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Etiqueta: derechos políticos

Unas palabras sobre la reelección

Walter Antillón

En general, la cuestión de la reelección es particularmente importante en los sistemas presidencialistas, en los que una duración indefinida del mandato ha sido identificada como un factor de riesgo democrático.

El ius honorum (derecho a ser electo en un alto cargo público), al igual que el ius suffragi (derecho a elegir), es fundamental e infaltable en el elenco de los derechos políticos previstos por la Constitución y los tratados. Pero ¿cuántas veces podría alguien ser distinguido con una elección popular? ¿Una, dos, tres veces?

En la experiencia histórica, eso ha tenido diferentes soluciones, dependiendo de distintas circunstancias: a) para la Presidencia de México, tenemos un único período sin reelección; b) para Estados Unidos y Brasil, cabe una única reelección inmediata; pero transcurrido un período, la persona podría volver a postularse; c) para Nicaragua y El Salvador, la reelección puede ser indefinida. Etc. ¿De qué ha dependido en cada caso? De los equilibrios del poder.

Los politólogos han observado que en los países políticamente desarrollados y con una institucionalidad fuerte (como Estados Unidos), la tendencia va hacia una reelección restringida; mientras que los democráticamente inmaduros, carentes de instituciones sólidas (como son, claramente, muchos en Latinoamérica) caen fácil y repetidamente en la reelección indefinida.

Para cualquier gobernante no resulta fácil renunciar a las ‘mieles del poder’ una vez que las ha probado; de modo que, si dispone de un haz de facultades y de un largo período para usarlas, tendencialmente va a buscar la manera de torcer las reglas que lo limitan, va a usar todas las posibilidades a su disposición para perpetuarse en el cargo; y si el país no cuenta con frenos vigorosos, el daño es irreversible.

Costa Rica ha tenido la suerte de haber consolidado algunas instituciones esenciales para preservar su régimen jurídico; pero ha arrastrado, por culpa de una tanda de gobiernos irresponsables, un déficit de gobernabilidad en relación con sus clases pobres, sobre todo en lo que concierne a su economía, su salud, su educación; mientras que por el otro lado ha permitido el ascenso de un grupo de nuevos ricos que casi han reventado el coeficiente de Gini, que registra la desigualdad.

Como todos hemos podido ver, esa debilidad estructural ha sido exitosamente explotada por los gobiernos Chaves-Fernández para fines electorales: creen que se han ingeniado una eterna fabriquita de votos con su espectáculo de los miércoles, pero por ahí pueden venir sorpresas (remember Trump).

Mientras tanto, Costa Rica ha podido resistir el brutal asedio que ese gobierno ha puesto sobre las instituciones más vitales: el Poder Judicial, las universidades públicas, la prensa, la Contraloría, la Caja, el ICE, etc. Nuestro pueblo está cada vez más consciente y más organizado, y más temprano que tarde le pasará la cuenta.

Lo tenemos claro: Chaves no está interesado en resolver los graves problemas del país, sino en demoler las instituciones y perpetuarse en el poder. Lo cual explica su proyecto de reforma constitucional para establecer la reelección indefinida.

¿Qué quiere hacer este señor con un poder ilimitado? Echemos un vistazo alrededor del continente, y saldrá la respuesta.

AAJ denuncia suspensión de movimiento político en Ecuador y alerta sobre vulneración de derechos civiles y políticos

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) expresó su alarma por la suspensión provisional del movimiento político Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (AMIGO) en Ecuador, al considerar que la medida compromete derechos civiles y políticos, el pluralismo democrático y las garantías del debido proceso.

El pronunciamiento se refiere al auto dictado el 17 de julio de 2026 por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dentro de la causa N.° 110-2026-TCE, mediante el cual se dispuso la suspensión provisional de AMIGO por un período inicial de nueve meses, prorrogable hasta veinticuatro meses, del registro permanente de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral.

Según la AAJ, la medida fue solicitada por el fiscal general encargado con fundamento en el artículo 374, numeral 3, del Código de la Democracia. No obstante, la organización cuestiona también la forma en que dicho funcionario fue designado, al señalar que su nombramiento se realizó mediante un procedimiento administrativo que, a su juicio, no respetó la normativa vigente.

La declaración subraya que el trámite se desarrolló en cuestión de horas y recuerda que una situación similar ocurrió meses antes con el movimiento Revolución Ciudadana, suspendido mediante un mecanismo equivalente. Señala además que, tras esa primera suspensión, dirigentes de Revolución Ciudadana anunciaron que participarían en el proceso electoral bajo la bandera de AMIGO, organización que posteriormente fue objeto de la nueva medida cautelar.

La AAJ considera especialmente grave que la suspensión se produjera un día antes del vencimiento del plazo para inscribir alianzas electorales de cara a las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 2027, circunstancia que, según sostiene, produjo efectos prácticos irreversibles sobre la participación política de esa organización.

En su análisis jurídico, la organización afirma que la resolución vulnera garantías constitucionales ecuatorianas relacionadas con el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la seguridad jurídica, los derechos de participación política y la libertad de asociación. Asimismo, sostiene que la decisión resulta incompatible con estándares establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al imponerse una medida de gran impacto electoral antes de que exista un procedimiento contradictorio y sin oportunidad previa de defensa.

El documento advierte que la suspensión sucesiva de organizaciones vinculadas a una de las principales fuerzas políticas del país afecta no solo a las agrupaciones involucradas, sino también al derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre una oferta política plural. En ese sentido, sostiene que este tipo de decisiones pueden alterar las condiciones de competencia democrática y normalizar el uso de investigaciones penales como mecanismo para excluir fuerzas políticas del proceso electoral.

