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Etiqueta: derechos humanos

Los peligros de las redes sociales para niños y adolescentes

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Trastornos de salud mental, comportamientos adictivos y autolesivos

Juan Jaramillo Antillón

Soy un cirujano y un escritor, no domino este campo de la comunicación, la psicología y la psiquiatría, sin embargo, me han inducido a escribir estas notas, los artículos publicados en el mundo y en mi país, por psiquiatras de renombre señalando el aumento de problemas mentales por el uso de celulares.

Está claro que los problemas de salud mental, que de por sí ya eran un serio dilema en muchos países del mundo, se agravaron con las consecuencias negativas emocionales causadas por la pandemia viral de la COVID-19 a millones de seres humanos.

Me impactó que se señale que, en Costa Rica, país con 5.5 millones de habitantes, investigadores universitarios, consideran que, al menos, 1.3 millones de costarricenses quedaron afectados por trastornos como ansiedad y depresión como resultado de la pandemia viral. Por otro lado, existe un claro déficit de psiquiatras a nivel mundial, lo que causa tremendos atrasos en la atención de los enfermos agudos y crónicos que solicitan consulta y con los servicios de emergencia de esa especialidad colapsados en los hospitales que dan este servicio.

Estoy de acuerdo totalmente en que Internet y sus redes sociales han traído muchos avances y beneficios de diferentes tipos al mundo, sin embargo, a la vez están causando serios problemas por la desinformación (fake news) que también traen.

El problema que planteo aquí es la repercusión que tienen las redes sociales o plataformas de Internet como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, etc. y, algunos de sus programas, dada la forma como los presentan, ya que afectan, sobre todo la salud mental de los niños y adolescentes. Se ha señalado que estas inducen a los niños y jóvenes entre 10 y 20 años o más, a volverse adictos a los mismos y a la propaganda que se da ahí de todo tipo.

El problema es tan grave que, en los Estados Unidos, han demandado a los dueños de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, porque sus programas fomentan la adicción de su uso entre las personas menores, ya que los algoritmos son diseñados para atraer a los jóvenes y conducirlos hacia contenidos extremos. Como resultado de eso los estudios se ven afectados por ausentismos y trastornos del aprendizaje y depresiones, ya que contienen mensajes que afectan su autoestima. Esos algoritmos de los programas conducen a los jóvenes trastornos de su salud mental.

La prensa internacional y artículos publicados de especialistas costarricenses señalan que, aparte de volverse adictos, esos programas les generan ansiedad y depresión y pensamientos autolesivos, llegando en algunos casos al suicidio.

Los especialistas saben que los adolescentes son muy vulnerables a la propaganda y a los ejemplos de las plataformas sociales, pues sus cerebros no están totalmente desarrollados y tampoco poseen la educación suficiente para distinguir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto y lo falso de lo verdadero de lo que ahí se dice. Se ha señalado por ejemplo que un programa de TikTok invitaba a vandalizar la propiedad escolar y a otros problemas. Y es que, en los Estados Unidos, las escuelas y colegios reportan que sus estudiantes sufren ataques de pánico, depresión y otros síntomas que trastornan su asistencia causando gran ausentismo y además, pobre asimilación de los conocimientos que ahí se imparten, con perdida incluso de cursos o años escolares.

En ese país se ha reportado una epidemia de suicidios entre jóvenes de 10 a 24 años, que se agudizó con la pandemia viral de los últimos años y se observó, además, que había relación con las redes sociales. Por otra parte, el 20% de un grupo de jóvenes estudiado, admitía haber tenido pensamientos suicidas, al extremo que la Academia de Pediatría de USA, a finales del año 2021, señaló la existencia de una «epidemia nacional de suicidios», existiendo un componente adictivo que trastorna el comportamiento de los adolescentes. Por esa razón en ese país el gobierno está iniciando los pasos para normatizar la forma de esos programas y su propaganda en las redes sociales en lo que respecta a los niños y adolescentes.

El periódico La Nación de Costa Rica señalaba en abril del 2022, que dos pequeños niños de tan solo seis años se intentaron suicidar intoxicándose con medicamentos que existían en sus casas, la causa desencadenante que los enojó a ambos para tomar esa decisión fue que sus padres les quitaron sus celulares. Se han reportados casos del daño que provoca el abuso de estar viendo las redes sociales, que hay sobre todo niños y adolescentes cuya adicción es tan severa que ameritan tratamiento médico.

El Dr. Alberto Morales, jefe de clínica del adolescente del Hospital Infantil de Costa Rica, señala:

Darle a un niño escolar un celular, y, sobre todo, un teléfono inteligente, es una actitud totalmente irresponsable. Estos y en especial los adolescentes dedican muchas horas del día a su uso y eso debilita la interacción social y el contacto directo entre ellos como personas, pues lo hacen en forma insistente, obsesiva y hasta adictiva, y se pierde la oportunidad desarrollar habilidades de interrelación corrientes y directas con otros jóvenes.

No solo es importante dejar el abuso de los celulares por la interrelación humana, sino también porque es fundamental estar en contacto con la naturaleza, animales y plantas y hacer deportes, todo ello favorece el buen crecimiento y desarrollo físico y psicológico. Por lo señalado el uso de celulares en niños y en adolescentes debe ser limitado a unas pocas horas del día. El problema es que la propaganda y la presión social es tal, que los padres ceden y permiten a los niños el uso de esta tecnología, pues hay quien sostiene que eso ayuda a su educación temprana. Los padres en la actualidad deben educar a los niños y adolescentes en cuanto a que, si les proporcionan celulares, ellos deben tener conciencia de que solo deben usarlo por cierto tiempo y suspender para descansar la mente y cumplir con las responsabilidades que les correspondan, y, nunca usarlos en el desayuno, almuerzo y cena.

Humberto Eco señala:

Las redes sociales dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que, principalmente, hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos, rápidamente era silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar que un Premio Nobel, por eso creía que las redes sociales habían provocado una invasión de imbéciles opinando sobre lo que no saben.

