Etiqueta: desigualdad social

Autoritarismo y violencia neoliberal

Escrito en 07/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A diferencia de Chile donde el neoliberalismo se impuso como política económica después de un golpe de Estado y una cruel y brutal represión por parte del ejército, encabezado por el general Augusto Pinochet, en Costa Rica se impuso después de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con impactos menos privatizadores pero siempre devastadores en lo social.

El filósofo Constantino Láscaris logró percibir que la oligarquía costarricense, sin seguir el patrón dominante en América Latina, había logrado someter a su pueblo sin necesidad de ejército. Efectivamente, en el país se desactivó el dispositivo militar pero se activó el ideológico y cultural, para contener los impulsos transformadores de gran calado. Se instauró, así, un sistema que privilegia la dominación cultural e ideológica. La violencia asume una dimensión predominantemente simbólica y política, propia de una “cultura autoritaria”.

Así lo constata el sociólogo Manuel Solís: “Ni la insignificancia del ejército ni su abolición pueden identificarse con la desaparición de la violencia política […] El fondo del asunto lo pusieron en palabras los jueces insubordinados del año 2.000, cuando hablaban de una institucionalidad marcada por una cultura autoritaria […] La arbitrariedad, la corrupción y las distintas formas de violencia civiles pueden convivir, e incluso escalar, con un discurso de paz cuando este apuntala una cultura autoritaria” (Solís A. Manuel (2006) La institucionalidad ajena. San José, Editorial UCR, p.529).

Efectivamente, en las últimas cuatro décadas, nuestra oligarquía ha sabido imponernos el derrotero del autoritarismo neoliberal con un discurso de paz. En su primera administración (1986-2000) el expresidente Oscar Arias mientras propiciaba la paz en la región impulsaba la privatización de las telecomunicaciones en el país y un proyecto que pretendía privatizar al ICE, al mismo estilo que hoy proponen algunos economistas, es decir, vendiendo acciones de instituciones públicas al sector privado. En su segundo mandato (2006-2010), enarboló el lema de “paz con la naturaleza”, mientras decretaba la explotación minera a cielo abierto de interés público e impulsaba la firma del TLC con Estados Unidos, para, al fin, lograr privatizar las telecomunicaciones y profundizar el pacto neoliberal.

Hoy la oligarquía y sus voceros persisten en un discurso que “llama a la guerra” contra la institucionalidad social y el empleado público. Nuevamente, apela a La violencia simbólica del discurso del miedo, ahora aprovechando el contexto de pandemia, para crear un enemigo del pueblo: el sector público, y legitimar, así, el rumbo privatizante para dar la última estocada al Estado Social de Derecho.

Se comporta con una alta dosis de desesperación porque se resiste a reconocer el fracaso rotundo de su apuesta neoliberal, que solo ha producido desempleo, empobrecimiento y una escandalosa desigualdad social. Una realidad que la pandemia se ha encargado de mostrarnos en toda su crudeza, y que debería conducirnos más bien a conjuntar voluntades políticas y sociales intersectoriales, para impulsar medidas y acciones alternativas dirigidas a fomentar la equidad para garantizar bienestar humano, social y cultural.

“En tiempos de epidemias es más fácil entender que un mundo construido sobre la indiferencia, la injusticia social y las profundas desigualdades es un mundo sin futuro» (Albert Camus, citado por Nuccio Ordine). Tal parece, que en este país no está resultando fácil hacer entender que llegó la hora decisiva de apostar por la solidaridad, la justicia social y la equidad, es decir, por la Costa Rica post-neoliberal.

Imagen: https://revistaconstruir.com/ice-electrifica-zona-rural-con-paneles-solares/

Encíclica “Hermanos todos”: Palabras justas y potentes del Papa Francisco

Escrito en 02/12/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens,
luferag@gmail.com

El 3 de octubre del año en curso, el Papa Francisco dio a conocer su tercera encíclica bajo el título: “Hermanos todos” (“Fratelli Tutti”). Se trata de una bocanada de aire fresco en estos difíciles tiempos que corren en nuestro país y en todo el mundo.

Como lo indica el Papa en su esclarecedora encíclica, “cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de Covid-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades”. Nunca antes en tiempo cercanos, la humanidad se ha mostrado tan frágil, en ofrecer una respuesta unificada, basada en la colaboración. “Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos”, diagnosticó el Pontífice latinoamericano. El individualismo le ha estado ganando la partida al esfuerzo solidario.

En varios de los 287 numerales que componen el documento, el Papa Francisco critica las políticas neo-liberales, que han posibilitado la concentración de la riqueza en pocas manos al mismo tiempo que mayorías se empobrecen y se hacen más amplias las desigualdades sociales. “El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente”, advierte sabiamente el Papa.

Esta idea que venía preconizando el Papa antes de la pandemia, ha cobrado mayor sentido en estos días de grave emergencia sanitaria. Las políticas neo-liberales destruyeron completamente o debilitaron los sistemas de salud pública en muchos países. Y ahora ante la emergencia, esos países han contado con bases más débiles para enfrentar la devastadora epidemia universal.

Si en Costa Rica, se hubiesen impuesto este tipo de políticas en el campo de la salud, la Caja se hubiera convertido en una institución menor, en peligro de extinción, mientras tanto hubieran ganado protagonismo empresas privadas vendedoras de seguros, convirtiendo la salud no en un derecho para todas y todos sino en un artículo meramente lucrativo. Independientemente de las políticas adecuadas o erradas del Gobierno para la atención de la pandemia, el contar con la Caja es clave para salir adelante en el horizonte de incertidumbre que tenemos por delante y una vez que sea superada la emergencia sanitaria.

La encíclica exhorta a los gobiernos y a los gobernantes a impulsar políticas y acciones, basadas en la fraternidad y la hermandad. Sólo juntos podemos salir adelante como pueblos, es el mensaje del Papa. Lo que dice esta voz sabia, potente y sensata, ante la grave crsis que enfrenta el país, debe ser tomado en cuenta por el Ejecutivo, por las y los diputados, y por el sector empresarial, particularmente, por aquellos empresarios que han venido eludiendo y evadiendo el pago de impuestos.

Es seguro que, si hubieran pagado con rigor y puntualidad, el país no estaría obligado a acudir a préstamos como los que se le han solicitado el FMI. El Gobierno y el Ministerio de Hacienda deben echar mano a la lo que dice la ley y aplicar acciones para erradicar estas prácticas evasivas y elusivas. Por su parte, la Asamblea Legislativa debe analizar a fondo este tema, para determinar si las herramientas legales existentes deben mejorar para erradicar la evasión y la elusión fiscal; más allá de la falta de voluntad que ha prevalecido en diferentes administraciones, para atender el problema.

Un gobierno que no ha hecho lo que debe para obligar al pago de impuestos existentes, propone nuevos tributos en el marco de negociación de los préstamos con el FMI. Mientras tanto, empresarios que eluden y evaden su pago, levantan la voz exigiendo no más impuestos y pretenden seguir imponiendo sus ideas neo-liberales de reducir al máximo el Estado, aunque eso signifique la desaparición o debilitamiento de programas sociales que hoy, con la pandemia, son más necesarios que nunca antes.