Como parte de su declaración, la Asociación Americana de Juristas manifiesta su rechazo a la aplicación reiterada de este mecanismo sin garantías suficientes; exhorta al Tribunal Contencioso Electoral a revisar la decisión y garantizar plenamente el derecho de defensa; informa que pondrá el caso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de mecanismos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; solicita atención de las misiones internacionales de observación electoral sobre el proceso ecuatoriano 2026-2027; y reafirma su compromiso con la vigencia de elecciones libres, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en los países del continente americano.

Comunismo y democracia (2)

Manuel Delgado
Parte 1: https://wp.me/p6rfbZ-yQy

Un político o un comunicador responsable debe saber explicarles a sus interlocutores que la democracia pura o democracia a secas no existe más que en nuestra mente, porque ella es una abstracción. No existe como no existen las frutas. Nosotros desayunamos bananos, o mangos o naranjas, pero frutas jamás. Ellas solo tienen existencia en nuestros sueños.

La democracia tiene nombres y apellidos. Entonces hay que referirse a ella con esos nombres y esos apellidos, y evitar así un posible enredo de identidades (la verdad es que hay muchos apuestan por el enredo, precisamente porque rehúsan la claridad, precisamente porque el enredo les salva la vida o la silla; su enredo es, pues, calculado).

Efectivamente el capitalismo ha construido un régimen político que los malos políticos aceptan como el sumun de la democracia. La democracia es esta en que vivimos, según ellos. E identifican la democracia con dos cuestiones: que haya elecciones aceptablemente libres, decir, que los oligarcas quiten o pongan a sus gobernantes para que les dirija su finca y que lo hagan de manera más o menos pacíficas, sin aspavientos que dañen los negocios, y que todos los habitantes disfruten, más o menos y en abstracto, de los mismos derechos. Sobre esto último está claro que un hijo de la gran oligarquía no tiene o los mismos derechos que un desempleado de los sectores más desfavorecidos, o de un vendedor ambulante. Pero, además, lo normal, lo cotidiano, es que a los trabajadores se les hayan negado, salvo pequeñas épocas, de todos sus derechos: su derecho al voto, su derecho a formar partidos políticos independientes, su derecho a formar sindicatos que los defiendan y, por último, su derecho a la vida. Los tiempos de “democracia” han sido los menos en estos dos siglos y resto de capitalismo maduro.

Olvidan de decir, por cierto, que el capitalismo ha pasado muchos más años en regímenes muy “antidemocráticos” que ellos llaman “democráticos”. El régimen capitalista se asentó primero en un estado de amplias desigualdades y prohibiciones en Inglaterra o en Francia, donde solo una mayoría disfrutaba de los derechos políticos. Estos se les negaban, primeramente, a las mujeres. Ni qué decir que los habitantes de las colonias, plagadas de esclavos, desconocían del todo esos derechos democráticos.

Una revolución de masas, de obreros, campesinos, artesanos, pequeños y medianos propietarios, acabó con la monarquía y dio origen a la revolución francesa, Algunos derechos fueron arrancados a la oligarquía por algunos, pero aquello fue flor de un día. Pronto Francia y su revolución entraron en un periodo de restauración, es decir, de vuelta al pasado. Para citar solo un aspecto, a partir de 1789, año de la toma de la Bastilla, la monarquía se mantuvo con uno u otro disfraz, con uno u otro tropiezo, a lo largo de todo un siglo, hasta que en 1870 el proletariado parisino la enterró para siempre en la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia.

Bajo la consigna de defender la democracia, imperio y oligarcas locales han derribado por la fuerza a muchos presidentes constitucionales. Mencionemos a Madero en México, Joao Goulart en Brasil, Rómulo Gallegos en Venezuela, Juan Bosch en República Dominicana, Jacobo Árbenz en Guatemala, Salvador Allende en Chile, Manuel Zelaya en Honduras. En total, entre 1898 y 1994, suman son 41 intentos de EE. UU. por derrocar gobiernos en América Latina, todos acusados de no ser democráticos. Y a esas experiencias “no democráticas” siguieron periodos de gran maltrato a los derechos humanos, periodos de decenas de miles de muertos, torturados, exiliados y otros.

¿Puede ser realmente “democrática” esta democracia sustentada sobre la desigualdad? Claro que no. No se puede someter a las mismas reglas a personas o colectivos desiguales y, menos aún, tan desiguales. No puede ser democrático un país donde los que quitan y ponen presidentes y diputados son los grandes millonarios, donde los que definen quién tiene dinero y quién no, más que el TSE, son los bancos privados.

Durante la pasada campaña, 317 beneficiarios, entre personas físicas y jurídicas, se adueñaron de 12.827 millones de colones de la deuda política correspondiente a cinco partidos políticos: Pueblo Soberano, Liberación Nacional, Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio.

(Durante años he sostenido que este sistema de deuda política en que la banca privada es quién presta—por cierto, a cambio de un altísimo descuento o ganancia para el banco, que en algunos casos ha llegado al 40%—debe ser modificada, y que el gobierno debe reservar el dinero suficiente para hacerla efectiva. Por supuesto que los que realmente gobiernan, el capital financiero y bancario, se oponen férreamente y amenazan a los partidos que quisieran levantarla. Y la amenaza no ha sido inútil: los asustan con la posibilidad de dejarlos sin dinero o entregarles solo algunos centavos a destiempo, en las últimas semanas previas a febrero).

El diputado Villata posiblemente recordará aquello que dijeron los personeros de UCCAEP a partidos en una de las campañas: “En este país se gobierna con nosotros o no se gobierna”.

¿Puede haber democracia, esa democracia neutra y abstracta, en un país donde la libertad de prensa está atosigada, tomada del cuello, en un reducidísimo número de medios que a su vez representan a un reducidísimo y riquísimo grupo de personas? Se me dirá que de nuevo recurro a la sabiduría de Perogrullo. Pues, precisamente.

