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El Acuerdo de Escazú; Una oportunidad de mirar hacia el mar

Escrito en 26/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Silenny Calderón-Montero, Bióloga Marina¹^{silenny1111@gmail.com}

¹Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional, Costa Rica

El 2022 suma otro año en la lucha para amortiguar el cambio climático y sus efectos, los acuerdos y rutas de acción son firmados por las grandes naciones que se codean con la esperanza de detener el reloj climático. La urgencia por un actuar humano tipo “cardumen o colmena” para referirnos a la acción conjunta se ve reflejada en los objetivos y metas ambientales que se plantean en los diversos textos. Lo que ratifica un pensamiento integral, utilizado plenamente en la naturaleza, cada persona u organismo tiene un rol social que es necesario para el funcionamiento del engranaje natural de la vida en este planeta.

Nos recuerda el hecho de que en la naturaleza los procesos son armónicamente dependientes unos de los otros y cíclicamente todas las piezas participan. Es el caso de los peces que se agrupan de forma perfectamente coordinada y sintónica, como si fuese una sola mente abstracta y común de gigantescas proporciones. Lo mismo ocurre en la organización biológica que mantienen las abejas, al conformar estructuras ordenadas que no surgen de posiciones azarosas de sus miembros, sino que cada uno conoce y ocupa el lugar preciso.

Los objetivos establecidos en el Acuerdo de Escazú fungen como pilares para la construcción de una Costa Rica más azul, a la vez que, funcionan como eslabones de una cadena que impulsa un desarrollo más sostenible; el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental. (Bárcena et al., 2021). Donde un objetivo es dependiente del otro.

Si la población no está informada, es porque la información no ha sido divulgada o distribuida de manera eficaz, y es probable que ni siquiera haya llegado a la ciudadanía. por lo que no va haber suficiente participación en la toma de decisiones y la población no será representada correctamente. “No se puede querer o proteger algo que no se conoce, con lo que una no se siente identificada”. Al no contar con la participación ciudadana es más fácil que sea transgredida la justicia ambiental, en especial sí hablamos de países sometidos a la corrupción. En contraste con lo que podría esperarse al defender los derechos ambientales abrigados por una alta participación de la ciudadanía.

Aspectos como la gestión de los recursos marinos, la falta de datos, el ordenamiento pesquero, el manejo de las pesquerías, la situación socioeconómica de los y las pescadoras y sus hogares son temas de importancia que aún no se han abordado con la seriedad del caso en nuestro país. El acceso a la información científica es limitada y se desconocen cuáles son las plataformas o puntos de acceso para la población en general. Aún en la comunidad científica muchas veces hay que pagar ciertos costos para poder tener acceso a información veraz y de fuentes confiables que estén relacionadas con nuestra región. Lo anterior hace referencia a una problemática muy actual: la desinformación, que lamentablemente termina en la mala toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos naturales por parte de los gobiernos.

Un claro ejemplo es la pesca de arrastre. Actividad extractivista que los gobiernos insisten en reactivar, vinculado a los intereses personales de unos pocos, y escudándose en la falta de estudios actuales para el área, pero, sin tomar en cuenta los registros de información existentes desde hace décadas por investigadores que como Blanco, (2007) consideran que toda la población de camarones se encuentra sobreexplotada desde 1976 y que debe cesar por completo la actividad de pesca de arrastre en el Golfo de Nicoya, no solo por la inexistencia del camarón, sino por el daño que causa sobre la fauna de acompañamiento (FACA) y el fondo marino durante su extracción. Se ha fallado en dar alternativas laborales o de sustento a todas aquellas personas que se dedicaban a esta actividad, y que actualmente se encuentran sin trabajo o con subsidios simbólicos, desmejorando evidentemente su situación y la del cantón de Puntarenas (Murillo, 2018 citado en Obando Campos, 2021).

Otro caso es la pesca de atún. Nuestro recurso marino es prácticamente regalado a embarcaciones de bandera extranjera y vendido a precios desorbitares en los mercados internacionales. Mientras, son intangibles los supuestos beneficios para el estado costarricense, nuestros(as) pescadores(as) viven en medio de la pobreza y el abandono a la espera de políticas ambientales que permitan el desarrollo sostenible de nuestras propias flotas pesqueras.

Ya no hay peces en el mar para que nuestra flota artesanal pueda vender a un buen precio. Los buques pesqueros han arrasado con el recurso disponible y tampoco han dejado a los peces jóvenes para que puedan reproducirse dándole continuidad a la población. Es por eso, que los y las pescadoras deben adentrarse cada vez más en mar abierto para traer el sustento a sus hogares, sus pequeños motores no podrán jamás compararse con las gigantescas embarcaciones de exportación atunero, ni a las redes de kilómetros que utilizan para su faena. El país ni siquiera cuenta con embarcaciones de éstas dimensiones, tampoco con la infraestructura necesaria abastecer la industria como muelles, puertos, centros de acopio o recibidores.

Así mismo, el estado se ha empeñado por mantener vigente y sin modificación la legislación que administra el único recurso marino nacional de potencial económico significativo, el recurso atunero (Pacheco, 2005). En 2002, Incopesca otorgó 54 licencias, por lo que se estima que pudieron haberse pescado cerca de 108.000 toneladas de atún, con un valor superior a 60.000 millones de colones, de los cuales se recaudó apenas 193 millones de colones. De esas 54 licencias, el 50 por ciento se otorgaron gratis, sin pago alguno, gracias a los «incentivos» que forman parte de la Ley de pesca; que permite a los barcos extranjeros registrados en Costa Rica vender al menos 300 toneladas de atún a empresas enlatadoras o procesadoras instaladas en el país a cambio de ese permiso, sin embargo, en el año 2000, diez de este tipo de descargas fueron hechas por barcos que no habían solicitado siquiera licencias para pescar el atún tico (Pacheco, 2005).

Ni Incopesca, ni nadie tiene la posibilidad de determinar cuánto atún se pesca, dónde se ha pescado y en qué sitio se ha descargado, incluyendo alta mar. Es Imposible conocer exactamente hasta dónde llega ese incomprensible «incentivo», o según el interés nacional, hasta qué niveles se estará sobreexplotando el recurso atunero (Pacheco, 2005). Según la ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436 en el Artículo 51, del producto que se obtenga por los cánones por concepto de registro y licencia de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, así como de las multas y los comisos generados por la pesca que realicen esos barcos en aguas de jurisdicción costarricense, le corresponderá:

a) 25% a la Universidad de Costa Rica (UCR), para financiar el funcionamiento, la docencia, la acción social y la investigación del Centro Regional Universitario con sede en Puntarenas.
b) 25% a la Universidad Nacional (UNA), para financiar el funcionamiento de la carrera de Biología Marina de su Escuela de Ciencias Biológicas, cuya sede es en Puntarenas; también para el establecimiento, el desarrollo y la protección de un sistema de reservas científicas, marinas y terrestres en el Golfo de Nicoya y las zonas adyacentes.

Todo lo anterior deja al descubierto que a quienes se está «incentivando» es más bien a las transnacionales pesqueras vinculadas a plantas procesadoras instaladas en otros países, beneficiarias directas del pésimo manejo de los recursos naturales costarricenses. Perjudicando a su vez, a sectores claves como la educación, investigación, la organización y la protección ambiental. Sin mencionar aspectos como la vulnerabilidad social de los sectores costeros dependientes de los recursos marinos, y la falta de transparencia por parte de las instituciones y ministerios públicos.

Ya que, es ante la complicidad de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (encargados de velar por que se cumplan los lineamientos del transporte marítimo, y quienes regulan los cánones a cobrar por licencias de pesca y su registro, basados en el cálculo de la capacidad de acarreo real en toneladas) que los atuneros obtienen sus registros anuales reduciendo ”mágicamente” su capacidad real, y claramente, pagando menos por tonelada de registro anual. (Pacheco, 2005).

Ejemplo de ello; el buque Pamela Ann, con bandera de Nicaragua, al que se le cobra por un tonelaje de 420 ton, pero que logró descargar de una sola vez 914 ton. Así mismo, El buque Capt. Joe George de Panamá, es capaz de reportar 420 toneladas de registro y descargar, de una sola vez, 991 toneladas; el Tuna, también de Panamá, se registra con una capacidad neta de 409 y descarga 1.329 ton; al Taurus I, de Venezuela, se le cobra cual si fuera de 441 toneladas, permitiéndosele multiplicar su capacidad al descargar 1.053 toneladas. Y así por el estilo con todos los demás grandes extractores. (Pacheco, 2005).

A paso lento se investigan mejores técnicas que puedan beneficiar nuestras flotillas pesqueras. Un mejor aprovechamiento de los recursos, la reconversión hacia artes de pesca más selectivas y amigables con el medio, el ordenamiento espacial marino y la generación de datos son pasos importantes hacia la protección. Tal como la adopción de la técnica de Greenstick, para la pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) aplicada por USA, y en la cual se realizan hasta ahora las primeras investigaciones por parte de Incopesca con miras al ordenamiento espacial atunero (decreto N.º 38681-MAG-MINAE, (Alpízar et al., 2019).

Ante la generación de información de carácter ambiental, los costos por estudios y la falta de ellos a pesar del gran territorio protegido y nuestra enorme diversidad por m2, se vuelve vital la creación de fondos e incentivos por parte del gobierno para la realización de estudios y la generación de información de peso académico, así como su posterior transferencia tecnológica a través de la divulgación de los resultados y experiencias obtenidas.

Otro ejemplo relacionado con la importancia de la generación de datos biológicos se ve reflejado en la población de cocodrilos americanos (Cocodrilo acutus) y la administración que se le podría dar. Pues existe un conflicto que inicia cuando ambas especies (humano-cocodrilo) hacen uso del mismo hábitat para vivir. Pérdidas económicas como la muerte de animales domésticos, sociales como playas que no pueden ser utilizadas por el ser humano debido a la presencia de cocodrilos y un cambio a nivel cultural de las personas que perciben a la especie como una competencia o amenaza son solo algunas de las consecuencias que acarrea la falta de información con respecto a un tema de índole ambiental (Hernández-Jiménez, 2013 citado en Chavarría, 2020).

Algunas actividades como la pesca, el turismo y recreación, además, de establecimientos humanos en las orillas de los ríos, donde hay presencia de cocodrilos, aumentan las probabilidades de que se produzca un ataque al ser humano, dado que el reptil defenderá su territorio, o buscará alimento fácil que brindan los turistas y que ha sido asociado por parte de este animal con la presencia del ser humano (Valdelomar et al., 2012 citado en Chavarría, 2020). La caracterización del hábitat del C. acutus en el Pacífico Central es importante, ya que va a generar información sobre los sitios que más suelen utilizar los cocodrilos de acuerdo a sus requerimientos alimentarios, reproductivos y los sitios de descanso, presentes en el hábitat potencial para esta especie (Hernández-Hurtado et al., 2011 citado en Chavarría, 2020).

Al determinar el estado de las diferentes poblaciones y su proporción de sexos se podría generar un nuevo mercado económico basado en la explotación sustentable y el manejo de las poblaciones de cocodrilo en cautiverio, como es el caso de México específicamente en Chiapas, Sinaloa y Tabasco (Ross, 2011) donde existen granjas que cultivan especímenes para su aprovechamiento comercial de la mano de investigaciones que aseguran la continuidad saludable de la especie silvestre y con un enfoque interdisciplinario sobre el cual debería basarse la conservación de estos reptiles.

Costa Rica es una excelente plataforma para la propulsión tecnológica y económica a nivel ambiental. Si se educa a la población local acerca de la riqueza natural que posee es probable que los diferentes objetivos planteados para el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el cambio climático, como el Acuerdo de Escazú, sean más fáciles de cumplir. Ya que todos tenemos derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

En el campo de acuicultura también hemos ido desarrollando alternativas a la sobreexplotación de los mares, mediante la implementación de tecnologías limpias que van de la mano con la generación de información biológica. Concretamente en la producción de juveniles de peces de Pargo mancha (Lutjanus guttatus) para su cultivo en granjas marinas por MARTEC, una empresa de mano inversora extranjera, gracias al desarrollo tecnológico que fue gestado por la Universidad Nacional (UNA) y el Parque Marino del Pacifico en acción conjunta.

Lo mismo ocurre con las primeras granjas ostrícolas del país, ubicadas en el Golfo de Nicoya. Donde los y las pobladoras se ven beneficiadas por la generación de estudios y el desarrollo tecnológico en el cultivo y producción de semillas de ostra (Crassostrea gigas) por parte de dos laboratorios de producción marina que forman parte de la UNA en Puntarenas. Y que es cultivada en aguas del Golfo por asociaciones de desarrollo que fomentan el crecimiento de la economía local a partir de la creación y fortalecimiento de las capacidades y cooperaciones interinstitucionales (Quesada et al., 2019).

Finalmente, y en otro orden de ideas, siendo costa rica un país “verde” debería ser fácil el acceso a la denuncia ambiental. Sin embargo esto no es del todo cierto, partiendo del hecho de que la naturaleza nos pertenece a todas y todos, y que tenemos derecho a desenvolvernos en un ambiente sano y a la prevención de su deterioro, la mayoría de las veces las personas que se ven expuestas a contaminación o injusticias ambientales son aquellas más vulnerables, con baja escolaridad y poca solvencia económica, por lo que no pueden acceder a información, leyes o abogados con facilidad para exigir las reparaciones ambientales que les corresponden por derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Constitución Política Costarricense).

