El Acuerdo de Escazú; Una oportunidad de mirar hacia el mar

Silenny Calderón-Montero, Bióloga Marina1
silenny1111@gmail.com

1Escuela de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional, Costa Rica

El 2022 suma otro año en la lucha para amortiguar el cambio climático y sus efectos, los acuerdos y rutas de acción son firmados por las grandes naciones que se codean con la esperanza de detener el reloj climático. La urgencia por un actuar humano tipo “cardumen o colmena” para referirnos a la acción conjunta se ve reflejada en los objetivos y metas ambientales que se plantean en los diversos textos. Lo que ratifica un pensamiento integral, utilizado plenamente en la naturaleza, cada persona u organismo tiene un rol social que es necesario para el funcionamiento del engranaje natural de la vida en este planeta.

Nos recuerda el hecho de que en la naturaleza los procesos son armónicamente dependientes unos de los otros y cíclicamente todas las piezas participan. Es el caso de los peces que se agrupan de forma perfectamente coordinada y sintónica, como si fuese una sola mente abstracta y común de gigantescas proporciones. Lo mismo ocurre en la organización biológica que mantienen las abejas, al conformar estructuras ordenadas que no surgen de posiciones azarosas de sus miembros, sino que cada uno conoce y ocupa el lugar preciso.

Los objetivos establecidos en el Acuerdo de Escazú fungen como pilares para la construcción de una Costa Rica más azul, a la vez que, funcionan como eslabones de una cadena que impulsa un desarrollo más sostenible; el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia ambiental. (Bárcena et al., 2021). Donde un objetivo es dependiente del otro.

Si la población no está informada, es porque la información no ha sido divulgada o distribuida de manera eficaz, y es probable que ni siquiera haya llegado a la ciudadanía. por lo que no va haber suficiente participación en la toma de decisiones y la población no será representada correctamente. “No se puede querer o proteger algo que no se conoce, con lo que una no se siente identificada”. Al no contar con la participación ciudadana es más fácil que sea transgredida la justicia ambiental, en especial sí hablamos de países sometidos a la corrupción. En contraste con lo que podría esperarse al defender los derechos ambientales abrigados por una alta participación de la ciudadanía.

Aspectos como la gestión de los recursos marinos, la falta de datos, el ordenamiento pesquero, el manejo de las pesquerías, la situación socioeconómica de los y las pescadoras y sus hogares son temas de importancia que aún no se han abordado con la seriedad del caso en nuestro país. El acceso a la información científica es limitada y se desconocen cuáles son las plataformas o puntos de acceso para la población en general. Aún en la comunidad científica muchas veces hay que pagar ciertos costos para poder tener acceso a información veraz y de fuentes confiables que estén relacionadas con nuestra región. Lo anterior hace referencia a una problemática muy actual: la desinformación, que lamentablemente termina en la mala toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos naturales por parte de los gobiernos.

Un claro ejemplo es la pesca de arrastre. Actividad extractivista que los gobiernos insisten en reactivar, vinculado a los intereses personales de unos pocos, y escudándose en la falta de estudios actuales para el área, pero, sin  tomar en cuenta los registros de información existentes desde hace décadas por investigadores que como Blanco, (2007) consideran que toda la población de camarones se encuentra sobreexplotada desde 1976 y que debe cesar por completo la actividad de pesca de arrastre en el Golfo de Nicoya, no solo por la inexistencia del camarón, sino por el daño que causa sobre la fauna de acompañamiento (FACA) y el fondo marino durante su extracción. Se ha fallado en dar alternativas laborales o de sustento a todas aquellas personas que se dedicaban a esta actividad, y que actualmente se encuentran sin trabajo o con subsidios simbólicos, desmejorando evidentemente su situación y la del cantón de Puntarenas (Murillo, 2018 citado en Obando Campos, 2021).

Otro caso es la pesca de atún. Nuestro recurso marino es prácticamente regalado a embarcaciones de bandera extranjera y vendido a precios desorbitares en los mercados internacionales. Mientras, son intangibles los supuestos beneficios para el estado costarricense, nuestros(as) pescadores(as) viven en medio de la pobreza y el abandono a la espera de políticas ambientales que permitan el desarrollo sostenible de nuestras propias flotas pesqueras.

