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Etiqueta: derechos humanos

Lanzan investigación sobre criminalización a mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras

29 de septiembre de 2024.- La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) acaban de lanzar el capítulo dedicado a Honduras de la investigación “Perseguidas por defender y resistir. Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, Nicaragua y México”. Esta es la segunda de tres publicaciones que reflejan los resultados de un trabajo de investigación sobre la criminalización a mujeres que defienden derechos humanos en Mesoamérica, un fenómeno constante y cada vez más creciente en la región.

La defensa de derechos humanos en Honduras: un escenario propicio para la criminalización

Entre 2017 y 2022, el Registro mesoamericano de agresiones a defensoras de la IM-Defensoras documentó un total de 284 agresiones que de forma individual, colectiva o hacia organizaciones o grupos, criminalizan el actuar de las defensoras de derechos humanos. De éstas, 102 fueron detenciones arbitrarias y 182 se relacionaron con el inicio de causas o procesos penales o administrativos.

Entre las causas estructurales de la efervescencia de la criminalización en Honduras, la investigación identifica el Golpe de estado de 2009 como un punto de inflexión en la deriva autoritaria, conservadora y extractivista del país. A partir de 2009 se multiplicaron los proyectos extractivistas, se aprobaron leyes para privatizar servicios públicos, bienes naturales y territorios ancestrales y comunitarios; se llevaron a cabo reformas de las leyes penales para facilitar la criminalización; se profundizó en la militarización, la corrupción y la cooptación del sistema de justicia por parte de intereses empresariales y familias de terratenientes. El fraude electoral de 2017 fue otro momento clave, generando una oleada de represión y criminalización y consolidando una narco-dictadura con ex-presidentes, como Juan Orlando Hernández, que han sido extraditados a Estados Unidos y condenados a prisión por delitos graves vinculados al narcotráfico. En este contexto, defensoras de la tierra y el territorio, especialmente indígenas y garífunas vinculadas al COPINH y la OFRANEH; integrantes del movimiento estudiantil y defensoras de los derechos de las mujeres han sido las que han sufrido más el impacto de la criminalización.

Misoginia y racismo como componentes fundamentales de la criminalización

La investigación se llevó a cabo a través de entrevistas y grupos focales con defensoras criminalizadas y con abogadas con experiencia en estos casos, las cuales en muchas ocasiones también acaban siendo criminalizadas. Las defensoras entrevistadas identificaron como principales causas de la criminalización el avance del neoliberalismo, el desarrollo capitalista voraz, la corrupción, autoritarismo y conservadurismos de los gobiernos de sus países, así como las violencias estructurales racistas y misóginas que siguen imperando en la región. Por ello, uno de los objetivos de este estudio es comprender desde una perspectiva interseccional los patrones e impactos específicos y diferenciados que, por su condición de género, la criminalización tiene sobre los cuerpos, las vidas, las luchas y los entornos comunitarios y familiares de las defensoras.

Construida desde la colaboración y participación de las defensoras y redes de defensoras de derechos humanos de Honduras, México y Nicaragua, la investigación también refleja cómo, pese a todo, las defensoras siguen resistiendo y persistiendo en sus luchas.

México: A 10 años de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, nos siguen faltando 43 

Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.

La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.

En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.

De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.

La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:

A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.

A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.

Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.

Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.

Mi solidaridad con Palestina – en 5 Minutos o Menos

Se invita a todas las personas a ver el programa Mi solidaridad con Palestina 2024, estrenado este lunes 23 de septiembre de 2024, a las 9:00 am. Para más información, le invitamos a observar este video.

EPISODIO 44 Mi solidaridad con Palestina 2024 

Imagina que un ejército invasor
Te quita el agua, destruye tus siembras, encarcela a tus hijos.

Llega a tu pueblo, te saca con tu familia de tu casa,
te la quita y la destruye, te obliga a migrar a otro sitio.