Realmente, para que los países puedan impulsar su desarrollo se requiere el contar con impuestos que se paguen dentro de un esquema de justicia tributaria, progresiva y justa, que tanto las personas como empresas, paguen en arreglo a sus ingresos reales, de manera transparente y eficiente. Se trata de políticas que aseguren la redistribución de la riqueza como un componente clave para la estabilidad y la paz social del país.

“El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día”, es un oportuno y atinado consejo de la encíclica papal, en estos días donde el pesimismo doblega a la esperanza, donde el egoísmo somete a la fraternidad.

Plebiscito en Chile: ¿fin de su “laboratorio” neoliberal?

Escrito en 27/10/2020. Publicado en Derechos.

Chilenos tendrán nueva constitución en el 2022
¿Posibles efectos en el resto del Continente?

Gerardo Zamora Bolaños

¿Por qué 8 de cada 10 chilenos, decidieron “traerse abajo” la Constitución Política que los ampara desde hace 40 años? En una decisión histórica, una abrumadora mayoría (78.27%), decidió apostar por el cambio y dejar atrás la Constitución aprobada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Esto refleja las cicatrices de su pasado histórico, en una sociedad dividida política, social y económicamente. Recordemos que la Constitución que se pretende reformar es el resultado de las negociaciones que se presentaron para la salida de Pinochet del poder, y en la que se establecían dos principios básicos: la no persecución por los delitos políticos y de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, y la consolidación de un sistema económico en el que la iniciativa privada, sustituía cualquier función del estado, el cual tendría un papel subsidiario. Hoy el pueblo chileno exige reformas en los sistemas de salud, pensiones y educativo que permitan su accesibilidad”, recalcó Carlos Cascante, académico de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (RI-UNA).

Y ¿qué hay del “milagro chileno”?, esas extraordinarias cifras económicas que ese país ha disfrutado por años: “ese crecimiento económico y de riqueza, se concentra en sectores muy puntuales, pero la mayoría de la sociedad chilena hoy presenta desigualdad en términos de ingresos, salarios, pensiones, y de los servicios de educación y salud”, agrega Alejandro Barahona, investigador de la escuela de RI-UNA. “A partir de los 80, Chile fue un laboratorio del modelo neoliberal, con resultados interesantes, pero basado en el autoritarismo y la dictadura, un modelo que nunca llegó a favorecer a todos los estratos de la sociedad chilena, estratos que hoy le dicen a sus gobernantes, que se ven de lado, no integrados en ese sistema político”, añadió Rosmery Hernández, también académica de esa unidad.

Podría este acontecimiento, tener un efecto “dominó” para el resto de América Latina: “el ejemplo chileno debe llamar a la reflexión para países como Costa Rica, dado que si no se abordan debidamente los problemas de desigualdad social, de inclusión en lo que respecta a la generación de riqueza, podríamos enfrentar mayores manifestaciones sociales y de encrispamiento, de las que incluso hemos vivido¨, concluyó Cascante.

Chile debe volver a las urnas el 11 de abril de 2021 para elegir directamente a los integrantes de una convención constituyente. Elegirán a 155 miembros repartidos equitativamente entre hombres y mujeres, con un número de escaños reservados para los pueblos indígenas. La nueva Carta Magna se someterá luego a la ratificación del pueblo en lo que se ha llamado «plebiscito de salida» o ratificatorio, que será por voto obligatorio a realizarse el segundo semestre de 2022.

***Información: Oficina de Comunicación UNA, tel. 2237-5929 / 2277-3067***

¡Con exclusiones no!… La gestión del conflicto social del presidente Alvarado

Escrito en 27/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

César López Dávila

En el mundo, la movilización de un grupo de personas buscando soluciones a problemas concretos, o para expresar su opinión a favor o en contra de una figura, política pública, o ley, es una práctica acostumbrada. Incluso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (que impone a los Estados miembros, obligaciones tendientes a la promoción y protección de derechos humanos), y del cual forma parte nuestro país; reconoce que la protesta social juega un papel fundamental en el desarrollo y el fortalecimiento de los sistemas democráticos.

Costa Rica no es ajena a las acciones de protesta. Incluso centros de investigación como el Programa Estado de la Nación, definen la protesta social como eventos en que participa un grupo de personas, para expresar una demanda o reivindicación de alcance colectivo, ante alguna entidad pública o privada.

Pero tengamos presente que la protesta social no ocurre en el abstracto, sino como parte de un contexto regional, en el cual la desigualdad sigue presente y crece. Tal desigualdad suele ser el rasgo social ante el cual la participación ciudadana sobre asuntos públicos, con frecuencia, toma forma de protesta.

En Costa Rica, desde años atrás, entes internacionales como el Programa de Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), nos vienen avisando del crecimiento alarmante de la desigualdad, así como del sostenido y sistemático aumento de la brecha entre ricos y pobres. A la vez, investigaciones nacionales indican cómo el desempleo y la pobreza, consumen a cada vez más hogares.

En sociedades democráticas, no es de extrañar que las personas se organicen y expresen sus demandas de formas distintas, con estrategias variadas, sean formales o no institucionales. En sociedades con desigualdades tan crecientes como la nuestra, no debería causar extrañeza que la protesta tome formas menos institucionales; sobre todo si ésta proviene de sectores vulnerables a los cuales, durante largo tiempo, los canales tradicionales de participación para tramitar sus necesidades insatisfechas, no les han generado soluciones concretas.

Esas formas no institucionales de protesta, en variadas ocasiones, afectan el normal desarrollo de otras actividades; incluso, al punto de generar su interrupción súbita. Sin embargo, tal situación no las vuelve en sí mismas ilegítimas como formas de expresión. Tenga claro la persona lectora que esto no lo digo yo, sino la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las protestas son una realidad social compleja, donde resulta difícil armonizar los distintos derechos en juego, tanto los de los manifestantes, como los de los ciudadanos que no forman parte de la protesta. Precisamente, por ello, las manifestaciones suelen convertirse en un disparador de emociones, lo cual puede resultar riesgoso en un país como el nuestro, en el cual reiterados estudios de opinión vienen señalando una alarmante disminución del respeto de los ciudadanos a los derechos políticos de los demás; en especial, a los de aquellos con quienes no se está de acuerdo. O lo que es lo mismo: un aumento de la intolerancia política.

Por eso, a pesar de las emociones encontradas que generan las protestas, no corresponde al rol de los afectos, dar solución a una conflictividad social en aumento. Por el contrario, corresponde a los Estados, la obligación de gestionar el conflicto social desde la perspectiva del diálogo. Así lo promueve el Sistema Interamericano de Derechos Humanos del que Costa Rica es parte.

Siempre con relación a las medidas que tomen los Estados para atender las protestas sociales en sus distintas modalidades, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos diferencia, que una cosa es el uso proporcional de la fuerza en aras del orden público; y, otra cosa muy distinta, un paradigma de seguridad ciudadana, en el que se considere a la población civil que se manifiesta como “enemigo”, lo cual a la luz del derecho humano y de un sistema democrático, se considera un error en la gestión del conflicto social.

