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Etiqueta: desempleo

El descontento y las movilizaciones regionales en el marco de los movimientos recientes frente a la crisis económica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Se suele pensar que el descontento y las manifestaciones de los grupos y comunidades en las regiones periféricas del país, están influenciadas o determinadas por las organizaciones y por las movilizaciones que se realicen en San José o en las principales ciudades de la Gran Área Metropolitana.

Aunque las movilizaciones y acciones de protesta en las regiones, coincidan con algunas de las demandas más generales de los grupos y organizaciones que impulsan los movimientos sociales en la GAM, aquellas tienen su propia dinámica, sus propios objetivos y sus propios mecanismos de negociación.

En la coyuntura reciente de movilizaciones y protestas en rechazo al proyecto de financiamiento con el FMI y en procura de una reforma fiscal integral y progresiva, del combate a la evasión y elusión fiscal y a otros proyectos que afectan las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores y los pequeños empresarios, las organizaciones en algunas zonas del país, han integrado a las demandas nacionales, sus propias reivindicaciones productivas, de empleo, pobreza e infraestructura, para reducir las inequidades existentes en las diferentes regiones.

En San Carlos, en Guatuso, en Upala, en Sarapiquí, en Pococí, en Siquirres y Liverpool en Limón, en Pérez Zeledón, Buenos Aires, Palmar Norte y Ciudad Neilly, en Cañas, Nicoya, Santa Cruz y La Cruz de Guanacaste, en Puntarenas, Paquera, Jaco y Quepos, las organizaciones y comunidades han efectuado sus movimientos de protesta, han presentado sus pliegos de peticiones y han reclamado el diálogo y la negociación directa con las Autoridades del Gobierno.

Al inicio las acciones gubernamentales estuvieron dirigidas a contener y a eliminar por la fuerza los bloqueos y movilizaciones, pero a partir del Consejo de Gobierno del 5 de noviembre, se prioriza en la negociación y en la búsqueda de acuerdos con los grupos y comunidades regionales para atender sus demandas y eliminar las movilizaciones en vías públicas.

El presidente Alvarado, instruyó al gabinete a intensificar el diálogo y negociaciones para atender las problemáticas y necesidades específicas de sectores y regiones del país, que permitan levantar bloqueos y habilitar las vías que son urgentes para la producción nacional y el abastecimiento de alimentos, así como para la reactivación de la economía y, en particular, de la actividad turística, severamente afectada por la pandemia.

Las reuniones -que tienen como objetivo levantar bloqueos y encontrar puntos de acuerdo- se llevaron a cabo en las regiones Chorotega (Sardinal de Carrillo), Huetar Norte (Guatuso y San Carlos) y Brunca (Pérez Zeledón, Golfito y Corredores), en donde se ha conversado con distintos sectores sobre sus preocupaciones y se han levantado una serie de peticiones que estarán siendo analizadas por las autoridades de gobierno.(ElPaís.cr,7-10-2020)

El mandatario instruyó al ministro de Agricultura y Ganadería, a intensificar un canal de comunicación con los sectores que se han manifestado en la Zona Norte de nuestro país, con el fin de atender, escuchar sus demandas y buscar alternativas conjuntas que permitan solventar las necesidades apremiantes para los sectores productivos y agropecuarios.

También encargó a la ministra de Economía, Industria y Comercio, canalizar las demandas de los sectores en la Zona Sur del país, junto al Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción, con el fin de atender y encontrar soluciones a los problemas que señalan las personas que se han manifestado en la Región Brunca.

Los primeros resultados de este diálogo y escucha focalizada se dieron en el transcurso de los días 6 y 7 de octubre, mediante la intervención de la vicepresidenta de la República, en un trabajo conjunto con los alcaldes de La Cruz y Guatuso, lo que permitió el levantamiento de bloqueos de manera pacífica en dichos cantones.

La vicepresidenta y coordinadora de Franja de Desarrollo Zona Norte se reunió virtualmente con representantes del “Movimiento Pueblo Cruceño” y el alcalde de la Cruz y los ciudadanos hicieron la entrega oficial de un pliego de peticiones y en el cantón de Guatuso, sostuvo una reunión con el movimiento “Pueblo de Guatuso” y la alcaldesa para mostrar la apertura del Ejecutivo al diálogo y recibir una carta con peticiones.

En la Zona Norte, el ministro de Agricultura y Ganadería, sostuvo diálogos con sectores productivos y agrícolas de la zona, con el fin de abrir una mesa de negociación en este territorio. «Nos encontramos en negociaciones con los líderes del movimiento de la Zona Norte que han mantenido bloqueadas las carreteras. En este momento, se encuentran ganaderos de leche de carnes y productores de tubérculos. Estamos avanzando, hemos logrado la apertura de los bloqueos y esperamos el levantamiento para abrir el espacio de diálogo», comentó el jerarca. (ElPáis.cr,7-10-2020)

Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar fin a los bloqueos, el sábado 10, el presidente de la República junto a los vicepresidentes y los ministros de Agricultura y de Desarrollo Humano, recibió a los dirigentes de las manifestaciones de Guatuso, Upala y La Cruz donde se alcanzó el acuerdo de la apertura total de los bloqueos en Guatuso y en Upala.

El mandatario concordó en la no implementación de más impuestos para los más vulnerables, a no privatizar servicios esenciales, ni a la venta de activos del Estado, con la excepción de las ya anunciadas, así como continuar con la apertura gradual del sector turismo y comercial.

