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Etiqueta: desigualdad

Hacia una reforma tributaria progresiva: contexto, criterios guía y contenidos fundamentales. Un paso necesario hacia una Costa Rica posneoliberal

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Ni el sector público de Costa Rica es grande ni la carga de impuestos es elevada. Esos son mitos que es preciso superar. Lo que sí es cierto es que nuestro sistema tributario es muy regresivo e injusto y eso impone límites que afectan negativamente la sostenibilidad del Estado social y de los sistemas de seguridad social de Costa Rica.

Por eso se hace urgente entrar a debatir sobre una reforma realmente progresiva, lo cual es, también, un requisito necesario para combatir la abismal desigualdad que hoy divide a la sociedad costarricense.

Este trabajo, que fue discutido en dos talleres y revisado por varios economistas, aporta una propuesta, seriamente fundamentada, para una posible reforma tributaria progresiva y de amplio alcance. Desde ese punto de vista, es un pequeño esfuerzo procurando contribuir a ese debate nacional tan necesario.

Puede descargar el documento desde este enlace, o bien, hacer clic en la opción siguiente:

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¿Crecimiento para quién? Democracia, Equidad y Derechos Humanos bajo el gobierno de Chaves Robles

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.

  1. ¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?

Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.

Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.

¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?

  1. ¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?

El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?

Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.

¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?

  1. ¿Puede haber seguridad sin justicia social?

El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.

El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.

¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?

  1. ¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?

Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?

Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.

¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?

  1. ¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?

Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.

¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?

  1. Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?

Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?

Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.

  1. Conclusión

Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.

Prospectiva y Ciencias Sociales

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Ya no resulta lugar común la frase “El futuro ya está aquí”. El escenario global nos ha demostrado con creces que aquello que decíamos avizorar en el horizonte, nos ha alcanzado.

Este 2025 hemos asistido en pocos meses a la teatralización de la guerra y el recrudecimiento de la barbarie contra pueblos como el palestino, que sigue soportando a pesar del ensañamiento y el silencio de los grandes tomadores de decisiones a nivel mundial.

Hambrunas, catástrofes climáticas provocadas por el hombre, la sinrazón de los exilios forzados, la preeminencia de una instrumentalización artificial sobre la inteligencia social y humana.

Todo había sido pronosticado como si el futuro quedara ubicado en la lejanía. No.

Ya está aquí.

En el plano doméstico, Costa Rica enfrenta su hora más complicada desde que se hizo refundar su pacto social, a mediados de la década de los años cuarenta del siglo anterior.

Los niveles de deterioro de los principales indicadores sociales que por años sostuvieron el proyecto de sociedad costarricense, muestran que el futuro al que muchos sectores temíamos, ya está aquí: desigualdad, pobreza, desempleo, desconfianza en el sistema democrático, femicidio galopante, narrativas de odio desde las voces que dirigen los destinos del país, socavamiento de la institucionalidad base de la apuesta país, inmersión desmedida de los poderes fácticos en todos los órdenes de la vida cotidiana.

Todos estos indicadores bastan para comprobar esta condición actual.

Imaginar lo que viene es tarea urgente. Por eso, las Ciencias Sociales costarricenses están llamadas a señalar el camino con las herramientas que la prospectiva le plantea. No es posible intervenir el ahora, sin señalar ese futuro que sigue alcanzándonos.

Es imperativo, por ello, profundizar los análisis y particularmente las propuestas centradas en esa imagen de sociedad que queremos. La academia debe asumir esa tarea. Las ciencias sociales deben liderar ese proceso.

A eso debemos avocarnos en lo que sigue.

Pronunciamiento: Sobre la violencia social y su impacto en la salud mental – Colegio de Profesionales en Psicología

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.

Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.

Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.

Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.

Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.

Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:

  1. Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.

  2. Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.

  3. Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.

  4. Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.

  5. Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.

Costa Rica: Cómo los partidos tradicionales abrieron la puerta al populismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por JoseSo

Un análisis para entender la crisis política actual

¿Cómo llega aquí la Costa Rica que era el “ejemplo democrático” de América Latina? Un país sin ejército, con elecciones transparentes y alternancia en el poder. Pero detrás de esa imagen, algo se rompía. Hoy, un presidente como Rodrigo Chaves —con un estilo confrontativo y discursos que alarman a expertos— gobierna con un mensaje claro: “Los políticos tradicionales nos fallaron”. ¿Cómo llegamos aquí? La respuesta está en errores históricos de los partidos que dominaron Costa Rica por décadas.