Se puede estar de acuerdo o diferir con las modalidades que grupos vulnerables con limitado o nulo acceso institucional escogen para realizar sus protestas, pero en toda gestión del conflicto, los Estados que se precien de democráticos, paralelo a su preocupación por el establecimiento del orden público, deben garantizar respuestas enmarcadas en el diálogo y las garantías para quienes se manifiestan.

Por eso llama mucho la atención que los días 4 y 11 de octubre, el Presidente Alvarado (Poder Ejecutivo) y el diputado Criuckshank (Presidente del Legislativo), propusieran una fórmula de diálogo entre actores institucionales, pero se excluía a un actor principal de los acontecimientos: el Movimiento Rescate Nacional.

El diálogo se ha vuelto necesario ante las manifestaciones, sin ellas, el Gobierno hubiese seguido su ruta causante del descontento. Tal diálogo, en cualquier parte del mundo, sucede entre actores concretos que entran en tensión sobre ciertos temas. Si el diálogo se ve como salida negociada a la conflictividad, ¿qué sentido tiene que el Gobierno hable de diálogo desde una posición que descalifica al adversario como sujeto de negociación?

La apertura al diálogo con los Estados y la sociedad civil no se limita a la vía institucional. En momentos de elevada conflictividad, deben primar altas luces democráticas para discernir, si quienes se manifiestan tienen o no, por su situación de exclusión o vulnerabilidad, acceso a las instituciones de mediación. O si, por el contrario, el origen de su malestar consiste en que la vía institucional no responde, efectivamente, a sus necesidades. Alarmante es para la Democracia cuando quienes gobiernan, insisten en desconocer a la oposición cuando ésta emerge de grupos subrepresentados o marginados, que enfrentan marcos institucionales que no favorecen su participación.

Más alarmante es aún la reacción de la clase gobernante, luego de que, por debilidades metodológicas propias, el pasado 15 de octubre se anunciara la caída de la primera mesa de diálogo. Ahí es donde el mensaje del Presidente Alvarado, del 16 de octubre, se torna pieza de antología: apoyándose en que la solidez de la Democracia no se debe poner en riesgo, calificó como mancha a la Democracia que una organización empresarial legitimara, mediante la firma de un principio de diálogo sin exclusiones, al actor que el Gobierno califica como “ilegítimo”.

Si tal cosa no es insistir en un paradigma de seguridad ciudadana, que considera “enemigos” a los protagonistas de las protestas, no sé lo que sea. La improcedencia del discurso de la legitimidad formal, como impedimento para interactuar en un dialogo social, queda en evidencia cuando, guardando las diferencias y dimensiones del caso, lo aplicamos a otros sucesos históricos: ¿es que alguien se imagina al imperio británico diciéndole a Ghandi que no atendería sus demandas, por considerar que la dirigencia de su movimiento no tenía legitimidad formal?

En comunicación política, la construcción de un enemigo externo es recurso frecuente para cohesionar la opinión pública; generalmente es seguido de llamados a cerrar filas con el sistema democrático. En nuestro país las instituciones democráticas siguen vigentes, más allá de temores infundados. La verdadera preocupación que deberíamos atender, es aprender las lecciones del tristemente célebre Memorándum del Miedo en tiempos del TLC, y preguntarnos si en Costa Rica se ha convertido o no, en una práctica recurrente, la costumbre de apelar a la cultura del miedo como estrategia de profundización del modelo neoliberal.

A menos de 24 horas de anunciada la nueva convocatoria de Gobierno, 40 diputados de 5 fracciones legislativas anunciaron que no asistirían. ¿A quién culparán ahora de manchar la Democracia? ¿Cómo garantizarán la vinculación legislativa de lo que ahí se acuerde? ¿Por qué insistir en excluir del proceso a protagónicos actores?

Diálogos hay muchos y con propósitos diversos. Por ello resulta esclarecedor analizar la gestión de la conflictividad social. Sepamos distinguir: Un diálogo sin exclusiones contempla los actores en tensión en busca de una salida una salida negociada a la conflictividad. Un diálogo entre actores únicamente institucionales, se limita a legitimar decisiones. Si los procesos de diálogo no dan cabida a la voz de los descartados de la economía, cuando estos presentan planteamientos alternativos a los intereses políticos y económicos dominantes, de poco servirán las mesas en la búsqueda de aplacar las protestas. ¡Con exclusiones no… La salida debe ser política.

Pronunciamiento del Movimiento Feminista y de Mujeres: lecciones para un diálogo pendiente

Escrito en 23/10/2020. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Las abajo firmantes articuladas como organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y feministas independientes, ante la coyuntura nacional actual manifestamos:

Sí queremos diálogo. Existe una amplia coincidencia general entre las y los actores sociales y la ciudadanía en la urgencia de un diálogo nacional inclusivo, abierto y, sobre todo, con resultados vinculantes. El camino democrático no es solo electoral, debe ser una construcción continua hacia una sociedad más justa, igualitaria y equitativa, donde toda la diversidad de mujeres seamos tomadas en cuenta y ¡No podemos permitir que nos dejen atrás ni que nos hagan a un lado!
El diálogo que queremos y creemos necesario debe tomar en cuenta las lecciones inmediatas y no reproducir los mismos errores. Los intentos realizados de diálogo, hasta el momento fallidos o limitados, nos permiten reconocer algunas lecciones para no repetir errores y crear las condiciones para que exista un verdadero diálogo.

La participación y representatividad han sido elementos cruciales que han afectado negativamente los procesos anteriores. Al respecto varias lecciones: a) que no es posible ignorar el movimiento y la protesta social que se manifiesta en las calles en procesos de diálogo que pretenden relevar algunas de sus demandas. Asimismo, no se puede reprimir, criminalizar y judicializar aquellas personas que se oponen a la línea de Gobierno y ejercen su derecho humano a la protesta social. b) que no es posible definir la legitimidad a priori de las representaciones sectoriales, excluir sectores o no reconocer su autonomía en la elección de sus representantes, c) que no es posible excluir a las mujeres, al movimiento feminista y mucho menos impulsar un diálogo sin asegurar la paridad de género.

Para un diálogo con resultados, la participación de algunos actores como el Legislativo es esencial. Además de la representación al más alto nivel del Ejecutivo, debemos exigir la presencia de todas las representaciones legislativas. La agenda legislativa debe ser parte del debate, incluyendo los proyectos que en estos momentos se discuten y que incluyen recortes que pretenden afectar programas sociales esenciales como salud, educación, cultura y recursos naturales. No es aceptable ni contribuye a generar confianza en un proceso de diálogo cuando de manera paralela se impulsan y toman decisiones que van directamente a profundizar la crisis que ya vivimos.

Necesitamos un diálogo social, no puede reducirse al tema fiscal. Más que un diálogo fiscal, en Costa Rica urge un diálogo social: sobre el país que queremos y podemos construir empezando en lo inmediato con las salidas posibles a la actual crisis y que tenga una amplia representación, un debate sin excluir grupos ni mucho menos las mujeres.

Por consiguiente, la agenda debe ser construida amplia y no limitada al tema fiscal. La reducción de brechas de desigualdad económica, social y de género debe estar en el centro del debate. Interesa no solo capitalizar al Estado en lo inmediato, sino consensuar cuáles serán los parámetros y objetivos de la inversión pública en el corto y mediano plazo.

