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Etiqueta: derechos humanos

Se me asa la cara de vergüenza

Lic. Rafael A. Ugalde Quirós

Comienzo aclarando que tuve dos opciones frente a la lectura de la moción apoyada por la mayoría de los diputados del Frente Amplio (FA) en la Asamblea Legislativa, contra el pueblo cubano, pues para nadie es un secreto la está pasando mal por un feroz bloqueo financiero y comercial, recrudecido por la nazifascista administración Trump. Guardaba silencio cómplice y cobarde, me dije, esta madrugada, como lo están haciendo hasta ahora partidos políticos, centrales sindicales, movimientos populares, intelectuales y profesionales, en otra hora incondicionales defensores de los pueblos y sus causas justas, inspirados por el ejemplo de grandes hombres y mujeres como Juan Rafael Mora, el General Cañas, Joaquín García Monge, nuestra Carmen Lyra, Joaquín Gutiérrez, Manuel y Eduardo Mora, José Merino y un gran etcétera, o levanto la voz, aunque hoy sea la única, contra los cómplices y cobardes, que con su significativo silencio atacan a Cuba y los pueblos del mundo, junto a quienes luchan por su libertad e independencia.

Comprendo plenamente que esta Asamblea Legislativa es el punto de coincidencia de sionistas, defensores de los mata niños en Gaza, de grandes exponentes del chauvinismo, al mejor estilo nazi, así como del moderno fascismo repartido estratégicamente a lo largo de Nuestra América.

Si, fascismo puro y simple con F y A mayúsculas. Sin embargo, no obsta lo anterior, para descubrir cómo se asumen posiciones oportunistas contra la Cuba de Martí y Fidel, al mejor estilo de cantina barata y burdel propios, representados por nuestra politiquería, con miras a las elecciones de 2026. El imperialismo yanki – no vengan a decirme quienes guardan silencio cómplice que eso ya cambió – cobra a la Revolución y a su pueblo su rebeldía, no ponerse de rodillas ni implorar clemencia. Ese pueblo no conoce ese idioma. Lo conozco y se los garantizo. Por eso, acude al trillado negocio de los Derechos Humanos, los presos políticos, el terrorismo, la democracia, bla bla que, la izquierda caviar, «progre» etc., tiene años de memorizar el mantra.

Si, son los derechos humanos revestidos de cinismo puro, que les permite cazar negros, blancos, chinos, mujeres, niños, etc., como en la época de la esclavitud, encadenar sus manos y pies de estos seres humanos y luego registrarlos como criminales, cuando sus supuestos criminales lo único que hicieron fue llegar a Estados Unidos por un «sueño americano» que, sin duda alguna, la gente del FA, al apoyar la moción contra la Revolución, lo invita a usted a que se coma el cuento del «sueño americano» y ayude a poner grilletes a la gente más humilde. No es, por tanto, humillante ni violatorio a los Derechos Humanos.

La aberrante moción diputadil, entre otras cosas, habla de presos políticos en Cuba, pero por un asunto de decencia y ética mínima, ya sabemos que en algunos casos es difícil pedir sapiencia, debieron de exigir al menos a quien o quienes enviaron redactada la iniciativa legislativa para su firma, un par de nombres de esos pobres presos políticos, a fin de evitar una «pelada» y ridículo mayor. No llevan razón política ni jurídicamente hablando, cuando plantean el tema electoral para Cuba dentro del llamado marco de «elecciones democráticas» y carencia de partidos, al mejor estilo de la democracia que hizo diputados a gente del FA. ¡Dios o el diablo saben por qué eligieron tan poquitos legisladores y por qué no da alas a animal ponzoñoso! Acaso esta gente desconoce que en Cuba hay elecciones periódicas y que los candidatos a los distintos puestos son escogidos en representación de los distintos sectores sociales, pueden ser revocados de sus puestos si salen inútiles, corruptos o con algún grado de invencibilidad política. Esta democracia es popular y directa por la participación y empoderamiento que adquieren todo tipo de trabajadores y trabajadoras. Esta democracia -como hay muchos otros tipos en el mundo- no tiene que ser exclusiva ni tampoco única del sistema cubano o suizo, entre otros, excepto que se renuncie al derecho de organización política que cada país tiene y escojamos el injerencismo en los asuntos internos de otras naciones como forma vulgar, chambona, descarada y sin reservas de hacer politiquería de borracho.

