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Etiqueta: desarrollo

La competitividad desigual de los cantones del país y la ausencia de soluciones estructurales para reducir las brechas existentes

German Masís

El jueves 11 de noviembre se dieron a conocer los resultados del Índice de Competitividad Nacional (ICN) de los 82 cantones del país, en el que se establecen los diferentes niveles de competitividad y las barreras y brechas que existen entre los cantones de la GAM y los de las demás regiones periféricas.

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

En la primera medición del ICN, elaborada por el Consejo de Promoción de la Competitividad de Costa Rica, solo 12 cantones ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM), de los 82 incluidos en el estudio, poseen condiciones excepcionales para que sus actores económicos se desarrollen; otros 22 apenas se pueden calificar como competentes.

La situación es muy distinta en el resto del país. Un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021).

En efecto previamente, el Índice de Desarrollo Humano 2020 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), había mostrado que la mayor pobreza y desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales y que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

En ese otro Índice, se había determinado que entre los componentes del IDH, las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones eran contundentes, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad. . (Alterdes.cr, nov. 2020).

Así mismo, según la reciente Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2021 las diferencias que se marcan entre la zona urbana y rural y entre la GAM y las regiones rurales y costeras son notorias.

Al considerar la incidencia de pobreza por región en el 2021, la región Central permanece con el nivel de pobreza y de pobreza extrema más bajo del país, con incidencias de 18,1 % y de 3,9 % respectivamente, mientras la incidencia de la pobreza extrema disminuyó 2,1 p.p., en el 2020 se estimó en 6,0 %.

Mientras la región Brunca es la región con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total, en ambos casos corresponde a la mayor variación experimentada entre las regiones, además se ubica como la región con el mayor nivel de pobreza total en el 2021. El porcentaje de hogares en pobreza en esta región en el 2021 es de 33,5 %, lo cual corresponde a un aumento de 7,0 p.p. con respecto al 2020 cuando se ubicó en 26,5 %, por su parte, la pobreza extrema se estima en 10,2 %, lo que equivale a un aumento de 4,3 p.p.

Por su parte, el nivel de pobreza en las regiones Huetar Caribe y en la Huetar Norte es también elevado ya que es de 32,4 % y 31,9 %, en ambas este es el nivel de pobreza más alto desde el 2010. Con respecto a la pobreza extrema, en ambas regiones hay un aumento estadísticamente significativo, de 2,2 p.p. en la Huetar Caribe y de 3,1 p.p. en la Huetar Norte. En la región Huetar Caribe, la estimación de este año (10,4 %) es la segunda más alta desde el 2010, superada por la observada en 2015 cuando fue de 11 %, mientras para la Huetar Norte la cifra del 2021 es la más alta reportada en toda la serie ENAHO, con 12.9 %. (Alterdes.cr, octubre 2021).

Respecto a las causas de las desigualdades regiones, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica el año anterior, había argumentado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo con ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

En tanto en un artículo anterior habíamos afirmado que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha consolidado por más de 50 años en las 4 provincias centrales y en los cantones que forman parte de la GAM, hacia la que se han dirigido las políticas durante varias Administraciones. (Alterdes.cr, febrero,2021).

El estudio referido del INC, revela que las barreras que explican las principales brechas para la competitividad entre regiones son muy variadas. Una de las más importantes es la educación.

La publicación señala que un elevado número de personas adultas no concluyeron sus estudios de educación secundaria a nivel nacional. Sin embargo, también establece que el registro de personas con ese grado supera el 50% en los cantones de desempeño excepcional, en contraposición con los cantones de desempeño deficientes o limitados (30% y 35%, respectivamente).

En los cantones mejor evaluados también existen mejores indicadores relacionados con escolaridad y oferta educativa.

Esto implica que una de las formas en las que un cantón puede obtener ventajas competitivas respecto a otros es precisamente mediante el impulso a la formación del talento humano; primero, mediante la adquisición de competencias básicas y, en un segundo momento, mediante la adquisición de habilidades técnicas y profesionales.

En el caso de los cantones peor evaluados, también existen explicaciones relacionadas con acceso a servicios básicos como agua potable o electricidad.

La inversión per cápita en servicios comunitarios y obras de capital, por ejemplo, es cinco veces mayor en los cantones con niveles de competitividad excepcionales que en los cantones de desempeño deficiente, y hasta dos veces mayor que en los de desempeño limitado.

Por su parte, según el informe el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en los territorios con menor acceso es uno de los factores más determinantes para mejorar los niveles de competitividad en los municipios costarricenses.

Así, por ejemplo, las conexiones a Internet fijo también caen, gradualmente, como proporción a la cantidad de viviendas por cantón, ya que existe un promedio de suscripciones del 101,6% respecto a cada vivienda en los 12 cantones de desempeño excepcional (tomando en cuenta que estos servicios también son contratados por empresas); el número cae a 76,1% en cantones de desempeño competente, a 49,7% en emergentes, a 40,4% en limitados y a solo 17% en deficientes.

Este es el sector en el que se evidencian mayores diferencias entre regiones del Área Metropolitana y la periferia, indica el estudio.

El alcalde de Talamanca ha manifestado que “aquí en el país tenemos dos Costa Ricas, una de ustedes, allá en San José, y otra de nosotros en las zonas rurales. Carecemos de una serie de servicios básicos y eso repercute en estos estudios; son muy diferentes las condiciones de un estudiante de San José con las de otro en Chiroles, acá en zona indígena”. (Nación.com,11-11-2021).

Esa expresión sobre la conformación de dos Costa Ricas, ha sido señalada también por algunos investigadores, entre ellos el economista Francisco Esquivel cuando afirma que hay “una especie de geografía del desarrollo que partía el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia(ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza.(Esquivel, F., 2021,p.222).

El elemento medular entre el centro desarrollado y la periferia poco desarrollada es según Andrés Fernández, investigador a cargo del informe del INC, que existen diferentes factores que explican esta situación y que en su mayoría corresponden a cuestiones estructurales, que no precisamente se resuelven en una sola administración gubernamental o municipal.

Este elemento explica a su vez, por qué proyectos o programas gubernamentales impulsados en algunos gobiernos no logran revertir los bajos indicadores y los rezagos del desarrollo de cantones y regiones periféricas.

Por ejemplo, la Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr, abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en esas regiones, debieran incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020).

Además, y de carácter fundamental, en los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J. et al,Rimisp,2015).

De la misma forma, es cuestionable la validez de la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050,formulada este año por MIDEPLAN, a pesar de que parte de un cuestionamiento a la hiper concentración del desarrollo económico en la GAM, de una nueva visión para la transformación económica y territorial y de que traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), debido a que no plantea con claridad soluciones integrales ante los problemas de descentralización de las actividades productivas y sobre el desarrollo inclusivo de las regiones, dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo nacional.

Alrededor de esta Estrategia Territorial Productiva se plantea que la posibilidad de implementarla dependerá de la promoción de una discusión amplia y profunda con todos los sectores sociales y de la voluntad política de retomarla e instrumentalizarla en el futuro. (Alterdes.cr, julio, 2021).

Porque la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, como lo propone el investigador Esquivel en su libro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.(Esquivel, F., 2021).

Por lo tanto, será insuficiente con llevar la inversión extranjera a los cantones fuera de la GAM como lo pretende el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Competitividad Territorial para Promover la Atracción de Inversiones fuera de la Gran Área Metropolitana que se discute en la actualidad en la Asamblea Legislativa, con el propósito de “llenar de zonas francas” algunos cantones de las regiones periféricas.

Diez tesis para incrementar la inversión en investigación científica y tecnológica endógena en Costa Rica

Grupo ‘Desarrollo Científico y Tecnológico Endógeno’ del Foro Confluencia Solidaria

Introducción:

La capacidad de un país para generar desarrollo científico y tecnológico endógeno es un elemento esencial en la procura de la construcción de una convivencia marcada por la prosperidad y la equidad. Costa Rica, a lo largo de su historia, ha hecho esfuerzos importantes para promover la investigación y el desarrollo y para aplicar estos conocimientos en el mejoramiento de la calidad de vida. No obstante, y pese a la existencia de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (CTI), la investigación científico-tecnológica del país adolece de una serie de deficiencias que impiden su aporte a un desarrollo inclusivo, próspero y con equidad.

El Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborado por el Programa Estado de la Nación, ha mostrado claramente algunas de estas deficiencias, entre las cuales destacan: (1) Muy baja inversión en investigación y desarrollo (según datos de RICYT, esta inversión en Costa Rica para el año 2018 fue de 0,39% del PIB, en tanto para América Latina y el Caribe fue, en promedio, de 0,58%; los países de la OCDE, en promedio, invirtieron en 2019 un monto correspondiente al 2,47% del PIB en este rubro). (2) Una masa crítica de recurso humano en investigación insuficiente y frágil, sin redundancia en la mayoría de las áreas, con brechas de género y alta endogamia. (3) Una producción académica modesta en el contexto internacional. (4) El número de solicitudes de patentes efectuadas por personas residentes en el país es bajo. (5) Se da un escaso encadenamiento entre el sector de investigación y las necesidades de los sectores sociales y económicos. (6) La mayoría de los escasos fondos de inversión se enfocan en la investigación aplicada en detrimento de la ciencia básica.  (7) Hay una limitada integración entre los diversos componentes del sistema CTI.

Es necesario que se genere un consenso a nivel nacional en el sentido de dar a la ciencia y la tecnología nacionales el papel que les corresponde como palancas esenciales del desarrollo. Esto demanda una visión-país y un compromiso sostenido de diversos sectores, incluyendo una fuerte voluntad política e institucional. Esto también requiere una visión de CTI que sea integral, es decir que fomente el crecimiento en todos los componentes del sistema, incluyendo las ciencias básicas, las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y el fomento de vínculos diversos con los sectores sociales y productivos.

Uno de los elementos centrales de cualquier estrategia de desarrollo de la ciencia y la tecnología se centra en la asignación creciente de recursos que permitan el fortalecimiento de una comunidad de investigación y desarrollo robusta y consolidada, en estrecha relación con las necesidades de la sociedad.  El colectivo formado por las personas que integran el eje de desarrollo científico y tecnológico endógeno del Foro Confluencia Solidaria (confluenciasolidaria.org) ha desarrollado, a lo largo de un año, un proceso de consultas y reflexión sobre el tema del financiamiento de la investigación en ciencia y tecnología. El presente texto recoge las principales ideas que han surgido de este proceso. Esta propuesta se presenta en el formato de tesis específicas sobre puntos concretos.

  • (1) Enmarcar la agenda de ciencia y tecnología endógenas dentro de una agenda estratégica de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional y la construcción de resiliencia. 

La mayoría de los países del Sur Global, o países en vías de desarrollo, se caracterizan por un esquema comercial en el que se importan productos esenciales (alimentos, energía y tecnologías cruciales) y de alto valor añadido, mientras que se exportan productos no esenciales y de bajo valor añadido (típicamente materias primas).  Este esquema de comercio coloca a los países del Sur Global en una posición de alta vulnerabilidad ante posibles shocks en los mercados internacionales y ante el tipo de cambio de la moneda nacional con respecto al dólar.  El tener que importar bienes esenciales para el bienestar de la población, como granos básicos, energía y tecnologías claves, hace que estos países sean muy poco resilientes.

En este sentido, aunque Costa Rica se encuentra en una posición menos desfavorable que otros países en vías de desarrollo, en general sigue los mismos patrones: importamos una cantidad considerable de granos básicos, todos los combustibles y gran cantidad de tecnologías esenciales.  Además, una gran parte de nuestras exportaciones de bienes y servicios son no esenciales y se caracterizan por tener un bajo valor añadido, con algunas notables excepciones.

La clave para escapar de esta posición de vulnerabilidad se debe centrar en un esfuerzo concertado de largo plazo hacia el aumento de la capacidad productiva nacional para con ello lograr producir localmente una cantidad cada vez mayor de bienes y servicios esenciales para el consumo nacional y, al mismo tiempo, incrementar el valor añadido de nuestras exportaciones.  El papel de la ciencia y la tecnología endógenas en este esfuerzo nacional por aumentar la resiliencia es absolutamente crucial.  Con un fuerte soporte de ciencia básica, la agenda de investigación científica y tecnológica en el país debe estar, en buena medida, enmarcada dentro de una agenda de aumento de la capacidad productiva nacional, en un sentido muy amplio.  Así, la selección de las grandes líneas de investigación debe responder no solo a las capacidades actuales del país, sino también a las áreas estratégicas que se necesitan fortalecer para lograr una resiliencia sostenible.

  • (2) Garantizar financiamiento para la investigación científica, además del desarrollo tecnológico y la innovación

Muchos de los planes de desarrollo del sistema CTI de Costa Rica confieren un énfasis desmedido al financiamiento de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en apoyo del sector económico-productivo. Si bien este es un componente muy importante del sistema, es necesario mantener una visión integral de la CTI, lo cual implica considerar el financiamiento de la investigación científica como tal, más allá de sus aplicaciones inmediatas. No es factible construir una plataforma eficaz de innovación si no se cuenta con una base científica endógena sólida, que genere ideas novedosas en todos los campos.  La reciente transformación del Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) en la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación generó una honda preocupación en la comunidad científica debido al énfasis excesivo que el proyecto de ley de su creación confiere al desarrollo tecnológico y la innovación y a la escasa atención que le brinda a la investigación científica. Existe un riesgo real de que el grueso del financiamiento que canalice la Promotora se dirija a actividades de innovación y que la ciencia como tal quede desfinanciada.

Se propone garantizar, mediante una reforma a la ley de creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación y mediante procedimientos claramente definidos al interior de esta institución, que un porcentaje mínimo de un 20% de su presupuesto del Fondo de Incentivos (Ley N° 7169) se destine a financiar proyectos de investigación científica, idealmente de carácter inter-disciplinario, orientados a atender grandes desafíos nacionales, en el marco de una agenda científica nacional, en estrecha coordinación con la Academia Nacional de Ciencias. Estos deberían ser fondos concursables, mediante procedimientos rigurosos de evaluación que garanticen la idoneidad de las propuestas que se aprueben y el seguimiento de estas. Así mismo, el financiamiento de la investigación científica debe aspirar no solo al apoyo de proyectos, sino también al fortalecimiento de la comunidad científica mediante la creación de oportunidades de dedicación para que más personas puedan optar por trabajos en el ámbito de la investigación, como forma de combatir el crónico problema de fragilidad y escasa masa crítica de nuestra comunidad de investigación. El fortalecimiento de los grupos existentes y la creación de nuevos centros e institutos de investigación en temas estratégicos para el país es otra necesidad para la cual se requiere contar con financiamiento creciente y consistente.

  • (3) Avanzar por el camino de reformas tributarias de carácter progresivo, que permitan generar recursos frescos para ciencia y tecnología

Es necesario generar un consenso, a niveles social y político en el país, para transitar hacia políticas tributarias progresivas que generen recursos frescos para promover equidad y bienestar a través de programas públicos estratégicos, entre los cuales se encuentra una política científico-tecnológica fortalecida de cara a las necesidades del país. La OCDE ha señalado esta necesidad en el caso de Costa Rica y otras tendencias internacionales apuntan también en esta dirección. El país debe alinearse con estas tendencias. Se requiere generar tributos a aspectos como: (a) Patrimonio (riqueza), (b) salarios y pensiones de lujo, (c) rentas y ganancias de capital, y (d) herencias, por citar algunos ejemplos. Parte de esos recursos se deben destinar a financiar una política nacional estratégica en ciencia y tecnología. Se debe hacer énfasis en que los nuevos tributos que se generan para apoyar actividades de investigación y desarrollo deben ser de carácter progresivo, evitando por ejemplo que se centren en un incremento del IVA y otros impuestos al consumo de carácter regresivo.

