Etiqueta: derechos territoriales indígenas

Denuncian muerte de al menos 20 árboles en Playa Chiquita dentro del Territorio Indígena KéköLdí y el REGAMA

Escrito en 05/02/2026. Publicado en Madre Tierra.

Una denuncia formal presentada ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y diversas instancias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE) advierte sobre la muerte de aproximadamente 20 árboles en Playa Chiquita, zona que colinda entre el Territorio Indígena KéköLdí y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), en el Caribe Sur de Talamanca.

Según la información remitida por María Elena Fournier, de la Asociación Conservacionista YISKI, los árboles afectados se encuentran únicamente en esa área específica, lo que descarta, según la denunciante, un fenómeno natural generalizado y refuerza la sospecha de una intervención humana intencional. Las fotografías que respaldan la denuncia fueron tomadas en diciembre de 2025 y forman parte del expediente judicial N.° 25-033098-0042-PE.

En los correos enviados a la Subdelegación Regional del OIJ en Bribri, así como a autoridades del ACLAC-SINAC-MINAE y al despacho del Ministerio de Ambiente y Energía, se expresa la preocupación de que la muerte de los árboles esté relacionada con personas que habrían ocupado o tomado propiedades dentro del REGAMA y del Territorio Indígena KéköLdí, zonas que colindan entre sí y que cuentan con regímenes especiales de protección ambiental y territorial.

La denunciante señala además que, cerca del rótulo oficial del Estado, existe otro aviso que indica “propiedad privada, no pasar”, y que en el sitio se observan al menos dos viviendas construidas dentro de esas propiedades, lo que plantea serias interrogantes sobre la legalidad de dichas ocupaciones y sobre las acciones —o la falta de ellas— por parte de las autoridades competentes para garantizar la protección del área.

Desde la Asociación Conservacionista YISKI se solicita información sobre las diligencias que el ACLAC-SINAC-MINAE estaría realizando para desalojar a las personas que ocupan irregularmente tanto el REGAMA como el Territorio Indígena KéköLdí, así como sobre el avance de la investigación judicial relacionada con la muerte de los árboles.

El caso pone nuevamente en evidencia las tensiones persistentes entre intereses privados, conservación ambiental y derechos de los pueblos indígenas, así como la importancia de una actuación oportuna y transparente de las instituciones del Estado para resguardar los bienes naturales y territoriales protegidos por la legislación costarricense.

FECON denuncia complicidad estatal en despojo de territorios indígenas

Escrito en 22/08/2025. Publicado en Derechos.

La Federación Ecologista (FECON) denuncia y alerta la reiterada negligencia y complicidad del Estado costarricense frente a las sistemáticas violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en incumplimiento directo a la Ley Indígena de Costa Rica y al Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos jurídicos que establecen de forma clara que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles y son exclusivos para sus pueblos originarios.

El reciente intento de usurpación del terreno en la Finca San Andrés, del mayor bröran Pablo Sibar, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en el territorio Brörán de Térraba, representa un evento más del despojo, hostigamiento e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que Sibar cuenta con un reconocimiento legal de más de 13 años sobre el terreno en cuestión, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, respaldándose en una certificación emitida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba a favor de personas no indígenas, la cual fue denunciada como fraudulenta por Sibar.

Para los pueblos indígenas, las ADI son espacios impuestos por el Estado costarricense que operan como mecanismos de despojo, legitimando invasiones y sirviendo a intereses ajenos a las comunidades indígenas. La participación activa de la ADI en este acto de usurpación, sumado al respaldo de la Fuerza Pública y la omisión de acción por parte del Ministerio Público, representan complicidad estatal que pone en riesgo a Pablo Sibar y a todos los defensores indígenas que lo acompañan y que defienden su derecho a su territorio.

Recordamos que Sibar cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 y que ha sido víctima de múltiples agresiones desde 2012, incluso recibiendo amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos impunes de los defensores del territorio Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados, son parte de una política sistemática de abandono estatal y discriminación institucional hacia quienes defienden sus territorios y la vida, la cual no debe de continuar.

Por esto, nos solidarizamos con Pablo Sibar y quienes se encuentran defendiendo su derecho al territorio. Así también, exigimos al gobierno de Costa Rica, quienes el pasado 9 de agosto, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, emitieron en sus canales oficiales una noticia en donde dijeron “reafirmar su compromiso continuo con las poblaciones indígenas”, que actúen de inmediato ante esta situación de clara violación de los derechos de Pablo Sibar y que garanticen su seguridad e integridad física.