Este sistema de escogencia, al menos para Cuba, no permite que los candidatos a puestos populares tengan que correr hacia banqueros de cuestionadísima reputación, como en el pasado, para dejar empeñada su conciencia y dignidad por unos dólares más cuando alcance, por ejemplo, una diputación. Antes de 1960 eso sí ocurría: dueños de puteros, banqueros cuestionados por lavar dinero de la mafia, del contrabando o la drogas (muchos entraban al parlamento cubano como Pedro por su casa), pues no necesitaban presentarse como candidatos a la presidencia de la República, a diputado o a un puesto en el municipio, porque ya tenían comprada su peonada vía financiamiento a sus partidos políticos y a quienes resultaban electos. Iban por el paquete completo y si usted quería estatus y riqueza era cuestión de fundar una de estas organizaciones electorales para traficar influencia, lavar dinero. esconder activos etc.

Por eso, no puedo guardar silencio frente a la injusticia, máxime cuando recuerdo que miles de cubanos y cubanas han quedado ciegos porque hay una prohibición de vender unas gotas para bajar la presión ocular a quienes padecen de glaucoma. Otros han sido amputados de sus piernas por falta de medicamentos contra la diabetes. Que son miles los niños que salen de su escuela con hambre y no saben si encontrarán su almuerzo caliente porque a Cuba se le prohíbe vender piezas de repuestos para sus centrales de electricidad. Aun así, la tienen como violadora de derechos humanos y en una lista de países promotores de terrorismo, porque al imperio supremo, al que parece desde hace rato se alineó la gente del FA, ordena enlistarla, aunque nunca ha puesto una bomba en un avión cargado de deportistas en Barbados, ni lanzado virus contra plantaciones agrícolas en ningún país del mundo, ni ha invadido este o aquel país, para cambiar de gobierno, llámese Guatemala, El Salvador, Granada, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, ni ha robado a nadie territorio alguno.

No obstante, la ofensiva yanki, tendiente a estrangular a Cuba, no solo se seguirá reflejando en nuestra Asamblea Legislativa, sino se verá en universidades y foros, en la medida que lo permitamos, obligándonos a guardar silencio cómplice. Pero esta ofensiva nazi fascista-sionista, también nos enseña que quienes plantean unidad, refundación, alianzas etc., con grupos veletas sin que, abordemos a fondo y discutamos sin tapujos, cuestiones de urgente actualidad, si realmente vale la pena y acaso es posible un proyecto país de democracia popular, antimperialista, de justicia social y soberano, sin que el asunto no esté resuelto por el fondo y transparente totalmente.

O por el contrario, en aras de esa unidad pegada con saliva, o como quieran llamarla, sacrificamos principio, frente a unas próximas elecciones 2026, sin ningún contrapeso serio y decoroso frente a la oligarquía. En el plano exterior, este silencio hiriente y cruel por lo que han hecho al pueblo cubano, está diciendo a todos los hermanos y hermanas de Nuestra América: ¡Conózcanos! No queda nada de la Gran faena antimperialista de 1856.

Y el suscrito está lleno de defectos, diría que cargo con miles de ellos, nací en esta tierra, pero un momentito, ¡por favor! ¡Oportunista no soy!

12 de julio 2025.

Corte IDH reconoce que el cambio climático es un asunto de derechos humanos

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca como histórica la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida el 29 de mayo de 2025. Esta resolución establece que los Estados tienen obligaciones jurídicas claras e inmediatas frente a la emergencia climática, desde un enfoque de derechos humanos. La opinión fue solicitada por Chile y Colombia.

Este hito internacional convierte al cambio climático en un asunto jurídico que requiere acción estatal urgente, y reconoce explícitamente el derecho a un clima sano. También señala que los Estados deben prevenir daños ambientales irreversibles y proteger especialmente a las comunidades más vulnerables. Refuerza compromisos como el Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de París.

La Corte enfatiza que el deterioro ambiental afecta múltiples derechos humanos, como el acceso al agua, la salud, la alimentación y la participación ciudadana. Por tanto, insta a los Estados a alinear sus políticas públicas con estos estándares. La Opinión puede ser utilizada como base para litigios climáticos, reformas legales y exigencias sociales de justicia ambiental.

En el caso de Costa Rica, el fallo obliga al Estado a revisar sus políticas climáticas, los planes de ordenamiento territorial, los marcos legales y los mecanismos de participación ciudadana. Esto implica un compromiso activo para asegurar que las decisiones ambientales respeten y garanticen los derechos humanos reconocidos por el sistema interamericano.

El Observatorio subraya que esta resolución fortalece la defensa de quienes protegen los ríos, bosques, la vida y la soberanía alimentaria, y que la justicia climática cuenta ahora con un respaldo legal sólido en el ámbito regional. Se trata de un llamado urgente para que ningún Estado posponga más la acción climática.