  • (4) Fomentar los encadenamientos de las empresas transnacionales de zonas francas con la comunidad de investigación científica-tecnológica del país

Las empresas de zonas francas gozan de importantes beneficios tributarios, además de que el país les ofrece profesionales y técnicos de alto nivel. Pese a sus aportes a la economía nacional, este sector del universo industrial ha quedado debiendo en cuanto a establecer encadenamientos de largo aliento con la comunidad científico-tecnológica nacional. Es tiempo de colocar este tema en el tapete de las discusiones políticas. Por su naturaleza y por sus posibilidades, las empresas de zonas francas deben contribuir de manera más consistente con el desarrollo científico-tecnológico endógeno de Costa Rica. Se propone que el país genere mecanismos diversos que fomenten dicho encadenamiento, los cuales podrían orientarse a destinar parte del ‘impuesto mínimo global’ que se establecerá en el futuro a apoyar acciones de desarrollo científico-tecnológico endógeno, además de generar políticas proactivas de acercamiento y confluencia entre estas empresas y el sector de ciencia y tecnología del país. Para esto se requiere voluntad política de alto nivel, así como compromiso de este sector empresarial y del sector de ciencia y tecnología. Es necesario diseñar políticas nacionales que fomenten estos encadenamientos, y que las mismas estén centradas en el fortalecimiento de la base científico-tecnológica endógena, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, al tiempo que satisfacen necesidades de estas empresas.

  • (5) Destinar un porcentaje del presupuesto de ciertas entidades autónomas al financiamiento de investigación científico-tecnológica

El universo de entidades autónomas de Costa Rica constituye un ámbito con enorme potencial para el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo. Estas instituciones tienen grandes necesidades en la incorporación de conocimiento a sus actividades y líneas de desarrollo, para garantizar una mayor eficiencia y mejores servicios a la población a la que sirven. Aunque algunas de ellas cuentan con departamentos y laboratorios de investigación y desarrollo, estas instituciones podrían aprovechar mucho mejor el enorme potencial de investigación que existe en el universo de los grupos de investigación ubicados en las universidades públicas y otros sectores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, la Ley 7169 de Promoción del desarrollo científico y tecnológico, en el capítulo de Racionalización de los Recursos, incluye varios artículos que facultan a las instituciones de la administración pública que ejecuten acciones en materia de ciencia y tecnología a destinar un porcentaje de su presupuesto ordinario anual a la promoción, el incentivo, la protección y el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología.

Se propone que se efectúen las modificaciones legales pertinentes de manera que las instituciones autónomas destinen un porcentaje de su presupuesto a financiar actividades de investigación y desarrollo. Este financiamiento se canalizaría vía programas específicos, adaptados a las necesidades de dichas instituciones, y coordinados por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Estos entes gestionarían todo el proceso de diseño de concursos, evaluación de propuestas, seguimiento de contratos y evaluación de resultados. De esta manera se desarrollaría una dinámica de mutuo beneficio, mediante el cual las instituciones apoyarían el desarrollo científico-tecnológico nacional y, a la vez, recibirían insumos de conocimiento adecuados a sus necesidades para desarrollar su trabajo.

  • (6) Asegurar un adecuado financiamiento de las universidades públicas para que estas consoliden sus actividades de investigación

Las universidades públicas constituyen el principal reservorio de investigación científico-tecnológica del país, gracias a un colectivo académico diverso en muchas ramas del conocimiento. Existe el riesgo de que, en medio de las dificultades fiscales del país, se limiten los presupuestos asignados a estas instituciones de educación superior, lo cual tendría un efecto lesivo a la ciencia y la tecnología del país. Es necesario que los sectores políticos comprendan la importancia de mantener un adecuado financiamiento del sistema de universidades públicas y que, en estas instituciones, se asigne un presupuesto creciente a la investigación, manteniendo el equilibrio entre ciencias básicas, ciencias sociales, tecnologías y humanidades. También es necesario que estas instituciones consoliden sus sistemas de apoyo y evaluación a las labores de investigación que garanticen excelencia y pertinencia en la generación de conocimiento.

  • (7) Fortalecer, de manera bien concebida y ordenada, las actividades de investigación contratada, venta de bienes y prestación de servicios por parte de los grupos de investigación

 

Los colectivos de investigación del país, sobre todo aquellos ubicados en las universidades públicas, desarrollan una amplia labor de vínculo con necesidades de los sectores externos en el desarrollo de investigación, prestación de servicios y venta de bienes. Los grupos consolidados en determinadas líneas de trabajo tienen la posibilidad de ofrecer este tipo de servicios académicos en el ámbito internacional también. Estas líneas de acción ofrecen oportunidades importantes para apalancar el financiamiento de actividades de investigación y desarrollo en la comunidad científico-tecnológica. Para ello las universidades cuentan con normativas específicas y con departamentos, oficinas y fundaciones que coadyuvan en su desarrollo. En este sentido, la ley 7169 establece que “las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares.”

Es necesario fortalecer estas actividades, al tiempo que se garantice que las mismas realmente contribuyan al fortalecimiento de los grupos de investigación y consoliden su aporte a la sociedad. Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  • a- Se requiere definir claramente de antemano las características de los productos a contratar y considerar aspectos como propiedad intelectual y restricciones en el uso de los productos para investigación. Tales aspectos deben ser reflejados muy claramente en los términos de referencia y los contratos que se generen.
  • b- Estas actividades deben surgir del desarrollo académico de los grupos, aprovechando nichos de oportunidad en áreas de fortaleza académica. Deben ser de un contenido científico-tecnológico alto y no se trata simplemente ofrecer servicios repetitivos por el hecho de que estos permitan obtener fondos. La idea es no competir con lo que ofrece el sector externo / privado, sino ofrecer servicios de alto contenido en conocimiento.
  • c- Se debe hacer un análisis estricto y riguroso de costos y de determinación de precios de los servicios.
  • d. Estas actividades deben mantener un equilibrio con las actividades de generación de nuevo conocimiento mediante la investigación en las unidades académicas. Es decir, la prestación de este tipo de servicios no debe distraer a los grupos de investigación de su función central de generación de nuevo conocimiento.
  • e. Los montos que se perciban producto de investigación contratada, venta de bienes o prestación remunerada de servicios deben servir para financiar actividades esenciales de investigación en la unidad académica correspondiente y en la universidad.
  • f. Pese a la conveniencia de que exista una normativa clara y transparente que regule este tipo de actividades, la excesiva tramitología y burocratización, lo cual demanda una cantidad creciente de tiempo por parte de las personas investigadoras, constituye un lastre que se debe resolver. Es necesario que las universidades generen esquemas más eficientes de gestión de estos proyectos, y ofrezcan apoyo administrativo sustantivo a las personas investigadoras, para que estas puedan concentrar su esfuerzo en la actividad científico-tecnológica creadora.
  • (8) Desarrollar una estrategia de cooperación científica internacional ambiciosa que permita acceder a fondos para investigación

El país desarrolla esfuerzos importantes en la procura de fondos internacionales para investigación. Es necesario fortalecer esa línea de trabajo, mediante la mejora en la coordinación de las instancias públicas e institucionales relacionadas con cooperación internacional, incluyendo los ministerios, las universidades y las instituciones autónomas, de manera que se despliegue una estrategia bien concebida de detección de oportunidades de financiamiento de investigación y desarrollo de fuentes internacionales.

Es necesario apoyar de manera efectiva a los grupos de investigación que logran establecer cooperación internacional con colegas, grupos e instituciones, para desarrollar plataformas que faciliten, y no entraben burocráticamente, estas relaciones.  Se requiere procurar que Costa Rica se integre a programas globales como Horizonte Europa, bilaterales como Dimensions of Biodiversity (National Science Foundation, EE. UU.) y otros semejantes, mediante emisión de deuda para cubrir nuestro compromiso financiero con el programa y permitiendo que los presupuestos se conciban y ejecuten como inversiones. Es urgente desarrollar una estrategia nacional de ‘diplomacia científica’ que incluya este aspecto de obtención de recursos para investigación y desarrollo y establecimiento de alianzas estratégicas con grupos internacionales. En dicha estrategia deben involucrarse diversos sectores de manera coordinada. En este ámbito de acción, el fortalecimiento de la relación con la diáspora científica costarricense ocupa un papel clave.

En este tema se debe considerar la procura de préstamos externos para apoyo de desarrollo científico-tecnológico, en el contexto de una estrategia país clara en este tema y cuidando el precepto de asegurar el desarrollo integral de todos los componentes del sistema CTI. Este tipo de préstamos contribuye a consolidar las plataformas de equipo científico-tecnológico, la formación, inserción y retención de recurso humano calificado en ciencia y tecnología, y el financiamiento de proyectos de carácter interdisciplinario que aborden temas de gran complejidad y relevancia para el país, entre otras posibilidades.

