en la destrucción que nuestras conquistas históricas, absurdamente les seguimos premiando para que nuevamente ejerzan el poder y ¿para qué?, para que nos sigan jodiendo…

Solo quiero terminar con una frase que encierra una gran pregunta y que creo le pertenece a un científico famoso: ¿Por qué esperamos resultados distintos haciendo lo mismo?

¡Reaccionemos!

Tres sindicatos presentan denuncia contra la empresa Chiquita Brands

Las organizaciones sindicales SINTRAPYBCR, SITRACHIRI y SINTRACOBAL, representadas por sus secretarios generales, han presentado una denuncia ante el Ministerio de Trabajo contra la multinacional Chiquita Brands y sus subsidiarias en Costa Rica.

Denuncian que la empresa utiliza contratos temporales en puestos de trabajo permanentes como parte de una estrategia antisindical. Esta práctica precariza las condiciones laborales, limitando el acceso a derechos fundamentales como la estabilidad laboral, la cesantía y la protección social.

Además, las trabajadoras enfrentan discriminación por embarazo, siendo despedidas al término de contratos temporales para evitar las garantías legales.

Las tres organizaciones exigen que se respeten las leyes laborales costarricenses y los convenios internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos humanos.

Por una Costa Rica democrática, popular y solidaria

Juan Arguedas Chaverri.

Juan Arguedas Chaverri

Algunos elementos para una agenda, con miras a una alianza.

  1. Implementación de los Derechos Humanos: La protección y promoción de los derechos humanos son fundamentales para garantizar la dignidad de todas las personas. Al implementar estos derechos, se fomenta una sociedad más justa y equitativa, donde cada individuo puede vivir sin miedo a la discriminación, la violencia o la opresión.
  2. Desarrollo Económico, Social y Político: Reconocer a las personas como sujetos del desarrollo y centro de este, implica que deben tener voz y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Esto no solo empodera a las comunidades, sino que también promueve un desarrollo más sostenible y adaptado a las necesidades locales.
  3. Fortalecimiento de Instituciones Públicas: Las instituciones públicas son la columna vertebral de un Estado Social de Derecho. Al fortalecerlas, se mejora la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, como la educación y la salud, lo que a su vez contribuye al bienestar general y a la cohesión social.
  4. Vivienda para Todos: El acceso a una vivienda digna es un derecho humano básico. Garantizar este acceso no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también contribuye a la estabilidad social y económica, reduciendo la pobreza y fomentando comunidades más saludables.
  5. Economía Mixta: Una economía mixta permite combinar la eficiencia del sector privado con la responsabilidad social del sector público. Esto puede resultar en un crecimiento económico más inclusivo, donde se priorizan las necesidades de la comunidad y se promueve la equidad.
  6. Democracia Socialista y Popular: Este enfoque busca una democracia que no solo sea política, sino también económica y social. Al priorizar el bienestar de la comunidad, se fomenta una participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones, lo que puede llevar a una mayor justicia social.

7.Promover una agricultura campesina, indígena, feminista, no patriarcal. Esto no solo respeta la cultura y los derechos de las comunidades, sino que también puede contribuir a la sostenibilidad ambiental y a la seguridad y soberanía alimentaria.

  1. Lucha contra el Narcotráfico y la Corrupción: Estos problemas son interdependientes y afectan gravemente a la sociedad. Combatir el narcotráfico y la corrupción no solo mejora la seguridad, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y promueve un entorno más justo y equitativo.
  2. Aumento de Salarios: Ajustar los salarios en función del costo de la vida es esencial para garantizar que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas. Esto no solo mejora la calidad de vida, sino que también estimula la economía al aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.
  3. Regulación del Costo de Alimentos: La regulación de los precios de los alimentos es crucial para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación adecuada. Esto puede ayudar a combatir la pobreza y la desnutrición, promoviendo una sociedad más saludable y productiva.
  4. Derecho a la Diversidad Sexual: Este derecho implica el reconocimiento y respeto por la identidad y orientación sexual de cada individuo. Promover la diversidad sexual es fundamental para garantizar que todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir libremente y sin discriminación. Esto no solo fomenta una sociedad más inclusiva y equitativa, sino que también contribuye a la salud mental y emocional de las personas, al permitirles ser auténticas y aceptadas en su comunidad.
  5. Derechos Reproductivos: Los derechos reproductivos se refieren al derecho de las personas a tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos, la atención prenatal y la posibilidad de interrumpir un embarazo de manera segura y legal. Estos derechos son esenciales para la autonomía de las personas, especialmente de las mujeres, y son fundamentales para garantizar la igualdad de género. Al asegurar el acceso a servicios de salud reproductiva, se promueve el bienestar de las personas y se contribuye a la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en general.
  6. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos

El derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos es un aspecto fundamental de los derechos humanos y la igualdad de género. Este derecho implica que cada mujer tiene la autonomía y la libertad para tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos, la atención prenatal y la posibilidad de interrumpir un embarazo si así lo desea.

