Denuncia pública a la opinión nacional e internacional
El Partido Vanguardia Popular DENUNCIA ante la opinión pública nacional e internacional, sobre los actos de represión contra las y los ciudadanos de Hatillo que reclaman por el justo derecho de que el gobierno de turno y Acueductos y Alcantarillados atienda la emergencia de la ausencia de agua en dicha comunidad.
Sin embargo, ahora resulta que la defensa por el agua en Hatillo, se convierte en un espacio para legitimar la criminalización de la protesta social.
Al estilo de los gobiernos fascistas, de derecha y prepotentes que conculcan los derechos fundamentales, aquí, en nuestro país Costa Rica, garante de todos los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, desconoce los más elementales derechos del y las ciudadanas.
Pero esta escalada de represión entra en franca contradicción con lo que vive el país actualmente en materia de seguridad pública. En el Diario Extra, página 11, de fecha miércoles 13 de marzo de 2024, bajo el título: “Hatillo son territorio en disputa por banda criminal”. Se aclara a la opinión pública que están claramente identificadas dos bandas criminales, Los Lara y la banda de Gery. Pero el silencio que guarda la Fuerza Pública es parecido a la estupidez, o contrario sensus, guardan toda su brutalidad para emplearla contra el pueblo honesto de Hatillo, cuya demanda, por lo demás totalmente válida, reclaman por el suministro del agua en sus comunidades. Entonces, por qué no actúan con la misma fuerza contra esas bandas delictivas, como lo hicieron hoy contra los vecinos de Hatillo.
Una página negra más para el gobierno actual de Rodrigo Chaves Robles.
Queremos llamar, sin embargo la atención. Curiosamente y de forma unánime las y los diputados de la actual Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate: “ampliar la prisión preventiva en caso de flagrancia”. Eh aquí que la receta ya la pusieron en práctica, pues hoy, bajo la detención arbitraria e irrespetando el primer derecho humano a que tiene toda sociedad: el derecho a la protesta social, es pisoteado por la Fuerza Pública y 9 personas son detenidas arbitrariamente. Tres de ellas ya fueron pasadas a los tribunales de flagrancia y desconocemos, hasta el momento, cuál es el curso que se sigue contra los otros seis.
Nosotros, como PARTIDO VANGUARDIA POPULAR, históricamente hemos estado a la par de las luchas populares y condenamos abiertamente la criminalización de la protesta social. La represión estructural ha sido constante desde el año 2000, fecha en la cual el pueblo de Costa Rica amplió la democracia de la calle exigiendo el retiro del Combo Eléctrico que atentaba contra la histórica y meritoria institución del ICE.
Exigimos la pronta libertad de los nueve compañeros(as) detenidos arbitrariamente. Recordamos a los cuerpos represivos que el agua es un derecho humano fundamental y que la protesta social es, por excelencia, el primer derecho al cual puede aspirar el pueblo en su demanda popular.
¡LIBERTAD PARA LAS Y LOS DETENIDOS YA, Y SIN NINGÚN CARGO!
El Frente Nacional de Lucha (FNL) alza su voz a modo de protesta en contra de la detención de Jorge Arturo Zúñiga Carrasquilla, Valkyrie Nicole Durán Vargas, David Contreras Mora, Harold Araya Coto, Jorge Sánchez Bogantes, Juan Carlos Redondo Araya, Juan Manuel Ramírez Solari, Laura Bonilla Vargas y una mujer no identificada, el día de hoy, lunes 18 de marzo de 2024, que se da durante la manifestación de vecinos y vecinas de Hatillo, quienes reclamaban por el derecho humano al agua potable.
Esta detención se realiza, según declaraciones de Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, porque existe una denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de algunas de estas personas y el fiscal Álvaro Montoya ordenó su detención. Consideramos que esta es una detención sistemática y selectiva que recae sobre las personas líderes de este movimiento, dentro de quienes destacan miembros del recientemente electo Consejo Municipal del cantón San José, entre los cuales se encuentra David Contreras, regidor electo por el Partido Frente Amplio (FA). Además, después de estos hechos, la policía ha continuado amenazando a las personas manifestantes con realizar más detenciones.
Tres de las personas detenidas fueron trasladadas al Circuito Primero de Flagrancia y las demás personas permanecen detenidas en la Delegación de Barrio México, donde Sofía Guillén, diputada del FA, ha llegado a dar su apoyo, en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas. En estas circunstancias, se evidencia el incumplimiento de los cuerpos policiales de Costa Rica para preservar y proteger la libertad, la dignidad y la vida de la población, y denunciamos la línea autoritaria de gobierno que intenta criminalizar y desmovilizar una protesta social que exige agua potable para los hogares. Esta criminalización tiene como fin continuar con el modelo de privatización de la salud, la educación, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, los seguros, etc., que son servicios y derechos vitales para que la población tenga una calidad de vida digna. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar las protestas, acorde a los estándares de derechos humanos, ya que estas están estrechamente vinculadas a la promoción y defensa de la democracia. La indignación de las personas manifestantes debe ser considerada como una demanda colectiva, para un cambio social en favor del cumplimiento del derecho constitucional al agua potable. Desde el FNL consideramos que esto es un ataque directo en contra del derecho a la protesta y censuramos la falta de cumplimiento de las obligaciones de respeto y de garantía frente a los derechos involucrados; desaprobamos la vulneración de los derechos a la libertad y la seguridad personal de quienes participaron en la manifestación.
El Frente Nacional de Lucha indagará el origen de la denuncia interpuesta en Flagrancia en contra de las personas líderes del movimiento y los motivos específicos de específicos de su detención para denunciar nacional e internacionalmente las injusticias a partir de las cuales nos pretenden imponer un modelo de estado en el cual el agua no sea un derecho humano, sino un bien económico y donde las leyes sólo sirvan para el beneficio de unos cuantos grupos de poder.
Foto extraída de esta nota de prensa titulada «Bilan du Hamas: 5000 morts dont 2055 enfants, dans la bande de Gaza», Le Journal de Québec, edición del 23/10/2023.
Por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
«We fear that this already catastrophic situation may slide deeper into the abyss as many Palestinians mark the holy month of Ramadan – a period that is meant to honour peace and tolerance – should Israel launch its threatened military offensive into Rafah, where 1.5 million people have been displaced in deplorable sub-human conditions.
Any ground assault on Rafah would incur massive loss of life and would heighten the risk of further atrocity crimes. This must not be allowed to happen. We also fear that further Israeli restrictions on access by Palestinians to East Jerusalem and Al Aqsa Mosque during Ramadan could further inflame tensions.
The UN High Commissioner for Human Rights repeats that there must be an immediate end to this conflict, and that the killing and destruction must stop».
Spokesperson, UN High Commissioner for Human Rights, Geneva, «Fears over Gaza catastrophe as brutal conflict enters sixth month»,official statement, March 8th, 2024
Este 15 de marzo del 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó que se fijaron las audiencias para los días 8 y 9 de abril en el caso de la acción interpuesta por Nicaragua contra Alemania ante el juez internacional de La Haya.