Es pues, indudable que las redes sociales están alterando y modificando la percepción que teníamos del mundo, y de hacer amistades y buenas relaciones sociales, que, ahora son virtuales y no personales. Albert Einstein decía, «temo por el día en que la tecnología sobrepase a la interacción humana. El mundo solo tendría una generación de idiotas». Cuando vemos a niños y jóvenes e incluso adultos, que en todo momento y lugar están con sus celulares y no conversan, eso parece indicar que ese día ya llegó.

Pedido por la paz, por la eliminación de todas las violencias y por el fin de las guerras

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

Somos personas comunes y corrientes ciudadanos del Mundo que hoy nos unimos para pedir por la Paz. Algunos estamos reunidos en un mismo sitio, con una acción intencionada, otros nos unimos desde donde estemos mediante el pensamiento pero en unidad con este sentimiento de comunidad global pidiendo por la paz del mundo. Pedimos por la paz de nuestro corazón y el de cada ser humano habitantes de este Planeta, unidos como una sola raza; pedimos por la eliminación de todo tipo de violencias en nuestros pueblos y naciones, por la eliminación de los miedos, por la libertad, por que no exista discriminación de ningún tipo y por que existan iguales derechos y oportunidades para todas las personas. 

Pedimos también por el cese de la violencia hacia nuestra Madre Tierra, para que se dejen de cometer ecocidios por parte de empresas y gobiernos. Pedimos por que se tome conciencia de los derechos de la Madre Tierra como un ser vivo con el que debemos vivir en armonía. 

Pedimos profundamente y con fe para que no exista el sin sentido de la guerra y para que que ningún hermano humano en ninguna parte del mundo, tema ser parte del blanco de los grandes intereses de una guerra, sin importar el bando al que le ha tocado nacer, estar, o elegir, ni tenga que sufrir el ver como los señores de la guerra justifican acabar con vidas, pueblos y bosques enteros; pedimos para que en el futuro ningún ser humano sea puesto en la situación matar a otros seres humanos, por ningún motivo y para que que no tenga que abrazar causas que estén por encima de la vida.

Pedimos a los gobiernos del mundo, que ratifiquen y aprueben el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, TPAN; pedimos por que se elimine el riesgo constante de amenaza por una posible catástrofe nuclear, con lo que se podría extinguir en minutos la vida en la Tierra. Pedimos para que en el futuro todos los gobiernos del mundo incluyan en sus constituciones políticas, que la guerra no será usada como forma para resolver conflictos entre países. Pedimos para que las partes en conflicto inicien a hablar de paz, se abran canales de diálogo de negociación y acuerden un cese al fuego. 

Pedimos que los organismos internacionales de la ONU y las cortes internacionales gestionen y colaboren para lograr la firma de acuerdos duraderos entre las partes.

Por último, pedimos para que la tercera Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia , que saldrá de Costa Rica el 2 de octubre del 2024, colabore en la unión de muchas voces, muchas organizaciones, muchas acciones, pensamientos y sentimientos de tanta gente, buena y noble, que queremos la paz . Tenemos fe y esperanza en que, si nos unimos todos en muchas partes del Planeta, en un solo pedido una sola voz, todas y todos los que queremos estos anhelos para nuestra humanidad, lograremos cambios se sumarán y se multiplicarán, convirtiéndose en una fuerza transformadora del planeta entero.

Es por eso que estamos aquí, unidos en este pedido, atendiendo al llamado que impulsó ¨Europa por la Paz¨, este 2 de abril, porque queremos vivir en paz y porque creemos que una cultura en donde la noviolencia activa se desarrolle, puede cambiar el giro que lleva la humanidad actualmente.

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Denuncian crimen de Estado: La muerte de 39 migrantes en México

Escrito en . Publicado en Derechos.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, Senador del Grupo Plural, indica que la política migratoria mexicana no solo mata, sino que también viola los derechos humanos y genera un trato profundamente indignante con las personas migrantes. 

Según el Senador, el incendio sucedido en Ciudad Juárez que mató a 39 personas en un centro de detención de migrantes es una consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación: no se trata de un caso aislado o una terrible casualidad, sino que responde a una violación sistemática a las personas migrantes y, por ende, a un crimen de Estado. 

El estado mexicano recibe a 130 mil migrantes al mes, los cuales no tienen dónde comer ni dónde dormir y, encima de todo, sufren de persecución y criminalización a cada lugar donde van. 

Por ello, Álvarez exige a la tribuna que se dejen de minimizar los hechos y se cambie la política migratoria de inmediato.

 

Imagen: Semanario Universidad.

Racismo estructural hacia población mapuche en Mendoza, Argentina

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado miércoles 29 de marzo, las organizaciones y comunidades Indígenas Huarpe, Mapuche, Colla y Guaraní de la Provincia de Mendoza convocaron a organizaciones indígenas, sociales, culturales, ambientales, políticas, sindicales y de derechos humanos a una concentración frente a las puertas de la Legislatura de Mendoza.

Dicha movilización tuvo como propósito el solicitar el NO tratamiento de un dictamen que buscaba declarar al pueblo indígena mapuche como no argentino, lo cual representa un gran retroceso en los derechos humanos de los pueblos indígenas, así como la apertura al despojo de territorios ancestrales que les fueron otorgados en febrero del año pasado (Figueroa, 2023). 

A pesar de que dicha sentencia era anticonstitucional y representaba un intento de seguir institucionalizando el racismo estructural, la declaración se aprobó por 30 votos a favor, 8 en contra (la mayoría es kirchnerista), 6 abstenciones y 4 ausencias (Figueroa, 2023). 

Los artículos presentados para la aprobación del dictamen (fuertemente cuestionados por las poblaciones indígenas) fueron los siguientes (Figueroa, 2023): 

  • El primero rechaza la prórroga de la ley 26.160, que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas.
  • El segundo cuestiona el reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hizo a comunidades mapuches sobre territorios en Mendoza.
  • El tercero rechaza la argentinidad del pueblo mapuche.