  • (9) Desarrollar un programa de reformas legales que faciliten el desarrollo de la ciencia y la tecnología

Existen una serie de regulaciones en la normativa vigente que limitan de manera importante el desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluyendo su financiamiento. Es necesario efectuar un análisis minucioso de estas trabas y ‘cuellos de botella’, por parte de las autoridades en ciencia y tecnología y de la comunidad académica, para promover modificaciones a la normativa. A partir de este análisis deberían surgir propuestas y proyectos de ley dirigidos a modificar estas trabas y facilitar las actividades de investigación y desarrollo. A manera de ejemplo, se requiere impulsar la reforma del artículo 93 de la Ley 7169 para que indique que presupuestariamente las labores de investigación se consideren como inversiones y no como una actividad ordinaria, de manera que se permitan los presupuestos plurianuales para desarrollar proyectos ambiciosos de largo aliento. Como esta, hay muchas otras instancias de tipo normativo cuya modificación y ajuste apoyaría de manera significativa el trabajo en ciencia y tecnología.

  • (10) Generar mecanismos para que el sector privado invierta más en actividades de investigación y desarrollo

Una de las principales deficiencias en ciencia y tecnología de Costa Rica es el escaso financiamiento para actividades de investigación y desarrollo por parte del sector privado. La inversión en investigación y desarrollo en Costa Rica gira predominantemente alrededor del sector público. Esto marca un contraste enorme con países con mayor nivel de desarrollo en este ámbito. Es necesario que el porcentaje de inversión en este rubro correspondiente al sector privado se incremente significativamente. Ello demanda cambios importantes en la cultura de este sector en cuanto a comprender la relevancia de estas actividades, así como modificaciones en normas y leyes que favorezcan dicha inversión. También es necesario afinar y mejorar los mecanismos de interfase entre el sector privado y la comunidad generadora de conocimiento en ciencia y tecnología mediante la investigación. Es necesario fortalecer y ampliar los programas de banca para el desarrollo, así como generar nuevas líneas de crédito para actividades de investigación y desarrollo.

A manera de conclusión

Pese a que Costa Rica ha efectuado ingentes esfuerzos a lo largo de su historia para desarrollar su capacidad endógena en ciencia y tecnología, existen enormes deficiencias y rezagos para lograr que estas actividades se conviertan en verdaderas propulsoras de procesos de desarrollo centrados en la procura de la equidad y la prosperidad, no solo para ciertos sectores sino para toda la población del país. Ello demanda una estrategia nacional integral de desarrollo de la ciencia y la tecnología, que incluya los diversos componentes de un sistema que es sumamente complejo y que debe incorporar la generación de conocimiento a través de la ciencia básica y las ciencias sociales, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de ese conocimiento a amplios sectores de la sociedad. Ello exige un esfuerzo concertado nacional con amplia participación ciudadana y con clara voluntad política. Entre las muchas tareas pendientes para lograr este objetivo como país, un elemento central es incrementar significativamente el financiamiento de las actividades de investigación y desarrollo mediante esquemas renovados y creativos que involucren a sectores diversos en el marco de una estrategia nacional con visión de futuro. El Foro Confluencia Solidaria llama a efectuar procesos de discusión, análisis y toma de decisiones para que la investigación científica y tecnológica de Costa Rica cuente con el financiamiento adecuado, en el marco de una estrategia nacional de largo aliento, de manera que esta faceta de la vida nacional cumpla un rol protagónico en la construcción de una convivencia marcada por la equidad y la prosperidad colectivas.

UCR: La Sede del Sur y la generación de valor público en la Región Brunca

Planificación

Inicia el proceso de planificación por resultados, el cual toma en cuenta las necesidades y expectativas de la población de la Región Brunca

Debido a la falta de aulas, el icónico edificio conocido como el Club Centro, actualmente se utiliza como edificio de aulas. Esta Sede, que pasó de ofrecer 4 carreras en el 2014 a 10 carreras en el 2021, además inició con la oferta de posgrados. Foto: cortesía de Yendry Lezcano.

La sede regional más joven de la Universidad de Costa Rica, la Sede del Sur, creada el 6 de diciembre del 2019, inició su tercer proceso de planificación estratégica con el propósito de responder a las necesidades de desarrollo de la población de la Región Brunca en el próximo quinquenio, y así generar valor público a la ciudadanía.

Para esto, de la mano de la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), durante el 2021 se han realizado consultas a los principales actores sociales de la región, como, por ejemplo: empleadores, sector privado y ONG´s, representantes de comunidades indígenas, representantes de las instituciones públicas, egresados y estudiantes de la sede, entre otros que aportaron información clave sobre la situación de la región.

“Una planificación que se fundamenta en la consulta multisectorial, nos permite que la Universidad de Costa Rica en la región Brunca se desarrolle en concordancia con las expectativas y necesidades que se tienen en la región” apunta la M.Sc. Georgina Morera Quesada, directora de la Sede del Sur.

La directora recalcó que la Universidad en el sur, no solamente tiene como objetivo formar profesionales, sino también incidir en procesos de desarrollo social y económico. Por lo cual, tener una visión más integral e integradora permite que realmente la labor de la Universidad tenga incidencia en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de la región.

Con ella coincide el Vicerrector de Administración, Dr. Roberto Guillén Pacheco: “Es fundamental en cualquier proceso de planificación entender las necesidades y expectativas de la población para ver cómo las podemos llenar y verificar si las estamos llenando o no. Entonces la creación de valor público significa no solo planificar acciones para llenar esas necesidades, sino también la medición y analizar qué tan eficientes y efectivos somos”.

Valor público de la Universidad en las regiones

La Sede del Sur es la primera unidad de la UCR donde se aplicará el modelo de planificación por resultados. Seguidamente, la OPLAU desarrollará este mismo proceso con la Sede de Guanacaste, la Facultad de Ciencias Sociales y la Vicerrectoría de Acción Social, como parte de un plan piloto. Este modelo de planificación pone en el centro la generación de valor público.

«Las sedes regionales son esenciales en la generación de valor público de las universidades, pues cumplen un papel más allá de su rol académico, también cumplen un rol como catalizador y promotor del desarrollo social de esa región, van más allá de una oferta académica que responda a demandas específicas», Dr. Roberto Guillén, Vicerrector de Administración.

“Para hablar de cómo apoyar a las sedes regionales debemos partir de un plan estratégico universitario enfocado hacia resultados y las sedes deben tener mucha claridad con respecto a esa función estratégica que tienen en las regiones. A partir de ahí podemos estructurar en el corto, mediano y largo plazo cuáles son los recursos y los medios que se necesitan para cumplir con esas estrategias,” enfatizó el vicerrector.

Por su parte, la Mg. Anabelle Mora Bonilla, jefa de la Sección de Planeamiento de OPLAU destacó el fuerte compromiso de esta Sede, desde que era un recinto, con los procesos de planificación. “Estamos iniciando el tercer plan estratégico de la Sede del Sur, ellos han venido planificando por diez años y les ha ido muy bien. Este es el primer plan que se hace como Sede lo cual significa un gran reto”, acotó.

El proceso dará como resultado un plan táctico donde se establecen las líneas de trabajo para los próximos años. En la cadena de resultados se establecen los productos esperados (bienes o servicios), los insumos (recursos humanos, financieros, equipo, mobiliario) y las actividades necesarias para el logro de los objetivos. Así mismo, se visualiza los efectos o cambios en estados de las personas beneficiadas en el mediano plazo y el impacto de las acciones para el cambio de largo plazo en el desarrollo de la sociedad.

El Vicerrector de Administración, Dr. Roberto Guillén Pacheco, junto con personal de OPLAU y de la Sede del Sur, relizó un recorrido por las instalaciones de la Sede el pasado 31 de julio. Allí observaron las mejoras realizadas y las necesidades de infraestructura pendientes. Foro cortesía: Yendry Lezcano.

Necesidades y expectativas

De acuerdo al «Análisis socio-económico de los factores productivos y de competitividad en la zona Sur de Costa Rica», elaborado en el 2020 por la Agencia para el Desarrollo Zona Sur, en la región Brunca el contexto social y económico plantea un escenario de grandes necesidades y oportunidadesa. Por ejemplo; es la región de mayor desigualdad social en el país y tiene el índice de desempleo más amplio pero tiene un importante potencial de competitividad.