Además, el mandatario se comprometió a convocar el expediente legislativo N° 21.935 “Ley de Rescate, Recuperación y Fortalecimiento de Empresas en Situación de Vulnerabilidad y Estímulo a la Producción” y el proyecto de ley “Moratoria a las Deudas del Sector Agropecuario y Devolución de Bienes ya Adjudicados” expediente N° 21.798.

Por su parte, los dirigentes de Guatuso, Upala y La Cruz, agradecieron la apertura del diálogo y le hicieron saber al Gobierno sus preocupaciones en donde indicaron que los pequeños y medianos productores están sufriendo debido a que la pandemia ha golpeado el empleo y la actividad turística en la zona.

Manifestaron que este cantón posee escasas fuentes de trabajo y que aunque el bono proteger ha sido de gran ayuda para muchos hogares, se debe reactivar la economía a través de la inversión y mediante la creación de una mesa de reactivación económica (ElPaís.cr, 10-10-2020)

En la Región Brunca, el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Producción (CNP), se reunió en Pérez Zeledón con agricultores, empresarios, transportistas, entre otros y logró un acuerdo preliminar para permitir el tránsito progresivo de vehículos.  Según éste, le fue entregado un documento con las peticiones que será trasladado al presidente de la República, y agradeció a los participantes por aceptar el espacio de diálogo.

Por su parte, el director de Gestión Presidencial ha mantenido un acercamiento con los líderes de los movimientos y manifestantes de los cantones de Corredores y de Golfito. El funcionario reportó que se han venido conversando sobre algunas de las inquietudes de las demandas que se tienen al respecto a temas nacionales y también sobre sus intereses territoriales.

Igualmente, la ministra de Economía y encargada del programa de desarrollo para la región Brunca, llegó a la zona para tratar los temas que son parte de la agenda del movimiento con el objetivo de generar una ruta de trabajo y una generación de acuerdos. (El Páis.cr,8-10 -2020).

En el Pacífico Central, en medio de protestas y bloqueos de carreteras, el Gobierno, el sector pesquero, molusquero y comunidades del Pacífico Central iniciaron un proceso de diálogo para solucionar diversos problemas que afectan a la población costera.

Los viceministros de Agricultura, Ambiente y el presidente ejecutivo de INCOPESCA en la ruta de intensificar el diálogo con el sector pesquero, molusquero y con comunidades costeras del Pacífico Central y el Golfo de Nicoya, sostuvieron reuniones con representantes de estos sectores, con el fin de trabajar de manera conjunta las soluciones a los problemas que aquejan a estas actividades.

En el encuentro expusieron de manera detallada los proyectos a impulsar desde las organizaciones costeras para mejorar la calidad de vida de las familias que se dedican a la pesca.  Además, cada jerarca informó de los avances en la atención de las demandas y solicitudes de apoyo a proyectos socio productivos.

También el viceministro de la Presidencia, mantuvo reuniones y espacios de trabajo con pescadores y molusqueras de Puntarenas y posteriormente, sostuvo un diálogo con pescadores de la provincia de Guanacaste y atendió al Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas.

En la reunión con la Cámara de Pescadores de Guanacaste, se permitió avanzar en la ruta de trabajo conjunta para impulsar los proyectos de ley referentes al otorgamiento de las licencias de pesca artesanal y otros temas de interés nacional.

Por su parte, el Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas planteó propuestas de 40 sectores de la parte económica de la provincia para el salvamento de las empresas, apoyo a nuevos emprendimientos mediante una mora regulatoria de dos años, nacionalización de mercancías, política pesquera integral y necesidad de un diálogo nacional para un nuevo pacto social y una reforma integral del Estado costarricense.

La organización reconoció la ayuda del Gobierno con iniciativas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), como Jale al Puerto y el impulso que ha dado la Primera Dama en temas de turismo, pero destacó que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado en temas económicos y de empleo(ElPaís.cr,9-10-2020)

El esfuerzo de acercamiento, diálogo y negociación, entre las organizaciones locales y regionales de las zonas Norte, Brunca, Pacífico Central y Guanacaste y las autoridades gubernamentales, muestra una vez más la pertinencia del diálogo franco y constructivo y la negociación abierta y transparente, pero también la validez de los movimientos sociales y de las demandas regionales, así como la necesidad de voluntad política para resolver los persistentes problemas de las regiones.

La emergencia sanitaria y la crisis económica agudizada por las medidas para contenerla, han sido la causa del descontento y las movilizaciones populares recientes en todas las regiones, pero éstas también son la expresión de las desigualdades regionales y del reclamo de las poblaciones locales por las soluciones largamente postergadas por los Gobiernos.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, asegura que las medidas sanitarias para combatir la Covid-19 han repercutido críticamente sobre el empleo y la dinámica económica y comercial, ya de por sí frágiles antes de la pandemia, registrándose cifras inusitadas en materia de desempleo y decrecimiento económico.

El estudio “Protesta y COVID-19 en Costa Rica. Informe marzo-julio 2020”, resalta que los efectos de la pandemia no se han distribuido de manera uniforme; por el contrario, los sectores de más bajos ingresos son los que más han sufrido, no sólo en términos de la enfermedad, pues son los que presentan mayor cantidad de contagios, sino sobre todo en relación a la pérdida de ingresos y el empeoramiento de sus condiciones laborales, sociales y económicas.