Imagina que mientras migras con tu familia te bombardean y tienes que huir a otro sitio.

Imagina que mientras tienes que huir de la represión,
te bombardean y mueren tus hijos o tu esposa.

Ahora imagina que tienes que recoger, si tienes suerte,
el cuerpo de tus hijos de entre los escombros.

Imagina que al final el que muera sos vos,
¿Te gustaría, verdad que no?

El pueblo de Palestina no lo imagina, lo vive.

Un ejército fascista, igual al de Hitler,
invadió, asesinó y obligó a millones de palestinos
a salir de sus casas, de su tierra, de su Patria.

Un ejército genocida quiere asesinarlos a todos,
y el mundo calla, cierra lo ojos, miente y tergiversa la historia.
Eso es inhumano, inmoral y cruel.

Yo no soy de esos que callan.
Yo estoy con Palestina, por justicia y libertad para Palestina.
Que se detenga el genocidio, el terrorismo y la muerte.

Por eso me manifiesto, como costarricense, contra la complicidad política y militar de nuestros gobiernos, politiqueros y corruptos, que violentan nuestros principios de país de paz, y que por servidumbre buscan la guerra y la muerte para otros pueblos, que desde EEUU e Israel, ejecutan contra Palestina y también contra otros pueblos del mundo que no se arrodillan ante el imperio.

Palestina nos necesita, nos llama a la solidaridad, grita por auxilio, por paz y libertad.

NO calles, une tu voz a la de millones que exigen que se detenga este criminal genocidio.

Comunidades unidas: La lucha por el asfaltado de la Ruta 811 continúa

El 7 de marzo de 2023, se formalizó la creación de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811, un esfuerzo conjunto entre diversas comunidades de la zona con el objetivo de luchar por la mejora de esta vía. La ruta 811, que conecta a seis comunidades importantes, incluyendo La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia, se encuentra en un estado crítico, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que dependen de ella para desplazarse.

Silvia, una vecina de la comunidad de Escocia, destaca los esfuerzos que han realizado para hacer visible su problemática. Menciona que las comunidades han trabajado incansablemente, acudiendo a sesiones municipales, enviando cartas tanto al gobierno central como a las instituciones encargadas de infraestructura vial, como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). A pesar de sus múltiples gestiones, la situación sigue sin resolverse, lo que ha llevado a la comisión a buscar nuevos medios para difundir su causa, usando diversas plataformas para hacer escuchar su voz.

Damaris Leiva Bermúdez, residente de la comunidad de Irlanda, también expresa su preocupación sobre el mal estado de la ruta y la frustración de no haber sido incluida en los planes de pavimentación aprobados recientemente. A pesar de que algunas comunidades se beneficiarán de la pavimentación parcial, Irlanda ha sido excluida del presupuesto asignado, lo que Damaris considera injusto tras 40 años de espera. Su testimonio refleja la impotencia de una comunidad que, aunque cercana a las mejoras, sigue marginada de los proyectos de infraestructura.

Por su parte, Félix López, coordinador de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de ruta 811 y residente de Río Jiménez, destaca la importancia de la ruta 811 para la región. Explica que esta zona es un centro agrícola clave, con producción de piña y banano, así como de ganado, y que la situación de la carretera afecta tanto la movilidad de los productos como la vida diaria de los habitantes. Félix subraya que durante el verano la ruta se convierte en una nube de polvo que afecta la salud de las personas, especialmente los adultos mayores y los niños con problemas respiratorios. En invierno, el barro impide el acceso adecuado a los servicios esenciales, como la educación y la salud, y agrava la situación de las familias. López también advierte que, debido al estado deplorable de la carretera, los servicios de transporte público, ambulancias y otros vehículos de emergencia ya no quieren transitar por la ruta, afectando aún más la vida diaria de estas comunidades. Aunque reconoce el avance de la aprobación de una parte del pavimento, recalca la necesidad de seguir luchando para que toda la ruta sea reparada.

