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Etiqueta: derechos sociales

Gramsci y la nueva derecha

Henry Mora Jiménez

Introducción
Antonio Gramsci (1891-1937), teórico marxista y fundador del Partido Comunista Italiano, es hoy una figura reivindicada tanto por la izquierda como, paradójicamente, por la nueva derecha radical. Su análisis sobre la hegemonía cultural y el rol de los intelectuales contra la dominación política ha traspasado fronteras ideológicas. Pero ¿por qué un pensador de izquierda es instrumentalizado por sectores reaccionarios? Y más importante aún: ¿cómo pueden los demócratas recuperar su legado para defender las libertades frente al ascenso del nuevo fascismo?

Gramsci: breve semblanza
Encarcelado y llevado a la muerte por el régimen fascista de Mussolini, Gramsci desarrolló en sus Cuadernos de la cárcel conceptos clave como «hegemonía cultural»: la idea de que las clases dominantes no solo imponen su poder mediante la fuerza, sino a través de la educación, los medios de comunicación, las instituciones y (agrego yo), los mitos de dominación; moldeando el sentido común de la sociedad. Para Gramsci, la transformación social requería una «guerra de posiciones» —una lucha ideológica y cultural prolongada— antes que una revolución violenta.

La apropiación de Gramsci por la nueva derecha
Paradójicamente, figuras de la derecha radical (desde Steve Bannon en EE. UU. hasta ideólogos de Vox en España y de Javier Milei en Argentina) usan a Gramsci para justificar su propia batalla cultural. Han invertido su marco teórico: ven a las dirigencias progresistas como la «casta woke» que impone su hegemonía (feminismo, ecologismo, multiculturalismo, derechos humanos) y se proponen «reconquistar» los espacios culturales centrales (universidades, escuelas, medios, arte, literatura). Su estrategia replica la gramsciana, pero con el fin de deslegitimar la democracia pluralista y normalizar discursos autoritarios.

¿Es posible usar a Gramsci para defender la democracia?
Frente a esta paradoja, los demócratas podemos rescatar al Gramsci original a partir de ejes de acción como los siguientes:

Una contrahegemonía democrática: Promover narrativas que vinculen derechos sociales con libertad, mostrando que el fascismo es incompatible con la justicia. Sin derechos sociales la libertad es solo un privilegio de unos pocos.

Alianzas amplias: Gramsci destacó el rol de los intelectuales orgánicos. Hoy, académicos, escritores, pensadores críticos, artistas y periodistas podemos articular un frente común contra la desinformación. La desinformación no es un error, es estrategia.

La cultura como trinchera: Fortalecer instituciones (academia, medios públicos, organizaciones sociales, educación popular) que fomenten el pensamiento crítico y la memoria histórica. La ignorancia es la semilla venenosa de los tiranos. El pensamiento crítico, la insumisión y la rebeldía son el antídoto de las personas libres.

Conclusión
Gramsci advirtió que en tiempos de crisis, «lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer». La derecha neofascista intenta llenar ese vacío con mitos reaccionarios, discursos de odio y embrutecimiento de las mayorías para hacerse con el poder. La respuesta democrática debe ser una hegemonía sin hegemón (E. Laclau): sin imposición ni resignación, sino con deliberación, persuasión y participación colectiva basada en los valores de igualdad, libertad y solidaridad.

La Asociación Jubilados en Acción exige respuestas del ministro de Hacienda acerca del Fondo Económico

La Asociación Jubilados en Acción no puede aceptar las respuestas evasivas del Sr Nogui Acosta, ministro de Hacienda. Le corresponde contestar a saber “información concreta acerca del Fondo Económico o reserva común que el Estado debió conformar con las cuotas obreras, patronales y estatales, correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional, entre el 7 de setiembre de 1958 y hasta el 14 de noviembre de 1991.

¿Se creó o no se creó ese Fondo como lo mandaba la Ley de 1958? En caso de que usted señale que sí se creó, por favor remitir un estado detallado de la situación actual del mismo. En caso de que responda que no se creó, por favor indicar: ¿Cuáles son las razones por las cuales no se creó? ¿Cuál ha sido el destino específico de los recursos captados?”

Como es de su conocimiento el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del magisterio en el cual se encuentran nuestros afiliados es atendido por con recursos del Ministerio de Hacienda en razón que nuestros aportes y los de nuestros patronos, que deberían dar sustento a nuestras pensiones, fueron gastados en otros fines por administraciones del siglo pasado.

Se amenaza con nuevos proyectos de ley en trámite en la Asamblea Legislativa, para reducir las pensiones, por lo que se le exige transparencia. La Asociación Jubilados en Acción se interesan en tener evidencia, para efectos de defensa de sus afiliados.