Según Figueroa (2023), el proyecto fue impulsado por el gobierno de Suárez, con apoyo del senador radical Alfredo Cornejo y el impulso de su líder Mauricio Macri. Además, la Cámara de Diputados que lo aprobó responde al radical macrista Rodolfo Suárez, en conformidad con el ideario de derecha que atenta contra la población mapuche y les designa como el enemigo interno.

Una vez aprobado el dictamen, las distintas organizaciones y comunidades indígenas declararon que presentarán una denuncia penal contra el Estado. “somos mapuches y tenemos la ciudadanía argentina (…) nosotros votamos, pagamos los impuestos y cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos argentinos”, definió Fabricio Silva, werkén (mensajero/vocero) de la comunidad We Newen (citado en Figueroa, 2023).

Lo que hay detrás de esta sentencia, además de un profundo racismo estructural y una agenda política de derecha, es el interés por explotar los recursos de las tierras para el beneficio de las grandes empresas. Este es el propósito de Rody Suárez: que no se reconozca el carácter ancestral de las tierras y, por ende, el Estado provincial se quede con la propiedad para su explotación (Figueroa, 2023). 

En realidad, el pueblo mapuche ha habitado esas tierras desde hace al menos 14 mil años, tal y como indican sus mayores, respaldados por arqueólogos y antropólogos (Figueroa, 2023). Es decir, que los mapuche han vivido en Mendoza desde antes que esta fuera Mendoza (Silva citado en Figueroa, 2023). 

 

Fuentes:

Convocatoria urgente contra el intento de institucionalizar el racismo en Mendoza (2023) https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsy-Rh5wbOT6OhUXgWQVTX6gfFwVVzVHoqsRnzKDFI4jl14A/viewform.  

Figueroa, A (2023). Negacionismo: La Cámara de Diputados de Mendoza declaró a los mapuches como «pueblo originario no argentino». Página/12. https://www.pagina12.com.ar/536070-mendoza-el-gobernador-suarez-quiere-avanzar-con-su-ley-antim?ampOptimize=1.  

Imagen ilustrativa.

Fundación Munakuy se pronuncia ante decisiones de CONAPAM

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

Vista de Mar de Goicoechea 20 de marzo del 2023

Comunicado de Prensa.

Ante las noticias de que nuestros usuarios serán reubicados por el CONAPAM, manifestamos lo siguiente: no es de recibo decir que nuestros usuarios sufren desatención. Siempre buscamos ante CONAPAM la firma de un convenio directo, para atender sin tercerización, a los residentes que nos fueron confiados por medio de la Asociación Albergue de Rehabilitación al Alcohólico Adulto Mayor Indigente, que es quién nos ha venido contratando desde el año 2020, cuando muchas alternativas residenciales para Personas Adultas Mayores se negaron a recibir Adultos Mayores en condición de abandono, alguno de los que recibimos incluso con COVID.

Es de conocimiento, mediante las actas del CONAPAM, que la mencionada Asociación ha venido siendo objeto de discusión por tener asignados Adultos Mayores que no atiende de manera directa, si no que los transfiere a Alternativas como la nuestra, asignándonos ellos un pago no así CONAPAM.

En el año 2020, las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencia, nos buscaron. Nos visitaron para que recibiéramos Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en Abandono, muchos en hospitales, nos solicitaron remodelar las instalaciones para recibir esos usuarios. Nos hablaron de contratarnos para atender una cantidad de 200, tenemos la evidencia de esa negociación, que no se concretó. Eso nos dejó una grave crisis en nuestras finanzas que arrastramos hasta el día de hoy, aun así, aunque con atrasos, hemos venido pagando nuestras obligaciones, las personas que se tuvieron que despedir, algunas por la situación económica, otras por faltas y no cumplir el periodo de prueba. En Costa Rica todas las Alternativas que atendemos estas poblaciones somos entes privados, algunas al tener la certificación de Organización de Bienestar Social (OBS), firman convenios directos con CONAPAM. Incluso actualmente CONAPAM, mantiene convenios con algunas organizaciones que tienen vencida esa condición de OBS que otorga el IMAS.

Nuestro representante legal, presento un recurso de revocatoria ante la medida dictada por CONAPAM, que nunca nos fue comunicado como corresponde, es importante señalar que nuestra organización es la única Alternativa residencial para personas sexualmente diversas, personas en condición de VIH – SIDA, que no son recibidas en otras alternativas que cuentan con la certificación de OBS.

De persistir la medida dictada por CONAPAM, de trasladar a nuestros residentes, esto obliga a un cierre técnico, ya que no tendremos recursos para cancelar salarios, para pagar alquiler y proveedores y estarán dejando sin empleo a más de 25 personas que trabajan en nuestra ONG. De persistir la medida acudiremos a todas las vías legales disponibles en un estado de Derecho como el nuestro.

En relación a los usuarios de CONAPDIS, que de igual manera les recibimos los usuarios que nadie quiso atenderles en la grave crisis del COVID, el mes de octubre nos reubicaron algunos Adultos Mayores, por los que no quisieron pagar. Nos obligaron a atenderlos de gratis sin tener nuestra organización un subsidio estatal para ese efecto, al iniciar el proceso de cobro que aún se mantiene, las autoridades de CONAPDIS trasladen esos Adultos Mayores a otras Alternativas, donde están pagando por su atención.

Esto se les comunicó a los funcionarios, que ante la crisis que tenemos al no recibir el pago de CONAPDIS, por la atención de estos usuarios solicitaríamos a CONAPDIS, trasladar a los usuarios que teníamos asignados ya que estamos en un proceso de cobro con esa institución que se resolverá en vía judicial.

Francisco Javier Vargas Solano, director

Marco Castillo Rojas, director

Willy Chaves Cortes, director

Keylor Badilla Torres, director

Día de la Tierra Palestina, resistir el Apartheid

Escrito en . Publicado en Derechos.