Le invitamos a visitar la página para leer la nota completa:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/opinion-historica-de-la-corte-idh-el-cambio-climatico-tambien-es-un-asunto-de-derechos-humanos/

Curso gratuito: “Desafío IAG: Ética, Derechos y Ser Humano en un Mundo IA”

La Fundación Ética Visionaria (FEV) invita a participar en el curso virtual “Desafío IAG: Ética, Derechos y Ser Humano en un Mundo IA”, que se llevará a cabo del 12 de julio al 6 de diciembre de 2025.

El curso tiene como objetivo compartir información sobre la IAG (Inteligencia Artificial General) para las consideraciones éticas y la protección de los derechos humanos, contribuyendo así, a la prevención de las super inteligencias de alto riesgo. A través de siete sesiones virtuales gratuitas, esta propuesta busca fortalecer capacidades individuales y colectivas para anticipar y prevenir impactos negativos de tecnologías emergentes.

Las personas a cargo del curso son expertas de distintas disciplinas que comparten el interés en este campo y el compromiso de difundir lo aprendido mediante diversas modalidades de acción, ya sea a nivel local, estatal, regional o global.

Además, la iniciativa cuenta con la colaboración de diversas organizaciones internacionales, entre ellas: World Futures Studies Federation-Latin America, Red Mexicana de Futuros, Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), Centro Latinoamericano de Globalización y Prospectiva (Argentina), The Millennium Project / El Proyecto del Milenio, South Asia Foresight Network / Red Surasia de Prospectiva, Universidad de Alcalá (Instituto Universitario de Análisis Económico y Social, España) y Fundación Ética Visionaria (Costa Rica).

El curso es completamente gratuito, y su cupo es limitado. Las personas interesadas pueden consultar más información e inscribirse en los siguientes enlaces:

Curso: https://iafundacioneticavi.wixstudio.com/iagfev

Programa: https://iafundacioneticavi.wixstudio.com/iagfev/cursos-2025

Hoja de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeStt4gVXlotIGDJstj3L6AD_9IwEMLS9xBEWDg10dcTnrczQ/viewform?usp=header

Cuando las inquilinas e inquilinos se organizan: voces desde Los Ángeles por vivienda digna y justicia urbana

Esta nota forma parte de una producción audiovisual realizada por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en colaboración con comunidades organizadas en los Estados Unidos. El trabajo documenta una experiencia inspiradora de lucha popular por el derecho a la vivienda en una de las ciudades más desiguales del mundo: Los Ángeles, California.

En medio de una profunda crisis habitacional global, donde millones enfrentan desalojos, rentas impagables y condiciones indignas, el Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles se ha convertido en un referente de resistencia urbana, organización comunitaria y poder popular. Esta producción recoge los testimonios de personas migrantes, trabajadoras e inquilinas que, cansadas de los abusos de propietarios y el abandono de las autoridades, decidieron organizarse para defender sus hogares, sus derechos y sus comunidades.

Desde barrios como Boyle Heights, Koreatown y el Valle de Sacramento, las voces protagonistas relatan cómo la falta de regulación al mercado inmobiliario ha dejado a miles en riesgo constante de desalojo. “Vivimos en una ciudad donde más del 60 % de las personas alquilan, pero las decisiones se toman para beneficiar a los dueños”, denuncia Cristina Sánchez Juárez, cofundadora del sindicato. “Formamos este movimiento porque no había una voz que nos representara. No se trata solo de sobrevivir al desalojo, se trata de construir comunidad”.

El video retrata cómo el sindicalismo inquilino, basado en principios de educación popular, autonomía organizativa y solidaridad barrial, ha permitido a estas comunidades no solo resistir desalojos, sino organizar huelgas de renta, recuperar espacios comunes y transformar el miedo en poder colectivo. “Nos están expulsando de nuestras casas, de nuestras ciudades, de nuestra historia”, expresa Daniela Líez, vecina de Boyle Heights. “Pero al unirnos, aprendimos que no estamos solas. El sindicato no es solo para enfrentar emergencias, es un espacio de formación, de acompañamiento y de transformación social”.

Además de visibilizar los impactos de la crisis inmobiliaria en los sectores populares y migrantes, el documental establece un puente con las experiencias organizativas en Centroamérica, particularmente en Costa Rica. Durante su visita, miembros del sindicato participaron en espacios de intercambio con comunidades locales, reconociendo en la pedagogía popular un pilar fundamental para sostener procesos de largo plazo. “Venimos a aprender de las luchas que se han tejido en este territorio. Necesitamos construir redes que trasciendan fronteras”, comparten.

A diferencia de las ONG tradicionales que operan dentro de marcos institucionales, el sindicato apuesta por una organización independiente y radicalmente democrática, donde las decisiones surgen de las asambleas y donde la participación de las juventudes es clave para proyectar el movimiento hacia el futuro. “Queremos cambiar la mentalidad de ser inquilinos sin derechos. La vivienda no es una mercancía, es un derecho humano”, afirman. “Y este movimiento está creciendo, porque las personas ya no están dispuestas a aceptar la injusticia como normal”.