Se trata de una demanda de Nicaragua presentada el 1ero de marzo del 2024, acompañada de una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, acusando a Alemania de faltar a las obligaciones de prevenir un genocidio en Gaza, utilizando como base de competencia la Convención para la Sanción y Prevención del Genocidio de 1948 (una convención multilateral a la que ambos son Estados Parte).
El comunicado de prensa oficial de la CIJ sobre la fijación de estas audiencias está disponible en francés y en inglés.
Breve puesta en contexto
Esta acción de Nicaragua se origina en buena parte en la acción interpuesta inicialmente por Sudáfrica contra Israel.
Como se recordará, en un primer momento, Sudáfrica presentó contra Israel una solicitud a la CIJ, el 29 de diciembre del 2023, a la cual la CIJ respondió mediante una ordenanza, el 26 de enero del 2024 (véase texto oficial de dicha ordenanza en francés y en inglésy en particular lo ordenado a Israel en el párrafo operativo 86).
Posteriormente a ello, Sudáfrica presentó:
– una segunda solicitud presentada el pasado 12 de febrero del 2024, a la que la CIJ respondió el 16 de febrero mediante un simple comunicado de prensa (véase texto en francés y en inglés), indicando que no eran por el momento necesarias nuevas medidas a las ordenadas a Israel el 26 de enero;
– una tercera solicitud de Sudáfrica (cuya lectura completa y detallada se recomienda) presentada el 6 de marzo del 2024 puede ser consultada en este enlace oficial de la CIJ en inglés. a la que la CIJ aún no ha dado respuesta.
Cabe recordar que Nicaragua, al igual que más de 150 Estados, externó en su momento su satisfacción y su respaldo a la demanda sudafricana presentada ante la justicia internacional (véase nota de prensa de Swiss Info del 10 de enero del 2024). En América Latina, el primer Estado en manifestar su apoyo a la demanda de Sudáfrica fue Bolivia en un comunicado oficial de su diplomacia, con fecha del 7 de enero (véase texto integral del comunicado).
Resulta también oportuno indicar que Nicaragua no mantiene relaciones diplomáticas con Israel desde junio del 2010, en razón del ataque a una flotilla turca de carácter humanitario por parte del ejército de Israel (véase nota de El Tiempo / Colombia del 1 de junio del 2010): se trata de una situación que Nicaragua comparte con otros Estados en América Latina, siendo Bolivia (octubre del 2023) y Belice (noviembre del 2023) los dos últimos Estados en haber procedido a romper sus relaciones diplomáticas con Israel (Nota 1).
Nicaragua en respaldo a Sudáfrica y a la población civil en Gaza asediada
Con relación a otros Estados, que respaldan el accionar de la diplomacia sudafricana contra Israel, ya tuvimos la oportunidad en una nota anterior, de explicar el alcance de la solicitud de intervención presentada por Nicaragua el pasado 22 de enero, la cual fue dada a conocer por la CIJ el 8 de febrero del 2024: véase nuestra nota previa titulada «Gaza / Israel: a propósito de la reciente solicitud de intervención de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda de Sudáfrica contra Israel«.
Ahora bien, adicionalmente a esta solicitud de intervención como Estado tercero en la controversia que opone Sudáfrica a Israel, Nicaragua interpuso una demanda ante la CIJ, esta vez contra Alemania. Esta demanda fue acompañada como precisado con anterioridad, de una solicitud urgente de medidas provisionales de carácter urgente.
Esta iniciativa se registró formalmente el 1ero de marzo (véase texto oficial de su demanda), haciendo ver Nicaragua en su escrito que Alemania está ignorando con su actuar y con sus declaraciones oficiales a favor de Israel, las obligaciones que todo Estado Parte a la Convención contra el Genocidio de 1948 debe respetar, incluyendo la de prevenir un nuevo genocidio, en particular si se trata de un Estado exportador de armas hacia Israel.
La demanda también cuestiona la decisión de Alemania de suspender sine die sus contribuciones a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA), una decisión tomada con varios otros Estados a raíz de acusaciones lanzadas por Israel contra esta agencia de Naciones Unidas: como detalle de interés, estas acusaciones israelíes se dieron pocas horas después de darse a conocer la ordenanza de la CIJ del 26 de enero. ¿Mera coincidencia de calendario o sutil maniobra para desviar la atención ante el rotundo fracaso diplomático israelí en La Haya?
Al 1ero de marzo, Israel no había aún enviado las «pruebas irrefutables» a los investigadores de Naciones Unidas (véase nota de The Guardian). Al respecto, cabe señalar que el pasado 10 de marzo, Suecia y Canadá anunciaron volver a financiar a esta importante agencia humanitaria (véase nota de la BBC), al igual que Australia, anuncio dado a conocer el pasado 15 de marzo por las autoridades australianas (véase nota de la agencia AP). Noruega por su parte había indicado que no suspendería sus contribuciones hasta tanto se den a conocer las «pruebas contundentes» sobre el supuesto involucramiento del personal de esta agencia en el ataque perpetrado por el Hamás el 7 de octubre (véase nota del Times of Israel del 1ero de febrero). Un primer artículo del New York Times del 3 de marzo (véase texto) y una nota de la BBC del 11 de marzo señalan que las supuestas «pruebas irrefutables» de Israel contra varios funcionarios de la UNRWA fueron obtenidas mediante confesiones después de recurrir a amenazas, intimidaciones, tortura y maltratos de toda índole. Un dato para contraponer con la ligereza con la que se tomó la decisión inicial de suspender la contribución a la UNRWA por parte de Alemania, de Estados Unidos y de otros Estados, con base en la única información proporcionada por Israel (Nota 2). En el caso del Reino Unido, la cadena de noticias AlJazeera concluyó un extenso reportaje publicado el 13 de marzo cuya lectura se recomienda (véase enlace) señalando que: «Al Jazeera will continue to pursue its request that the UK Foreign, Commonwealth and Development Office share the Israeli allegations against UNRWA it received«.
Sobre Nicaragua y las transferencias de armas hacia Israel, es menester señalar que un mes antes, el 1ero de febrero del 2024, un comunicado oficial de Nicaragua advertía a Alemania, Canadá, Países Bajos y Reino Unido de una acción en ese sentido: véase al respecto texto de dicho comunicado reproducido en este enlace del medio El19Digital de Nicaragua. En este documento de anexo a la demanda de Nicaragua, se puede conocer el detalle del contenido de la misiva inicial de Nicaragua a Alemania (a páginas 2-9).
Al parecer, al menos por el momento, es contra Alemania que Nicaragua ha decidido concentrar su accionar ante el juez de La Haya. No se explicita en su escrito las razones exactas por esta escogencia entre los Estados proveedores de armas a Israel.
