Bach. Martha Elena Rodríguez González
Exdirectora Caja Costarricense de Seguro Social
A la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se debe llegar con vocación de servicio, humanidad y un compromiso profundo con la seguridad social. No es un espacio para el cálculo político ni para la subordinación, sino un órgano colegiado llamado a resguardar uno de los pilares más importantes del pacto social costarricense.
En la entrevista reciente concedida por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, se afirma:
“¿Cómo va a ser posible que siendo la Caja la institución presupuestariamente más grande de toda Centroamérica la dieta que se le paga a cada directivo es de 47.000 colones?
“… la raíz del problema es la conformación y la integración de esa Junta Directiva… hay personas ahí que ni siquiera levantan la mano, que no les he oído la voz porque les da miedo participar… una Junta Directiva donde están los sindicatos, el solidarismo, las cooperativas y el que pone el presidente es solamente un voto dentro de toda esa Junta… entonces en la Caja hay que hacer grandes transformaciones…”
Estas afirmaciones, lejos de constituir un diagnóstico serio, evidencian un desconocimiento profundo del diseño jurídico e institucional de la CCSS y del rol que la Constitución y su Ley Constitutiva asignan a la Junta Directiva. El monto de la dieta no es un incentivo económico, sino un reconocimiento simbólico a una función pública de alta responsabilidad, cuyo fundamento no es la retribución material, sino la vocación de servicio.
Reducir la discusión a la dieta no solo trivializa el compromiso ético que implica ser directivo o directiva de la Caja, sino que desconoce que la institución cuenta con una robusta estructura técnica y asesora -jurídica, financiera, actuarial, logística, médica y administrativa- que respalda la toma de decisiones. Nadie está llamado a ser experto en todas las materias; lo indispensable es la probidad, la independencia de criterio, el conocimiento de la seguridad social y la solidaridad con quienes dependen del sistema de salud y pensiones.
La candidata también afirma que hay directivos que “no levantan la mano” por miedo. Sin embargo, atribuir ese silencio a la composición tripartita resulta falaz. El verdadero problema no es la presencia de sindicatos, cooperativas o solidarismo -expresamente prevista por la ley-, sino la práctica política que ha impuesto, en esta administración, un control absoluto del órgano colegiado mediante presiones, amenazas veladas y destituciones arbitrarias. No es miedo a participar: es el costo real que enfrentan quienes se atreven a disentir del Poder Ejecutivo.
La Ley Constitutiva de la CCSS es clara: la Junta Directiva se integra de manera tripartita, con tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del sector laboral. Una vez nombrados, deben actuar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, para garantizar un equilibrio de intereses donde prevalezca el bien común y no la agenda política de turno.
Plantear “grandes transformaciones” sin reconocer este marco legal ni el valor democrático de la representación social implica abrir la puerta a una recentralización del poder, incompatible con la autonomía y el modelo solidario que ha sostenido a la CCSS durante décadas. La Caja no necesita una Junta obediente ni homogénea; necesita personas íntegras, con criterio propio, capaces de deliberar, cuestionar y defender la institución incluso frente al Gobierno.
Los hechos recientes -el maquillaje de estudios actuariales, compras a sobreprecio como el caso Barrenador, la crisis operativa asociada al sistema ERP-SAP de la CCSS, los nombramientos ilegales en la Junta Directiva, el crecimiento exponencial de las listas de espera y la escandalosa deuda del gobierno con la CCSS- no evidencian un exceso de representación social, sino un abandono del deber constitucional de proteger la seguridad social.
La Caja no es el problema. El problema es su captura política, que debilita su democracia interna y silencia a quienes piensan distinto.
La CCSS se fortalece recuperando la ética pública, la transparencia y el compromiso humano de quienes la dirigen; defendiendo su autonomía, su independencia y su carácter tripartito como garantías reales del derecho a la salud, a las pensiones y a la dignidad de millones de personas.