  1. Defensa de los Derechos de la Madre Tierra.

Por una Costa Rica, Democrática, popular, no fascista.

Para la construcción de una agenda común para una alianza.

Wajiha Sasa, cónsul honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica anuncia cese al fuego en la Franja de Gaza

Con inmensa alegría y alivio, informo al pueblo costarricense y a la comunidad internacional sobre el acuerdo de cese al fuego alcanzado entre la resistencia palestina y el Estado de Israel, el cual entrará en vigor a partir de este domingo 19 de enero.

Esta noticia ha sido recibida con júbilo por el pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y entre la diáspora. Tras quince meses de sufrimiento y de una brutal agresión israelí, finalmente se vislumbra un horizonte de paz.

He mantenido un contacto constante con el Embajador del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien ha expresado: «Acogemos con beneplácito este acuerdo. Hemos trabajado incansablemente durante los últimos 15 meses para poner fin a esta agresión genocida contra nuestro pueblo».

Si bien celebramos este logro, debemos permanecer vigilantes. Todas las personas que aman la paz y respetan el derecho internacional, en particular los derechos humanos, deben mantenerse alerta ante cualquier nueva agresión por parte de la fuerza ocupante de Israel.

Ahora más que nunca, corresponde a todos los países y pueblos del mundo apoyar al pueblo palestino en su camino hacia la autodeterminación, el derecho al retorno de los refugiados de Gaza y de quienes fueron desplazados desde 1948.

Instamos a la comunidad internacional, al gobierno y al pueblo de Costa Rica a encontrar formas de apoyar al pueblo palestino, a resistir la ocupación israelí y a mantener el boicot, desinversión y sanciones (BDS) hasta que finalice la ocupación y Palestina sea libre.

Agradecemos el constante apoyo de Costa Rica a la causa palestina.

Wajiha Sasa Cónsul Honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica San José, Costa Rica, 15 de enero de 2025.

Adopta Estados Unidos medidas en la dirección correcta, pero el bloqueo permanece

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba

El 14 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la decisión de: 1) excluir a Cuba de la lista del Departamento de Estado de países que supuestamente patrocinan el terrorismo; 2) hacer uso de la prerrogativa presidencial para impedir que se pueda tomar acción en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales presentadas al amparo del Título III de la ley Helms-Burton; y 3) eliminar la lista de entidades cubanas restringidas que designa a un grupo de instituciones con las cuales se prohíbe a ciudadanos e instituciones estadounidenses realizar transacciones financieras, lo que ha tenido efecto en terceros países.

A pesar de su carácter limitado, se trata de una decisión en la dirección correcta y en línea con el sostenido y firme reclamo del gobierno y el pueblo de Cuba, y con el llamado amplio, enfático y reiterado de numerosos gobiernos, en especial de América Latina y el Caribe, de cubanos residentes en el exterior, de organizaciones políticas, religiosas y sociales, y de numerosas figuras políticas de Estados Unidos y de otros países. El gobierno de Cuba agradece a todos por su contribución y sensibilidad.

Esta decisión pone fin a medidas coercitivas específicas que, junto a muchas otras, causan un grave daño a la economía cubana, con un efecto severo sobre la población. Este es y ha sido un tema presente en los intercambios oficiales de Cuba con el gobierno de Estados Unidos.

Es importante señalar que permanecen vigentes el bloqueo económico y buena parte de las decenas de medidas coercitivas que se pusieron en vigor desde 2017 para reforzarlo, con pleno efecto extraterritorial y en violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos de todos los cubanos.