Este 30 de marzo, conmemoramos el Día de la Tierra Palestina, resistir el Apartheid, la limpieza étnica y el robo de las tierras palestinas

Este 30 de marzo es el aniversario 47 del Día de la Tierra Palestina. En toda la patria ocupada como en la diáspora, los palestinos y todos los que creen en la justicia, la libertad y los derechos humanos, conmemoramos este día, reafirmando el rechazo a las políticas de Apartheid, Limpieza Étnica y robo de tierras que Israel lleva a cabo.

Cada 30 de marzo se conmemora el Día de la Tierra Palestina. El 30 de marzo de 1976, la sociedad palestina convocó una huelga general en protesta por el continuo robo de sus tierras por parte del sionismo israelí.

Los inicios de esa conmemoración se deben a que en esa fecha (30-03-1976- el Ejército asesinó a siete jóvenes palestinos con «ciudadanía israelí» en las manifestaciones que acompañaron esa huelga. Desde entonces, el 30 de marzo ha quedado marcado como una jornada de reivindicación de los derechos legítimos del pueblo palestino. 47 años después, la colonización de Palestina continúa. Día a día, el Estado de Israel roba tierras, expulsa a sus legítimos habitantes, destruye sus viviendas, construye asentamientos y transfiere allí a colonos sionistas extranjeros recolectados de todos los rincones del mundo. Estas prácticas contravienen la legislación internacional y los Derechos Humanos y han sido condenadas por Naciones Unidas y por la gran mayoría de gobiernos del mundo, incluidos los de la Unión Europea y Estados Unidos.

Sin embargo, estas condenas no han sido acompañadas por sanciones efectivas, por lo que Israel continúa con la colonización y el desalojo de los palestinos, habitantes históricos de las tierras, sin sufrir por ello ninguna consecuencia.

Hoy son más de 750.000 los colonos que viven en los asentamientos ‘ilegales’ tanto en Cisjordania como en Jerusalén ocupada. (TODOS los asentamientos son ILEGALES, según la legislación internacional).

El robo de tierras sigue en aumento en forma acelerada y continúan las acciones de limpieza étnica de la población histórica palestina.

Las personas palestinas con ciudadanía israelí –aquellas que viven en el Estado de Israel de 1948- siguen siendo discriminadas. Hay localidades ancestrales palestinas que no son reconocidas y por ello carecen de presupuesto y otras que reciben transferencias menores a las que les corresponderían por su peso poblacional. Además, el Estado de Israel practica con estas personas una discriminación en cuanto a la aplicación de las leyes, segregación educativa y laboral que conduce a su marginalización. La discriminación y el apartheid israelí han sido denunciado por todos los organismos humanitarios del mundo, incluyendo las organizaciones israelíes de derechos humanos.

Muchos de los actos, a realizar en todo el mundo, estarán relacionados con las Campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel (BDS) y la Campaña Palestina para el Boicot, Académico y Cultural a Israel (PACBI). Ambas iniciativas, surgidas de la propia sociedad palestina, piden el boicot a Israel en tanto que no cumpla con la legislación internacional y con los Principios Generales de los Derechos Humanos.

Jerusalén simboliza toda la crueldad de la ocupación. El Estado de Israel no sólo se niega a retirarse, tal y como exige la resolución 242 de Naciones Unidas, sino que impulsa los planes de ‘judaización’ de toda la ciudad, expulsando a palestinas y palestinos de los barrios en los que habitan desde hace siglos como Silwan o Sheik Jarrah y destruyendo sus casas o entregándoselas a colonos. De hecho, más del 85% de Jerusalén Oriental está ya colonizada.

PalestinaLibre.org, marzo de 2023

Emergencia climática: solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 29 de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse sobre las obligaciones de los Estados de cara a los efectos del cambio climático, mediante una opinión consultiva. 

La adopción de esta resolución fue saludada por el Secretario General de Naciones Unidas (véase discurso) así como por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado de prensa) y por un sinumero de Estados y de entidades de la sociedad civil.

La solicitud de opinión consultiva en breve

Esta iniciativa fue llevada en un primer momento por un Estado insular del Pacífico, Vanuatu, y ello desde varios años: esta nota del 2019 así lo evidencia;  en este enlace se puede conocer más de esta larga contienda. 

En julio del 2022, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados insulares del Pacífico reunidos en el «Pacific Islands Forum» habían reiterado su firme apoyo a esta iniciativa (véase comunicado oficial).

Liderando Vanuatu el grupo de Estados insulares del Pacífico más afectados por el cambio climático, y articulando hábilmente sus esfuerzos diplomáticos con la sociedad civil y con otros Estados en el seno de Naciones Unidas, el texto de esta resolución logró ser adoptada sin voto, mediante la técnica del consenso.  

Es de notar que en el 2011 y 2012, el Presidente de otro Estado insular del Pacífico, Palau, ya había externado esta misma posibilidad de acudir a la justicia internacional en su visita a la sede de Naciones Unidas (véase noticia del 2011 así como comunicado de prensa de Naciones Unidas de febrero del 2012). Por razones que sería de sumo interés conocer, Palau desistió de esta propuesta.

El proyecto de resolución A/77/L.28 adoptado el 29 de marzo del 2023 (véase enlace a versiones oficiales) se titula «Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change«.

Las dos preguntas a las que deberá responder el juez internacional de La Haya se leen de la siguiente manera:

«Teniendo especialmente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el deber de diligencia debida, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de prevención de daños significativos al medio ambiente y el deber de proteger y preservar el medio marino: 

a) ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?; 

b) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con respecto a:

i) Los Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son particularmente vulnerables a ellos; 

ii) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?«

Una resolución adoptada por consenso

A diferencia de un texto adoptado mediante una votación (en la que quedan expuestos los opositores al mismo), un texto adoptado mediante la técnica del consenso (ausencia constatada de objección) constituye en sí un logro diplomático. Al tratarse de la Asamblea General de Naciones Unidas, envía una señal de importancia al resto de la comunidad internacional y de paso, refuerza el papel desempeñado por los promotores de esta iniciativa. Este resultado implica que se haya revisado la formulación del texto una y otra vez, en aras de lograr que ningun Estado pueda objetar el contenido del texto a la hora de ser sometido por la Presidencia de la Asamblea General al conocimiento de sus 193 integrantes.