En conclusión, la participación ciudadana y la toma de decisiones, no puede darse desligada al acceso de la información o a la justicia ambiental. Para propiciar una verdadera revolución azul hace falta nuestra integración social como “un todo”. El verdadero desarrollo que soñamos para nuestra Costa Rica empieza por exigir que el eje conductor de nuestras políticas y decisiones sea el aprovechamiento de la abundancia y la riqueza natural de manera sostenible y con buenas prácticas. Así mismo, el Estado debe garantizar la educación ambiental como un pilar en la transformación académica, así como brindar soluciones a personas que dependen de los recursos naturales frágiles como la pesca. Se deben fomentar alternativas económicas que reflejen los esfuerzos realizados durante años en materia ambiental, y en definitiva se requiere con urgencia de la ratificación de tratados y acuerdos como el de Escazú, que buscan la participación ciudadana para el fortalecimiento integral de la protección del medio ambiente.

Referencias BIBLIOGRAFICAS

Bárcena, A., Torres, V., Muñoz, L. (2021). El acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Editorial Universidad del Rosario.

Alpízar, B. M., Alfaro-Rodríguez, J., Rojas, M. G., López, E. A., Ramírez, J. V., Quirós, J. A., … & Pesquero, N. N. (2019). INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN.

Chavarría T, R. (2020). Hábitat potencial y uso de hábitat del cocodrilo americano (Cocodrilo acutus) y su relación con la vulnerabilidad de cinco poblados del Pacífico Central de Costa Rica ante posibles incidentes humano-cocodrilos. Proyecto de graduación presentado como requisito parcial para optar al grado de Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. Facultad de ciencias exactas y naturales, Universidad Nacional, Costa Rica.

Constitución POLITICA de LA REPUBLICA DE COSTA RICA. (1941). Capitulo único. Artículo 50. Consultada en línea el 23 de septiembre del 2022. Disponible en;

http://www.asamblea.go.cr/ca/docs_relevantes/constitucion_pol%C3%ADtica_historico_reformas.pdf

Ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436. Consultada en línea el 23 de septiembre del 2022. Sistema Costarricense de información jurídica (SCIJ). Disponible en:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=54688

Pacheco, F. (2005). ¿Nueva Ley de Pesca? Revista Ambientico, 139, 10-12.

Quesada-Céspedes, R., Arias-Valverde, S., Pacheco-Urpí, O., Zúñiga-Calero, G., Pacheco-Prieto, O., Vega-Bolaños, H., Calvo-Vargas, E. & Berrocal-Artavia, K. (2019). Retos de la acuicultura marina litoral: Caso cultivo de ostras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. En Y. Morales-López (Ed.), Memorias del I Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, Costa Rica, 2019 (e212, pp. 1-9). Heredia: Universidad Nacional.

Obando Campos, A. A. (2021). ¿Qué pasó luego de la paralización de la pesca de arrastre? Transformaciones en los medios de vida de los pescadores artesanales y semi industriales a partir de las políticas marino pesqueras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Tesis de maestría en Investigación en Estudios Socioambientales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Ross, J. P. (2011). Conservación y gestión de los cocodrilianos en México. Quehacer Científico en Chiapas, 1(11), 7-11.

Tabash Blanco, F. A. (2007). Explotación de la pesquería de arrastre de camarón durante el período 1991-1999 en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 55(1), 207-218.

Imagen ilustrativa.

Planes reguladores son vitales para el desarrollo sostenible de las ciudades

Escrito en 21/09/2022. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

COMUNICADO PÚBLICO
Plan de Ordenamiento Territorial Pérez Zeledón

La Asociación Montaña Verde ve con expectativa el esfuerzo que se realiza para establecer el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Regulador, agradecemos los esfuerzos que la institucionalidad hace al respecto, la intención es rescatable, sin embargo, también declaramos una preocupación importante en cuanto a la preponderancia que se le debe dar a los temas ambientales y ecológicos en la elaboración de este Plan de Ordenamiento.

¿Dónde se deben construir las edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y mantos acuíferos? ¿hacía donde deben ir las prioridades en cuanto a la agricultura en el cantón, más monocultivos contaminantes o agroecología? ¿Existen o se están priorizando protección a las cuencas tan importantes que se encuentran en el territorio de nuestro cantón? Se incluyen planes de arborización en la ciudad de San Isidro, rescate de espacios verdes, mejora de paisajes naturales y forestales en la ciudad, ¿transformación hacía rutas peatonales en la ciudad en lugar de más contaminación vehicular? ¿Se está contemplando la protección de las montañas que rodean nuestro cantón, evitando las construcciones inmobiliarias que están causando movimientos de tierra y afectación de ríos y cuencas? estas son algunas de las aristas más importantes a las que debe dar respuesta un plan regulador y que vendrían a impulsar el progreso del cantón.

En un Plan Regulador siempre se incluye la participación ciudadana, que se da tanto durante el diagnóstico como en la fase de propuestas; se escucha a la comunidad, se hace un proceso participativo y se conversa con la gente sobre lo que se encuentra en el diagnóstico, el tamaño mínimo o máximo de un lote que se tiene permitido debido a que está o no en una zona de protección boscosa o de acuíferos. El plan regulador viene a definir cuáles usos están permitidos en una determinada zona.

Uno de los ejes más importante de un plan regulador es el ambiental, que va asociado con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y que viene a fortalecer la gestión en esta temática. Un plan regulador, es la herramienta fundamental para generar medidas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales de un territorio.

Esta variable es de suma importancia pues está dirigida a complementar la legislación nacional en temas como la gestión sostenible del recurso hídrico de un cantón, la protección de las zonas de recarga acuífera, la conservación de las zonas boscosas que están fuera de los parques nacionales o áreas protegidas, así como la zona de protección de los causes y los corredores biológicos; todo esto se debe incluir dentro de un Plan Regulador para poder salvaguardarlo. Hay que sumar el apartado del cambio climático, que se desarrolla dentro de las posibilidades legales de un plan regulador, y los servicios ecosistémicos, que consideran el uso de las soluciones basadas en la naturaleza.

Los siguientes son los distintos aspectos relativos al tema ambiental que se deberían contemplar en el Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Zeledón: Densidad exigida y ocupación territorial propuesta, Estudio de zonificación ambiental, evaluación de la factibilidad vial, agua potable y alcantarillado, aguas llovidas, áreas verdes, ordenanza propuesta, entre otras.

Ante estos elementos mencionados hacemos las siguientes peticiones:

Al Concejo Municipal y a la Alcaldía:

a- Que las organizaciones ambientalistas, actores sociales, ecologistas y académicos sean tomados en cuenta con sus criterios especializados en la elaboración de este Plan de Ordenamiento Territorial.

b- Que se establezca en la agenda relacionada al Plan de Ordenamiento Territorial un espacio para escuchar a quienes trabajan básicamente en temas ambientales y ecológicos.

c- Que se documente como insumo al Plan de Ordenamiento Territorial todos los aportes que se realicen con respecto a temas ambientales.

Hacemos un llamado especial a todas las organizaciones comunales, ADIs, ASADAS, Organizaciones de producción agrícola, cooperativas, Instituciones Académicas y en general todo ciudadano de nuestra región que cuente con aportes sobre temas ambientales que vengan a enriquecer el Plan Territorial.

Hacemos un llamado a estar vigilantes para que este Plan de Ordenamiento Territorial no termine siendo o convirtiéndose en afectación para el ambiente y menos que permita el crecimiento de actividades que afecten la protección ambiental.

Desde Montaña Verde participaremos activamente en las diversas actividades que se convoquen y estaremos atentos a que los resultados sean los que requerimos para seguir protegiendo la riqueza natural de nuestra región.

AMLO opta por intensificar la producción de combustibles fósiles

Escrito en 02/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

1.Lo primero que nos tenemos que plantear para lograr un desarrollo justo y equitativo.

Ningún país de la Tierra en la actualidad puede aspirar a un auténtico desarrollo económico y social equitativo y perdurable, sin plantearse con seriedad una política de desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza; algunos se refieren a ella como una que sea ambientalmente sostenible.

La razón es muy sencilla, el cambio climático y el calentamiento del Planeta, se han convertido probablemente en las únicas manifestaciones globales indiscutibles. Ni siquiera estamos en capacidad de afirmar que ocurre lo mismo tras el desarrollo de la informática a causa del portentoso crecimiento de la ciencia y la tecnología; este último no abarca en realidad a todas las naciones de la Tierra, ni dentro de cada una de ellas a todos los sectores sociales. En este sentido se afirma que la “globalización” de la información y de las comunicaciones (uno de los efectos más abarcadores del progreso tecnocientífico), ha resultado inmensamente desigual e injusto: la brecha que separa a las naciones ricas de las pobres es hoy inmensamente mayor que nunca; la distancia entre las clases opulentas y los sectores sociales vulnerables al interior de cada país posee igualmente, dimensiones más grandes y colosales que en cualquier otra época de la historia humana.

O sea que, antes de haber logrado alcanzar un desarrollo más justo y equitativo, sostenible y sustentable, merced al sistema productivo propiciado por el ser humano, vivimos la globalización de la contaminación del medio ambiente a causa principalmente de la producción de hidrocarburos, y con ello nos tenemos que enfrentar a la desaparición de muchas especies marinas y terrestres, la grave afectación de los ecosistemas y un largo etcétera. Como ha dicho Roberto Aramayo, especialista en ecología social: “Los datos alarmantes van acumulándose desde hace mucho tiempo. Algunas especies van desapareciendo al modificar su entorno. Pavorosos incendios arrasan terrenos que arden como la yesca por una pertinaz sequía. Tifones y vientos huracanados arrancan todo cuanto encuentran a su paso […] Las inercias de nuestras costumbres, aliadas con los intereses económicos de grandes corporaciones, nos impiden afrontar una emergencia climática que no admite más demoras. No escuchamos a los movimientos que intentan sensibilizarnos y lo pagaremos muy caro.” (Cfr. Aramayo, Roberto R. “Por qué negamos las evidencias del cambio climático y la desigualdad social?”. Nueva Tribuna, 31 de agosto, 2022.)

2. El Petróleo en México.

El petróleo ha sido un combustible que le ha servido a México desde hace mucho tiempo, para impulsar un pujante desarrollo económico, sin poder evitar por eso, la enorme polución y contaminación ambiental que es observable en algunas de las principales ciudades de México.

El 18 de marzo de 1938 el presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo, por parte del Estado mexicano que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria.

A partir de ese momento, el modelo de explotación del hidrocarburo estuvo sustentado sobre los hombros de una gran empresa estatal, cuyo decreto de creación ocurre el 7 de julio del mismo año y fue publicado el 20 de julio; la empresa desde sus orígenes llevó el nombre de Petróleos Mexicanos, mejor conocida como PEMEX.

Con el tiempo la empresa creció exorbitantemente, lo que trajo como consecuencia un enorme gasto público para su sostenimiento, tanto en lo que atañe a la inversión en el recurso humano, como para sufragar el costo de la infraestructura necesaria para toda la logística y operación de la empresa estatal. Adicionalmente, hay que decir que fruto de la concentración del poder político en el Partido Revolucionaria Institucional (PRI), se produjo una enorme corrupción en la amplia cúpula de la empresa y en políticos empresarios que provenían o eran afines al PRI; todos los cuales no dejaron de fagocitarse (o tragarse) la misma para beneficio particular por medios ilegales que, generalmente quedaron impunes. Este hecho impidió que los rendimientos de la empresa pudiesen cumplir cabalmente con la misión para la que había sido creada, a saber, financiar la política social de manera que contribuyera a un desarrollo equitativo de la sociedad mexicana.

3. Los aires neoliberales de la política privatizadora de Peña Nieto.

En el 2004 la producción de petróleo en México alcanza su pico más alto, dentro del mismo esquema de estatismo y burocracia corrupta. A partir de entonces, tanto por estas razones estructurales de la matriz productiva como por las oscilaciones de los precios del crudo en el mercado internacional, la producción de petróleo tendió a decrecer; mientras tanto, los rendimientos continuaron concentrándose en la cúpula del poder y de los políticos empresarios y la corrupción carcomió cada vez más los cimientos de PEMEX.

Cuando asciende al poder el empresario y político Enrique Peña Nieto en el 2012 (no sin serios cuestionamientos de fraude electoral), se aboca a implementar una reforma aperturista para nuevas exploraciones y producción de petróleo, concitando el apoyo de los tres partidos mayoritarios tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD.

Tal conformación política le confiere a Peña Nieto inicialmente la mayoría necesaria en el congreso y en el senado, para impulsar una reforma significativa a La Constitución encaminada a abrirle las puertas al capital extranjero y nacional, sin los cuales juzgaba Peña Nieto y la cúpula de políticos empresarios que lo acompañaban, el petróleo mexicano no tenía futuro.

Después de haber alcanzado México una producción de 3.4 millones de barriles diarios en el 2004 (según datos de Pemex), la producción del crudo comienza a descender continuamente hasta llegar en el 2015 a 2.26 millones de barriles diarios. Vale la pena consignar que la producción del 2004 constituía el 33% de los ingresos del Estado.