En esta zona las principales fuentes de empleo están en los sectores de agricultura, ganadería y el comercio (Censo 2011, INEC), prevalecen cultivos como la palma aceitera, la piña y pastos, cultivos de extensión que favorecen poco la calidad de vida de los pobladores.

Por otra parte, hay una alta presencia institucional pública, alta participación de población en organizaciones cooperativas, asociaciones y organizaciones comunitarias. Además, es una región con alto capital natural. Para la directora de la Sede, todo ello supone una oportunidad para seguir desarrollando la investigación y la acción social.

En el estudio sobre mercado laboral realizado por OPLAU también se observan oportunidades como la presencia de la marina en Golfito, un mercado incipiente de energías renovables y el potencial para desarrollo de emprendimientos en turismo, gastronomía y transporte en los diferentes cantones. Estas condiciones dan luces sobre el tipo de oferta académica que requiere la región para favorecer la empleabilidad.

 “En las consultas vimos que hay una gran necesidad de capacitación, cada vez más las comunidades y las organizaciones entienden que la UCR no solamente capacita para la formación profesional, sino que también somos coadyuvantes en procesos de desarrollo de habilidades y competencias en grupos y organizaciones que requieren capacitaciones muy específicas para sus necesidades”, acotó Morera.

Otro tema que se mencionó es la necesidad de apoyo a las organizaciones en el planteamiento de proyectos de desarrollo para que puedan acceder a oportunidades de recibir fondos. También se planteó la necesidad de fortalecer el manejo de un segundo idioma, especialmente en esta zona que está apostando al turismo y al comercio, y se mencionó el deseo de los pobladores de contar con formación en las áreas de artes y letras.

Priorizar en tiempo de limitaciones

El proceso de planificación estratégica de la Sede del Sur ha revelado oportunidades donde las universidades juegan un papel importante para avanzar hacia un desarrollo humano con equidad y sostenibilidad ambiental. No obstante, aprovechar estas oportunidades requiere de recursos económicos que en la actualidad son limitados, esta es una realidad que reconocen las autoridades universitarias.

Al respecto, el Dr. Roberto Guillén, reconoció que actualmente los recursos no solamente están limitados, sino que la institución vive un proceso donde no están muy claramente definidas las reglas del juego por parte del Estado, lo cual genera mucha ambigüedad en el uso de los recursos, las condiciones y montos a ejecutar.

“Eso exige un mayor esfuerzo de planificación, de coordinación y seguimiento, o sea, una planificación muy efectiva y basada en el logro de resultados concretos, que no solo nos permita saber que estamos caminando hacia donde debemos caminar, sino también que le tenemos que demostrar a la sociedad costarricense que estamos generando resultados” señaló el Dr. Guillén.

Así mismo, agregó la importancia de demostrar que “esos resultados son valiosos, que crean valor público para la sociedad, pero principalmente para las regiones, y en especial regiones rezagadas en el desarrollo nacional como las regiones costeras; Puntarenas, Limón y Guanacaste, pero sobre todo la región Sur Sur”.

Este proceso de planificación es liderado por la Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), como parte de un esfuerzo mayor de llevar a la Universidad de Costa Rica hacia un nuevo modelo de planificación por resultados que permita poner en el centro el valor público de la Universidad. Además, permitirá alinear a la Sede con las Políticas y el Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Costa Rica y el Plan Nacional de la Educación Superior (Planes).

 

Katzy O`neal Coto
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

¡Al Rescate de JAPDEVA!

SURCOS comparte la siguiente información:

San José, 16 de junio del 2021

Señor
Carlos Alvarado Quesada.
Presidente de la República de Costa Rica.

Estimado Señor presidente:

Nosotros, expresidentes ejecutivos, de diferentes períodos, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), preocupados por la situación del sector portuario del Caribe costarricense, y ante la crisis nacional y provincial de Limón, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Durante sus primeros 57 años de vida, JAPDEVA fue una Institución robusta y autosuficiente, gracias a los ingresos que percibía de la actividad portuaria. Como suele suceder con todos los puertos del mundo, JAPDEVA tenía una amplia incidencia en todo el quehacer de la región en donde se encuentra y con la aparición de APM Terminal se denota un vacío de liderazgo en todos los asuntos comunales de la provincia. La Institución destinaba una parte importante de sus ingresos, para promover el desarrollo rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica, generando bienestar y contribuyendo en la atención de emergencias climáticas en la región.

Señor presidente, como usted bien lo señaló en su Informe Presidencial de mayo del presente año; “El caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es complejo y da para mucho debate. Lo cierto es que al firmarse el contrato en 2012 para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se concretó ahí fue el traslado del 84% de la carga y el 80% de los ingresos de JAPDEVA a la TCM, a cambio de un canon. Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación portuaria adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además, sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto.

Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa. Como Gobierno, en representación del Estado que firmó este contrato, velaremos por su cumplimiento. Pero no podemos dejar de mencionar esta realidad. (…)” El destacado es nuestro.

A partir de lo anterior, el efecto en las condiciones financieras de la Institución, han sido desastrosas y en consecuencia, su capacidad para coadyuvar en la generación de empleo y apoyar en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han sido nulas; tal y como ha ocurrido, con muchos empleadores de la zona, incluido el sector exportador y productor del país, debido al incremento en el costo de los servicios portuarios, por parte del concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y a todo esto, hay que agregar la tardanza de la operación en la TCM que incide en los tiempos de espera, las pérdidas de las citas previas y la formación de largas filas de furgones en la ruta 32.

La Ley N° 7404, Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, (LCOP), en sus Artículos 1 y 7 se indica lo siguiente: Artículo 1: “La concesión de obra pública, es el instituto jurídico de derecho público, mediante el cual, el Estado encarga a una persona, la ejecución de una obra y le transmite, temporalmente, los poderes jurídicos necesarios para que la explote, por medio del pago de una contraprestación o tarifa, que abonarán los usuarios, con la autorización, control y vigilancia de la administración, pero por cuenta y riesgo del concesionario”. Artículo 7: “La explotación del bien objeto de la concesión, se entenderá siempre para beneficio del interés público. Este propósito se cumplirá, con la prestación del servicio público, según los siguientes principios: conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad y justa retribución “.

De conformidad con lo establecido en la Ley LCOP, un puerto dado en concesión se construye, para plantearse un beneficio económico para el concesionario y también para el país, tanto para los usuarios del nuevo servicio, así como en lo social; es decir, el país tiene que sacar un beneficio de menores costos y mayor eficiencia.

Como usted mismo Señor presidente, muy acertadamente reconoce que, con este contrato, se cedió contractualmente una actividad económica, a cambio de una prestación no equilibrada; un negocio público, a un privado, sin una compensación adecuada, sin garantías de mejores tarifas y mejor operación.

Nosotros, preocupados por la situación de JAPDEVA y del País, coincidimos con usted, en que la relación contractual de APM no es equilibrada ni justa, situación esta, que queda reflejada con las múltiples quejas del sector exportador e importador y, a las nefastas consecuencias que se visualizan sobre las finanzas de JAPDEVA, el desempleo y la falta de fuentes de trabajo en la Provincia de Limón.

La firma de este contrato, entre APM y el Gobierno de la República, ha generado gran incertidumbre por los puestos de trabajo que han tenido y tendrán que disminuirse en JAPDEVA.

De acuerdo con las bases de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (LCOP), los principios que inspiraron a la Administración Pública a suscribir ese contrato, no se está cumpliendo y, por lo tanto, al revisar los aspectos jurídicos contenidos en la Ley General de Administración Pública, relacionados con el interés público, se corrobora, que éste debe prevalecer sobre el interés privado. El propósito del contrato no es hacer que solo el concesionario obtenga un beneficio justo, sino satisfacer el interés público del país, de los exportadores, importadores y de la población en general, mediante la obtención de una mejora sustancial en el concepto de tarifas y servicio. Tiene que darse un equilibrio entre las partes, Concesionario y Estado.