Este trabajo forma parte del compromiso del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR, un espacio académico y comunitario que busca visibilizar las luchas sociales, territoriales y urbanas por la defensa de los derechos colectivos y la justicia socioambiental.

Puede ver el video y la información en este enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/inquilinas-e-inquilinos-en-lucha-voces-desde-los-angeles/

Niños y niñas no son una broma

Convocatoria a manifestación pacífica por los derechos de la niñez migrante y refugiada

Bajo el mensaje claro y urgente: «Emergencia: niños y niñas no son una broma», se alza una voz colectiva para recordar que la infancia debe ser protegida con humanidad, respeto y dignidad, también expresa el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Israel.

La actividad busca visibilizar los impactos que el genocidio realizado por el gobierno de Israel tiene sobre la niñez. Se trata de una respuesta ética y social que afirma que la infancia no puede ser terreno para el odio, sino que debe ser un lugar de cuidado, protección y derechos.

Se hace un llamado a la ciudadanía a sumarse con empatía, conciencia crítica y compromiso con la justicia social.

Esta movilización convocada por la Red de Solidaridad con Palestina es una respuesta ética frente al odio, la desinformación y la indiferencia. Se propone como un acto de resistencia comunitaria, centrado en la defensa de los derechos humanos, la vida, la infancia y la dignidad de los pueblos.

Se convoca a ser parte de esta manifestación pacífica este miércoles 9 de julio, de 5:00 p.m. a 8:00 p.m., frente a la Casa Amarilla, sede de la Cancillería de la República, en San José. Esta actividad es apta para todo público.

Niños y niñas no son una broma. No más odio. No más estigmas. Sí al respeto, a la vida y a la dignidad.

Para más detalles y actualizaciones, seguí las publicaciones en redes sociales de la organización convocante:

https://www.facebook.com/share/p/16Y7qv3pGB

Rumbo a la convención del Partido Frente Amplio

Irené Barrantes Jiménez
Precandidata por Alajuela

El Partido Frente Amplio en este momento se encuentra en camino hacia la Convención Interna, a celebrarse el 3 de agosto de 2025, en cada cantón del país. Acto político pionero con profundo sentido democrático, donde cada persona adscrita al partido significa un voto, en esta convención se le permite a cada persona que se encuentre en el padrón interno, ejercer el voto directo para elegir a quienes serán candidatas a diputación por cada provincia, durante las elecciones nacionales de febrero 2026.

Aprovecho este espacio valioso de comunicación alternativa para colocar una posición sobre mi visión como precandidata por el segundo lugar a diputada por el Partido Frente Amplio Alajuela, sobre este proceso de convención. Y escribo, sobre todo, porque me atraviesa el sentido de compañerismo como mujer política frenteamplista, donde el resto de las personas precandidatas que disputamos, hombres, el primer lugar, y mujeres el segundo lugar, son mis pares y nos une la visión País.

Este domingo 3 de agosto volvemos a ser un frente común, que recorre barrios, territorios: tanto los que habitamos, como territorios virtuales, llamando a la defensa de la democracia costarricense, porque estamos en una encrucijada donde cada uno de nuestros votos, serán para nuestro único candidato: Ariel Robles Barrantes, y para nuestras diputaciones electas popularmente. Este acto garantizará al pueblo sentipensante costarricense tener un Frente que trabaje codo a codo para la defensa de las Garantías sociales, los derechos humanos para todas las personas, la justicia ambiental, la vida digna llena de esperanza.

En momentos donde una elección democrática nos puede colocar bajo la tiranía de un partido articulado bajo la manipulación de Rodrigo Chaves, quien representa la esencia del poder violento y dictatorial en favor de las personas y empresas transnacionales más adineradas, la unión del pueblo costarricense en defensa de la democracia es requerida.

En mi caso trabajo desde los 15 años en los movimientos sociales siendo mi primer espacio la articulación con el movimiento ecologista costarricense mi primer frente era por salvar la vida, posteriormente las distintas carreras que estudié y el ejercicio de la docencia me llevaron a una trayectoria de 20 años trabajando por las mujeres y sus comunidades, porque los derechos humanos de las mujeres y niñas también son derechos. He comprendido que la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la pobreza tienen su origen en el Estado construido desde el machismo y la colonialidad del poder de origen genocida español contra los pueblos indígenas de nuestros países. Pero también comprendí en el poder transformador de la colectividad.

En este momento decidí sumarme a esta precandidatura, bajarle el volumen a la lucha por los derechos humanos de las mujeres y sus comunidades, y subirle el volumen a la defensa de la democracia, súmese usted también.