La argumentación de Peña Nieto en el 2012, cuando alcanza la presidencia de la República, se basó en los siguientes supuestos:

1.México sin el “Know How” (experiencia y conocimiento) y sin poseer las tecnologías apropiadas, la producción inexorablemente continuaría declinando.

2. Lo anterior se amparaba, además en que las nuevas y jugosas reservas de hidrocarburos se encuentran en aguas profundas, o bien en formaciones no convencionales poco accesibles.

3. Era menester de acuerdo con su criterio, por lo tanto, contar con una nueva inyección de capital extranjero y nacional privados, en vista de que el Estado Mexicano se encontraba seriamente limitado para realizarla debido a una cuantiosa deuda externa e interna.

En tales condiciones y contando Peña Nieto con mayoría parlamentaria, puso a caminar la reforma Constitucional desde el 2013, la cual quedó aprobada en agosto del 2014. Fue entonces que comenzaron nuevas adjudicaciones para la exploración y producción de nuevos campos petroleros.

Los resultados fueron decepcionantes. Los números son los siguientes: el gobierno esperaba llegar a producir alrededor de 3.0 millones de barrilles diarios para el 2018, lo que le permitiría a México en el 2025 alcanzar nuevamente los 3.5 millones. Las ambiciosas metas estuvieron lejos de lograse, ya que, en el 2020 se alcanzó apenas la cifra de 1.7 millones de barriles.

El gobierno de Peña quiso sacudirse de la responsabilidad argumentando que, en 2014 se había producido un gran desplome de los precios del crudo a nivel internacional y, en segundo lugar, después de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, se le culpó de la debacle, supuestamente porque el nuevo presidente había propuesto volver al esquema anterior, con algunas variantes como la inversión en el litio para abrir espacio a las tecnologías limpias. Peña Nieto por su parte, quiso ocultar el “festín de Baltazar” con los recursos públicos de su gobierno; las encuestas mostraron en la población un enorme crecimiento de la percepción de que estaba ocurriendo un recrudecimiento de la corrupción. (Cfr. Casar, María Amparo. “México: Anatomía de la Corrupción.” Instituto Mexicano para la Competitividad. CIDE, mayo, 2015). Por añadidura, la apertura propuesta no fue popular, porque fue percibida como un atentado contra las políticas tradicionales de soberanía de la nación mexicana para reservar los recursos del subsuelo y así financiar las políticas sociales. Desde 1938, el entonces presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera y creó PEMEX.

4. La perspectiva de política energética de López Obrador.

El presidente López Obrador, desde la campaña electoral había fustigado fuertemente la contra reforma del gobierno de Peña Nieto. Llegó a considerar que dichos cambios de la gestión anterior, que conllevaban hasta reformas constitucionales representaban un auténtico acto de “traición a la Patria.” Por esa razón entre otras, se propuso iniciar una reversión de esa política neoliberal, que no daba señales de una dinamización de la economía, tampoco de un rescate de la economía basada en la exploración y producción del crudo y ahora del gas natural.

Al efecto López Obrador, prepara las condiciones e inicia una nueva reforma a la Constitución que, al principio tomó en cuenta al sector eléctrico de la economía, principalmente planteando la explotación del litio, pero sobre todo se propuso rescatar para el Estado nuevamente la exploración y explotación de los hidrocarburos (incluyendo al carbón, al petróleo y al gas natural). No obstante, un artículo reciente de la Universidad de Navarra postula que, tanto el estatismo como las nuevas políticas iniciales en pro de las energías renovables enfriaron el interés de los inversionistas privados en relación con el negocio de los hidrocarburos. (Cfr. Rodríguez Garagarza, Eduardo. “La Coyuntura y el Estatismo de López Obrador lastran la apertura petrolera de México.” Universidad de Navarra. 15.02.22).

Una gran parte del sector privado y los tres partidos tradicionales (PRI, PAN y PRD), con mayoría en la cámara baja y en el senado, se opusieron al proyecto de ley presentado por López Obrador este mismo año, dando al traste con la reforma propuesta por el presidente López Obrador.

El plan de López Obrador era más amplio que la reforma a la Constitución. El proyecto contemplaba también construir una gran refinería en Dos Bocas, Tabasco. Adicionalmente, en diciembre del 2021 había iniciado la compra por el Estado mexicano del total de las acciones de la refinería “Deer Park” en Texas. Con la compra exclusivamente de la refinería de “Deer Park” en el 2021, no se terminaba de cerrar la ecuación que buscaba equilibrar el déficit entre el consumo de gasolina en México y la producción nacional de Petróleo. Con la planta de Texas, la producción total de petróleo llegaría hasta 1.2 millones de barriles por día, manteniéndose siempre por debajo del consumo de combustible que demanda 1.4 millones de barriles diarios del crudo. Para cerrar esa brecha fue que decidió construir la refinería de Dos Bocas en el estado de Tabasco, para sumar otros 340.000 barriles diarios que le permitiría superar la meta establecida para eliminar o al menos reducir la importación de gasolina.

La crítica mas importante desde el punto de vista de un desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable radica en que, como el costo de construir esa refinería de “Dos Bocas”, representa una inversión de $9.000 millones (de dólares), quedaría descartada, al menos por ahora la inversión tan ansiada en energías limpias y renovables. El problema central aquí radica como lo ha dicho Green Peace en que, sin una cuantiosa inversión en energías renovables, es imposible que México cumpla con las metas de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero; México en efecto, adquirió ambiciosos compromisos al firmar el acuerdo de París en el 2015, tampoco podrá cumplir con las propias leyes internas que auspician la producción de energías limpias.

El tema no es menor, porque México se había convertido en un ejemplo para el resto de Latinoamérica, tras pasar a ser uno de los principales líderes mundiales en la lucha contra el cambio climático. En 2017, se unió a una coalición de países a escala mundial, que se proponen eliminar gradualmente la electricidad a carbón para terminar con ella por completo en el 2030. Después de la postergación de las metas para invertir en energías limpias y renovables, no se observa en el horizonte un plan, al menos para el corto y mediano plazo, que permita acometer de nuevo el reemplazo de la producción de contaminantes como son los hidrocarburos, por energías limpias y renovables, con el agravante de que aumentará de forma significativa el costo de la producción de energía, toda vez que la factura de la producción del carbón y del gas representa un costo de más del doble de lo que cuesta la energía solar y eólica. Esta es, por lo pronto la compleja encrucijada en la que se encuentra el gobierno de AMLO. Esperamos mejores perspectivas.

Compartido con SURCOS por el autor.

Exitoso Festival Ambiental de La Gamba 2022

Escrito en 22/08/2022. Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

El pasado sábado 20 de agosto se celebró el II Festival Ambiental de La Gamba 2022. El Festival tuvo la bienvenida por parte del señor Ronald Moya Díaz, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal de La Gamba. Este esfuerzo comunitario contó con el apoyo del Programa de Gestión Local de la Dirección de Extensión Universitaria y de la Sede Universitaria de Neily, ambas de la UNED.

Como parte del Festival se realizaron actividades que tenían la participación de diferentes organizaciones e instituciones; desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p-m- hubo charlas, presentaciones y comidas como parte de las actividades del Festival Ambiental de La Gamba 2022.

Algunas de las presentaciones y charlas que se impartieron fueron, la charla de la importancia del Corredor Biológico Amistosa; presentación de los resultados del estudio de mamíferos PNPB; presentación de la Ruta Carey; el conversatorio de “intercambio de experiencias”; presentación artística y entre otras.

Asimismo, entre algunas de las organizaciones e instituciones que participaron del Festival Ambiental de La Gamba 2022 se encontraban, además de la UNED, la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Área de Conservación Osa, Tortugas Preciosas, entre otras.

Un año más la Asociación de Desarrollo Comunal de La Gamba agradece a las personas involucradas en el festival, así como a la comunidad por el apoyo presentado. Se espera que este tipo de festivales y actividades se realicen constantemente para fomentar el espíritu ambiental y generar conciencia sobre los objetivos de desarrollo sostenible.

El secretario de la Asociación, Marcos Castro, dio lectura al Manifiesto del Festival de La Gamba, que compartimos:

Manifiesto-del-Festival-de-La-Gamba Descarga

Le invitamos a ver una muestra del Festival en la siguiente galería fotográfica:

Marcos Castro secretario de la Asociación de Desarrollo Comunal de La Gamba.

Alianza GIZ – Del Monte: una solución falsa para mitigar el deterioro progresivo de la subcuenca del rio Volcán

Escrito en 16/08/2022. Publicado en Madre Tierra.

Por Oscar Beita (obeita@gmail.com) y Madeline Kiser (kisermadeline@gmail.com)
Movimiento Ríos Vivos

La Alianza GIZ – Del Monte [1] en Buenos Aires de Puntarenas pretende mitigar el acelerado deterioro de los ríos de la subcuenca del río Volcán mediante la conservación y reforestación del bosque y la promoción del ecoturismo en las comunidades de la parte alta de la subcuenca (zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad). Sin embargo, sin cuestionar la acelerada erosión del suelo y sedimentación de los ríos que generan las plantaciones de piña de la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte (Del Monte), ni la intensa extracción de agua para el riego de sus cultivos en el verano, esta iniciativa parece más bien ser otra de las llamadas soluciones falsas para enfrentar la crisis climática [2].

La subcuenca del rio Volcán drena al río General que a la vez forma parte de la gran cuenca del río Grande de Térraba. Tiene un área aproximada de 216 km2 y está compuesta por las microcuencas del río Volcán, río Ángel, río Cañas y la quebrada Morales. Del Monte tiene casi 2,240 hectáreas cultivadas de piña en esta subcuenca [3]. Desde los años noventa [4], cuando las plantaciones comenzaron a ascender hacia la parte alta (la piña se siembra desde los 375 msnm hasta los 730 msnm), las comunidades denunciaron los severos problemas de erosión y sedimentación, las inundaciones que destruyeron puentes y casas en la comunidad de Volcán, y la abundante extracción de agua mediante siete concesiones de riego (1,270 litros/segundo o 98% del agua concesionada en esta subcuenca) en los tres ríos principales. Así mismo, un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica en el Humedal Térraba-Sierpe mostró desde el 2014 la presencia de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña, y que probablemente salieron de plantaciones de la corporación ubicadas en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón [5].

Hace un año Del Monte y el Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania anunciaron la creación de una alianza de tres años para promover la restauración de los paisajes productivos, la conservación del recurso hídrico, y la educación para el desarrollo sostenible en comunidades ubicadas en las cuencas hidrográficas que rodean sus fincas de piña y banano en ambos países, Costa Rica y Guatemala. En la subcuenca del rio Volcán esta alianza ha motivado a Del Monte para promover la reforestación de fincas ubicadas en la parte alta mediante la donación de árboles de su vivero forestal y su participación en la Comisión Pro-protección y Conservación de la Subcuenca del rio Volcán –una asociación comunitaria formada recientemente y en la que la corporación tiene mayoría de votos; la capacitación de trabajadores y voluntarios de la brigada de monitoreo del Corredor Biológico Río Cañas como guías naturalistas que promueven el senderismo y el avistamiento de aves; la promoción, a través de las redes sociales, de sus refugios privados de vida silvestre Montaña El Tigre y El General [6]; y el fortalecimiento de alianzas e iniciativas con municipalidades y organizaciones locales para promover el turismo rural como es el caso de la llamada “Ruta del Agua y la Biodiversidad” [7].

Una característica común de las soluciones falsas de la crisis climática es que las corporaciones y gobiernos que las promueven no enfrentan directamente las causas de la crisis, y más bien refuerzan el modelo de desarrollo que las genera [8]. En la subcuenca del del rio Volcán, la Alianza GIZ – Del Monte no ha enfocado sus esfuerzos en iniciativas guiadas por los marcos científicos, legales y económicos necesarios (caudales ambientales; Derechos de la Naturaleza; post-crecimiento [9]) para que las comunidades puedan cuestionar la viabilidad y los costos-beneficios sociales, económicos y ambientales del modelo de agroexportación prevalente (monocultivos de piña y caña de azúcar y ganadería). Tampoco ejecuta acciones para reducir la extracción del agua de los ríos, para limitar la siembra de piña en las partes altas, ni para reducir verdaderamente la gran pérdida de suelo por erosión y escorrentía en sus plantaciones.

En contraste, la Alianza GIZ – Del Monte parece buscar posicionar a Del Monte como líder regional en 1) la restauración de los bosques donde se infiltra el agua y se encuentran las tomas de riego de sus plantaciones, y 2) la promoción de una economía basada en el ecoturismo en las comunidades de la parte alta. En otras palabras, la alianza es un mecanismo que usa la corporación para asegurar a sus inversionistas y mercados que tiene suficiente agua para sus plantaciones a medida que cambia el clima y los ríos continúan deteriorándose. En el marco de la gobernanza del agua promovida hasta hace poco por el gobierno, esta “corporativización” de la gestión de la subcuenca del rio Volcán es verdaderamente preocupante porque representa un cambio profundo de paradigma que nos pretende llevar desde una gestión democrática, participativa y legítima del agua, guiada por las instituciones del estado [10], hasta una gestión ilegítima, auto interesada y no democrática dirigida por y para beneficio de las corporaciones [11].

