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Etiqueta: desarrollo sostenible

CEPAL celebra pronta entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y destaca el compromiso de la región con el desarrollo sostenible y los derechos humanos

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • Con el depósito de los instrumentos de ratificación de México y Argentina hoy ante la ONU se alcanzó el número de Estados Parte necesarios, por lo que el Acuerdo Regional entrará en vigor el 22 de abril de 2021, Día Internacional de la Madre Tierra.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró hoy la pronta entrada en vigor del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, y destacó el compromiso de la región con la protección del desarrollo sostenible y los derechos humanos.

Con el depósito de los instrumentos de ratificación de los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hoy 22 de enero de 2021 se alcanzó el número de Estados Parte necesario para la entrada en vigor del Acuerdo. Según establece el artículo 22 del tratado, una vez cumplidos los requisitos establecidos, el tratado entrará en vigor a los 90 días, es decir, el 22 de abril de 2021, fecha coincidente con el Día Internacional de la Madre Tierra.

“Hoy América Latina y el Caribe celebra su compromiso con el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En estos momentos en que la situación global y regional reviste gran complejidad e incertidumbre, el Acuerdo de Escazú es más necesario que nunca porque refuerza la cultura del diálogo y la concertación para avanzar en las transformaciones necesarias que aseguren que la recuperación se enmarque en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas participó en la Ceremonia de Depósito del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de México, que fue encabezada por Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de ese país.

Durante su intervención, Alicia Bárcena destacó que hoy, 22 de enero de 2021, es un día histórico para América Latina y el Caribe.

“¡Para mí es un día histórico! Hoy es un día de fiesta, porque se celebra un paso adelante en la implementación del Acuerdo de Escazú, cuya negociación fue inclusiva, participativa y transparente. Esto es muy esperanzador”, afirmó la máxima representante de la CEPAL.

Destacó que el Acuerdo de Escazú es el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, los que dan la vida por la vida.

Alicia Bárcena reconoció el fuerte compromiso de los gobiernos de México y Argentina que hoy se convirtieron en Estados Parte del Acuerdo, y destacó a los otros 10 países que lo ratificaron anteriormente y que hicieron posible que el Acuerdo de Escazú entre en vigor el próximo 22 de abril: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Asimismo, manifestó su convicción de que más países de la región se sumarán al tratado prontamente.

“Soy optimista. América Latina y el Caribe es una región rica cultural, social y ambientalmente. Su patrimonio natural es extenso y son muchas las oportunidades para una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que traiga un mayor bienestar a nuestros pueblos”, subrayó Alicia Bárcena.

La Subsecretaria Martha Delgado, en tanto, reafirmó el compromiso del Gobierno de México con la implementación del tratado y destacó que Acuerdo Regional es una gran herramienta para dar voz a las juventudes, a los pueblos indígenas, a las mujeres, a las personas con discapacidad y a las comunidades vulnerables.

“Es un derecho que los ambientalistas hemos perseguido durante años”, subrayó.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de la región de América Latina y el Caribe, el único acuerdo vinculante adoptado hasta la fecha derivado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.

 

Nota de la CEPAL.

Cámaras empresariales accionan campaña de desinformación para perpetuar esquema de impunidad en delitos contra defensores ambientales

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

-Es urgente convocar el Acuerdo de Escazú para discutirlo en la Asamblea Legislativa;
-Empresarios presionan para que no exista un marco legal robusto en materia de delitos contra defensores de la naturaleza;

(Bloque Verde, 30/11/2020) Es injustificable seguir poniendo en riesgo a defensores y defensoras de la naturaleza. Es inaceptable e irresponsable la posición de las cámaras empresariales en contra del Acuerdo de Escazú, las cuales pretenden que siga reinando en el país la impunidad en cuanto a crímenes contra defensores de la naturaleza.

Tanto la Cámara de la agroindustria como la Cámara de Industrias y la Unión de Cámaras Empresariales, han emitido documentos con afirmaciones temerarias, falsas y cargadas de argumentos ideológicos, en contra de un acuerdo internacional que vendría a ordenar la legislación en carácter de protección de los derechos ambientales, como lo es el Acuerdo de Escazú.

Los argumentos de las cámaras empresariales fueron desmentidos por el foro del Colegio de Abogados(1) del pasado 23 de noviembre. En el foro desglosaron uno a uno los argumentos falaces de los empresarios y dejaron en claro que esta campaña de las cámaras está fundamentada en interpretaciones lejanas a la realidad.

Además Nicolas Boeglin, abogado especialista en derecho internacional señala que el caso los empresarios costarricenses no es aislado. Boeglin señala que: “… tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional”, puntualizó el abogado(2).

La convocatoria de la agenda de proyectos de ley que envió el ejecutivo el día viernes 27 de noviembre a la Asamblea Legislativa dejó de lado la posibilidad de que se vote un acuerdo internacional que vendría a posibilitar la instalación de mecanismos para el acceso a la información y la protección de la seguridad y la vida de las quienes protegemos el agua, la biodiversidad, los ríos, los bosques, la vida silvestre terrestre y marina, etc.

El nombre completo de este convenio internacional es: El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”. Fue impulsado y firmado por Costa Rica en 2018 y en este momento se espera que sea ratificado por la Asamblea Legislativa para que pueda ser depositada la adhesión formal en Naciones Unidas y de esta forma entre a regir.