El objetivo central del diálogo y negociación debe ser el direccionamiento de inversión para reducir las brechas de desigualdad, pobreza y exclusión mediante la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.

El diálogo debe ser vinculante. Es decir, debe abrirse espacio no solo para intercambiar impresiones sino para alcanzar una negociación real. Se trata precisamente de llegar a acuerdos ciudadanos básicos con el compromiso de que se van a respetar. Para ello es indispensable, además de consensuar una agenda, acordar un marco ético para el diálogo, con mínimos de representatividad, respeto, escucha, resolución de conflictos, entre otros.

No debe haber condicionantes previos establecidos por el Ejecutivo para la realización o no de los diálogos: ante la ausencia de consenso el Poder Ejecutivo o Legislativo no debe imponerse. La ausencia de consenso no debe ser interpretada por el Ejecutivo o el Legislativo como un cheque en blanco para imponer su agenda.

Debe existir voluntad política para incluir en la discusión otras opciones distintas al convenio propuesto por el Poder Ejecutivo con el FMI. El endeudamiento con agencias internacionales no es el único camino. Sectores de la ciudadanía, academia y otras personas expertas en la materia han coincidido que no es posible continuar por la senda del mayor endeudamiento y se han señalado alternativas de financiamiento que deben ser sometidas a discusión.
El diálogo y la negociación no son posibles si excluyen a las mujeres. En relación con la participación de las mujeres debemos ser enfáticas en lo siguiente:

Exigimos nuestro derecho a la autonomía y el reconocimiento a nuestra diversidad en la selección de nuestras representantes en una mesa de Diálogo Nacional. No es posible que seamos las mujeres, las únicas a las cuales se pretenda señalar a priori los mecanismos de selección de sus representantes.

A lo largo de la historia y en la actualidad las mujeres somos actoras activas y propositivas. Para esta crisis hemos sido de los pocos agrupamientos ciudadanos que hemos pensado, formulado y hecho públicas propuestas de visión-país, no solo del tema fiscal. Por lo cual, exigimos que sean incluidas en las agendas de diálogo y negociación.

No es posible que se pretenda invisibilizar la participación decisiva que las mujeres tenemos en todas las esferas de la vida pública y privada o se desconozca y minimice nuestra capacidad técnica, profesional y política. Por ello, cualquier diálogo viable demanda de la participación paritaria entre mujeres y hombres en todos los espacios de diálogo, negociación, mesas técnicas, y otros.

Tampoco es viable un diálogo que no reconozca que las personas somos afectadas de manera diferente por la crisis y que el cierre efectivo de cualquier brecha social debe estar guiada por los principios de justicia, igualdad y equidad. Las mujeres no somos un grupo ni un sector a incluir: somos la mitad de la población de Costa Rica y somos de las más afectadas en la actual crisis. Lo ha señalado de manera reiterada el INEC al demostrar que somos las mujeres a quienes más ha afectado el desempleo, la pobreza y la exclusión que se han ensanchado en esta crisis y como consecuencia de políticas neoliberales que están desmantelando el Estado Social de Derecho. Aún así, seguimos siendo las mujeres quienes sostenemos la vida cotidiana en las familias asumiendo cada día más labores de cuido de personas menores de edad, adultas mayores, personas enfermas y/o con discapacidad. También, somos las que asumimos las labores domésticas, de educación, salud y de entretenimiento que el Estado ha dejado de asumir por la crisis sanitaria de la Covid – 19. La brecha de cuidados se ha ensanchado y complejizado en esta crisis y este es un tema de interés social prioritario.

Las mujeres todas, desde nuestras diversidades, tenemos mucho que compartir sobre nuestras vivencias diarias de dificultades económicas, acceso a la tierra, como la protección de los bienes comunes, salud, educación y que son vitales para comprender las funciones que debe de abordar un Estado que prioriza la justicia fiscal, ¡porque la justicia fiscal es justicia social!

El diálogo y la negociación son parte de la vida cotidiana de nosotras las mujeres. Creemos en el diálogo, estamos convencidas de que la construcción de consensos es viable sobre la base de la mutua comprensión de que Costa Rica es una sola. Un barco cuyo destino está en las manos de todas y todos, para conducirlo a un puerto de bienestar compartido, dignidad humana, igualdad, derechos humanos y democracia.

*Para información sobre el comunicado o sobre el proceso escribir a alarcon.shi@gmail.com*

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Incremento en la pobreza requiere abordaje por medio de políticas novedosas – Datos de la Encuesta de Hogares 2020

Escrito en 21/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Impulso de nuevas actividades económicas en zonas específicas del país y una incorporación más fuerte de las mujeres al mercado de trabajo deben ser claves

El día 15 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, en los cuales se refleja un deterioro en la situación de los hogares del país, su condición laboral y por supuesto sus ingresos, como consecuencia del impacto de la crisis producto del COVID 19. Es importante resaltar que la encuesta se aplicó entre mayo y junio, cuando estaban activas las ayudas oficiales por medio del Bono Proteger, lo que indudablemente tuvo positivo en estos números, además de que en ese periodo las medidas sanitarias eran más estrictas y los cierres de actividades más comunes.

Según la encuesta, entre el 2019 y 2020 el ingreso promedio por hogar se redujo en 12,2% (el ingreso per cápita en 13,2%), siendo el ingreso generado por actividades propias o autónomas el más afectado, con una caída del 35,3% en este periodo, mientras que el ingreso por salario cayó un 13,8%. Esto es como consecuencia de las pérdidas de empleos y la reducción en la cantidad de horas laboradas (jornada de trabajo) a nivel nacional, que han venido elevando el desempleo y el subempleo, respectivamente, según lo muestra la Encuesta Continua de Empleo, pero que parece está afectando con más fuerza a personas autoempleadas, incluso en actividades informales, que antes de la crisis ya eran casi la mitad de la fuerza de trabajo empleada.

Esta pérdida en el ingreso de las familias fue parcialmente compensada con un fuerte incremento en el rubro de subsidios estatales y becas, así como en el de otras transferencias, donde se incluyen, según INEC, “las transferencias recibidas por los hogares para mitigar la emergencia nacional”. Esto tiene una implicación importante, pues en ausencia de las ayudas que se entregaron en esos días, el porcentaje de hogares en condición de pobreza habría sido mayor.

En términos regionales, tres regiones del país fueron las más afectadas por la caída en el ingreso promedio de los hogares: la Región Central con una disminución del 13,4%, la Región Chorotega con una reducción del 20,4% y la Región Pacífico Central con una caída del 12%.

En cuanto a la evolución de la pobreza, según la metodología de la línea de pobreza, de acuerdo con la ENAHO 2020, la pobreza total en el país pasó de afectar al 21% de los hogares en el 2019 a un 26,2% en el 2020; mientras que la pobreza extrema pasó de un 5,8% de los hogares en el 2019 a un 7% de los hogares en el 2020. En cuanto a la pobreza total por zona, el incremento más fuerte se dio en la zona urbana, que pasó de un 19,8% en el 2019 a un 26,4% en el 2020, mientras que en la zona rural la pobreza subió de un 24,2% a un 25,5% de los hogares. En cuanto a la pobreza extrema por zona, en la zona urbana esta pasó de un 5,4% en el 2019 a un 6,9% en el 2020, mientras que en la zona rural se pasó de un 6,9% a un 7,3% de las familias en condición de pobreza extrema.