En este escenario indica, las protestas de los últimos meses han retratado las disputas latentes y no tan latentes entre los diferentes sectores sociales (y en las distintas regiones del país) y los malestares que persisten con la política institucional, personificada en este caso en el gobierno del presidente Carlos Alvarado.

La crisis económica, la desigualdad social y los problemas de legitimidad de la política institucional, se convierten en factores determinantes para entender el rumbo que ha tomado el país durante la pandemia y también el descontento y las movilizaciones sociales de las últimas semanas.

 

Imagen ilustrativa.

Organización Interseccional Pro Derechos Humanos ante la grave crisis económica y social que estamos viviendo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos CR

El sistema económico capitalista vigente ha entrado en una etapa donde los contrastes entre clases sociales se han agravado, de tal manera que estamos señalados como uno de los países más desiguales del mundo.

Con la crisis sanitaria, estas diferencias se han profundizado y la tasa de desempleo ha crecido a niveles históricamente nunca vistos. Los sectores de la diversidad sexual y de género, especialmente las mujeres trans, son uno de los sectores de los más golpeados por carecer de oportunidades de educación y empleo.

El descontento ha crecido, especialmente cuando se anunciaron medidas dirigidas contra los trabajadores y el pueblo en lugar de instruir a las direcciones tributarias para que realicen la función efectiva para recaudar los fondos necesarios dejados de percibir por las ganancias de empresarios, y fundamentalmente porque estas medidas no se han dirigido hacia eliminar la elusión, la evasión, la exención y la mora en el pago de los impuestos de empresarios poderosos, tanto locales como transnacionales.

El anuncio del posible préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manera de conseguir fondos para el pago de la deuda interna; han provocado con mucha razón el descontento popular. Descontento alimentado, en cierta manera, por oportunistas politiqueros, y noticias falsas, pero que realmente es un descontento sentido y justificado.

La violencia en los bloqueos y ante las Oficinas Presidenciales nos preocupan como Organización, especialmente porque no entendemos que suceda, ahora que se ha llamado a un diálogo nacional. Nos parece que ningún grupo debe negarse a participar ante el llamado presidencial, porque, quien se niegue cerrará las puertas de la credibilidad a sus planteamientos sin embargo también se debe dar participación activa de la sociedad civil.

El presidente, en su alocución referida a los bloqueos de carreteras, anunció que eliminaba la propuesta original, sin embargo, no ha mencionado que no se va a solicitar el préstamo al FMI, tampoco que se ha dejado de pensar en la posibilidad de venta de empresas del Estado, pues no incluyó, por ejemplo, en la lista, no vender la Fábrica Nacional de Licores. Pero rescatamos su llamado a la conversación o diálogo, y nos parece que las negativas de algunos sectores a conversar son injustificadas y solo perjuicio pueden causar a la paz social, ya tan lastimada.

Destacamos eso sí, que ya en las primeras conversaciones se ha logrado que se busque financiamiento al aguinaldo y los aumentos de los empleados públicos.

Creemos que se debe encontrar alternativas al préstamo del FMI, por ejemplo, como la que se ha sugerido de conseguir un préstamo de las reservas económicas y de las inversiones efectivas que mantiene en el exterior el Banco Central, a sabiendas que el sector financiero nacional también es parte del Sector Público Costarricense, además que es el Banco Central de Costa Rica el ente público que se encarga de la emisión y administración de los billetes y monedas.

Y en todo caso los objetivos principales de las conversaciones son investigar y poner denuncias contra elusores y evasores de impuestos. Ya sabemos que este procedimiento es muy lento, la investigación no es fácil, empresas y empresarios esconden sus maniobras minuciosamente. Además, una vez descubiertos y acusados los procesos judiciales duran bastantes años, pero ese camino hay que recorrerlo como una manera de evitar que se siga produciendo este desfalco fiscal que nos perjudica a todo el pueblo. Debe hacerse que los auditores fiscales con los que cuenta el Ministerio de Hacienda efectúen la labor de una forma efectiva para cobrar la cifra millonaria que aún se encuentra pendiente de recuperar y a su vez que esas empresas regulen su situación tributaria eficientemente.

Si el Gobierno necesita más ingresos no debe de ninguna manera cargar impuestos a quienes menos tenemos. Los impuestos deben ser cobrados para quienes tienen más ganancias de sus negocios. Debe revisarse las exenciones que dejan un hueco fiscal considerable.

Sobre los gastos nos parece adecuado, de forma perentoria, la revisión del costo de alquileres, tal y como se está haciendo. Pero a un plazo muy corto hay que construir los tantas veces planeados edificios propios para las diversas oficinas estatales.

Sí a la justicia tributaria.
Adelante siempre adelante.
San José, 13 de octubre de 2020.

La crisis del empleo en Costa Rica, política pública, prácticas empresariales e innovaciones sociales

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte este texto publicado por la Fundación Friedrich Ebert y cuyo autor es el economista Henry Mora Jiménez. En su presentación, se indica:

“Diversas causas, internas y externas, coyunturales y estructurales, institucionales y culturales; han incidido para encender las alarmas sobre la crisis del empleo en Costa Rica. De ahí que, se proponen diversas recomendaciones de política pública, prácticas empresariales e innovaciones sociales para enfrentar esta crisis, la cual es, principalmente, de carácter estructural.