Uno de los alcances, que es importante mencionar, de este acuerdo es que daría la posibilidad de exigir al Estado la protección de los y las defensores ambientales en caso de que sean amenazados o perseguidos por su accionar en defensa de la naturaleza.

El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica señala que no se puede “pensar que Costa Rica por su “liderazgo verde” se encuentra como la excepción en la región Latinoamericana y Caribeña. Sobre la precaria situación que atraviesan las y los defensores ambientales, el recuento de los hechos demuestra que vivimos situaciones que de no ser enfrentadas, podrían derivar en una mayor desprotección de estas personas”.

Este mismo centro universitario señaló que en la historia reciente de Costa Rica existen casos de defensores de derechos humanos y ambientales que han sido asesinados. Los crímenes de Yerhy Rivera en 2020 y Sergio Rojas en 2019; los cuales siguen en impunidad en un contexto de racismo, que impide el seguimiento de las investigaciones para buscar los autores materiales e intelectuales.

Pero a esto se suman otros crímenes más, como el cometido contra Jairo Mora en Moín en 2013. Y recuerda la deuda histórica que tiene el país en la búsqueda de justicia para los integrantes de Asociación Ecologista Costarricense asesinados 26 años atrás.

Por esta razón es urgente que se avance en aprobar el Acuerdo de Escazú y para tal objetivo el gobierno de Carlos Alvarado debe comprometerse con éste y priorizar su trámite en la Asamblea Legislativa; de lo contrario está posponiendo de forma injustificable la aplicación de un tratado internacional que vendría a dar seguridad a la labor de miles de personas a nivel nacional. Activistas, ecologistas, campesinos, campesina, indígenas, funcionarios de instituciones que impulsamos la conservación y el resguardo de los ecosistemas, y que en muchos casos lo hacemos a costa de la propia vida o seguridad personal.

Nota:

  1. Charla «Acuerdo de Escazú y sus alcances en la normativa ambiental Costarricense» https://www.youtube.com/watch?v=9sFJf7bhdKc&list=UUrIRgU3jsDPuy7Gh02MaAkQ
  2. El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación https://delfino.cr/2020/11/el-acuerdo-de-escazu-a-proposito-de-recientes-comunicados-en-contra-de-su-aprobacion?fbclid=IwAR0R01xRmdY7IG_oo25itSYJ2z2Fr_oKVCqwAqGxMtKOrnaOVAwdoG0g_Qc

 

Imagen tomada de Youtube.

El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR)

En días recientes, varias cámaras empresariales costarricenses han circulado cartas dirigidas a integrantes de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, presentando una serie de argumentos jurídicos en contra de la aprobación del Acuerdo de Escazú.

Como bien es sabido este último es un tratado internacional, adoptado en marzo del 2018 bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), y cuyo nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Breve puesta en contexto

Desde el 26 de setiembre del 2018, este tratado regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año (véase texto completo de su versión oficial en español) está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latina y el Caribe).

En la literatura especializada (Nota 1), se considera que fue una declaración conjunta del mes de julio del 2012 (véase texto completo) suscrita por Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay la que constituyó el punto inicial de un proceso que culminaría tan solo en marzo del 2018 en el cantón costarricense de Escazú, después de nueve largas rondas de negociaciones entre las 33 delegaciones oficiales.

En esta declaración conjunta, se puede leer que:

«Asimismo, reconocemos y subrayamos que los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un medio ambiente sano, y aportan múltiples beneficios tales como: contribuir a tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente; involucrar al público respecto de los problemas ambientales; aportar a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública; y facilitar un cambio en los patrones de producción y consumo«.

Este grupo pionero de Estados, que impulsaron decididamente esta novedosa iniciativa en el 2012, no coincide con los primeros once Estados en ratificar este instrumento regional para que pueda entrar en vigor: siendo el caso de Chile el más estridente e inconsistente, al negarse oficialmente sus máximas autoridades (y ello hasta la fecha) a tan siquiera… firmar el Acuerdo de Escazú (Nota 2).

Las preocupaciones recientes externadas por el sector empresarial costarricense en breve

A diferencia de lo que dejan entender los recientes comunicados circulados por diversas cámaras empresariales costarricenses en contra de este tratado, el texto del Acuerdo de Escazú es extremadamente mesurado y ponderado de manera a garantizarle a cada Estado un margen de maniobra y cierta flexibilidad a la hora de implementar cada una de sus disposiciones. No es lo propio de este tratado en particular, sino que se inscribe dentro de una técnica convencional, encontrada en un sinnúmero de tratados multilaterales en materia ambiental y en otros ámbitos. Cabe recordar que al ser el resultado de nueve largas rondas de negociaciones entre los 33 Estados de América Latina y del Caribe realizadas entre el 2014 y el 2018, cada párrafo fue objeto de revisiones, enmiendas y modificaciones adicionales, en aras de consensuar una formulación que fuera la más aceptable posible para 33 delegaciones provenientes de realidades jurídicas, institucionales y políticas muy diversas.