Próximas fechas para conocer nuestras propuestas:

San Carlos, presencial, domingo 13 de julio de 2025, 10:00 am, en las instalaciones del Salón Comunal de la Asociación de Desarrollo de Barrio Coocique.

En el adjunto dejo a su consideración el enlace para conocer mis propuestas, Precandidaturas – Frente Amplio y aporto otro enlace para revisar a quienes seremos personas candidatas por la provincia de Alajuela: Precandidaturas – Frente Amplio

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Proceso y derechos de las personas refugiadas en Costa Rica

Una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones de persecución por motivos de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o género. Cada país establece su propio mecanismo para determinar si una persona es o no refugiada. El procedimiento es totalmente confidencial. Este trámite es personal y gratuito, no requiere de personas intermediarias.

El Gobierno, a través de la Unidad de Refugio y la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), es la entidad responsable de analizar los casos y determinar si se otorga o no la condición de refugiada a una persona o grupo familiar, así como establecer el proceso y tiempo de asignación de las citas.

La condición de persona refugiada se solicita una vez que la persona y su grupo familiar se encuentren en territorio costarricense. Se debe obtener una cita para formalizar su solicitud ante la Unidad de Refugio de la DGME. La cita puede ser programada a través del sitio web oficial www.migracion.go.cr o por medio de llamada, comunicándose a la línea telefónica 1311. La línea no es gratuita, por lo que la llamada podría tener un costo, definido por su operadora telefónica. Ambos canales están disponibles de lunes a viernes, a partir de las 7:00 am y hasta agotar los cupos diarios.

Para la entrevista solicitan fotocopia y original de algún documento de identificación personal (pasaporte, cédula de país de origen, etc.), certificado de estado civil, certificado de nacimiento, certificado de antecedentes penales, comprobante de toma de huellas dactilares que se obtiene llamando al 2600-4149, al 2600-4117 o ingresando a la web www.seguridadpublica.go.cr.

Además, se entregará un carné de solicitante de refugio, el cuál será el documento de identidad oficial en Costa Rica mientras se resuelve su caso. Este carné le concede un permiso de estancia de regular en el país, adicional a la posibilidad de realizar labores remuneradas por cuenta propia o con patrono, apegándose a la legislación laboral costarricense.

Con base al reglamento de personas refugiadas en Costa Rica, el capítulo décimo, aborda la condición jurídica de la persona solicitante de refugio, refugiada y su documentación. Según el Artículo 54, Artículo 55 y Artículo 56 el documento provisional provisto por el Estado costarricense mientras se resuelve su solicitud, le permite ejercer cualquier tipo de actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el Artículo 58, los solicitantes de la condición persona refugiada estarán exoneradas de la presentación de documentos de filiación a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) únicamente para la tramitación de su primer documento migratorio permanente.

El Artículo 59 y el Artículo 61 indican que las personas refugiadas que deseen viajar fuera del territorio nacional a un tercer país y no cuenten con su pasaporte ni la posibilidad de adquirirlo, podrán solicitar al Subproceso de Refugiados documento de viaje. El costo de emisión del documento de viaje será cubierto por el interesado, dándole el derecho de uso, más no su propiedad. En caso de pérdida o robo la persona deberá interponer una denuncia ante el órgano jurisdiccional competente.

Tomando en cuenta el capítulo décimo tercero, la sección segunda sobre las competencias y funcionamiento de la Comisión, el Artículo 105 plantea que la Comisión es el órgano colegiado, interministerial e interinstitucional responsable de determinar la condición de persona refugiada, emitir las resoluciones fundamentadas en los derechos de las personas refugiadas, autorizar las solicitudes de visa, conocer y resolver las solicitudes de reconocimiento por extensión, promover la acción gubernamental que favorezca la integración.

Respecto al capítulo décimo cuarto del subproceso para refugiados, se indica en el Artículo 123 que las funciones del subproceso de refugiados son brindar información sobre el trámite, recibir las solicitudes de refugio, emitir los documentos provisionales de los solicitantes y sus respectivas renovaciones de forma gratuita, autorizar ante la gestión de Migraciones la emisión del documento de viaje para personas refugiadas, alertar y promover la coordinación inmediata con las entidades según corresponda en aquellos casos en que se identifiquen personas menores de edad no acompañados o separados, mujeres víctimas de violencia basada en género y víctimas de trata.

Entre las funciones del subproceso de refugiados que indica el Artículo 123 se dictamina, dar trámite al proceso de reasentamiento, recibir y tramitar sobre las solicitudes de cambio de condición migratoria, de reunificación familiar, levantar un registro de las solicitudes recibidas y la información estadística en general sobre refugiados, implementar y mantener un sistema actualizado de control y emisión de datos estadísticos, presentar informes mensuales a la Dirección General, emisión de certificaciones de categoría migratoria para trámites diversos, informar a las personas solicitantes y refugiadas de los derechos orientados hacia la obtención de la integración en el país, responder a las diferentes consultas por parte de instituciones públicas.