Al respecto, hay que saludar la gran destreza de los aparatos diplomáticos de los promotores de esta iniciativa (y la de sus aliados) para acordar una formulación en las preguntas, pese a las objecciones que pudieron haber externado algunos de los Estados responsables de la mayor emisión de gases con efecto invernadero: a pesar de las reservas que pudieron tener estos últimos Estados, ninguno se aventuró a solicitar un voto nominal este 29 de marzo, por lo que esta resolución se adoptó por consenso en la Asamblea General. 

El delegado de Estados Unidos en la «explicación del voto» que nunca se materializó como tal, a penas adoptada la resolución,  consideró oportuno indicar su oposición a ciertas referencias hechas en el preámbulo y a señalar, entre otros puntos (véase enlace oficial), que:

«We have considered this carefully, recognizing the priority that Vanuatu and other Small Island Developing States have placed on seeking an advisory opinion from the International Court of Justice with the aim of advancing progress towards climate goals. However, we have serious concerns that this process could complicate our collective efforts and will not bring us closer to achieving these shared goals.  We believe that launching a judicial process – especially given the broad scope of the questions – will likely accentuate disagreements and not be conducive to advancing ongoing diplomatic and negotiations processes.  In light of these concerns, the United States disagrees that this initiative is the best approach for achieving our shared goals, and takes this opportunity to reaffirm our view that diplomatic efforts are the best means by which to address the climate crisis«.

Como indicado previamente, ni Estados Unidos ni ningún otro Estado solicitó un voto a la hora de examinar este proyecto de resolución. La posición del delegado de Estados Unidos puede ser contrastada con la expresada por la Unión Europea (UE)  (véase enlace) o bien con la posición de la delegada de Alemania (véase enlace) o bien la del delegado de Noruega (véase enlace). 

En realidad, el texto adoptado este 29 de marzo del 2023 es similar a uno hecho público a finales de noviembre del 2022: en efecto, luego de largas jornadas y consultas, un grupo de Estados reunidos por Vanuatu  en octubre del 2022 (el denominado «Core Group» al que refirió Vanuatu en su discurso ante la Asamblea General) elaboró el texto de la futura resolución. Este grupo reunió a los 18 siguientes Estados, de muy diversas latitudes y continentes: Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Liechtenstein, Marruecos, Micronesia, Mozambique, Nueva Zelanda, Portugal, Rumanía, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Uganda, Vanuatu y Vietnam (véase nota del CIEL). Por parte del hemisferio americano, únicamente Antigua y Barbuda y Costa Rica lo integraron.

En las próximas semanas, esta solicitud de opinión consultiva será trasladada a la CIJ para su respectivo examen por parte de los 15 jueces  de La Haya.

Hace unos meses, la misma Asamblea General solicitó también una opinión consultiva al juez de La Haya sobre otro tema en el que fue imposible lograr un consenso entre sus 193 integrantes: los efectos legales de la prolongada ocupación y colonización por parte de Israel en Palestina. Ante la falta de acuerdo, se debió proceder a una votación: tuvimos la oportunidad de analizar los resultados del voto realizado el 30 de diciembre del 2022 y en particular la posición adoptada por los Estados de América Latina (véase nuestra breve nota al respecto titulada «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina, breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, publicada en LaRevistacr, edición del 1/02/2023).

Una solicitud similar hecha al Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar

En diciembre del 2022, el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) recibió una solicitud de opinión consultiva por parte de Estados insulares preocupados por la elevación del nivel del mar y por la contaminación existente en el mar, así como por otras alteraciones del medio marino que los impacta. Estos Estados insulares fueron liderados por Antigua y Barbuda y Tuvalu. 

La pregunta hecha lo es en relación a las disposiciones de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto de la solicitud) y se lee como sigue:

«What are the specific obligations of State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea (the «UNCLOS»), including under Part XJI: 

(a) to prevent, reduce and control pollution of the marine environment in relation to the deleterious effects that result or are likely to result from climate change, including through ocean warm ing and sea level rise, and ocean acidification, which are caused by anthropogenic greenhouse gas emissions into the atmosphere? 

(b) to protect and preserve the marine environment in relation to climate change impacts, including ocean warming and sea level rise, and ocean acidification?«

Como bien se sabe, la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 constituye a la fecha el único instrumento normativo de carácter universal existente en el ámbito marino (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), con 168 Estados Parte. 

Un esfuerzo similar observado a nivel interamericano

A nivel interamericano, la emergencia climática también ha originado una reciente solicitud de opinión consultiva: en efecto, en enero del 2023, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos  la que fue solicitada conjuntamente por Chile y Colombia con relación a las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos de cara a la emergencia climática y a las medidas de carácter urgente que deberían de tomar (véase texto completo de la solicitud de opinión consultiva). Se trata de seis preguntas a las que la Corte deberá de responder. Es de notar que dos de ellas (la B y la E) refieren de manera expresa a las disposiciones del Acuerdo de Escazú: tuvimos la ocasión de analizar las dos recientes ratificaciones (Belice y Granada) registradas en el mes de marzo del 2023 así como el notable uso del Acuerdo de Escazú hecho por el juez interamericano en una de sus últimas sentencias (véase nuestra nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú: a propósito de dos nuevas ratificaciones (Granada y Belice) y de su uso reciente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) publicada en DIPúblico (Argentina), edición del 28/03/2023).

A modo de conclusión

No es usual observar a tres jurisdicciones internacionales distintas ser solicitadas sobre asuntos similares de manera casi simultánea en materia consultiva. Como bien se sabe, la función consultiva permite a una jurisdicción internacional dar a conocer su interpretación sobre cuestiones legales objeto de disenso y/o desacuerdos. La interpretación que hace de los alcances de una normativa internacional aplicable goza de una autoridad que ningun Estado o grupo de Estados u organización internacional puede discutirle. 