El desempleo tiene múltiples causas y afecta de manera diferente a distintos sectores de la población, por lo que, las propuestas se enfocan en esta diversidad de causas a través de políticas y medidas diferenciadas y focalizadas; pero existen condicionamientos generales que también deben resolverse”.

En el siguiente enlace se puede obtener el documento y conocer más acerca de la Fundación Friedrich Ebert:

La-Crisis-del-Empleo-en-Costa-RicaDescarga

Crisis en comunidades no es reciente

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

 

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Protestas sociales: descontento acumulado

Escrito en . Publicado en Derechos.

Silvia Monturiol Fernández

“Estas protestas sociales están manifestando la heterogeneidad y pluralidad de un descontento que no ha nacido en estas semanas, es un descontento acumulado, donde se combinan muchas cosas”, afirma el sociólogo Abelardo Morales, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

El desempleo, el estrechamiento de las oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida y la desesperación en algunos grupos sociales son –según Morales- parte de los elementos que han generado este descontento acumulado.

Pero también, -dice- hay un enorme desencanto social, no solo con el gobierno, sino con los poderes políticos, las instituciones y la sociedad misma. “Estamos en medio de la sociedad del desorden. La legitimidad y la representatividad de dirigentes, fuerzas políticas, instituciones y organizaciones están profundamente cuestionadas por altos niveles de desconfianza popular en el sistema social y político, y con fundamento”, destaca.

En su criterio, el país se ha fragmentado en numerosos grupos de interés, cada uno sin capacidad de influencia sobre la totalidad social, lo cual -agravado por la desigualdad social-, mantiene al país dividido en diversos frentes, que hasta el momento de instalación de los bloqueos, no dialogaban. “Se había perdido la capacidad de negociación. Estas protestas sociales se han enfrentado a un gobierno débil y errático en sus decisiones”.

Periferia olvidada

A diferencia de protestas anteriores en la Gran Área Metropolitana, protagonizada por empleados públicos y otros sectores con presencia urbana y centralista, las actuales protestas manifiestas en los bloqueos evidencian que hay una periferia olvidada.

“En esa periferia olvidada están los pescadores de las costas, cientos o miles de agricultores, pequeños comerciantes, mujeres, jóvenes, muchos de ellos en francos procesos de empobrecimiento”, recalca el sociólogo.

Reconoce que en los bloqueos de carreteras en la periferia hay muchos actores involucrados legítimamente, pero también hay otros agentes irregulares, lo cual no es extraño. “Cuando hay vacíos de liderazgo y de poder, emergen un conjunto de actores informales o irregulares, incluyendo a las mafias, que ocupan esos vacíos”, subraya el analista de la UNA.

“Eso ocurre en Centroamérica y, si los poderes y actores formales no toman conciencia de ello, podemos tomar el mismo camino. Puede ser un grave error criminalizar la protesta social con el argumento de la presencia de agentes criminales. Estos actores están en muchos espacios no solo de la periferia del país, sino también en la GAM, precisamente como consecuencia de la deslegitimación de la política tradicional”, advirtió.

Por otra parte, considera que mirar las protestas sociales como una reacción a la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pensar que el descontento se va a resolver con el retiro de ese proyecto, es una simplificación o simple ceguedad ante la realidad del país. “El descontento es estructural y está originado por la situación económica, por los efectos de la pandemia, el descontento es político y moral porque está alimentado por la desconfianza”, insistió.

Se requiere más que un simple conversatorio

Al referirse al hecho de que se mantengan los bloqueos, pese al llamado a deponerlos de parte de José Miguel Corrales, de Rescate Nacional, el sociólogo de la UNA insistió en que esta protesta no es un movimiento social, sino que se trata de múltiples fuegos de un descontento que brota por aquí y por allá sin una articulación manifiesta, aunque con muchas articulaciones latentes.

Por esta razón, -dijo- no hay tampoco una relación aparente entre la persistencia de los bloqueos y la mecánica del diálogo, “menos si el diálogo continúa bajo los mismos parámetros en que dialogan las élites, es decir, diálogos pautados desde arriba, desde quien dice o cree tener la palabra, la ley, el monopolio del orden”.

En cuanto al papel que le correspondería asumir al gobierno, Morales considera que debe ser el de facilitador de un diálogo multisectorial, para el cual el gobierno debe ofrecer, lo más pronto posible, un esquema con objetivos y una metodología.

En su opinión, es muy claro que el gobierno no debe pretender ponerse él como el interlocutor de todos los sectores convocados. “Si el gobierno quiere hacer algo bien, deben preparar una plataforma de diálogo con una perspectiva de mediano plazo. No puede organizar un simple conversatorio para que se apacigüe la crisis actual, debe proponer un diálogo para ver problemas y salidas a mediano plazo. Debe ser un diálogo que nos sirva para aprender a dialogar y el primero que tiene que poner en práctica ese aprendizaje es el gobierno”, subrayó el sociólogo.

***Mayores detalles con periodista Oficina de Comunicación 8334-4150.

 

Imagen: UNA.

Enviado por UNA Comunicación.

Foro de Mujeres del Instituto Nacional de Mujeres – un llamado ante la grave situación nacional

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

Las 33 organizaciones de mujeres, feministas y mixtas integrantes del Foro de Mujeres del INAMU manifiestan públicamente su preocupación por la situación de violencia y agitación social que se vive en Costa Rica es producto del deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías de costarricenses, como consecuencia de un profundo proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad. No sólo del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema. A lo que se suma el crecimiento inédito del desempleo en el país y del subempleo. Situación que impacta de manera particular a las mujeres.