Ante la Conmemoración del Día Mundial del Refugiado, se recuerdan los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de refugio en Costa Rica

El pasado 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, fecha designada por las Naciones Unidas. Ante la significancia de esta fecha, es clave comentar, explicar y reafirmar quién es una persona refugiada; cómo adquiere este reconocimiento y protección del Estado, y cuáles son sus derechos en Costa Rica.

Una persona refugiada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su país de origen o de residencia habitual debido a situaciones de persecución por motivos raciales, religiosos, por identidad nacional, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas o género; o bien, por motivos de desplazamiento forzado en consecuencia de conflictos bélicos, crisis climática, regímenes políticos, entre otros. Por ello, reconociendo estas razones y contextos de movilidad, cada país establece su propio mecanismo para determinar si una persona es o no refugiada.

Ahora bien, ¿cómo es este proceso de refugio y sus respectivos mecanismos en Costa Rica?

El procedimiento es confidencial, lo que significa que la información que la persona en necesidad de refugio comparta con las autoridades migratorias es de uso exclusivo de dicha institución, que en el caso del país el ente encargado es la Dirección General de Migración y Extranjería, en específico la Comisión de Visas y Refugio.

Para solicitar refugio, se aclara que se debe programar una cita a través del sitio web oficial de la Dirección General de Migración y Extranjería o por vía telefónica al número 1311; esta última requiere que sea desde una línea de KOLBI-ICE, al ser la empresa de telecomunicaciones estatal, con un costo 390 colones más impuestos por minuto. Seguidamente, el trámite es gratuito y personal (no requiere de personas intermediarias).

Cabe destacar que la condición de persona refugiada se solicita una vez que la persona y su grupo familiar se encuentren en territorio costarricense, pero esto implica que hay principios y derechos que el Estado y las autoridades competentes deben promover y cumplimentar.

El principio de “No devolución”

Este es el derecho básico de toda persona refugiada o solicitante de la condición de refugio. La personas no puede ser expulsada o devuelta al país donde su vida o libertad estén en peligro por los motivos mencionados anteriormente. A pesar de que ingrese al país sin visa o autorización de ingreso, no pueden deportar a la personas hasta que se dé un debido proceso de análisis de su solicitud de la condición de refugiado. Esto último se respalda a su vez con el Derecho al debido proceso establecido en el artículo 7 Reglamento de Personas Refugiadas Nº 36831-G.

Dicho esto, la persona en necesidad de refugio no puede ser sancionada por entrar al país sin autorización. Las autoridades no pueden detener ni sancionar por ingresar a Costa Rica sin autorización de ingreso (VISA), pues se debe considerar si viene del territorio donde su vida o libertad están en peligro.

Recibir protección y asilo

De acuerdo con el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona cuya vida esté en peligro en su país tiene el derecho de buscar protección y asilo en otra nación. Al recibir protección, es un derecho tener un documento de identidad; el Estado Costarricense está obligado a otorgarle un documento de identidad para acreditar su permanencia en el país. Toda persona sin importar su edad debe ser documentada, y este es documento que tanto las personas solicitantes de refugio como refugiadas, les regulariza su estancia en Costa Rica.

No recibir ningún tipo de discriminación

Todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente libre de discriminación sin distinción alguna por razones étnicas, prejuicios raciales, identidad de género, sexo, enfermedades, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole; tampoco por país de origen, posición económica o cualquier otra condición.

Aunado a esto, se implica que no se debe discriminar en acceso a bienes y servicios del Estado, entre esos el acceso a servicios bancarios, pues al igual que los y las costarricenses, las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio tienen derecho a acceder a los servicios bancarios tanto públicos como privados. Es decir, puede abrir una cuenta bancaria, hacer transferencias y solicitar otros tipos de servicios.

Dado que algunos bancos desconocen esta información, la Oficina de Migración emitió una circular que informa sobre los tipos de documentos de identidad migratorios que pueden acceder al Sistema Bancario Nacional. Esta circular está disponible en: www.migracion.go.cr y en el Diario Oficial La Gaceta.

Y si se habla de acceso, cabe recalcar que la persona refugiada o solicitante de refugio tiene derecho a acceder al sistema de salud de manera gratuita, en todos los niveles disponibles (EBAIS, Hospitales, Clínicas, centros de vacunación, etcétera). Para ello, la persona refugiada debe estar afiliada a la Caja Costarricense del Seguro Social del Seguro (conocida como La Caja) y presentar su documento de identidad. En el caso de que la persona refugiada o solicitante de refugio no esté afiliada y enfrente una situación de emergencia, tiene derecho a que le atiendan y posteriormente se le cobrará el servicio ofrecido.