Los “pecados capitales” de los partidos tradicionales

Vivir en una burbuja

Durante más de 60 años, dos partidos (PLN y PUSC) controlaron casi todo. Pero se desconectaron de la gente común. Mientras en el Valle Central había progreso, las regiones periférica y rurales (como Limón, Puntarenas o zonas rurales) vivían con menos oportunidades, peores servicios y abandono. Esta desigualdad creó un caldo de cultivo para el descontento.

Corrupción: La herida que no cerró

Casos como “Cochinilla”, “Cementazo” o “ICE-Alcatel” (donde políticos y empresarios hicieron negocios sucios) mancharon la imagen de los partidos grandes. La gente empezó a verlos como grupos privilegiados que servían a sus intereses, no al pueblo.

Un sistema lento e ineficiente

El Poder Judicial, las instituciones públicas… todo se volvió sinónimo de trámites eternos, burocracia y soluciones que no llegaban. Entre 2018 y 2020, la desconfianza en el sistema judicial subió del 49% al 59%. Carlos Alvarado (presidente antes de Chaves) tuvo solo un 15% de apoyo popular en 2020.

El vacío que dejaron: Cuando la gente buscó alternativas

Los partidos tradicionales no solo fallaron, no escucharon el malestar ciudadano. Esto generó:

– Voto “castigo”: En 2018 y 2022, la gente votó masivamente contra el PLN y el PAC. No importaba tanto el nuevo candidato; importaba echar a los mismos de siempre.

– Campañas emocionales: Figuras como Fabricio Alvarado (2018) o Juan Diego Castro usaron discursos simples: “¡Ellos son los corruptos, yo soy el cambio!”, Apelaron al cansancio y a la fe (en el caso evangélico) .

– Volatilidad electoral: La gente decidía su voto a última hora, influida por escándalos o promesas. Los partidos ya no tenían votos fieles.

  • En 2022, el sistema de partidos pasó a ser de “pluralismo extremo” (fragmentado, con muchos actores). En este caos, los mensajes simples y radicales ganan terreno .

Chaves: El “outsider” (personaje fuera de la política tradicional) que supo leer el momento.

Rodrigo Chaves no es un accidente. Es el resultado de ese desencanto. Y su estrategia explota los errores históricos de los tradicionales.

Lo que falló en los partidos. Cómo lo usó Chaves

Los partidos tradicionales y sus gobiernos cayeron en una profunda desconexión con la periferia, por eso Chaves ganó apoyo en zonas rurales y costeras que se sentían abandonadas.

Corrupción impune. Chaves se presentó como el “luchador contra políticos corruptos” (aunque él fue ministro del PAC).

Instituciones lentas. Chaves critica jueces, Contraloría y prensa, llamándolos “obstáculos” para el pueblo.

Los Partidos usaban lenguaje técnico y frío, mientras que Chaves habla directo, con frases contundentes (y a veces pachucas) en redes sociales.

En resumen, Chaves tiene un discurso estratégico y una puesta en escena creíble, que el pueblo compra al sentirse representado.

Su método es peligroso (y efectivo):

– Crea “enemigos” duales. Por un lado, los políticos tradicionales; por otro, instituciones (medios, jueces) que según él “protegen a esos políticos”.

– Se muestra “del pueblo”: Aunque fue economista del Banco Mundial, usa un tono anti-elite (hipócrita porque negocia y hasta se financia de ellos) y habla de “recuperar el país”.

Ataca controles democráticos. Tilda a la prensa de “canalla”, acusa al Poder Judicial de lento, corrupto y politizado, y descalifica a la Asamblea Legislativa, rompiendo cualquier comunicación con los diputados, propios y extraños para justificar su necesidad de controlar todo a su antojo.

¿Está Costa Rica en riesgo? La advertencia que no podemos ignorar

Chaves no es un dictador. Pero su estilo sigue un guión preocupante visto en otros países, como Brasil, donde Bolsonaro deslegitimó instituciones y los Poderes del Estado hasta que sus seguidores asaltaron el Congreso.

O en la Nicaragua tomada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, que llegaron por elecciones, pero después anuló toda oposición y terminó eliminando cualquier competencia dentro de su FSLN (que mancilla el legado revolucionario legítimo de Sandino) y encarcela a líderes de oposición.

En El Salvador, Bukele concentra poder a través de “un estado de excepción” eterno (empezó pidiendo 6 meses desde 2021 y se lo renuevan mensualmente hasta hoy), mientras debilita al Poder Judicial y encarcela opositores y críticos de medios de comunicación y ONGs de Derechos Humanos.

  • ¡No es alarmismo! Cuando un presidente normaliza el ataque a instituciones (Contraloría, Sala IV, TSE), agrieta la confianza en la democracia. Y eso abre paso al autoritarismo. Puede ser, o no, del mismo Chaves, que hemos visto que disfruta de los halagos, sus caravanas policiales a todas partes, incluida su casa en Monterán.

¿Hay salida?

Los partidos tradicionales no murieron por Chaves; se suicidaron con su corrupción, lentitud y desconexión. Pero la solución no es reemplazarlos por un líder que debilite los controles democráticos, que mantiene innegables muestras de corrupción y que encima tiene detrás a las mismas élites económicas que, por conveniencia, antes financiaban campañas a los partidos tradicionales y ahora están detrás del fenómeno chavista.

Para reconstruir la confianza se necesita:

Primero, una renovación real. Aquí no se trata de slogans vacíos como “el nuevo Liberación” o la “Unidad renovada”. Se debe permitir y fomentar el que surjan nuevos líderes en los partidos y no los mismos de siempre o sus delfines (sucesores) nombrados a dedo.

Segundo, conectar con la periferia. Llevar soluciones concretas a zonas olvidadas qué podríamos afirmar es todo lo que no está en el GAMA, salvo pequeñas excepciones.

Tercero, defender instituciones. Aunque sean imperfectas, son el único escudo contra el autoritarismo.

La democracia costarricense no está “condenada” al populismo. Pero si los partidos no aprenden de sus errores, el discurso de Chaves será solo el primer capítulo de una historia que otros países ya vivieron… ¡y hoy lamentan!

¿Y nosotros? Como ciudadanos, toca estar alertas: Criticar a los políticos tradicionales está bien. Entregarle todo el poder a un salvador, es un riesgo que no vale la pena tomar.

Continuará…

Derechos humanos en un hilo: la Centroamérica que somos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La deriva de una opción autoritaria en Costa Rica ya dejó de ser una imagen proyectada para otros países de la región. Nos alcanzó eso que alguien despectivamente y con cierto tinte de superioridad llamara “la centroamericanización” de Costa Rica.

A la vuelta de la esquina y con amplio apoyo popular, se cuece la construcción de una vergonzosa megacárcel para paliar, según sus impulsores, el aumento de la criminalidad en el país.

Lo que en otros momentos históricos era impensable, hoy está a punto de ser un hecho que contradice a todas luces la larga tradición democrática costarricense, que empieza lentamente a palidecer.

La excepcionalidad que hasta hace algunos años nos mostraba como punto y aparte en el escenario centroamericano, fue pulverizada en pocos lustros por un sistema económico desigual y aniquilador, un escenario político inquietante y algo turbio en sus alianzas con actores poco claros y altamente cuestionados y, como hemos dicho en varias ocasiones, el agotamiento de un contrato social que espera por una nueva edición para reconstruir el proyecto de eso que utópicamente llamamos “ la vía costarricense”.

Por lo pronto, en algunas países centroamericanos esa deriva autoritaria mantiene su dinámica.

Esta semana veíamos con estupor la forma artera en la que Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización social salvadoreña Cristosal, dedicada a defender los derechos humanos de su país, era presentada ante la fiscalía.

La funcionaria había sido detenida el mes pasado luego de hacer serios cuestionamientos al gobierno de Nayib Bukele, como una muestra más de la escalada en la represión a las voces críticas y cuestionadoras a esta gestión. Algo que inquietantemente empieza a mezclarse en el entorno costarricense con la puesta de bozal a la prensa y otros hechos recientes.

Desde diferentes frentes de organismos sociales y civiles salvadoreños se han realizado pronunciamientos para exigir la liberación de López, sin un resultado positivo. Esto se suma a la reciente aprobación de la Ley de Agentes extranjeros, una herramienta que permite al gobierno salvadoreño discrecionalidad sobre qué organizaciones sociales pueden permanecer en su país y si permanecen, “contribuir” con un tributo de renta del 30%.

Una más: tres periodistas del medio de comunicación El Faro dejaron El Salvador en los últimos días ante una inminente amenaza de detención en su contra. Es de sobra conocido el rol cuestionador de este medio a las políticas represivas del gobierno de Bukele que, a fuerza de negociaciones con los líderes de las pandillas, ha bajado la criminalidad, pero han aumentado las detenciones y desapariciones de personas sin ningún nexo con esta actividad.

En Costa Rica la impronta autoritaria está tocando la puerta, asomándose por una rendija a ver si el escenario le es propicio.

Y sí que lo es.

Por ello, no deja de preocupar diagnósticos como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, al escribir el capítulo para Costa Rica en relación con el estado de los derechos en los distintos países de la región, mencionaba:

“La CIDH observa con preocupación la situación de la seguridad ciudadana y los cuestionamientos a la respuesta estatal, así como los señalamientos de afectaciones a la independencia judicial. También preocupa las denuncias de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con la consulta previa y la delimitación territorial; así como las brechas significativas en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales para grupos en situación de riesgo como personas en movilidad humana, mujeres y personas mayores”.

La respuesta estatal a la que se refiere la CIDH es en realidad una inacción, justificante para el siguiente paso: la constitución de un espacio represivo que alimente las necesidades de la población de vivir sin temor en un país cuyo pacifismo también fue pulverizado por los hechos fácticos del modelo.

Es claro. Hay cosas que se parecen y mucho en estos escenarios. Si la reserva moral e institucional nacional a la que le queda menos de un cuarto de tanque no es suficiente, habremos perdido el proyecto país para siempre.

A esta generación le tocó la hora. No es poca cosa. Es el momento del punto del no retorno. Asumamos cada cual los funciones que nos corresponden para intentar recuperarnos.

Es nuestra tarea.

País retrocede hacia una violencia estructural

Escrito en . Publicado en Análisis.

La confrontación entre órganos de decisión política y poderes de la República, la violencia que se manifiesta en la calles y el abandono de agendas proclives a la defensa de los derechos humanos representan síntomas de que el Estado costarricense avanza hacia un estado de violencia estructural “que se expande por todo el territorio nacional”, de acuerdo con el más reciente informe del programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Esta situación facilita que exista un vacío en la generación de acuerdos importantes para el país, mientras que la desigualdad económica y social continúa afectando a la población, lo que es perceptible en áreas como la educación, el medio ambiente, los programas sociales y la infraestructura pública.

Carlos Carranza, académico de la UNA y coordinador del programa, fue crítico al señalar que “a través del análisis de diversos temas clave, se expone una coyuntura marcada por tensiones políticas, desafíos estructurales y una sensación general de incertidumbre”.

Lo que en anteriores informes de este programa se advertía, se convirtió en la constante en el primer cuatrimestre de 2025: un estilo discursivo del presidente Rodrigo Chaves marcado por el enfrentamiento con otros sectores políticos y sociales, como ocurre con la Asamblea Legislativa, y particularmente, con el presidente de este poder, Rodrigo Arias.

Utilizar mensajes con tono confrontativo, dirigirlos por medio de canales fuera de la comunicación formal y atizados por la ausencia de una cabeza en el Ministerio de la Presidencia que sirva como puente, son parte de las relaciones que se han establecido en el periodo de análisis. Sin embargo, ese choque ha ido mucho más allá de la relación Zapote-Cuesta de Moras y se vio amplificado en la marcha contra el fiscal general, en la que participó el propio mandatario y su gabinete.

El uso continuo del veto presidencial ante proyectos de ley que no son de interés del Poder Ejecutivo y el incremento en las tensiones con otras instituciones como el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) complementan el estilo gubernamental. “Esta actitud ha contribuido a una atmósfera de polarización y debilitamiento del diálogo institucional”, agregó Carranza.

La violencia estructural no solo se alimenta con el discurso confrontativo de parte del Gobierno hacia otras entidades. Se ha convertido en un hecho social recurrente que tiene otras manifestaciones, como sucede los femicidios, que alcanzan la cifra de 17 casos en lo que va del 2025.

El informe destaca que la actual Administración no ha logrado revertir “esta tendencia preocupante” de la violencia estructural y que, más bien, ha dado un giro en su política hacia un enfoque neoconservador en temas de derechos humanos, protección de minorías y atención de la población migrante.

El informe recoge varios elementos al respecto: la aceptación por parte de Costa Rica de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos, la posición ambigua que el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, mantuvo en una presentación ante el plenario de la Asamblea Legislativa y la emisión de un decreto que restringe el financiamiento y el apoyo político a la Agenda 2030 relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Estas decisiones debilitan la posición de Costa Rica en el contexto global”, indicó Carlos Carranza.

Rezago en sectores

Como en cascada, la incertidumbre generada por la falta de cohesión política afecta a otros sectores. En el plano social, el informe recoge que, si bien se registra una leve reducción en los índices de pobreza, ésta se ve acompañada de un aumento en la desigualdad, producto de la reducción de financiamiento en programas sociales y de una atención insuficiente a instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El rezago en la infraestructura hospitalaria, que se evidencia en mayor medida con la construcción del nuevo hospital en Cartago, la falta de solución a las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y citas, la fuga y renuncia de médicos especialistas y el conflicto generado con la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), por parte de cooperativas, son el reflejo de la decadencia en la sistema de seguridad social.

En materia ambiental, el programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense cuestiona con inquietud si existe una política clara en este ámbito. Más bien, apunta a las dudas y críticas generadas entre el interés público y el privado, en casos como la tala de árboles en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. “Por ello, cuestionamos la existencia de una estrategia coherente y señalamos la pérdida de rumbo en programas tradicionalmente emblemáticos”, agrega el informe.

En el área de la infraestructura, el análisis matiza entre avances y limitaciones. El académico de la UNA indicó que existe un esfuerzo continuo por mejorar la condición de algunas vías, pero en el proceso ocurren tropiezos, como el caso de la construcción de la carretera a Limón y los problemas suscitados por las rotondas que sustituyeron los pasos a desnivel que originalmente se plantearon en el proyecto.

Lo mismo ocurre con la apertura, este año, del paso elevado en La Lima, de Cartago, que no ha estado exenta de críticas, mientras que la propuesta de un tren eléctrico, la planificación vial y la falta de atención de riesgos en carreteras y puentes que representan un riesgo real para los usuarios, según alertó el Lanamme de la UCR, están entre las tareas que registran un avance muy lento.

El panorama vuelve a tornarse crítico en materia de educación. Ante la falta de una ruta, denuncia el informe, se suma una reducción inédita en la inversión educativa, un modelo organizativo a lo interno del Ministerio de Educación Pública (MEP) discordante con las demandas actuales y la necesidad de mejorar los planes de enseñanza, para fortalecer la competitividad y el talento humano que promuevan la movilidad social.

“Luego de tres años sin tener una ruta clara, el sistema educativo se muestra estacando, con una inversión menguante y una organización desfasada, lo que compromete el futuro ciudadano”, describió Carranza.

Finalmente, el informe denota un escenario de conflictividad en el ámbito del comercio exterior tras la imposición de aranceles a las exportaciones costarricenses por parte del gobierno de Estados Unidos y la necesidad de establecer una estrategia a largo plazo.

El análisis concluye con una expectativa poco halagüeña de cara al segundo semestre del año: “A menos que se realicen esfuerzos deliberados por cambiar el rumbo, todo indica que esta será la tónica que prevalecerá durante el resto del año, especialmente si el presidente continúa reforzando este clima mediante un lenguaje simbólico cargado de tensión”.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

SURCOS comparte la presentación utilizada en la exposición del análisis: descargar aquí.

Costa Rica entre los países con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Académicos de la UNA abogan por una reforma a Ley de Justicia Penal Juvenil vigente, no desde el punto de vista represivo, sino desde la atención integral.

UNA Comunica. 4 de junio de 2025. Por cada 100 mil habitantes, Costa Rica mantiene en sus prisiones hasta 343 personas, lo que representa una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina y el Caribe. Esta estadística se da en momentos en que el Gobierno manifiesta su interés en construir una cárcel para 5.000 privados de libertad, aunque a la fecha no se conocen detalles sobre su ubicación, diseño o fuente de financiamiento.

Datos del World Prision Brief del 2024 indican que Costa Rica se ubica de quinto a nivel de la región (y tercero en América Central), solo superado por El Salvador con una tasa de 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, Cuba (794), Panamá (522) y Brasil (416).

La tasa costarricense está por encima de países como Uruguay que es de 321, Argentina con 268, Colombia con 201 o México con 165. Incluso, se ubica en la posición 22 a nivel global, al considerar a un total de 224 jurisdicciones.

Marco Feoli, académico del Instituto de Estudios Latinoamericanos (Idela) de la Universidad Nacional (UNA) y miembro del subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura tiene una visión crítica sobre la política punitiva que pretende seguir el Gobierno, a la luz, además, de estas cifras.

“Debemos reflexionar qué tanto sirve la cárcel y preguntarnos como sociedad si lo que nosotros queremos es tener a la gente encarcelada o que haya menos violencia. Porque si lo que queremos es menos violencia, entonces ya sabemos que la estrategia carcelaria no es la respuesta, porque el crimen organizado es mucho más poderoso y no va a dejar de funcionar solo por tener más personas encerradas. Ellos seguirán operando porque el Estado no tiene los recursos suficientes para administrar las prisiones, entonces es una promesa falsa lo que se le quiere hacer creer a la gente sobre esta propuesta de solución”, advirtió el académico.

Estaos argumentos los planteó al cierre de una charla con estudiantes del posgrado de Derecho Penal de la Universidad de Harding Simmons, de Texas, Estados Unidos, quienes visitaron la UNA, gracias a una alianza con la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, de la Escuela de Sociología.

Durante dos días, los estudiantes del posgrado conocieron a profundidad el funcionamiento del sistema judicial costarricense, el modelo de administración de justicia, el sistema penitenciario, la visión de derechos humanos e incluso realizaron una visita a la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores, en Heredia.

Realidad nacional

Al cierre del 2023, Costa Rica contaba con una población carcelaria de 18.090 personas, ubicados en 32 centros. Estas cifras han venido en ascenso en los últimos años: mientras en 2000 se registraron 7.575 personas privadas de libertad, al cierra de 2023 el número subió hasta 19.728.

Para Feoli, existen dificultades contextuales para sostener una discusión profunda sobre las causas del problema de violencia y sus eventuales soluciones. “Este debate es dificilísimo tenerlo porque lo que se plantean son soluciones maniqueas, pero eso no es suficiente. Las discusiones se polarizan, como todo ahora, entonces se dice que se busca defender delincuentes y no, se trata de defender un sistema que sí dé resultados y el proyecto de una megacárcel aquí termina siendo una ocurrencia”.

La expectativa generada por la actual administración sobre el proyecto carcelario choca con la realidad si consideramos que deberán realizarse estudios de suelo, planos y permisos. “De aquí a 10 meses o un año no va a estar y ellos—el gobierno—lo saben, pero como su objetivo es continuar en el poder ofrecen este tipo de soluciones que no sirven, pero que son atractivas para la gente”, afirmó.

Por otra parte, Marco Feoli apuntó que el desarrollo de una infraestructura carcelaria de estas dimensiones debería considerar el cálculo de cuántos policías penitenciarios se van a requerir, pero, además, contemplar a expertos en materia penal, medicina y personal administrativo.

Entonces, ¿por dónde se debe comenzar una discusión sensata? El académico considera que se deben atender las causas estructurales de la violencia con un enfoque social y que afronten las problemáticas de desigualdad que vive el país, la situación de la educación pública, la generación de oportunidades para personas jóvenes, la desintegración familiar y el consumo de drogas.

Que menores de entre 13 y 16 años ya estén insertos en estructuras criminales reflejan “lo mal que hemos hecho las cosas como sociedad. Son imágenes espeluznantes ver a un muchacho de esas edades accionar un arma y que luego vayan a dar a la cárcel y que serán fácilmente sustituidos por las propias estructuras a las que pertenecen”, afirmó.

Yolanda Pérez, coordinadora de la maestría en Administración de Justicia con enfoque sociojurídico, considera que la realidad de la delincuencia que involucra a personas jóvenes es otra comparada con décadas atrás y por ello es necesario reformular la Ley de Justicia Penal Juvenil, No. 7.567 y que data de 1996.

“Esta ley surgió en un contexto donde el país vivía la situación de los ‘chapulines’, pero ahora es diferente porque es una legislación que se está aplicando a muchachos que son utilizados y reclutados por estas organizaciones. Y no digo que deba hacerse una reforma desde el punto de vista represivo, sino qué se le puede ofrecer a ellos para que no caigan en situaciones de riesgo”, indicó Pérez.

Ambos académicos concuerdan en que la sociedad también debe enfrentar los estigmas que suele acompañarlos el resto de sus vidas y que les dificulta una reinserción efectiva, frente a un fenómeno mundial que etiqueta a las personas por su condición, como ocurre con la población migrante en Estados Unidos.