Ya no hay peces en el mar para que nuestra flota artesanal pueda vender a un buen precio. Los buques pesqueros han arrasado con el recurso disponible y tampoco han dejado a los peces jóvenes para que puedan reproducirse dándole continuidad a la población. Es por eso, que los y las pescadoras deben adentrarse cada vez más en mar abierto para traer el sustento a sus hogares, sus pequeños motores no podrán jamás compararse con las gigantescas embarcaciones de exportación atunero, ni a las redes de kilómetros que utilizan para su faena. El país ni siquiera cuenta con embarcaciones de éstas dimensiones, tampoco con la infraestructura necesaria abastecer la industria como muelles, puertos, centros de acopio o recibidores.

Así mismo, el estado se ha empeñado por mantener vigente y sin modificación la legislación que administra el único recurso marino nacional de potencial económico significativo, el recurso atunero (Pacheco, 2005). En 2002, Incopesca otorgó 54 licencias, por lo que se estima que pudieron haberse pescado cerca de 108.000 toneladas de atún, con un valor superior a 60.000 millones de colones, de los cuales se recaudó apenas 193 millones de colones. De esas 54 licencias, el 50 por ciento se otorgaron gratis, sin pago alguno, gracias a los “incentivos” que forman parte de la Ley de pesca; que permite a los barcos extranjeros registrados en Costa Rica vender al menos 300 toneladas de atún a empresas enlatadoras o procesadoras instaladas en el país a cambio de ese permiso, sin embargo, en el año 2000, diez de este tipo de descargas fueron hechas por barcos que no habían solicitado siquiera licencias para pescar el atún tico (Pacheco, 2005).

Ni Incopesca, ni nadie tiene la posibilidad de determinar cuánto atún se pesca, dónde se ha pescado y en qué sitio se ha descargado, incluyendo alta mar. Es Imposible conocer exactamente hasta dónde llega ese incomprensible “incentivo”, o según el interés nacional, hasta qué niveles se estará sobreexplotando el recurso atunero (Pacheco, 2005). Según la ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436 en el Artículo 51, del producto que se obtenga por los cánones por concepto de registro y licencia de pesca de los barcos atuneros con bandera extranjera, así como de las multas y los comisos generados por la pesca que realicen esos barcos en aguas de jurisdicción costarricense, le corresponderá:

  1. a) 25% a la Universidad de Costa Rica (UCR), para financiar el funcionamiento, la docencia, la acción social y la investigación del Centro Regional Universitario con sede en Puntarenas.
  2. b) 25% a la Universidad Nacional (UNA), para financiar el funcionamiento de la carrera de Biología Marina de su Escuela de Ciencias Biológicas, cuya sede es en Puntarenas; también para el establecimiento, el desarrollo y la protección de un sistema de reservas científicas, marinas y terrestres en el Golfo de Nicoya y las zonas adyacentes.

Todo lo anterior deja al descubierto que a quienes se está “incentivando” es más bien a las transnacionales pesqueras vinculadas a plantas procesadoras instaladas en otros países, beneficiarias directas del pésimo manejo de los recursos naturales costarricenses. Perjudicando a su vez, a sectores claves como la educación, investigación, la organización y la protección ambiental. Sin mencionar aspectos como la vulnerabilidad social de los sectores costeros dependientes de los recursos marinos, y la falta de transparencia por parte de las instituciones y ministerios públicos.

Ya que, es ante la complicidad de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (encargados de velar por que se cumplan los lineamientos del transporte marítimo, y quienes regulan los cánones a cobrar por licencias de pesca y su registro, basados en el cálculo de la capacidad de acarreo real en toneladas) que los atuneros obtienen sus registros anuales reduciendo ”mágicamente” su capacidad real, y claramente, pagando menos por tonelada de registro anual. (Pacheco, 2005).

Ejemplo de ello; el buque Pamela Ann, con bandera de Nicaragua, al que se le cobra por un tonelaje de 420 ton, pero que logró descargar de una sola vez 914 ton. Así mismo, El buque Capt. Joe George de Panamá, es capaz de reportar 420 toneladas de registro y descargar, de una sola vez, 991 toneladas; el Tuna, también de Panamá, se registra con una capacidad neta de 409 y descarga 1.329 ton; al Taurus I, de Venezuela, se le cobra cual si fuera de 441 toneladas, permitiéndosele multiplicar su capacidad al descargar 1.053 toneladas. Y así por el estilo con todos los demás grandes extractores. (Pacheco, 2005).