Se invita a los pensionados y las pensionadas del RTR, a afiliarse, si aún no lo ha hecho, para dar la lucha en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por el desvío de fondos de parte del Ministerio de Hacienda. Para afiliaciones a AJA, contactar vía correo: ajacuotas@gmail.com o al teléfono 8963-3030.

FRENASS impulsa el proyecto de Ley #24.805 para proteger principios de la CCSS

El proyecto de Ley #24.805 presentado en la Asamblea Legislativa busca realizar una reforma constitucional para incluir a los principios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en la Constitución Política. Actualmente, los principios de la CCSS son enlistados en la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus respectivas reformas, no obstante, en la Constitución Política no se mencionan estos principios y la CCSS solo se incluye como una institución encargada de brindar los servicios de salud.

Este proyecto de ley tiene como objetivo proteger a la CCSS de las ideas y tendencias lucrativas de privatización que rodean a la institución. El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) invita a apoyar este proyecto de ley y la importancia de mantener a la CCSS como una institución al servicio de la salud de los costarricenses.

De acuerdo con Fabio Villalobos, médico de la CCSS y miembro del Movimiento Patriótico por Costa Rica, los principios de la CCSS son relevantes ya que constituyen la igualdad, la equidad, la solidaridad, la universalidad y la obligatoriedad de la institución. Para ver el mensaje completo consulte en este enlace.

Foto: UCR

Modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable: grave retroceso en protección del agua y salud pública en Costa Rica

Pronunciamiento del Grupo Interuniversitario de Estudios Sociales del Agua

El pasado martes 24 de junio de 2025 el gobierno de Rodrigo Chaves aprobó, a través de la ministra de salud Mary Munive, una modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38.924-S), la cual representa una grave amenaza y un notable retroceso en la protección del agua y la salud pública en Costa Rica. Esta modificación resulta indignante, tanto en lo que respecta al contenido de la misma como al proceso mediante el cual fue impulsada. Como grupo de trabajo dedicado al estudio científico del agua desde una perspectiva socioambiental, a continuación, exponemos nuestros puntos de vista en relación con este acontecimiento:

  • En términos generales, la modificación al Reglamento eleva los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en el agua para consumo humano. Se trata, tal como lo han denunciado diversos colectivos y organizaciones socioambientales, una “legalización de la contaminación” del agua.
  • Considérese, como contexto, que Costa Rica es uno de los países que a nivel mundial aplica mayor cantidad de plaguicidas por área agrícola. Se estima que en este país se aplican entre 10 y 35 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea agrícola, según diferentes fuentes. Por ejemplo, la base de datos de la FAO, Food and Agriculture Data (FAOSTAT), ubica a Costa Rica como el número uno en el mundo, con un promedio de 23,44 kg/ha entre 2000 y 2020, lo cual representa ocho veces más que el promedio del resto de países de la OCDE del continente americano.
  • En Costa Rica hay registrados más de 250 ingredientes activos con acciones biocidas, de los cuales se usan activamente más de 200. Aproximadamente la mitad de estos se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), prohibidos en muchos países del mundo. Por volumen de uso, se estima que aproximadamente el 90% de los plaguicidas utilizados son PAPs.
  • La aplicación masiva de plaguicidas y otros agroquímicos tóxicos ya representa un grave problema ambiental y de salud pública en el país. Amplia investigación científica ha evidenciado la correlación entre la aplicación de estos productos y la incidencia de diferentes enfermedades y padecimientos. Por citar un ejemplo, Costa Rica ocupa el 11º lugar en incidencia y el 13º en mortalidad por cáncer gástrico en el mundo.
  • Según el PNUD, las erogaciones realizadas por la Caja del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) entre el 2018 y el 2020 para brindar cuidado médico y por concepto de incapacidades laborales debido a intoxicaciones provocadas por estas sustancias, en promedio, alcanzaron para esos años el monto de 5 580 554 201 colones. El 87% de esa cifra corresponde a gastos clínicos. Es oportuno indicar que las intoxicaciones representaron aproximadamente el 0,35% del PIB Agrícola de Costa Rica para esos años.
  • Además de elevar los límites máximos de plaguicidas permitidos, la modificación al Reglamento incorpora el concepto de “Valor de Alerta”, sustituyendo el concepto hasta entonces vigente de “Valor Máximo Admisible”. Este cambio implica que, frente a una posible contaminación del agua para consumo humano, la población continuará consumiéndola mientras se determina mediante estudios técnicos si efectivamente los niveles de plaguicida sobrepasan los límites máximos permitidos. Es decir, violenta el principio precautorio indubio pro salud.
  • La modificación al Reglamento fue sometida a consulta pública, a partir de la cual recibió numerosos cuestionamientos de parte de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales. Entre estos, se pronunciaron las universidades públicas, la Academia Nacional de Ciencias, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP, los cuales defendieron sus posiciones con argumentos sólidos y bien documentados. Es decir, la modificación al Reglamento se impulsó de forma antidemocrática y anticientífica.