Por regiones, son las regiones Central, Chorotega y Pacífico Central las que sufrieron los mayores cambios en el porcentaje de familias en condición de pobreza, pasando la Central de un 17% de los hogares en el 2019 a un 23,7% en el 2020 (+ 6,7 pp.), mientras que en la Chorotega creció de 20,3% de los hogares en el 2019 a 31,7% en el 2020 (+ 11,4 pp.). En el caso de la Región Pacífico Central, el incremento fue de 29,8% de los hogares en el 2019, a un 34,7% en el 2020 (+ 4,9 pp.), siendo esta la región proporcionalmente más afectada por problemas de pobreza del país.

Este aumento en el nivel de pobreza no puede desatenderse, por lo que se debe evitar que se convierta en un “valor piso”, como sucedió con los niveles de pobreza que tenemos desde los noventas (alrededor del 20% de los hogares), o que se mantenga en el tiempo e impacte durante varios años, como sucedió en los ochentas. Es probable que los niveles más altos de pobreza en las regiones Chorotega y Pacífico Central se deban a la abrupta caída en la actividad turística en esas regiones, como consecuencia de las medidas sanitarias para afrontar la pandemia del COVID 19, mientras que en el caso de la Región Central el aumento en la pobreza se deba al cierre de actividades relacionadas con el sector comercial.

Dado que en los últimos meses se han retomado muchas actividades comerciales, e incluso ha habido cierta reactivación de las actividades turísticas, en general es esperable que la pobreza se haya reducido ligeramente, aunque no por mucho pues el desempleo aún no se reduce de forma importante, mientras que por otro lado las ayudas del Plan Proteger no siguen “con el mismo empuje” como en el momento en que se hizo la encuesta.

Tomando en cuenta lo anterior, el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, es del criterio que:

Las ayudas que se entregaron al inicio de la pandemia deben continuar, extenderse en tiempo y cantidad de beneficiarios, hasta que la situación sanitaria esté bajo control. Una cosa que deja clara la ENAHO 2020 es que las ayudas habrían tenido un papel en contener el incremento en la pobreza, como producto de la crisis, pero, además, considerando que aún no hay una recuperación importante del empleo, la situación de las familias afectadas por la crisis puede seguirse deteriorando sin una ayuda pública.
Considerando la cantidad de recursos que el país utiliza en ayudas públicas desde hace mucho tiempo, así como los problemas de filtración que sufren estos programas y las dificultades del pasado para traducirlos en reducciones permanentes en los niveles de pobreza, urge repensar la forma en que estas ayudas se entregan y la institucionalidad alrededor de ellas. Pensar en utilizar los recursos actuales, así como los que se añaden temporalmente en razón de la crisis, para crear una renta mínima vital, por ejemplo, es algo que debe valorarse en el actual contexto. Esto podría mejorar el impacto de las medidas, así como la eficiencia en el uso de los recursos y reducir los gastos asociados a la administración de los muchos programas sociales.
Cualquier generación de recursos en el corto plazo, incluyendo el eventual incremento temporal de impuestos sobre los ingresos más altos de las personas físicas, debe ser destinado a cubrir estas ayudas. De igual manera, es importante continuar los esfuerzos por dirigir las ayudas en forma de alimentos, vía comedores escolares, a las familias con más necesidad, tratando de racionalizar esas ayudas para enfocarlas en los casos donde hay más necesidad y seguir con ellas en los meses donde no haya curso lectivo.
La mayoría de las personas que perdieron su trabajo en meses anteriores, no tenía un empleo calificado, por lo que una estrategia para la creación de empleo y reducción del desempleo en el corto plazo, debe concentrarse en la creación de empleos no calificados y buscar que estos se creen en las zonas con mayores problemas del país (ciertas partes de la Región Central, la Región Pacífico Central y la Región Chorotega). En ese sentido la inversión pública debe jugar un papel central en el proceso, por lo que, dada la caída en la demanda agregada nacional por la reducción en el consumo privado, sería la vía más eficiente para iniciar el proceso de reactivación.
El país ha desarrollado un esquema exitoso de atracción de inversión extranjera, pero que se ha enfocado en valorar las utilidades de las empresas y no en impulsar su valor agregado nacional. Estas empresas crean empleo, pero, por la forma del diseño de los incentivos, podrían estarse aprovechando para registrar más utilidades exentas en el país, en beneficio de las propias empresas, que el beneficio del país en creación de empleo, por ejemplo. En ese sentido, proponemos una reforma en los incentivos incluidos en el Régimen de Zonas Francas, para que en lugar de una exoneración sobre las utilidades se otorgue un subsidio público por creación de empleo. Para no afectar derechos adquiridos se respetarían los contratos vigentes, pero no se podrán renovar los contratos viejos con los incentivos anteriores. Esto permitirá al país concentrar sus escasos recursos en beneficiar a empresas que creen empleo, para valorizar los vínculos de las empresas con la economía nacional vía empleo, en lugar de valorar únicamente las utilidades de las empresas.
Es importante impulsar otras actividades que complementen el turismo en algunas zonas del país, que han crecido económicamente en los últimos años dependiendo de ese sector. El turismo puede llevar años hasta que alcance los niveles de actividad previo a la pandemia del COVID 19, e incluso podría ser que nunca más lleguen a esos niveles. El impulso a una economía descarbonizada y a una economía circular, pueden ser la vía para crear empleo y empujar la recuperación económica por medio de una visión nueva. Reducir exoneraciones en otras actividades y crear estímulos fiscales a empresas de economía circular, por ejemplo, es necesario en el actual contexto.
Finalmente, dado que las mujeres (especialmente las más jóvenes) han sido las más afectadas por el desempleo en los últimos años, se han visto más perjudicadas laboralmente por la crisis del COVID 19 y, además, son la mayoría de la población en condición de pobreza (un 45% de los hogares en condición de pobreza tienen jefatura femenina), la estrategia que se aborde para la creación de empleo a nivel nacional, y reducción de pobreza, debe concentrarse en crear empleo para las mujeres principalmente. Eliminar los sesgos negativos para la incorporación de las mujeres al mercado laboral es urgente, incluyendo en eso la creación del permiso de paternidad y el rechazo al Proyecto de Ley No. 21.182 denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”.

Comunicado de prensa, Observatorio Económico y Social-UNA

Lunes 19 de octubre del 2020

El consistorio del diálogo social

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

“Algunos ciegos no solo son de los ojos, sino también del entendimiento.” (Saramago)

Manuel Hernández

El Gobierno de la República, después de infructuosos intentos, en mancuerna societaria con la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 11 del mes en curso, convocó a un proceso de diálogo social multisectorial, que será solemnemente inaugurado el próximo sábado.

Ese planteamiento oficial amerita algunos comentarios puntuales.