En el caso de Países Bajos, el pasado 12 de febrero, las autoridades de Israel fueron informadas de una sentencia de una corte nacional que ordena el cese inmediato de exportaciones de componentes hacia Israel para aviones de combate F-35 desde Países Bajos (véase nota de la BBC del 12 de febrero). En el caso de Reino Unido se indicó el 21 de febrero (véase nota de The Guardian) que de lanzar Israel su ofensiva sobre Rafah, se suspenderían las exportaciones de armas del Reino Unido hacia Israel. En el caso de Canadá, se informó el 14 de marzo (véase nota de CBC News) que una solicitud de Israel de vehículos militares – posiblemente de carácter urgente – está siendo tramitada de manera poco expedita por parte de las autoridades canadienses.
Las transferencias de armas hacia Israel ante un juez internacional que calificó de «plausible» el riesgo de genocidio en Gaza
En una reciente nota de prensa de EuroNews con fecha del 11 de marzo sobre el comercio mundial de armas, se indica que:
«The US and Germany accounted respectively for 69% and 30% of arms imports by Israel, which is currently fighting a deadly war against Hamas in Gaza which killed over 30,000 people, most of whom were civilians«.
No se ha tenido acceso a la fecha a algún informe técnico o cuadro comparativo de carácter público, publicado en un centro especializado sobre transferencia de armas, con relación a la proveniencia exacta de las armas, municiones y componentes electrónicos que importa Israel para equipar a su ejército (y se agradece desde ya a nuestros estimables lectores referirlo al autor si saben de su existencia enviando un mensaje a: cursodicr(a)gmail.com). Si el dato anteriormente señalado es confirmado, Alemania sería el segundo Estado en suplir de armas a Israel después de Estados Unidos.
En su demanda contra Alemania, Nicaragua indica (párrafo 53):
«53. /…/ By the end of 2023, the German Government had granted military exports to Israel in the amount of 326,505,156 euros. On January 2024, German media reported that Israel had made a request for tank shells, especifically 10,000 120-millimeter Rheinmetall precision rounds. Der Spiegel reported that Germany had agreed to deliver the request from its own stocks in order to be able to comply with the “urgency”. According to information made available by the German Government, export licences granted between January 2024 and 15 February 2024 concerned military equipment worth 9,003,676 euros».
Cabe indicar que el comercio de armas constituye un ámbito específico del derecho internacional público, con ramificaciones en el derecho interno cuando hay riesgos de ser mal utilizadas, y con un régimen jurídico que entraña responsabilidades en lo interno de los Estados exportadores de armas, como bien se analizó en un documento publicado en el 2021 que concluye (página 53):
«Legal challenges are gradually becoming a pragmatic response in the face of apparently unlawful decisions by arms exporting states. Governments should recognise this shift and the possibility that their decisions on arms exports will increasingly be subject to legal challenges before domestic courts. Their decisions must be able to withstand judicial oversight and must conform with obligations under both international and domestic law» (Nota 3).
Es de notar que el pasado 6 de marzo, la presión se ha hecho mayor sobre el Poder Ejecutivo norteamericano al publicar el Washington Post un reportaje titulado «U.S. floods arms into Israel despite mounting alarm over war’s conduct» (cuya lectura completa se recomienda), en el que se evidencia la total opacidad de las transferencias de armas de Estados Unidos hacia Israel desde el 7 de octubre.
Desde el punto de vista jurídico, no está de más señalar que ni Israel ni Estados Unidos son Estados Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas adoptada en el 2013, cuyo número de Estados Parte asciende a 113 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de los cinco Miembros Permanentes, únicamente Estados Unidos y Rusia persisten en no someterse a las obligaciones que contiene este tratado multilateral.
Con relación a Estados Unidos y a la opacidad antes señalada, hay que añadir la comprensión limitada que tiene el gran público norteamericano de la realidad que se vive en Gaza, y la manera tan parcializada de dar cobertura periodística en Estados Unidos al drama inhumano que se vive en Gaza: al respecto, se recomienda escuchar esta reciente (y muy completa) entrevista de Democracy Now.
Finalmente, en el caso de Francia, una pregunta muy precisa hecha desde el 7 de marzo del 2024 al Ministerio de Defensa galo por parte de una senadora con relación al uso dado a componentes militares de tipo «ML4» exportados hacia Israel (véase pregunta), espera una contestación. Una pregunta anterior más general hecha en noviembre del 2023 fue contestada en febrero del 2024. En la respuesta se concluía (véase enlace) que:
«La France a rappelé le droit d’Israël à se défendre, qui doit s’exercer dans le respect du droit international humanitaire. Le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire par le pays destinataire, de même que les conséquences pour la paix, la sécurité et la stabilité régionales, sont pleinement pris en compte dans le cadre de l’examen des exportations de matériel de guerre par la CIEEMG. Cette stricte grille d’analyse n’a pas conduit à suspendre intégralement le flux d’exportations de matériels de guerre depuis le 7 octobre 2023«.
La petitoria final de Nicaragua en breve
En su solicitud a la CIJ enviada por Nicaragua, y más específicamente en la parte final de su petitoria en la que le pide a la CIJ ordenar medidas provisionales de carácter urgente contra contra Alemania, se lee que Nicaragua solicita diversos puntos a los jueces de la CIJ, a saber (párrafo 101):
«…, Nicaragua respectfully requests the Court, as a matter of extreme urgency, pending the Court’s determination of this case on the merits, to indicate the following provisional measures with respect to Germany in its participation in the ongoing plausible genocide and serious breaches of international humanitarian law and other peremptory norms of general international law occurring in the Gaza Strip:
(1) Germany shall immediately suspend its aid to Israel, in particular its military assistance including military equipment, in sor far as this aid may be used in the violation of the Genocide Convention, international humanitarian law or other peremptory norms of general international law such as the Palestinian People’s right to self-determination and to not be subject to a regime of apartheid;
(2) Germany must immediately make every effort to ensure that weapons already delivered to Israel are not used to commit genocide, contribute to acts of genocide or are used in such a way as to violate international humanitarian law;
(3) Germany must immediately do everything possible to comply with its obligations under humanitarian law;
(4) Germany must reverse its decision to suspend the funding of UNRWA as part of the compliance of its obligations to prevent genocide and acts of genocide and the violation of the humanitarian rights of the Palestinian People which also includes the obligation to do everything possible to ensure that humanitarian aid reaches the Palestinian people, more particularly in Gaza;
(5) Germany must cooperate to bring to an end the serious breaches of peremptory norms of international law by ceasing its support, including its supply of military equipement to Israel that may be used to commit serious crimes of international law and that it continue the support of the UNRWA on which this Organizations has counted and based its activities«.
Al no ser Alemania el único proveedor de Israel en armas o en componentes electrónicos con fines militares, la petitoria de Nicaragua debería interesar a muchos otros Estados que son Estados Partes a la Convención contra el Genocidio de 1948; y de paso, interpelar (en Alemania) a colectivos de organizaciones sociales que, salvo error de nuestra parte, no se han preocupado por activar los mecanismos legales previstos cuando armas alemanas son exportadas hacia destinos donde es evidente su mal uso en contra de poblaciones civiles indefensas (Nota 4).