¿Puede haber una democracia pura y neutra en un país donde la quinta parte más pobre de la población se las agencia con el 6 % de la riqueza nacional mientras uno cuantos miles viven como reyes? Otra verdad de Perogrullo. Un tratamiento igual, un derecho igualmente repartido entre personas diferentes o, como en nuestro caso, extraordinariamente diferentes, no puede calificarse de un trato democrático.

La “democracia” es una forma de Estado, es un instrumento en manos de las fuerzas (léase clases sociales) que tienen el poder real, el poder económico, que es en definitiva el que define todos los demás aspectos de la sociedad. Y cuando se dice poder económico lo que quiere decirse es la propiedad de los medios de producción y distribución de esa sociedad.

Un grupo reducidísimo de personas y empresas, nacionales y extranjeras, son dueñas de las tierras, las fábricas, los bancos, los medios de comunicación. Y es esa minoría la que ha sustentado esa democracia, es decir, ese poder estatal, para mantener su régimen de producción y someter a las otras clases, a la mayoría de la población, que no posee medios y que vive del salario algunas veces, y otras ni siquiera de eso.

A través de Estado, de esa democracia, ellos hacen las leyes en una Asamblea Legislativa que manejan a su antojo, nombran directa o indirectamente al poder judicial, crean y mantienen las cárceles y la policía, es decir, tienen en sus manos el poder efectivo. Eso es así aquí y en la Cochinchina, lo es hoy y lo fue desde el tiempo de Upa, y no se va a cambiar con promesas de buena conducta. Se trata ni más ni menos que de una dictadura, una dictadura de clase, disfrazada y hermoseada por coloridas elecciones y bellos discursos de tirios y troyanos. Las oligarquías, nacionales y extranjeras, ejercen el poder por medio de esa democracia tan elogiada.

Decía Claudia Sheinbaum en la reciente Cumbre de Barcelona que “no hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”. Y eso está claro. Las democracias, en buena parte del mundo, esconden un sistema de desigualdad y explotación de los pobres y los desposeídos. Y entonces defender la democracia debe pasar de dejar una simple frase y operacionalizarse en un proceso de lucha por la verdadera democracia, una que no existe y no puede existir en el presente, pero que es real en el futuro, una democracia popular. Solo entonces la lucha por la democracia puede convertirse en un instrumento en favor de los trabajadores, en favor de las masas populares y no un instrumento para apalear y domesticar al pueblo.

¿Hay alguna alternativa? Sí, sí la hay. Y consiste en que esta democracia debe desaparecer y, en lugar, debemos crear otra democracia, una que sea de los trabajadores, con otras normas y contra otras instituciones. Pero sobre este regresaremos más tarde.

Costa Rica: la fuerza del sufragio responsable

Por: Dr. Efraín Cavallini Acuña
Comunicador
Integrante Alianza Ciudadana por el Despertar Democrático

La Constitución Política constituye la norma más importante de un Estado, ya que regula aspectos tan importantes como los derechos fundamentales de los que gozan los habitantes del país, el sistema de gobierno que lo regirá, las competencias de cada uno de los poderes que conforman el Estado, entre otros.

Cabe mencionar que, si bien nuestra Constitución Política tiene poco más de setenta años, lo cierto es que su texto refleja una serie de valores y principios, y es fruto de las luchas que han dado nuestros antepasados durante más doscientos años de vida independiente para perfeccionar nuestra democracia, y que hoy nos definen como una democracia plena, según los indicadores internacionales. Entre estos logros, podemos citar la creación de instituciones tan esenciales para la democracia como el Tribunal Supremo de Elecciones, la abolición del ejército, la creación de la Sala Constitucional, así como el sufragio universal que permitió el voto de la mujer que es un símbolo que nos identifica a nivel mundial.

El poder del voto popular en los procesos de elección en nuestro país son una herencia importante en los valores esenciales de la Democracia Costarricense. Aunque el sufragio, se ha transformado y tuvo importantes reformas desde su creación, que coinciden, precisamente con la construcción del Estado Republicano, ha funcionado en el largo plazo, como un mecanismo de legalidad, de participación y de representación, es decir es el ejercicio ciudadano más generalizado hasta inicios del Siglo XXI.

El salto político que dio Costa Rica en el Siglo XIX , al desarrollar el concepto del sufragio primero indirecto, público y restringido, al sufragio directo universal y secreto, conllevó un largo proceso histórico, donde precisamente, confluyeron, las demandas, las necesidades, los intereses de distintos grupos sociales y económicos para el ejercicio pleno de la responsabilidad ciudadana de primer orden, quizás al tenerlo, como acto de absoluta voluntad, no estemos conscientes del valor y de la fuerza que implica ejércelo como herramienta y voz de cada uno de los ciudadanos

Estas cualidades, garantizaron que, el sufragio, directo, libre, universal, secreto y la capacidad jurídica de los ciudadanos para elegir, se convirtiera en un mecanismo de participación popular, aceptada y generalizada, durante estos dos siglos de vida independiente.

El voto lleva implícito una acción política poderosa, un criterio imperioso, una demanda firme, una voz potente, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

No se trata de votar únicamente por alguna filiación, no se trata de votar porque tengo intereses privativos y mezquinos, no se trata de votar solo con el corazón, no se trata de tematizar y polarizar las opiniones. Tampoco de despreciar el sufragio, anulándolo, no se trata de ejercer el voto protesta y no acudir a las urnas. Se requiere que las personas se informen sobre los temas de fondo, sobre los grandes retos y sobre la agenda que debemos resolver y afrontar todos y cada uno de los costarricenses.