Lea y firme aquí un llamado a desafiar la gestión del agua dirigida por las corporaciones y crear opciones justas.

[1] https://www.portalfruticola.com/noticias/2021/07/02/fresh-del-monte-y-giz-se-unen-para-promover-el-desarrollo-sostenible-en-centroamerica/

[2] https://www.informa-tico.com/13-11-2020/falsas-soluciones-ambientales-politica-estado-costarricense

[3] Informe técnico: Caracterización Preliminar de la Subcuenca del Río Volcán. Área Funcional (AF) Cuencas Hidrográficas. UEN Gestión Ambiental – Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2020.

[4] https://surcosdigital.com/volcan-de-buenos-aires-hogar-de-una-subcuenca-que-clama-proteccion-en-tiempos-de-crisis-climatica/

[5] https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/05/15/ucr-advirtio-presencia-de-plaguicida-usado-en-pina-en-humedal-terraba-sierpe.html

[6] https://laagendacr.com/refugio-montana-del-tigre-es-el-hogar-de-especies-con-poblaciones-reducidas-y-en-peligro-de-extincion/

[7] https://www.tvsur.co.cr/noticias/colocan-rotulacion-de-la-ruta-del-agua-y-la-biodiversidad-en-buenos-aires/

[8] Crisis Climática y de la Perdida de la Biodiversidad: Características de las Falsas Soluciones. Amigos de la Tierra Internacional, 2020

[9] https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fenvs.2018.00113/full; https://www.garn.org/; https://www.postgrowthalliance.org/; https://climatejusticealliance.org/just-transition/; https://waronwant.org/our-work/global-green-new-deal

[10] https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16879.pdf

[11] https://www.tni.org/files/download/el-estado-de-las-corporaciones_s_george_tni_fuhem_ecosocial_jun14.pdf

Consideraciones sobre el proyecto AGUA PARA GUANACASTE

Escrito en 01/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Los grandes proyectos de obra pública que se han desarrollado en nuestro país, siempre han sido vistos como parte del proceso de desarrollo que nos hemos propuesto en pro del progreso. ¡Jamás se ha objetado que una carretera, una represa hidroeléctrica, un acueducto, un aeropuerto, un hospital, una universidad, etcétera, pudiese beneficiar a un grupo particular de compatriotas!, por lo cual, para evitar que algunos fueren a resultar “premiados”, lo mejor que se podría hacer es tomar la decisión de no construir la infraestructura pública que se ha propuesto. Y así alegan, que si tal o cual carretera va ser usada por los que no son de nuestra simpatía, pues que no se construya. Si tal o cual proyecto hidroeléctrico o de acueducto va a llevar electricidad y agua a unos habitantes que “de por sí ya son ricos”, pues a detener el progreso… aunque las grandes mayorías se queden sin esos servicios públicos, solo les falta decir irracionalmente.

Por ello, porque algunos prejuicios así hemos percibido en relación con el proyecto Agua para Guanacaste, queremos compartir con ustedes algunas consideraciones que podrían ser de utilidad si así fuere posible. ¡Veamos!

HOY toda el agua que se aprovecharía proveniente del embalse Arenal (después de generar electricidad en tres plantas del ICE) sigue «cuesta abajo» hasta irracionalmente DESPERDICIARSE EN EL MAR vía río Tempisque, mientras, paradójicamente, cientos de miles de guanacastecos padecen de escasez de agua para consumo humano y producción agropecuaria.
Agua con que se abastecerían decenas de acueductos rurales (asadas) de los cantones de Nicoya, Santa Cruz, Carrillo…, que hoy sufren por no tener acceso al agua potable en cantidad y calidad adecuadas, incumpliéndose así el derecho humano al agua.
También el importante sector turismo, principal fuente de empleo de la provincia, no solo podría sustituir con esa agua a la de origen subterráneo que hoy utilizan (¡y que no sobra!) sino que también permitiría reactivar proyectos que esperan ser desarrollados y que no lo han sido precisamente por escasez del líquido vital. La mayoría se trata de pequeños hoteles de menos de 30 habitaciones, como es la norma en todo el territorio nacional.
Se estima que unas 400 fincas existentes en las más de 16 mil hectáreas de fértiles tierras de uso agropecuario, que ven limitada su producción por falta de agua, tendrían eventualmente la que necesitan, sin importar quiénes sean los dueños de fincas que podrían abastecerse, para así generar producción y empleo para los guanacastecos.
Agua, tanto la de aprovechamiento agropecuario como la de consumo humano, que independientemente de las tarifas que la Aresep ha determinado para su uso actual otorgada por concesiones, será igualmente sujeto de fijación tarifaria en cuanto el ansiado proyecto entrare en funcionamiento. Es decir, después de construir los cientos de kilómetros de nuevos canales, la represa, el lago artificial de 800 hectáreas, y los acueductos que la trasladarán hacia la margen derecha del río Tempisque. Cumplida esa magna tarea, entonces sí será posible para el organismo técnico del Estado fijar las tarifas que sean necesarias. Antes, sencillamente, es imposible.
El agua de la represa en el río Piedras, también podría, y esperamos que así sea, aprovecharse parcialmente por el ICE para generar electricidad para la región.
De la reserva biológica Lomas de Barbudal, donde se destaca la presencia de unas 250 especies de valiosas abejas, y flora y fauna de la zona de bosque seco, se inundarían 113 hectáreas de un total de 2.279 HECTÁREAS, o sea ¡el 4.9% del área de conservación!, que se compensarían con dos fincas colindantes de unas 500 hectáreas, de características ambientales similares, según fuere estudiado por los equipos de expertos que realizaron la evaluación ambiental.
Es preciso anotar que en la reserva biológica que, repetimos, se inundaría en menos del 5%, se encuentran y no se tocarían, varias asociaciones vegetales como la sabana arbolada, el bosque siempre verde, el bosque ripario al lado de los cursos de agua y principalmente, el bosque tropical seco de mayor extensión. Y sobre la esplendorosa ave “Galán sin Ventura” (Jabiru mycteria) ha de aclararse que por error, hay quienes han afirmado que esta especie en extinción en Costa Rica se vería afectada por el área del embalse que impacta el borde de la reserva, cuando en realidad sus especímenes remanentes NO se encuentran en el sitio, pues entre otros, están ausentes las tres especies de árboles que forman parte de su hábitat de anidación y reproducción, como sí sucede en el Cerro Corral de Piedra y otros ecosistemas del parque nacional Palo Verde, que son determinantes para su conservación.
Es relevante, además, señalar que la evaluación de impacto ambiental la realizaron profesionales de la Organización de Estudios Tropicales (OET) de muy reconocido prestigio e independencia, donde participan universidades costarricenses y estadounidenses, con programas en biología tropical, además de profesionales del ICE y Senara. Estudio de impacto ambiental, que como corresponde al principio del DESARROLLO SOSTENIBLE, valora en una balanza por un lado los impactos y por otro los beneficios sociales y económicos que tendría el proyecto para Guanacaste y Costa Rica. La meta: de garantizar a las futuras generaciones un uso sustentable de los recursos naturales, en este caso muy particular, del agua, lo más valioso que podamos imaginar en tiempos del cambio climático.
Se ha señalado por allí, que pareciere probable que se hubieren detectado algunas inconsistencias en los registros catastrales en los bordes del gran embalse, que, dicho sea de paso, ese lago artificial se convertiría en un atractivo turístico y recreativo de gran potencial. Por razones de técnicas usadas hace muchos años y por errores muy comunes en mapas de catastro, lo que corresponde es hacer las correcciones pertinentes si así se determinare, pero ¡jamás! concluir que por esas particularidades el proyecto no debe construirse. Los guanacastecos no merecen que algo soñado por tantos años, ahora que está a punto de iniciarse, vaya a rechazarse por algo tan intrascendente.
Recordemos: en tan solo dos años, estaremos celebrando el BICENTENARIO de la incorporación, de la anexión voluntaria de la tan querida Región Chorotega a la entonces «incompleta» Costa Rica. Sin duda alguna, porque su vida fue un ejemplo, el Benemérito de la Patria diputado del Partido Confraternidad Guanacasteca, Dr. Francisco Vargas Vargas, muy posiblemente estaría al frente de su pueblo luchando porque se haga realidad ese trascendental proyecto en su todavía olvidada provincia. Por su memoria, por su pueblo, al cumplirse los doscientos años de aquella decisión que vino a transformar nuestro suelo patrio, deseamos infinitamente que en el año 2024 esa fiesta nacional se celebre con la información de cuánto se ha avanzado en la construcción del proyecto. Los guanacastecos, los costarricenses, no podemos desaprovechar esta histórica oportunidad.

Un retroceso ambiental inimaginable

Escrito en 12/07/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León, PhD

Al escuchar al señor presidente una presentación y leer luego el proyecto de ley que busca una reforma profunda de la Ley Orgánica del Ambiente (Nº 7554), percibimos que quienes elaboraron dicho proyecto desconocen mucho de las instituciones a las que desean erosionar sus funciones. Y lo hacen, según lo dijera Chaves, para que la comisión legislativa encargada de una “reforma del Estado” cumpla una tarea que, evidentemente, más bien corresponde conocer a la “Comisión Permanente Especial de Ambiente” de la Asamblea Legislativa, donde razonablemente se habrá de conocer los alcances de un proyecto que, entre otras cosas, traslada a un funcionario político dependiente directo del ministro de Ambiente, con “desconcentración mínima”, funciones y resoluciones técnico-científicas que hoy cumplen, colegiadamente, profesionales designados por la legislación que hace 27 años fuere aprobada como un esfuerzo por ubicar a Costa Rica en el camino del DESARROLLO SOSTENIBLE. Ello, como parte de la tarea que los 178 líderes políticos mundiales ratificaron en la cumbre de jefes de Estado de Eco-92 en Río de Janeiro, Brasil, que como uno de sus 27 principios estableció que “Para alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente debe ser parte del proceso de desarrollo y no puede considerarse por separado”.

Con esta Ley Orgánica del Ambiente se crearon simultáneamente, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Consejo Nacional Ambiental, el Tribunal Ambiental Administrativo, la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), el Fondo de Financiamiento Forestal (Fonafifo), y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), especialmente.

En cuanto al Minae, éste fue resultado de la evolución que se diera del entonces Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas (Mirenem) antes precedido por el Ministerio de Industria, Energía y Minas (MIEM) hasta 1990, cuando la cumbre de Eco-92 apenas estaba en etapa de planificación. Frente a la crisis ambiental planetaria, ya para entonces Costa Rica daba un gran paso adelante con la “Estrategia de conservación para el desarrollo sostenible” (Ecodes) concluida en 1990, producto de una gran participación de profesionales de diversos campos del desarrollo, de singular utilidad en esa década.

Con la creación del Minae en 1995, al nuevo ministerio se le asignaron funciones de gran trascendencia, para el país, como fueron el formular, planificar y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, mineras y de protección ambiental, así como la dirección, el control, la fiscalización, promoción y el desarrollo en esos campos. Tareas vitales a cumplir por lo que se le encarga fomentar el desarrollo de los recursos naturales, energéticos y mineros, y promover y administrar la legislación sobre conservación y uso racional de los recursos naturales, en el marco del DESARROLLO SOSTENIBLE, además de velar por su cumplimiento. No son tareas menores y por ello el ministro de Ambiente, como jerarca, tiene la potestad de dictar, mediante decretos ejecutivos, las normas y regulaciones obligatorias relativas al uso racional y a la protección de los recursos naturales, la energía y las minas. Por eso llama la atención que el señor presidente haya afirmado que “se le han quitado sus funciones que habrán de ser recuperadas”, en la presentación del proyecto de ley, pues, al contrario, se trata de un Ministerio de gran trascendencia, donde el jerarca cumple funciones ante la crisis del cambio climático, que son de vital importancia para Costa Rica y el planeta. Solo alguien muy ajeno al ámbito en que se mueve el Minae, podría afirmar tal cosa.

Dentro de dichas funciones, el ministro de Ambiente goza de una amplia gama de funciones determinativas, que ejecuta necesariamente para una buena administración, en coordinación con entes con desconcentración máxima, por ejemplo, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), a la que nos referiremos específicamente. Y lo hacemos así, pues no es exagerado afirmar, que constituye la columna vertebral del cuerpo institucional permeado por el concepto de desarrollo sostenible. Ese modelo de desarrollo que enlaza el desarrollo con la protección del medio ambiente. Que nos dice que para alcanzar el desarrollo humano se ha de tener presente la tarea de preservar la capacidad de los ecosistemas, resguardando que los recursos naturales y los servicios del ecosistema no se vayan a agotar, pues de ellos depende la economía, una sociedad justa y el futuro de las generaciones que apenas se levantan y que merecen una herencia ambiental que sustente una mejor calidad de vida.

Cabe anotar, principalmente para los más jóvenes y los desinformados, que antes de que iniciara la ejecución de la Ley Orgánica del Ambiente en 1995, no existía en Costa Rica un organismo con importancia similar a la Setena. No había nada que propiciara un efectivo desarrollo sostenible, que tuviera como guía alcanzar los objetivos de desarrollo humano. Ello mientras se sostiene la capacidad de uso racional de los recursos naturales con el fin de satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Por ello no se debe, como se hacía en el pasado, hablar de que existe un falso antagonismo entre economía y ecología cuando se trata del desarrollo sostenible, pues ambos han de ir de la mano.