Este súbito interés en solicitar a una jurisdicción precisar el alcance de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de cambio climático proviene probablemente de la tímida respuesta de la comunidad internacional durante la última COP-27 celebrada en noviembre del 2022 en Egipto: se logró finalmente acordar, ante las legítimas demandas de compensación por daños y pérdidas que ocasiona a numerosos Estados el cambio climático, la creación de un órgano (véase enlace). Es de señalar que el 29 de marzo del 2023 concluían precisamente los trabajos del denominado «Comité de Transición» en su primera reunión celebrada Luxor (véase enlace oficial), creado durante la COP-27 para examinar el tema de daños y pérdidas.

Aunado a ello, la situación climática y la extrema vulnerabilidad de algunas poblaciones al cambio climático también explican estas tres iniciativas ante jurisdicciones internacionales, dos a nivel universal y una a nivel interamericano.

Este panorama resulta también del hecho que, a la fecha, la comunidad internacional no ha logrado aún acordar medidas para revertir sustancialmente el aumento paulatino de la temperatura, pese a disponer de datos científicos con los que se cuenta desde hace más de 25 años sobre los efectos dramáticos que ocasiona el cambio climático: véase al respecto el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas del 2023 (más conocido por sus siglas en inglés IPCC).

Estas solicitudes a tres distintas jurisdicciones internacionales constituyen como tal un desafío para estas, y desde ya generan mucha expectativa en diversos círculos. Ello en razón de que se ha podido observar el uso creciente que se hace de decisiones de jurisdicciones internacionales ante los tribunales nacionales.  

No está de más indicar que, a nivel del derecho interno esta vez, la justicia climática es también objeto de numerosas acciones legales debido a un sinnúmero de actividades autorizadas por los mismos Estados y que a veces, contradicen sus compromisos internacionales para luchar contra el cambio climático. Podemos citar el ejemplo, entre muchos otros, de la justicia de los Países Bajos que en el 2019 en el caso Urgenda (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en Bélgica) condenó al Estado por no mantener el ritmo de reducción de emisiones de gases que se había comprometido a reducir. Igual ocurrió en Alemania con su juez constitucional en el 2021 (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en una revista especializada en España). Más llamativo al tratarse del Estado que hospedó en diciembre del 2015 las negociaciones de un acuerdo internacional que lleva el nombre de su capital, el juez administrativo galo condenó a Francia por su inacción climática en octubre del 2021 (véase nota y  decisión del Tribunal Administratif). Más recientemente, otra decisión del Conseil d´Etat condenó al Estado francés por no atender debidamente sus compromisos en torno esta vez a la calidad del aire (véase decisión de octubre del 2022). 

En el caso de América Latina, son muy diversas y variadas las acciones legales realizadas por distintos colectivos sociales ante las jurisdicciones nacionales: en este enlace se registran algunas de las acciones llevadas ante los tribunales nacionales por organizaciones sociales, que, sin duda alguna, esperan ansiosas que la justicia internacional refuerze, en un futuro cercano, sus argumentos ante la falta de voluntad para lograr una verdadera justicia climática.

 

Imagen ilustrativa.

Conversando sobre racismo, Radio 870 UCR

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Como parte de la nueva temporada 2023 de la Radio 870 AM, Saber Vivir de la Universidad de Costa Rica, se llevará a cabo el programa «Conversando sobre racismo».

El próximo lunes 27 de marzo a las 8:00 a.m. iniciarán con la socialización de los principales resultados del módulo sobre el racismo en Costa Rica de la Encuesta ACTUALIDADES 2022, de la Escuela de Estadística de la UCR.

Gracias a la comunicadora Gloriana Rodríguez Corrales, se abrió este espacio mensual para identificar el racismo y de este modo, accionar hacia nuevas ideas y comportamientos en nuestra vida cotidiana y social. 

Participarán la Doctora Fernanda Alvarado Leitón, docente de la Escuela de Estadística, y la Bachiller María Fernanda Obando Sánchez, antropóloga y asistente del OBCRA durante el 2022.

Pueden descargar el informe de ACTUALIDADES en: http://www.estadistica.ucr.ac.cr/index.php/es/encuestas/actualidades/informes

La grabación del programa quedará disponible en el portal obcra.fcs.ucr.ac.cr

Link para acceder a la publicación:  https://www.instagram.com/p/CqI_54AuHV-/?igshid=ZTE2MDY0MWU=

Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alejandra Espinoza

Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña…

Una publicación que hice un 18 de marzo por el aniversario del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas, ahora, a un año más de impunidad vuelve a tomar vigencia.

“Tu belleza me atrapó, el reflejo de esas pupilas que no entienden de divisiones ni razas, fundido a su mascota en un abrazo solidario.

Evocación de nuestros abuelos, de lo real y auténticamente costarricense.

Tú no sabes de videojuegos porque tienes la luna y el bosque, no tienes miedo porque la tierra te cuida. Sos el dueño de este país donde se bota el pescado a los dos días de estar en el supermercado mientras tu pueblo camina dos lunas para poder pescar en el Térraba.

Tratan de arrancarte la tierra, lecho de bruma donde descansan tus antepasados.

Pueden callar una voz, pero hay muchas voces que seguirán clamando junto al eco de la montaña.

No puedo dejar de mirarte «niño indígena» y siento vergüenza de la inacción propia y ajena”.

La izquierda y la situación en Nicaragua – Una deuda latinoamericana

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

Marzo 2023

Un informe del subcontratista Chemonics International Inc. para la USAID evalúa el resultado de diversos programas desarrollados en Nicaragua entre abril de 2013 y febrero del 2018 (el informe puede ser visto aquí: https://chemonics.com/wp-content/uploads/2018/10/FinalReport.pdf)

En sus 61 páginas se definen objetivos y resultados de los diversos programas de apoyo a 17 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense.

Entre los objetivos del programa estaba el fortalecimiento de la capacidad de esas organizaciones “para mejor defender las demandas de los ciudadanos mediante el proyecto de promoción de las capacidades de la sociedad civil”.

Se trataba de proporcionar a la USAID información útil para que organizaciones clave –que ya recibían recursos de la USAID para actividades que el proyecto llama de “democracia y gobernabilidad”–, pudieran lograr de mejor manera sus objetivos comunes.