La insensatez de Israel en contra de la población civil de Gaza
El último informe de situación de Naciones Unidas al 15 de marzo del 2024 (véase informe) señala el nivel de insensatez al que se ha llegado en Israel, ignorando lo ordenado por la CIJ desde el 26 de enero del 2024, al leerse que:
«Intense Israeli bombardment and ground operations as well as heavy fighting between Israeli forces and Palestinian armed groups continue to be reported across much of the Gaza Strip, particularly in the Hamad area of Khan Younis, resulting in further civilian casualties, displacement, and destruction of houses and other civilian infrastructure.
Between the afternoon of 14 March and 10:30 on 15 March, according to the Ministry of Health (MoH) in Gaza, 149 Palestinians were killed and 300 Palestinians were injured. Between 7 October 2023 and 10:30 on 15 March 2024, at least 31,490 Palestinians were killed in Gaza and 73,439 Palestinians were injured, according to MoH in Gaza.
Between the afternoons of 14 and 15 March, according to the Israeli military, there were no Israeli soldiers killed in Gaza. As of 15 March, 247 soldiers have been killed and 1,476 soldiers injured in Gaza since the beginning of the ground operation, according to the Israeli military. In addition, over 1,200 Israelis and foreign nationals have been killed in Israel, the vast majority on 7 October. As of 15 March, the Israeli authorities estimate that 134 Israelis and foreign nationals remain captive in Gaza, including fatalities whose bodies are withheld».
Con relación a los saldos de muertos y heridos que proporciona Naciones Unidas, remitimos a una respuesta que debimos de dar a la embajadora de Israel en Costa Rica, en el marco de un foro público organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR) el 13 de marzo del 2024 y titulado «Historia y desinformación: perspectivas críticas sobre el conflicto Gaza /Israel«: de manera bastante cuestionable, la máxima representante de Israel en Costa Rica consideró útil y oportuno «advertir» horas antes del evento a sus organizadores, de la falta de validez de las cifras sobre muertos y heridos en Gaza que circulan (véase respuesta nuestra en el video de la actividad, a mn. 1:25:11). No está de más señalar que, 24 horas después de ese foro, se informó que el Rector de la UCR declinó una invitación de la misma diplomática israelí para una reunión en su casa (véase nota del Semanario Universidad del 14 de marzo del 2024).
Es de señalar que, contrariamente a lo que uno esperaría de un Estado objeto de una ordenanza proviniendo de la CIJ, Israel ha recrudecido sus acciones para impedir que la ayuda humanitaria llegue a Gaza desde el pasado 26 de enero. Un reciente informe elaborado por la ONG británica OXFAM, titulado «Inflicting unprecedented suffering and destruction: seven ways the government of Israel is deliberately blocking and/or undermining the international humanitarian response in the Gaza Strip» (véase enlace) concluye (página 15) que:
«Humanitarian access in the Gaza Strip has effectively worsened since the International Court of Justice ordered Israel to ‘‘take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip’. The continued deliberate deprivation of access to basic assistance directly increases starvation against the backdrop of a serious risk of genocide«.
A modo de conclusión
La premura de la CIJ en convocar a audiencias en el caso de Nicaragua contra Alemania responde a la urgencia total ante el drama inhumano al que Israel somete a la población civil palestina desde la tarde/noche del 7 de octubre. Notemos que estas audiencias iniciarán justo 24 horas después de cumplirse 6 meses desde el 7 de octubre del 2023.
Desde el punto de vista jurídico, cabe precisar que Alemania es Estado Parte a la Convención sobre el Comercio de Armas del 2013 (véase texto completo), cuyo artículo 6, inciso 3 se lee de la siguiente manera:
«3. Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos internacionales en los que sea parte» (el subrayado es nuestro).
Siendo la Convención contra el Genocidio de 1948 una convención ratificada por 153 Estados (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), y habiendo sido dictaminada la ordenanza de la CIJ el 26 de enero del 2024 refiriendo a una riesgo «plausible» de genocidio en Gaza, interpela el hecho que solamente Nicaragua haya iniciado una acción de esta naturaleza en contra de Estados que exportan armas hacia Israel: ¿qué esperarán todos los demás?
Más allá de la demanda de Nicaragua contra Alemania, el recurso a la justicia internacional para frenar los ímpetus de Israel en el territorio palestino ocupado constituye una vía idónea, dada la actitud desafiante de las actuales autoridades israelíes.
Con relación al papel de la justicia internacional para mediar en el conflicto entre Palestina e Israel, en una de las intervenciones hechas a nombre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) ante los jueces de la CIJ recientemente por una jurista gala de gran trayectoria – cuya lectura completa se recomienda -, en el marco de un procedimiento consultivo iniciado en diciembre del 2022, se indica en sus conclusiones que (véase texto completo y video reproducidos por la AURDIP):
«30. Et pour finir, je voudrais, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les juges, vous citer les propos du contre-amiral israélien Ami Ayalon, qui a dirigé pendant plusieurs années le service du renseignement intérieur israélien. Son chemin personnel l’a amené à s’interroger sur la notion d’ennemi et à mesurer l’impasse où se trouve Israël en ayant choisi la répression violente pour accompagner son refus de la solution politique. Et il conclut une interview donnée il y a quelques semaines à un quotidien français en disant : « La communauté internationale devrait jouer un rôle bénéfique. Nous avons besoin que quelqu’un de l’extérieur nous éclaire sur nos erreurs »».
– – Notas – –
Nota 1: Cuba no tiene relaciones con Israel desde 1967. Por su parte Venezuela rompió sus relaciones diplomáticas con Israel en enero del 2009, a raíz de la dramática ofensiva militar en Israel observada entre diciembre del 2008 y enero del 2009 (véase nota de prensa de El Pais /España). Al igual que Venezuela en el 2009, Bolivia también rompió sus relaciones diplomáticas con Israel, las reanudó oficialmente a finales del mes de noviembre del 2019 (véase nota de prensa del 2019 de la agencia turca de noticias TRT) para suspenderlas el pasado 31 de octubre del 2023 (véase comunicado oficial de Bolivia de la misma fecha). El 14 de noviembre del 2023, Belice optó por tomar una medida similar a la de Bolivia (véase comunicado oficial).
Nota 2: Se leyó en el New York Times del 28 de enero que (véase artículo completo):»Two Western officials confirmed on the condition of anonymity that they had been briefed on the contents of the dossier in recent days, but said they had not been able to verify the details. Although the United States has yet to corroborate the Israeli claims itself, American officials say they found them credible enough to warrant suspending aid «. Se esperaría de periodistas y círculos de investigadores una profusa investigación para corroborar la fecha exacta de los «recent days» señalados en este extracto. Ello de manera a saber si más allá de un mera coïncidencia del calendario, se trató de una operación de comunicación de Israel tendiente a desviar la atención de la comunidad internacional sobre el alcance de la ordenanza de CIJ leida el 26 de enero del 2024 en La Haya. No estaría de más investigar a partir de qué elementos aportados, el Presidente de Estados Unidos se refirió a pruebas «highly highly credible» el 30 de enero (véase nota del Timesof Israel).