Ahora bien, estos son los tipos de aseguramiento en el país por medio de La Caja: el aseguramiento como trabajador asalariado, en el cual si trabaja con una empresa o patrono, éste tiene el deber de asegurarle; el aseguramiento como persona trabajadora independiente, en el que si trabaja por cuenta propia tiene el deber de cotizar a la Caja; aseguramiento voluntario, para personas que no trabajan ni con un patrono, ni por cuenta propia, como las personas encargadas de las tareas del hogar y cuidado, o personas estudiantes; también el aseguramiento por beneficio familiar, el cual consiste en que un seguro puede cubrir a sus familiares dependientes, ya sea esposo o esposa, hijos e hijas menores de edad o entre los 18 a 25 años que aún estudien, o madres y padres adultos mayores; y por último, el aseguramiento por el Estado, que va dirigido a personas que se encuentren en condición de extrema pobreza comprobada, personas menores de edad, personas embarazadas y personas estudiantes que no pueden ser aseguradas bajo ninguna otra modalidad.

Acceso a un empleo

Toda persona refugiada y solicitante de refugio tiene derecho a trabajar en Costa Rica, ya sea por cualquier tipo de trabajo remunerado o lucrativo por cuenta propia o como persona empleada de una organización o empresa. El derecho a trabajar queda indicado en el documento de identificación que le brinda la Unidad de Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Además, la persona refugiada y solicitante de refugio tiene derecho al acceso a la educación pública y gratuita, en todos sus niveles, comprendiendo la educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria. Esto está respaldado por la normativa nacional e internacional, que establece que todo niño, niña o adolescente que habite en Costa Rica, tiene el derecho y la obligación de acceder a la educación pública, sin importar su nacionalidad o su condición migratoria. A su vez, tiene derecho a un acceso a la justicia, al respeto de las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta. Puedes solicitar más información en la Contraloría de Servicios del Poder Judicial o llamando a la línea gratuita 800-800-3000.

Entre otros derechos relevantes, se encuentra el derecho a la libre circulación, puesto a que toda persona refugiada y solicitante de refugio tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y escoger dónde quiere vivir; y el derecho a la unidad familiar. Este último quiere decir que la condición de persona refugiada reconoce el núcleo familiar primario y a otros familiares dependientes y parientes dentro del primer orden de consanguinidad o afinidad –si es una persona refugiada ya reconocida por el gobierno costarricense, tiene derecho a traer su familia a Costa Rica. Esto significa que se vela por la reunificación familiar, siendo un procedimiento singular en aquellos casos en que los familiares de la persona refugiada se encuentren fuera del territorio costarricense, incluyendo: cónyuge, hijos o hijas menores de edad, hijos o hijas mayores en estado civil de soltería hasta 25 años de edad –que demuestren continuar siendo dependientes económicamente y que continúen estudiando–, e igual para hermanos o hermanas menores de edad o hasta 25 años con las mismas condiciones; padre, madre naturales y políticos mayores de 60 años con relación de dependencia, y otras personas menores de edad cuya relación de dependencia sea acreditada.

El proceso de reunificación familiar requiere de la presentación de diversos documentos y requisitos a la Unidad de Refugio de la DGME, como: una Solicitud por escrito para la reunificación, una Fotocopia de su carné de persona refugiada al día, Completar el formulario de filiación emitido por la Dirección General, Dos fotografías tamaño pasaporte, una constancia salarial o algún tipo de certificado que demuestre su capacidad económica para poder cubrir las necesidades del familiar que está solicitando en reunificación; Certificado de nacimiento o matrimonio debidamente legalizado, o apostillado (según sea el caso) del familiar solicitado donde demuestre el vínculo que tiene con esta persona, Fotocopia completa de las páginas del pasaporte del familiar solicitado, un Certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado, o apostillado (según sea el caso), del familiar solicitado, Un certificado de sus antecedentes penales en Costa Rica (conocido como la hoja de delincuencia); en el caso de padre o madre menores de 60 años en relación de dependencia, aparte de los requisitos anteriormente indicados, debe demostrar su relación de dependencia, y en el caso de los hijos e hijas mayores de 18 años y hasta 25 años, en relación de dependencia que pretendan continuar estudios en Costa Rica, aparte de los requisitos anteriormente indicados, debe acreditar su relación de dependencia y certificación de estudios de su país.