En fin, la modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable representa un nefasto acontecimiento en la vida social y política del país y un retroceso en materia ambiental, que exige una respuesta enérgica y organizada de parte de los diversos sectores de la sociedad costarricense. Se trata de una modificación legal que autoriza el consumo humano de agua contaminada con plaguicidas tóxicos, sin respaldo técnico ni científico, impuesto de manera autoritaria al servicio de los intereses empresariales del agronegocio. Resulta sorprendente la irresponsabilidad y la insensatez de esta medida, pues la política pública que correspondería aplicar debería ser todo lo contrario: regular y limitar el uso de plaguicidas tóxicos, en beneficio del ambiente y la salud de la población.

Referencias

Castro-Vargas, María Soledad (2023). Pesticides, plantations and the State. The making and un-making of the Térraba-Sierpe delta. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.

Dávila, Adriana. et al. (2018). Caracterización clínica y epidemiológica de la población tamizada en el Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico, Costa Rica, período 1996-2015. Revista Costarricense de Salud Pública, 27(2), 68-81.

Pacheco, José Francisco.; Idriago, Déborah. (2022). Costo Económico y Fiscal del uso de plaguicidas en Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Vargas, Elídier. (2021). Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

El populismo a través de las fronteras: un análisis de las administraciones de Rodrigo Chaves y Donald Trump

Sebastián Sotelo Blanco

«Costa Rica está experimentando una nueva forma de hacer política bajo el liderazgo de Rodrigo Chaves, quien ha adoptado influencias de otros líderes carismáticos y populistas de la última década, como Donald Trump y Javier Milei” (Fernández, 2024, p. 1). Esta cita del Semanario Universidad refleja una tendencia creciente en el ascenso al poder de líderes populistas, quienes critican a las instituciones públicas y atacan a la prensa, especialmente cuando su agenda política no se alinea con las ideologías del líder populista. Por ejemplo, la presidencia de Donald Trump es un claro ejemplo de cómo una estrategia populista puede impulsar la división política, con su postura nacionalista y de confrontación hacia los medios de comunicación, en gran parte a través de su campaña “America First” (Nazar, 2020, p. 3). De manera similar, la presidencia de Rodrigo Chaves refleja la estrategia nacionalista de Trump al presentarse como un outsider frente a las élites políticas tradicionales, mientras lucha contra la burocracia y la corrupción, casi como si fuera el salvador de Costa Rica. La administración de Chaves ha generado serias preocupaciones sobre cómo la adopción de un estilo de gobierno populista al estilo Trump podría impactar la política costarricense en términos de regulaciones económicas, asuntos sociales y libertad de expresión.

Para empezar, tanto la administración de Trump como la de Chaves comparten la característica de impulsar una economía nacionalista, centrada en la protección de las industrias locales, la reducción de la dependencia de importaciones extranjeras y la prioridad de los intereses nacionales por encima de la cooperación global. Por ejemplo, Trump ordenó un arancel del 25 % sobre todas las importaciones de acero y aluminio con el fin de apoyar a las industrias nacionales (Council on Foreign Relations, 2018). Sin embargo, muchos análisis sugieren que estos aranceles reducirán el PIB a largo plazo en un 6 % y los salarios en un 5 % (Penn Wharton Budget Model, 2020). Por su parte, Chaves prometió reducir los trámites burocráticos y las barreras administrativas como una forma de empoderar a los emprendedores locales y fortalecer la economía costarricense desde dentro, alineándose con su visión económica nacionalista de priorizar el crecimiento interno sobre la dependencia internacional (Benavides, 2022). Esta promesa se hizo aún más evidente cuando Chaves declaró durante su campaña:

“Todo comienza con acelerar nuestra economía para generar empleos, atraer inversión, consolidar nuevas empresas y fortalecer nuestras exportaciones. ¡Tienen nuestra promesa: acabaremos, de una vez por todas, con los trámites, los obstáculos excesivos y las intervenciones del Estado y los costos abusivos. Los dejaremos trabajar, sin estorbar!” (Ballotage in Costa Rica, 2022, p. 5)

Esta declaración resalta la retórica populista y orientada al mercado de Chaves al apelar a la gente común con un lenguaje simple. No hay datos reales que respalden sus promesas, al igual que con Trump.

