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Etiqueta: desigualdad social

¿Pandemia o sindemia de la COVID-19?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En setiembre del año anterior, la prestigiosa revista médica británica “The Lancet” propuso –a través de su editor jefe, Richard Horton– que era necesario analizar al coronavirus, desde un enfoque biológico y social. Esta propuesta tiene como inmediata consecuencia que es imperativo redefinir la propagación universal de la covid-19, no como una pandemia sino como una sindemia.

La diferencia estriba en que mientras la pandemia es la propagación mundial de una enfermedad, según la define la Organización Mundial de la Salud (OMS); la sindemia es un concepto más amplio que incluye la visión médico-sanitaria, pero abarca los orígenes y las múltiples repercusiones sociales que genera la enfermedad.

Cabe destacar que el concepto de sindemia fue propuesto por vez primera en la década de los años noventa del siglo anterior, por el antropólogo y médico estadounidense Merrill Singer, quien razonó que un enfoque sindémico incluye “interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de salud”.

El editor de “The Lancet” argumentó que los enfoques basados, exclusivamente, en detener la pandemia desde un punto de vista biomédico, no son suficientes. Ha argumentado para apoyar su tesis que “la covid-19 se da más en ciertos grupos sociales dependiendo de patrones de desigualdad de nuestras sociedades. Por lo tanto, las medidas que se tomen deben ir necesariamente a equilibrar las condiciones de desigualdad, así como ir dirigidas a la interacción entre factores sociales y biomédicos”.

Dentro de esa visión se subraya que no importa cuán efectivo sea un tratamiento o una vacuna para combatir la enfermedad, pues la búsqueda de una respuesta puramente médica no alcanzará el éxito deseado. Analizar al virus dentro del concepto de sindemia invita a una visión más amplia, que engloba educación, empleo, vivienda, alimentación y medio ambiente.

Esta reconceptualización con respecto a la covid-19, por su razonabilidad y solidez argumental, debe ser tomada en cuenta no sólo en el marco teórico e investigativo, sino y muy especialmente, en el diseño y aplicación de las políticas que deben emprender los Estados y los Gobiernos de cara a esta enfermedad y otras de repercusión global, que puedan aparecer en el futuro. La prolongada devastación que genera la covid-19 demanda acciones tan amplias como profundas.

Considero por ello que una perspectiva tan válida como la propuesta, es necesario aplicarla a las condiciones actuales de la sociedad costarricense. Es claro que el país ha sufrido en los últimos años, un proceso de incremento de la desigualdad social y un estancamiento alarmante en la reducción de la pobreza. Y que estos problemas sociales, se han agravado (incluyendo un aumento significativo de la pobreza), desde que se dio el primer contagio el 6 de marzo del 2020 hasta nuestros días.

Al 2 de junio del año en curso, el país tiene un número de 323 598 personas contagiadas por el coronavirus y 4 098 personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad. Es muy probable que, si se realiza un estudio sobre la pertenencia social de las personas contagiadas y fallecidas, una mayoría desproporcionada provendrá de sectores afectados por la pobreza y exclusión social.

Es claro que para grupos que pertenecen a la élite económica, las posibilidades de exposición al contagio han sido y son mucho más reducidas. Asimismo, la forma de combatir la enfermedad, incluyendo tratamientos y el acceso a la vacuna viajando al exterior, también coadyuva a una repercusión mucho más limitada.

También hay otros sectores que, por el tipo y condiciones de su actividad laboral y profesional, han estado menos expuestos en virtud de que han utilizado el teletrabajo, como principal modo para desarrollar sus actividades productivas.

Sin embargo, hay amplios sectores de trabajadores y trabajadoras que, por la naturaleza de sus actividades laborales, no tienen más remedio que realizarlas presencialmente; con lo cual han estado y estarán más expuestos al contagio. Eso se da de manera más extendida entre los trabajadores informales cuyo número se ha incrementado a raíz de la pandemia. Y no es lo de menos observar que una inmensa mayoría de personas con discapacidad, que podría superar el 75 %, solo encuentran opciones productivas de este tipo. Así que quienes no tienen otro camino para la procura del sustento familiar que estas modalidades de trabajo, las probabilidades de contagio se incrementan en forma significativa.

Así las cosas, aunque el término de pandemia se siga utilizando masivamente porque ya está muy arraigado en el imaginario colectivo, tiene mucho sentido que tras la búsqueda de soluciones políticas y sociales más justas, adecuadas y rigurosas, se utilice el término y el enfoque de sindemia.

(7 de junio, 2021)

Post-pandemia: ¿Auge del neoliberalismo del desastre o de un mundo más justo e inclusivo?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En el año 2007, la escritora y periodista canadiense Naomi Klein publicó el profundo y esclarecedor libro «La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre».

En su valiosa obra, la escritora analiza cómo el capitalismo en esta etapa neo-liberal, aprovecha las situaciones de desastre en las sociedades y países, para a partir de los escombros, impulsar sus proyectos de privatización económica y de reducción al mínimo el rol de los Estados. Tales desastres pueden que sean fruto de la acción de la naturaleza como tsunamis, inundaciones, terremotos, incendios, erupciones volcánicas o cualquier otro evento natural destructivo. O bien, pueden ser conflagraciones provocadas por la acción de seres humanos. Entre las que podemos citar invasiones, golpes de Estado, guerras y desplazamientos humanos.

Klein destaca la trinidad política de los Estados y empresas que se aprovechan de tales desastres para llevar las aguas sus molinos neo-liberales: 1) La eliminación del rol público del Estado, 2) La absoluta libertad de movimientos de las empresas y 3) Un gasto social prácticamente nulo. Tal es el sueño, propósitos y acciones de la plutocracia neo-liberal, aquí en Costa Rica y en cualesquiera otro país del orbe.

El principal ideólogo de esta doctrina fue Milton Friedman, el más destacado de los llamados «Chicago´Boys”, quien ha dejado una profunda impronta en el capitalismo de nuestros días. Es sin lugar a dudas el más esclarecido promotor del capitalismo del desastre.

Después del golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet contra Salvador Allende en 1973, Chile vivió un largo periodo de dictadura y represión; es decir de desastre político y social, si lo miramos desde la perspectiva de Naomi Klein. A esos escombros de la democracia chilena, llegó como un buitre Friedman para convertirse en un influyente consejero del dictador.

«Aconsejó a Pinochet que impusiera un paquete de medidas rápidas para la transformación económica del país: reducciones de impuestos, libre mercado, privatización de los servicios, recortes en el gasto social y una liberalización y desregulación generales. Poco a poco, los chilenos vieron cómo sus escuelas públicas desaparecían para ser reemplazadas por escuelas financiadas mediante el sistema de cheques escolares. Se trataba de la transformación capitalista más extrema que jamás se había llevado a cabo en ningún lugar…».

En Chile, en ese triste periodo, se aplicaron una sucesión de shocks que marcaron la vida del pueblo. La Constitución pinochetista de 1980 va a definir y moldear el modelo de sociedad durante cuatro décadas. Ese modelo mostró su agotamiento con el estallido social, en el reclamo de Constituyente, con el referéndum ganado por los detractores de ese estado de cosas en el que se acrecentó la desigualdad social y se concentró la riqueza en escasas manos y, más recientemente, con las elecciones que dieron la espalda, principalmente, a los partidos que impulsaron –con distinto alcance y profundidad– la agenda neoliberal.

En el libro, la autora cuestiona con sólidos argumentos que el triunfo del capitalismo nace de la libertad y que el libre mercado desregulado va de la mano de la democracia. En lugar de eso, afirma Klein, que «… esta forma fundamentalista del capitalismo ha surgido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales».

Una de las expresiones más contrastantes de esta forma de capitalismo es la exorbitante concentración de la riqueza y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Y en esta América Latina que sufre los estragos de la pandemia de la covid-19, lo estamos observando con creciente estupor.

Las cifras hablan por sí mismas: el número de personas en situación de pobreza —como lo han documentado distintos organismos regionales e internacionales— no ha dejado de crecer en los últimos meses, ganándole terreno a la todavía incipiente clase media. Mientras tanto y en brutal contraste: los más ricos han logrado agrandar aún más sus ya de por sí abultadas fortunas.