Por solo citar unos ejemplos, continúa la persecución ilegal y agresiva contra los suministros de combustible que Cuba tiene legítimo derecho a importar. Se mantiene la cruel y absurda persecución de los acuerdos legítimos de cooperación médica internacional de Cuba con otros países, amenazando así con privar a millones de personas de servicios de salud y limitando las potencialidades del sistema de salud pública cubano. Las transacciones financieras internacionales de Cuba o las de cualquier nacional que estén relacionadas con Cuba permanecen bajo prohibición y represalias. Los buques mercantes que atraquen en Cuba también siguen amenazados.

Por otro lado, todo ciudadano estadounidense, empresa y entidad subsidiaria de una corporación de ese país, tiene prohibido comerciar con Cuba o entidades cubanas, salvo excepciones muy restringidas y reguladas. El acoso, la intimidación y las amenazas contra el nacional de cualquier país que se proponga comerciar con Cuba o invertir en este país, continúa siendo política oficial de Estados Unidos. Cuba sigue siendo un destino que el gobierno estadounidense prohíbe a sus ciudadanos.

La guerra económica permanece y persiste en plantear el obstáculo fundamental al desarrollo y la recuperación de la economía cubana con un alto costo humano para la población, y continúa siendo un estímulo a la emigración.

La decisión anunciada hoy por Estados Unidos corrige, de modo muy restringido, aspectos de una política cruel e injusta. Es una corrección que ocurre ahora, a punto de producirse un cambio de gobierno, cuando debió haberse materializado hace años, como acto elemental de justicia, sin reclamar nada a cambio y sin fabricar pretextos para justificar la inacción, si es que se deseaba actuar correctamente. Para excluir a Cuba de la lista arbitraria de Estados patrocinadores del terrorismo, debió bastar el reconocimiento de la verdad, la ausencia total de razones para tal designación y el desempeño ejemplar de nuestro país en el enfrentamiento al terrorismo, lo cual han admitido incluso agencias del gobierno de Estados Unidos.

Se conoce que el gobierno de ese país podría revertir en el futuro las medidas hoy adoptadas, como ha ocurrido en otras ocasiones y como muestra de la falta de legitimidad, ética, consistencia y razón en su conducta contra Cuba.

Para hacerlo, los políticos estadounidenses no suelen detenerse en encontrar justificación honesta, mientras siga vigente la visión descrita en 1960 por el entonces subsecretario de Estado asistente Lester Mallory, y la meta por él descrita de doblegar a los cubanos por vía del cerco económico, la miseria, el hambre y la desesperación. No se detendrían en justificaciones mientras ese gobierno continúe siendo incapaz de reconocer y aceptar el derecho de Cuba a la libre determinación, y mientras siga dispuesto a asumir el costo político del aislamiento internacional que le provoca su política genocida e ilegal de asfixia económica contra Cuba.

Cuba seguirá enfrentando y denunciando esta política de guerra económica, los programas de injerencia y las operaciones de desinformación y descrédito financiadas cada año con decenas de millones de dólares del presupuesto federal de Estados Unidos. También permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, basada en el diálogo y la no injerencia en los asuntos internos de uno y otro, a pesar de las diferencias.

La Habana, 14 de enero de 2025

Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.

Organizaciones internacionales piden a Corte Suprema de Justicia responder solicitud de Amparo de José Rubén Zamora para mantener su libertad – Guatemala

Las Américas. 13 de enero de 2025 Las organizaciones firmantes vemos con preocupación la falta de respuesta por parte de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, al amparo presentado por la defensa del destacado periodista José Rubén Zamora del 15 de noviembre de 2024, para evitar su regreso a la prisión.

En una audiencia programada para el lunes 13 de enero por la mañana, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal dará cumplimiento a la resolución de la Sala Segunda para revocar las medidas sustitutivas. Es urgente que la Corte Suprema de Justicia resuelva la solicitud de amparo de manera inmediata para garantizar su libertad, seguridad y sus derechos humanos.

El Sr. Zamora estuvo detenido 813 días por presuntos delitos financieros, desde julio de 2022, hasta que fue excarcelado bajo la medida sustitutiva de arresto domiciliario el 18 de octubre de 2024. Al mes siguiente, un tribunal de apelación guatemalteco revocó las medidas sustitutivas de uno de los casos y ordenó que el Sr. Zamora volviera a la cárcel; este lunes se daría cumplimiento a esta orden.

Su detención ha sido considerada arbitraria y una violación del derecho internacional por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) y un amplio número de estados a nivel global. Según el análisis del GTDA y numerosas organizaciones internacionales, el proceso en su contra se ha caracterizado por múltiples violaciones de sus derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo.