Poco después de que ambos líderes populistas llegaran al poder, fueron noticia por sus posturas en contra de temas sociales. Por ejemplo, Trump emitió una serie de órdenes ejecutivas para eliminar programas de equidad, diversidad, inclusión y DEI, argumentando que estos programas son “inmorales e ilegales” (Mark & Meckler, 2023, p. 3). Del mismo modo, Chaves, tras ganar las elecciones presidenciales en 2022, se comprometió personalmente a revertir los derechos en salud reproductiva y sexual, además de prohibir la educación en género (Vílchez, 2022). Estas posturas en contra de los derechos sociales y humanos son una tendencia creciente entre los líderes populistas, con el fin de atraer a audiencias conservadoras, que representan la mayoría en ambos países.

Además, tanto la presidencia de Trump como la de Chaves se han caracterizado por una actitud agresiva hacia los medios de comunicación. Como observa Jonathan Rauch, del Brookings Institution, Trump “se refirió frecuentemente a los medios tradicionales como ‘noticias falsas’ e incluso como ‘enemigos del pueblo’” (Rauch, 2021, pp. 2–3). De manera similar, los ataques de Chaves hacia medios de comunicación e incluso instituciones autónomas como la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia han socavado la confianza pública en la prensa y en instituciones clave (The Tico Times, 2023). Esta técnica populista que ambos presidentes emplean, de desacreditar medios que se oponen a sus ideologías o que critican su imagen pública, busca desestimar cualquier crítica real, tachándola de “falsa” o calificando a la prensa de corrupta, lo cual constituye un ataque a la libertad democrática de expresión.

Tomando en cuenta todos estos paralelismos entre las administraciones de Trump y Chaves y sus posturas sobre las regulaciones económicas, los temas sociales y los ataques a la prensa, se hace evidente una creciente división política causada por las estrategias de ambos presidentes. Este patrón de erosión institucional mediante una economía nacionalista, el rechazo a los derechos sociales y la violación de la libertad de expresión a través del ataque a la prensa plantea un futuro preocupante para la democracia costarricense. La adopción por parte de Rodrigo Chaves de las estrategias populistas de Donald Trump lleva inevitablemente a preguntarse cuánto tiempo podrán sostenerse estas técnicas populistas, especialmente considerando que este tipo de populismo solo puede crecer en sistemas democráticos, al mismo tiempo que va desmantelando partes de ese mismo sistema poco a poco.

Referencias

Ballotage in Costa Rica: Rodrigo Chaves and José María Figueres compete for the presidency. (2022, April 3). Infobae. https://www.infobae.com/en/2022/04/03/ballotage-in-costa-rica-rodrigo-chaves-and-jose-maria-figueres-compete-for-the-presidency/

Benavides Santos, T. (2022, April 4). A rocky road ahead for Costa Rica’s Rodrigo Chaves. Americas Quarterly. https://americasquarterly.org/article/a-rocky-road-ahead-for-costa-ricas-rodrigo-chaves/

Costa Rica press freedom under threat as Chaves targets journalists, report says. (2025, April 5). The Tico Times. https://ticotimes.net/2025/04/05/costa-rica-press-freedom-under-threat-as-chaves-targets-journalists-report-says/

Ferguson Jr., R. W. (2025, February 24). The intellectual origins of Trump’s economic policies. Council on Foreign Relations. https://www.cfr.org/article/intellectual-origins-trumps-economic-policies

Fernández Aguilar, G. (2024, October 16). La polarización bajo el mandato de Rodrigo Chaves. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/opinion/la-polarizacion-bajo-el-mandato-de-rodrigo-chaves/

Mark, J. (2025, June 1). Discrimination cases unravel as Trump scraps core civil rights tenet. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/business/2025/06/01/trump-disparate-impact-discrimination-cases-civil-rights/

Nazar, Y. (2024, November 7). Trump’s populism and neo‑isolationism in a polarised world. The Friday Times. https://thefridaytimes.com/07-Nov-2024/trump-s-populism-and-neo-isolationism-in-a-polarised-world

Penn Wharton Budget Model. (2025, April 10). The economic effects of President Trump’s tariffs. https://budgetmodel.wharton.upenn.edu/issues/2025/4/10/the-economic-effects-of-president-trumps-tariffs

Rauch, J. (2018, August 17). Trump’s war on ‘fake news’ could actually make the mainstream media stronger. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/trumps-war-on-fake-news-could-actually-make-the-mainstream-media-stronger/

Vílchez, D. (2025). Rodrigo Chaves attacks gender education as foreign agenda. openDemocracy. https://www.opendemocracy.net/en/5050/rodrigo-chaves-costa-ricas-new-president-threatens-rights/

Indígenas del Caribe cuestionan el alcance del principio de igualdad ante la ley en Costa Rica

Por: Bernardo Archer Moore

En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.

Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.

Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?

Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.

Escudo Democrático convoca «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica»

Con el apoyo de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo el colectivo Escudo Democrático ha convocado la «Marcha de Juan Santamaría por la Democracia en Costa Rica». Esta actividad se realizará este viernes 11 de abril a las 7:00 de la mañana, con inicio en el edificio de los Tribunales de Justicia de Alajuela.

De acuerdo con la información compartida, la marcha tiene diversos objetivos, entre ellos la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, así como la independencia de los Poderes de la República y el respeto a la Constitución.

Las personas participantes también manifestarán su respaldo a una Caja Costarricense de Seguro Social pública, fuerte y solidaria, además de defender instituciones estratégicas como el ICE, el AyA y el INA.

Entre otras reivindicaciones se encuentran la educación crítica, libre y universal; la libertad de prensa y el derecho a disentir; los derechos laborales, ambientales y sociales; la agroindustria; y el derecho a organizarse, protestar y exigir rendición de cuentas.

La convocatoria está dirigida a la ciudadanía interesada en participar en esta manifestación por la democracia costarricense.

Convocan este 9 de abril frente a la Sala Constitucional por pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) y sus organizaciones sociales y sindicales adscritas exigen pronta resolución de acciones de inconstitucionalidad presentadas desde 2019.

Comunicado

Diversas organizaciones sociales y sindicales convocan a una concentración mañana miércoles 9 de abril de 2025, a las 9:00 a.m., frente a la Sala Constitucional, Calle Morenos, Sabana Sur, con el objetivo de exigir una pronta resolución a las acciones de inconstitucionalidad presentadas desde el año 2019 contra leyes regresivas que atentan contra los derechos de la clase trabajadora costarricense.

En un país democrático como lo es Costa Rica, se están violentando principios constitucionales y derechos fundamentales como el derecho a huelga, la libertad sindical, derechos laborales consolidados y convenios internacionales ratificados por nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La inacción prolongada de la Sala Constitucional ante estos recursos ha permitido que se mantengan en vigencia disposiciones legales que debilitan la institucionalidad pública y vulneran los derechos de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país.

Esta manifestación pacífica busca visibilizar la urgencia de justicia constitucional en materia laboral y reafirmar la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los principios democráticos que nos rigen.

¡La defensa de los derechos laborales y la institucionalidad pública no puede esperar más!

Monseñor Óscar Romero: Voz de Justicia y Esperanza

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Monseñor Óscar Arnulfo Romero es un referente en la lucha por los derechos humanos en América Latina. Como arzobispo de San Salvador, alzó su voz contra la violencia, la represión y las injusticias que azotaban a los más pobres y vulnerables. Desde el púlpito, denunció las violaciones de derechos humanos y se convirtió en un faro de esperanza para su pueblo en medio de la crisis social y política.

Su mensaje y su práctica representaron el compromiso con la opción preferencial por los pobres, que no se limitó al discurso, sino que implicó la disputa de sentidos y espacios en defensa de la vida humana en todas sus dimensiones: esa práctica de libertad que garantiza el acceso a la salud, la educación y el trabajo digno.

Su valentía le costó la vida el 24 de marzo de 1980, cuando fue asesinado mientras oficiaba misa. Sin embargo, su legado sigue más vigente que nunca. Su mensaje de amor, justicia y paz continúa inspirando a quienes luchan por un mundo más equitativo y humano, así como a aquellos comprometidos con la memoria y la reparación frente a las injusticias que, desde la impunidad y el poder, buscan perpetuar los privilegios.

Este es un esfuerzo que realizamos para rescatar el pensamiento y la práctica latinoamericana y caribeña, enraizados en nuestros pueblos en la búsqueda y lucha por una vida digna. Con él, reforzamos el compromiso con una visión de los bienes comunes, enfrentando los legados racistas, coloniales y machistas que han estructurado nuestras sociedades. Es desde las prácticas de liberación de los diversos sujetos —individuales y colectivos— que se han construido alternativas para sociedades más justas

A través de esta infografía, te invitamos a conocer su vida, su lucha y las palabras que lo convirtieron en un hombre del pueblo, que vivió y murió por una vida digna para todos y todas.