1.- Esta última convocatoria se produce al calor de la crispación política, las reacciones y la rabia legítima de amplios sectores populares, que en el foro público están manifestando su inconformidad contra la agenda de implementación de los proyectos de ley y otras iniciativas que el Gobierno estaba poniendo en bandeja de plata al FMI para “negociar” un instrumento de asistencia financiera por un monto de $1.750 millones.

La divulgada convocatoria, por tanto, no corresponde a una genuina vocación de diálogo del Gobierno, que a lo largo de más de dos años ha demostrado manifiestamente que no tiene esta franca voluntad.

La flamante convocatoria es una salida política coyuntural, bien calculada, con la finalidad de aplacar el escenario de agitación social que causó el fallido planteamiento de negociación del préstamo con el FMI.

2.- Con la finalidad de procurarle alguna credibilidad aceptable a esta nueva iniciativa, el Gobierno, por una parte, echó mano de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, y por otra parte, recurrió a los solícitos auxilios del Programa del Estado de la Nación (PEN), convertido en socio protagonista de esta emergente empresa.

El Programa del Estado de la Nación ha asumido el rol de “ente facilitador”, que estará a cargo de la estructura de apoyo logístico, pero que las atribuciones que se arrogó el Director del Programa, motu proprio, exceden las competencias que de ordinario tiene una instancia a la que se le atribuya cumplir esa misión de “tercero neutral”.

3.- Tratándose del planteamiento sustantivo de PEN, en primer lugar, corresponde advertir la cuestión que va a ser el objeto del proclamado diálogo social; es decir, el mandato, el denominado “problema” a debatir y solucionar.

La cuestión objeto del proceso, en esta primera etapa, viene determinada, de antemano, con el mayor rigor, con pelos y señales, en términos macro económicos, tendiente a reducir la situación del déficit primario y el endeudamiento.

Cualquier propuesta de los actores participantes tiene que necesariamente circunscribirse a alcanzar las metas o parámetros económicos definidos anticipadamente.

Entonces, el proceso tiene una dinámica unidireccional, con un producto esperable que ya viene modelado, embutido, de suerte que cualquier propuesta queda totalmente subordinada al cumplimiento de este único objetivo.

Cualquier otra iniciativa “loca”, como lo manifestó el Director del Programa del Estado de la Nación, queda fuera de lugar; sujeta al escrutinio del panel de expertos, correligionarios de las escuelas de Friedman, Buchanan y Hayek, que le compete determinar la razonabilidad técnica de las propuestas y certificar que las propuestas o recomendaciones cumplan con los parámetros económicos predefinidos. Esto se llama control de calidad.

4.- No queda la menor duda que se trata de una propuesta estrictamente de carácter fiscalista, de corto plazo, que al final se reducirá a un ajuste de cuentas: aumento de ingresos y reducción de gastos.

Este planteamiento le permitiría al Gobierno, haya o no acuerdo, en definitiva, terminar el resto del período constitucional que todavía le queda, que prácticamente se agota el próximo año. Después vendrá la infaltable fiesta electoral.

La solución de los problemas estructurales de nuestro país, la reconstrucción económica y social, la desigualdad social, la desigualdad de género, la reactivación del tejido productivo, la generación de empleo, la protección social de los más vulnerables, queda postergada para la Segunda venida de Cristo.

5.- Por otra parte, el proceso de diálogo se disciplina con una parafernalia e inflexible regulación instrumental, procedimental, que le (auto) confiere al Director del Programa del Estado de la Nación un conjunto desproporcionado de potestades, a saber: la “potestad del lapicero”, la “potestad de vocería”, potestades procedimentales, potestad exclusiva de convocatoria a sesiones, la aplicación de la regla de salida, entre otras.

Estas potestades exorbitantes, cuya titularidad le corresponden en exclusiva a PEN, coloca a la instancia facilitadora en un status de participante protagónico, actor principal de la comedia política, que asume una posición de autoridad, que raya en el dirigismo autoritario.

6.- No deja de ser importante señalar que en un proceso de diálogo, para que sea confiable y democrático, lo primero que se negocia son las reglas del juego.

En este sui generis proceso, por contrario, las reglas de participación las determinó unilateralmente el propio Estado de la Nación.

Es decir, la misma instancia que tendrá a su cargo la administración y logística del proceso, definió a su arbitrio las reglas de participación, las cuales quedan sujetas a su estricta aplicación y exclusiva interpretación.

7.- Las reglas definidas unilateralmente configuran una verdadera camisa de fuerza, de tanta intensidad, que si el facilitador estima que los integrantes no están negociando de buena fe, o se retiran de la Mesa, a merced de la cláusula de salida, el PEN tiene la potestad de dar por fenecido el proceso. ¡Caput¡

En consecuencia, hasta ahí llegaría ese ejercicio tan democrático de participación y nos vamos todos tranquilos a la casa, con la satisfacción del deber patriótico bien cumplido, quedando habilitado el Poder Ejecutado, de frente a semejante esfuerzo de diálogo frustrado, a adoptar las políticas públicas y medidas económicas que a su total discreción correspondan.

8.- Aquella potestad de vocería implica que los comunicados únicamente los puede emitir el PEN, cuyo contenido queda limitado a los resultados obtenidos, omitiéndose constar los contenidos de las deliberaciones.

La estructura operativa tiene una plataforma de comunicación, que le corresponde informar a la ciudadanía el avance del proceso, “de manera oportuna y con un mensaje disciplinado.”

En las minutas de las reuniones únicamente se harán constar exclusivamente los temas discutidos, acuerdos o desacuerdos, pero en ningún caso se consignarán las opiniones de los participantes, creándose una cláusula de confidencialidad, totalmente inadmisible.

La “potestad del lapicero” no es más que una potestad de censura previa, en virtud de la cual todo documento debe ser “revisado”, de previo, por la instancia facilitadora y luego, si pasa su escrutinio, puede ser sometido a conocimiento de los integrantes de la mesa.

Queda así desnudado un proceso caracterizado por el verticalismo, el excesivo control, la opacidad, que por contrario, en aras de la transparencia, este proceso debería ser público y transmitido en tiempo real a toda la ciudadanía.

9.- No solo es que el Programa del Estado de la Nación definió el objeto muy calibrado del proceso, las reglas instrumentales, sino además, como si lo anterior no fuera poco, la participación de los sectores y las correspondientes cuotas.

10.- Por último, no están convocados todos los que son. Una serie de colectivos de nuestra sociedad, como pueblos indígenas, colegios profesionales, pensionados y jubilados, judiciales, entre otros, quedaron excluidos.

Mucho menos están convidados quienes en el ágora del espacio público recuperado, están exigiendo un verdadero diálogo social, real, efectivo y democrático, que tenga una vocación transformadora de nuestra injusta sociedad, que ya no soporta tanta desigualdad social.

Decía Voltaire: “Los pueblos a quienes no se hace justicia, la toman por si mismos, más pronto o más tarde”.

La urgencia del Diálogo Social, como un cauce de mediación democrática, de interlocución política, sigue siendo una asignación pendiente en nuestro país.

¡Luces, cámaras, acción!

15/10/2020

Organización Interseccional Pro Derechos Humanos ante la grave crisis económica y social que estamos viviendo

Escrito en 15/10/2020. Publicado en Derechos.