Ante tal situación y conscientes del grave daño que se le está provocando al País y a JAPDEVA como Institución, creada por ley para promover el desarrollo rápido y eficiente en la Vertiente Atlántica, teniendo a la vista los resultados ya señalados de altas tarifas e ineficiencia en el manejo portuario, todo esto relacionado en su Informe Presidencial ante el Congreso de la República, presentado el pasado primero de mayo 2021 y, por las múltiples quejas de todos los sectores usuarios de los servicios de APM y el clamor de la comunidad limonense, le solicitamos de manera muy respetuosa las siguientes acciones:

Revisión del Contrato de Concesión para un mejor equilibrio de las partes.

Iniciar de manera urgente un proceso de revisión del contrato firmado con APM, en cuanto a sus elementos económicos, financieros y técnicos, que den equilibrio a todas las partes, teniendo como prioridad satisfacer a cabalidad los aspectos relacionados con el interés público del país, que dieron origen a la necesidad de suscribir este contrato de concesión. Dicho análisis permitirá definir a ciencia cierta lo relativo al rescate de la concesión por razones de interés público en la misma vía de conclusión de su informe presidencial y de acuerdo con lo establecido por el contrato de concesión en su cláusula 18.3.1

Aplicación de Sanciones por Incumplimientos.

Señor Presidente, respetuosamente le pedimos que como miembro de la Administración Concedente Compleja del Contrato de Concesión de la TCM, instruya al señor Ministro de Transportes para que en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) proceda con la urgencia del caso a verificar el estado actual de los procesos sancionatorios (denuncias) que debe tramitar el CNC de acuerdo a las disposiciones del régimen sancionados del contrato de concesión y el artículo 137 del Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.

Lo anterior considerando las denuncias realizadas por los empresarios y usuarios de los servicios públicos que fueron concesionados. ANEXO.

JAPDEVA debe asumir su rol en el Desarrollo de la Provincia de Limón.

Intervenir de manera urgente y tomar las acciones necesarias para estabilizar la situación económica en la Provincia de Limón y, devolver a JAPDEVA, su rol protagónico en el desarrollo de la Vertiente Atlántica, aspecto que ha venido a menos desde la entrada en operación de la APM. JAPDEVA por su parte, ha visto reducido su espacio para atender las necesidades del desarrollo en la región, debido a la pérdida de su capacidad financiera y de su impacto para generar empleo directo e indirecto. Revisar para que sea la Junta Directiva de JAPDEVA juntamente con MIDEPLAN quien en forma separada de lo portuario maneje los fondos provenientes del famoso Canon que por Ley tiene que girar APM Terminal al Gobierno de la República.

Instancia al Poder Ejecutivo.

Le solicitamos señor presidente, muy respetuosamente, que instruya a los funcionarios que corresponda, para que ante el incumplimiento en la aplicación de tarifas (elevadas) y el cronograma de construcción (no se han construido los puestos acordados) que se revise el contrato y en dicha apertura se logren los siguientes puntos:

  • Disminuya las tarifas de APM Terminals que actualmente ahogan a los exportadores.
  • Que los muelles de JAPDEVA puedan atender barcos de contenedores además de los ya pactados, esto con el fin de dar un respiro para incrementar los ingresos de JAPDEVA.
  • Que la Autoridad Portuaria se le devuelva a JAPDEVA en forma clara y definida de acuerdo con la ley.

Instancia a la Junta Directiva de JAPDEVA.

  • Para que JAPDEVA actualice el Máster Plan de sus puertos tanto de Limón como el de Moín.
  • Que con las nuevas proyecciones de atención a buques establezca los Programas de Ingresos y Egresos para que la Institución como tal, logre un punto de equilibrio propio y sea autosuficiente sin tener que apalancarse con el presupuesto del Poder Central.
  • Que JAPDEVA acelere los estudios, planes y programas de los muelles para atender cruceros y la marina.

Con todo respeto, atentamente,

JOSE MANUEL AGUERO ECHEVERRIA (siguen más firmas de otras personas que han ocupado la presidencia ejecutiva, pueden verse en el documento para descargar).

ANEXO

Los representantes de las cámaras de exportadores y navieras están de acuerdo con el reciente castigo que impuso el MOPT a APM Terminals; sin embargo, esperan que a futuro se impongan más, por los constantes problemas operativos de la megaterminal. https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/

Exportadores critican tarifas y fragilidad en servicios de APM Terminals. https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/

Carlos Alvarado pide evaluar gestión de APM Terminals https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-pide-evaluar-gestion-de-apm-terminals

Exportadores y navieros piden sanciones contra APM Terminals. https://www.multimedios.cr/nacional/video-exportadores-y-navieros-piden-sanciones-contra-apm-terminals

Adjuntamos el documento oficial:

Charla gestión cultural y su aporte al desarrollo integral del pueblo costarricense

El día 11 de junio el Programa Alternativas llevo a cabo una charla titulada “gestión cultural y su aporte al desarrollo integral del pueblo costarricense”, en el cual se contó con la participación de:

  • Esteban León, Promotor cultural, municipalidad de Moravia.
  • Laura Gómez, Estudiante de último año de la carrera Gestión cultural.
  • Fabian Madrigal, Licenciado en filología Española, Gestión cultural de la Municipalidad de Palmares.
  • Nicolas Alpízar, Licenciado en Bellas Artes y Máster en Administración de proyectos. Fundador de la carrera Gestión Cultural de la U.C.R

Esta charla se dirigió con base a algunas preguntas, algunas de ellas fueron ¿Qué es la gestión cultural y porque es importante? ¿Cuál es su aporte al desarrollo integral de nuestro pueblo? ¿Cómo, cuándo y porque se funda esta carrera en la sede del Pacifico de la UCR? ¿Contenidos más importantes del currículo de la carrera? ¿Expectativas de trabajo de las y los estudiantes? ¿Cuáles han sido los principales conocimientos teóricos y prácticos adquiridos? ¿recomendaría o no el ingreso a esta carrera a otros estudiantes y por qué?

El vídeo completo se encuentra en el siguiente enlace:

https://fb.watch/63J3dk7cVU/

Conversatorio sobre Ciencias, Educación y Bicentenario

La Biblioteca Nacional y Academia de Geografía e Historia de Costa Rica invitan al ciclo de conferencia y conversatorios con el tema “Extranjeros influyentes en el desarrollo de la educación y la ciencia en Costa Rica”, se contará con la participación de:

  • Yamileth González García, historiadora y Ex-Rectora UCR
  • Luko Hilje Quirós, biólogo e investigador jubilado
  • Guillermo Alvarado Induni, geólogo, CNE

Día: 17 junio 2021
Hora: 4:00 pm.
Transmisión: Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica

Movimiento Cooperativo se manifiesta en contra del acuerdo entre el Gobierno y el FMI

SURCOS comparte el manifiesto público del movimiento cooperativo:

La historia reciente de nuestro país se ha visto marcada de forma positiva por el cooperativismo. Desde quien enciende una luz en la Zona Norte hasta quien tiene una opción de trabajo justo en cualquier cooperativa agrícola de la Zona Sur, impactando a más de un millón de costarricenses y generando empleo a más de 50 mil personas de forma directa y unas 150.000 de forma indirecta.

El legado del Movimiento Cooperativo se respira en nuestras costas, valles y montañas en forma de trabajo, de producción y prosperidad tanto en los centros urbanos como en las zonas rurales, donde el poco o nulo interés comercial del empresariado ordinario no permitiría el desarrollo.

Por ello, y ante las amenazas que nos acechan en la coyuntura actual, el Movimiento Cooperativo de Costa Rica, a través de sus órganos de representación, entiéndase: el Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop); el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) y la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA) y el Comité Nacional de la Mujer Cooperativista (CNMC), manifiestan:

Su oposición firme y contundente al acuerdo entre el Gobierno de la República y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el tanto que dicho acuerdo plantea una amenaza directa tanto para el Movimiento Cooperativo de Costa Rica, como para la clase trabajadora en general, de forma específica a través de dos de los nueve proyectos de ley incluidos en la negociación con la entidad financiera de marras.

El compromiso del Gobierno de la República con las autoridades del FMI de aprobar los expedientes N°21.336 “Ley Marco de Empleo Público” y N°22.369 “Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal”, compromete la economía y la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora costarricense.

En el caso específico del expediente N°22.369, se violenta lo acordado en la Ley 9635, denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la cual se había establecido un aumento en la carga tributaria que recae sobre el Movimiento Cooperativo.