La comisión ha recibido una carta de respuesta por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que aclara algunos puntos importantes sobre el financiamiento del proyecto de asfaltado. En la misiva, se confirma que el proyecto tiene un financiamiento aprobado de más de ₡1.000 millones, provenientes de los fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, destinado a la conservación de 11,07 km de la ruta 811, abarcando las secciones que conectan La Ligia, Irlanda y Río Jiménez. Además, se informa que el proyecto tiene un plazo máximo para su culminación en septiembre de 2026 y que la ejecución estará a cargo de la Municipalidad de Guácimo con el respaldo técnico del CONAVI.

Sin embargo, la carta de JAPDEVA, aunque ofrece una respuesta oficial, no aborda directamente las preocupaciones de las comunidades excluidas, como Irlanda, lo que deja una sensación de incertidumbre sobre si se tomarán acciones adicionales para beneficiar a todas las comunidades afectadas. Esto ha motivado a los líderes comunales a mantener su lucha, buscando soluciones integrales para que toda la ruta 811 sea mejorada en su totalidad, sin dejar a ninguna comunidad atrás.

Conversando sobre el racismo con el Dr. Quince Duncan

El Observatorio del Racismo (OBCRA) invita a toda la comunidad universitaria a sintonizar su próximo programa de radio, «Conversando sobre el racismo», que contará con la participación del reconocido escritor y activista Dr. Quince Duncan. En esta ocasión, se abordará el tema:

Costa Rica: 500 años de presencia y aportes de africanos y sus descendientes.

  • Fecha: martes 24 de setiembre
  • Hora: 8:00 a.m.
  • Sintoniza en: Radio 870 AM Saber Vivir, UCR.

El Dr. Quince Duncan es una figura clave en la defensa de los derechos étnicos en Costa Rica y a nivel internacional. Fue el primer Comisionado Presidencial para Asuntos Afrodescendientes y ha formado parte de diversas organizaciones de Derechos Humanos. Además, Duncan es autor de más de 60 publicaciones, incluyendo estudios sobre literatura costarricense y afrodescendiente, ensayos históricos, y varias novelas. Su obra ha sido galardonada con el Premio Editorial de Costa Rica y el Premio Nacional de Novela Aquileo J. Echeverría.

Todos los programas del OBCRA quedan grabados y disponibles en el Portal OBCRA: obcra.fcs.ucr.ac.cr para ser utilizados en espacios educativos.

Enlace de interés:
Los cuentos de Ananci: https://micostaricadeantano.com/wp-content/uploads/2022/09/cuentos-anansi.pdf

Un año de tragedia en Palestina y exigencias internacionales para el cese de ocupación israelí

En un período de 11 meses, más de 41 mil personas palestinas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, han perdido la vida debido a los ataques en la Franja de Gaza. Se estima que el número real podría ascender a las 300 mil víctimas. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados en un plazo de 12 meses, una demanda que sigue siendo ignorada por el Estado israelí.

El impacto de la ofensiva israelí no se limita a las pérdidas humanas. Gaza enfrenta un desastre humanitario de gran escala. Se estima que limpiar las 40 millones de toneladas de escombros, algunos contaminados con asbesto y restos humanos, llevará al menos 15 años. La destrucción de más de 80 mil viviendas ha desplazado a miles de familias, y la reconstrucción de la ciudad podría alargarse hasta 2040 o más. Durante este proceso de reconstrucción, más de 220 empleados de la ONU han perdido la vida, lo que resalta los riesgos a los que están expuestos aquellos que trabajan en terreno para ayudar a la población civil.

La Corte Internacional de Justicia dictaminó que los territorios palestinos ocupados constituyen una unidad y que las acciones de Israel violan el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, la violencia continúa, exponiendo a miles de niños palestinos a situaciones de trauma y violencia sistemática, desafiando las leyes internacionales de protección a la infancia.