Comunicado de la Organización Interseccional Pro Derechos Humanos CR

El sistema económico capitalista vigente ha entrado en una etapa donde los contrastes entre clases sociales se han agravado, de tal manera que estamos señalados como uno de los países más desiguales del mundo.

Con la crisis sanitaria, estas diferencias se han profundizado y la tasa de desempleo ha crecido a niveles históricamente nunca vistos. Los sectores de la diversidad sexual y de género, especialmente las mujeres trans, son uno de los sectores de los más golpeados por carecer de oportunidades de educación y empleo.

El descontento ha crecido, especialmente cuando se anunciaron medidas dirigidas contra los trabajadores y el pueblo en lugar de instruir a las direcciones tributarias para que realicen la función efectiva para recaudar los fondos necesarios dejados de percibir por las ganancias de empresarios, y fundamentalmente porque estas medidas no se han dirigido hacia eliminar la elusión, la evasión, la exención y la mora en el pago de los impuestos de empresarios poderosos, tanto locales como transnacionales.

El anuncio del posible préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la manera de conseguir fondos para el pago de la deuda interna; han provocado con mucha razón el descontento popular. Descontento alimentado, en cierta manera, por oportunistas politiqueros, y noticias falsas, pero que realmente es un descontento sentido y justificado.

La violencia en los bloqueos y ante las Oficinas Presidenciales nos preocupan como Organización, especialmente porque no entendemos que suceda, ahora que se ha llamado a un diálogo nacional. Nos parece que ningún grupo debe negarse a participar ante el llamado presidencial, porque, quien se niegue cerrará las puertas de la credibilidad a sus planteamientos sin embargo también se debe dar participación activa de la sociedad civil.

El presidente, en su alocución referida a los bloqueos de carreteras, anunció que eliminaba la propuesta original, sin embargo, no ha mencionado que no se va a solicitar el préstamo al FMI, tampoco que se ha dejado de pensar en la posibilidad de venta de empresas del Estado, pues no incluyó, por ejemplo, en la lista, no vender la Fábrica Nacional de Licores. Pero rescatamos su llamado a la conversación o diálogo, y nos parece que las negativas de algunos sectores a conversar son injustificadas y solo perjuicio pueden causar a la paz social, ya tan lastimada.

Destacamos eso sí, que ya en las primeras conversaciones se ha logrado que se busque financiamiento al aguinaldo y los aumentos de los empleados públicos.

Creemos que se debe encontrar alternativas al préstamo del FMI, por ejemplo, como la que se ha sugerido de conseguir un préstamo de las reservas económicas y de las inversiones efectivas que mantiene en el exterior el Banco Central, a sabiendas que el sector financiero nacional también es parte del Sector Público Costarricense, además que es el Banco Central de Costa Rica el ente público que se encarga de la emisión y administración de los billetes y monedas.

Y en todo caso los objetivos principales de las conversaciones son investigar y poner denuncias contra elusores y evasores de impuestos. Ya sabemos que este procedimiento es muy lento, la investigación no es fácil, empresas y empresarios esconden sus maniobras minuciosamente. Además, una vez descubiertos y acusados los procesos judiciales duran bastantes años, pero ese camino hay que recorrerlo como una manera de evitar que se siga produciendo este desfalco fiscal que nos perjudica a todo el pueblo. Debe hacerse que los auditores fiscales con los que cuenta el Ministerio de Hacienda efectúen la labor de una forma efectiva para cobrar la cifra millonaria que aún se encuentra pendiente de recuperar y a su vez que esas empresas regulen su situación tributaria eficientemente.

Si el Gobierno necesita más ingresos no debe de ninguna manera cargar impuestos a quienes menos tenemos. Los impuestos deben ser cobrados para quienes tienen más ganancias de sus negocios. Debe revisarse las exenciones que dejan un hueco fiscal considerable.

Sobre los gastos nos parece adecuado, de forma perentoria, la revisión del costo de alquileres, tal y como se está haciendo. Pero a un plazo muy corto hay que construir los tantas veces planeados edificios propios para las diversas oficinas estatales.

Sí a la justicia tributaria.
Adelante siempre adelante.
San José, 13 de octubre de 2020.

Aporte a la “Reflexión sobre el estallido social” de Alexis Rodríguez-Brenes

Escrito en 14/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Andrés Chavarría-Palma

11 / Oct / 2020 – 9:23 p.m.

Mientras la ciudad de San José se ve cubierta por una noche estrellada, en un domingo otoñal de octubre, decido abrazar el lápiz con mi puño y escribir unas cuantas líneas que salen de lo más profundo de mi ser para contribuir al diálogo franco y diverso que corren por el nervio de una nación llamada Costa Rica. El compañero Alexis Rodríguez-Brenes me reanima en una mañana de conversación, y con su reciente artículo (https://surcosdigital.com/reflexion-sobre-el-estallido-social/), a emprender las andanzas de la escritura, y traerlas a este patio digital para depositar pequeñas semillas de revolución consciente y fraternal.

– “Viejo, es hora de poner nuestras voces al servicio del planeta”.

Empiezo a tomarle seriedad al asunto. Es momento de saltar con la energía de nuestra juventud para provocar profundidad en las conversaciones, generar impulsos eléctricos que incidan en soluciones a las comunidades, y sobre todo, crear incomodidad al Capitalismo. Alexis, en su artículo, comienza haciendo un gesto confrontativo al sistema explotador que nos cobija desde que dimos nuestra primera bocanada de aire al nacer. Se me nubla la conciencia con solo pensar que nuestra especie desde hace siglos ha tenido ese destino común donde las máquinas suplantaron los sentidos y las emociones del ser humano. Un camino de vida que ha consistido, para la mayoría de las personas, en nacer, dejarnos manipular, explotar nuestra fuerza laboral, reproducir nueva masa obrera, seguir siendo los explotadxs y por último, fallecer amargamente. Mientras tanto, al otro lado de la calle, unos pocos humanos, en lugar de ser lxs explotadxs, tendrán el privilegio de tener el látigo en sus manos y fungir como esclavistas.

Pensar que este círculo anti-biológico del Capitalismo ha sido el causante de que muchos y muchas se envicien en el sillón del confort y no se den cuenta de lo absurdo que es continuar alimentando este ciclo. Se preguntan ellxs, “¿por qué renunciar al confort que nos ha dado el capitalismo? ¿por qué darle la espalda, cuando nos ha dado los mejores avances?” No es una cuestión de cuánto capital, aparatos o galardones hemos obtenido; sino en cuánto hemos mejorado en humanidad y en Buen Vivir.

– “Pero mae, quiero divulgar mi voz para construir hermandad, no para provocar fracturas”.

Alexis, en su artículo, trae un reconocimiento especial al conocimiento ancestral de nuestros pueblos que aún conservamos en nuestras venas. Información clave que nos susurra desde el pasado para encaminar nuestras torcidas conciencias en este mundo pandémico de enfermedades, guerras, corrupción, destrucción ambiental, desigualdad social y tantas quejas más. A estas alturas, el planeta debe llenarse con iniciativas que potencian su Ecología, incluida la de nuestra especie. De todas las especies de seres vivos en el mundo, a nosotrxs se nos dota una dosis extra de compromiso por remediar la idiotez del experimento capitalista, y equilibrar el sistema planetario como un derecho innegable a todo ser vivo que aborda esta cápsula espacial galáctica. Nuestras huellas y guías elementales de convivencia están ahí, en la cosmovisión de los pueblos autóctonos de nuestro país y el mundo.