Aunque la Setena tiene otras funciones, la escasez de recursos financieros, humanos y materiales que crónicamente padece, hace que casi exclusivamente se circunscriba su accionar a lo relacionado con las evaluaciones de impacto ambiental. A ese procedimiento internacional que se aplica a “las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos”, según dicta el artículo 17 de la Ley que nos ocupa. Evaluaciones que buscan mitigar, evitar e incluso compensar, el impacto que pudieren tener sobre el ambiente y sus recursos ciertas actividades de desarrollo. Y si existiera la decisión política por dotarla de recursos, proponemos que se le asigne el 1% del impuesto único a los combustibles, pues con aproximadamente 5.000 millones de colones, mucho mejoraría su gestión, pues los atrasos que se le achacan en ciertas resoluciones (cuando no se trata de errores de los asesores ambientales y desarrolladores) se deben a la insuficiencia de recursos financieros.

Es pertinente anotar cuán grande era el vacío en relación con las evaluaciones de impacto ambiental de innegable utilidad para proyectos que así lo requerían, como son los turísticos. Cuando se iniciaron las primeras construcciones del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo (ley de 1982) durante la administración Calderón Fournier, luego de las necesarias expropiaciones en la zona de bahía Culebra en Guanacaste ejecutado en terrenos del Estado administrados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), dentro de los requisitos promovidos por el arquitecto Javier Bolaños, gestor y primer director de ese trascendental Polo Turístico, estaba la obligación de que todo desarrollo turístico en el área del proyecto, tuviera que presentar al ICT, un “Estudio de Impacto Ambiental”. Pues resulta que las buenas intenciones se encontraron con una barrera. Al presentarse los primeros documentos, se encontró con que no existía en el gobierno un ente que pudiese recibirlos, analizarlos, tramitarlos y resolverlos, como lo hace hoy la Setena. Equivocadamente se acudió a la llamada Comisión Nacional de Estudios de Impacto Ambiental (Coneia) en el ámbito del Mirenem, que al rechazar ad portas los documentos que se presentaban a su consideración, explicaron que su deber se circunscribía a desarrollos mineros, como los tajos del Virilla, por ejemplo. Hubo entonces que acudir a la Universidad de Costa Rica para que profesionales de la misma, de manera especialísima, cumplieran con esa labor pionera tan importante.

Pero eventualmente, para satisfacción de los costarricenses y en pleno cumplimiento de convenios internacionales, leyes, decretos, directrices y jurisprudencia del Poder Judicial, se logró avanzar en un área de tanta responsabilidad ambiental. Es la Setena un organismo estatal del Minae, donde la desconcentración máxima busca garantizar que aspectos de tanta importancia como son las evaluaciones de impacto ambiental, sean resueltos por una secretaría técnica multidisciplinaria, donde las resoluciones se sustentan en criterios de carácter técnico y científico, y muy relevante, independientes del poder político. Su autoridad superior la conforma una comisión técnica donde el ministro de Ambiente es representado por un funcionario que ejerce el alto cargo de secretario general, quien preside las sesiones del órgano colegiado y ejecuta los múltiples acuerdos. Los otros miembros, nombrados por seis años y con dedicación exclusiva, son un especialista en ingeniería sanitaria (representante del Ministerio de Salud), un hidrólogo (del AyA), un agrónomo (del MAG), un ingeniero civil (del MOPT), un especialista en desarrollo energético (del ICE) y un representante de las universidades estatales. Por otro lado, la instancia de apelación de sus resoluciones es la persona del ministro de Ambiente como máximo jerarca.

En virtud de que una resolución de dicha Secretaría Técnica es determinante para otorgar o no, la viabilidad ambiental que requiere todo proyecto de más de mil metros cuadrados (no para “una casita de 150 metros cuadrados”), con las consecuencias previsibles de carácter económico, social, ambiental, sanitaria, etcétera, los costarricenses y extranjeros acuden a la Setena para cumplir con la legislación ambiental derivada de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente, decretos sobre procedimientos que se han ido emitiendo conforme se ha desarrollado la experiencia dentro de la Setena, y legislación conexa. Y lo hacen, con la confianza de que los acuerdos del órgano colegiado se sustentan en criterios objetivos, científicos, técnicos, independientes del sentimiento político circunstancial que pudiere privar en ciertos momentos. Aunque lamentablemente ha sucedido, en ciertos momentos la “contaminación política” se ha hecho presente, y ejemplo de ello es una acción ilegal de un secretario general, como sucediera con la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, ejecutada insólitamente, sin gestionar siquiera la correspondiente viabilidad ambiental.

De arrebatarse a la Secretaría Técnica (“Comisión Plenaria”) esa función colegiada para trasladarla a un funcionario dependiente directo del ministro de Ambiente, que difícilmente va estar libre de criterios políticos a favor o en contra de una viabilidad ambiental, se estaría retrocediendo muchos años en el campo de las viabilidades ambientales; sería un evidente caso de regresión ambiental que no merece Costa Rica, un paso atrás devastador. No se trata de una “reforma del Estado” propiamente dicha, sino de algo muy diferente, que contamina fibras sensibles de la estructura ambiental, cimiento del desarrollo sostenible.

Más de medio centenar de proyectos de significativo impacto ingresan anualmente a la Setena, de áreas como infraestructura de servicios, industrias, edificios residenciales, plantaciones agroindustriales, extracción de materiales en ríos y tajos. Al desconocerse lo anotado en este prejuiciado proyecto contra la Setena, un “Superman» sería el único responsable, de resolver según su “sabio entender”, lo que le aconseje una comisión que nacería con un reglamento que habría de publicarse unos nueve meses después del ejecútese a la ley.

Por espacio no podemos analizar otros aspectos que, igualmente no tienen relación alguna con la “reforma” estructural del Estado, sino más bien con la imposición de directrices sobre la gestión del campo ambiental, formuladas sin sustento científico-técnico. Una de ellas tiene que ver con la gestión de las aguas subterráneas, ¡nuestra riqueza más valiosa!, que hoy es bien resguardada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Pues resulta que en el ocurrente proyecto se le arrebata al Senara, donde las resoluciones obedecen criterios objetivos de profesionales especializados, y muy importante, actuando colegiadamente, la tarea de “administrar” las aguas subterráneas. Función que recaería en la muy incompetente Dirección de Aguas del Minae, que funciona casi en forma unipersonal. O sea, a esa misma Dirección que no se enteró de la perforación de más de 40 mil pozos ilegales, se le encargaría como premio a su incompetencia, el ordenamiento, disposición y organización de las aguas subterráneas, gracias a una reforma que se le haría a la Ley de Aguas. ¡Nada menos!

En fin, el proyecto, pese a lo dicho por el señor presidente Chaves, no debería ser dictaminado en la comisión de “Reforma del Estado”, sino obligatoriamente, en la “Comisión Permanente Especial de Ambiente” de la Asamblea Legislativa, presidida por el diputado liberacionista Gilberth Jiménez Siles pues, como hemos visto, afecta muy sensiblemente la gestión ambiental de Costa Rica. Confiamos que esa será la decisión del Directorio Legislativo, para así tener oportunidad de que los sectores conocedores del tema, puedan exponer ante los señores diputados sus observaciones pertinentes, y se desarrolle un diálogo fructífero entre quienes sí conocen del tema, antes de que se fuere a recomendar al Plenario Legislativo una resolución que podría significar una señal muy distante del prestigio de Costa Rica en el campo ambiental.

El Acuerdo de Escazú o la ilusoria tregua en medio de una guerra total contra la vida

Escrito en 01/06/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Bryan González y Jiri Spendlingwimmer,
Miembros del Movimiento Ríos Vivos

Es esencial el empujar siempre más allá de nuestro cuestionamiento, porque no podemos seguir poniendo más parches aquí y allá que no resuelvan los verdaderos problemas.
Murray Bookchin

Nuestra derrota sólo quedará sellada si decidimos no escrutar los fundamentos de lo ocurrido, si no descubrimos con claridad lo que propiamente hemos de combatir. Precisamente por estas razones mis amigos y yo hemos de ir a las raíces de las cosas.
Günther Anders

Aviso de incendio

Es un derecho inalienable de todo ser humano y una obligación de todo Estado garantizar el libre acceso a la información, la participación pública activa en la toma de decisiones y el irrestricto acceso a la justicia, principalmente cuando se trata de los temas que caracterizan al entorno que habitamos y compartimos con otras formas de vida. Esto debería ser así si asumimos que vivimos en democracia.

Al no ser así, todo instrumento jurídico y político que nos permita acceder a estos derechos debe ser entendido como necesario para continuar defendiendo la vida en el planeta. A partir de esta realidad es que consideramos que el llamado “Acuerdo de Escazú” es una herramienta que podría utilizarse como un mecanismo legal para garantizar el acceso a la justicia pronta y efectiva para todas aquellas singularidades y comunidades que se ven vulneradas por la violencia intrínseca del modelo de destrucción capitalista, al que consideramos irremediablemente insostenible.

Es necesario desarrollar una inteligencia compartida de la situación mundial que nos permita comprender a qué nos enfrentamos: El colapso mundial y la guerra total contra la vida. Esta inteligencia compartida posibilita la visión de las operaciones en curso que se ejecutan bajo una lógica de competencia por el control de los recursos estratégicos en acelerado agotamiento. Para ello es necesario el debate que invite a todas las voces a pronunciarse y a reflexionar sobre el rumbo de los acontecimientos.

Es a partir de la comprensión de nuestra situación actual que proponemos una crítica política al Acuerdo de Escazú con la intención de aportar herramientas y elementos para que tenga lugar este debate; NO con la intención de rechazar las garantías jurídicas que en él se contemplan para la protección de las vidas de las personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza en América Latina y el Caribe, la región más violenta y desigual del mundo, pero también la más rica en materia de bienes comunes.

Por el contrario, nuestra crítica se centra en algunos aspectos que se circunscriben al Acuerdo de Escazú, y que consideramos se deben tomar en cuenta en este debate. Específicamente nuestra crítica se enfoca en:

El concepto de “Desarrollo Sostenible” en el que se inscribe la Cumbre de Rio+20 del que emana el Acuerdo de Escazú.
Los promotores del acuerdo, principalmente las agencias financieras internacionales y los gobiernos latinoamericanos que participaron en su elaboración.
El acceso a la información y la excepción bajo excusa de la seguridad nacional.
El desmantelamiento de las instituciones públicas como una política neoliberal que coarta la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la información y a la justicia.

Es este contexto latinoamericano en el cual nos situamos y las dinámicas imperialistas y coloniales que en él se desarrollan, lo que nos lleva a plantear nuestra crítica. No nos situamos en el ámbito del derecho para analizar al Acuerdo de Escazú, desde el cual ya se han expuesto todas sus bondades como una herramienta jurídica necesaria; sino desde lo político, ámbito de reflexión que ha sido considerado como superfluo, “porque se entiende que los mecanismos de control judicial «a posteriori» constituyen una vía suficiente para revisar los resultados de la actividad política” (Agapito, 2009, p. 12).

Pero la realidad y la misma actividad política no cesan de recordarnos que la visión dominante que se tiene de la Política es la de un ámbito definido exclusivamente por lo político, esto es, la lucha por el poder, entendiendo a éste como el poder matar y destruir, y “quien pueda hacerlo, sostiene Santiago López Petit, es quien tiene el poder” (2015, p.11).

El desarrollo como catástrofe

El crecimiento económico imparable e infinito que pretende el modelo capitalista no es acorde con la finitud de la vida y de lo que llaman bienes comunes planetarios. El capitalismo se sustenta en la lógica de la acumulación por destrucción y el despojo. Para expresarlo abiertamente, sin eufemismos, NO es posible un desarrollo sostenible. El desarrollo, sin importar que adjetivos le acompañen, debe ser entendido como catástrofe, siendo ésta, no sólo consecuencia del accionar humano, sino, el resultado intrínseco del capitalismo y de la clase parasitaria que se beneficia de la explotación y destrucción de otros seres humanos y otras formas de vida.

La magnitud de la catástrofe hace cada vez más evidente la urgencia de adoptar acciones más decididas para hacerle frente, asumiendo posturas éticas y políticas que nos permitan irrumpir en la realidad que nos ataca. Es por esta razón que hacemos eco de las alarmas que nos advierten que el planeta está experimentando “un gran episodio de disminución y extirpación de poblaciones, que tendrá consecuencias negativas en cascada en el funcionamiento y servicios de los ecosistemas que son vitales para el mantenimiento de la civilización. Describimos esto como una «aniquilación biológica» para resaltar la magnitud actual del sexto evento de extinción grave actualmente en curso en la Tierra” (Ceballos, Ehrlich, y Dirzo, 2017, p. 1. Énfasis nuestro).

Dicho con más contundencia, los procesos destructivos provocados por el modo de producción capitalista “eventualmente resultarán en la aniquilación de toda la vida en el planeta” (Strona y Bradshaw, 2018, p. 2). Y con ella, la sensación de no poder detener ese proceso de aniquilación, lo que nos coloca en medio de “la paradoja de unos beneficiarios que son incapaces de proteger al sistema que les beneficia” (George, 2003, p. 27).