En un comunicado inicial de la Cámara Nacional de Agricultores del 8 de octubre del 2020 dirigido a los jefes de fracción del Congreso costarricense (véase texto completo), se puede leer que:

“En conclusión, el Acuerdo de Escazú tiene un conjunto de falencias jurídicas, tanto convencionales, constitucionales como legales que al no ser subsanables por las eventuales reservas estatales, entrarían en vigencia de ser aprobado; lo anterior sin perjuicio de las antinomias generadas respecto de tratados de libre comercio“(sic.).

Por su parte la Cámara de Industrias de Costa Rica en una carta del 19 de noviembre pasado (véase texto completo) llega a conclusiones similares, segundada, por otra larga carta distinta, de 12 largas páginas, suscrita esta vez por la Unión de Cámaras (UCCAEP), y que concluye señalando lo siguiente:

“Señoras y señores diputados, cómo hemos podido expresar, existen suficientes reservas y preocupaciones en torno a este expediente legislativo, países como Chile, que fue uno de los países proponentes, notificó a la Cancillería ya que no procedería con su ratificación, ya que han identificado los mismos peligros que hemos podido confirmar en nuestro ejercicio de análisis. Adicionalmente, aprobar este instrumento en medio de una situación tan complicada como la que vive el país, más bien envía señales negativas y no procura generar un ambiente propicio para fomentar la inversión y dar seguridad jurídica “(sic.)

Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas” se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año.

Desde el punto de vista más sustantivo, los supuestos argumentos de cada una de estas tres cámaras reaparecen bajo diversas formulaciones en cada una de los tres cartas precitadas, por lo que resultaría de sumo interés conocer el origen exacto que motivo la elaboración de cada una.

No pretendemos en este corto espacio responder las diversas razones aducidas, dado que prácticamente, en particular desde la perspectiva internacional, cada una conlleva revisar cuestiones muy básicas (cómo se negocia un tratado internacional, quién es el destinatario de las obligaciones que contiene, cómo se formulan sus disposiciones para – precisamente – evitar este tipo de cuestionamientos): desde el punto de visto jurídico y en particular de la técnica jurídica empleada en el Acuerdo de Escazú, un reciente foro realizado por el Colegio de Abogados de Costa Rica (véase video, y en particular la exposición del Profesor Mario Peña, minutos 38- 1:14) desmitifica el contenido del Acuerdo de Escazú, haciendo ver cuán infundadas son las supuestas razones legales esgrimidas por estas entidades que reagrupan a una parte de la cúpula empresarial costarricense. Remitimos también a su reciente artículo (véase texto completo) titulado precisamente “Desmitificando el Acuerdo de Escazú” publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia.

Con relación al punto específico de la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental que tanto pareciera preocupar a estas tres entidades (así como a una magistrada de la Sala Constitucional), un artículo del mismo especialista en derecho ambiental, de octubre del 2019, explica claramente que se trata de un principio que ha recibido acogida en la legislación y en la jurisprudencia de tribunales costarricenses desde hace ya muchos años, y que al parecer ignora la precitada magistrada de la Sala Constitucional (Nota 3).

A modo de conclusión

Desde varios meses, tanto en Chile, como en Colombia, en Perú y en Paraguay, la discusión con relación al Acuerdo de Escazú en sus respectivos congresos se ha polarizado debido a una verdadera campaña de desinformación, gestada desde diversos círculos políticos y empresariales, haciendo uso de una creatividad pocas veces observada para justificar la oposición a este acuerdo regional.

A modo de ejemplo, entre muchos, podemos remitir a este documento suscrito por altos mandos militares en Perú sobre la supuesta pérdida de soberanía en la Amazonía peruana (véase texto completo) o bien a este anuncio de cámaras paraguayas del sector agropecuario (véase texto completo) para que nuestros estimables lectores puedan apreciar mucho mejor el alcance de esta campaña de desinformación.

En el caso de Colombia, este artículo de El Espectador desmitifica los «mitos» sin mayor fundamento – como lo son muchos mitos – creados con respecto al alcance de este tratado regional. Recientemente, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas“ (véase enlace), el cual responde precisamente a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de mitos escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que al parecer, cuentan ahora con adeptos en Costa Rica.

—Notas—-

Nota 1: Véase por ejemplo DE MIGUEL C., «Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI«, in PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú. Hacia la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral (UNL), 2020, 330 páginas, pp. 20-34, p. 22 (el texto integral de esta reciente obra colectiva está disponible en este enlace).

Nota 2: De manera a poder apreciar el pronunciado giro operado por las autoridades chilenas con relación al Acuerdo de Escazú, se puede comparar el texto de la declaración conjunta suscrita por Chile y Costa Rica en el mes de junio del 2018 (véase texto completo colgado – hasta la fecha – en el sitio oficial de la diplomacia chilena) con un documento reciente circulado el mismo día en que el Presidente chileno ofrecía su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 22 de setiembre del 2020 (véase texto completo de 12 páginas que viene sin sello oficial ni firma de los dos ministros al final del documento, … y que se supone es un documento oficial). El título de esta nota de la DW (Alemania) del 21 de setiembre del 2020 retrata bastante bien, en nuestra modesta opinión, el espectáculo raramente visto por parte de un Estado con relación a un tratado internacional: “Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental”.