En este marco de destrucción, enfermedades antes erradicadas como el virus de la polio han resurgido debido al colapso del sistema de salud. La situación es crítica, y las voces de la comunidad internacional, lideradas por la ONU, continúan clamando por justicia y un alto al genocidio.

El 7 de octubre, a las 5:00 p.m., se llevará a cabo una vigilia frente a la Asamblea Legislativa en conmemoración de un año del genocidio en Palestina, organizada por la Red de Solidaridad con Palestina. Esta vigilia busca sensibilizar y exigir el fin inmediato de las hostilidades y la ocupación israelí.

En contraste, la embajada de Israel y sectores sionistas han planeado una actividad paralela que ha sido descrita como una celebración camuflada de crímenes de lesa humanidad, apoyada por diputados afines al régimen israelí. Mientras tanto, la cifra de víctimas, la mayoría de ellas niños, periodistas, médicos y personal de Naciones Unidas, sigue aumentando.

«Nadie es libre hasta que Palestina sea libre» se ha convertido en el lema de aquellos que luchan por la paz y la justicia en este conflicto que ha cobrado la vida de miles de inocentes.

Defensoría alerta agotamiento del personal penitenciario

Solicitó informe a Justicia sobre plazas vacantes, en proceso de nombramiento y estudio sobre cargas laborales

Tras varias inspecciones de oficio realizadas por la Defensoría de los Habitantes en centros penitenciarios desde el 2023 a la fecha, y mediante un proceso de entrevistas se logró constatar el cansancio y agotamiento en el que se encuentra el personal no sólo policial, sino técnico, administrativo y de salud.

Según ha comprobado la Defensoría a través de entrevistas, el personal trabaja hasta altas horas de la noche, se lleva el trabajo a la casa o labora los fines de semana, lo que está repercutiendo en su salud. Además, la Defensoría mantiene abierta una investigación de oficio sobre las condiciones laborales del personal de la Policía Penitenciaria a nivel general en todos los centros penitenciarios, específicamente sobre la falta de personal y la afectación en el otorgamiento al derecho de vacaciones legales y profilácticas.

Ante ello, la Defensoría considera que esta situación afecta seriamente la prestación de los servicios a lo interno de los centros penales. Para la institución, el sistema penitenciario se encuentra atravesando una crisis que se refleja en las serias limitaciones presupuestarias que impiden a los centros penitenciarios operar de manera ideal, limitaciones que afectan el nombramiento de personal, y el mantenimiento y construcción de infraestructura que cumpla de forma debida con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, tanto para el personal penitenciario como para la población privada de libertad.

Sobre la cantidad de personal técnico y administrativo en los centros de atención institucional y unidades de atención integral, en inspecciones realizadas en lo que va del 2024 en los Centros de Atención Institucional Calle Real, Luis Paulino Mora Mora, Antonio Bastida de Paz y 26 de Julio, la Defensoría verificó la existencia de plazas vacantes pendientes de nombramiento, reubicaciones de plazas entre centros penitenciarios o, hacia otras instancias administrativas de la Dirección General de Adaptación Social que afectan seriamente la prestación de los servicios, lo que produce un atraso en la realización de las valoraciones ordinarias, la instrucción de procedimientos disciplinarios, la dilación en los trámites que tienen que ver con el contacto de las personas privadas de libertad y sus familias, las verificaciones de ofertas laborales y de domicilio, la realización de procesos grupales, entre otras labores.

A pesar de que la Defensoría de los Habitantes ha solicitado a la Dirección General de Adaptación Social que indique si se realizan estudios de impacto en el servicio por la reubicación de plazas, Adaptación social informó que debe tomarse en cuenta la difícil situación que enfrenta el sistema penitenciario “caracterizada por limitaciones presupuestarias, y especialmente por la escasez de talento humano, que impactan significativamente en la consecución de los objetivos institucionales y en la planificación a corto, mediano y largo plazo.