Según el reportaje de Ignacio Fariza («El País»): «Los últimos datos de la revista Forbes son nítidos: en América Latina y el Caribe —la región más desigual del mundo— el número de milmillonarios se ha disparado un 40% desde el inicio de la pandemia. A principios de 2020, cuando el virus acababa de irrumpir y aún nadie podía imaginar lo que estaba por llegar, eran 76 los latinoamericanos que tenían 1.000 millones de dólares (820 millones de euros) o más en activos, con un patrimonio conjunto de 284.000 millones de dólares. En la lista de 2021, publicada en marzo, sumaban 105, con 448.000 millones acumulados. Y en la última actualización de mediados de mayo ya eran 107 con un patrimonio conjunto de 480.000 millones.»

Si esto acontece mientras enfrentamos la devastadora pandemia, ¿Qué podrá suceder cuando ésta se empiece a superar y tengamos que pasar revista a los escombros dejados por el desastre sanitario, económico y social en el planeta?

Los discípulos de Friedman (de aquí y acullá) desde ya se frotan las manos por los pingües negocios que harán, anunciando una reconstrucción desde cero. No verán el desastre post-covid como un momento de reconstrucción, a partir del fortalecimiento de lo público en salud, educación, en seguridad social, en comunicación humana, en promoción del empleo y desarrollo inclusivo. No. Lo verán como una oportunidad de incrementar sus ganancias, de reafirmarse en su mezquindad y egoísmo sin límites.

Lo vaticinios de Klein nos sirven para prever un futuro post-pandémico sombrío para nuestras sociedades y la humanidad, pero también nos pueden servir para darle todo el peso a la inmensa mayoría que somos, con el fin de ponerle freno al neoliberalismo, en todas sus expresiones, y construir sociedades más justas e inclusivas; sin duda más humanas.

(1 de junio, 2021)

“Gobierno paralelo” hunde a miles de costarricenses

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Rafael A. Ugalde Quirós*

A menos de un año de las elecciones generales en Costa Rica, el llamado “gobierno corporativo” hunde a miles de trabajadores costarricenses en la pobreza y la desigualdad social, viendo ellos como la pequeña nación centroamericana de 51 mil kilómetros cuadrados irremediablemente, se “colombianiza” por la corrupción y narcotráfico en los más altos niveles de la sociedad, mientras intencionalmente va cambiando el Estado Social de Derecho hacia otro donde los poderes de la república formalmente existen pero sus competencias cada vez son más difusas por la colaboración que deben dar para consolidar así el ambicioso “proyecto” país.

 Con un 60% de los votos en segunda ronda para el presidente Carlos Alvarado en 2018, proveniente del Partido Acción Ciudadana (PAC) – una incisión de partidarios que se consideraban marginados del “socialdemócrata” Liberación Nacional (PLN)- los costarricenses hicieron gala de su buena fe y creyeron en un redireccionamiento de la política exterior , la seguridad ciudadana, la cleptocracia y la economía doméstica controlada, esta última, como es sabido, por al menos un centenar de familias encargadas de las finanzas, los bancos y el gran comercio. Los votantes vieron entonces la oportunidad de “castigar” al cerrado bloque bipartidista constituido por “socialcristianos” y “liberacionistas”, fortalecido sobre manera a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), cuando este gobierno apostó por el Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE I) exigido por el Banco Mundial.

Es así que a menos de 10 meses de realizarse las elecciones generales – están previstas para el 6 de febrero de 2022- la reputación del mandatario no es la mejor: sus detractores lo vincularon con supuestos viajes de descanso pagado por empresarios allegados a su gobierno, de priorizar la economía por encima de la salud de los trabajadores, de no dejar pasar la crisis de la pandemia para echar al suelo conquistas laborales y de recolectar “información” personal de más de un millón de ticos, sin que los ciudadanos conocieran estas andanzas, entre otras. La Fiscalía General de la República dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias al gobernante y a un cercano grupo suyo por este asunto de la recolección de información de más de un millón de personas que, primero se entregó a una empresa privada para su “custodia” y luego, dicen ya está en el lugar correspondiente por ley: el Ministerio de trabajo. Su popularidad tampoco es la mejor, pues una encuesta centroamericana de opinión otorgó a Alvarado el último lugar en el istmo (Agencia Prensa Latina, citando a la encuestadora CID Gallup 4/3/2021).

La matriz mediática presenta además al gobernante como “alumno” aventajado en cuanto a las peores causas enarboladas por Washington, sí se trata de los gobiernos constitucionales de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Respalda al “grupo de Lima” y a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se trata de reconocer al “gobernante fantasía” y su “banda” – no controlan en Venezuela una cuadra- encargados de saquear los activos de los venezolanos en el extranjero. Sí bien es cierto el gobierno de Alvarado terminará su administración en 2022, desde ya tiene asegurado un lugar en el colectivo de miles de trabajadores costarricenses, sobre todo a partir de sus gestiones para alcanzar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 1.778 millones, que a decir de sus detractores, no necesita el país y, en cambio, compromete seriamente el futuro del movimiento sindical, el empleo público y las cuatro universidades públicas para citar algunos de los “daños colaterales” . El decir de estos grupos es que “embarga” la nación centroamericana por varias generaciones, así como toda clase de recursos e instituciones. Las universidades públicas en la mira desde hace tiempo por el “proyecto país” (Súmese el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo) sobreviven frente a unas 60 casas de estudios superiores privadas encargadas de llenar de sus profesionales los tres poderes de la república. Las autoridades universitarias les han costado entrar en razón en el sentido que para muchos de los tecnócratas formados en ellas la educación ya es un gasto ensanchador del llamado déficit fiscal y no una inversión y un derecho a la instrucción, sobre todo de aquellos más arrinconados por el sistema de producción. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, en un reciente llamado a la unidad para la defensa del “Estado Social de Derecho”, la coordinación de “acciones” y “la lucha contra el neoliberalismo”, calificó de “guerra despiadada desde los tres poderes de la República” la coyuntura que viven los costarricenses.

En otra proclama en ocasión del 1 de mayo dada a conocer por la revista Surcos los trabajadores acusaron a las élites económicas y políticas del PLN, de los Partidos Unidad Socialcristiana, del PAC, Restauración Nacional y Nueva República, de “precarizar” las deterioradas condiciones laborales y salariales, al reducirse las jornadas laborales, suspenderse los contratos de trabajo y congelando salarios. En el documento proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios; se oponen al acuerdo con el FMI y las exigencias que el mismo contiene con siete proyectos legislativos simulados, porque deteriora servicios públicos esenciales, empobrecen, y golpe las instituciones estatales.

Recuérdese que mediante una Cadena de radio y televisión a principio de octubre de 2020 Alvarado, y quien fue presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica del país. Cerca de 70 organizaciones entre sindicatos, federaciones estudiantiles de las universidades públicas, Alianza Cristiana, Movimiento solidarista, municipalidades, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, entre otras , junto a Cámaras y federaciones empresariales fueron llamadas al “dialogo” por Costa Rica (fuentes: https://delfino.cr/2020/10/quienes-representaran-a-cuales-sectores-en-la-mesa-de-dialogo-multisectorial y https://www.larepublica.net/noticia/estado-de-la-nacion-cancela-dialogo-multisectorial-porque-no-se-dieron-las-condiciones-necesarias).Sin embargo, ahora algunos “lideres” sindicales que tuvieron expectativas con dicho dialogo, sienten ya los efectos de aquel promovido “acercamiento”; no obstando lo anterior para reconocer que, por encima de las críticas que ahora quieren hacer al jefe de estado, es un hecho que el presidente Alvarado, sí “tiene quien le escriba”, pues en algunos medios de comunicación ha recibido apoyo para su frase favorita dicha por televisión: “trabajar, trabajar”. Estas loas provienen principalmente de miembros de cámaras y federaciones empresariales, algunos cuyos líderes son, a la vez, parte o defensores del poderoso “gobierno corporativo” (Ver: https://elearningccpa.or.cr/producto/presupuesto-publico-contratacion-administrativa-17-05-2021/?id_producto=undefined).