Hablamos de aniquilación biológica y no del sinsentido del “desarrollo sostenible”, principalmente porque este concepto describe cabalmente al proceso de acumulación por destrucción infinita en un planeta de “recursos” finitos, mientras que términos como “desarrollo sostenible” nos refiere al mantenimiento del modo de destrucción capitalista, siguiendo su crecimiento ininterrumpido, pero gestionado de tal forma que pueda considerarse como “verde”, una suerte de catástrofe amigable con el entorno que destruye.

No es posible un desarrollo sostenible cuando la realidad evidencia un proceso histórico que solo puede comprenderse en términos de Maldesarrollo que “epitomiza la amplitud, la profundidad y la trágica realidad de un fracaso global” (Carmen, 2004, p. 37). No hay punto intermedio, hablar, por tanto, de “desarrollo sostenible”, no es otra cosa que una abdicación epistémica y un posicionamiento a favor del agresor y contra las singularidades y comunidades más vulnerables en esta guerra total contra la vida.

Cuando llamamos por su nombre real a los procesos destructivos que atentan contra la vida, advertimos sobre la urgencia de acciones más contundentes para hacer frente a la catástrofe resultante del modelo capitalista. Hablamos de Aniquilar, del latín annihilare, alteración de nihil, ‘nada’, que significa literalmente “reducir a nada” (Corominas, 1961, 52), acción que no se gesta por generación espontánea, ni mucho menos un error que escapa a todo cálculo. Hacemos referencia no solo a una fase sino a una acción que perfectamente se relaciona con la guerra que, como señaló Carl von Clausewitz, “en todas las circunstancias debemos considerar a la guerra no como algo independiente, sino como un instrumento político” (2004, p. 49).

La aniquilación biológica es una manifestación directa de una guerra total contra la vida, la de todos los seres que habitan en el planeta, incluida la humanidad. Al ser la guerra un instrumento político, debe entonces comprenderse como parte de un proyecto político, con objetivos claramente definidos, no es un hecho aislado, ni un error humano, mucho menos que estalla de improviso. Es un acto de fuerza llevado a cabo por la clase parasitaria capitalista, obsesionada con la acumulación de poder y el gobierno de las especies.

Conociendo al enemigo: De cuando el lobo ya no se disfraza de oveja, pero sí se pinta de verde

Queda claro que el contexto planetario que vivimos actualmente es de guerra y es un principio de ésta conocer al enemigo que se enfrenta. De ahí que el primer objetivo de nuestra crítica al Acuerdo de Escazú consiste en visibilizar a los promotores de este acuerdo, operarios de la destrucción; armas de guerra imperialista para la devastación de países y el saqueo de sus recursos considerados como estratégicos. Ahora se asumen, sospechosamente, como amigos de la naturaleza y protectores de comunidades y singularidades vulnerables; víctimas de sus propias políticas y directrices.

Que el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otras agencias imperiales promuevan un acuerdo que parece más una suerte de tregua, debería encender todas nuestras alarmas y considerar la posibilidad de una paz con la naturaleza y con quienes la defienden como un rescate del sentido original de la pax imperii, esto es, la dominación y la rendición absoluta frente al dominador. No extraña, por tanto, que se acoja de tan buena gana conceptos engañosos como el de desarrollo sostenible. Pero lo que sí extraña es el silencio repentino de ciertos sectores que han dejado de cuestionar a estas agencias imperiales de la destrucción, y que, sin mediar una crítica profunda, ven su historial delictivo como “errores humanos” que son rectificados tras una suerte de epifanía institucional de la catástrofe.

Otros actores promotores de este Acuerdo dignos de toda sospecha son los gobiernos latinoamericanos firmantes, merecedores del epíteto de administradores coloniales de la destrucción de países y garantes del robo de los bienes comunes en detrimento del bienestar de sus propias poblaciones, tal como fue esgrimido por el ideólogo imperial George Kennan al referirse al rol colonial que deben cumplir los gobiernos latinoamericanos en beneficio de los intereses imperiales estadounidenses sobre la región. Para Kennan, “Para proteger nuestros recursos, debemos combatir una herejía peligrosa que, tal como señaló la inteligencia norteamericana, estaba proliferando en América Latina ‘la amplia aceptación de la idea de que el gobierno tiene la responsabilidad directa del bienestar del pueblo” (Chomsky, 1988, p. 34).

Resulta paradójico que los gobiernos sean los principales garantes del respeto a la vida y los Derechos Humanos y de la Naturaleza a la vez que son los mayores violadores de esos mismos derechos. Su poco interés por avanzar en la resolución de los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de la vida, hace de los Estados, máquinas de impunidad al servicio del mayor postor. A pesar de esto, se les encomienda la responsabilidad de velar por el cumplimiento de lo estipulado en un acuerdo como el de Escazú.

El Acuerdo de Escazú fue adoptado en marzo de 2018 cuando algunos de los peores gobiernos latinoamericanos de la segunda década del siglo XXI estaban en el poder. El proceso de negociación fue copresidido por el Chile de Sebastián Piñera enemigo acérrimo del pueblo Mapuche y la Costa Rica del saliente Luis Guillermo Solís, para luego ser sustituido por Carlos Alvarado, periodos de tiempo en los que fueron asesinados los líderes indígenas Sergio Rojas y Jhery Rivera.

Junto a estos dos países también fueron parte del Acuerdo el México del sanguinario régimen de Enrique Peña Nieto, la Argentina del impresentable Mauricio Macri, la Colombia de Juan Manuel Santos, el Ecuador de Lenin Moreno y el Brasil del golpista Michel Temer. Ninguno de ellos dignos de ser considerados garantes de la democracia, el Estado de Derecho, o de los derechos de los pueblos indígenas, mucho menos pueden ser considerados como adalides por la protección de la Naturaleza. ¿Se puede entonces confiar que un acuerdo elaborado por estas administraciones coloniales va a garantizarnos los derechos más elementales para la protección de la vida en el planeta?

Por otra parte, rechazamos contundentemente la instrumentalización de las violencias y las muertes de las personas que han puesto, y ponen su cuerpo y su vida en defensa de los derechos de la Naturaleza y de las singularidades y comunidades a vivir en un ambiente digno y saludable para la plenitud de la vida. Rechazamos que entidades como el Banco Mundial y otras agencias financieras internacionales y regionales, así como representantes de gobiernos neoliberales que se han encargado de custodiar y asegurar la destrucción de nuestros países y el saqueo de nuestros territorios, se valgan de los asesinatos de Berta Cáceres, Sergio Rojas, Jehry Rivera y muchas otras, para promover acuerdos marco que, en sus propias palabras, garanticen un “ambiente sano para las inversiones”, siendo estas entidades y gobiernos, los responsables de sus muertes y de la impunidad de esos delitos.

Siendo ellos los gestores de esta aniquilación de la vida, nos resulta sospechosa su renovada actitud “amigable con la naturaleza” y comprometida con la protección de nuestras vidas y la de otras formas-de-vida, cuando históricamente se han valido del principio realista-político “Necessitas non habet legem” (la necesidad no tiene ley) para justificar sus acciones y proteger sus intereses a costa del exterminio y de la destrucción de otras formas de vida, y el asesinato sistemático de las personas defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, como se manifiesta en las palabras del entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, el 6 de abril de 2016 en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York, cuando se le preguntó por el asesinato de Berta Cáceres, afirmando que “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer, y que alguno de estos incidentes no suceda” (“you cannot do the kind of work we are trying to do and not have some of these incidents happen”) (Knight, 2016).

Estas palabras de Kim evocan a la guerra total, la destrucción es llevada a cabo por todos los medios sin miramiento de sus consecuencias. Siguen la misma lógica que la del ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos de la era Trump, James Mattis, respondiendo al cuestionamiento sobre los bombardeos de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra Siria: “El asesinato de civiles es “una realidad de la vida en este tipo de situación” (HISPANTV, 2017). Los asesinatos sistemáticos de personas defensoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, son más que daños colaterales en esta guerra total contra la vida, son objetivos militares…

Autopsia de un acuerdo demasiado perfecto

Nuestra crítica política no puede quedarse en la exposición de los operadores de la destrucción, autoproclamados como nuevos defensores de la vida en el planeta, sin que ello implique un análisis de algunos aspectos del acuerdo que deben ser pensados en el contexto actual de guerra global que padecemos.

En primer lugar, nos encontramos con el artículo 5 referente al acceso a la información ambiental que en su numeral 6 se desprende que el acceso a la información es limitado según lo establezca cada una de las legislaciones nacionales, o bien, en caso de no contar con ellas, el Acuerdo brinda una serie de excepciones que permiten denegar el acceso a información sin importar lo que previamente se había mencionado.

Entre las excepciones esgrimidas, no podía faltar la voluble excusa siempre presente de la seguridad nacional, definida en los manuales militares como el conjunto de condiciones que permiten alcanzar objetivos nacionales permanentes”, objetivos perpetuamente ligados al modelo capitalista y a la lógica de la acumulación por destrucción. No extraña que los doctrinarios de la Seguridad Nacional argumentaran panfletariamente que “la seguridad es la esencia del desarrollo”.

En un contexto de colapso mundial, caracterizado por la aniquilación biológica y el acelerado agotamiento de los recursos considerados estratégicos, aceptar la excusa de la seguridad nacional como una excepción a los derechos y garantías jurídicas necesarias para la defensa de la vida planetaria no sólo raya en la ingenuidad política, es una suerte de suicidio por parte de los movimientos ambientalistas.

Otro elemento de este acuerdo que nos genera sospecha y que consideramos como una especie de blanqueamiento y legitimación de la aniquilación biológica tiene que ver con la participación ciudadana en la toma de decisiones. No vivimos en democracia –el solo hecho de pensarlo ya da cuenta de mucha inocencia política-; el clamor popular no se impone sobre los objetivos estratégicos de los grupos de poder y su afán por la acumulación de poder y capital en un contexto de acelerado a agotamiento de los recursos. La participación ciudadana no significa “veto ciudadano” en la toma de decisiones a proyectos contrarios a sus interés o destructores de la naturaleza. Es sencillamente, una “garantía de participación”. Un ejemplo de ello fue la experiencia del Movimiento Ríos Vivos entre los años 2013 y 2018, cuando imperaba la amenaza de la construcción de Proyectos Hidroeléctricos, la ARESEP llegó a organizar audiencias públicas en las que alrededor de 400 personas se opusieron al PH San Rafael, frente a solo 10 que lo apoyaban, a pesar de esto la entidad les otorgó la autorización para su construcción. La lección fue obvia: la sociedad civil solo sirvió para legitimar el proceso por medio de su participación.

El acuerdo parece a primera vista, un gran avance en materia de acceso a la justicia, a la información y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Lo sería realmente si no fuera por el hecho de que no menciona, ni siquiera toma en cuenta un factor elemental, las instituciones estatales garantes de esos derechos han sido, y continúan siendo, desmanteladas por los mismos gobiernos neoliberales que elaboraron el acuerdo.

En Costa Rica, a pesar del ímpetu de la administración de Carlos Alvarado respecto al Acuerdo de Escazú, no hizo nada para contrarrestar la impunidad del asesinato de Jhery Rivera ni para eliminar o al menos reducir el racismo institucional y social que impera en el país. Si lo analizamos en detalle según la base de datos del Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto nacional, bajo la excusa de la reducción del déficit fiscal y el saneamiento de la economía, este gobierno se dedicó a recortar el presupuesto de instituciones encargadas de la protección ambiental, como es el caso de la Secretaría Técnica Nacional (SETENA), que pasó de contar con un presupuesto de ¢2.326.948.000 en 2018, a ¢1.926.766.046 en 2022. Práctica que se puede ver en casi todas las entidades gubernamentales, excepto en el Ministerio de Seguridad Pública, cuyo presupuesto se ha mantenido constante, bajo la excusa de la guerra contra las drogas, pero cuyos efectivos terminan siendo utilizados contra las poblaciones que se movilizan.

A modo de conclusión

En definitiva, muy a pesar de que el Acuerdo de Escazú pueda ser considerado como una herramienta jurídica para garantizar el acceso a derechos elementales para la defensa de la vida en todas sus formas, puede que este mecanismo no sea más que una ilusión, una falsa tregua publicitada como lo mejor, y por tanto, defendida y promovida inocentemente por los mismos movimientos ambientalistas. Por ello, puede terminar siendo una trampa finamente elaborada por los operarios de la destrucción para crear “un ambiente sano” para la ejecución de sus planes a pesar de la oposición social que pueda surgir para hacerles frente.

Por ello, consideramos que todo mecanismo e instrumento que sea útil para garantizar el acceso irrestricto a nuestros derechos, debe emanar de nosotros mismos, de las comunidades y las singularidades en movimiento, nunca como una concesión del poder, de los verdaderos enemigos de la vida en el planeta.

Situarnos en el colapso mundial implica denunciar la ideología y los procesos que definen a esa sistemática acumulación por destrucción y exponer las operaciones en curso que son parte de la guerra total contra la vida bajo la consigna de una gestión compartida del riesgo.