A paso lento se investigan mejores técnicas que puedan beneficiar nuestras flotillas pesqueras. Un mejor aprovechamiento de los recursos, la reconversión hacia artes de pesca más selectivas y amigables con el medio, el ordenamiento espacial marino y la generación de datos son pasos importantes hacia la protección. Tal como la adopción de la técnica de Greenstick, para la pesca de atún aleta amarilla (Thunnus albacares) aplicada por USA, y en la cual se realizan hasta ahora las primeras investigaciones por parte de Incopesca con miras al ordenamiento espacial atunero (decreto N.º 38681-MAG-MINAE, (Alpízar et al., 2019).

Ante la generación de información de carácter ambiental, los costos por estudios y la falta de ellos a pesar del gran territorio protegido y nuestra enorme diversidad por m2, se vuelve vital la creación de fondos e incentivos por parte del gobierno para la realización de estudios y la generación de información de peso académico, así como su posterior transferencia tecnológica a través de la divulgación de los resultados y experiencias obtenidas.

Otro ejemplo relacionado con la importancia de la generación de datos biológicos se ve reflejado en la población de cocodrilos americanos (Cocodrilo acutus) y la administración que se le podría dar. Pues existe un conflicto que inicia cuando ambas especies (humano-cocodrilo) hacen uso del mismo hábitat para vivir. Pérdidas económicas como la muerte de animales domésticos, sociales como playas que no pueden ser utilizadas por el ser humano debido a la presencia de cocodrilos y un cambio a nivel cultural de las personas que perciben a la especie como una competencia o amenaza son solo algunas de las consecuencias que acarrea la falta de información con respecto a un tema de índole ambiental (Hernández-Jiménez, 2013 citado en Chavarría, 2020).

Algunas actividades como la pesca, el turismo y recreación, además, de establecimientos humanos en las orillas de los ríos, donde hay presencia de cocodrilos, aumentan las probabilidades de que se produzca un ataque al ser humano, dado que el reptil defenderá su territorio, o buscará alimento fácil que brindan los turistas y que ha sido asociado por parte de este animal con la presencia del ser humano (Valdelomar et al., 2012 citado en Chavarría, 2020). La caracterización del hábitat del C. acutus en el Pacífico Central es importante, ya que va a generar información sobre los sitios que más suelen utilizar los cocodrilos de acuerdo a sus requerimientos alimentarios, reproductivos y los sitios de descanso, presentes en el hábitat potencial para esta especie (Hernández-Hurtado et al., 2011 citado en Chavarría, 2020).

Al determinar el estado de las diferentes poblaciones y su proporción de sexos se podría generar un nuevo mercado económico basado en la explotación sustentable y el manejo de las poblaciones de cocodrilo en cautiverio, como es el caso de México específicamente en Chiapas, Sinaloa y Tabasco (Ross, 2011) donde existen granjas que cultivan especímenes para su aprovechamiento comercial de la mano de investigaciones que aseguran la continuidad saludable de la especie silvestre y con un enfoque interdisciplinario sobre el cual debería basarse la conservación de estos reptiles.

Costa Rica es una excelente plataforma para la propulsión tecnológica y económica a nivel ambiental. Si se educa a la población local acerca de la riqueza natural que posee es probable que los diferentes objetivos planteados para el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el cambio climático, como el Acuerdo de Escazú, sean más fáciles de cumplir. Ya que todos tenemos derecho a un ambiente sano y al desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

En el campo de acuicultura también hemos ido desarrollando alternativas a la sobreexplotación de los mares, mediante la implementación de tecnologías limpias que van de la mano con la generación de información biológica. Concretamente en la producción de juveniles de peces de Pargo mancha (Lutjanus guttatus) para su cultivo en granjas marinas por MARTEC, una empresa de mano inversora extranjera, gracias al desarrollo tecnológico que fue gestado por la Universidad Nacional (UNA) y el Parque Marino del Pacifico en acción conjunta.