El equipo de defensa del Sr. Zamora presentó una solicitud de amparo en noviembre de 2024; hasta la fecha, la CSJ aún no ha respondido. Si la CSJ no concede el amparo antes de la audiencia del día 13 de enero el Sr. Zamora podría reingresar a un centro de privación de libertad ese mismo día.

Además de las repetidas violaciones de sus derechos observadas a lo largo de este proceso judicial, también nos preocupan las repercusiones en su salud, bienestar y seguridad física en caso de revocarse sus medidas y reingresar a prisión preventiva.

El Sr. Zamora sufrió impactos negativos en su salud durante los más de 800 días de detención arbitraria. La preocupación por su seguridad es especialmente urgente tras la reciente muerte por heridas de bala de una persona privada de libertad en la prisión de Mariscal Zavala, ocurrido el sábado 4 de enero. Este es el centro donde el Sr. Zamora estuvo recluido durante su detención arbitraria, y donde se infiere que regresaría de revocarse sus medidas.

Es sumamente alarmante que el Sr. Zamora pueda encontrarse otra vez en condiciones de detención arbitraria. Él ha honrado en todo momento las condiciones de las medidas sustitutivas, demostrando que no se justifican las causales para determinar la prisión preventiva.

Instamos a la Corte Suprema de Justicia a resolver la solicitud de amparo sin más demora, poner fin a la detención arbitraria y garantizar el respeto de la presunción de inocencia del periodista Zamora.

Hacemos un llamado al Estado Guatemalteco a que garantice los derechos del Sr. Zamora y asegure que cualquier otro proceso legal contra el mismo se lleve a cabo con celeridad y de conformidad con el derecho internacional.

También instamos al Estado de Guatemala a garantizar la salud, seguridad física e integridad del Sr. Zamora y cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y obligaciones legales.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe monitoreando la situación de derechos humanos, de la justicia y del Estado de derecho en Guatemala y brinde apoyo a los periodistas independientes y defensores de derechos humanos.

FIRMAN
Cyrus R. Vance Center for International Justice
Center for Justice and International Law (CEJIL)
Luis Von Ahn Foundation
Due Process of Law Foundation (DPLF)
American Jewish World Service
Impunity Watch
Washington Office on Latin America (WOLA)
Latin America Working Group
Be Just
Guatemala Human Rights Commission
Robert F. Kennedy Human Rights
Article 19
Protection International
Fundación por la Justicia
Lawyers Without Borders

Especialistas envían carta al presidente por sus expresiones gerontofóbicas

SURCOS comparte la carta firmada por especialistas en geriatría y gerontología:

Carta abierta al Presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles

Señor Presidente:

Como médicos geriatras de Costa Rica, especialistas comprometidos con el cuidado, la protección y la dignidad de las personas adultas mayores, expresamos nuestro profundo repudio y preocupación por los comentarios de carácter gerontofóbico emitidos por usted en una reciente conferencia de prensa.

En un país que enfrenta un acelerado envejecimiento demográfico, con más del 14% de su población mayor de 65 años, es imperativo fomentar una cultura de respeto, inclusión y valoración hacia las personas adultas mayores. Las palabras que descalifican o menosprecian a esta población no solo atentan contra su dignidad, sino que también perpetúan estereotipos dañinos y una discriminación inaceptable hacia quienes han contribuido significativamente a la construcción de nuestra sociedad.

La gerontofobia no solo afecta directamente a las personas adultas mayores, sino que también debilita el tejido social, ignorando las valiosas contribuciones económicas, culturales y familiares que estas siguen realizando. Además, tales expresiones pueden socavar los esfuerzos institucionales y sociales destinados a garantizar los derechos de esta población, promovidos tanto por la legislación nacional como por acuerdos internacionales de los que Costa Rica es signataria, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su programa de la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030), enfatiza la necesidad de combatir el edadismo en todas sus formas. Este esfuerzo global destaca la urgencia de erradicar los prejuicios por razón de edad y de promover una visión inclusiva que valore a las personas mayores como integrantes esenciales de nuestras comunidades.