– “Hay que escribir Alexis. Hay que regar nuestra inmortalidad para las primaveras que vendrán”.

Se viene un caso real a mi memoria. Mi primo César siempre me ha parecido una figura encarnada del estilo materialista y explotador actual. Él no se disgusta por ello, al contrario, inflama su pecho de orgullo. Cuando me lo encuentro en las reuniones familiares, siempre me argumenta que el modo derrochador de la actual sociedad es parte de la evolución natural del humano, y que está dentro de los designios del planeta sufrir una extinción más a causa de esta especie superior: Homo Sapiens Sapiens. Según él, la balanza de lxs poderosxs y los explotadxs es consecuencia de la senda natural que debe seguir el humano. El ANTROPOCENO. Pero me he dado cuenta, que la evolución a la que se refiere mi primo es que cada diciembre aparece con un nuevo automóvil más moderno que el anterior. Esa es su meta a superar periódicamente. Después de escuchar año a año sus postulados de empresario, voy y escribo unas líneas en mi diario: “Un año más, César está atrapado en las fauces del oscurantismo Capitalista”.

Existe un miedo atroz detrás de algunas personas, que ennegrecen su visión al pensar que con derribar este sistema de rostros, tal como menciona Alexis en su artículo, volveremos a un retroceso que la humanidad no se podrá reponer fácilmente. Todo cambio genera incertidumbres, no hay duda. Pero procurar la continuación de este sistema excluyente a toda vertiente, tampoco generará frutos sanos para nuestra especie. Ni nunca los ha generado, no se confundan. Sin embargo, no debemos descuidar en pensar y actuar en global para incidir progresivamente en las escalas menores en las que estamos mayormente conectados; lo nacional, lo regional y lo local.

Este salto que he dado en publicar este escrito, lo puede dar cualquier otrx compañerx. Es más, lo recomiendo. Nuestras expresiones y protestas nos devuelven a nuestro origen como seres pensantes y admirables. Si vamos reconstruyendo poco a poco nuestras conciencias, en base a activismo integral, la fogata que encenderá la revolución popular planetaria empezará a clamar justicia por nuestros bosques, los desiertos, los glaciares, las ciudades, la fauna, la flora, el clima, los pueblos autóctonos, por nuestros antepasados explotados, por usted y sus futuras generaciones. No busquemos adoptar el modelo de fronteras entre nosotrxs, y rescatemos el espíritu Universalista para liderar las soluciones que nos aquejan en la sociedad costarricense y global.

Detesto el carácter caníbal del capitalismo; que le teme a la organización social, y en vez de ello, nos empuja a la pila de la violencia y el desinterés. Prefiere vernos descuartizados por el veneno del odio en nuestras pupilas; y no juntos y juntas volcando, como olas enfurecidas, las sillas de lxs desgraciadxs que manipulan nuestros destinos y sueños a sus antojos. Yo quiero un planeta donde la vida florezca por igual en tres ámbitos: en lo biológico, en lo social y en lo Universal.

– “Alexis, que se hagan realidad nuestras palabras. Seguiremos caminando en nuestras utopías”.

Crisis en comunidades no es reciente

Escrito en 10/10/2020. Publicado en Comunidad, Derechos.

Movimiento Ríos Vivos. La crisis que se vive en las comunidades no es reciente; hace décadas la implementación de medidas como los funestos PAEs (Programas de Ajuste Estructural), el sabotaje a instituciones públicas como el CNP, la aprobación del TLC, han provocado el aumento de la desigualdad social, el desempleo y la pobreza especialmente en los territorios rurales.

Esta situación se ha agravado con la reciente reforma fiscal y las medidas contra la pandemia. Es una injusticia que a pesar de que el panorama es duro, las medidas económicas del gobierno pretenden poner el peso en nosotrxs, las clases campesinas, rurales y la clase media. Sin poner un dedo en los que más tienen.

En la pandemia se habla de la metáfora del martillo y el baile. Hay algunos grupos intocables que nunca han dejado de bailar. Empresas que acaparan millonarias licitaciones del estado y después a nuestras comunidades a querer privatizar los ríos. Corporaciones piñeras que están exentas de impuestos y son insaciables en su sed por acaparar concesiones de agua. Grandes Evasores con la gracia de una amnistía tributaria. Grandes capitales que año a año no reportan ganancias, esta lista incluye a empresas muy conocidas como Chiquita Brands, United Fruit Company, Del Monte, piñeras y bananeras, a la empresa Numar, la Cervecería solo por citar algunas de las más reconocidas. Para información más detallada se puede visitar esta página en internet: https://elperiodicocr.com/estas-son-las-grandes-empresas…/

En cambio, para el pueblo, ¡el martillo va y el martillo viene! Pero todo tiene un límite. Muchxs de nuestrxs compañerxs están en la calle y lxs apoyamos por poner el cuerpo por defender lo que nos queda, nuestro derecho a soñar con una vida digna!

El gobierno aduce que, para cubrir el déficit fiscal, son necesarias las medidas que ellos proponen, sin embargo, muchas voces autorizadas en económicas, incluso una reciente propuesta elaborada por la Universidad Nacional identifica vías alternativas como y las cuales apoyamos:

-Gravar con impuestos a los grandes capitales.
-Establecer un impuesto a las cervezas y bebidas alcohólicas y cigarrillos.
-Combatir de manera seria y consistente la elusión y evasión fiscal.
-Gravar a las empresas agroexportadoras, que actualmente no pagan IVA, y algunas reportan cero ganancias, entonces tampoco pagan renta.
-Gravar los altos salarios en el sector público.
-Quitar las pensiones de lujo.

Requerimos esfuerzos para reactivar las economías locales en las comunidades rurales, necesitamos flexibilizar las regulaciones para la cría y venta de animales impuestas por SENASA, igual con el uso de la factura electrónica y el recién establecido código CABYS. Este tipo de medidas encarecen la operación, complican y hacen insostenibles las actividades económicas de comercio, de venta de servicios y de producción de pequeña escala en las comunidades rurales. ¡Están asfixiando a lxs que menos tienen! Claramente este tipo de medidas buscan asfixiar a los pequeños emprendimientos, a los modelos de autosuficiencia alimentaria rural y hacernos dependientes de las grandes corporaciones, de la producción industrial y de los alimentos que se importan de otros países.

Vemos con preocupación que hay sectores económicos que, amparados en la necesidad económica, impulsan proyectos de “reactivación”, basados en la explotación de la naturaleza.

Vemos con desconfianza a los oportunistas como lagartos sobre el movimiento popular, un movimiento efervescente impulsado por muchas injusticias acumuladas.

Este momento de la historia requiere soluciones integrales, soluciones cariñosas con la gente y con nuestro entorno y, sobre todo, ¡no cargar el costo de la crisis sobre los que menos tienen!

Información tomada del Facebook Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica