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Etiqueta: deserción estudiantil

Nos duelen los guanacastecos

Freddy Pacheco León
Julio 2026

Más allá de las estadísticas que, decía don Pepe, «a veces se usan para mentir», la pobreza en nuestra adoptada provincia es inhumana, injustificable. Una cuarta parte de sus habitantes no tienen ingresos suficientes para cubrir la escuálida canasta básica, por lo cual con costos sus familias alcanzan a tener más de una comida digna al día.

Sin la merecida educación de calidad que se les niega desde temprana edad, los jóvenes pamperos parecen nadar en un mar de desesperanza, donde ya su esfuerzo es desalentador pues se torna improductivo. Sin tener asegurada la tortilla familiar, se ven obligados a abandonar las derruidas escuelas y peores colegios, para buscar dónde «camaronear» con el fin de ayudar con la comidita de sus hermanitos, sus padres, abuelitos y ellos mismos… si es que lo logran.

A ellos, cual, si solo fuesen una estadística, con desprecio los «técnicos» politiqueros del gobierno les llaman NINIS, porque ni estudian ni trabajan, ocultando que eso no es culpa de ellos y sí de las autoridades que se les acercan solo en campañas electorales, para aprovecharse de su desesperante miseria. «¡Tome esta platita y este arroz con pollo, para que nos acompañen a aplaudir a una reunión política!», les dijeron. «¡Hay que acabar con los corruptos que les han robado hasta lo que no tienen!», les agregaron.

Pero pasada esa «fiesta» democrática, en que el partido ganador pagó ¡más de ¢800 millones! a quien supuestamente les hizo las banderas, los que aplaudieron sin saber qué estaban celebrando, regresaron a sus humildes viviendas de latas de zinc, a esperar, inútilmente, por el cumplimiento de las promesas de plaza pública repetidas una y otra vez hasta el cansancio.

Aunque muy pocos pueden aspirar honradamente a mejorar su nivel de vida sin una sólida educación, aumenta cada día el número de los que se suman a los «analfabetos por desuso» que abundan en todo el país, y que no podían faltar, en lo que fuere el viejo Partido de Nicoya del que solo se acuerdan los 25 de julio de cada año. Situación determinante para tales hermanos guanacastecos, pues es casi imposible encontrar trabajos bien remunerados y permanentes que les permitan salir de la amarga pobreza, si se les sigue despreciando perversamente.

Al lado del desarrollo turístico ahora cada vez más “exclusivo” (aunque también en crisis por el alto valor del colón con respecto al dólar provocado por incompetentes economistas) que se nutre del más fantástico ramillete de playas extraordinarias, languidecen desdeñadas dos actividades sumamente importantes: la agricultura y la ganadería intensiva. Miles de hectáreas de tierra fértil, sufren erosión por sequías e inundaciones, ante la negativa gubernamental manifiesta de desarrollar la infraestructura que cambiaría ese panorama de desolación. Mientras la mayor parte del agua dulce del Proyecto Hidroeléctrico Arenal, después de generar la energía eléctrica más barata del país en tres centrales del ICE, fluye irresponsablemente hacia el golfo de Nicoya, vía río Tempisque, el proyecto «Agua para Guanacaste» es obstaculizado por quienes tienen el deber de desarrollarlo. Ante esa realidad, el añorado Dr. Francisco Vargas Vargas, del genuino «Partido Confraternidad Guanacasteca» fundado hace casi 90 años, pampero enérgico, decidido, de pura cepa, ya habría denunciado enérgicamente esa inhumana farsa exhibida por los que, cada año, irrespetuosamente juran estar interesados. Proyecto cínicamente «inaugurado» tres veces en igual número de años, con discursos y música de marimba, para luego del show (como sucederá este año otra vez) regresar al valle central a burlarse de los ilusos que una exdiputada con exagerado poder en Casa Presidencial llamó de manera infame, «los básicos que todo lo creen».

Lo lamentamos mucho pues no es difícil imaginar el desarrollo que experimentaría Guanacaste con la incorporación por riego de más de 16.000 hectáreas a la producción agropecuaria, así como con llevar agua potable a unas 65 comunidades organizadas en Asadas, al tiempo que se impulsarían proyectos de turismo sostenible que sustituirían la extracción de fuentes de agua subterránea. Agua suficiente que sería igualmente bienvenida por una mayoría de pequeños y medianos emprendedores hoteleros, que desde hace años esperan por el líquido vital para desarrollar sus proyectos.

Pero no, ¡qué va! “como es para los guanacastecos fácilmente engañados, no hay que preocuparse mucho”, seguramente piensan, pues en Zapote las evidentes prioridades presupuestarias que se dicen tener en San José y resto del Área Metropolitana, no pueden incluir a Guanacaste, por lo cual, tampoco se le presta atención a las vías de comunicación hacia Puntarenas, ¡ya colapsadas y a punto de interrumpirse!, así como a la carretera hacia Cañas, y otras rutas secundarias fundamentales para el bienestar de los despreciados guanacastecos.

¿Que si nos duelen los guanacastecos?, pues claro que sí. Inevitable es ese sentimiento al evidenciar el maltrato que reciben en «agradecimiento», paradójicamente, a haber tomado la grandiosa decisión de incorporar su riqueza natural y cultural a la gran Patria tica en 1824.

Portada: pintura de Miguel Alan

Replantear la relación de las universidades con las comunidades

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía

Universidad de Costa Rica
francescomc8@gmail.com

En el contexto actual, terminada la comisión de enlace del FEES y una propuesta tajante de un 0% de aumento (bajo el argumento que, en razón de la inflación negativa, resulta ser en realidad un 2%), resuena en mi mente varias cosas, las cuales me gustaría compartir.

Primeramente, yendo al aspecto más medular del asunto, el cual es que, a pesar del mandato constitucional del 8% destinado para la educación pública, en mi poca vida estudiantil y universitaria, jamás he podido observar esto. Siempre en las aulas de Derecho me enseñaron que la Constitución es la norma suprema dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo cual, el sistema que hemos venido arrastrando a través de los años no respeta la jerarquía de dicha norma, así como no se alinea con lo pensado por dicha Asamblea Nacional Constituyente.

En el colegio y en los libros de historia se dice que cambiamos fusiles por libros. Sin embargo, 8 de cada 10 estudiantes no tienen la suficiente capacidad lectora al momento de ingresar a la universidad (de los pocos que entran), la deserción estudiantil es cada vez más común, y poco a poco nos convertimos en una sociedad más violenta.

No busco atribuir culpas ni realizar señalamientos, habría que estar ciego para afirmar que lo anterior es culpa del actual gobierno, incluso, de los últimos gobiernos. Esto va más allá del ejecutivo o de los políticos que se rotan cada 4 años, esto atañe a nosotros como costarricenses y un cambio en las políticas públicas, con el auge del neoliberalismo y el debilitamiento del Estado de bienestar. Les digo, ya entregamos el monopolio de la fuerza, otorgamos el poder, la organización y demás atribuciones que caracteriza al poder dentro de la democracia, lo más que nos queda es que el poder responda a nuestras necesidades y que nos encontremos legitimados para realizar reclamos cuando dichas necesidades no se cumplen.

Con eso parto hacia la próxima idea, sobre las manifestaciones estudiantiles. Las mismas cada vez parecen estar diseñadas y dirigidas para un sector poblacional cada vez más reducido. Si bien defiendo el derecho a la manifestación y la crítica al poder, considero que debe ser ejercido de manera estratégica, con el fin de buscar el impacto buscado. El Movimiento Estudiantil ya no es el mismo de antes, el que jugó un papel protagonista contra ALCOA y el Combo del ICE. Sin embargo, la forma de hacer política no es la misma que durante esos años, la sociedad cambió, así como sus formas de hacerse escuchar y de manifestarse.

Se debe de replantear la forma de hacer frente a las necesidades de las universidades públicas y de la educación superior, no solo del Movimiento Estudiantil, sino también por CONARE, y los demás representantes con algún tipo de injerencia. El discurso actual parece no convencer, ni al ejecutivo, ni al ciudadano promedio de a pie, no es solo clamar consignas vacías ni propuestas que carezcan de ejecutoriedad a corto plazo.

Hemos de reconocer que, en momentos de globalismo, auge de movimientos polarizadores, debemos tomar cartas en el asunto y movilizar verdaderamente, con discursos y propuestas contundentes, que empaticen con el pueblo y que, más importante, le hablen en el mismo idioma.

Costa Rica tiene el fenómeno de ser la democracia más longeva en América Latina, quizás por esto damos por sentado y por seguro lo que en realidad requirió luchas, vidas, negociaciones y sacrificios para tener hoy educación pública, entre otras tantas garantías sociales.

Es por esto por lo que, necesitamos hablar en un mismo idioma, no quedarnos en los conversatorios de las universidades, en las consignas que se repiten, perdiendo su verdadero significado, y comenzar a buscar verdadera conexión y empatía con las comunidades, fuera del pretil y afuera de las aulas. Si continuamos con este elitismo intelectual, hablando en términos que comprenden unos pocos que tienen la dicha de pisar aulas universitarias, cada vez las universidades perderán más fuerza.

Crimen organizado le arrebata jóvenes a Costa Rica

El 54% de los hombres asesinados tiene menos de 35 años

Las brechas socioeconómicas en el país se ensanchan día con día; así lo demuestran todas las mediciones que se realizan en Costa Rica. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y Estado de la Nación coinciden: “la desigualdad en Costa Rica es creciente, independientemente de cómo se mida”; indicaba el Informe del Estado de la Nación en noviembre de 2023.

El informe argumenta que Costa Rica muestra un abandono de sus ideales identitarios de desarrollo humano, lo que se evidencia en el incremento en los índices de violencia, y se confirma con las cifras de homicidios ligados con el narcotráfico que “se alimenta de jóvenes procedentes de hogares con fuertes carencias”, apunta el documento.

A mediados de junio de este año el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizó 406 homicidios, 56% de ellos vinculados con la delincuencia organizada.

Estamos muy lejos de parecernos al ideal de igualiticos que habíamos construido en nuestro imaginario. Costa Rica es uno de los países de América Latina donde la inequidad en la distribución de los ingresos crece desde hace 20 años. Esto sumado a las políticas de recorte presupuestario en inversión social impiden mejoras en la calidad de la educación, en acceso a becas de estudio o transporte o espacios de cuido para las personas menores en pobreza.

Laura Fernández, directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes, alertó que el 38% de la niñez costarricense viven en contextos muy desfavorables y el porcentaje se incrementa en las zonas costeras y fronterizas. Los niños y niñas en pobreza y pobreza extrema, que son 4 de cada 10, son vulnerables a la deserción estudiantil. Explicó que una vez fuera del sistema educativo son presa fácil de los grupos de crimen organizado.

“Están creciendo en un entorno con una gran privación de condiciones, lo cual produce adolescentes que no continúan los estudios, ni están vinculados con el mercado laboral y por tanto tienen que recurrir a la economía criminal como único modo de subsistencia”, señaló Oscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor.

En este caso, el contexto de exclusión social juega en contra de los jóvenes. Pablo Chaverri Chaves, académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de  Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional UNA) explicó que está científicamente comprobado que entre mayores o peores son las condiciones de riesgo en la infancia y adolescencia, mayor es la probabilidad de que esa persona sea involucrada o reclutada por una organización criminal, o tiene mayor predisposición a ejercer violencia para resolver sus conflictos. Este modelo se llama Experiencia Infantil Adversa.

El Observatorio Económicos y Social de la Escuela de Economía de la UNA analizó el perfil de los homicidios dolosos en nuestro país en 2023 y determinó que 54 % de los hombres asesinados tenía menos de 35 años.

Es cuestión de inversión

Los expertos, que participaron en el programa de televisión UNA Mirada, concuerdan en que la situación no se revertirá hasta que se incremente la inversión social y estos recursos mejoren la calidad de vida de las personas en pobreza. El problema es que cada día más y más jóvenes pierden la vida o deciden participar en estos grupos criminales.

“Las cifras de muertos en realidad es la expresión más grotesca de una situación de exclusión, desigualdad social y pobreza que ha venido fraguando en el tiempo”, aportó Valverde con tristeza.

El representante de Paniamor llamó la atención en este punto, pues no se habla de las personas menores de edad asesinadas o implicados en riñas y sicariato; son personas que están en su edad más productiva, por lo tanto hay un impacto macroeconómico por la pérdida o el encarcelamiento de todos estos jóvenes. “A veces los gobernantes justifican muchas de las políticas desde perspectivas fiscales o perspectivas económicas y no se dan cuenta que no atender adecuadamente una problemática tiene un impacto en la producción de un país y por tanto en sus ingresos” señaló Valverde.

En este sentido, la defensora de la niñez considera importante destacar que el control social también está fallando: la familia, los vecinos, la escuela, los espacios de recreación que deberían acompañar y proteger a los jóvenes no está actuando en el momento oportuno.

“Cuando estos controles sociales informales se pierden, debemos acudir a la respuesta del control social formal, que es la policía, y lo que significa es cárcel. Y cuando un adolescente cae en la cárcel, todo el sistema falló en su conjunto, pues nadie actuó a tiempo”, enfatizó Fernández.

Chaverri cuestionó en quién debe recaer la culpa o la sanción de que estos niños y jóvenes se pierdan en manos del narcotráfico y del crimen organizado. El especialista considera que las leyes deben sancionar a los adultos que los reclutan y se aprovechan de sus condiciones de vulnerabilidad, pobreza e incluso abandono emocional.

“En general, las personas victimarias de crímenes violentos tienden a ser jóvenes en sus veintes. Esto puede tener una la explicación en la forma en que los seres humanos se desarrollan, porque aunque legalmente la adolescencia termina a los 18 años, en realidad el proceso de maduración cerebral finaliza a los 25, en la región del cerebro más sensible al contexto social, que cumple un papel fundamental en nuestras interacciones y en la toma de decisiones”, explicó el investigador del INEINA. En su criterio las organizaciones criminales se aprovechan de los jóvenes, pues saben que no van a medir las consecuencias de sus actos y que probablemente actúen de forma impulsiva. Además, son sancionados con menos dureza ante la ley.

Actualmente, Paniamor trabaja en lobby político con los diputados de la República para incrementar las penas a los adultos que se les compruebe el reclutamiento de personas menores de edad en sus organizaciones criminales. “Ahí sí colocamos la responsabilidad donde se debe: en la persona adulta que se aprovecha de las condiciones de una persona menor de edad para ponerlos a hacer el trabajo sucio”, afirmó Valverde.

Los especialistas enumeraron los daños colaterales del fenómeno de la violencia y las organizaciones criminales: desintegración familiar por muerte, secuelas físicas por ataque con arma de fuego o arma blanca, daños emocionales por pérdida, depresión, ansiedad o daños económicos por la ausencia de un integrante del hogar. Todos estos impactos sociales también requieren atención por parte de la institucionalidad estatal.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

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