Nota 3: Véase PEÑA CHACÓN M., “Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica”, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), octubre del 2019, disponible en este enlace. Sobre la situación particular en la que se encuentra el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la complicación que ha generado la Sala Constitucional en el trámite de aprobación de este tratado, véase la sección “La peculiar situación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica” en nuestro breve análisis: BOEGLIN N., “La reciente aprobación del Acuerdo de Escazú por parte del Senado de México”, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 17/11/2020, disponible en este enlace.

*Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

La importancia de hacer visible el Acuerdo de Escazú

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

10/11/2020. La Red por el Acuerdo de Escazú en Costa Rica busca visibilizar la importancia y la trascendencia del Acuerdo de Escazú mediante una campaña informativa en redes sociales.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe hizo historia al adoptar, en Escazú (Costa Rica), el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es: Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Agricultura familiar y guías alimentarias: dos pilares para la transformación de los sistemas agroalimentarios post COVID-19

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

German Masís

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe organizó los días 4-5-6 de noviembre el Seminario “¿Cómo Recuperar y Transformar los Sistemas Agroalimentarios de América Latina Post Covid-19?” en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación y del 75 Aniversario de la FAO.

El Seminario incluyó una serie de paneles virtuales sobre los temas de: Sistemas Agroalimentarios y Macroeconomía, Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Territorial, Sistemas Alimentarios y Comercio, Sistemas Alimentarios, Alimentación y Salud y Sistemas Agroalimentarios, Medio Ambiente y Cambio Climático, entre otros, incluyendo paneles sobre la Situación de los Sistemas Agroalimentarios en algunos países como Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Venezuela y Costa Rica.

El panel de Costa Rica se denominó “Agricultura Familiar y Guías Alimentarias: dos pilares para la transformación de los Sistemas agroalimentarios post covid-19” y contó con la participación de las funcionarias de la Representación de la FAO en Costa Rica, Yenory Hernández y Andrea Padilla y de las ViceMinistras de Salud y Agricultura, Alejandra Acuña y Ana Cristina Quirós respectivamente.

La especialista Padilla expuso sobre el primer pilar para la transformación de los Sistemas agroalimentarios post covid-19, que es la Agricultura Familiar, ubicando la Importancia de la Agricultura Familiar en Costa Rica.

Dijo que ésta representa según datos de la Secretaría de Planificación del Sector Agropecuario(SEPSA) a partir del Censo Agropecuario del 2014, 51.508 fincas que corresponden a un 55% de las explotaciones agropecuarias y el 26% de la totalidad de las tierras de uso agropecuario del país; en cuanto al uso del suelo de las explotaciones de la AF, un 30% corresponde a bosques, el 50.5% a pastos y un 9.1%a cultivos permanentes, cuya distribución permite potencialmente establecer prácticas agrícolas sostenibles y desarrollar territorios más resilientes que puedan mitigar los efectos del cambio climático. La AF también involucra un 36% del empleo sectorial de la agricultura generado por los agricultores familiares.

En cuanto a las principales actividades de la AF, destaca en primer lugar el ganado vacuno, el café, las frutas y los granos, especialmente el frijol, no obstante, podemos ver que la AF presenta grandes desafíos, entre ellos:

-el porcentaje de mujeres productoras apenas representa un 15.6%, que implica hacer un gran esfuerzo para la incorporación de las mujeres productoras

-otro gran desafío es sobre la edad promedio de las personas productoras, que es 55 años para los hombres y 51 para las mujeres, esto implica que hay que hacer una labor para ir incorporando a los jóvenes en una actividad productiva que sea atractiva y novedosa, que les permita obtener ganancias para mejorar sus condiciones de vida y muy relacionado está otro desafío sobre el uso de la tecnología agrícola en el país.

El otro tema presentando por Padilla, es el de la Gobernanza de la Agricultura Familiar, que señala que desde el año 2010 se viene trabajando en la AF y en el 2017 se crea la Red Costarricense de la Agricultura Familiar, que está integrada por diversos actores, incluidas las instituciones del Sector Agropecuario(el MAG, el INTA, el CNP, el INDER, el PIMA, el SENARA), pero también hay una importante presencia de organizaciones productivas tanto a nivel nacional con representación en los territorios, mujeres productoras, cooperativas agrícolas y organizaciones de consumidores, importantes para mantener ese diálogo entre productores y consumidores. En esta Red está también la Academia que a través de sus programas de investigación y extensión están fortaleciendo la AF, así como las Escuelas de Nutrición y el Observatorio de la Seguridad Alimentaria y también están los organismos de cooperación internacional.

El papel de esta Red es ser un espacio de gobernanza y de diálogo donde de manera conjunta entre esos actores se van definiendo las líneas, orientaciones y políticas de la AF en el país. En el marco de esta Red se fue trabajando en el Decenio de la Agricultura Familiar 2020-2030 y en el Plan Nacional de la Agricultura Familiar, que es el principal instrumento que tiene el país para impulsar la AF y articularlo con la Agenda 2020-30 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible.

Para el 2030, Costa Rica va a tener una AF innovadora, inclusiva, fortalecida organizacionalmente y vinculada a los mercados, haciendo que prosperen sistemas agroalimentarios más saludables y sostenibles, introduciendo un aspecto más integral a la AF para que se vea no sólo el aspecto de producción agrícola, sino con una visión más amplia y como se va encadenando todo el sistema agroalimentario, ya que se incorpora la parte nutricional, que tiene que ver con inocuidad y con diversidad de alimentos y también la parte de sostenibilidad, que hace referencia a aspectos ambientales de la producción con prácticas acordes con que los productos sean inocuos y que no tengan agroquímicos que nos hagan daño. Una alimentación saludable inicia con una AF que tenga posibilidades de generar alimentos nutritivos y saludables.