Si bien la Administración plantea su potestad de reubicar y recargar funciones y señala las limitaciones presupuestarias y de infraestructura por las que atraviesa actualmente el Sistema Penitenciario Nacional y, en general, el sector público, lo cierto es que de lo que se trata en el caso de los centros penitenciarios es de la custodia de personas ubicadas en espacios completamente cerrados, que no sólo tienen su libertad de tránsito restringida, sino que, adicionalmente, sus otros derechos limitados por cuanto no existe la cantidad suficiente de personal técnico, administrativo y policial para brindarles dichos servicios. Esta situación no debe achacarse al personal, sino a la forma en la que el Estado restringe, desde el punto de vista presupuestario, la búsqueda de una solución al problema detectado.

Para esta Defensoría, el Ministerio de Justicia y Paz debe adoptar de manera inmediata, todas las acciones que sean necesarias para garantizar a los centros penitenciarios la cantidad suficiente de personal y considera relevante tener información actualizada acerca de las plazas con las que cuenta cada centro penitenciario, pues de ello depende el servicio que se debe brindar a la población privada de libertad. Además, solicitó realizar un estudio de cargas laborales con el fin de velar por las condiciones de trabajo del personal técnico, administrativo y de salud de dichos establecimientos.

En una respuesta ofrecida por el departamento de gestión institucional de recursos humanos y la unidad de organización y empleo del Ministerio de Justicia a la Defensoría se señala que han sido múltiples los esfuerzos realizados para la creación de plazas, no obstante, han sido mínimas las que la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda a aprobado a Justicia y Paz, para la consecución de los objetivos. “En razón de la necesidad de cumplir con los diferentes compromisos de estas nuevas unidades administrativas se implementó como estrategia institucional un reacomodo temporal del recurso humano institucional ya existente mediante traslado temporal, de manera que permitiera iniciar funciones en estas dependencias, sin embargo, este recurso no ha sido posible ubicarlo nuevamente a su unidad de origen. En este sentido, se posee una plantilla limitada de puestos para cubrir con las diferentes encomiendas…”

Además, informó esta dependencia de Justicia a la Defensoría que, en razón de que no se pueden nombrar plazas, reasignar plazas y de que el proceso de descongelamiento y utilización no es expedito y, el crecimiento de infraestructura del sistema penitenciario es desproporcional al recurso humano existente, se hace materialmente imposible que algunas unidades administrativas puedan cumplir con los objetivos trazados.

En cuanto a reubicación de plazas, Justicia informó el listado que contempla 12 permanentes y 33 temporales. En vacantes en proceso de nombramiento un total de 47 plazas.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: “Justicia Pronta y Cumplida” continúa siendo una deuda para pueblos indígenas

*Resoluciones judiciales sobre las muertes de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera, activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En el primero de los casos dictándose un sobreseimiento definitivo y en el segundo es hasta el día de día de hoy, 19 de setiembre del 2024, cuatro años después de la muerte del señor Rivera Rivera que los tribunales de Pérez Zeledón absuelven del delito de homicidio al presunto imputado, después que un Tribunal de Apelación de Cartago anulara el primer juicio en que se le había dado una sentencia de 22 años de cárcel.

Durante los doce años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido pocos o escasos los esfuerzos y gestiones efectuadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales tutela esta medida cautelar; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba, ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas beneficiarios de la medida cautelar.

Fue el 30 de abril del 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo expuesto por las personas peticionarias de los pueblos indígenas costarricenses reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que otorgó la medida cautelar y solicitó al gobierno de la República de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

A pesar del dictado de la Medida Cautelar y las obligaciones emitidas al Estado Costarricense el día 18 de marzo del 2019 fue asesinado en su casa, Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri de Salitre. Asimismo, el día 24 de febrero del 2020 fue asesinado Jerhy Rivera Rivera.

