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Cuidar el Estado de Derecho con diálogo, respeto y debate abierto son el Escudo.

Dr. Efraín Cavallini Acuña

Comunicador

A pocos meses de una nueva elección para elegir a quienes dirigirán el Poder Ejecutivo y Legislativo, es relevante y pertinente hacer conciencia y sensibilizarnos como ciudadanos, sobre la identidad de nuestro país y la necesidad de profundizar, reiterar y sentirnos orgullosos de que Costa Rica es un Estado de Derecho, donde el desarrollo institucional, la división de poderes y la independencia de la administración de justicia, señalan que el camino elegido por las anteriores generaciones, lo que nos permite caminar por senderos seguros y bien definidos.

Es digno que como personas ciudadanas reconozcamos la madurez política y la experiencia histórica lograda por nuestro país, habernos, constituido en nación, libre, soberana, con un Estado de Derecho que se debe preservar. A lo largo de más de 200 años de la independencia debemos seguir enriqueciendo nuestra democracia, rescatar la práctica del diálogo y el reconocimiento diverso, multicolor, pluricultural y multiétnico del país, que son la huella y el espíritu de la cohesión, la concordia y el consenso a lo largo de su vida jurídica como Estado-Nación, todo ello, para el bienestar de la ciudadanía, las instituciones y la sociedad como un todo.

La gestación de nuestra NACIÓN no fue automática ni espontánea, es producto y proceso de un largo período, que se ubica desde la declaratoria de su primera Constitución -1 diciembre de 1821 hasta 1848-. Como Estado incipiente, eligió su destino y su condición de Libre y Soberano, precondiciones para declararse República, con todos los atributos en 1848. Pero su advenimiento a la vida constitucional da cuenta de la madurez y la visión política de sus forjadores, desde inicios del Siglo XIX.

Una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense es el poder del voto popular en los procesos de elección. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos, para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada una de las personas ciudadanas.

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella, elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente y respetuosa. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión ciudadana y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

Costa Rica, ha entrado en una espiral de transformaciones, que dan cuenta, por un lado, de las virtudes de su sistema democrático, más desarrollado que del resto de la región centroamericana, pero también, subyacen importantes limitaciones, asimetrías, desigualdades y desequilibrios sociales, que amenazan por romper el orden y llevar al país por caminos muy diferentes de los transitados en el pasado.

Entre las demandas crecientes, que reclaman las personas ciudadanas están, el perfeccionamiento de la gestión, la mejora en los servicios básicos en relación con la calidad, y esto incluye componentes nuevos como el valor agregado y el valor público del mismo. Por ello, el grado de participación de la ciudadanía en la gestión pública y en el acceso a la información, se convierte en elemento clave de la participación ciudadana, dado que permite la obtención, emisión y difusión de información sobre el funcionamiento del gobierno, las instituciones y diversos actores de la sociedad.

Algunas de las problemáticas percibidas en Costa Rica actualmente corresponden a la amenaza a la paz, la estabilidad política, la corrupción, la seguridad, la salud, la educación, el desempleo, así como insatisfacción en el accionar del Estado y otras entidades. Los ciudadanos consideran que poseen una buena libertad de expresión, sin embargo, no poseen suficiente participación en el desarrollo comunal y los medios de comunicación, aunque son influyentes en las decisiones de las personas, han sido cuestionados y algo censurados.

Otras conclusiones dignas de compartir, que se pueden extraer de manera muy general de los datos revelados en I Sondeo Abierto sobre Ética, Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Costa Rica (23 setiembre de 2021-Ideario Costa Rica Bicentenaria-COLPER) se orientan hacia los siguientes aspectos:

• El desarrollo tecnológico, la prevención de la corrupción, de la violencia contra los derechos humanos, las políticas educativas, la información, la falta de transparencia, la conciliación y la gestión de los medios de comunicación, son ejemplos, de algunos de los problemas que requieren nuevas respuestas, nuevas formas de actuar, tanto, en la esfera de la administración pública como de las instituciones, empresas y la ciudadanía.

• Es necesario promover el cumplimiento de los deberes acordes a la ética, la transparencia, la rendición de cuentas, el control interno y la prevención de conductas contrarias a la ética.

• Se requiere incidir en las disposiciones normativas que no comparten el espíritu de la ética, en cuyo caso deberán realizarse las acciones pertinentes para su futura reforma en post de ajustarla al marco ético, la justicia y la seguridad jurídica.

• Se debe procurar la transparencia en el uso de la información, respeto aquellos aspectos asociados a la protección de la información personal de los miembros de la comunidad, así como los usuarios y beneficiarios de los servicios que prestan las instituciones.

• En nuestra sociedad se debe fortalecer y respaldar la formación científica de la persona comunicadora, dado que su responsabilidad como formadora de opinión, contribuye a la transparencia y con ello, a la transformación del país, crea conciencia ciudadana, es vitrina para la promoción de la ética y participa en la construcción de una mejor vida en democracia, honestidad, libertad de expresión y luchar por ella.

• Se debe aplicar el ordenamiento jurídico referido a las conductas contrarias a la ética del funcionario público.

• La insatisfacción de las personas ciudadanas termina por decantar el régimen político, las estructuras del Estado, la institucionalidad y la paz social.