Nota 3: Véase ATT Expert Group, Domestic accountability for international arms transfers: Law, policy and practice, Saferworld, 2021, 54 páginas. Texto disponible haciendo click en «donwload» aquí. Véase también con relación a la normativa regional de la Unión Europea en la materia MERLIN J.-B., «Les contentieux nationaux relatifs à la vente interétatique d’armes«, Vol. 65 Annuaire Français de Droit International, Année (2019) pp.71-103. Texto integral de ese artículo disponible aquí. En Canadá y el debate sobre la ilegalidad de las armas enviadas a la coalición liderada por Arabia Saudita en la guerra civil en Yemen, véase AZAROVA V., DAVID E., TURP D., WOOD B., Opinion on the International Legality of Arms Transfers to Saudi Arabia, the United Arab Emirates and Other Members of the Coalition Militarily Involved in Yemen, IPIS, 102 páginas, December 2019. Texto integral disponible aquí.
Nota 4: En octubre del 2018, Alemania suspendió sus exportaciones de armas hacia Arabia Saudita, en razón de las exacciones cometidas en Yemen por la coalición liderada por Arabia Saudita contra civiles yemenitas y el vil asesinato de un perdiodista saudí en el Consulado saudita en Turquía (véase nota de la DW). Unos años antes, en febrero del 2011, Francia decidió suspender toda exportación de armas hacia Egipto, ante la brutal represión de manifestantes (véase nota de Le Monde). Más recientemente, en junio del 2020, fue España la que optó por suspender el envío de 600.000 cartuchos a Nicaragua debido a la represión desproporcional en contra de manifestantes por parte de las autoridades policiales nicaragüenses (véase nota de Mesa Redonda).
En una misiva dirigida a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el ciudadano Marco Levy Virgo ha solicitado a la comisión que tome medidas para proteger los derechos de la población afrodescendiente en Costa Rica.
En su comunicado, Levy Virgo hace referencia a disposiciones legales y decretos ejecutivos, como el N° 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, que reconocen la existencia de una población afrodescendiente en el Caribe costarricense y la importancia de preservar su identidad cultural, tradiciones y territorios ancestrales. Sin embargo, señala que hasta la fecha no se ha promulgado una ley específica que garantice plenamente los derechos de esta población tribal.
El solicitante destaca que la Asamblea Legislativa, al aprobar la Ley Indígena en 1977, excluyó a la población afrodescendiente de sus disposiciones, des-aplicando así el Convenio Internacional de Derechos Humanos N°107 de 1957 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegía los derechos de las poblaciones indígenas y tribales, incluyendo a los afrodescendientes.
En vista de esta situación, Levy Virgo solicita a la Comisión de Derechos Humanos que informe sobre las gestiones, acciones y proyectos de ley planificados a favor de la población afrodescendiente. En particular, se enfoca en dos aspectos clave:
Delimitación y demarcación del territorio ancestral afrodescendiente: Dado que el Estado reconoce la presencia histórica de la población afrodescendiente en la costa del Caribe costarricense, se solicita a la Comisión que intervenga para que el Estado proceda a establecer legalmente los límites, dimensiones, ubicación y extensión del territorio ancestral afrodescendiente, protegido por el Convenio 169 de la OIT.
Creación de una ley especial para proteger los derechos de la población tribal afrodescendiente: Aunque el Estado reconoce a la población afrodescendiente como población tribal y su protección bajo el Convenio N°169 de la OIT, no existe una ley específica que salvaguarde sus derechos de propiedad ancestral. En este sentido, se insta a la Comisión a tomar medidas para promover la creación de una ley que proteja plenamente los derechos de la población afrodescendiente, de manera similar a la ley existente para los pueblos indígenas.
La solicitud de Marco Levy Virgo pone de relieve la necesidad de garantizar la igualdad de derechos y protección para la población afrodescendiente en Costa Rica. Se espera que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa tome acciones concretas y promueva la promulgación de leyes que salvaguarden los derechos de esta comunidad tribal, asegurando así la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos costarricenses.
El día de ayer, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas que aborda el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recibía al Estado Costarricense para que brindará su informe sobre el cumplimiento y seguimiento de este Tratado Internacional suscrito por el país, sin embargo, la Administración Cháves Robles ha dejado una vez más plasmado su desinterés por las más de 670.000 personas en situación de discapacidad del país.
No solo no enviaron a una delegación desde Costa Rica que tenga conocimiento y preparación sobre el tema -que de paso nos preguntamos una vez más, ¿dónde está el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, el señor Ricardo Sossa y el CONAPDIS?-, sino que las personas que estuvieron presentes, como el señor Embajador de Costa Rica en Ginebra, MR. Christian Guillermet Fernández, no supo responder a ninguna de las interrogantes realizadas por el Comité, e incluso manifestó: “Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”, terminando él y las otras personas que le acompañaron agachando la cabeza ante la vergonzosa participación que tuvieron.
Fue tal la lamentable participación de Costa Rica, que el señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité manifestó: “Estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Desde el Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad no solo denunciamos nuestra decepción y enojo ante la falta de seriedad y compromiso por parte del Gobierno de Costa Rica hacia las personas en situación de discapacidad, sino que exigimos una explicación ante la lamentable y vergonzosa participación que tuvieron y por qué el rector en materia de discapacidad (CONAPDIS) y el Comisionado Presidencial de Inclusión Social, no estuvieron presentes.
¡LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD MERECEMOS RESPETO Y UN ESTADO QUE GARANTICE NUESTROS DERECHOS!
Diferentes instancias de la UCR se unen para realizar exposición y foro
Este lunes 18 de marzo se cumplen 5 años del asesinato impune del líder indígena Bribri del clan U̱niwak, Sergio Rojas Ortiz. A dos meses del quinto aniversario de este asesinato político, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de la Zona Sur dictó sobreseimiento definitivo alegando que las evidencias recolectadas no son suficientes para realizar el proceso a cabalidad.
Sergio, quien también fue recuperador de tierras y defensor de la vida de los Pueblos Indígenas, fue amenazado de muerte en múltiples ocasiones y sufrió varios intentos de asesinato motivados por su rol dentro de los movimientos indígenas que se organizaron en favor de la recuperación de su territorio. Aun cuando sabía que su vida corría peligro, él mantuvo claro que su lucha es colectiva y en favor de la autodeterminación que les corresponde a los pueblos originarios.
Estamos conscientes que este tipo de violencia racista sistémica sigue siendo ejercida hacia las personas indígenas por parte de múltiples actores y que tiene una incidencia directa en mantener el conflicto por los territorios en el que actualmente se encuentran los Pueblos Originarios del sur de Costa Rica.
Es por esto que, en el marco del quinto aniversario del asesinato de Sergio Rojas, se ha organizado una exposición que lleva por nombre “Justicia y pueblos indígenas en la Costa Rica actual: memoria de la vida y pensamiento de Sergio Rojas Ortiz” donde se recuperan narrativas y testimonios en un esfuerzo por reconstruir su pensamiento y liderazgo, la muestra permanecerá por tres semanas en el Lobby de la Facultad de Ciencias Sociales (1 piso). También se desarrolla el conversatorio titulado “Pueblos indígenas: reflexiones sobre la impunidad en el caso de Sergio Rojas Ortiz”. Las actividades se realizarán a partir de las 4:00 pm en el Lobby de la Facultad de Ciencias Sociales (1 piso) en la Ciudad de la Investigación, para posteriormente pasar al conversatorio en la Sala de Audiovisuales del mismo edificio. Participaran personas de la academia, así como personas de los territorios originarios.