La violencia ha escalado en diferentes territorios indígenas del país extendiéndose de Salitre y Térraba a China Kichá y Cabagra; asimismo, como se indicó en el Informe Anual 2019-2020 de la Defensoría de los Habitantes en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos

estos hechos. Este panorama pone en evidencia que las acciones estatales no han sido suficientes, para alcanzar el fin pretendido de garantizar la vida e integridad personal, así como el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y evitar así la repetición de los hechos que dieron lugar a la adopción de la Medida Cautelar”.

Situación por la cual la Defensoría de los Habitantes clama por la Justicia Pronta y Cumplida y hace un llamado vehemente al Estado Costarricense a combatir la impunidad y evitar la escalada de violencia dentro de los territorios indígenas. Ante tan lamentables hechos, se hace un llamado público a la paz y la no violencia ante las resoluciones emitidas en los casos de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

La Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, envía un abrazo fraterno a sus familiares y a los pueblos indígenas del país, para que sus voces son escuchadas y continuar en esta lucha por la promoción y defensa efectiva de sus Derechos Fundamentales.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Cantos de Batalla regresa con un nuevo concierto en vivo: «Llamado a la Resistencia»

Después del rotundo éxito del primer concierto en vivo de Cantos de Batalla, el cual tuvo lugar en julio, este poderoso proyecto musical vuelve con un segundo espectáculo titulado «Llamado a la Resistencia». Este concierto es una producción del Colectivo Cantos de Batalla y Profana Latinoamérica, quienes han trabajado juntos para llevar este mensaje de resistencia y defensa de los bienes comunes y los derechos humanos a través de la música. La primera presentación fue todo un éxito, y ahora se espera que Cantos de Batalla vuelva a conectar con el público y continúe inspirando a través de su mensaje de lucha ambiental y social.

Ahora, el próximo concierto será el 3 de octubre a las 8:00 p.m. en Mundo Loco, San Pedro, donde Cantos de Batalla promete nuevamente elevar las voces en resistencia y unidad. Este espectáculo sigue honrando la memoria de los ecologistas costarricenses Óscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante, asesinados hace 30 años en la lucha por el medio ambiente. Además, celebra las victorias ambientales que han dejado una huella imborrable en el país.

El proyecto Cantos de Batalla, liderado por Fabián Pacheco, recopila los pregones de campañas ecologistas en Costa Rica, con una propuesta musical basada en el poder de los tambores y el folclore, inspirando a la resistencia pacífica y la defensa de nuestros recursos naturales.

No se pierda esta nueva oportunidad para ser parte de un movimiento que une música, historia y activismo. ¡Te esperamos en Mundo Loco el 3 de octubre para continuar este llamado a la resistencia!

Lugar: Mundo Loco, San Pedro
Fecha: 3 de octubre de 2024
Hora: 8:00 p.m.

Sobre Cantos de Batalla:
Cantos de Batalla es un proyecto musical que honra la memoria de los activistas ecologistas y celebra las luchas y victorias ambientales de Costa Rica. Con el ritmo de los tambores y las voces de la resistencia, este espectáculo invita a bailar, cantar y unirse en la defensa de los derechos humanos y los bienes comunes.

Observatorio de Guapinol: El Estado de Honduras debe responder por el asesinato de Juan López y la crisis de seguridad que viven las personas defensoras en el Bajo Aguán

18 de septiembre de 2024.- Desde el Observatorio de Justicia para los Defensores del Río Guapinol condenamos de forma contundente el asesinato del defensor de bienes comunes, Juan López, líder del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, hombre de fe, padre de familia y compañero de lucha. Lamentamos profundamente este crimen y demandamos que el Estado de Honduras responda por este y otros asesinatos de defensores que se mantienen impunes en el país.

El asesinato de Juan López y la crisis en el Bajo Aguán son un crudo reflejo de la grave situación de violencia, impunidad y negligencia estatal en Honduras, especialmente en relación con la defensa de los bienes comunes, la tierra y el territorio. La crisis en el Aguán no es un hecho aislado, sino la expresión de un conflicto territorial de larga duración, donde los intereses de empresas privadas y grupos criminales continúan explotando los recursos naturales, con total impunidad y a costa de la vida en las comunidades.

La situación es urgente e inaceptable: tan solo en 2023 y 2024, cuatro defensores vinculados a la lucha por el río Guapinol han sido asesinados en Honduras: Oquelí y Aly Domínguez, Jairo Bonilla y, ahora, Juan López, este último beneficiario de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023.

Las organizaciones que conformamos el Observatorio de Justicia acompañamos a López y al Comité Municipal en la denuncia de estos hechos a nivel internacional y hemos expuesto el incumplimiento del Estado con respecto a la implementación de estas medidas (MC-137-23), dictadas a favor de 30 defensores de derechos humanos, e integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. El incumplimiento es un reflejo de la falta de interés y respuesta interinstitucional coordinada para abordar la situación de riesgo inminente que enfrentan las personas defensoras en el país. Lamentamos que a pesar del reconocimiento que organismos internacionales de protección han hecho sobre la situación de riesgo de Juan López  y más miembros del Comité Municipal y aun teniendo un  mandato de protección diferenciada y mitigación de riesgo dictado por las medidas de protección, que por ley tenía que atender, el Estado haya decidido ignorarlas. El Estado de Honduras le falla y le vuelve a fallar a quienes defienden las aguas, los bosques y la tierra; a quienes defienden la vida.

Es profundamente indignante que, a pesar de los repetidos reclamos de justicia por los asesinatos de personas defensoras, el silencio y la inacción del Estado prevalezcan. En el caso específico del Comité de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ha sido ampliamente conocido el riesgo al que se enfrentan quienes lo integran. Ejemplo de ello es la Alerta Temprana No. 005-24 emitida por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), donde hace referencia a la inacción del Estado en implementación de medidas de protección.

El Estado no solo debe proteger los derechos a la vida e integridad personal de las y los beneficiarios/as de las medidas cautelares frente a posibles ataques que provengan de parte de particulares sino que, también, tiene la obligación de abstenerse de propiciar y participar en campañas de difamación, diseminación de representaciones negativas o la estigmatización de personas defensoras de derechos humanos y el trabajo que estas realizan. Le recordamos al Estado que garantizar la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos y, en particular, de las beneficiarias de medidas de protección es su obligación internacional: la seguridad de estas personas está en sus manos.

El Observatorio recuerda que, durante la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro, se hizo un llamado a la liberación de los defensores de Guapinol, lo que generó esperanza de un cambio en la protección de los derechos humanos en Honduras y la atención sobre la raíz de la crisis. Sin embargo, a más de dos años de esas declaraciones, hoy el movimiento de derechos humanos en Honduras y toda la región está de luto una vez más.

Las organizaciones exigimos justicia para Juan López y los defensores de los bienes comunes en Honduras. Una investigación expedita, independiente e imparcial debe ser garantizada por parte del Estado y fincar responsabilidades materiales e intelectuales por este atroz crimen. El riesgo continuará y es imperante que el Estado de Honduras garantice todas las medidas de protección necesarias para la familia y miembros del Comité Municipal, sin que medien excusas presupuestales o incapacidad institucional.

A la familia de Juan López, a sus compañeros y compañeras de lucha, a su comunidad: nuestro abrazo solidario. Honramos su legado y su vida y en su nombre seguiremos pidiendo justicia y acompañando la causa justa por los ríos en Honduras.

¡Juan López vive!

Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho lnternacional (CEJIL)

Comité Internacional del NLG -Gremio Nacional de Abogados, USA.
Diakonia oficina Nacional Honduras
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC – SJ)
Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
Robert F. Kennedy Human Rights
Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia (UVA)