Lo anterior contraviene de forma directa con lo establecido en el numeral 64 de nuestra Constitución Política, donde se establece la obligación del Estado de fomentar el Cooperativismo “como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores”.

 Estos proyectos de ley, lejos de activar la economía costarricense, agudizan aún más la crisis económica que enfrenta el país y que se profundizó a raíz de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia por la Covid-19.

Tales propuestas de ley no son producto de las mesas de diálogo nacional que conformó el Gobierno y de las cuales, de forma activa y propositiva, participamos desde el Movimiento Cooperativo.

Desde los órganos del Movimiento Cooperativo reiteramos nuestro compromiso para contribuir con el desarrollo económico y social de nuestro país, por lo que es nuestro deber advertir sobre las consecuencias que estas iniciativas de ley pueden generar en la economía de quienes menos tienen.

Geovanny Villalobos Guzmán
Presidente del Conacoop
Johnny Mejía Ávila
Presidente Infocoop
Patricia Bravo Arias
Directora Ejecutiva CPCA
Gina Salas Fonseca
Presidenta CNMC
Rodolfo Navas Álvarado
Gerente Cenecoop

Compartido con SURCOS por José Rafael Quesada y Óscar Vargas.

La organización autónoma de las comunidades genera instituciones eficientes

Miguel Sobrado

Proyectos como el Hospital sin Paredes, en San Ramón, en los años 70, con escasos recursos institucionales, pero con la participación activa de 160 comunidades, logró en poco tiempo, a través de un proceso de cooperación orgánica, entre equipo médico y comunidades, índices de salud tan destacados que le merecieron premios de la Organización Panamericana (OPS) y Mundial de la Salud (OMS).

Algo similar ocurrió con los proyectos de Reforma Agraria de autogestión productiva que transformaron, en varios países latinoamericanos a miles de obreros agrícolas desplazados y campesinos sin tierra organizados en cooperativas en exitosos empresarios. ¿Por qué estas experiencias de incorporación de la gente en programas de desarrollo de alto rendimiento y bajo costo no han podido ser replicadas posteriormente a pesar de millonarios programas institucionales que han incorporado entre sus metas participación de la gente?

Muchas razones se han alegado para no haber alcanzado los mismos resultados, o por lo menos parecidos. Han sobrado razones para estas justificaciones, desde los cambios de condiciones y coyunturas imperantes hasta, los más frecuentes, atribuidos al carisma y calidades personales de sus promotores el Dr. Juan Guillermo Ortiz en el caso del Hospital sin Paredes y Clodomiro Santos de Morais, en el caso de la metodología de capacitación masiva aplicada en tres continentes.

Aunque no existen dos momentos iguales en la historia, ni los promotores son repetibles con todas sus calidades personales, si existen diferencias en el enfoque epistemológico que se expresan en los resultados obtenidos.

Diferencias epistemológicas en la aplicación del mismo concepto

La antropóloga norteamericana Lynn Morgan, analizando las diferencias de aplicación del concepto participación entre los impulsores del proyecto original de salud rural que dio origen al Hospital sin Paredes y la de los sucesores que le dieron versión institucional en la Caja Costarricense de Seguro Social, perfiló una interpretación, que es esclarecedora de las diferencias.

El “Hospital sin Paredes” partía de: a) Una comunidad solicitaba su incorporación al programa y nombraba a una miembro de dicha comunidad que era entrenada por el equipo médico para recoger la información sanitaria de cada familia. b) Se realizaba un diagnóstico conjunto de la situación de la comunidad, entre el equipo médico y el comité de salud. c) se analizaba un plan de trabajo con tareas tanto para la comunidad como para el equipo de salud del hospital. d) se le daba seguimiento y evaluaban los avances y resultados del trabajo realizado.

En el plan de trabajo, centrado en la salud de la comunidad, había tanto actividades propias del equipo médico como del comité de salud que era el que se encargaba de mantener el puesto de salud, garantizar la construcción de letrinas y acueducto, como de promover la construcción de caminos y de cooperativas para obtener mejores ingresos.

Se establecía así una estrecha relación de simbiosis que sacaba del hospital los alcances preventivos tradicionales del programa de salud rural y estimulaba el desarrollo regional y comunal, donde el interés y la autonomía de la comunidad era el motor que impulsaba y dinamizaba el proceso.

La reforma de la Ley de Salud que consagró el principio de participación de las comunidades, trasladó el programa del ministerio de salud a la Caja del Seguro Social bajo la figura de EBAIS, desconcentrando la atención primaria en el país.

La aplicación institucional burocrática

Es aquí donde la participación cambia y se adapta a la dinámica institucional burocrática. Ya no se promoverá la organización de la comunidad en comités de salud, como sede de los EBAIS, sino que estos se definen en el plan de la institución. Ya no se trabajará con “enfermeritas” de la comunidad, sino con Asistentes Técnicos de Atención Primaria (ATAP) formados por la Caja, pero lo más importante es que cambia el concepto de participación de la comunidad. En el nuevo contexto no es protagonista con el equipo médico que participa definiendo las causas de sus problemas. Tampoco en la elaboración y aprobación del plan de trabajo, ni en la evaluación de resultados. La comunidad se convierte en una especie de convidado de piedra al que se le comunican los resultados emanados de los técnicos en salud y se le solicita apoyo puntual para labores secundarias, como limpieza del local o renovación de sábanas. De tal forma que el concepto de participación se asemeja más a la que mantiene el cura con el sacristán en la iglesia. En este contexto, no es de extrañar que las comunidades no muestren ningún interés y vean la actividad de los EBAIS como una obligación institucional para la cual cotizan.

Las diferencias en la aplicación del concepto de participación tienen sus raíces epistemológicas en la visión que tienen las instituciones y los técnicos de las comunidades que estimulan o inhiben la autonomía.

Visiones epistemológicas subyacentes

En el primer caso la comunidad es vista como fuente de información y aliada indispensable en la consecución de la salud de la comunidad. El conocimiento sobre la salud y sus soluciones emanan de la realidad y trascienden al conocimiento que cada uno de los actores, los técnicos y la comunidad tienen de sí mismos. No solo crece el conocimiento, sino los recursos y las voluntades para enfrentar conjuntamente los problemas.
La relación entre el equipo técnico y la organización de los comités de salud se convierte en una simbiosis generadora de cambio. Es una nueva realidad que incorpora los recursos y la voluntad de transformación organizada de las comunidades, a la consecución de una salud en el sentido más amplio que se mimetiza con el desarrollo local. Es importante destacar que el concepto de participación aplicado en el Hospital sin Paredes, se basa en un margen de autonomía que concuerda con los principios de la educación de adultos. Al mismo tiempo coincide con los principios de la capacitación a través de la actividad objetivada. Se trata de una relación que, partiendo de la necesidad de la gente, busca soluciones en una relación en una atmósfera de colaboración horizontal, donde los técnicos aportan su conocimiento a una realidad donde esta cobra vida, y encuentra respuesta en la voluntad y recursos de la comunidad.

En el segundo caso partimos de un enfoque ideológico diferente que podemos sintetizar en: las comunidades deprimidas son los perdedores en el proceso de desarrollo y deben ser ayudadas por los técnicos y las agencias de donantes, para poder salir adelante. Desde esta perspectiva, los miembros de la comunidad, para poder salir adelante deben escuchar y seguir las recomendaciones de los técnicos que son los saben.

Detrás de esta visión se expresan también relaciones de poder, tanto políticas, que visualizan el quehacer institucional como parte del entramado clientelista que busca ante todo lealtades, como de los técnicos ubicados dentro la esta estructura institucional. La relación con las organizaciones locales, cuando existe, son de negociación con los dirigentes locales; a cambio de hacer las tareas solicitadas buscan prebendas para sus familias y amigos, lo que no estimula a ninguna de las partes.

En conclusión

Me he concentrado en explicar las diferencias en el caso de la salud rural, por la riqueza del material fáctica disponible, y por la necesidad de utilizar esta experiencia frente a las pandemias y los problemas de salud crecientes como el cáncer y la obesidad, aplicando las posibilidades que abre la nueva tecnología digital.

Pero también por la importancia que puede tener su experiencia para el rediseño de muchos programas sociales, de bajo rendimiento, que pueden transformarse en exitosos con la cooperación entre las comunidades y una institucionalidad renovada que las incorpore como actores activos del desarrollo.