La situación de violencia social e inseguridad que se vive en Costa Rica en los últimos días. Y que viene a complicar la de por sí deteriorada situación que enfrenta la economía del país y la vida cotidiana de las grandes mayorías de familias pobres y empobrecidas. Que no sólo han perdido a sus familiares cómo producto de la pandemia provocada por el coronavirus, sino que también han perdido sus de por sí escasos ingresos. Y con esto, su calidad de vida y las posibilidades de una sobrevivencia básica.

Asimismo, denuncia el aumento de la carga global de trabajo de las mujeres de las grandes mayorías, que se han visto recargadas con las responsabilidades de las tareas del cuidado de la salud de las personas sanas y enfermas, con la demanda de apoyo a las y los estudiantes con tareas educativas desplazadas a los hogares y que adicionalmente asumen responsabilidades de generación de ingresos por medio del teletrabajo o ejerciendo actividades en la economía informal. Exponiendo de esta forma su vida y su salud. Situaciones todas que culminan en un aumento de la violencia en contra de las mujeres, que lejos de disminuir en esta coyuntura, ha aumentado.

Ante esta situación de desigualdad estructural y de profundización de las brechas económicas y sociales, el Foro de Mujeres del INAMU DEMANDA:

  1. AL GOBIERNO DE CARLOS ALVARADO la instalación de un proceso de diálogo abierto y transparente que incorpore no sólo al sector empresarial y productivo del país, sino que convoque a los sectores sociales organizados en toda su diversidad. Esto como una muestra abierta e inequívoca de la voluntad política de negociar no sólo la salida a la crisis actual, sino de modificar las condiciones estructurales que han transformado a Costa Rica en uno de los países más desiguales de América Latina.
  2. LA CONVOCATORIA AMPLIA A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y FEMINISTAS AL PROCESO DE DIÁLOGO, de manera que se garantice una representación real de la diversidad de mujeres y sus demandas. Demandamos la integración de las organizaciones de mujeres rurales, urbanas, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas, afrodescendientes, pequeñas productoras y microempresarias, cooperativistas, trabajadoras sexuales y sindicalistas. Así cómo a las organizaciones de mujeres jóvenes y adultas mayores.
  3. LA INSTALACIÓN DE UN PROCESO DE DIALOGO CON TODOS LOS SECTORES SOCIALES QUE SE REALICE CON ÉTICA Y TRANSPARENCIA. Eso implica que a la mayor brevedad se dé a conocer la metodología del mismo, las personas encargadas de conducirlo y los mecanismos para toma de decisiones.
  4. QUE EL PROCESO DE DIALOGO NO SEA SECTORIZADO, NI REGIONALIZADO para que todas las voces puedan escucharse s y construir propuestas y soluciones conjuntas que nos ayuden a mitigar la crisis que vivimos.

¡NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES NI CONTRA LAS FAMILIAS POBRES Y EMPOBRECIDAS!
foromujeres@inamu.go.cr

Imagen ilustrativa, UCR.

El aporte de la estrategia motor rural a la reactivación de las zonas rurales luego de la pandemia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), lanzó la estrategia integral para apoyar la reactivación desde los territorios rurales, denominada “Motor Rural”, que abarca una serie de medidas para promover las actividades productivas y económicas, así como colaborar con ideas e innovaciones que se generen en el sector rural. Con esta estrategia el Gobierno destinará ₡15.200 millones para reactivar la economía de los territorios rurales.

Motor Rural busca ser el mecanismo que dinamice las economías rurales, gracias a un engranaje que contiene diversas áreas”, tales como:

Ruta al Desarrollo Rural, que incluye un conjunto de proyectos de infraestructura pública que el INDER desarrolla en el país, de los que se priorizaron 82 de mayor impacto para la competitividad de los territorios rurales, acelerando su finalización este año.

Se trata de caminos, puentes, alcantarillas; servicios básicos como electricidad y agua; infraestructura productiva como plantas de procesamiento de productos agrícolas y centros de acopio. La inversión en esos proyectos es de ₡12.410 millones y se verán beneficiadas unas 15 mil familias costarricenses.

Crédito en Marcha, es una línea de crédito especial de operación única y por un periodo establecido, dirigido a organizaciones sin fines de lucro de todo el país, como asociaciones de pequeños y mediados productores, cooperativas, Centros Agrícolas Cantonales, entre otros. El crédito estará disponible hasta el próximo 31 de octubre y en una primera fase, el INDER dispondrá de ₡500 millones.

Impulso Rural, es un fondo de recursos no reembolsables para apoyar ideas emprendedoras y novedosas del sector agropecuario, está constituido por ₡300 millones y se podrán girar hasta ₡5 millones por cada idea innovadora. Esta área financiará proyectos e ideas que contribuyan a la generación de ingresos, empleos y dinamismo económico local.

Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, en ésta área se está incorporando más de ₡2 mil millones para apoyar este año actividades agrícolas y pecuarias. Se brindarán insumos, semillas, herramientas, materiales para el trabajo pecuario y agrícola, como motoguadañas, ordeñadoras eléctricas, picadoras de zacate, entre otros, a los productores afectados por la pandemia en los territorios rurales.