Ante esto es importante recordar las palabras de Günther Anders: “estamos en peligro de muerte por actos de terrorismo perpetrados por hombres (sic) sin imaginación y analfabetos sentimentales que son hoy omni-potentes” (2007, p. 160). El dilema que se nos presenta en este contexto de catástrofes por responsabilidad de las jerarquías y las estructuras de poder, es, parafraseando al mismo Anders, “¿cómo detener a quienes no se detendrán ante nada?”

Referencias

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Anders, G. (2007). Filosofía de la situación. Madrid, España: Los libros de la Catarata.

Bookchin, M. (2015). Ecología Social. Apuntes desde un anarquismo verde. Concepción, Chile: Editorial Novena Ola.

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Ceballos, G; Ehrlich, P; Dirzo, R. (2017) Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1704949114

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Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial – limitaciones para generar desarrollo equitativo y sostenible en regiones periféricas

Escrito en 17/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

La Ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones Fuera de la Gran Área Metropolitana, sus limitaciones para generar un desarrollo equitativo y sostenible en las regiones periféricas.

En una de sus últimas actividades la Administración Alvarado, ratificó la aprobación de la “Ley de Fortalecimiento de la competitividad territorial para promover la atracción de inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana”.

La iniciativa, aprobada por una mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, busca fomentar la generación de oportunidades de empleo y desarrollo en estas zonas y cerrar brechas persistentes que dificultan su reactivación económica.

“El desarrollo económico y los beneficios que generan las zonas francas deben expandirse fuera del Gran Área Metropolitana para multiplicar las oportunidades de empleo y bienestar a todas y todos los costarricenses. Es urgente aprovechar el régimen de zonas francas para fortalecer polos de desarrollo fuera del GAM” señaló el presidente de la República, Carlos Alvarado.

El ministro de Comercio Exterior y presidente de la Junta Directiva de PROCOMER, indicó que esta ley, “sin duda trascenderá como una pieza fundamental en la estrategia para promover más oportunidades de crecimiento en Costa Rica, que no dejen a nadie atrás”.

Por su parte el director de CINDE, destacó: “Este es un esquema de incentivos de nueva generación para la atracción de inversión en nuestro país y, por primera vez, fuera de la GAM. Es reflejo de un trabajo que venimos realizando por más de 7 años, de la mano de 20 comunidades, e impacta al 49% de la población o lo que representa 2,5 millones de personas, para que logren dinamizar la reactivación económica y empleabilidad en las zonas más necesidades”.

El presidente de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Económico Local (RENADEL) destacó que, “esta nueva ley significa un gran impulso para las comunidades fuera de la GAM, para generar empleo y reactivar su economía. (El País.cr,4-5-2022).

Previamente en el mes de noviembre, se habían presentado los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

En esa ocasión los miembros del Consejo de Promoción de la Competitividad Nacional entidad que elaboró el estudio, afirmaron que “las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

Mencionaron que en un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalló el informe. (nacion.com,11-11-2021).

El estudio del INC, reveló que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas. (alterdescr.com, noviembre,2021).

De este comentario se desprende una de las razones por las que se considera que existen limitaciones para que la iniciativa para llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley en cuestión, tenga éxito y trascienda los buenos propósitos de los legisladores.

La posibilidad de ofrecer incentivos para la atracción de inversión extranjera hacia las regiones periféricas, sin la existencia de una estrategia de desarrollo regional, que indique cuáles serían los cantones prioritarios hacia los que se dirigiría esa inversión y que condiciones de infraestructura, servicios y recurso humano se necesitaría crear en ellos, es una apuesta aventurada y puede malograr la puesta en ejecución de la ley.

Así mismo, sería necesario analizar los efectos que tendría el establecimiento de zonas francas, sobre la estructura productiva y el tejido empresarial del cantón o región y en particular los encadenamientos que se podrían generar con las empresas locales, para no convertir a esas zonas en verdaderos enclaves industriales.

Por lo indicado en las conclusiones del ICN sobre las principales brechas para la competitividad entre cantones, sería imperativo y urgente la atención de las barreras en el acceso a la tecnología y la educación existentes en los cantones y regiones, lo que involucraría al MEP, a las Universidades y en particular al INA en los programas de formación técnica regional, en momentos en que se ha confirmado el rezago educativo y tecnológico precisamente de las zonas periféricas más pobres.

Si no se crean las condiciones educativas, de formación técnica y de acceso a la tecnología, las empresas estarían trasladando buena parte de la mano de obra requerida desde las provincias de la GAM hacia sus lugares de localización, excluyendo y marginando a la población local del establecimiento de las zonas francas como ha ocurrido en otros lugares.

También, es fundamental articular la eventual instalación de zonas francas cantonales, con el desarrollo de los gobiernos locales y las organizaciones productivas de los cantones, para generar sinergias con el potencial y los esfuerzos de éstos y no simplemente facilitar la instalación de empresas interesadas en ubicarse en tal o cual área geográfica, provocando mayor desigual entre cantones y regiones.

Aún más importante que los aspectos mencionados, estaría la contribución que dichas zonas francas brindarían a un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, al mejoramiento de la infraestructura social y productiva, a la generación de capacidades y capital social en las poblaciones locales y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios fuera de la GAM.

La creación de zonas francas en regiones periféricas debe articularse a un modelo económico que produzca desarrollo local, que dinamice la producción regional y que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo, si no fuera en esa dirección, sería sólo un espejismo para los cantones costeros y fronterizos del país.

ABACOTE DE CARLOS ALVARADO HONRÓ EL DIABLO AMBIENTAL

Escrito en 06/05/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Madre Tierra.

Juan Francisco Campos

Mayo 2022

Sin representar el único punto flaco de su gestión gubernamental y sea este por omisión o extralimitación, es constatable que, las autoridades costarricenses 2018-2022 desde el presidente, primera dama, ministros como los de Ambiente y Energía más los jerarcas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); se desbordaron en hipocresía con el tema ambiental. Así sucedió en su perenne recorrido por el mundo desde que asumieron el gobierno hasta el final. Por ejemplo, durante sus últimos paseos, el presidente una vez más discursea en España y Francia sobre un supuesto entusiasmo del país bajo su gobierno, por mantener valores como la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad. A lo cual no faltaron adulaciones para resaltar “…el compromiso del presidente Alvarado y del país para liderar con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático y por impulsar el desarrollo sostenible tanto en el nivel nacional como en el internacional”¹.

Otro ejemplo reciente, fueron las emociones expresadas por el actual ministro de turismo, a partir de las cuales, en México el diario El Heraldo se rajó con lo de “Costa Rica: el edén sustentable del mundo”². Posiblemente el joven ministrito, desconoce que un anterior colega suyo de los años noventa, por tan embusteros discursos y actuaciones inconsecuentes, recibió en sus propias manos el más justo premio conocido como el “Diablo Ambiental 1993”; entregado al entonces titular costarricense de la cartera de turismo por parte de organizaciones ecologistas alemanas^3,4.

Pero, hay de los falsos profetas, porque, lo realmente hecho en este país con la política ambiental del gobierno saliente, más allá de la lista de premios y sus dádivas millonarias, viajes por el mundo y los puestos asignados o por asignar en entidades extranjeras; altamente relevante y probado con suficiencia, es su boicot a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante estos cuatro años, por parte de los tres poderes de la república. Acciones sin duda indicadoras de que, aplicaron un rechazo ad portas de los pronunciamientos y excitativas por parte de organizaciones sociales y hasta de los equipos humanos de mayor renombre científico del país^5,6. También, la regresión en normativa de evaluación de impacto ambiental y la arremetida e impunidad en la violación de derechos humanos^7,8,9, contra diferentes actores sociales representantes de pueblos indígenas¹⁰, organizaciones sindicales¹¹, campesinos, ambientalistas¹², etc.

Con respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica, por intermedio de su gobierno pasó de protagonista a antagonista del citado Acuerdo jurídico cuyo nombre, rememora nuestra historia geográfica y ancestral. Y esto es así, máximo si observamos que, siendo el mismo Acuerdo impulsado al más alto nivel internacional por parte de la ONU a través de la CEPAL; es paradójico que durante el período 2020-2022 aún vigente, esta Comisión Regional haya estado bajo la presidencia pro tempore de Costa Rica¹³. Es decir, dicho gobierno ha actuado en el Organismo como un vil farsante, y por lo tanto merecedor de juzgamiento y condena; al menos por el agravio a nuestra Nación. En consecuencia, es claro que, mediante lo reseñado, se aportan elementos para la catorceava causa penal que, debería interponerse contra el señor Alvarado Quesada^14,15. Además, téngase presente que, el principal socio en tan hipócrita actuación costarricense, fue el también desprestigiado y represor gobierno chileno del expresidente Piñera, no obstante que hasta el 2018, los gobiernos de ambos países, habían cumplido un meritorio desempeño como promotores del Acuerdo en la Región. Pero por nuestra parte, no fueron los mismos representantes, aunque personificaran el mismo partido gobernante. Hoy, para bien de Chile y lo contrario de Costa Rica, el nuevo presidente Gabriel Boric está rectificando¹⁶ la funesta actuación de su antecesor. Mientras en Costa Rica, por declaraciones ya emitidas¹⁷ y lo intereses economicistas que representa el nuevo presidente tico y la lista de sus colaboradores aparentemente nombrados a partir de una singular “feria de empleo público” a su cargo¹⁸, no hay esperanzas de algo similar o nuevo acompañamiento con los chilenos. De manera que, es poca la duda existente en cuanto a que la hipocresía continuará y posiblemente la lista de “premios” aumente; sin olvidar que, a veces, éstos es más lo que encubren que lo que distinguen.No se observó honradez ni consecuencia, ya sea del presidente Alvarado o al menos de la ministra de Estado Andrea Meza, titular del Órgano “encargado de emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible”¹⁹, al haber desistido de estar presente en Chille durante la COP1 del Acuerdo de Escazú. Fue al canciller, cuyas funciones están también claramente definidas, a quien se delegó la participación presencial y decir algo; así como también a la vice presidenta E. Campbel, pero ella a distancia. Tomemos nota, se ha tratado de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú con sus 12 estados miembros plenos sin Costa Rica, llevada a cabo en la cede de la CEPAL en Chile del 20 al 22 de abril 2022²⁰. Sin embargo, transcurridos menos de dos meses, en la propia capital costarricense, durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del 7 al 9 de marzo, y el evento paralelo titulado “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”; la llamada banca multilateral y la OCDE se pronunciaron señalándolo “…como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones”^,21.¿Dónde quedó el “liderazgo ambiental” de nuestro presidente y su corte? Recordemos que mientras el gobierno de Alvarado llevó a cabo todas las acciones complementarias inclusive sin escatimar los onerosos costos (más de dos mil millones de colones anuales por membrecía) para meter a Costa Rica como miembro de esta alianza de países ricos del Planeta²²; paralelamente sucedió el boicot contra el Acuerdo de Escazú. Estas actuaciones no son jamás de ejemplo mundial; repudio y condena sí.Según el sitio web de la Agencia efe.com y la entrevista por parte de la periodista Alida Juliani a Carlos Alvarado durante su paso por Madrid²³, el presidente declaró que “dejará el poder con la casa ordenada, en lo financiero, medioambiental y en avances en derechos humanos”; lo cual, considera que es «un logro después de mucho tiempo de desórdenes». A su juicio, estos temas representan los grandes asuntos en los que ha trabajado su Gobierno y a la vez, los avances que se deben mantener en un «país moderno». Y si bien hace algunas referencias de los supuestos logros en lo social y financiero, en cuanto a lo ambiental se limitó a la simple cita. Por tal razón, al menos para esta ocasión, planteamos que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues ante la regresión de normas y otras acechanzas de su gobierno en materia de evaluación de impacto ambiental y las consecuencias negativas, es decir daños ambientales^24,25 (según la contundente y consistente definición de la Ley 7554 y su Reglamento EIA) que ya se contabilizan, no hay palabras ni discursos que puedan ocultarlos. Para mayor detalle, es oportuno citar el artículo titulado: “La inconsecuente política ambiental de Costa Rica: un producto de las alianzas público-privadas”; publicado en el sitio web Rebelión del pasado 11 de diciembre 2021²⁶.

En la reseña de hechos de dicho artículo, se describe una lamentable situación, a la cual se condujo según su autor, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; institución pública de desconcentración máxima por mandato de Ley. De tal caso y dado la aparente ilegalidad, es crítica la intervención política dirigida desde la propia presidencia de la República a cargo de la esposa del presidente y un viceministerio incrustado en la Institución, operando este último por aproximadamente dos años; e irrespetando así el nivel de administración que caracteriza a éste Organo y su funcionalidad técnica. Además, aunque no constituyen los dos únicos puntos, se describe también una serie de reformas normativas, especialmente decretos ejecutivos y acuerdos administrativos que también, aparentemente contravienen el derecho ambiental dispuesto constitucionalmente y las leyes nacionales; en tanto se promulgaron con carácter de regresividad. Asunto verificable en la función rectora de la cual la Institución es responsable: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos irrestrictamente en concordancia a la Constitución, leyes y Reglamento.