Se pretendía incrementar la capacidad de las ONGs para concientizar y movilizar a los ciudadanos; “incrementar la capacidad de coordinación de las ONGs y de los individuos, del sector privado y de los medios para promover la concientización, la defensa y el activismo”.

El proyecto se orientó a fortalecer las capacidades de comunicación, creando especialmente para eso “herramientas de medios digitales”.

Ya veríamos después el contenido de esas campañas de concientización y de activismo. El documento especifica algunas organizaciones beneficiarias, la realización de talleres con periodistas y grupos de derechos humanos, particularmente importantes para lo que califica de “desafiante contexto político” nicaragüense.

Los participantes “aprendieron a encriptar información en sus teléfonos celulares, computadoras y otros equipos para prevenir ataques cibernéticos y la manipulación de sus aparatos de comunicación o sitios web con información importante para los nicaragüenses”.

Los recursos del programa otorgaron también a las ONGs una mayor capacidad para “plantear reivindicaciones y desarrollar acciones específicas de reivindicaciones”.

Una interferencia multimillonaria

El documento al que hacemos referencia no es el único sobre las actividades de la AID en Nicaragua. En la página de la USAID (https://www.usaid.gov/nicaragua/history) se puede leer que “el gobierno de los Estados Unidos ha proporcionado cerca de 2,5 mil millones de dólares en asistencia al desarrollo a Nicaragua, principalmente mediante la AID”, desde su establecimiento, en 1962.

De acuerdo con su estrategia actual –cuya definición puede ser vista en internet–, la USAID “provee entrenamiento y asistencia técnica para organizaciones de la sociedad civil sobre los estándares internacionales y las mejores prácticas para reivindicar efectivamente las prácticas democráticas y los derechos humanos”.

De los 2,5 mil millones de dólares que la agencia invirtió en Nicaragua, 507 millones fueron empleados en “esfuerzos de estabilización de la economía, para enfrentar la creciente inflación, y el pago de deudas con instituciones multilaterales”, además de 36,3 millones invertidos “en programas de generación de empleo” en los años 90.

Hay que recordar que el 25 de abril de 1990 asumió la presidente Violeta Barrios de Chamorro, electa después de años de guerra organizada y financiada por Estados Unidos contra el gobierno sandinista.

Celebradas en medio del caos provocado por la intervención militar, con la economía afectada por las sanciones económicas, los sandinistas no tenían posibilidades de triunfo, si consideramos, además, que el gobierno norteamericano había prometido continuar con la guerra si eso ocurría.

En resumen, Estados Unidos dedicó millones de dólares para combatir la revolución sandinista en los años 80’s, para provocar el caos en su economía, incluyendo los recursos del escándalo conocido como “Irán-contras”, para aportar después otros millones para apoyar los planes de reconstrucción de sus aliados.

¿Cómo no reconocer la responsabilidad de Estados Unidos en el caos económico creado en Nicaragua, que luego pretendió resolver con los poco más de 540 millones de dólares, que se revelaron insuficientes para reordenar la economía del país, como ha quedado en evidencia si vemos los resultados 30 años después de esa intervención?

Los especiales intereses en un posible canal interoceánico por Nicaragua, en competencia con el de Panamá, hizo de las intervenciones militares norteamericanas en Nicaragua una política habitual. Como consecuencia, la resistencia a esa intervención adquirió particular relevancia con la rebelión del general Sandino, asesinado en febrero de 1934 por las fuerzas políticas y militares nicaragüenses instaladas en el poder por Washington.

Desde entonces, la política nicaragüense es incapaz de encontrar un escenario donde sandinistas y antisandinistas puedan enfrentarse, sin que la intervención norteamericana desequilibre lo que debería ser una “normal” disputa política sobre diferentes visiones del país.

La masiva intervención de los años 80’s dio origen a una nueva etapa política, en la que sandinismo y antisandinismo, desdibujados, han buscado reacomodarse y sobrevivir; haciendo que el sandinismo se dividiera; que Ortega asumiera el poder en sucesivas elecciones, con la oposición cada vez más acorralada; hasta desembocar en las protestas de 2018 y la represión que la siguió.

La división del sandinismo ocurrida en el período posterior a la derrota electoral de febrero de 1990 es uno de los acontecimientos que contribuyó al desarrollo del actual orden político en el país. La prisión, exilio, expropiación, retiro de la nacionalidad de destacados líderes de la revolución sandinista de los años 80 solo puede ser visto como el fracaso de un proceso que entonces logró aglutinar una voluntad mayoritaria en apoyo al proceso revolucionario.

Conociendo los programas y los recursos puestos a disposición de la oposición por la AID, revisando sus objetivos y el periodo de desarrollo de esos programas (2013-2018), pensar que las protestas de abril del 2018 fueron una rebelión espontánea es, por lo menos, una ingenuidad.

La oposición salió a derrocar el gobierno y el gobierno respondió matando y encarcelando a los opositores. Como en otros lugares del mundo, otro Maidán, otra revolución de colores, generó una confrontación que un desarrollo sin esas interferencias quizás pudiese haberse evitado.

El aire refrescante de América Latina

Es en ese contexto que la oposición nicaragüense desarrolla una intensa campaña para minar el apoyo de la “izquierda” latinoamericana a Ortega. Esa campaña –titulada “La izquierda latinoamericana de espaldas a la dictadura”– es organizada por medios digitales de la oposición nicaragüense.

Una campaña de esa naturaleza podría ofrecer a la izquierda latinoamericana una alternativa al gobierno de Ortega. Pero se limita a argumentar que el gobierno de Ortega no es “de izquierda”. Sería lógico pensar entonces que la “izquierda” está en la oposición. Pero no es así.

Dada la desarticulación de la oposición, a su imposibilidad de organizarse al interior del país debido a la represión del gobierno, esa oposición se define o se aglutina tras el objetivo de deponer el gobierno. Pero es prácticamente imposible encontrar una explícita visión de país que pretenden construir, el orden económico que pretenden organizar, desde su visión del escenario internacional.