A pesar de cinco años de ausencia física, la semilla de Sergio Rojas continúa floreciendo en los distintos territorios que han sido recuperados, inspirando otras luchas y defensas a favor de los territorios originarios. Su pensamiento forma parte de una memoria ancestral que nos recuerda que cuando nuestras luchas colectivas no cesan a pesar de la ausencia física.
República de Argentina planteó la solicitud de una opinión consultiva sobre el derecho al cuidado el año anterior; otros Estados, entre ellos Costa Rica, se han sumado.
Un conversatorio analiza los avances y los pasos a seguir dentro de este proceso que busca alcanzar un nivel de igualdad y equidad en favor de las mujeres, a quienes se les encarga tradicionalmente las tareas de cuido.
UNA Comunica. 13 de marzo de 2024. La labor de cuido ha recaído históricamente en las mujeres y ello ha conllevado a que se normalice una serie de actitudes discriminatorias que generan consecuencias económicas y sociales en su contra. Para atenuar esta situación, la República de Argentina planteó una solicitud, en enero de 2023, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que emita una opinión consultiva que reconozca el derecho al cuidado.
Justamente esta semana, del 12 al 14 de marzo, la Corte IDH, con sede en Costa Rica, recibió en audiencia a los Estados y organizaciones que apoyan esta tesis.
La Universidad Nacional (UNA), por medio del proyecto Trabajo y Crisis de la Escuela de Economía y el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) apoyan y colaboran en esta gestión de la que son parte, además de Costa Rica, Colombia, México, Chile, Paraguay y Uruguay, países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos.
“Como Universidad, estamos plenamente identificados con aquellas acciones que garanticen la igualdad en las relaciones sociales que han propiciado una brecha importante en los roles entre los hombres y las mujeres. Tradicionalmente se ha encomendado a la mujer, en su papel de madre y de cuidadora del hogar, la responsabilidad de velar por la seguridad de hijos, adultos mayores y personas con discapacidad, cuando esta responsabilidad debería ser compartida y asumida con absoluto apego a la justicia y la equidad”, manifestó Irma Sandoval, investigadora del Idespo.
La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2022 reveló que, en Costa Rica, las mujeres incrementaron en un 16,4%, entre el 2017 y el 2022, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado. En términos nominales, las mujeres dedican 32:04 horas a la semana a estas labores, mientras que los hombres destinan 16:30 horas. Por ejemplo, el cuidado de personas totalmente dependientes está a cargo de las mujeres en un 77%.
La valoración de estos datos la hizo el Programa Estado de la Nación el pasado 8 de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, al señalar que “muchas de las brechas en el mercado laboral se asocian con factores culturales y sociales históricos, al valorar de manera diferenciada los roles de género en los distintos ámbitos de interacción. Un ejemplo es la injusta distribución del trabajo doméstico no remunerado”.
A escala mundial, el panorama no tiende a cambiar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que las mujeres dedican 3,2 veces más horas que los varones a los trabajos no remunerados.
El proceso
Fue el 20 de enero del año anterior cuando la República de Argentina dirigió un oficio a Juan Enrique Pérez Manrique, juez de la Corte IDH, solicitando una opinión consultiva sobre el tema del cuidado.
En el escrito, se detalla que “las desigualdades en el ámbito del cuidado anteceden y explican las diferencias entre los géneros en el ejercicio y goce de los derechos humanos: el papel social y tradicional de las mujeres como proveedoras de los cuidados y encargadas del trabajo doméstico, ha limitado su capacidad para incursionar en el mercado laboral formal y coartado su autonomía económica”.
Luego de la presentación de la solicitud por parte de la República de Argentina, la Corte admitió la presentación del pedido y habilitó una instancia para que los distintos actores presentaran la documentación que argumenta la posición de que el cuidado debe considerarse un derecho desde el sistema interamericano.
“Estos documentos se les conoce como amicus curiae que son presentados por las partes solicitantes de una opinión consultiva de parte de la Corte, y donde se aporta información relevante que le va a permitir al Tribunal deliberar e interpretar. Este proceso ya concluyó y ahora empezamos esta semana con las audiencias orales, para que luego se proceda con la parte deliberativa de cara a una decisión final”, detalló Laura Pautassi, experta de referencia internacional de cuidados y académica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina, quien está de visita en el país para participar las audiencias.
Conversatorio
En el marco del proceso de audiencias públicas, el próximo 14 de marzo se llevará a cabo el conversatorio El reconocimiento del derecho al cuidado en América Latina y el Caribe, a partir de las 5:30 p.m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica.
Durante el conversatorio se hará un recuento de las acciones que han conllevado a la presentación de esta solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del estado de situación en los países y de los retos que se avecinan en la lucha para que se avance en el reconocimiento de este derecho.
“Desde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha considerado que el derecho al cuidado se viene configurando de manera progresiva, que es un derecho cuyo reconocimiento y protección debe fortalecerse. Sobre esa perspectiva, los Estados deben avanzar para que la justicia social y económica garantice una mayor equidad en favor de las mujeres”, agregó Leonela Artavia, economista y coordinadora del proyecto Trabajo y Crisis de la UNA.
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Un día de indignación entre las personas con discapacidad de Costa Rica y específicamente para las mujeres y niñas con discapacidad
El día 14 de marzo era un día importante, la administración Chaves Robles tuvo el encuentro para establecer un diálogo con el Comité de la Organización de Naciones Unidas, para abordar el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, el encuentro se desarrolló en Ginebra Suiza, mismo donde las organizaciones de personas con discapacidad de Costa Rica presentaron sus informes y el encuentro fue una completa decepción. Según las palabras del señor F. Morris, integrante experto de dicho Comité “estamos decepcionados en cuanto a las respuestas que nos han dado (en referencia a las respuestas enviadas por el Estado) y ustedes excelencias han secundado esta decepción”.
Las respuestas de los representantes del Estado en la audiencia fueron evasivas, incorrectas y sin contenido, reflejando la indiferencia con la que el Estado asumió esta participación.
En sus palabras de cierre el embajador de Costa Rica, MR Christian Guillermet Fernández, -a quien le correspondió asumir la representación ante la ausencia de una delegación del Gobierno-, mencionó “…. Esta es una experiencia les voy a ser totalmente franco y sincero, que espero que me llegue la pensión antes de que tenga que repetirla, porque ha sido muy difícil para mí sentarme aquí delante de ustedes y oír la molestia por parte de los miembros del Comité por la falta de respuestas de nuestra parte o según el entendido de que ellas, no han sido lo suficientemente claras”.
Desde ALAMUD denunciamos públicamente la falta de seriedad de las autoridades gubernamentales y la ausencia de interés del Gobierno de turno por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, al punto de no enviar a este encuentro a ninguna persona técnica, ni a ninguna autoridad.
La Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad y mujeres de 6 organizaciones más y activistas independientes presentaron un informe alternativo al del Estado e hicieron enormes esfuerzos para redactar el informe recogiendo la realidad de mujeres con discapacidad de las 7 provincias del país. Lo hicieron sin recursos y para poder presentarlo en la sede de Naciones Unidas debieron buscar los apoyos de otras organizaciones para que se financiara la participación, sin contar con recursos públicos.
Es importante, indicar que las mujeres y niñas con discapacidad de Costa Rica enfrentamos una muy difícil situación en nuestras cotidianidades, caracterizadas por una diversidad étnica, geográfica, etaria, cultural, lingüística, y también vivimos con mayor riesgo de violencia y discriminación en razón de factores como la dependencia económica, el nivel educativo y la negación de la capacidad jurídica, entre otros.
Situación de las Mujeres con Discapacidad en Costa Rica
Somos el 61% de la población con discapacidad y el 17,6% del total de mujeres del país estamos en situación de discapacidad. Un 65,3% de las mujeres con discapacidad ha experimentado al menos una forma de violencia, el 31.1% han sufrido maltrato físico y el 20% han sufrido violencia sexual. Somos el 82.8% de las personas que tienen “mayores dificultades” para el desempeño de actividades de la vida diaria. Por otro lado, el 62.3% de las mujeres con discapacidad señalan que sus condiciones de salud son de regulares a malas.
En materia laboral el desempleo afecta a más del 70% de mujeres con discapacidad y si ya el salario de una persona con discapacidad es un 11% más bajo, disminuye a un 23% más bajo cuando se trata de mujeres en situación de discapacidad.
Ante esta realidad el Gobierno, es indiferente, guarda silencio y desatiende sus obligaciones, debilitando el Estado Social de Derecho y la democracia costarricense.
Compartimos el Informe Alternativo sobre el Cumplimiento de las Disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado Costarricense, en relación con los Derechos de las Mujeres y las Niñas.
Recordemos que, la guerra Israel-Gaza, es un conflicto armado en curso que comenzó el 7 de octubre de 2023, mientras los israelíes festejaban la fiesta de Sucot, grupos armados de militantes palestinos, principalmente de Hamás y la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un gran ataque contra Israel desde la Franja de Gaza, con cohetes y un ataque de comandos en camiones y motocicletas. El ataque tomó a Israel por sorpresa, durante el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Israel respondería poco después con una represalia denominada «Operación Espadas de Hierro», que incluiría bombardeos e incursiones militares contra la Franja de Gaza.
Han pasado 22 semanas del inicio del conflicto, y se ha agregado como aliado de Gaza, la nación árabe de Yemen-Asia, más específicamente, el movimiento de los Hutíes de Yemen.
Yemen del Norte, que era la República Árabe de Yemen, y Yemen del Sur, anteriormente la República Democrática Popular de Yemen, se unificaron en 1990, esto sacudió la geopolítica de la región, porque Yemen del Norte era de orientación socialista y Yemen del Sur era socialista marxista-leninista.
La ONU considera que Yemen vive la crisis humanitaria más grave del planeta, con más del 80% de la población necesitada de protección. Según la organización internacional, más de 16 millones de yemeníes pasan hambre. Considerando esta realidad, no es de extrañar la respuesta a occidente de los rebeldes yemenitas.
Es decir, en la actualidad, Yemen se encuentra entre las naciones más pobres de Asia y del mundo árabe.
Por otro lado, el movimiento Hutí, es antiimperialista, anticolonial, y sus acciones son una demostración práctica de solidaridad, con el pueblo palestino; los Yemenitas lo hacen deteniendo el comercio controlado por los países occidentales, que son los patrocinadores de Israel en la guerra colonial y el genocidio en Gaza.
En 1992 se formó el movimiento político Ansarolá (que significa los que creen en Dios) que hoy es más conocido como el movimiento hutí, nombre que honra a uno de los líderes del movimiento, Badredin Hutí, asesinado en 2004, durante un levantamiento contra el gobierno. Los hutíes proceden de la comunidad zaidí del islam chií, es decir, son árabes islamitas.
No obstante, los hutíes no pretenden ser una organización religiosa, sino un movimiento político de resistencia a la injerencia occidental en Yemen.
El escenario de detención del comercio, por parte de los hutíes, es en el mar rojo, por donde fluye el 15 por ciento del comercio internacional del mundo, y más específicamente en el estrecho Bab al Manded clave para el comercio mundial. El volumen de buques de carga que atraviesan este estrecho, ha descendido casi un 60% desde que comenzaron estos ataques de los hutíes. El estrecho de Bab al Mandeb, une al Índico con el Mediterráneo a través del canal de Suez. Esto explica la importancia geoestratégica y geoeconómica del estrecho de Bab al Mandeb.
¿Cuál ha sido el aporte-apoyo de los hutíes a la lucha de Palestina?
En octubre del año pasado, inmediatamente después de la invasión a la Franja de Gaza por parte del régimen israelí, Yemen se solidarizó con el pueblo de Palestina. El Ejército yemení lanzó una serie de ataques contra barcos vinculados a Israel en el mar Rojo, utilizando drones, misiles de crucero y balísticos, que provocaron repercusiones en todo el mundo.
Luego, a mediados de noviembre, altos funcionarios yemeníes dejaron claro que ya no tolerarían ningún transporte marítimo vinculado al régimen israelí frente a sus costas. Anunciaron que el Ejército yemení, atacaría todos los barcos propiedad de empresas israelíes u operados por ellas, o que lleven la bandera del régimen israelí. A su vez, también solicitaron, a todas las naciones que retiren a sus ciudadanos que trabajan como tripulantes en dichos buques, enviando una señal clara de lo que estaba por venir.
Occidente, a su vez, subestimó el poder militar yemení, retratándolos como guerreros tribales con armas rudimentarias.
Lo que continuó fue que, Yemen inició operaciones militares contra la flota mercante afiliada a Israel, apoderándose primero del carguero Galaxy Leader de 189 metros de eslora mediante el uso de helicópteros y lanchas rápidas.
Luego, durante diciembre y enero, veinte barcos más fueron atacados con drones, misiles antibuque y balísticos, mostrando a la audiencia mundial un impresionante arsenal de diversas armas fabricadas localmente. Algunas de estas armas incluían misiles navales, misiles de crucero de largo alcance y municiones sospechosas.
Más adelante, a pesar del establecimiento de patrullas navales en los mares Rojo y Arábigo, de EEUU y el Reino Unido, Yemen no se inmutó y los ataques contra barcos afiliados a Israel continuaron con mayor ritmo y convicción. No detuvieron los ataques, sino que intensificaron las operaciones y las amplió, a las flotas mercantes de los países implicados en la agresión, provocando así una caída aún más significativa del tráfico mundial a través de Bab El-Mandeb.
Yemen llevó a cabo el mayor ataque con decenas de drones, utilizó nuevos drones submarinos y misiles balísticos antibuque contra una treintena de barcos, dañó a una docena más y hundió dos cargueros británicos.