En el Plan Nacional de Agricultura Familiar se definieron 8 pilares que son los que marcan los progresos y las acciones que se van a seguir en el país hasta el 2030 para la AF, ellos son:

– el primer pilar tiene que ver con la parte institucional, con fortalecer el entorno institucional que permita un desarrollo integral de la AF
– el segundo tiene que ver con integrar las juventudes rurales y la transición generacional
– el pilar 3 tiene que ver con promover la equidad de género e incorporar a las mujeres en la AF
– el pilar 4 tiene que ver con fortalecer organizacionalmente la AF, que es toda la parte asociativa y de generar conocimientos y capacidades
– el pilar 5 está relacionado con la inclusión económica de la AF y con el desarrollo de circuitos costos de comercio que acerquen los productores a los consumidores
– el pilar 6 tiene que ver con el tema de sostenibilidad ambiental de la AF, para conseguir sistemas productivos resilientes y adaptados al cambio climático, en este pilar se incluyen los sistemas de agroecología y la conservación de los recursos de la agrobiodiversidad
– el pilar 7 tiene que ver con fortalecer la multidimensionalidad de la AF, pero también centrada en una producción que tenga pertinencia cultural
– el pilar 8, tiene que ver con la comunicación para trasmitir como se vincula la agricultura con la alimentación y la nutrición.

El Ministro de Agricultura en un video sobre el Día de la Alimentación, afirma que la verdadera AF está ligada a la distribución de la tierra, a la generación y distribución de la riqueza a través de los procesos productivos que hemos ido implementando históricamente.

La especialista Yenory Hernández, inició la presentación sobre el segundo pilar que es las Guías Alimentarias, mencionando el contexto general del covid-19, los sistemas agroalimentarios y la nutrición. Estableció que ya antes del covid, nuestra región y Costa Rica, teníamos problemas en cuanto a la alimentación y malnutrición, ante lo que la pandemia nos ha puesto nuevos desafíos:

– tenemos personas con diferentes formas del malnutrición, sobrepeso y obesidad, las cuales se han visto seriamente afectadas por los efectos del covid, que ha profundizado la situación de inequidad
– al mismo tiempo he visto impactos económicos y sociales donde las personas han perdido sus empleos, sus ingresos básicos y esto limita su capacidad adquisitiva para obtener alimentos que normalmente adquirían direccionados hacia una alimentación saludable.
– a nivel de las cadenas de suministros, hemos visto como éstas se han interrumpido pese a los esfuerzos para mantenerlas activas, convirtiéndose en una barrera para poder adquirir alimentos de carácter nutricional; todas esas barreras demuestran la debilidad de nuestros sistemas agroalimentarios, pero también la oportunidad para incluir un enfoque nutricional a lo largo de los sistemas agroalimentarios para reconstruirlos con más fuerza y resiliencia.

Respecto a las Guías Alimentarias, indica que estas se encuentran en un proceso de revisión, recordando que estas Guías son: un conjunto de instrumentos, principios rectores y recomendaciones basadas en alimentos disponibles, accesibles y culturalmente apropiados, los que la evidencia recomienda para una alimentación saludable y que se han desarrollado con la participación de los diferentes actores, sean productores o en las áreas de salud y educación. Costa Rica tiene unas guías alimentarias que orientan todo el sistema agroalimentario de una forma sistemática y ordenada hacia una alimentación saludable.

Al final concluye con que Costa Rica es una tierra privilegiada por su variedad de productos alimenticios y por el acceso a alimentos variados, inocuos y nutritivos, por lo que es muy importante reconocer a todos los actores del sistema agroalimentario que hacen posible que esa variedad de alimentos llegue a la mesa de las personas y que como consumidores debemos demandar el acceso a alimentos saludables y entornos saludables.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Pronunciamiento UNED: Veto Pesca arrastre dirigido a Presidente Alvarado

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

La Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, la Dirección de Extensión Universitaria, el Centro de Educación Ambiental y la Estación Experimental 28 Millas de la UNED enviaron un pronunciamiento dirigido al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, solicitando de veto a la Ley 21.478 que reactivaría la pesca de arrastre.

“(…)

En estricto apego a los argumentos abajo planteados y como ciudadanos (as) y académicos (as) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), le solicitamos de forma muy respetuosa pero vehemente, el veto a la Ley 21.478 que reactivaría la pesca de arrastre en Costa Rica. (…)”.

Compartimos el pronunciamiento en el siguiente enlace para descargar:

Pesca-de-arrastre-PresidenteDescarga

Compartimos el Manifiesto Ecológico Político sobre los Recursos Marinos Costeros de Costa Rica

Manifiesto-MarinoDescarga

Pronunciamiento Rectoría UNA solicitando el veto a la pesca de arrastre

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Pronunciamiento de la Rectoría de la Universidad Nacional, para solicitar el veto del proyecto de ley N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”

Estimada comunidad universitaria y nacional:

Me permito remitir el Pronunciamiento de la Rectoría de la Universidad Nacional, para solicitar el veto del proyecto de ley N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica” ante el señor Presidente de la República.