Señor Presidente, las expresiones que descalifican o menosprecian a las personas adultas mayores perpetúan estereotipos dañinos y fomentan una discriminación inaceptable hacia quienes han contribuido significativamente a la construcción de nuestra nación como líder de la nación, sus palabras tienen un impacto profundo en la percepción y actitud de los ciudadanos hacia nuestras personas mayores. Por ello, le instamos respetuosamente a reflexionar y rectificar públicamente sus declaraciones, enviando un mensaje claro de respeto y valoración hacia esta población. Este gesto no solo sería un acto de responsabilidad y liderazgo, sino también una oportunidad para fortalecer los principios de inclusión y equidad que deben guiar nuestra sociedad.

Costa Rica ha asumido compromisos relevantes para la protección de los derechos de las personas mayores, tanto en el ámbito nacional como internacional. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece la obligación de combatir todo tipo de discriminación por razón de edad y de garantizar la plena inclusión de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida social, económica y cultural. Sus declaraciones contradicen estos compromisos y pueden tener un efecto negativo en los esfuerzos institucionales destinados a garantizar los derechos de esta población.

Desde nuestra experiencia como médicos geriatras, estamos dispuestos a colaborar con su gobierno para continuar desarrollando estrategias y programas que fortalezcan la inclusión y el bienestar de las personas mayores y le solicitamos que, en adelante, se promueva un discurso que dignifique a todos los sectores de la población, sin importar su edad, y que fomente políticas públicas orientadas a garantizar una vida plena y respetuosa.

Señor Presidente, las personas adultas mayores no solo merecen respeto por su dignidad inherente, sino también por ser pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es imperativo que Costa Rica continúe siendo un referente en la defensa de los derechos humanos y en la construcción de un futuro inclusivo para todos.

Atentamente,
Médicos Geriatras y Gerontólogos firmantes,
Dra. Tatiana Vindas Miranda
Dra. Krisly Arguedas Vásquez
Dra. Karen Meza Elizondo
Dr. Alexander Camacho Cabrera
Dr. Andrés Aguilar Muñoz
Dr. José Ernesto Picado Ovares
Dra. Adriana Monge Araya
Dra. Ingrid Alejandra Soto Rodríguez
Dra. Paula Benavides Zamora
Dr. Milton Gutiérrez Rodríguez
Dr. Luis Felipe Aguilar Hidalgo
Dra. Elena Gutiérrez Rodríguez
Dra. Karina Chacón González
Dra. Tatiana Vargas Fallas
Dra. Sylvia Leitón Arrieta
Dra. Grethel Carolina Alfaro Campos
Dra. Giannina Bloise Alvarado
Dra. Milena Matamoros Castillo
Dr. Gustavo Leandro Astorga
Dr. Rolando Brenes Quirós
Dra. Laura Barrantes Zúñiga
Dra. Vilma García Camacho
Dra. María José Kim Hernández
Dra. Katrin Kulzer Homann
Dra. Fanny Chaves Vargas
Dra. Paola Segura Amores
Dra. Isabel Campos Espinoza
Dra. Daniela Mora Figuls
Dra. María Isabel Monge Montero
Dr. Mauricio Quesada Rosales
Dra. Aida Molina Valencia
Dra. Hazel Jiménez Campos
Dr. Gustavo Montero Solano
Dra. Kimberly Arce Córdoba
Dra. Ana Caldwell Marín
Dra. Pilar Carmona Mena
Dr. David Avalos Chacón
Dra. Aida Ester Escobar Salas
Dra. Yendry Moreno Cordero
Dra. Yislin Solís Jiménez
Dr. Andrés Hidalgo Flores
Dra. Daianna Moreno Briceño
Dra. Natalia Ivankovich Guillén
Dr. Marcelino Lostalo González
Dra. Ana Lucía Núñez Rodríguez
Dr. Mario Alonso Rojas Chacón
Dra. Lilia Hernández Quirós
Dra. Gabriela Zamora Castro
Dra. Susana Estrada Montero
Dra. Beatriz Monterroso Cardona
Dra. María Gabriela Quesada López
Dr. Carlos Chaves Berrocal
Dr. Oscar Monge Navarro
Dr. Jefté Córdoba Granados
Dra. Alejandra Jiménez Rodríguez
Dra. Karla Araya Aguilar
Dr. Daniel Lasso Bonilla
Dr. Eli Antonio Chaves Segura
Dra. María Jesús Vega Solís
Dr. Sebastián Fallas Marín
Dra. Laura Barboza Mena
Dra. Vanessa Jiménez Porras
Dra. Natalia Villalta Calvo
Dr. José Leonardo Barboza Montes
Dra. Carolina María Alfaro Víquez
Dra. Xinia Villalobos Cambronero
Dra. María Lourdes Soto Vásquez
Dr. Manuel Chinchilla Morera
Dra. María Rodríguez Fernández
Dra. Carolina Jara Segura
Dra. Adriana Ávila Morales
Dr. Eduardo Antonio Blanco Umaña
Dra. Xinia María Jiménez Campos
Dr. José Miguel Cordero Cordero
Dr. Olman Aguirre Jaén
Dra. Yalile Muñoz Chacón
Dra. Melissa Soto Mena
Dr. Mario González Casafont
Dra. Irene Gutiérrez Jiménez
Dra. Milena Bolaños Sánchez
Dr. Carlos Manuel Fuentes Fuentes
Dra. Marielos Solís Umaña
Dra. Ana Mercedes Durán Monge
Dra. María Victoria Arguedas Astúa
Dr. Rafael Zúñiga Solano
Dr. Eduardo Antonio Blanco Umaña
Dra. Nataly Arguedas Vásquez
Dr. Fernando Morales Martínez