Tanto Feoli como Pérez lamentan que el país esté perdiendo tiempo valioso en temas que no solucionan el problema, como el proyecto carcelario, y no atienda con prontitud la necesidad de una ruta de la educación, programa que en el actual Gobierno no se ha llegado ni siquiera a conocer.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

El saqueo continúa: Oxfam revela cómo el neocolonialismo alimenta la desigualdad global

Escrito en . Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

¿Qué tienen en común la creciente fortuna de los milmillonarios y la persistente pobreza de miles de millones? Una estructura global profundamente injusta, enraizada en el colonialismo histórico y perpetuada por mecanismos actuales de dominación económica.

Así lo plantea Oxfam en su informe 2025 El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo. El documento ofrece un análisis contundente del modo en que el poder económico del norte global sigue extrayendo riqueza del sur global, a través de instituciones financieras, monopolios, y sistemas fiscales desiguales.

Un mundo dividido entre “tomadores” y no “creadores”

Oxfam denuncia que el 60 % de la riqueza de los milmillonarios proviene de herencias, clientelismo o poder monopolístico, y no del emprendimiento o esfuerzo personal. A la vez, el 1 % más rico del planeta controla el 45 % de la riqueza global, mientras que el 44 % de la humanidad vive con menos de 6,85 dólares al día.

Algunos datos clave del informe:

  • En 2024, la riqueza de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023.

  • Surgieron 204 nuevos milmillonarios, casi cuatro por semana.

  • Entre 1765 y 1900, el Reino Unido extrajo de la India una riqueza equivalente a 33,8 billones de dólares actuales.

  • El sur global transfiere al norte global más de 30 millones de dólares cada hora, según cálculos de Oxfam sobre el sistema financiero.

La concentración de la riqueza no solo es injusta, sino también insostenible. El informe denuncia que esta acumulación no se explica sin considerar el legado del colonialismo, ni los actuales mecanismos que lo reproducen bajo formas modernas: deuda, comercio desigual, evasión fiscal, digitalización extractiva, y captura corporativa del poder político.

Conceptos clave del informe

ConceptoExplicación
Colonialismo moderno (neocolonialismo)Formas actuales de dominación económica, financiera, cultural o tecnológica ejercidas por países del norte global sobre el sur global, sin necesidad de ocupación territorial directa.
Colonialismo milmillonarioAcumulación de riqueza extrema por parte de una élite global conectada, en gran medida, a dinámicas heredadas del colonialismo: explotación de recursos, clientelismo, y monopolios.
ClientelismoEnriquecimiento a través de relaciones personales con el poder político o económico, como contratos preferentes, tráfico de influencias o corrupción.
Poder monopolísticoCapacidad de unas pocas empresas para controlar sectores clave, fijar precios y eliminar competencia, concentrando ingresos desproporcionados.
Descolonizar la economíaTransformar estructuras globales para que dejen de extraer riqueza del sur global; incluye reparación histórica, reforma fiscal internacional y soberanía económica.
¿Por qué leer este informe?

Porque nos interpela a actuar. Desde las universidades hasta los parlamentos, pasando por las organizaciones sociales, el informe de Oxfam nos recuerda que la lucha contra la pobreza es inseparable de la lucha contra la desigualdad estructural y el colonialismo persistente.

📥 Descargá el informe completo aquí
🔗 Más información en https://www.oxfam.org

Desigualdad, colonialismo y bienes comunes: ¿quién se apropia de lo que es de todas y todos?

El reciente informe de Oxfam, El saqueo continúa, no solo documenta la concentración obscena de la riqueza global. Nos invita a una reflexión más profunda: ¿cómo hemos llegado a aceptar que los frutos del trabajo colectivo y de la naturaleza terminen en manos de unos pocos?

En un mundo donde el 1 % más rico controla casi la mitad de la riqueza global, mientras casi 3600 millones de personas viven en pobreza, urge repensar la economía no como una carrera individual, sino como una construcción social basada en bienes comunes.

¿Qué tienen que ver los bienes comunes con la desigualdad?

Los bienes comunes —naturaleza, saberes, territorios, sistemas públicos, incluso el conocimiento— son recursos que deberían estar al servicio de la vida y no del lucro. Sin embargo, el informe revela cómo muchos de estos bienes han sido y siguen siendo capturados por élites económicas, en gran parte mediante dinámicas que heredan el saqueo colonial.