CEPAL: Pactos sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe: ¿qué son y qué papel tienen en tiempos de crisis?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó la investigación titulada “Pactos sociales al servicio del bienestar en América Latina y el Caribe: ¿qué son y qué papel tienen en tiempos de crisis?” de la División de Desarrollo Social de la Cepal. El documento es una entrega de Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea.

El texto aborda desde una perspectiva comparada internacional el papel de los pactos sociales orientados a garantizar el bienestar de la población en América Latina y el Caribe, tomando en consideración el poder de las élites, el papel de los movimientos sociales y la relevancia de las arquitecturas de política social, es decir, la forma en que las acciones y los programas se diseñan desde un inicio.

Asimismo, expone una serie de conclusiones y recomendaciones orientadas a la reflexión respecto de la generación de pactos sociales para afrontar un futuro incierto que, mediado por la pandemia y sus consecuencias sociales, económicas y sanitarias, logre encaminarse hacia sociedades con mayor igualdad y cohesión social.

Puede leer el documento aquí

¿Ante el inicio de la tercera década del Siglo XXI?

Vladimir de la Cruz

Inició el 1 de enero la tercera década del Siglo XX. Para nosotros, en el campo político, es un inicio de lucha electoral por la Presidencia de la República, sus vicepresidencias y por la integración de la nueva Asamblea Legislativa, proceso que inicia este año, se abre para la campaña electoral en octubre y finaliza en febrero, del 2022, en la primera ronda electoral, o en abril si no hubiera un resultado superior al 40 % de votos válidamente emitidos a favor de alguno de los partidos que participarán en las elecciones.

Cuando iniciamos el Siglo XXI, el 1 de enero del 2001, comercialmente se celebró en la noche del 31 de diciembre de 1999 y del inicio del 1 de enero del 2000, hubo grandes premoniciones y presagios sobre este nuevo Siglo y nuevo Milenio. Se hicieron comparaciones, se recogieron visiones del pasado sobre ese acontecimiento, se pensó, y hasta la comunidad científica cayó en el temor, que con el cambio de siglo iba a producirse un descalabro en las computadoras y sistemas informáticos a nivel mundial, lo que no ocurrió.

Algunos, como yo, pensamos que en el campo de la tecnología de los transportes íbamos a estar viendo cambios asombrosos, que no se han dado. Las líneas de diseños de autos no han cambiado sustantivamente, ni nos han metido en un siglo de transformaciones impactantes. Lo más moderno es lo que ha soñado la Primera Dama de su tren superando la chatarra y trenes de segunda que se habían comprado en España. Hasta ahora un sueño…ojalá no sea de opio.

El aerodinamismo como diseño de objetos no me ha provocado a mí nada que me diga que estamos en las primeras décadas de un siglo muy diferente a las últimas dos décadas del siglo anterior.

Los sistemas inteligentes en aparatos de la vida cotidiana no llegan todavía a consumos populares masivos domésticos, quedan fundamentalmente en los

guindajos, algunos de ellos muy caros, que usa la gente, teléfonos, relojes, anteojos, y otros objetos que permiten comunicaciones a todo dar, casi como si fueran minicomputadoras, con mediciones del estado de cuerpo, de su temperatura, de sus composiciones químicas, de la medición de pasos, de consumo de calorías, y muchas otras alternativas que son atractivas a los usuarios, como la posibilidad de control remoto de vigilancia de las casas, de abrir puertas, de prender o encender microondas, refrigeradoras, cocinas, y control de otros electrodomésticos, cerrar y abrir ventanas o cortinas o cortineros, y de pequeños, medianos y grandes robots que colaboren en tareas hogareñas. En fin, en estos aparatos se realiza, en mucho, la vida cotidiana de este nuevo Siglo XXI.

Los autos eléctricos no son una novedad de este siglo, los que se han acompañado de los autos que pueden parquearse solos, que reducen la velocidad frente a otros, para evitar choques o disminuir accidentes, en aviación de pasajeros no se ha deslumbrado con nada especial, ni en el campo de la industria turística marítima, que se mantiene con sus clásicos cruceros.

Los autos voladores se empiezan a mencionar, pero tardarán más que los eléctricos en popularizarse.

La ciencia, la tecnología y la medicina, en constante renovación y desarrollo, nos impactan de vez en cuando con algún avance significativo. Sin embargo, a mi modo de ver, lo que más va a impactar en todos estos campos es lo que se avanza en el campo médico para enfrentar la Pandemia del Coronavirus, y las futuras enfermedades y otras “pandemias” que puedan suceder, por el alto impacto que ha tenido ésta en la economía mundial. Solamente lo que se ha hecho y avanzado, con gran éxito en las distintas vacunas contra este virus es verdaderamente revolucionario en todos los campos.

Es la Pandemia la que va a marcar esta década que inicia este mes de enero. Los efectos que ha tenido en el campo económico, financiero, productivo, de las relaciones internacionales, de los mercados de producción y distribución de productos y de riquezas, de equilibrio y de lucha entre las grandes economías y países. Son los efectos en las relaciones personales, familiares, sociales y políticas que también están siendo definidas por su proyección y alcances, por los hábitos sociales y de relación interpersonal que se han establecido y que difícilmente vayan a cambiar, o a devolverse.

Los afectos y muestras de cariño de las personas cambiarán y se regularán a partir de los cuidados que se han establecido para enfrentar la pandemia, por más que queramos abrazarnos, tocarnos o besarnos socialmente.

En aulas, desde la preescolar hasta la universitaria, igualmente, se establecerán reglas de relación y de contacto personal. Se tenderá a aulas con pocos alumnos, con buen espacio entre ellos. Sus actividades físicas, deportivas y recreativas se modificarán, sin dejar de existir. Se estimularán probablemente, más los deportes de carácter más individual. Los juegos de niños se orientarán, de igual manera, a los que puedan realizar ellos solos, en juegos de mesa, de armar o de construir, de rompecabezas y de pensar. Las tablets, los ipads, los teléfonos especiales para niños que ya se emplean, se harán más universales desde la más temprana infancia, contribuyendo a este aislacionismo de relaciones personales de contactos físicos.

El teletrabajo y la educación a distancia, o teleeducación, o sistemas virtuales de trabajo y de educación, se quedan a partir de ahora. La pandemia los impuso adelantándolos muchos años, demostrando su eficacia, eficiencia, su importancia, su comodidad y su alta capacidad de rendimiento.

Las Oficinas se reducirán en espacio por la extensión a las “oficinas espacios” de los teletrabajadores desde sus viviendas o casas, con más rentabilidad laboral. Se ha demostrado que los teletrabajadores “trabajan” más desde sus hogares casas, sin pagos adicionales, y con control permanente de sus trabajos.

Los efectos organizativos de estas nuevas modalidades laborales y de estudios empezarán a sentirse. Los trabajadores en general disminuirán su capacidad organizativa sindical, los educadores, todos, tendrán que ponerse al día, y más rápidamente que sus estudiantes, en las técnicas de comunicación virtual o computacional, en las nuevas tecnologías, como si fueran chips naturales de su ADN.

La política se transformará en mucho. La Telepolítica que ya existe aumentará. Los auditorios políticos se ampliarán por medio de todas las redes y formas de comunicación colectivas que actualmente permiten reunir, ante un conferenciante, a través de zoom, por ejemplo a más de 700 personas, lo que la universidades, en sus auditorios, no alcanzan ni a 300 cupos máximos, cuando los auditorios son “gigantes”, y cuando hay una tendencia de desarrollar aulas de conferencias, al doble del tamaño de una aula normal, antes que un Auditorio de 100, 200 o 300 personas.

Los auditorios tipo zoom revolucionaron las comunicaciones de líderes, que pueden llegar a amplios públicos e interactuar con cada una de las personas que está allí, de un modo directo, personalizado, si se quiere, con posibilidad de grabar la experiencia y de repetirla y oírla cuando se desee.

¿Cuánto afectará, en estos aspectos, estos elementos de la nueva década a la próxima campaña electoral en Costa Rica? ¿Será como, en los Estados Unidos, desarrolló Donald Trump su campaña y su ejercicio de gobierno, a puros twits?