• La pérdida de la vigencia de los valores y las prácticas democráticas deslegitima las instituciones, el Estado, el orden y la confianza en todo aquello, que no les es útil, preciado y comprensible. Aún hay tiempo para reconstruir y fortalecer aquellas prácticas ciudadanas, que soportan la institucionalidad y la praxis democrática, y que se fundamentan en la moral y la ética pública.

• Es de manera conjunta, que, las familias, las comunidades, las instituciones, el gobierno, la empresa privada, la juventud y demás organizaciones, deben marcar el destino del país bajo preceptos éticos y morales, de tal manera, que se ahuyente y se despoje el lavado de dinero, el narcotráfico, el consumo de drogas, las muertes en las carreteras, la pobreza, el desempleo, la inseguridad ciudadana, las noticias falsas y toda forma de violencia.

• Toda decisión para construir la Costa Rica del futuro debe tomar ineludiblemente en cuenta, que el objetivo de cualquier estrategia de desarrollo es el de procurar el mayor nivel de bienestar para la mayor cantidad de ciudadanos, incluidas las personas socialmente vulnerabilizadas, asimismo, que se interiorice y se lleve a la práctica el hecho de que las políticas, los programas, los proyectos y las instituciones se constituyen en medios para garantizar el cumplimiento las mejores condiciones para la ciudadanía.

• Una posible salida a la situación negativa que debilita nuestro régimen, aunque no tan fácil, pero viable, es rescatar la libertad, recuperar la decencia, la honradez y la dignidad a la mayor brevedad y teniendo a Costa Rica como prioridad. Lo moral nos obliga a rechazar a quienes nos quieren vender por codicia y corrupción. Por ello, debe ser permanente la lucha contra toda forma de corrupción y favoritismo que carcomen las estructuras de la sociedad.

• La ética es el camino que nos permite decirle a las personas ciudadanas que la nación se respeta, se defiende y construye para el bien común.

• No cabe duda de que Costa Rica se encamina hacia una mejor calidad de servicio de comunicación digital, de ahí la importancia del Estado de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de la libertad de expresión y acceso a la información de la ciudadanía, así como hacer un uso más eficiente del espectro y cumplir con el compromiso satisfacer las necesidades locales, regionales y nacionales del país.

• La transición a la comunicación digital no es solamente un tema técnico, sino también de carácter ético y social, de ahí, la importancia de que los contenidos que producen y ofrecen los medios de comunicación al ciudadano, deben procurar mensajes de servicio público apropiados, que garanticen el derecho humano a la comunicación, que permita disfrutar de información abierta y gratuita, tanto, para entretener como educar y cultivar positivamente a la ciudadanía, instituciones y todo el Estado.

• En la medida en que el Estado, las Empresas, los gremios y las corporaciones definan con claridad los intereses y la función que la sociedad les demanda, en la misma proporcionalidad, disminuirán las omisiones, los vacíos legales, que se generalizan y se traducen en actos de corrupción. Los recursos públicos y aquellos que son ofrecidos por otros sectores de la sociedad bien canalizados, gestionados con eficiencia bajan las posibilidades de corrupción.

Es buen tiempo para procurar una agenda de desarrollo del país de cara al futuro. De ahí, que requerimos un sistema judicial y legislativo íntegros, objetivos e independientes y un Poder Ejecutivo, que le de confianza a la persona ciudadana en la aplicación de las leyes en consonancia con la Constitución Política.

Como personas comprometidas con el bienestar del país, debemos ser constantes en el fortalecimiento de la democracia, creando mecanismos pertinentes para que cada persona y cada comunidad puede expresarse e incidir de manera directa en las decisiones que le corresponden tanto individual como colectivamente.

Es pertinente aprovechar toda la experiencia acumulada de nuestro pueblo, que ha demostrado su capacidad para atender con éxito las actividades agrícolas, industriales, turísticas, comerciales, educativas, tecnológicas, culturales, y de comunicación que se constituyen en el fundamento del desarrollo y el progreso nacional.

Somos conscientes de que muchas de las instituciones públicas no responden con la oportunidad, eficiencia y eficacia que la población demanda, pero ello, no justifica su desmantelamiento, sino que tenemos el reto y la responsabilidad de revisarnos en nuestras expectativas y en los medios que se deben utilizar, para alcanzar las aspiraciones de la ciudadanía y por consiguiente, el derecho a conservar las instituciones, a ejercer el sagrado derecho del sufragio, poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho que han sido fundamentales para el desarrollo y bienestar del país.

Hacemos un llamado vehemente a la sociedad costarricense, para generar en este momento crucial un esfuerzo colectivo e histórico, que fomente el diálogo fructífero y sereno permanente, en un marco de tolerancia y cultura de paz, que favorezca el respeto a los derechos fundamentales de toda la ciudadanía, incluida la niñez y la juventud costarricense, que nos lleve al uso de la razón como faro para la toma de decisiones y mejor elección.

Exhortamos a los poderes del Estado y a la sociedad costarricense a promover y practicar la sana convivencia y el diálogo social responsable, la libertad de expresión y de prensa, de esta manera, defender y respetar los derechos humanos, las diversidades, la interculturalidad, la educación inclusiva, que rechace toda forma de violencia, odio y discriminación, para que podamos seguir viviendo en un ambiente de paz, justicia, libertad, tolerancia, respeto, y que salga fortalecida la democracia como forma social y política de convivencia.