La privatización del agua, el conocimiento científico, las tecnologías digitales o las tierras indígenas, por ejemplo, son formas contemporáneas de expropiación de bienes comunes que profundizan la desigualdad.

Pensar el mundo como bien común

Oxfam propone descolonizar la economía y repartir con justicia. Esto implica restituir lo arrebatado, pero también proteger lo que aún pertenece a todas y todos, desde los bosques hasta la salud pública. Pensar en bienes comunes es pensar en soberanía, en cuidados compartidos, en vidas dignas y en un futuro sostenible.

El informe es una herramienta valiosa para quienes defendemos que la universidad, la tierra, la cultura, el clima y la dignidad no son mercancías, sino bienes para la vida.

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Sin derechos no hay democracia

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Comunicado

Este 1º de mayo, organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, de mujeres, campesinas, culturales, derechos humanos y territoriales salimos a las calles con una voz unida: sin derechos no hay democracia. En un país marcado por la violencia, la desigualdad, el debilitamiento del Estado social y la precarización del trabajo, esta fecha no es una celebración simbólica: es un acto de defensa colectiva.

Recordamos el origen del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, forjado por las luchas obreras del siglo XIX, como la de los mártires de Chicago, por la jornada laboral de ocho horas. Esa consigna sigue vigente: hoy exigimos condiciones laborales dignas, empleo justo, libertad sindical y respeto al Código de Trabajo.

La situación nacional se encuentra en momentos críticos que requieren de unidad nacional y concertación democrática. Según datos del último informe del Estado de la Nación (2024) el Informe de percepción costarricense UNA (2025), y el último informe del CIEP (2025). Costa Rica cerró el año 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia, y un 70% de la población costarricense considera que la seguridad está mala o muy mala.

Actualmente, el ingreso real promedio de los hogares cayó casi un 20% respecto al 2014 y un millón de hogares está en pobreza o riesgo de caer en ella, mientras el sector agroalimentario nacional se encuentra en un momento de crisis continua y las poblaciones históricamente excluidas se encuentran cada vez más expuestas a la violencia, el crimen organizado y la desigualdad social, en ausencia de oportunidades.

Más de 215.000 personas adultas mayores viven sin pensión y 849 escuelas tienen órdenes sanitarias sin poder reabrir, mientras la inversión educativa cayó un 1,6%, y el aumento de femicidios se encuentra en más de un 100% entre 2022 y 2024. También, hasta enero 2025, las listas de espera en la C.C.S.S alcanzaron un total de 188.228 personas, según datos oficiales de la Gerencia Médica, consecuencia de la crisis de seguridad social que vivimos actualmente.

La seguridad social, alimentaria y educación pública, es de las más nobles expresiones del trabajo humano, inspiradas e inspirados en el pensamiento de Omar Dengo, recordamos que el problema social es, por excelencia, un problema de educación, la labor docente transforma vidas, rompe desigualdades y construye ciudadanía. Defender el trabajo es también defender la educación pública, su vocación humanista y su papel en una democracia sólida.

En esta defensa de los derechos y la democracia, organizaciones de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, universidades públicas costarricenses y otros sectores, se suman al llamado nacional de lucha, con su compromiso histórico con la equidad, el pensamiento libre, la transformación social y el fortalecimiento del Estado social de derecho, en la promoción de una ciudadanía activa, informada y solidaria.

Este año, nuestra voluntad política compartida se expresa en cinco demandas esenciales:

  1. Trabajo digno con derechos, para todas las personas trabajadoras, en todos los sectores y condiciones.
  2. Educación pública fortalecida, accesible, crítica y bien financiada.
  3. Seguridad ciudadana y paz, con oportunidades reales frente al crimen organizado.
  4. Producción nacional y soberanía económica, para reactivar el agro, proteger pymes y reducir la dependencia externa.
  5. Igualdad de género y justicia social, con pleno acceso a empleo, salud, cuido y educación sin discriminación, a su vez la prevención de la violencia basada en género.

Será una jornada de expresión cultural, con música y arte, donde todas las voces tendrán lugar: del agro, sindicatos, universidades, sociedad civil, las juventudes, de las mujeres, de quienes han sido históricamente excluidas.

¡Sin derechos no hay democracia!

¡Democracia, paz, libertad y justicia social para Costa Rica!