Mercado Rural CR, es un catálogo digital de Productos Rurales, para que los emprendedores y organizaciones apoyadas por el INDER en los territorios muestren sus productos, efectúen contactos directos con compradores y puedan mejorar la comercialización de sus productos. Se trata de una plataforma totalmente gratuita para el mercadeo digital de pequeños y medianos emprendedores. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La estrategia Motor Rural, ha tenido como antecedente la campaña y la feria del Orgullo Rural, que la misma institución impulsó en octubre del 2019. Esta campaña destacó que el Orgullo Rural “es participar del desarrollo en cada uno de los 29 territorios rurales del país, en los cuales existen los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural que son oportunidades para que la población de cada territorio tenga voz y voto en las acciones que se toman en pro de su desarrollo”.

Por su parte, la feria surge, “a partir de la necesidad de generar espacios de intercambio de experiencias y capacitación de los diferentes actores de los territorios rurales y además para que quienes habitan en las zonas urbanas conozcan la labor que el INDER está realizando en el acompañamiento de las iniciativas sociales, productivas y con los emprendimientos en la ruralidad nacional”. (INDER, Programa de la Feria, p.1).

En la presentación de la estrategia el Presidente Ejecutivo, expresó que “entendemos la necesidad de plantear respuestas prontas y oportunas a las familias de los territorios rurales. Motor rural se enfoca en la necesidad de disminuir el impacto negativo generado por la pandemia en la condición de las familias; y por ello está dirigido a impulsar acciones para fortalecer las actividades de reactivación económicas de los territorios rurales. (ElPaís.cr, 23-9-2020)

La acción institucional de esta estrategia en las áreas rurales es valiosa y oportuna, tomando en consideración la problemática social y económica que ha caracterizado a estas áreas, ligada a la falta de dinamismo de las actividades productivas, a las condiciones de desempleo, pobreza y desigualdad, al deterioro de la vivienda y la infraestructura social y productiva y a las limitaciones en el acceso a la educación, la salud, los servicios públicos y las nuevas tecnologías.

En el año 2006, un estudio comparativo entre las áreas urbanas y rurales determinó que el bienestar urbano es mayor que el bienestar rural, ya sea que consideremos ingreso o consumo. Sin importar la línea de pobreza, la incidencia siempre será mayor en la zona rural y los hogares agrícolas tienen el menor ingreso promedio.

Los hogares agropecuarios presentaban la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema y poco más del 50% de los hogares agropecuarios se concentran en los quintiles 1 y 2. En ese período el empleo en el sector primario rural se redujo en 10 puntos porcentuales y la desigualdad, por ingreso es mayor en las zonas rurales que en las urbanas. (Saborío, M. y Rodríguez, A.,2006)

Una investigación posterior estableció que, la cantidad de personas que habitan los territorios rurales entre 1960 al 2015 bajó en 43%. A su vez, cerca de 40% de la población se dedica a ocupaciones elementales (no calificadas), principalmente relacionadas con la agricultura y 56% de los hogares se encuentran ubicados en los dos quintiles de ingresos más bajos.

En efecto, si se examina la información de la ENAHO 2017 referente a los quintiles de ingreso per cápita, 60% se ubica en los dos quintiles más bajos; en las regiones Brunca y la Huetar Norte, es alrededor de 70%. En el caso de la primera región, 44,4% de la población se ubica en el quintil de ingresos más bajo.

En términos del indicador de pobreza, cerca de 25% de los hogares rurales se encuentran en una situación de pobreza, muy superior al porcentaje nacional, que se ubicaba alrededor de 20%. La región Brunca registra el mayor porcentaje de hogares en condiciones de pobreza: 32,4%, en tanto en la región Pacífico Central, el porcentaje de personas en condiciones de pobreza es menor que el anterior, pero superior al 30%.

Con respecto al nivel de instrucción de la población rural, en su mayoría como máximo cuentan con sexto de primaria y un porcentaje muy reducido tiene bachillerato de secundaria. El porcentaje de personas con estudios universitarios o al menos que cuenten con una carrera técnica también resulta bajo, en ninguna región supera 10%. Por su parte, el promedio de escolaridad es en todas las regiones alrededor de 6 años.

La tasa de desempleo tiende a ser más alta en las zonas rurales y estar muy ligada a los niveles de escolaridad que muestra la población rural, el cual influye de manera directa en el tipo y la calidad de empleo; de esta forma se visualiza un patrón estructural de desigualdad e impedimento real para la búsqueda de mejores opciones y condiciones laborales, ya que las posibilidades de conseguir empleo se limitan a la dinámica productiva de las regiones.

De ahí que la generación de empleos de calidad en territorios rurales es uno de los principales retos del país, ya que la concentración de la riqueza se presenta en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

La problemática de las áreas rurales plantea una serie de reflexiones que van desde el reposicionamiento de los territorios rurales en términos de la gobernanza y la acción ciudadana, hasta la necesidad de ir trazando el rumbo económico, empleo y desarrollo rural, un desarrollo equitativo, sostenible e incluyente. (Porras, A. y Rivera, R.,2018)

A su vez, los factores que favorecen o limitan el desarrollo territorial, siguen siendo la organización y capacidad de gestión de los actores y grupos locales, la infraestructura existente, la dinámica de las principales actividades productivas, las condiciones medio ambientales, la inversión pública y privada y la institucionalidad pública en los territorios rurales.