SOROS Y LA “TERCERA VIA”

El “esfuerzo” sostenido por casi 12 años, en cuanto a la posibilidad de una “tercera vía” de gobernanza sin “capitalismo salvaje” y menos algún asomo de “socialismo”, tiene en Costa Rica “magistrales” alumnos que, a lo mejor, el magnate George Soros conoce y ni siquiera imaginó cuando confeccionó sus mantras para el campo de los recursos naturales y dar su lógica creíble a la ideología de género, entre otros. Desde los gobiernos de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014); el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018); así como del actual (2018-2022), la nueva gobernanza está complementada por grandes empresas cuyos esfuerzos van dirigidos a fortalecer las relaciones de los accionistas, propietarios e inversionistas con el Estado, cada vez más disminuido. De esta manera, el llamado “estado corporativo”, adecúa el marco legal, financiero y económico a la “democracia”, “la paz social” y el “desarrollo” del país.

Empero, la discusión sobre cómo organizar a los asalariados y articular sus demandas, más allá del interés del empresariado para que disputen, en un primer momento el poder, lo controlen luego, y posteriormente, sea distribuido entre los sujetos activos de la producción de riqueza, sigue siendo una tarea pendiente entre los líderes de los asalariados. La evidencia más a mano es la desmovilización de los trabajadores promovidos por este sistema de “gobernanza paralelo” en estos últimos años; además de que muchas cabezas de la llamada gente “progresista” o la denominada “izquierda”, han perdido la perspectiva de lucha en pro del derecho a tener patria independiente, justa y digna, presentando como “conquista”, por ejemplo, ver izada la bandera del movimiento LGTBIQ en las afueras de la casa presidencial, como sinónimo de “igualdad” e “inclusión” social, cuando los prejuicios sociales, económicos y religiosos siguen evidentes a lo largo y ancho del país contra estas minorías; o la lucha por mejores salarios para las mujeres, como forma de combatir “el patriarcado”, olvidando la necesidad urgente de enderezar la lucha conjunta de hombres y mujeres contra las estructuras económicas que cada día nos despojan de esa patria cuyas sabanas corrimos siendo niños y a la cual tenemos derechos a vivir con dignidad como personas por el simple hecho de haber nacido vivos.

De esta .manera, quienes por acción u omisión defienden las tesis de Soros en cuanto a familia, ambiente, recursos naturales o trabajo, lograron muchas veces elevar a tema nacional sí, es mejor o peor un “estado laico” , sí la extracción de minerales a cielo abierto va contra el “desarrollo sostenible”, etc.; por encima de por qué en Costa Rica el sindicalismo es inexistente en el sector privado, sí es posible un sindicalismo en pleno siglo XXI que entierre egos y derribe feudos, o sí este país cumple con el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos. Esta norma ordena que el trabajo es un derecho garantizado a la persona, pero el gobierno corporativo interpreta que la disposición se refiere a escoger libremente el trabajo. O hasta dónde, haberse sometido a la tesis de la fundación Soros, en cuanto debe reducirse la población en las economías periféricas, ya afectó a toda la sociedad costarricenses. La cantidad de adultos mayores ha crecido un 60% solo en los últimos 12 años y para estar más que claros, para el año 2045, seremos más adultos mayores que jóvenes (Fuente: https://www.google.com/search?q=costa+rica+envejece&rlz=1C1UUXU_esCR944CR944&oq=costa+rica+envejece&aqs=chrome..69i57.9867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

El “gobierno corporativo” puede ufanarse que el valor agregado en el sector de servicios es de un 73 % del valor total de Costa Rica, seguido por la industria y la construcción (21 %) y el sector primario (5 %). El proceso de apertura al comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, que comenzó desde las décadas de los ochenta, diversificaron la producción del país, impulsando las exportaciones y mejorando la utilización de la fuerza laboral (Fuente: El Panorama del gobierno corporativo; en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/380130cf-es/index.html?itemId=/content/component/380130cf-es). Además debemos alegrarnos que los ticos con anemia menores de dos años son apenas el 18%, el desempleo nacional es de 23,2%, según la encuesta Continúa de Empleo (ECE), cuyo porcentaje de desocupados nunca antes se había visto, cuya fuente asegura es culpa de la pandemia de la COVID 19. O con el creciente deterioro de las escuelas usadas por la gente impedida de recurrir a la boyante educación privada. Según la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, no se justifica el abandono en que están los centros de educación pública, porque “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad. (Fuente: Sobre anémicos en La Nación 16/ago 2019 y https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-mal-estado-de-centros-educativos-debe-ser-prioritario-para-el-mep/).

NACE UN MANTRA: “SIN FMI NOS VAMOS AL CARAJO”

El desempleo, la falta de vivienda, los elevados precios de los servicios y los alimentos, el congelamiento de salarios y la exclusión social – Costa Rica está entre los cinco primeros países latinoamericanos con más mayor inequidad – entre otros, estaban antes de la aparición de la pandemia de COVID 19. El sicariato y los “ajustes” de cuenta, al mejor estilo de Colombia, nunca necesitaron de un maldito virus para extenderse. Con o sin vacunas están presentes en la vida del costarricense. Y no hay un plan integrado que ataque las raíces socioeconómicas del problema. Las noticias sobre narcotráfico suelen ser aquí las compañeras inseparables durante el almuerzo o la cena. Solo en febrero de 2021 la Policía Antidrogas confirmó que evitó la “exportación” de 2.5 toneladas de cocaína; que saldría por el puerto de Limón. Según la agencia de noticias Reuter -9 ene de 2021- Costa Rica cerró el 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautadas en su historia, al decomisar 71,2 toneladas de droga, explicando que el récord se logró por un aumento de la producción en Colombia y mayores capacidades policiales en casa.

En este contexto cobró relevancia que un influyente diputado del PLN, exsecretario general de esa organización y presidente de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Gustavo Viales, renunciara a los dos últimos cargos, tras ser vinculado por la policía con una investigación a un cartel dedicado al trasiego de cocaína y legitimación de capitales. (Fuente:ELPaís.cr; 13/4/2021; http://www.elpais.cr/2021/04/13/diputado-viales-del-pln-renuncia-a-inmunidad-por-caso-de-narcotrafico-en-region-sur/). El ha negado toda vinculación hecha por la policía, así como de unos parientes cercanos, haciendo ver su disposición a someterse a la investigación. Según la Fiscalía de la República la banda había infiltrado la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); trasegarían una tonelada de cocaína cada dos meses. En 1985 durante la administración del PLN, encabezada por expresidente Monge, fue detenido en Costa Rica el “inversionista” y narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, supuestamente con una lista de “contactos”. Fue devuelto a México en tiempo récord y la libreta donde, según la prensa, aparecían direcciones y ubicaciones de esos contactos se perdió misteriosamente.

No todo, empero, está perdido en cuanto al derecho de tener un mejor país y lo provisorio del asunto. Para el presidente Alvarado la situación socioeconómica de su país encontrará una solución con el préstamo de $ 1776 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como “no hay chocolate sin cacao”, para acceder al empréstito deberá reformarse todo el sector estatal, congelar planillas y salarios, así como reducir fondos a importantes instituciones públicas (transferencias suena más elegante). De esta manera, la gobernanza paralela – está inspirada en el gobierno de los empresarios brasileños desde 1995-, prácticamente se consolidará definitivamente, pues quedan pocos activos estatales que vender o dar en concesión.

Durante un reciente discurso dado en la región del pacífico costarricense, en tono coloquial y para destacar la trascendencia del empréstito, Alvarado aseguró que necesitan la reforma del sector público a fin de reducir el faltante fiscal, porque sin el FMI “todo se va al carajo”.

Fuente: Semanario Universidad del 13/4/2021.

El déficit fiscal se origina, según la versión oficial, porque se destina el 1.56% de la producción nacional al pago de la deuda, siendo la mayor carga (83,82% de ella) para los llamados acreedores internos (Fuente: Diario Extra 17/4/2021). Para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, el faltante fiscal es provocado por los tenedores de bonos de la deuda interna, la evasión de impuestos, la corrupción, el contrabando y las repetidas amnistías tributarias dadas en los distintos gobiernos, cada vez que así exigen el empresariado.

Vargas apunta a que los distintos gobiernos han “satanizado” a los empleados públicos como los responsables de la crisis fiscal cuando hay elevadísimos salarios en el sector estatal para altos burócratas afines al proyecto neoliberal, además de millones de colones que se pagan en “asesorías” a los amigos del gobierno. Es del criterio que quienes tienen bonos de deuda interna y especulan con esos valores, hacen que cada costarricense nazca embargado, pues llega a este mundo con una deudilla equivalente a $ 9.917. Por su parte, el Semanario UNIVERSIDAD se quejó recientemente porque nadie conoce a estos “tenedores de deuda interna”, pues están blindados por el principio de “confidencialidad”, según los altos tribunales del país.

Este periódico dio a conocer que 25 grandes contribuyentes del control unificado del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 201|9 estuvieron, inexplicablemente, ausentes del Registro Único de Contribuyentes, según una investigación realizada por la Contralaría General de la república (Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). El informe asegura que todas esas firmas registraron volúmenes de importaciones por ₡ 370.936 millones e impuestos aduaneros por ₡ 51.078 millones, equivalente en dólares estadounidense a unos $ 604 234 millones y 83 millones.

¡Sí, amigo, Cid Campeador, cosas veredes¡

* Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Festín de candidaturas y Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al igual de como brotan de la tierra los abejones en abril (que ya no tan en mayo), en las últimas semanas, muchas ciudadanas y ciudadanos, se han lanzado al ruedo político anunciando sus pretensiones de encabezar la fórmula presidencial de algún partido político.

Se han mirado al espejo de la política nacional (tan venida a menos, a decir verdad) y se han preguntado: “¿Por qué no yo?” Y de inmediato, han dado una respuesta afirmativa que ya es compartida, en sus propósitos y ambiciones, por algunas docenas.

Han hecho sus cálculos de todo tipo: Ya sea de competir y ganar las elecciones internas de su agrupación política, de asegurarse cuotas de poder para negociar o, bien, para dejar su nombre en el imaginario colectivo, para futuras contiendas electorales.

Ante tantas ofertas que brotan, las pre-candidatas y pre-candidatos han tenido y tienen el grave problema de que cada vez les ha de costar más, presentar propuestas realmente originales, que le ganen el pulso al ya frondoso rosario de ofrecimientos y promesas, que se han venido acumulando.

Este fenómeno se muestra más grave aún en virtud de que prácticamente todas las pre-candidaturas, que se han enunciado, están metidas dentro de una pecera marcada por una limitada y estrecha visión neo-liberal, aun cuando el país se esté ahogando en medio de un océano, donde esta doctrina económica y política tan ampliamente dominante, más que solución alguna forma parte de la causa estructural de la multicrisis que enfrenta la sociedad costarricense, en estos días tan duros y difíciles para la mayorías, para nuestro pueblo.

Al compás de esta política neo-liberal impulsada desde el decenio de los años ochenta del siglo pasado, por el Partido Liberación Nacional (PLN) y, muy entusiastamente, por Oscar Arias, se ha venido debilitando el Estado Social de Derecho al mismo tiempo que ha crecido la desigualdad social, que afecta ya a millones de costarricenses.

Fruto del esfuerzo combinado de quienes impulsaron las Garantías Sociales en los años cuarenta (Rafael Ángel Calderón Guardia, Monseñor Sanabria y Manuel Mora Valverde) y del compromiso asumido por José Figueres Ferrer en el Pacto de Ochomogo, el Estado Social de Derecho costarricense, se desarrolló e hizo que Costa Rica se convirtiera en un país singular, en el contexto latinoamericano e internacional de naciones.

Sin embargo, en los años ochenta anteriores empezó una cuenta regresiva para el valioso Estado de Derecho que tanto nos costó construir como sociedad. Esta deriva destructiva y erosionadora, primero fue lenta y paulatina, pero en este azaroso presente pandémico, es una acción desenfrenada y frenética, en todos los frentes tanto en el Gobierno como en la Asamblea Legislativa.

Una plutocracia voraz y egoísta, que contrala a esos dos poderes, directa o indirectamente, y tiene un control casi monopólico de los medios informativos del país, es la principal responsable de esta “cruzada” que busca destruir lo que tanto nos costó construir.

Y les recuerdo el significado de plutocracia: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. O bien: “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

La nociva influencia de este sector ultra-minoritario de la sociedad costarricense ha deteriorado la democracia y la ha vaciado de contenido. Cuando para avanzar en el desarrollo del Estado Social de Derecho deberíamos haber evolucionado de una democracia representativa a una llena de participación social y popular amplia, como lo dicta el artículo 9 de la Constitución Política, los niveles de participación política y ciudadana se han debilitado.

Asimismo, esa plutocracia angurrienta y sus principales medios de “comunicación”, han fijado las reglas y límites a los partidos que controlan a su antojo, a las precandidaturas y al debate político. Debate político que hoy no es otra cosa, que discusión politiquera donde las ocurrencias y frases efectistas, buscan ocultar la falta de compromiso con las mayorías y con el Estado Social de Derecho, de los que forman parte de este festín de candidaturas.

Todas estas candidatas y candidatos, tímidos y temerosos, que no se salen del guion neo-liberal, cuando el país necesita de políticos que oten el horizonte, con mirada de estadistas que le devuelvan la esperanza a las y los desesperados (que crecen en cantidad e indignación), son como “abejones de mayo” que vuelan muy bajo y se arrastran en el suelo hasta que la historia de esta Patria bicentenaria, les repudie y les olvide de una vez y para siempre.

(26 de abril 2021)

La indignación social debe servir para construir un mejor país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que hay muchas causas y motivos para estar indignados. La indignación ha venido en aumento, conforme la situación económica de las personas y las familias empeora y no se encuentran respuestas certeras y concretas, ni en el Gobierno, ni en la Asamblea Legislativa.

La pandemia ha exacerbado y desnudado una crisis económica y social, cuyas causas más relevantes hay que asociar al impulso de un modelo económico, el neoliberalismo, que ha venido debilitando y erosionando el Estado Social de Derecho, desde hace más de 30 años.

Cada vez más costarricenses se convierten en víctimas de la desigualdad social, derivada de ese modelo que han aplicado sucesivamente, unos más-otros menos, gobiernos del PLN, PUSC y PAC. Empero esa desigualdad social creciente no ha crecido sola: Se ha incrementado a la par de una concentración cada vez más notoria de la riqueza en menos manos. Hace algunas décadas, cuando Costa Rica gozaba de una mejor distribución de la riqueza, se hablaba de que en El Salvador tal riqueza (y el poder político) estaba concentrado en 14 familias. Hoy, nuestro país, ha transitado un escabroso camino que se parece cada vez más al modelo salvadoreño.

Más y más costarricenses están irritados por el creciente empobrecimiento y por la incertidumbre que emerge al mirar el futuro. Dentro de este dominante escenario de indignación social, también causa molestia y hastío el festín de precandidaturas presidenciales, llenas de desmedidas ambiciones personales y vacías de propuestas de políticas inclusivas, que ofrezcan soluciones reales a la gente.

Lo malo es que muchas personas reaccionan contra la política y no, como debía de ser, contra las y los políticos que usufructúan de ella, sin compromiso social medible en hechos y cuyas promesas siempre se las lleva el viento.

En el mejor de los casos, esta indignación social de hoy puede empujar a muchas personas a la apoliticidad y al abstencionismo, y con ello a una pasividad nada alentadora y constructiva. Cuando, hoy más que nunca, se requiere enarbolar el artículo 9 de nuestra Constitución Política, en lo atinente al carácter participativo que debe tener la democracia costarricense, es contraproducente que cada vez más personas –justamente irritadas por asociar la “política” con el aprovechamiento patrimonial de que hacen gala muchos políticos–, se desmovilicen y no ejerzan plenamente sus derechos ciudadanos.

Valga recordar que la apoliticidad es una posición política que hace que la persona que la reivindica se haga a un lado para que otras personas decidan por ella, en asuntos que son de su primordial interés. La democracia sólo se fortalece con más democracia, pero para ello se requiere la más activa y consciente participación social y política de la ciudadanía. La auto marginación de las mayorías hace que las élites plutocráticas, afiancen su dominio económico y político a sus anchas en desmedro de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Sin embargo, la indignación creciente puede convertirse en una bomba de relojería, que se manifieste a través de estallidos sociales. No hay mal que dure cien años ni cuerpo –social—que lo resista. Ya varios organismos internacionales (con números en la mano), están pronosticando para América Latina en este 2021 pandémico y de incremento de la desigualdad y exclusión social, la aparición de estallidos motivados por la ira social.

Y el país está sumando números en esa rifa, ante la falta de propuestas concretas y viables de reactivación realmente inclusiva y justa, que ofrezca respuestas inmediatas y en perspectiva para amplios sectores sumergidos en la pobreza y la marginación social. Y esa falta de respuesta es gasolina y fósforos, que aportan tanto los que dominan el escenario político actual, como los que aspiran a dominarlo en las próximas elecciones y que piensan que el pueblo está condenado al olvido y a la inconsciencia política perpetua.

Es por ello que es imprescindible que cada vez más personas y grupos, se movilicen social y políticamente, hacia el norte de las propuestas progresistas, decentes y defensores de un Estado Social y Ecológico de Derecho. Sólo transitando por ese camino de certezas y esperanzas, la Democracia no ha de enfrentar los designios de un Estado fallido, en el cumpleaños 200 del país realmente progresista y democrático, que debemos ser.

(8 de marzo, 2021)

Por la segunda independencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Arnoldo Mora

Desde los inicios mismos de su gobierno, el Presidente Carlos Alvarado calificó su administración como la del “Bicentenario de la Independencia”. Es precisamente en el año actual que se cumplen los doscientos años de que tan maravillosa como sorpresiva noticia llegó a Cartago, capital colonial de nuestra provincia. Poco después se esclarecerían los “nublados del día”, que habían obnubilado la mente de nuestros antepasados, pues les resultaba difícil, por no decir, inverosímil, que las cadenas coloniales se hubiesen roto sin que, en tiempos recientes, se hubiese movido un dedo para lograrlo. La noticia de nuestra independencia era algo así como el bíblico maná que bajó del cielo; si bien es cierto no fue un regalo de lo Alto, si auscultamos las amarillentas páginas de la historia patria; nuestros pueblos indígenas, desde los primeros días de la colonización y liderados por Garabito, se habían sublevado contra el yugo colonial; otro tanto y aún más heroicamente, hizo el prócer Pablo Presbere; los josefinos imbuidos de ideas liberales, habían quemado los estancos de tabaco hacía una docena de años, negándose a someterse al monopolio de la Corona en materia de comercio exterior; fuera de nuestro territorio, en Las Cortes de Cádiz, el gran Florencio del Castillo abogó por la total igualdad de los habitantes de ambos lados del Océano, sin distinción de ninguna especie; si bien, estos dos últimos casos no mostraban explícitamente una voluntad de soberanía plena frente a la metrópoli colonial, su posición implicaba un paso hacia la plena independencia política, pues no puede darse independencia en lo económico si no se es independiente en lo político. Pero eso es tan sólo un paso histórico que nos permitió poner los fundamentos de nuestra soberanía, la cual sólo se logró gracias a la construcción del Estado Nacional en el siglo XIX, su connotación de Estado de Derecho en las primeras décadas del siglo XX y del Estado Social en la década de los 40s. Tales son los principales jalones realizados por nuestros mayores en nuestra historia. Es lo que le da sentido a las celebraciones de nuestra independencia en el presente año; pues sólo se es libre cuando se usa de la libertad para configurar nuestra propia soberanía como nación, cuando se ejercita la soberanía popular al decir de Juan Jacob Rousseau, el principal ideólogo de la Revolución Francesa, cuyo ideario inspiró la construcción de nuestra república, incluso en la expresión de los símbolos patrios. La democracia de la que hoy nos ufanamos, es producto de estos procesos políticos que se han escenificado en las etapas históricas que he mencionado. Pero hay que recalcar que esos logros no se han dado sin grandes luchas, a veces teñidas con sangre; pero, también hay que destacarlo, siempre nuestro pueblo ha salido victorioso.

Hoy iniciamos un nuevo ciclo de nuestra historia; ya no tenemos cadenas coloniales que romper, pero sí tenemos muchos otros obstáculos que nos impiden sentirnos verdaderamente libres como ciudadanos y soberanos como nación. El mayor de los impedimentos lo constituye la creciente desigualdad social, que se refleja en la exclusión político-social y la explotación económica que han acrecentado la pobreza en cifras enormes, de amplios sectores de la población. Las reformas sociales de la década de los 40s y algunas otras reformas puntuales que se lograron en los años posteriores, han configurado una sólida clase media, base de nuestra estabilidad política de las últimas décadas. Hoy todo ese hermoso y ejemplar edificio se ve seriamente amenazado por las medidas neoliberales, que se han venido imponiendo e implementando de manera inflexible por los gobiernos sucesivos desde 1984; la pandemia provocada por la Covid-19, no ha hecho sino acrecentar de manera intolerable para los más amplios sectores de la población, el abismo de explotación y marginación que esas espernibles políticas han provocado en la mayor parte de nuestra población. Lo que acabo de señalar explica lo que hoy se vive en nuestra vida política, como es el acercamiento entre sectores empresariales y los sindicatos del sector público, los más beligerantes de las últimas décadas, para enfrentar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional y apoyadas, de manera rígida, por los sectores oligárquicos del país. Como consecuencia de lo anterior, se da un creciente y cada vez más duro enfrentamiento de clase, el cual ha pasado del campo económico-social al campo político.

No hay duda de que estos hechos marcarán el rumbo de la próxima campaña electoral; la cercanía de las elecciones se hará sentir cada día con mayor fuerza en el panorama político nacional, hasta convertirse en la segunda mitad de este año en el acontecimiento político que marque todas las manifestaciones de los más variados actores de la vida política nacional. Frente a esa realidad, los partidos políticos se muestran particularmente débiles y desorientados; el gobierno cada día se debilita más, hasta el punto de que la figura del Presidente Alvarado es la más desteñida, por no decir, desprestigiada de las últimas décadas; Carlos Alvarado ha sido el gobernante más débil y más oscilante que hemos visto en mucho pero en mucho tiempo, da la impresión de ser un improvisado; su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, a la que se vio compelido a pesar de su reiterada reticencia, no hace sino acrecentar ese desprestigio que lo rodea, como la negra boca de un abismo en que se sumerge cada día; en la hora actual no hay posibilidad de que logre evitar verse lanzado en las fauces del desprecio generalizado que se reflejará, sin duda, en las próximas elecciones; los partidos políticos, cada vez más desdibujados ideológicamente y carentes de auténticos líderes, despiertan tan sólo suspicacias en una creciente mayoría de ciudadanos; incluso los medios costarricenses que solían imponer su tiranía ideológica, se ven disminuidos fuertemente en su influencia y poder político debido al auge de las redes sociales. Más allá de nuestras fronteras, el panorama político internacional cambia vertiginosamente con evidentes muestras de decadencia del poder imperial yanqui y el auge de China; Occidente se ve obligado a dialogar o negociar con un Oriente cada día más influyente en todos los campos; los bloques regionales se consolidan como focos de poder que determinan la escena mundial, de manera particular, en nuestra región latinoamericana. Frente a este panorama inquietante, nuestros políticos tradicionales se enconchan en una rígida posición, que demuestra su fosilización en el tiempo y su incapacidad de responder a los retos de la época actual.

En vista de lo anterior, considero que se impone la forja de un nuevo contrato social, que nos permita lograr una segunda y plena independencia que nos dé una base de justicia social y una a los sectores productivos del país. Se requiere acabar con la hegemonía del capital especulativo y de los bancos privados que están vinculados con el lavado. De manera particular, los capitales sospechosos de lavado deben ser investigados; los impuestos deben ser pagados por los sectores de una minoría plutocrática cada día más pequeña y cada día más avara. Los sectores productivos, sobre todo del agro, han sido fuertemente golpeados, por lo que deben unirse con los sectores de clase media y con los sindicatos para formar un frente patriótico que busque profundizar las reformas sociales y consolidar el Estado Social de Derecho. A los partidos políticos que aspiran a conformar el nuevo gobierno, hay que exigirles la elaboración de un programa de gobierno que refleje las posiciones y reivindicaciones de las mayorías. Este gobierno constituye una de las mayores traiciones que se han visto en nuestra historia. Un presidente que se convierte en rehén de algunos grupos económicamente poderosos que gobiernan sin haber sido sometidos al escrutinio popular como es exigencia fundamental de la democracia, no debe repetirse en nuestra historia. Construir una democracia real, una soberanía real, una independencia real, constituye el mayor tributo que den nuestras generaciones a quienes nos dieron la Primera Independencia; porque hoy debemos al Bicentenario y al inicio de nuestra segunda y plena y definitiva independencia ese tributo. Sólo así tienen sentido las celebraciones patrias.

Voraz cerco al Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Desde ya hace varios años, un sector minoritario de la sociedad costarricense, colmado de privilegios, ha venido desarrollando distintas acciones que han erosionado y debilitado el Estado Social de Derecho.

Lo que fue un enorme logro de nuestra sociedad en la segunda parte del siglo anterior, lo es cada vez menos, en un país en el cual la concentración de la riqueza y la desigualdad social, han crecido significativamente.

La cuenta regresiva para este logro de Costa Rica, arrancó su cuenta regresiva a partir de la entronización de políticas dominantemente neoliberales, inspiradas en el llamado «Consenso de Washington» y que arrancaron con los Programas de Ajuste Estructural (PAEs).

Tanto el Partido Liberación Nacional (PLN) como la Unidad Social Cristiana (PUSC) arriaron sus banderas socialdemócratas y de humanismo cristiano, respectivamente. Un discurso cada vez más débil y poco convincente, abrió paso a prácticas políticas neoliberales, dirigidas a reducir al máximo las estructuras y funciones del Estado.

Asimismo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) que emerge como una fuerza rupturista del bipartidismo, con una propuesta anti-neoliberal y contra la corrupción, cuando toma las riendas del Ejecutivo, particularmente con la administración de Carlos Alvarado, abandona las razones que lo originaron.

De esta manera, la obra que iniciaron el PLN y el PUSC, en el Ejecutivo y Legislativo, la ha asumido en forma devastadora, la administración actual mediante la Ley de Ajuste de las Finanzas Públicas (2018) y, actualmente, con el impulso de la Ley de Empleo Público. Pero para reducir la movilización social ante este tipo de normas regresivas, que afectan a sectores mayoritarios de la población, han echado mano a la aprobación de leyes que limitan significativamente la organización de huelgas.

Asimismo, a estas élites voraces de concentración de riqueza y de poder político, que gozan de un amplio dominio en el gobierno y el Parlamento actual, les ha venido muy bien la pandemia en tanto también ha coadyuvado en la desmovilización social, en virtud de las medidas de bioseguridad dictadas por las autoridades de salud, desde hace casi un año.

Para desarrollar su acción política que ha convertido al Estado Social de Derecho en una sombra de lo que fue, estos grupos minoritarios y en un tono cada vez más autoritario, han utilizado sus medios de comunicación, para desarrollar una sistemática campaña contra el sector público y las distintas expresiones sindicales en este sector.

En su afán arrollador a fin de avanzar en sus propósitos, han querido desacreditar todos los servicios que brinda el Estado (salud, educación, seguridad social, electricidad, telecomunicaciones, entre otros).

Hoy más que nunca hemos podido constatar la importancia fundamental de la medicina social y los servicios públicos de salud, para atender los efectos devastadores de la pandemia. Quienes hemos defendido a la CCSS de las acciones privatizadoras, podemos decir ahora que no sólo es necesario mantenerla sino que también fortalecerla como el mejor instrumento, para asegurar el derecho a la salud para todas y todos los costarricenses, especialmente, los afectados por la pobreza y la desigualdad social.

Eso mismo tiene validez en la educación, que debe avanzar en la inclusión y la calidad, sea presencial, virtual o bi-modal, para asegurar las oportunidades de desarrollo social, en un piso lo más parejo posible.

Es cierto que hay pequeños grupos en el sector público que se han beneficiado de condiciones de desigualdad, que deben ser modificadas. Sin embargo, no representan de ningún modo ni la mayoría y menos, la totalidad de los empleados públicos.

En este contexto, el actual proyecto de ley de empleo público no es una iniciativa que busca llevar justicia y eficiencia, como han argumentado sus promotores. No. Se orienta a reducir el rol que debe tener el Estado en un desarrollo realmente inclusivo y solidario. Igualmente, un derivado inevitable de esta iniciativa que buscan aprobar aceleradamente, sería la precarización del empleo público.

El Estado Social de Derecho merece y urge la movilización de las mayorías en su defensa, al tenor del carácter participativo de nuestra democracia, como lo fija el artículo 9 de la Constitución. En estos días de largas sombras, las fuerzas sociales y políticas progresistas, debemos llevar luz y brújula a una democracia secuestrada por una élite voraz, mezquina y angurrienta.

(21 de febrero, 2021)

El ocaso de la segunda república bajo el lente artístico

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Rosaura Chinchilla-Calderón
Abogada y profesora universitaria
Rosaura.chinchilla@gmail.com

El arte ha permitido que los pueblos expresen lo que, de otra forma, se acallaría o reprimiría. No obstante, el que se use un lenguaje estético no le quita sordidez a la realidad ni impide que el relato genere angustia o desesperanza en quien degusta la obra. El despertar emociones es parte del reto artístico, aunque se trate de sentimientos que, por ser reflejo del entorno, no son los que se quieran cultivar. Además, cuando el medio que se describe ha fermentado niveles descomunales de putrefacción y cinismo, la belleza de los recursos comunicativos que se usen para trasmitir las ideas no impide que el mensajero pueda estar en riesgo por expresar su visión de mundo.

Externar ideas, máxime cuando estas implican la crítica a un sistema político decadente y opresor, puede implicar el pago de altos precios. Leo en la prensa internacional que un rapero catalán fue detenido, tras refugiarse en un campus universitario, e ingresó a prisión para descontar nueve meses por el delito de injurias cometido contra la monarquía española a través de la letra de sus canciones. La nota es de febrero de 2021 y —dejando al margen la valoración que pueda hacerse de los diferentes géneros musicales o de la crítica de otros trabajos del ahora detenido— si esto sucede en un contexto de democracia formal en donde la globalización ha permitido el acceso a algunos mecanismos de protección para la libertad de expresión, ni qué pensar sobre los efectos que críticas similares han tenido (o pueden tener) en otros contextos o momentos históricos, en donde pensar, expresar y disentir se puede pagar con la vida misma.

No por casualidad, en América Latina —tan susceptible a los colonialismos y a sufrir las dictaduras de diferente signo de ellos derivadas— el boom de la literatura se manifestó, entre otras corrientes, a través de la novela histórica y la “novela del dictador”, subgéneros a través de los cuales se fue consolidando la descripción de un contexto específico del quehacer de nuestros pueblos que posibilita la crítica hacia el abuso del poder político y articula formas de oposición o disidencia contra regímenes despóticos.

Si la nómina es larga (en obras, autores y en narraciones) y extiende sus raíces abrazando varios siglos, es porque también el abuso del poder ha carcomido a nuestra adolorida Latinoamérica como un cáncer terminal: desde las obras precursoras de dicho movimiento —como Facundo (1845) de Domingo Faustino Sarmiento y Amalia (1850) de José Mármol con referencias a la dictadura de Juan Manuel de Rosas en Argentina— hasta textos cumbres como Tirano Banderas (1926) del español Valle Inclán que describe al tirano ficticio de una isla sudamericana Santos Banderas; El señor presidente (1933;1946) de Miguel Ángel Asturias sobre el régimen de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala; Conversación en la catedral (1969) de Mario Vargas Llosa alusiva a la represión ejercida en Perú por Manuel Odría; Otoño del patriarca (1970) de García Márquez donde se describe a un dictador ficticio que reúne características de Franco en España, Juan Vicente Gómez de Venezuela y Gustavo Rojas Pinilla de Colombia; Yo el Supremo (1974), de Augusto Roa Bastos, sobre la vida del paraguayo José Gaspar Rodríguez de Francia; El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, nuevamente con una simbiosis ficticia de los diferentes políticos autoritarios históricos de la región; De amor y de sombra (1984) de Isabel Allende referente a las fosas comunes y los desaparecidos en el régimen de Pinochet de Chile, sin dejar de lado aportes recientes como En el tiempo de las mariposas (1994) de la escritora Julia Álvarez referente a la dictadura de Trujillo y el asesinato de las hermanas Mirabal; Margarita está linda la mar (1998) de Sergio Ramírez referente a la llegada de Darío a Nicaragua y la vida y asesinato de Somoza en Nicaragua, La fiesta del chivo (2000) y Tiempos recios (2019) ambos de Mario Vargas Llosa, el primero relativo al régimen de Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana y el último alusivo al derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala.

Es de prever que si las dictaduras han variado en la forma en que acceden al poder (ahora a través de golpes de estado blandos, por ejemplo), también la clasificación del género literario deba expandirse y abrirse para adoptar la crítica a figuras que mueven los hilos de un país, aunque no sean formalmente dictadores.

Advierto que no soy experta en el campo, pero me atrevería a decir que —salvo contadas excepciones dentro de las que destaca El crimen de Alberto Lobo (Gonzalo Chacón, 1928) referida a la dictadura de Los Tinoco— en Costa Rica no existe una tradición importante en este tipo de textos (ni en obras culturales de otra naturaleza que aborden temáticas semejantes). Con ello lejos estoy de insinuar que el arte tico no se ha ocupado del fenómeno porque no hayamos tenido golpes de estado, dictadores o caudillos, ni pretendo adscribirme al mito de la “Suiza centroamericana” sino, más bien, reforzar la crítica, excepcionalmente planteada por Yolanda Oreamuno, respecto al “carácter tico”, más dado a evadir las situaciones grotescas que a enfrentarlas, de allí que se prefiera “esperar a que se despejen los nublados del día” o “serruchar el piso antes que cortar cabezas”. No en vano el “pura vida” es nuestro lema-nación y alimentamos el imaginario nacional con lo de ser “el país más feliz del mundo”. Será por eso por lo que vivimos en el eterno presente, donde los escándalos no duran más de tres días y estamos privados de una memoria histórica y de un patrimonio cultural vigoroso que nos permita hundir las raíces en los aportes de otras generaciones y curtirnos frente a los eternos retornos de las demagogias políticas. Eso podría explicar el por qué el arte con clave de denuncia respecto al abuso de poder nacional también es escaso en nuestro medio.

En los últimos años, sin embargo, el arte, a través de diversos géneros, ha empezado a hurgar en la desmemoria, en el pasado que oculta autoritarismos y desigualdades, en los conflictos políticos contemporáneos, en las tramas de poder y corrupción que nos han marcado y en la denuncia de la realidad en la que convivimos. Me refiero, por ejemplo y obviamente sin ninguna pretensión de exhaustividad, a trabajos como el recogido en el documental El Codo del Diablo (hermanos Jara Vargas, 2014) que rescata, para la memoria histórica, el abuso del poder que termina en homicidios impunes durante el conflicto de 1948 y a novelas (mezcla de tramas históricas, policiacas y con algo de novela negra y del dictador) Cruz de Olvido, El año de la ira (Carlos Cortés, 1999 y 2019), y Más allá del río (Emilia Macaya, 2020) que pasan revista por los temas de corrupción y ejercicio del poder político-autoritario.

Y esa producción no es casualidad. Se trata no solo de la lucha contra la amnesia sino la premonición de que nuevas tempestades se avecinan. Las anuncian los datos o indicadores de la Costa Rica del bicentenario que, en su última década, se ha caracterizado por:

a) presentar una tasa de homicidios por 100 mil habitantes que supera las 10 muertes violentas, lo que permite calificar la violencia social como “epidemia”, según los criterios usados por la OMS. Así dicha tasa en 2015 fue de 11.5 muertes; en 2016 de 11.8; en 2017 de 12.2; en 2018 de 11.7; en 2019 de 11.2 y 2020 de 11.1. Estas muertes violentas han involucrado un crecimiento de los femicidios (entendiendo por este término la muerte de mujeres por su condición de tales que, en Costa Rica, se maneja como “femicidio ampliado” dado el carácter restrictivo de la normativa sobre el tema circunscrita a relaciones de pareja);

b) ver crecer anualmente el índice de Gini, que marca la distribución de la riqueza. Recuérdese que el punto cero implicaría la “equidad perfecta” por lo que, a cifras mayores, la desigualdad social es superior. Así, al llegar a los años 2000 se alcanzó los puntos más altos: 51.60 en el 2001 y 90 en 2002 y si bien descendió en los siguientes años, tuvo un repunte en 2009 (50.6) y, a partir de entonces, con ligeras oscilaciones, se ha mantenido en 48 y algo, por lo menos hasta 2018 (Estado de la Nación);

c) ingresar el país al grupo de las 10 naciones más desiguales del mundo (Banco Mundial; Taking on inequality, 2016);

d) exhibir un desempleo creciente: 2010 (9.2%), 2014 (9.8%), 2018 (12%), 2019 (12.4) y 2020 (21.9 de agosto a octubre de 2020) lo que representa más de medio millón de personas, entre los cuales un buen número son jóvenes;

e) ostentar niveles crecientes tanto de encarcelamiento (en 2000 de 193 por 100.000 habitantes y en 2016 de 370 por 100.000 habitantes según International Centre for Prision Studies, 2017) incluyendo a la población juvenil (Costa Rica tiene una de las edades de encarcelamiento más bajas en América Latina: 12 años) como de hacinamiento penitenciario: 2017 (30%), 2018 (30.4%) y 2019 (30.8%) aunque en años anteriores superó, por mucho, el 40%. Téngase en cuenta que para las Naciones Unidas el límite de hacinamiento aceptable es del 20%;

f) medir cómo la lentitud del sistema penal crece por reformas fallidas, aparejando niveles de impunidad asociados a delitos de cuello blanco;

g) descender en el índice de percepción de la corrupción hasta ocupar, en 2020, un puntaje de 57 sobre 100, luego de haber caído en 2018 de 59 a 56 puntos, en donde a mayor cercanía a 100 mayor es el control sobre la corrupción y a más bajo número, menor la lucha contra tal flagelo (Transparency international);

h) ver crecer las formas de autoritarismo en lo político-social, añorando al gobernante de mano dura que, ungido con los “poderes divinos” (a lo Trump, Bolsonaro, Bukele, Maduro u Ortega), imponga orden, visión transmitida aún por medios de comunicación. En un estudio de IDESPO para medir el autoritarismo en la población costarricense usando la escala RSW de Altemeyern, se pudo verificar que para 2011 el promedio era de 72 puntos y para 2016 la media era de 68 puntos, es decir, casi sin variación considerando los márgenes de error. Si se tiene en cuenta que más de 50 puntos implican una aceptación de criterios autoritarios y que esos puntajes abarcaban respuestas afirmativas a las proposiciones de que había personas “muy diferentes” que nunca deberían ser parte de la sociedad, que el castigo para infractores debía ser muy drástico, que la obediencia a la norma (sin importar su contenido) era un valor deseable y que debía defenderse el status quo, se tiene claro que el ambiente está dado para un giro totalitario que, como suele ser común, proteja los grandes negocios.

Esa desgarradora situación, afortunadamente (para quienes creemos que el arte, además de una misión estética y lúdica cumple una función social y ética) ha empezado a mostrarse en las obras culturales nacionales y es un paso correcto en la denuncia del estado de cosas que las originó. En lo que va del año pude degustar dos trabajos, de distinta naturaleza, que convergen en esos puntos. Me refiero a la novela Los papeles de Chantall (2021) del sociólogo de profesión y poeta por vocación Paul Benavides Vílchez, quien ahora incursiona en este género literario, y la película que se exhibe en cines nacionales Pájaro de fuego dirigida por César Caro (coproducción C.R.-E.U.A y Chile) y respecto de la cual Gabriel González Vega hiciera una reseña formal profunda y muy acertada, que invito a leer.

Ambas desnudan nuestra realidad grotesca y cruda con la majestuosidad que solo el arte puede lograr, coadyuvando a expresar, de forma menos dolorosa, aquello indecible. Ambas exponen las secuelas sociales (en barrios marginales, en la juventud, en los procesos judiciales, en la trata de personas, en la vida carcelaria, en la angustia de quienes migran) de la política demagógica y corrupta que se ensaña contra el pueblo oprimido y se manifiesta en diversas formas de violencia, mientras, por otros lados, se viven obscenos niveles de ostentación. Ambas logran transmutar aquellas estadísticas, números e índices en figuras literarias, impecables fotografías, diálogos, imágenes, sonidos…para que la reflexión político-filosófica también tenga goce estético.

Dos géneros distintos que son un claro reflejo de esta Costa Rica que se resquebraja ante nuestras miradas mostrando el ocaso de la segunda república: una democracia de caricatura (o, mejor dicho, una memetocracia) y la decadencia de la mitología que hemos alimentado. En Pájaro de fuego se exhiben los efectos sociales de las tramas políticas que se abordan en Los papeles de Chantall. En este texto, el autor retrata descarnadamente a los partidos políticos como lo que son: simples maquinarias de acceso al poder, que han traicionado los ideales históricos que los vieron nacer. Los líderes políticos (incluyendo el viejo y enfermo patriarca, que maneja los hilos del poder y de los negocios y respecto del cual es imposible no hacer semejanzas) adquieren los rasgos de cínicos y perversos personajes que buscan el acceso a puestos para consolidar sus negocios privados en una maraña de corruptelas que todo lo abarca, incluyendo el otrora prestigioso Poder Judicial y su tristemente célebre Sala Tercera, protagonistas de primer orden aunque solo sean mencionados en un par de páginas. Concluí la novela justo el día en que varios medios anunciaban que la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral superaba la decena (y casi todas las caras eran de viejos conocidos) y pocos días antes en que se mencionara la reunión de varios dirigentes políticos anunciando la necesidad de coalición o acuerdos para designar candidatos de consenso. En ese marco, es imposible dejar de hacer asociaciones con lo que, de modo magistral, “anticipó” el escritor. Sin embargo, en la realidad, a diferencia de la novela en donde la naturaleza se compadece y hace su obra, la pesadilla está lejos de concluir.

Los papeles de Chantall pone, en clave literaria, lo que su autor conoce por la profesión y el oficio que desempeña: un cuadro de descomposición tan grande que lleva a la náusea. Ojalá que, sin embargo, la fuerte denuncia que aquí se hace solo le depare a su creador consecuencias positivas. Las merece, porque el suyo no es un oficio de ciegos, sino de grandes videntes que pretenden trasmitir, a quienes leemos, aquello que quizá nosotros sí dejamos de percibir.

Hay que seguir prestando mucha atención a las diferentes manifestaciones artísticas nacionales de estos tiempos. No hay casualidades, solo causalidades y lo que nos gritan las obras contemporáneas rompe el silencio de la aldea.

No es con violencia con que se debe afrontar la crisis de migración de nuestros países

Escrito en . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento público de iglesias y organizaciones basadas en la fe

No oprimirás al extranjero, porque ustedes conocen los sentimientos del extranjero, ya que ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto.»
Éxodo 23:9

Urgen respuestas humanitarias en Centroamérica y Estados Unidos…

Guatemala, 21 de enero de 2021. Con dolor e indignación, las distintas iglesias y organizaciones basadas en la fe de distintas espiritualidades, hemos visto la forma atroz con que la fuerza pública guatemalteca ha reprimido a miles de migrantes, mayoritariamente de origen hondureño, devolviéndolos a golpes a la dramática realidad de la que huyen, en medio de una crisis de salud que nos afecta a Guatemala y el mundo. Ante el llanto, la impotencia y la frustración de tantas y tantos que cada vez se quedan con menos opciones de vida en sus países de origen, expresamos:

1)  Nuestra solidaridad con quienes, forzados por la necesidad y la desesperación frente a la falta de oportunidades, la pobreza y la violencia, se ven obligados a migrar, incluso llevándose lo más preciado o quizá lo único que tienen, sus hijos e hijas, para recorrer a pie, miles de kilómetros, buscando llegar a Estados Unidos de Norte América.

2) Expresarnos nuestro rechazo y nuestra oposición al abuso de la fuerza pública en los países de tránsito que, con el argumento de resguardar su soberanía, violan flagrantemente los derechos humanos de miles de hombres, mujeres, niñas y niños, obviando todos los mecanismos, protocolos, leyes y convenios nacionales e internacionales en cuanto a protección de derechos. Duele que el gobierno guatemalteco sea parte de esa respuesta militarizada que golpea y violenta a migrantes.

3) Nos sumamos a las voces que demandan a los gobiernos de México y Centroamérica asumir su   responsabilidad para la emisión de políticas públicas que combatan las causas que originan la migración, exacerbadas por la desigualdad social, la corrupción y la impunidad.

4) En el marco del cambio de gobierno en los Estados Unidos de Norte América, hacemos un llamado al binomio Presidencial Biden-Harris, así como a la Cámara de Representantes y al Senado de dicho país, para Impulsar políticas migratorias más humanas que rompan con el sello xenofóbico que marcó su antecesor, así como el fortalecimiento del acompañamiento a los países centroamericanos en su esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad, que la alianza criminal ha avanzado, devastando los recursos públicos a través de negocios ilícitos entre la clase política corrupta y sectores empresariales, militares, incluso vinculados al narcotráfico.

5) Nuestro reconocimiento a la loable labor de la Pastoral de Movilidad Humana, de las Casas del Migrante, de los albergues y de todas las iglesias, instituciones y personas que han extendido su mano solidaria, socorriendo a quienes se han visto forzados a salir de su país. En esta línea expresarnos nuestra preocupación y rechazo a los actos de hostigamiento a la Ca. del Migrante «Sin Fronteras» ubicada en Tecún Umán, Guatemala, por parte de la Policía Nacional Civil y el ejército guatemalteco ocurrida el 19 de enero recién pasado.

6) Nuestro llamado y respaldo a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala para el acompañamiento a las personas en situación de migración, así como a las entidades que les socorren, verificando y velando por el respeto de sus derechos, así corno accionando en contra de los vejámenes que han sido cometidos.

7) Nuestro reiterado llamado al pueblo de Guatemala y de los países de tránsito, para no caer en la trampa y culpar a las y los migrantes de las situaciones de robo, delincuencia, desempleo, y ahora del repunte de contagios de covid-19, pues estas problemáticas se derivan de la cuestionable capacidad gubernamental e institucional para atender y buscar soluciones prontas y eficientes. Nuestros hermanos y hermanas migrantes no necesitan golpes y estigmatización, necesitan nuestra empatía y solidaridad.

Amerindia Guatemala
Asociación Civil Verdad y Vida
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Documento: “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres”

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Fundación Friedrich Ebert publicó el documento “Mujeres por Costa Rica ante el COVID-19: medidas para superar la crisis y su impacto en las mujeres” de las autoras Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, docente universitaria e investigadora; Elizabeth Fonseca Corrales, historiadora y ex diputada de la República; Margarita Bolaños Arquín, antropóloga y productora agrícola orgánica; Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y ex Ministra de Planificación y Política Económica; y Olga Marta Sánchez Oviedo, socióloga y consultora adhonoren de grupos de mujeres.

El documento invita a reflexionar acerca de las condiciones que deben cumplirse para la reactivación económica, la generación de empleo decente, el combate a la pobreza y su impacto en las mujeres. Dichas condiciones son:

  1. “Reconocer que los problemas estructurales del actual estilo de desarrollo económico, causante de una creciente desigualdad social y territorial, ya mostraba una clara tendencia a la desaceleración. Además, evidenciaba un incremento del desempleo, en particular en mujeres y jóvenes, una disminución de la inversión privada y pública, un crecimiento de la deuda pública, entre otros indicadores relevantes”
  2. “El actual estilo de desarrollo ya no estimula el crecimiento y profundiza la inequidad. El crecimiento económico es fundamental, pero para que active transformaciones estructurales debe estar orientado a generar las bases materiales de un desarrollo que combata la desigualdad, avance en la igualdad de género e igualdad territorial, y a la vez, que sea compatible con la sostenibilidad ambiental”
  3. “Debe destacar un robusto sistema educativo que permita incidir en la capacidad creadora y productiva de las personas, pero también en la forja de la identidad personal y colectiva, y en el desarrollo de competencias ciudadanas”

SURCOS invita a consultar el documento a continuación:

ANÁLISIS_MUJERES-POR-COSTA-RICA-ANTE-EL-COVID-19Descarga