EL sufragio cualidad de nuestra democracia se encuentra descrito en la Constitución Política de Costa Rica, en su Título VIII Derechos y Deberes Políticos, Capítulo I, Los Ciudadanos, por ello, en este proceso electoral que vive nuestro país en el 2026, considero pertinente compartir y reforzar los artículos sobre el Sufragio descrito en nuestra Constitución Política.

Artículo 93.

“El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil”.

El sufragio o derecho al voto, constituye una de las expresiones máximas de la vida en democracia, en el tanto permite a las personas ciudadanas participar en la toma de decisiones de relevancia para el país, como es, por ejemplo, la elección de las personas que ocuparán puestos públicos de importancia, u otros temas de relevancia por medio de la consulta popular o referéndum. Ahora bien, cabe mencionar que el ejercicio del voto no constituye únicamente un derecho, sino también un deber, por lo que existe la obligación de participar en todos los procesos electorales y no únicamente en las elecciones nacionales.

Es pertinente aclarar que el hecho de alcanzar la mayoría de edad no otorga automáticamente el derecho a ejercer el voto, pues para ello es necesaria la inscripción de la persona ante el Registro Civil antes de una determinada fecha fijada por el Tribunal Supremo de Elecciones, así como contar con una cédula de identidad vigente.

Artículo 94.

“El ciudadano costarricense por naturalización no podrá sufragar sino después de doce meses de haber obtenido la carta respectiva”.

La nacionalidad costarricense puede obtenerse por nacimiento o por naturalización, siendo en este último caso el de personas extranjeras que por su propia voluntad deciden convertirse en costarricenses. Ahora bien, una vez que la persona cumple con los requisitos para obtener la nacionalidad costarricense, el Tribunal Supremo de Elecciones le otorga un documento denominado “carta de naturalización”, luego de lo cual se procede a su inscripción en el Registro Civil. Tras obtener este documento, y si la persona cuenta con la mayoría de edad, podrá ejercer su derecho al voto, siempre y cuando haya transcurrido ya

el plazo de doce meses que establece la Constitución.

Artículo 95

“La ley regulará el ejercicio del sufragio de acuerdo con los siguientes principios:

1.- Autonomía de la función electoral;

2.- Obligación del Estado de inscribir, de oficio, a los ciudadanos en el Registro Civil y de proveerles de cédula de identidad para ejercer el sufragio;

3.- Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas;

4.- Garantías de que el sistema para emitir el sufragio les facilita a los ciudadanos el ejercicio de ese derecho;

5.- Identificación del elector por medio de cédula con fotografía u otro medio técnico adecuado dispuesto por la ley para tal efecto;

6.- Garantías de representación para las minorías;

7.- Garantías de pluralismo político;

8.- Garantías para la designación de autoridades y candidatos de los partidos políticos, según los principios democráticos y sin discriminación por género”.

Este artículo establece una serie de principios que deben cumplir los procesos electorales, con el fin de que éstas respondan a los principios democráticos que deben regir a este tipo de procesos. En ese sentido, un medio para garantizar la transparencia en las elecciones, se dispone la obligación de que el Estado provea a los electores de cédulas con fotografías, con el fin de evitar que personas se hagan pasar por otras para ejercer en su nombre el voto. Por otra parte, al garantizar la autonomía de la función electoral, se elimina la posibilidad de que las personas que se encuentran ejerciendo el poder al momento de las elecciones, puedan adoptar medidas tendientes a influir en el proceso electoral a su favor, por medio de acciones fraudulentas.

Asimismo, se dispone la obligación de garantizar el pluralismo político como un medio para que todos los pensamientos políticos o ideológicos puedan participar en los procesos electorales, siempre y cuando estos no promulguen ideas que resulten contrarias a los principios que rigen el país (por ejemplo, un partido que promueva ideas racistas). Además, se busca que los procesos garanticen la participación en puestos políticos de en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, al prohibir la discriminación por motivos de género.

La fuerza del sufragio, no se compara con ninguna otra, dentro de una sociedad democrática. El voto lleva implícito una acción política poderosa, una voz potente, un criterio imperioso, una demanda firme, es derecho de ley, con ella elevamos nuestras demandas, escogemos a nuestros líderes, exigimos a quienes nos gobiernan una conducta coherente. No podemos hacer uso de esta herramienta de manera irresponsable, sin pensar, sin analizar, sin reflexionar, sin meditar en los alcances de una decisión, de cada uno y en conjunto de todos los que tenemos la obligación moral de ejercer el voto.

Como ciudadanos apelamos a la tesitura, a la recuperación de los mejores valores, que como sociedad democrática hemos construido, actuar conforme a nuestra vocación del ser costarricense, no como discurso vacío, si no como producto histórico, reconocidos como colectivo de vocación civilista, democrática, dialogante y pacifista. Se trata de recomponer la cohesión social, y que en esta elección salga lo mejor de nosotros.

Con la convicción de que el disenso y las diferencias son parte fundamental en toda democracia, hacemos un respetuoso llamado a los diversos sectores del país para intensificar el diálogo nacional en busca de acuerdos que nos permitan seguir construyendo una sociedad sustentada en valores, de respeto a la libertad de opinión, de tolerancia activa, de crítica constructiva y, en general, la sociabilidad humana donde la Ciudadanía es la Democracia.

Instamos a la ciudadanía costarricense a ejercer este sagrado derecho del sufragio y poder afirmar que la democracia formal, el sistema electoral y la alternabilidad en el poder, son garantía de nuestro Estado de Derecho.

Referencia Bibliográfica:

Una Constitución Política para todas y todos. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica. Escuela de Planificación y Promoción Social-Universidad Nacional, Costa Rica. Tribunal de Honor y Ética Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER. Progreso Editorial 2022. San José-Costa Rica

Defendamos la democracia

Instituto Sindical de Formación Política

Este documento explica que la democracia, cuyo principio es el gobierno del pueblo, no es un estado fijo sino un proceso que debe defenderse y fortalecerse continuamente. Formar frentes para su defensa es crucial, ya que la historia muestra que los derechos, como el voto femenino, no se obtuvieron de la noche a la mañana, sino mediante la lucha colectiva.