Considerando:

  1. Los principios del Estatuto Orgánico de Humanismo, Responsabilidad ambiental y Conocimiento Transformador, así como los valores de compromiso social, equidad y respeto, como pilares de la vinculación de la universidad con la sociedad.
  2. El trabajo denodado fundamentalmente emprendido por la Escuela de Ciencias Biológicas y otras unidades académicas de la Universidad Nacional desde 1985, el cual se ha caracterizado por la cooperación con el estado y las comunidades en diferentes campos de las pesquerías, brindado apoyo a la Dirección de Pesca convertida posteriormente en el INCOPESCA, siempre buscando los principios del desarrollo sostenible, con equidad social, el bienestar económico de la ciudadanía y la protección del medio ambiente.
  3. La alerta expresada por las y los investigadores de la UNA, a través de diversos estudios e informes científicos desde 1990, sobre la sobreexplotación de muchas especies marinas, entre ella el camarón, tanto por los pescadores artesanales en el Golfo de Nicoya como por la Flota semiindustrial arrastrera de camarón. En ellos se solicitaban un cambio en las políticas públicas relativas al manejo sostenible de la actividad pesquera.
  4. La pesca de arrastre desobedeció los llamados de la sociedad civil, y agravó la situación cuando sus ingresos principales, cambiaron de la especie objetivo (camarón) por los peces de interés comercial que capturaban (pargos, corvinas, cabrillas, robalos), afectando los ingresos del sector de pescadores artesanales. Sumando la carencia de INCOPESCA para vigilar y sancionar las actividades ilegales, no declaradas, no documentadas.
  5. El pronunciamiento de la Sala Constitucional en el 2013 que prohibió permitir o renovar nuevas licencias, recalcando los daños severos al fondo marino, ante lo cual la Junta Directiva del INCOPESCA después de tratar infructuosamente de cambiar la prohibición, optó por crear nuevas licencias.
  6. La preocupación expresada por la sociedad costarricense por la afectación al artículo 50 de la Constitución Política que expresa: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado». Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho”.
  7. Las posibilidades de trabajo conjunto entre la Universidad Nacional y diferentes instituciones del Estado, así como con las comunidades pesqueras para desarrollar la pesca sostenible, entre otras del calamar en el Domo Térmico de Costa Rica (45.000 km2).
  8. La importancia de la consideración del Domo Térmico de Costa Rica (porción marina de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes), que está en aguas nacionales, como Área Marina de Manejo y que se solicite a la UNESCO la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad.
  9. La aprobación, por mayoría simple, por la Asamblea Legislativa del proyecto de ley N°21.478 “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.
  10. La potestad de la Presidencia de la República del vetar la ley “Aprovechamiento sostenible de la pesca de arrastre de camarón en Costa Rica”.

Por tanto, resuelve:

LA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SOLICITA EN FORMA VEHEMENTE AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SEÑOR CARLOS ALVARADO, EL VETO A LA LEY DERIVADA DEL EXPEDIENTE N°21.478 “APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE ARRASTRE DE CAMARÓN EN COSTA RICA” Y EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO MARINO COSTARRICENSE.

M.ed. Francisco González Alvarado, Rector Universidad Nacional

***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***

El acuerdo de Escazú, un avance en los Derechos Humanos y asuntos ambientales en América Latina y el Caribe

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alexis Suárez Miranda

Estudiante de la Universidad de Costa Rica

El acuerdo de Escazú consiste en un tratado regional, específicamente para América Latina y el Caribe, es un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que tiene como fin el garantizar y facilitar la incidencia ciudadana, el acceso a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en la región, lleva el nombre de Escazú puesto que fue adoptado y negociado en la ciudad de Escazú, San José de Costa Rica el pasado 4 de marzo de 2018, el mismo cuenta con una extensa participación de la sociedad civil, comunidad científica, y política. Asimismo, su objetivo es primordial ya que busca luchar contra la desigualdad, la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

Es importante destacar que este acuerdo se enmarca dentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se busca el alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales son impulsados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), dentro de dichas metas se enmarcan tres de estos objetivos que son muy importantes, los cuales tienen gran injerencia en el cumplimiento de este acuerdo, estos son, ODS 10. Reducción de las desigualdades, ODS 13. Acción por el clima y ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

En ese sentido, es importante indicar que en América Latina es urgente este acuerdo con el objeto de resguardar los derechos humanos de todas las personas que se desenvuelven en el ámbito ambiental, ya sea desde sus labores profesionales hasta el activismo, no está de más recodar que en Costa Rica han surgido diversos acontecimientos violatorios a los DDHH, en las que algunos de estos, lamentablemente han terminado con la vida de ambientalistas y activistas.

En primera instancia, es indispensable recordar el asesinato de Jairo Mora Sandoval, un ambientalista y activista costarricense, que fue asesinado en junio de 2013, cuando buscaba proteger los nidos de las tortugas baula en el Caribe de Costa Rica, junto a él, fueron asesinadas cuatro personas más en aquel suceso, este caso ha sido de los casos más sonados inclusive a nivel internacional, por lo que a raíz de este lamentable acontecimiento políticos, colectivos y grupos organizados han llamado a una restructuración y reforma de la política ambiental costarricense, sumado a lo anterior, es importante mencionar asesinatos como el de María del Mar Cordero Fernández, Jaime Bustamante, y Oscar Fallas Baldí, integrantes de la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO), quienes lucharon contra la compañía Ston Forestal, y entre otros crímenes en contra de ambientalistas, en dónde detrás de estos, sin duda alguna se esconden el crimen organizado y la mafia del tráfico de drogas.