Lo mismo ocurre con las primeras granjas ostrícolas del país, ubicadas en el Golfo de Nicoya. Donde los y las pobladoras se ven beneficiadas por la generación de estudios y el desarrollo tecnológico en el cultivo y producción de semillas de ostra (Crassostrea gigas) por parte de dos laboratorios de producción marina que forman parte de la UNA en Puntarenas. Y que es cultivada en aguas del Golfo por asociaciones de desarrollo que fomentan el crecimiento de la economía local a partir de la creación y fortalecimiento de las capacidades y cooperaciones interinstitucionales (Quesada et al., 2019).

Finalmente, y en otro orden de ideas, siendo costa rica un país “verde” debería ser fácil el acceso a la denuncia ambiental. Sin embargo esto no es del todo cierto, partiendo del hecho de que la naturaleza nos pertenece a todas y todos, y que tenemos derecho a desenvolvernos en un ambiente sano y a la prevención de su deterioro, la mayoría de las veces las personas  que se ven expuestas a contaminación o injusticias ambientales son aquellas más vulnerables, con baja escolaridad y poca solvencia económica, por lo que no pueden acceder a información, leyes o abogados con facilidad para exigir las reparaciones ambientales que les corresponden por derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Constitución Política Costarricense).

En conclusión, la participación ciudadana y la toma de decisiones, no puede darse desligada al acceso de la información o a la justicia ambiental. Para propiciar una verdadera revolución azul hace falta nuestra integración social como “un todo”. El verdadero desarrollo que soñamos para nuestra Costa Rica empieza por exigir que el eje conductor de nuestras políticas y decisiones sea el aprovechamiento de la abundancia y la riqueza natural de manera sostenible y con buenas prácticas. Así mismo, el Estado debe garantizar la educación ambiental como un pilar en la transformación académica, así como brindar soluciones a personas que dependen de los recursos naturales frágiles como la pesca. Se deben fomentar alternativas económicas que reflejen los esfuerzos realizados durante años en materia ambiental, y en definitiva se requiere con urgencia de la ratificación de tratados y acuerdos como el de Escazú, que buscan la participación ciudadana para el fortalecimiento integral de la protección del medio ambiente.

Referencias BIBLIOGRAFICAS

Bárcena, A., Torres, V., Muñoz, L. (2021). El acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Editorial Universidad del Rosario.

Alpízar, B. M., Alfaro-Rodríguez, J., Rojas, M. G., López, E. A., Ramírez, J. V., Quirós, J. A., … & Pesquero, N. N. (2019). INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN.

Chavarría T, R. (2020). Hábitat potencial y uso de hábitat del cocodrilo americano (Cocodrilo acutus) y su relación con la vulnerabilidad de cinco poblados del Pacífico Central de Costa Rica ante posibles incidentes humano-cocodrilos. Proyecto de graduación presentado como requisito parcial para optar al grado de Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales. Facultad de ciencias exactas y naturales, Universidad Nacional, Costa Rica.

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http://www.asamblea.go.cr/ca/docs_relevantes/constitucion_pol%C3%ADtica_historico_reformas.pdf

Ley de pesca y acuicultura de costa rica N° 8436. Consultada en línea el 23 de septiembre del 2022. Sistema Costarricense de información jurídica (SCIJ). Disponible en:

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=54688

Pacheco, F. (2005). ¿Nueva Ley de Pesca? Revista Ambientico, 139, 10-12.

Quesada-Céspedes, R., Arias-Valverde, S., Pacheco-Urpí, O., Zúñiga-Calero, G., Pacheco-Prieto, O., Vega-Bolaños, H., Calvo-Vargas, E. & Berrocal-Artavia, K. (2019). Retos de la acuicultura marina litoral: Caso cultivo de ostras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. En Y. Morales-López (Ed.), Memorias del I Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, Costa Rica, 2019 (e212, pp. 1-9). Heredia: Universidad Nacional.

Obando Campos, A. A. (2021). ¿Qué pasó luego de la paralización de la pesca de arrastre? Transformaciones en los medios de vida de los pescadores artesanales y semi industriales a partir de las políticas marino pesqueras en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Tesis de maestría en Investigación en Estudios Socioambientales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador.

Ross, J. P. (2011). Conservación y gestión de los cocodrilianos en México. Quehacer Científico en Chiapas1(11), 7-11.

Tabash Blanco, F. A. (2007). Explotación de la pesquería de arrastre de camarón durante el período 1991-1999 en el Golfo de Nicoya, Costa Rica. Revista de Biología Tropical, 55(1), 207-218.

 

Imagen ilustrativa.