Imagen: UCR

Piden información sobre la remoción de placas relacionadas con los Derechos Humanos en el Palacio de Justicia de Argentina

El documento está firmado por Claudia V. Rocca, presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas y por Cristina Caamaño Iglesias Paíz, rectora de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Las placas fueron eliminadas del Salón de los Derechos Humanos en el Palacio de Justicia. Con base en el derecho al acceso a la información pública se pide indicar los detalles de ese hecho.

El Salón de los Derechos Humanos es un importante espacio icónico de la Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. En ese lugar se realizó el juicio a las juntas militares.

SURCOS comparte la carta:

30 de diciembre de 2024

Al Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Horacio Rosatti

 Nos dirigimos a usted y, por su intermedio, a los demás integrantes del máximo Tribunal que Ud. preside, a fin de solicitarles tengan a bien informar a quienes suscribimos la presente, como así también a la sociedad argentina toda, la razón o circunstancia por la cual han sido removidas las placas que estaban emplazadas a ambos lados de la Puerta 2045 de la Planta Baja del Palacio de Justicia -Talcahuano 550 de esta ciudad- y que, como es de público conocimiento, hasta hace aproximadamente tres (3) meses atrás señalizaban un importante espacio icónico de la Memoria/Verdad/Justicia de nuestro país y el mundo entero: el Salón de los Derechos Humanos. Para ello, invocamos el derecho al acceso a la información pública que nos asiste de acuerdo con lo previsto en la Ley Nacional N° 27.275, tanto en lo personal como en representación de los colectivos aunados en las organizaciones que encabezamos y citamos al pie.

Dicha histórica Sala de Audiencias, según tomamos conocimiento, sería administrada por la Habilitación de otro de los tribunales que desarrollan sus actividades judiciales también en el más popularmente llamado Palacio de Tribunales. Cuenta con ambas placas desde hace más de diez años, una a la derecha de la puerta de entrada, con la leyenda que la identifica, y la de la izquierda, haciendo mención de los trabajos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en realidad fue un regalo a la Corte Suprema que usted encabeza. La sala fue bautizada así por su importancia en la lucha contra la impunidad y por la necesidad de investigar la verdad y castigar los crímenes de lesa humanidad. Y es tristemente célebre, como hubiera dicho el escritor Ernesto Sábato, porque en 1985 se llevó a cabo en ella el «Juicio a las Juntas Militares».

Por todo ello es que, solicitamos a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como máximo tribunal de la República Argentina y órgano máximo del Poder Judicial, que entre sus funciones se encuentran: asegurar la supremacía de la Constitución, ser el intérprete final de la Constitución Nacional, y custodiar los derechos y garantías de la Constitución Nacional; nos haga llegar la información solicitada.

Asimismo, le pedimos nos haga saber también las actividades previstas o a agendar por el Tribunal Supremo para 2025 relativas a la manda de la Acordada 42/08, como así también de la Comisión Interpoderes que desarrollaría su actividad en torno a estas cuestiones.

Agradeciendo su atención, aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestra más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

Dra. Claudia V. Rocca
Presidenta de la Rama Argentina
De la Asociación Americana de Juristas

Cristina Caamaño Iglesias Paíz
Rectora de la Universidad Nacional
Madres de Plaza de Mayo