El enfoque de derechos humanos que se le da al Acuerdo es crucial, según Global Witness, Latinoamérica fue la región con mayores asesinatos de defensores ambientalistas en el 2019, y es por esto, que este enfoque es indispensable con el objeto de encargarles mayores responsabilidades y esfuerzos en la lucha por el crimen organizado y los intereses detrás de los asesinatos de ambientalistas, en esa misma línea se analiza que

El Acuerdo de Escazú es también un tratado de derechos humanos. Es el primer tratado del mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en materia de medio ambiente (artículo 9). Esta primicia mundial está lejos de ser insignificante en una de las regiones del mundo más afectadas por los conflictos socioambientales y que presenta un mayor riesgo para la vida y la seguridad de las personas y grupos de personas que actúan como defensores de los derechos humanos en materia ambiental. (Barchiche, Hege y Nápoli, 2019, p.3)

Solo en el 2018, se registraron 164 personas asesinadas por motivo de ser defensores de la tierra y el ambiente, sin embargo, en la región de Latinoamérica, Colombia registró 24 asesinatos, Brasil 20, Guatemala 16, México 14, Honduras 4, Venezuela 3 y Chile 2 asesinatos, dichas estadísticas se muestran en el informe “¿Enemigos del estado?” de Global Witness.

En cuanto al derecho al acceso a la información, los estados deben asegurar jurisprudencia que asegure el acceso a la información y a la transparencia ambiental, mediante mecanismos de gobierno abierto y semejantes, sin embargo, en la región se tiene un gran reto porque “(…) como lo indica la UNESCO, demuestra claras dificultades para la aplicación efectiva de la legislación sobre libertad de información, en particular en el establecimiento de mecanismos adecuados que permitan el acceso a la información de manera oportuna” (Jiménez, 2019, p.393), esto inclusive debe incluir un plan de capacitación en transparencia dirigido hacia funcionarios públicos.

Por tanto, el acuerdo de Escazú es un importante mecanismo que procura derechos fundamentales dispuestos en la Carta Universal de los Derechos Humanos, y que por responsabilidad cada uno de los estados Latinoamericanos deben acceder a la firma y ratificación del acuerdo, para su entrada en rigor se debe proceder en primera instancia a la firma del mismo, demostrando interés en la materia y de ese modo se lleva a cabo un proceso de consulta bajo los ordenamientos jurídicos de los Estados, desdichadamente el plazo para que los países puedan firmarlo finalizó el 26 de septiembre de 2020, hacia el final de septiembre de 2020 se contaba con la firma de 23 países. En segundo lugar y una vez firmado el acuerdo se debe ratificar el tratado, los cuales se debaten y se realiza la votación en los Congresos o Asambleas Legislativas, hacia el final de septiembre de 2020, únicamente se contaban con 10 ratificaciones, para que el acuerdo entre en vigor se necesitan 11 ratificaciones.

Ahora bien, en el caso de los países que no llevó a cabo el proceso de firma y ratificación, puede dar la adhesión al acuerdo, dicho proceso es a través de los poderes legislativos de cada país. Por tanto, desde la sociedad civil es indispensable hacer un llamado vehemente a las autoridades del país, principalmente a las diputaciones para que de una vez por todas, ratifiquen el acuerdo, sin más demoras y trabas a los derechos humanos de las personas protectoras del ambiente y de los que están en la primera línea contra el combate al cambio climático y los intereses de inescrupulosos con grandes beneficios económicos, como la explotación de gas y petróleo, las piñeras con sus agroquímicos, los autobuseros que se oponen a una movilidad sostenible, los oreros con la extracción de oro y un sinfín de intereses adversos que no vienen más que a incrementar los efectos del cambio climático y las más afectadas son las zonas costeras, niños, niñas, y personas en pobreza extrema.

Referencias Bibliográficas:

CEPAL, N. (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

Jiménez Guanipa, H. (2019). El Acuerdo de Escazú y el derecho de acceso a la información dan a luz una nueva jurisprudencia. Análisis jurisprudencial. Sentencia Fundación Ambiente y Recursos Naturales (farn) c/ ypf SA s/varios. Revista Derecho Del Estado, (44), 385-396. https://doi.org/10.18601/01229893.n44.14

Witness, G. (2019). ¿ Enemigos del Estado? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras. Londres: Global Witness.

Barchiche, D., Hege, E., Napoli, A. (2019). El Acuerdo de Escazú: ¿un ejemplo ambicioso de tratado multilateral a favor del derecho ambiental? IDDRI, Issue Brief N°03/19.

 

Imagen tomada de Youtube.

Financiación del desarrollo sostenible

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Hace dos días, con el apoyo de diputados de varias fracciones, se presentó el Proyecto de Ley para Potenciar el Financiamiento y la Inversión del Desarrollo Sostenible Mediante el uso de Valores de Oferta Pública Temáticos. Se le asignó el número 22.160. Al momento de escribir esta nota no tenía comisión asignada. Es de esperar que vaya a la Comisión de Ambiente, pues a ella pertenecen los firmantes de la iniciativa.