La Comisión de Visas y Refugio evaluará todos los documentos que presente y dará una resolución de si es aprobado o no. Si la solicitud es denegada tiene derecho a apelar esta decisión, y una vez que su familiar llegue al país, se debe solicitar inmediatamente el proceso de extensión de condición de persona refugiada. Esto es para que su condición también ampare a su familiar, y si no se lleva a cabo este proceso, la permanencia de su familiar no estaría regularizada en Costa Rica.

En Costa Rica es posible encontrar un acompañamiento para este específico procedimiento, por ejemplo, un acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por medio de su agencia socia Servicio Jesuita para Migrantes, en el cual se le ofrece asesoría legal.

En el caso de que las personas familiares desean visitar a la persona refugiada de manera temporal, se debe consultar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o el consulado del país de origen en Costa Rica, si se requiere de una visa de turismo. Si se requiere visa de turismo, se debe seguir el trámite respectivo en coordinación con la embajada correspondiente. Asimismo, se puede encontrar más información sobre la solicitud de visas de turismo aquí: Visas – Dirección General de Migración y Extranjería – Costa Rica

Cuando el color de la piel decidía tu derecho a participar

Por Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA
Correo: acudheca@gnail.com*

En la Costa Rica de mis padres y abuelos, esa era la norma impuesta a los afrodescendientes: los espacios de decisión política estaban reservados exclusivamente para los blancos.

¿Se imagina usted, lo que se siente cuando te niegan la entrada a una reunión en tu propia comunidad, solo por el color de tu piel “blanca”, sabiendo que las decisiones que se tomen afectarán directamente el derecho sobre su propiedad?

Esa era la realidad cotidiana en Puerto Limón antes de la promulgación de la Ley N.º 4230 del 21 de noviembre de 1968, conocida como la Ley Contra la Discriminación Racial.

El artículo 1.º: Esta ley penaliza expresamente la negativa de acceso a personas, por motivos de raza, color de piel, origen étnico o nacionalidad, a asociaciones, centros de entretenimiento, hoteles, clubes y establecimientos afines.

Su aprobación fue impulsada por el entonces diputado Carl Eduardo Neil (Q.E.P.D.), tras una serie de incidentes que sacudieron al país, entre ellos, el conocido caso del Club Miramar en Limón en 1967, donde a ciudadanos afrodescendientes se les prohibió el ingreso únicamente por su color de piel. (Reina de Simpatía de los Carnavales de Limón – Dr. Katherine Sawyers Royal).

Gracias a esa lucha legislativa, la segregación racial en espacios sociales privados pasó a ser un delito.

Y sin embargo, me duele recordar cómo, aún en mi adolescencia, compañeros de secundaria me informaron con mucha pena:

«Que No me dejarían entrar con ellos a ese club ni a la piscina, por ser negro».

Hoy, ese dolor sigue presente.

Por ello, resulta profundamente preocupante observar cómo, en algunas zonas del Caribe Sur, se intenta revivir formas de exclusión del pasado, disfrazadas ahora de regulaciones, permisos y privilegios de figurar.

Ya no se trata de letreros en la entrada, sino de decisiones y prácticas en las que el color de piel, el origen cultural o la procedencia continúan influyendo. Solo que, en esta ocasión, la discriminación se dirige contra inmigrantes blancos.

Repetir ese patrón de exclusión, aunque invertido, constituye un retroceso histórico, jurídico y humano. Nuestra lucha no es solo por preservar la memoria de las injusticias sufridas, sino por afirmar la dignidad presente y futura del pueblo tribal afrodescendiente, en igualdad y justicia para todos.

Lo más desconcertante es que estas exclusiones se intenten justificar bajo el amparo del Foro Nacional Permanente de la Población Tribal Afrodescendiente de Costa Rica, creado por el Decreto Ejecutivo N.º 43532‑MP‑MINAE‑MCJ‑MEP, del 5 de mayo de 2022.

Este decreto establece el reconocimiento del pueblo tribal afrocostarricense y propone la creación de espacios de diálogo en comunidades como Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres, Cahuita, Puerto Viejo y Limón Centro, con el fin de garantizar procesos de consulta previa y protección territorial.

Sin embargo, desde su promulgación hasta la fecha, la comunidad tribal de Cahuita no ha sido convocada a ningún proceso de diálogo real ni representativo.

Es más, en diversas ocasiones se han realizado reuniones en el Salón Comunal de Cahuita sobre este mismo tema, sin que los habitantes locales hayan sido invitados ni informados, incluyendo a vecinos que viven justo al otro lado de la calle de dicho salón. Muchos de ellos, legítimamente, se preguntan:

¿De qué se trata esa reunión?”

Una consulta sin inclusión es una simulación. Y excluir a Cahuita de este proceso no solo contradice el espíritu del decreto, sino que vulnera el principio de representatividad y participación activa que exige el derecho internacional en materia de pueblos tribales.

*Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de CAHUITA.