De manera que, debe observarse la gravedad de los hechos descritos y entre las consecuencias directas, determinar puntualmente las cifras (miles) de proyectos, obras o actividades a los que, sólo por medio del decreto ejecutivo No. 41815-2019 se les derogó la responsabilidad y obligación legal de ser evaluados según la herramienta de la EIA dispuesta en el Artículo No. 17 de la Ley 7554. Trabajo a cargo únicamente de la Institución según esta misma Ley, pero que, durante aproximadamente tres años ya no cumple. No puede pasar desapercibido que, mientras esta disposición legal, establece la obligación de llevar a cabo el proceso evaluativo ex ante, y que de concluirse que el estudio técnico del caso que sea es cabalmente satisfactorio, el órgano colegiado resuelve el asunto emitiendo una resolución debidamente fundamentada sobre la aprobación del estudio; a partir de la cual iniciará la etapa de control y seguimiento ambiental. Sin embargo, con la reforma antes citada al Reglamento, no sólo se elimina esa evaluación al cambiarla por el registro administrativo sin mediar estudios técnicos, sino que, un funcionario que verifica el registro también es quien aprueba el proyecto mediante una nota sin fundamentación y ninguna participación del órgano colegiado. Mientras tanto, las mismas huestes de la secretaria anterior (Cinthya Barzuna) elevada hace pocos meses a vice ministra de mares, contingente de donde eligieron el actual y nuevo secretario, llevan más de dos años repitiendo que modernizaron la institución, acabaron con las presas de expedientes, y “están migrando a un sistema de control y seguimiento”; pues como que lo que antes hacían era “evaluación de escritorio”²⁷. Aseveración totalmente falsa. Pues que no lo cumplieran a cabalidad, es diferente.

Pero ¿Qué está sucediendo con los daños ambientales ya causados y los que seguirán acumulándose a nivel nacional, así como la colateral violación de derechos humanos consecuencia de esas decisiones y acciones tanto ejecutivas como administrativas, bajo argumentaciones sesgadas e inconsistentes, con las cuales, se alega que así corresponde por tratarse de proyectos de bajo impacto ambiental? Técnica y científicamente, en ninguna parte del mundo y por ende ni en Costa Rica, se ha demostrado hasta hoy, que alguna categoría de impacto clasificada como alto, medio o bajo; sea insignificante y por lo tanto puede omitirse el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollan proyectos que clasifican bajo alguna de ellas; pues la sinergia y efectos acumulativos siempre estarán presentes en todos. Vale como ejemplo, el desastre ambiental de Crucitas²⁸, tan divulgado especialmente por intereses comerciales ligados al neo extractivismo y quienes, no dan igual cobertura a otros casos iguales o peores. Ahí, es real el impacto observado y los obvios daños ambientales causados por un tipo de minería que, no obstante por ser artesanal (coligalleros), definida según nuestra legislación como de pequeños operadores individuales o colectivos que laboran a pico y pala principalmente; podemos plantear que cada uno representa un proyecto de bajo impacto. Pero en este caso, han estado actuando en alto número y localizados en un espacio y tiempo dado; por lo tanto, el impacto que genera el conjunto o contingente de coligalleros, es sin duda alguna similar al de un proyecto de alto o muy alto impacto. Nada garantiza que si fuera la Cía. Infinito quien lleva a cabo tal explotación causara menos daños. Otro caso a la vista, es Guanacaste con la desertificación de suelos e insuficiencia del recurso agua, lo cual, esto no obedece a que un megaproyecto turístico o de otra naturaleza y por tanto de alto a muy alto impacto, se desarrolló por todo o gran parte del territorio provincial. Sino que, su principal causa son los Grandes, medianos y pequeños proyectos allí desarrollados hasta sobrepasar la carga ambiental sobre el recurso hídrico disponible y propia del territorio. Y con PACUME²⁹ que será “agua para ampliar y prolongar la prosperidad del empresariado que seguirá expropiando a los guanacastecos, a corto o mediano plazo pedirá un PACUME 2; así haya que continuar cercenando Areas Silvestres Protegidas de incalculable riqueza bilógica como Lomas Barbudal. Vale recordar que, a PACUME le antecede el proyecto de Riego Arenal-Tempisque.

Mediante consulta al sitio web y archivos de la institución (SETENA), más otras fuentes periodísticas de información, hemos procurado dar seguimiento a estos hechos y actualizar cifras; a fin de procurar mayor conciencia en la ciudadanía acerca del desastre ambiental, y por ende, “el desorden en que dejan la casa” en lo ambiental, producto de las acciones inescrupulosas del gobierno saliente. Por lo tanto, ¿Qué ha sucedido y sigue sucediendo con los proyectos, obras o actividades que, según la Ley vigente se deben evaluar técnica y científicamente, a fin de identificar y prevenir sus impactos ambientales con medidas apropiadas, y de tal manera evitar los posibles daños ambientales cuyo carácter es irreversible; pero que mediante el D.E.N° 41815-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente desde el 05 de julio del 2019 fue derogada tal obligación? Véase por ejemplo lo que al respecto dice el señor Ulises Alvarez secretario actual de la SETENA en su ambiguo e inconsistente Informe 2021: “El principal cambio que aporta este Decreto es que elimina el requisito de los trámites D2 pasen por la Comisión Plenaria”. Ahora, como simple registro y permiso inmediato, es un trámite que tarda 1,9 días. Y para mayores detalles de estos proyectos, estimados a priori como de bajo impacto ambiental por la parte desarrolladora y que luego de presentados casi automáticamente quedan registrados y con permiso dudoso de qué; por ser los más numerosos, se complementa el siguiente abordaje:

Cuadro 1. Efectos en los trámites ante la SETENA producto de reformas regresivas al Reglamento General de la EIA en el período 2018-2022

Año	D1	D2	D1+ D2	% D2
2022	149*	345*	494*	69.8
2021	609	1276	1.885	68.0
2020	692	1.013	1.705	59.4
2019	848	709 + 579**	2.136	60.3
2018	986	1.172	2.158	54.3
Total		3.213

*Cifras registradas durante el 2022 con corte al 18 de abril

**Cifra registrada a partir del 10 de julio al 20 de diciembre 2019

Corresponde aclarar que, los datos del presente cuadro, si bien no representan la totalidad de los trámites que atiende esta institución anualmente con los denominados documentos de evaluación D1, D2 y otros; estos dos representan un porcentaje mayor al 90 % del total. Razón por la cual, para lo que interesa destacar, se consideró irrelevante la inclusión de los otros.

Como se puede observar, la citada reforma ha contribuido a que, durante lo que lleva de vigencia, aproximadamente 3213 proyectos al parecer categorizados como de bajo impacto ambiental, no han recibido la Evaluación de Impacto Ambiental estipulada por Ley. Es decir, los que se hayan desarrollado, han impactado sobre el medio ambiente en ausencia de las previsiones y mitigaciones técnicas de rigor; consecuentemente derivando daños ambientales a nivel nacional, cuya acumulación, anualmente ha crecido y de hecho es cada vez mayor. Este, es un hecho fehaciente para plantear que el síndrome Crucitas, por esta vía se extendió a todo el territorio de Costa Rica a contra pelo del desarrollo ambientalmente sostenible. Además, estas cifras muestran una correlación significativa con el aumento, también anual de denuncias ambientales registradas por el MINAE. Ya que, de acuerdo con el sistema llamado SITADA^30,31y que coordina la Contraloría Ambiental para el recibo de las denuncias ambientales, tales acciones “se dispararon en un 86%” a partir del año 2018 con 3620 casos registrados. Luego, 5234 el siguiente año 2019, 5734 el 2020 y 6977 en el 2021. Por su parte, el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental; dado sus preocupaciones al respecto, le llevó a hacer efectiva la creación de una unidad especializada y dedicada a investigar los delitos ambientales, asignando 18 funcionarios quienes empezaron su labor el pasado 1 de abril 2022. “Según un comunicado de la Policía Judicial, el incremento en las denuncias por daño al medio ambiente “hace apremiante el abordaje de este delito con una sección especializada…”^32,33. La atención de este tipo de denuncias por parte de la SETENA, es otro tema crítico que merece abordaje específico. En el artículo antes citado del sitio web Rebelión, se refieren algunos casos que deberían estar en manos de la Comisión que integra el OIJ así como de la oficina especializada; y determinar si ahora sí existe esperanza de sentar responsabilidades de quienes dañan el ambiente.

Cuando el presidente Alvarado firmó el referido Decreto que llamamos regresivo, en su alocución, entre otras cosas dijo que, la reforma permitiría tramitar “en tiempo récord de 1 minuto” y obviamente sin ser evaluados, un porcentaje equivalente al 54% de los procesos que tramitaba la SETENA³⁴. La cifra en sí misma era cierta. Pero, los datos nos demuestran, que, al llegar aproximadamente a tres años de esa decisión, quizás en unión de otras prácticas comunes y vicios que afectan la Institución (ej.: oficios de exoneración de obligaciones sin criterio técnico), se observa un efecto dominó; pues ese porcentaje ha venido en aumento y ya ronda el 70%. Vale decir: en tres años, un aproximado al 70% de la función esencial de la SETENA, prácticamente no se lleva a cabo. Mientras tanto, en lugar de movilidad laboral como lógica respuesta a la “modernización” y relegación de funciones, lo observado también en el informe 2021del secretario, son recalificaciones y ascensos de personal. Además, entre la lista de debilidades, describe que el recurso humano es limitado, con baja experiencia institucional y poca capacitación.

En fin, este es parte del verdadero ordenamiento de la casa que nos deja Carlos Alvarado Quesada, donde el que la recibe no da señales de rumbo diferente si “por las vísperas ya conocemos el santo y sus ángeles”. Es por ejemplo el caso del entrante ministro de ambiente. Quién lo nombró, a pesar de quien lo presentó, no lo sabemos. Pero, como dicen algunos ecologistas³⁵, a sus “enemigos imaginarios” sí. También, nos recuerda este ungido, la sorpresa vivida por un amigo, cuando, al atender una consultoría internacional para cierto país suramericano y le tocó visitar el despacho del ministro de ambiente; al observar en una pared de la oficina ministerial, nada menos que, la exhibición de una imagen alusiva a la transnacional Monsanto. De seguro, reveladora de los padrinos del ministro de allá, eso sí, sin olvidar que también en nuestra casa hay “anécdotas” de igual tipo.

Y así se empieza a escribir la historia de un presidente parejo, que, como por hechizo o tal vez lo real maravilloso, cayó en el poder con buenas intenciones de alinear un desordenado “Macondo” en América Central. Dijo al inicio que, trabajando y trabajando. Pero hasta ahora empezamos a verlo, era en el rescate de los mitos más profundos o escondidos en este territorio; los cuales, en competencia por el mundo voló y voló a aventurar. Hoy, al final de su novelesca travesía y el liderazgo de que todavía se cree que condujo³⁶ sin igual por las premiaciones recogidas; el premio de lo realmente maravilloso de su obra, es lo último que mejor le han otorgado a nivel continental y lo llevará colgando siempre. Y aunque no da muestra de haber vuelto a la realidad, lo queremos comprender. En su soledad sólo lo acompaña un duque del Sur. Qué pena, pues por el Norte ríen desde lo alto, mientras ni los correligionarios que desde el Buenos Aires se fueron a celebrar su extinción partidaria, lo acompañan. Y como la fantasía es infinita, este espectador desea 100 años “vivir para contarla”. Buen día señor presidente.

Referencias

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https://heraldodemexico.com.mx/temas/eden-sustentable-49180.html

3.https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/20565/198_16-17.pdf

https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/463/7_3-4.pdf

5.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html

6.https://www.elpais.cr/2022/03/17/consejo-universitario-de-la-una-a-favor-del-acuerdo-de-escazu/

https://www.elpais.cr/2022/02/28/las-palabras-del-padre-de-jerhy-rivera/

8.https://costaricaintegra.org/comunicados-de-prensa/bicentenario-sin-derecho-pleno-de-acceso-a-la-informacion/

9.http://www.oacnudh.org/costa-rica-se-necesitan-reformas-urgentes-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dice-el-experto-de-la-onu/

10.https://semanariouniversidad.com/pais/mas-de-80-agresiones-contra-pueblos-indigenas-fueron-documentadas-en-la-zona-sur-durante-2020/

11.https://anep.cr/dirigentes-sindicales-perseguidos-en-el-gobierno-de-carlos-alvarado-violador-de-derechos-humanos/

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15.https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/473293/presidente-tiene-13-causas-penales-abiertas

16.https://www.dw.com/es/chile-quiere-recuperar-el-liderazgo-del-acuerdo-de-escazu/a-61246221

Acuerdo de Escazú: la deuda de Costa Rica con las comunidades indígenas | Diario Digital Nuestro País (elpais.cr)

18.https://www.diarioextra.com/Anterior/detalle/474527/8-000-personas-presentaron-su-curr-culo-a-chaves-

ttps://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_y_Energ_(Costa_Rica)

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28.https://semanariouniversidad.com/pais/la-nefasta-herencia-de-la-fiebre-del-oro-en-crucitas/

29.https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/5282-al-fin-proyecto-paacume-es-declarado-constitucional-y-podra-seguir-su-rumbo

https://www.larepublica.net/noticia/denuncias-ambientales-aumentaron-un-86-en-2018

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32.https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/oij-estrena-seccion-especializada-en-dano-a-mantos/JS66LPNS2JE2NNXQIV2REJSENE/story/

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Imagen tomada de civilsocietyreview.org