En esas condiciones, una manera de vislumbrar el carácter político de esa oposición es revisar las posiciones de los candidatos presidenciales opositores en las pasadas elecciones, todos ellos encarcelados y luego extraditados y expropiados por Ortega. Un verdadero caos, aplicado con una crueldad inaceptable. En esa oposición no hay nada que se pueda calificar como de “izquierda”, como la campaña mediática pudiera sugerir.

La “izquierda” latinoamericana está atrapada en este juego. Entre los que apoyan a Ortega a rajatabla y los que consideran impensable cualquier apoyo a su gobierno, un casi desaparecido atajo ha ido quedando oculto por el bosque. Un atajo que nos lleva a la casa centroamericana, donde hace falta abrir dos ventanas: una para que salga el aire sofocante de Washington. Otra, para que entre el aire refrescante de América Latina.

Nuevas realidades

Hace 45 años era impensable que América Latina pudiera extender sus intereses a una región sometida desde hace más de un siglo a la influencia e intereses norteamericanos, nacidos no solo de la cercanía geográfica sino, principalmente, de una ubicación estratégica, capaz de facilitar el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico.

Hoy, no solo la situación es distinta, sino que está en rápido y profundo cambio. En el nuevo orden mundial una mayor presencia política latinoamericana en la región parece posible y necesaria. Preguntado por la situación en Nicaragua, el presidente brasileño, Lula, dijo no estar muy informado. Ya no parece una respuesta razonable.

Es inaceptable la política norteamericana de sanciones unilaterales contra países latinoamericanos, cuya principal expresión es la impuesta por más de 60 años a Cuba, pese al rechazo prácticamente unánime, año tras año, de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Sería del todo inconveniente para América Latina ver un gobierno nicaragüense que, en caso de triunfo de la oposición, se sumase a esa política de sanciones de Washington contra países de la región. Pero la oposición nicaragüense no habla públicamente de esas cosas, aunque lo hace en privado.

Así como importantes sectores de la izquierda latinoamericana se sienten incómodos con la situación de Nicaragua, la oposición evita cuidadosamente definirse en el escenario político, que algunos de sus representantes prefieren explicar diciendo que ya no existe ni izquierda ni derecha. Naturalmente, los sectores más conservadores, que encabezan la oposición, se sienten cómodos en la derecha.

El caos centroamericano

Está claro que el siglo de intervención norteamericana no es ajeno a la incapacidad de organización política de los países centroamericanos. Tampoco es ajeno a su pobreza y desigualdad económica, fundamento de la riqueza de viejos magnates norteamericanos, bien descritos por el ensayista costarricense Vicente Sáenz en sus libros, ya en la primera mitad del siglo pasado.

Costa Rica es la excepción en ese caos. Pero eso tiene una explicación. Desde mi punto de vista se debió a la obra de un político notable, José Figueres, el mismo que, a fines de los años 40 abolió el ejército nacional (cosa constantemente recordada por políticos y académicos), pero que hizo algo todavía más importante: nacionalizó la banca. Eso fue la clave para que el país contara con recursos para atender la demanda de su población de mejor manera que otros países de la región y pudiera organizar un orden político y administrativo que respondiera de mejor forma a esas necesidades.

Es cierto, sin embargo, que desde principios de los años 80, cuando en el mundo se abría paso el modelo neoliberal y trataban de convencernos de que no había alternativa, un gobierno que se reivindicaba como de la misma línea de Figueres dio comienza a un proceso de privatizaciones que, con recursos de la AID, apuntó, en primer lugar, a la banca nacionalizada. En los 40 años siguientes, ese mismo partido (el socialdemócrata Liberación Nacional) consolidó el camino neoliberal, incluyendo una campaña para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos basada en una estrategia conocida como el “Memorando del miedo”. Hoy, el país también siente que ha perdido su rumbo, que un cierto orden, sustentado por un Estado preocupado por la vida de sus ciudadanos, ha ido, poco a poco, a mordiscos, siendo desarmado.

La deuda latinoamericana

Si el factor desequilibrante de la política en los países centroamericanos, en particular en Nicaragua, es la intervención norteamericana, es cierto que la ausencia latinoamericana no solo ha dejado a disposición de Washington todo el escenario, sino que ha privado de otras opciones a los sectores políticos nicaragüenses que no se sienten cómodos con el actual escenario.

El nuevo gobierno brasileño ha optado por no sumarse a condenas interesadas, al uso abusivo del tema de los “derechos humanos”, transformados en instrumento político gracias a disposiciones a las que Washington nunca adhirió, concebidas especialmente para poner a pelear a los latinoamericanos. El gobierno brasileño ha expresado su desacuerdo con medidas como la extradición, la expropiación y el retiro de la nacionalidad a líderes opositores, pero ha querido dejar abierta una puerta el diálogo. No es suficiente la propuesta de una política alternativa cuyos resultados solo se verán a mediano, o largo plazo. Hay una situación en desarrollo que requiere atención más urgente.

El cambio de gobierno en Brasil, en Colombia, la posición de López Obrador, en México, o de Alberto Fernández, en Argentina, son una base importante para la coordinación de esas políticas. Hace falta que los partidos políticos del Sur estén presentes en Centroamérica.

Una derecha muy conservadora, la de Piñera y Macri, de Calderón, y Fox, de Aznar y Rajoy se ha reunido para fortalecer “la libertad y la democracia” en la región.

Es inconcebible que políticos latinoamericanos puedan reunirse con colegas como el español Aznar, precisamente cuando se cumplen 20 años de la invasión de Irak, que justificó jurando tener evidencias de las armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein (sus afirmaciones en la época pueden ser vistas aquí: https://www.facebook.com/watch/?v=1100473373617333). Con sus aliados, tiene la destrucción de un país y centenares de miles de muertos a su haber.

Es esa gente es la que se propone defender “la libertad y la democracia” en la región. Para enfrentarlos hay que proponer una visión distinta y organizar una alternativa que responda a los intereses latinoamericanos.

FIN