En fin, para EEUU, las acciones de los hutíes, han sido una derrota táctica por un país que, durante mucho tiempo, ha sido considerado un actor menor en el escenario internacional.
Finalmente, para Israel y sus aliados, deben advertir el peligro sobre lo que sucedería en el mar Mediterráneo, en caso de una extensión del conflicto al movimiento de la Resistencia libanés Hezbolá, así como para el propio dúo angloestadounidense, en el caso de aventuras belicistas en el Golfo Pérsico.
¿Qué representan los hutíes en el escenario geoestratégico del Medio Oriente?
El periodista especializado en política internacional y corresponsal de guerra, Eduardo Vasco, en su artículo: Los hutíes abren la caja de Pandora y ponen en jaque el imperialismo y el sionismo, señala al respecto que, «los hutíes lograron hacer lo que Israel y Estados Unidos han tratado de evitar a toda costa, hasta ahora: convertir el genocidio en Gaza en una crisis global» y, además, golpear «la economía, al bloquear el tránsito por el Mar Rojo de cualquier buque o embarcación israelí con destino a Israel».
Es decir, «la acción hutí no es espectacular solo porque golpea la columna vertebral de la maquinaria genocida de Israel, sino, sobre todo, porque está paralizando la economía mundial, es decir, el funcionamiento mismo del régimen capitalista, que está en la raíz del problema de la guerra de agresión en el Medio Oriente». Reiterando que, «el bloqueo naval impuesto por los hutíes tiene el potencial de intensificar la guerra y expandirla al resto de la región y también dañar radicalmente el comercio mundial».
Por ejemplo, señala Vasco: «⅓ del suministro marítimo de petróleo pasa por el Mar Arábigo (entre la India y la Península Arábiga) y el bloqueo del Mar Rojo, aunque los hutíes han garantizado que solo se aplica a los barcos relacionados con Israel, en realidad hace temer a todas las empresas, provocando un aumento del precio del petróleo debido al desvío de la ruta – British Petroleum ya ha anunciado que ya no pasa por allí. Más del 60 % de las líneas navieras internacionales ya han suspendido el transporte a Israel a través del Mar Rojo y las empresas que han decidido cambiar de rumbo (como Maersk, MSC, CMA, CGM y Hapag-Lloyd) representan más de la mitad del transporte mundial de contenedores».
Finalmente, indica, Mohammed Abdul-Salam, portavoz del movimiento Ansar Allah (nombre oficial de la organización hutí), indicó el carácter de la operación: «la causa palestina no está abierta a la negociación y no podemos aceptar lo que le está sucediendo al pueblo de Gaza». Se trata de una acción enteramente solidaria e internacionalista, motivada por los más nobles sentimientos de hermandad con los palestinos. Los hutíes, en este momento, son la máxima expresión de los sentimientos de todos los musulmanes del mundo, (y de millones de no musulmanes humanistas, progresistas, democráticos y socialistas). Por lo tanto, cuentan con un apoyo moral inquebrantable e inalcanzable.
Proyectos de ley se ventilan actualmente en la corriente legislativa
Quienes suscriben, miembros integrantes del Consejo Académico de Áreas, han conocido la Resolución CC-CSE-2-2024, con fecha 21 de febrero de 2024, del Consejo Superior Estudiantil, que coordina el estudiante Nickolas José Guevara Díaz, donde solicita expresamente a este Consejo “sumarse al llamado y manifestar un apoyo afirmativo al proyecto y que realicen un esfuerzo conjunto para instar a las diputaciones en la Asamblea Legislativa a votar afirmativamente en primer y segundo debate el proyecto de Ley 20.970”, que busca “PROHIBIR TODAS AQUELLAS ‘TERAPIAS’ DIRIGIDAS A REVERTIR O MODIFICAR CON FINES DE PRETENDIDA ‘CURACIÓN’ LA ORIENTACIÓN SEXUAL DE LAS PERSONAS LGBTI”.
Al respecto, las y los aquí firmantes manifestamos nuestro rotundo respaldo al proyecto y otras iniciativas de Ley en ese sentido. Apoyamos de forma contundente el llamado del Consejo Superior Estudiantil para instar a los Diputados y Diputadas de la República a aprobar, en primer y segundo debate, dichas propuestas.
Sobradas manifestaciones éticas y científicas concuerdan en que las llamadas “terapias de conversión” atentan contra la dignidad y la salud física y mental de las personas, y constituyen una flagrante violación a los Derechos Humanos. Esas “terapias” equivalen a verdaderas torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Constituyen además una de las formas más violentas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género contra la población LGBTQI+, cuyas manifestaciones se han dado impunemente a lo largo de la historia.
Estudios científicos llevados a cabo desde diferentes áreas del conocimiento han desarrollado ampliamente el tema y concuerdan en condenar estas prácticas. En esa dirección, importantes instancias se han manifestado en contra de las “terapias de conversión”, como la Caja Costarricense de Seguro Social, la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Profesionales en Psicología, numerosos organismos internacionales, Embajadas acreditadas en el país e incluso el Ministerio de Salud, yendo hasta proponer que sean enjuiciadas penalmente aquellas personas que en el ejercicio profesional de las ciencias de la salud induzcan o incurran en dichas prácticas, con lo cual estamos de acuerdo.
Por tanto, exhortamos a los Diputados y Diputadas de la República a votar a favor del proyecto de Ley 20.970 y de cualquier otra iniciativa de proyecto de ley que se ventile en la corriente legislativa, cuyo objeto sea prohibir todas aquellas “terapias” dirigidas a revertir o modificar, con fines de pretendida “curación”, la orientación sexual de las personas LGBTQI+, ya que las mismas constituyen una verdadera amenaza a la salud pública.
Suscriben el 8 de marzo, 2024 en oficio CAA-22-2024
Dr. Francisco Guevara Quiel, decano de la Facultad de Letras y coordinador del Consejo Académico de Áreas
Estudiante Valentina Palacio Mora, presidenta de la Federación de Estudiantes UCR
Dr. Orlando Arrieta Orozco, decano de la Facultad de Ingeniería
Dra. Magda Cecilia Sandí Sandí, decana de la Facultad de Educación
Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas
Dra. Rosaura Romero Chacón, decana de la Facultad de Ciencias
Dr. Norman Rojas Campos, decano de la Facultad de Microbiología
Dra. Isabel Avendaño Flores decana de la Facultad de Ciencias Sociales
Dr. Oriéster Abarca Hernández, coordinador del Consejo de Áreas de Sedes Regionales
MGA. Enrique Montenegro Hidalgo, decano de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias
Dr. Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina
PhD. Cristina Barboza Solís, decana a. i. de la Facultad de Odontología
M.Sc., M.L. Jáirol Núñez Moya, director de la Escuela de Estudios Generales
M.A. Juan Carlos Calderón Gómez, decano de la Facultad de Artes
Dra. Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho
Dra. Flor Jiménez Segura, decana del Sistema de Estudios de Posgrado
Consejo Académico de Áreas Consejo Académico de Áreas, Universidad de Costa Rica