Consecuentemente es necesario ubicar las acciones institucionales propuestas por esta estrategia, en la perspectiva de la competitividad territorial y de los territorios innovadores y en la importancia de impulsar esfuerzos innovadores a nivel productivo, tecnológico y social, a partir de que los territorios potencien los recursos naturales y humanos que poseen. (Alterdescr.com, oct,2019).

Secretaria general de la ISP expresa su preocupación ante negociación del gobierno con el F

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Compartimos la carta enviada por Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) a sus afiliadas en Costa Rica, expresando su preocupación con respecto a la negociación del gobierno de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera y su deseo de que el gobierno de Carlos Alvarado replantee su estrategia para recuperar empleos destruidos por la actual pandemia basándose en los planteamientos que los sindicatos y otros actores sociales han propuesto para dar solución a los problemas de evasión y elusión fiscal.

OFICINA SUBREGIONAL PARA AMÉRICA CENTRAL
Apartado postal: Heredia
Santo Domingo 100-3100 COSTA RICA
T/: +506 22448522
psi.central.america@world-psi.org

Ref.: RP/ER/JD/ORL
Contacto: Edith Rojas
edith.rojas@world-psi.org
Oscar Rodríguez L.
oscar.rodriguez@world-psi.org

A: Afiliadas ISP de Costa Rica

ALBINO VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE LA ANEP
RODRIGO LÓPEZ
PRESIDENTE DE ANPE
ALVARO MARIGAL
SECRETARIO GENERAL DEL SITUN
DENNISE BALLESTEROS
SECRETARIA GENERAL DEL SINDHAC
MARIO MENA AYALES
PRESIDENTE DE ANEJUD

23 de septiembre del 2020

Estimada y estimados compañeros,

Deseando que ustedes y sus familias estén protegidos y seguros ante la pandemia del COVID-19, reciban un afectuoso saludo.

Aprovecho la ocasión para hacerles saber nuestra preocupación y solidaridad ante los acontecimientos que en los últimos días han sido objeto de discusión y repudio por las organizaciones sindicales y sociales costarricenses; así como de una buena parte de la opinión pública nacional, a las negociaciones que el Gobierno de ese país está entablando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aplanar la crisis financiera que desde hace aproximadamente una década se ha venido acrecentando en forma exponencial hasta llegar en estos tiempos como consecuencia de la pandemia a un déficit fiscal que se proyecta peligrosamente hasta un 10% del PIB o más al cierre de este año.

Quiero ser enfática -una vez más- al mencionar que una solución estructural a las finanzas públicas no pasa por una mayor carga impositiva-regresiva a los salarios de la clase trabajadora y de quienes aún no se sobreponen a la grave situación económica que atraviesa el país.

Si bien es cierto que el presidente Carlos Alvarado y su equipo económico, requieren de un urgente aumento de los ingresos y de un mayor “control del gasto público”, esto no significa necesariamente echar mano de los recursos financieros asignados a los servicios públicos esenciales y de otras entidades públicas estratégicas para el país y mucho menos erosionar más en la actual coyuntura, la estabilidad y paz social costarricense.

Desde la ISP, daremos respaldo a todas aquellas propuestas e iniciativas que desde un diálogo social real y efectivo sea establecido con los sindicatos, en cuyo caso esperaríamos que el Gobierno de Costa Rica dé marcha atrás a las propuestas encaminadas con el FMI y replantee su estrategia de reforma estructural de manera integral a fin de bajar gradualmente el déficit fiscal en un plazo deseable y ponga en marcha una estrategia de recuperación de los empleos destruidos por la pandemia y genere otros a partir de un mayor aseguramiento de la economía nacional con miras a favorecer a los sectores más afectados de la micro, pequeña y mediana empresa (Micropyme´s), así como el sector productivo nacional, las cooperativas y las municipalidades alicaídas por la crisis sanitaria.

Desde la experiencia de la ISP y en mi propia perspectiva, no son tiempos para provocar una crispación social y política más, toda vez que se pueden encontrar soluciones prácticas al problema central de la crisis económica que atraviesa el país. Estoy segura, que los sindicatos y otros actores sociales, políticos y empresariales progresistas y académicos desde hace algún tiempo atrás, habrán aportado propuestas interesantes, que entre otros aspectos, darían solución a los problemas de evasión y elusión fiscal, en cuya aplicación estricta disminuiría en significativos puntos porcentuales el insostenible déficit fiscal que mantiene al país en esta insondable situación.

Cómo expresado antes, estamos en desacuerdo que como soluciones inmediatas al crecimiento del déficit fiscal, se recorte el presupuesto de las universidades públicas, así como también se implemente una reforma al empleo público que mina los derechos laborales y restringe el derecho a la negociación colectiva en el sector público.

Por último, una imposición del 0,3% las transacciones bancarias con trazabilidad general como medida de regla fiscal, es regresiva e injusta para las y los trabajadores. Siendo, por el contrario que una medida como esta, debería estar centrada en la recaudación de un impuesto a las especulaciones bursátiles, así como también a las transacciones monetarias y de otros valores de gran cuantía provenientes del gran capital nacional y transnacional.