¿Qué es y por qué defender la democracia?

La democracia se basa en dos ideas poderosas que nos benefician a todos:

  • Autonomía individual: Nadie debería estar sujeto a reglas impuestas por otros sin que tengamos voz. Debemos poder controlar nuestras propias vidas.

  • Igualdad: Todos debemos tener las mismas oportunidades de influir en las decisiones que afectan a nuestra sociedad.

Un funcionario elegido lo resume así: «El derecho al voto no es un privilegio. En el siglo XXI, la opción por defecto en un estado democrático debe ser a favor de la inclusión”. Defender la democracia es defender nuestro derecho a ser escuchados y a que nuestras necesidades sean tenidas en cuenta por igual.

Tu participación es fundamental

La participación va más allá de votar en las elecciones. El funcionamiento eficaz de la democracia depende de que los ciudadanos utilicen todas las vías posibles para involucrarse. Como dijo Corazón Aquino, «siempre es el pueblo quien hace que las cosas sucedan”.

Formar «Frentes por la Defensa de la Democracia» es una forma poderosa de participación. La unión y la organización son herramientas clave para:

· Incluir a más personas en la toma de decisiones.

· Dar al pueblo más poder real sobre su futuro.

Nadie nace siendo un buen ciudadano; es un rol que se construye día a día. Al unirte a este frente, continúas el legado de aquellos que lucharon por los derechos de los que hoy gozamos y aseguras que el poder siga residiendo en el pueblo.

¡Les invitamos a ser parte activa de esta causa y a motivar a tus compañeros a unirse a este esfuerzo colectivo!

Amenazas a la democracia costarricense: el análisis de Vladimir de la Cruz

En una reciente aparición en el programa “La Lupa”, de Gilda González, el destacado historiador costarricense Vladimir de la Cruz ofreció un análisis profundo sobre las amenazas que enfrenta la institucionalidad democrática de Costa Rica. De la Cruz se enfocó en los peligros que, según su perspectiva, surgen de ciertas políticas y actitudes del actual gobierno costarricense, describiéndolas como indicios de una tendencia hacia el autoritarismo.

El historiador señaló que, bajo el pretexto de fortalecer la democracia, algunas de las acciones del gobierno podrían estar dirigidas a debilitar los mecanismos de control y contrapeso del sistema democrático. En su análisis, describió la situación como una estrategia que busca justificar el despotismo y la tiranía en nombre de una nueva democracia, alegando que esto refleja una tendencia preocupante que puede llevar a la instauración de un gobierno autoritario.

De la Cruz destacó que el actual presidente parece estar impulsando un discurso que intenta eliminar los controles institucionales, con el fin de ejercer el poder sin limitaciones. Este movimiento, según el historiador, podría abrir la puerta a prácticas corruptas, creando un escenario en el que las libertades democráticas y los derechos ciudadanos se vean erosionados. Advirtió que detrás de la corrupción y la falta de controles efectivos podría gestarse un régimen dictatorial, apoyado en mecanismos de represión y control desde las mismas estructuras de seguridad del Estado.

Además, subrayó que la creación de unidades especiales bajo el mando directo de la Presidencia, como la unidad de protección presidencial y la unidad especial de intervención, representan un peligro para las libertades ciudadanas. Estas acciones, en su opinión, reflejan una concentración de poder sin precedentes en la figura presidencial, lo que podría allanar el camino hacia la dictadura mediante la creación de un aparato de control y represión estatal.

Le invitamos a ver el análisis completo de Vladimir de la Cruz en el siguiente video para profundizar en este relevante tema: Análisis de la realidad costarricense con el historiador Vladimir de la Cruz.

Entendiendo al presidente de Colombia

Por Carlos Meneses Reyes

El sistema electoral venezolano es tan asimilable en eficacia; como comprensible es el sistema electoral colombiano, en las falacias que lo sustentan, al pretender darle un razonamiento valido de eficacia. En Colombia predomina en lo electoral una apariencia de funcionamiento correcto en lo eficaz. Lo eficaz, en lo electoral, no dista del significado de la Real Academia de la Lengua: “capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera”. Ambos sistemas electorales se fundamentan en la aspiración constitucional del derecho de cada ciudadano (a) a elegir y a ser elegido. Constituye premisa esencial de reconocimiento de los derechos políticos. Lo más característico de los sistemas electorales de Colombia y de Venezuela radica en diferenciar (no comparar) en donde arraigan los presupuestos de viabilidad para que ese ejercicio se dé o se cumpla. Por ello, en los sistemas electorales de ambos países, no existen punto de comparación. En Colombia asistimos a un sistema electoral corrupto, clientelista, de casino y además genocida y criminal. Enmarca dentro del álgido conflicto político que impera en Colombia. Esto no sucede, no se da, en la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, el factor de eficacia es totalmente diferente.

Se puede predicar que en Colombia no existe un sistema de oposición político articulado. Ha hecho carrera, durante este último periodo presidencial, una oposición institucional (no institucionalizada) en que las diferentes ramas del poder se enfrentan a la rama ejecutiva, alterando el principio de desarrollo armónico de la tridivisión del poder público. Oposición política partidaria no se da en Colombia; esta se diluye en intereses difusos de camarillas y de un partido inscrito que más parece una secta. Hacen coro opositor los órganos de control constitucional (Contraloría General, Procuraduría General). También los que, mutuo propio, se erigen como “de control” y son apéndices, el uno de la justicia como lo es la Fiscalía General (no considero que fue, puesto que, con la manida elección de la Nueva Fiscal General, en nada cambio la componenda corrupta imperante en ese organismo, controlado por la clientelista Corte Suprema de Justicia.) El otro, el Defensor del Pueblo, cual una bolsa de residuos de la Cámara de Representantes de mayoría opositora de derecha y el titular de su elección, como otro integrante en el sainete de conspiradores.