LOS PRINCIPIOS. La iniciativa trata de incorporar al mercado local las mejores prácticas que se aplican a nivel global. Estas prácticas se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, por medio de la aceptación voluntaria de una serie de principios que, en forma conjunta, los participantes en los mercados han ido definiendo. Sin duda, esto ha sido un gran apoyo para que los mercados de bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles estén creciendo y consolidándose.

De no existir esos principios y, sobre todo, si no se respetan, los mercados y los inversionistas se corren el riesgo de enfrentarse a proyectos y a emisiones de bonos que no son exactamente sostenibles. Se evita el riesgo de exponerse a lo que en inglés se llama “greenwashing”, esto es, hacernos creer que una compañía está haciendo más por la protección ambiental de lo que realmente hace.

ES UN TEMA FINANCIERO. Y es que esto que estamos hablando no es un asunto únicamente de los ambientalistas. ¡No! Esto es un asunto de naturaleza financiera también. La referencia obligada al hablar de este tema es el ICMA (International Capital Market Asociation), es decir, la Asociación Internacional de Mercado de Capitales, una asociación sin fines de lucro, con más de 600 miembros de 62 países. Forman parte de esta asociación emisores, inversionistas, estructuradores, bancos públicos y privados, en fin, los jugadores de un mercado de capitales.

ICMA ha desarrollado todo un capítulo para bonos verdes y bonos sociales donde se discuten y definen las guías, los criterios y las reglas que regulan estas operaciones y las formas de ponerlas en práctica.

En honor a la verdad, ya en este momento se podrían estar transando bonos sostenibles en el país. Basta con seguir los criterios que la misma Bolsa Nacional de Valores ya tiene definidos. En el campo de la revelación de información, aparte de lo que usualmente se publica (como el prospecto y la calificación de riesgo crediticio, por ejemplo), este tipo de emisiones llevan un marco de referencia: donde de explican los aspectos ambientales y sociales que se atenderán con los dineros que se recauden de la venta de los bonos. También lleva una opinión, dada por un externo de calidad reconocida, que valora la solidez y pertinencia de esa información. En el mercado se le conoce como la “segunda opinión”, y está referida a la calidad ambiental y social que se le observa a la emisión de esos bonos.

EL PROYECTO. De la lectura del proyecto se observa el interés de los proponentes por incorporar esas mejores prácticas y así salvaguardar “la calidad ambiental y social” de las emisiones que se transen el en mercado local. En consecuencia, aquellos bonos que se negocien en la Bolsa y cumplan con esos estándares recibirán incentivos de distinta naturaleza: por ejemplo, facilidades administrativas para las inscripciones más rápidas, cobros especiales por permisos, o por honorarios, menores encajes para las entidades financieras que inviertan en esas emisiones, y también se habla de un crédito fiscal por un año.

De seguro estos incentivos serán objeto de escrutinio riguroso por parte de los diputados y la ciudadanía. Se podría pensar poner estos incentivos por un plazo determinado, dando tiempo a que el mercado de bonos temáticos madure. En fin, habrá que buscar un balance entre el legítimo interés por movilizar recursos hacia el desarrollo sostenible (con los beneficios que trae), y el costo de los incentivos.

CONCLUYO. Celebro que este tema haya llegado a la Asamblea. Ojalá provoque un debate amplio y constructivo, que pasa por impulsar la naturaleza sostenible de nuestro desarrollo futuro.

 

Compartido con SURCOS por el autor. Publicado en su blog https://notasaltema.blogspot.com/

La comunidad de Argentina de Pocora se prepara para realizar el 4° Festival del Agua 2020, en versión virtual

Escrito en . Publicado en Agua, Comunidad, Derechos.

El Programa de Gestión Local actualmente está apoyando, por cuarto año consecutivo, a la comunidad de la Argentina de Pocora en Guácimo, Limón, en su reconocido “Festival del Agua”, una actividad que recuerda a todas las personas la importancia de este líquido esencial para la vida y en especial para la prevención en la atención de pandemias. Este festival tiene por objetivo concientizar a la población acerca de la crisis mundial del agua, el cambio climático y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible y el saneamiento para todos a largo plazo.

Debido a la pandemia por el Covid -19, que afecta a todo el país, este 2020 el “Festival del Agua” de Argentina de Pocora, se realizará en un formato virtual. Como parte del apoyo que está dando el PGL a la Comisión para la Gestión Participativa del Recurso Hídrico de Argentina y en una nota firmada por las personas representes de la ASADA y ADI, Saida Sáenz López y José Gerardo Zamora González, dirigieron una solicitud al Instituto Costarricense de Electricidad, Área Socioambiental Región Huetar, para la instalación de una torre temporal que permita una transmisión por internet, con condiciones de conectividad y de calidad para que la comunidad de la Argentina de Pocora pueda disfrutar de las actividades del Festival del Agua los días del 20 y 21 de noviembre del presente año.

La comunidad de Argentina de Pocora, ha logrado obtener una pronta respuesta de las autoridades del ICE y está valorando la viabilidad para la instalación de la torre solicitada.

Nota por Michelle Castro y Rafael López.