En estos difíciles momentos, la ISP no comparte el criterio del Gobierno que un acuerdo con el FMI es un hito necesario en el proceso de consolidación fiscal y de estabilidad macroeconómica para garantizar el bienestar social y económico del país, cuando se está empujando a lo imposible para que un sector dominante de las élites económicas, continúe descansando su riqueza en el sacrificio injusto e inequitativo del resto de la población. En consecuencia, alcemos nuestras voces para que el pueblo costarricense continúe en la senda del bienestar con una mayor calidad de vida de sus habitantes y en buena gobernanza social en respeto a las garantías sociales y en observancia a un contrato social perdurable en el tiempo.

En solidaridad,
Rosa Pavanelli
Secretaria General de la ISP

APP a las comunidades de San Ramón y Occidente

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

A las comunidades de San Ramón y Occidente

28 de setiembre de 2020
(Comunicado público)

A comienzos de este año, una crisis sanitaria se gestó y la misma ha sido la excusa perfecta para que el gobierno apruebe leyes y dicte medidas económicas antidemocráticas y antipopulares.

La pandemia COVID-19 junto a las malintencionadas políticas del gobierno y su amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, agravó la crisis económica, política y social, que ya nos afectaba como fruto de 40 años de gobiernos neoliberales, aumentando el desempleo, la pobreza y el cierre de muchos pequeños emprendimientos, situación que ya hemos venido denunciando. POR ESTAS RAZONES EN SAN RAMÓN Y OCCIDENTE LAS APP YA NOS MOVILIZAMOS EL 23 DE JULIO Y EL 9 DE SETIEMBRE 2020.

Ese fue el motivo por el cual nos sumamos a la Gran Caravana Nacional que recorrió el país haciendo eco del lema «Costa Rica no se vende, Costa Rica se defiende «, para denunciar la propuesta del gobierno de negociar un préstamo millonario con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cual nos oponemos rotundamente porque la solución no está en seguir entregando nuestra soberanía con más deudas y más venta de instituciones públicas a la empresa privada.

Por esto, la Caravana de relevos en San Ramón y Occidente, el pasado 9 de setiembre, tuvo otro objetivo mayor que consistió en constituir una gran Coordinadora Popular de Occidente, donde confluyan grupos de productores agropecuarios y urbanos, organizaciones comunitarias, colectivos de estudiantes, sindicatos y personas dispuestas a enfrentarse a las nefastas políticas del gobierno. Una organización mayor para los Cantones de Occidente donde se logre la articulación social de diversos sectores, con profunda base popular para lograr un verdadero músculo social capaz de sostener sus posiciones de rechazo ante cualquier intento por acabar con nuestro Estado Social de Derecho, pero a la vez siendo capaces de proponer cambios con incidencia nacional hasta lograr una sociedad participativa donde el Soberano asuma todas las potestades que le reconoce la Constitución Política como Primer Poder de la República. También hacemos un llamado a los diferentes grupos y sectores organizados de Occidente a unirse a la Coordinadora Popular de Occidente y a los diferentes Comités Patrióticos Populares ya existentes en algunas comunidades de San Ramón.

Esta Coordinadora Popular de Occidente, de la cual formamos parte, hace suya la invitación de BUSSCO de crear un Frente Nacional de Lucha y Resistencia contra el modelo capitalista neoliberal (FNLR).

Asimismo, la conmemoración de los 199 años de vida independiente por el gobierno de Carlos Alvarado y la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (UCCAEP) con el apoyo de la mayoría de diputados a la Asamblea Legislativa, se dio en un ambiente de cautela, porque ya se visualizaban los posibles términos con los cuales se negociaría ese préstamo, un préstamo que vendría a reducir aún más la poca independencia, paz y libertad de la que aún gozamos.

Así, como Asambleas Patrióticas Populares (APP) nos oponemos a que se negocie un préstamo con el FMI y respaldamos propuestas económicas que han hecho colectivos como Economía Pluralista, Mujeres en Acción y Mayoría Solidaria cuya visión se centra en atacar los verdaderos problemas de la crisis fiscal como son la evasión y la elusión de impuestos, los fraudes aduaneros, a lo que también se suma la corrupción.

No apoyamos a quienes sólo gritan «no más impuestos», porque entre esos están personas como Otto Guevara, Eli Feinzaig, Álvaro Jenkins nuevo presidente de UCCAEP, y otros que representan al gran capital y son dueños de las empresas beneficiadas por el gobierno con amnistías tributarias y además, no pagan impuestos porque fraudulentamente declaran cero ganancias durante años a pesar de que importan y exportan miles de millones de dólares en sus operaciones.

Y aunque creemos que la manifestación social y el reclamo popular en la calles es justo y necesario, así como un instrumento válido de expresión popular, desistimos de apoyar el llamado que se ha hecho a nivel nacional para el 30 de setiembre, pues quienes lo lideran carecen de legitimidad, no mostraron igual fuerza ni interés ante la lucha con el Combo Fiscal ni contra la Ley Anti huelgas; pero además son oportunistas políticos que están aprovechando el momento para engañosamente cerrar filas hacia su estrategia electoral. Lo que terminará siendo un difusor, distractor y calmante del descontento social, para desvirtuar y debilitar los verdaderos objetivos de nuestra lucha.

ESTAREMOS ATENTOS/AS A LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DE LA COORDINADORA POPULAR DE OCCIDENTE (CPO)

Desde las Asambleas Patrióticas Populares (APP) continuamos firmes en la lucha por Justicia Tributaria y Desarrollo Social.
Nosotros seguimos gritando,
¡Que paguen los ricos su crisis fiscal!
¡Que el pobre golpeado ya no puede más!