Por el contrario, en Venezuela la oposición si hace uso, en ejercicio, de ese derecho político. Y las diversas ramas de poder (que no son tres como en Colombia) operan de forma armónica en garantía a la integridad de la Constitución Bolivariana. Allá, el Poder Público se constituye, nacionalmente, en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano y Poder Electoral. Ese Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como ente rector. De manera que nada tiene que ver con el Poder Ejecutivo, a la cabeza del presidente Maduro. Entre las múltiples funciones soberanas que tiene el Poder Electoral, está la de “reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que estas suscitan o contengan”. Organiza las inscripciones; vela por que se cumplan las disposiciones legales al respecto. Existe un Comité de Postulaciones Electorales que lo integran diferentes sectores de la sociedad civil (léase bien). De manera que la premisa del derecho fundamental de elegir y ser elegido si que redunda en garantía de existencia y de eficacia en el régimen electoral bolivariano de Venezuela.

Resalta que hasta el 1º de abril-fecha limite- 13 candidatos que cumplieron con los requisitos y respaldados por 37 organizaciones políticas se inscribieron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para aspirar la Presidencia de la Republica en las elecciones nacionales del próximo 28 de julio de 2.024. De esos candidatos inscritos, 12, pertenecen a sectores de oposición política. El candidato y presidente Nicolás Maduro Moros, fue postulado como candidato de 11 organizaciones políticas que integran el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Todos, desde la extrema derecha opositora, disidente y nueva; hasta los partidos tradicionales vetustos: Acción Democrática y Copei, del antiguo régimen bipartidista oligárquico, gozaron de las mismas condiciones, requisitos, plazos, etc.

Lo incongruente, lo ilógico y lo contradictorio

En el abanico de aspirantes a elegir y ser elegido se inscribió un movimiento político conocido como Vente Venezuela, creado por la opositora María Corina Machado hacia finales del año 2.012. El 13 de mayo de 2.015 el CNE negó la inscripción como partido político de Vente Venezuela. Desde entonces no ha sido inscrito como partido electoral. En un trámite espurio, falso y fingido, la Asamblea Nacional profirió un acto de “legalización” de ese partido, sin tener jurisdicción para ello, puesto que el órgano de poder electoral es el CNE, al que no volvió a radicarse, por parte de interesado, solicitud de nueva personería. Esto a manera de explicación. La representante de esa expresión Vente Venezuela, optó por una posición abstencionista ya que María Corina Machado considera que las elecciones en Venezuela son “un sistema de extorsión” y una “simulación electoral”. Fue hasta el año 2.023 que María Corina Machado anuncio su precandidatura presidencial por Vente Venezuela. A sabiendas de la carencia de tipo para esa clase de aspiración por el no reconocimiento de Vente Venezuela, en el CNE, María Corina Machado, montó en escena unas elecciones primerias de la oposición, en Vente Venezuela, en que ella dizque logró el primer puesto con un elevado y mayoritario número de electores. Eso fue realizado por fuera del sistema electoral venezolano, que lo rige el CNE. Y así en esa ilusoria fantasía y despliegue publicitario internacional, bajo el arbitraje de una organización Súmate, de la cual María Corina Machado, es su fundadora, se proclamó candidata única de la oposición venezolana y obvio, pues no aparece inscrita en el Registro Electoral arbitrado por el CNE y, por ende, no es candidata para las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2.024 en la República Bolivariana de Venezuela.

No voy a detenerme sobre acusaciones de tipo penal contra la señora María Corina Machado. Redunda si un prontuario de varios aspectos de carácter administrativo, tan a la mano en momentos como el actual, en que se necesitan. La Contraloría General de la República la inhabilitó el 13 de julio de 2015 y en 2021 la Contraloría extendió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años. Siendo Diputada de la Asamblea Nacional, registra una situación difícil, que la lleva a un callejón sin salida, al aceptar ser embajadora alterna del gobierno de Panamá, en una sesión plenaria de la OEA, en que se invocaba, torticeramente, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, buscando sancionar a Venezuela; actuando, pues, como agente de un gobierno extranjero. Esto sobrepasa en violación todos los presupuestos constitucionales para que un originario de un país aspire a ser el presidente de esa República.

La falta de consistencia

Pues está bien que, sin tarjeta electoral, sin opción de participar en las elecciones presidenciales, engañe a incautos y/o enajenados por la dictadura mediática nacional e internacional. Pero a Jefes de Estado o a quienes dirigen el ejecutivo nacional de un país, prácticamente es desconcertante. Sorprende, suspende el ánimo, tanto de seguidores electores, en Colombia, como de cualquier desprevenido analista.

 Mienten al decir que el gobierno bolivariano la inhabilito y que le teme a su fantasiosa candidatura. Ella reta y mantiene su ilusa candidatura pese al veto oficial. Resume una ambición personal de poder personal. También al decir que inhabilitar a María Corina Machado significa una violación de los acuerdos de Barbados, sin sustentación alguna probatoria al respecto. Corresponde rechazar las amenazas e intentos de desacatar la orden del Tribunal Supremo de Justicia de la Republica Bolivariana de Venezuela e intentar desconocer el proceso electoral de 2024. También repudiar el ultimátum dado por los EEUU.

Es dado el concluir que no existe asomo de un “golpe democrático” en el limpio o preclaro proceso electoral analizado. Tampoco existe punto de comparación con algún caso similar en Colombia. Y en lo de la recolección de firmas.

La conducta asumida por la señora María Corina Machado es tan cómplice, que ya ad-portas de vencerse el plazo de inscripción, mutuo propio, designó a una sucesora, a quien busco con asonancia a su nombre de pila y presentó a la octogenaria Corina Yoris; resultando un fiasco, al no obtener el apoyo necesario de partidos de oposición que si parecían registrados y con capacidad legal de avalar.

Pero la oposición cuenta con otro u otros candidatos. La Plataforma Unitaria logra registrar, en una extensión del plazo, al diplomático Edmundo González Urrutia, antiguo integrante de Un Nuevo Tiempo, bajo las siglas de la Mesa de la Unidad Democrática MUD. El CNE, al parecer, abrió una prórroga de algunas horas para inscribir al candidato de la MUD. Eso pareció volvió a darle alas a la insulsa María Corina. También aparece registrado un candidato de la oposición menos pensado: Manuel Rosales.

La frustrada aspirante decidió no tomar la opción legal electoral de acudir a la recolección de firmas, siendo que decía tener mas de 2 millones de votantes. Tuvo todo el tiempo requerido y no lo hizo. Valga aquí explicar que ese recurso de grupos de electores, por iniciativa propia, de recolección de firmas, esta muy lejano, en Venezuela, a la practica de casino, de mejor postor y de compra de votos, imperantes en el corrupto sistema electoral colombiano. Vendrán las elecciones. Amanecerá y veremos.

Aumento en número de alcaldesas electas supone un reto hacia la igualdad

  • Se debe analizar a fondo implicaciones de la paridad horizontal que rigió para estos comicios.

  • Debe existir mayor alfabetización digital para disminuir la violencia desde las redes sociales que afectan a las mujeres políticas.

UNA Comunica. 26 de febrero de 2024. Pasar de ocho a 22 alcaldesas electas para el periodo 2024-2028 puede interpretarse como una gran conquista y un logro en la lucha por alcanzar la igualdad y la equidad en los derechos políticos de las mujeres.

Sin embargo, visto desde otro punto de vista, apenas una cuarta parte (26,19%) de las personas elegidas el pasado 4 de febrero son mujeres que encabezarán las municipalidades del país.

Para Ana Soto, académica del Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) y coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la Universidad Nacional (UNA), los resultados electorales abren una gran interrogante para investigar y detallar acerca de las razones de ese crecimiento y de los retos que se avecinan para evaluar la aplicación de las reglas vigentes en materia de prevención y sanción de la violencia política hacia las mujeres.

“Lamentablemente, lejos de ser la normalidad, ha sido la excepción”, refuerza Soto, al hacer un balance entre lo acontecido tras estas últimas elecciones y la histórica lucha, donde la discriminación ha sido la tónica en la participación política de las mujeres.

Al respecto, mencionó la lucha que, desde más de 100 años, emprendió la Liga Feminista en Costa Rica para garantizar, entre otras cosas, el derecho al sufragio, y luego la inclusión de ese derecho en la Constitución Política de 1949.

“Luego de obtener ese derecho, se abrieron dos frentes paralelos de lucha: por un lado, la posibilidad de decidir, que se consagró a nivel constitucional, y posteriormente, ostentar puestos públicos. Sin embargo, el avance en este último camino ha sido mucho más lento. Ejemplo de ello es que hasta hace muy poco fue que empezamos a tener presidentas en la Asamblea Legislativa o, por primera vez, ahora tenemos a una mujer al frente del Tribunal Supremo de Elecciones”, rememoró Soto.

Una serie de conquistas legales y normativas han permitido el avance en materia de igualdad política. Uno de ellos fue la promulgación de la Ley 10.235 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres, vigente desde el 17 de mayo del 2022. Otro hito fue la resolución de la Sala Constitucional de febrero del año anterior que ordenó la paridad horizontal en puestos de elección popular, lo que abrió la puerta para que los partidos políticos postularon en igual cantidad mujeres y hombres entre la totalidad de cantones en que participaron.

Ambos factores, junto con la imposibilidad de reelección de alcaldes o alcaldesas que ya sumaban dos periodos consecutivos en el puesto, permitieron una mayor participación política de las mujeres. Para la académica Soto, a partir de este momento, se debe abrir un espacio de análisis e investigación para determinar el peso que estas decisiones tuvieron en el resultado final de las elecciones.

“Sin restarle méritos al resultado obtenido, que es muy importante, hay que analizar la efectividad de las normas aplicadas. Existe una deuda histórica hacia las mujeres en este tema. No porque no queremos participar en política o porque no tengamos la capacidad, sino porque hay un conjunto de elementos estructurales que nos han limitado desde el imaginario social”, apuntó.

Retos que se avecinan

De cara al futuro, Ana Soto considera fundamental dar seguimiento a la forma en que durante la gestión de las alcaldesas se extinguen aquellas acciones que representan violencia política. Hechos como el de una excandidata a intendenta en Lepanto a quien se le negaron vacaciones para participar en política o la de un artículo de un asesor del Partido Liberación Nacional en contra de una exaspirante por Puntarenas, utilizando frases sexistas, refuerzan la tendencia de que la violencia sigue presente.

En ello coincide José Andrés Díaz, investigador del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), quien señaló que “debemos ir viendo cómo disminuye la violencia política hacia las mujeres porque no se trata solamente de que hayan sido electas, sino de que puedan gobernar y gestionar con la tranquilidad y las condiciones de igualdad requeridas”.

Es importante, señaló Soto, que se pueda también cambiar la narrativa desde los propios medios de comunicación, para posicionar en la agenda mediática la importancia de un estadio político y social más equitativo. “Debería existir un reconocimiento social a todas esas mujeres que han decidido dar un paso al frente y participar, que se sostuvieron, que se enfrentaron a ese contexto de violencia, para seguir generando no solo acciones afirmativas, sino en general”.

José Andrés Díaz señaló la necesidad de “fomentar la educación y la formación ciudadana. O sea, tenemos que empezar a inculcar una participación cada vez más inclusiva, de personas jóvenes, de mujeres y dejar atrás el discurso de que no se les otorga un privilegio, sino de que como ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de proponer nuestros nombres”.

Otro punto de atención que recalcó la coordinadora de la Política para la Igualdad y Equidad de Género de la UNA es considerar el crecimiento del uso de lenguaje violento en contra de las mujeres que se da desde las redes sociales. Lograr una alfabetización digital desde los primeros años e incluso desde la escuela y el colegio es fundamental para crear entornos donde exista más tolerancia y respeto.

Finalmente, Soto destacó la importancia de seguir avanzando en normativa legal que acompañe ese esfuerzo por la igualdad. Hizo mención, por ejemplo, al proyecto 23.443 Ley para Fortalecer los Mecanismos de Protección de los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Política. La iniciativa amplía los alcances de la ley 10.235 para que se proteja también a las mujeres lideresas de organizaciones sociales y no solo políticas. El proyecto está asignado en este momento a la Comisión Especial de la Mujer en la Asamblea Legislativa, a la espera de dictamen.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Mesa redonda virtual: Derechos políticos de las mujeres y las nuevas tecnologías

SURCOS comparte la siguiente información:

¡No se pierda la mesa redonda virtual: Derechos políticos de las mujeres y las nuevas tecnologías! Este martes 5 de marzo, de 11 a 13 horas (hora de Costa Rica), en conmemoración al Día Internacional de la Mujer; nos sumergiremos en este debate desde una perspectiva actual y relevante.

Únase a la conversación y acompáñanos en nuestra transmisión en vivo por las redes sociales de la Corte IDH: https://www.facebook.com/CorteIDH

73 años del primer voto femenino en Costa Rica

Por Arturo Fournier
30 de julio del 2023

    El día de hoy, 30 de julio, estamos cumpliendo 73 años de una fecha realmente memorable, que lamentablemente ha pasado muchas veces inadvertida, tal vez porque algunos sectores de nuestra sociedad consideran a la gente de las zonas rurales en “capitis diminutio” (capacidad disminuida), por no ser intelectuales o provenientes del Valle Central.

    En un día como hoy, en 1950, las mujeres costarricenses pudieron ejercer el derecho al voto, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA PATRIA.

    Hacía mucho tiempo se venía dando la lucha en el mundo, -entre muchos- otros por un movimiento conocido como “las sufraguistas”, al que inclusive se le han dedicado películas.

    En nuestro país, desde 1923, un grupo conocido como: “La Liga Feminista”[1] venía promoviendo el reconocimiento a este derecho fundamental.  Aunque pareciera que desde el período constitucional del Presidente José Joaquín Rodríguez (1890-1894) se venía intentando incorporar el reconocimiento en la Carta Magna.

    Ya iniciado el siglo XX, la escritora Carmen Lyra y su Partido Comunista[2], dieron grandes luchas e hicieron muchos esfuerzos en favor del género femenino y de toda la población.

    La primera mujer en votar fue la Sra. Bernarda Vásquez Méndez[3] en una localidad RURAL (todavía hoy en día): el distrito de La Tigra del cantón San Carlos, provincia de Alajuela.[4].

    A raíz de que el artículo 93 de la Constitución Política de Costa Rica[5] declaró al sufragio como “función cívica primordial” UNIVERSAL e IGUALITARIA, todas las personas, independientemente de su origen, domicilio, condición económica o género, tuvieron derecho a ejercer el sufragio, el voto.

    Si tenemos en consideración la fecha en que dicho derecho rigió para otros países, debemos concluir que aquí se reconoció tardísimo, para una democracia institucional, consolidada y centenaria, como la costarricense:

Ecuador              1929
Chile                   1931
Panamá              1941
Guatemala          1944[6]

Costa Rica          1949, ejercido por 1ª vez el año siguiente 1950

El Salvador         1952

Honduras            1955

Nicaragua           1957

    Considero que no sólo las feministas, sino todo el pueblo costarricense[7] debiéramos conmemorar esta efeméride: 30 de julio de 1950, fecha del primer voto femenino, porque significó algo más transcendental: la universalización del sufragio para TODAS LAS PERSONAS, a fin de conseguir (al menos en eso) la igualdad de derechos ciudadanos para toda la población.

[1] Pimer grupo de mujeres que usó este término en Costa Rica, que luchaba por la emancipación y el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, liderado por Ángela Acuña Braun, y constituido formalmente en el Colegio de Señoritas, en presencia del Sr. Presidente de la República y su esposa, DON JULIO ACOSTA, gran luchador por la libertad, contra la dictadura de los Tinoco, cuyo ejemplo de integridad y honestidad debemos honrar y emular.

Curiosamente La Liga fue disuelta en el 2010.

[2] Benemérita de la Patria. Formó parte de los grupos revolucionarios que propiciaron la terminación de la dictadura de los Tinoco.  Ver artículo de su sobrino Gabriel Quesada Avendaño https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/29462

[3] Nacida en 1918 y fallecida recientemente en el 2013

[4] Una de las 7 provincias de Costa Rica

[5] Promulgada en 1949, y de la cual mi padre Fernando Fournier Acuña fue Diputado Constituyente

[6] Durante el gobierno del Presidente Arévalo, padre del actual candidato a la Presidencia de Guatemala

[7] Por ser un derecho subjetivo al cual deben tener acceso TODAS LAS PERSONAS, sin distingo ni de clase, ni de credos políticos, ni de la infinita variedad de géneros que se usan hoy en día para dividir y compartimentar las luchas sociales por un mundo mejor.

Imagen tomada de la página en Facebook del Colegio Técnico Profesional de Liberia