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Etiqueta: desigualdad territorial

Modelos de descentralización en América Latina: análisis comparado: México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile

Decentralization models in Latin America: comparative analysis: Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil and Chile

Modelos de descentralização na América Latina: análise comparativa: México, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colômbia, Brasil e Chile

Autor: Dr. Fernando Villalobos Chacón*

RESUMEN

Este artículo explora la regionalización en América Latina, abordando conceptos fundamentales como la descentralización y la desconcentración, y analizando sus implicaciones. La regionalización, entendida como la transferencia de competencias a niveles locales, se presenta como una estrategia para enfrentar la centralización excesiva que caracteriza a muchos países de la región. Se identifican diversos tipos de regionalización y sus clasificaciones, así como las implicaciones socioeconómicas y políticas de estos procesos. Además, se comparan experiencias exitosas y desafíos en países como México, Costa Rica, Venezuela, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile. Comprender la diferencia entre desconcentración (delegación administrativa sin autonomía) y descentralización (transferencia de autonomía política y financiera) es crucial en este contexto, ya que ambas influyen en la participación de las comunidades y el éxito de las políticas estatales. A partir de esta base, se presentan recomendaciones para una regionalización efectiva, que incluyen fortalecer la capacidad institucional local, establecer una transferencia equitativa de recursos, promover la participación ciudadana, desarrollar infraestructura para la conectividad y adoptar políticas sostenibles y adaptadas a cada región. Este análisis sugiere que una implementación equilibrada de estos procesos podría contribuir a un desarrollo más justo y sostenible en América Latina.

ABSTRACT

This article explores regionalization in Latin America, addressing fundamental concepts such as decentralization and deconcentration, and analyzing their implications. Regionalization, understood as the transfer of powers to local levels, is presented as a strategy to confront the excessive centralization that characterizes many countries in the region. Various types of regionalization and their classifications are identified, as well as the socioeconomic and political implications of these processes. In addition, successful experiences and challenges are compared in countries such as Mexico, Costa Rica, Venezuela, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, and Chile. Understanding the difference between deconcentration (administrative delegation without autonomy) and decentralization (transfer of political and financial autonomy) is crucial in this context, as both influence citizen participation and the effectiveness of public policies. Based on this foundation, recommendations for effective regionalization are presented, which include strengthening local institutional capacity, establishing an equitable transfer of resources, promoting citizen participation, developing infrastructure for connectivity, and adopting sustainable policies tailored to each region. This analysis suggests that a balanced implementation of these processes could contribute to more equitable and sustainable development in Latin America.

Palabras clave: descentralización, América Latina, análisis comparado, centralismo, regionalización.

Keywords: decentralization, Latin America, comparative analysis, centralism, regionalization.

Palavras-chave: descentralização, América Latina, análise comparativa, centralismo, regionalização.

  1. INTRODUCCIÓN.

La regionalización en América Latina tiene importantes implicaciones en diversos aspectos del desarrollo económico, político, social, ambiental y cultural. En una región caracterizada por profundas desigualdades socioeconómicas, el proceso de regionalización es visto como una herramienta esencial para reducir brechas socioeconómicas entre la periferia y la metrópoli; mejorar la eficiencia administrativa, y fortalecer las identidades locales y nacionales (Gómez, 2023; Mendoza, 2023). La importancia de este proceso se refleja en las múltiples formas en que la regionalización afecta la vida de los ciudadanos, fomentando un desarrollo más inclusivo y sostenible.

La regionalización contribuye significativamente al desarrollo económico local al permitir un reparto más adecuado de los recursos y fomentar más oportunidades en áreas previamente marginadas. Según Estevadeordal (2024), la transferencia de competencias a nivel regional puede potenciar el crecimiento económico al aprovechar los recursos específicos de cada región y promover una administración más cercana y eficaz. Por ejemplo, en países como México, la regionalización económica ha sido clave para reducir la dependencia del distrito federal, lo que ha incidido que otras regiones desarrollen sus propios mercados y oportunidades de empleo (Alonso, 2023).

Además, la descentralización facilita la adaptación de políticas económicas a las necesidades específicas de cada zona, lo que puede mejorar la competitividad y atraer inversiones extranjeras (Kotschwar, 2023). En este contexto, la regionalización económica no solo favorece el desarrollo de áreas rurales, sino que también reduce la presión sobre las grandes ciudades, permitiendo una distribución más equitativa para las personas en los territorios (Fernández, 2022).

Uno de los principales beneficios de la regionalización en América Latina es su capacidad para reducir las desigualdades sociales al mejorar el acceso a servicios básicos en áreas menos favorecidas. De acuerdo con Gómez (2023), la regionalización permite que los gobiernos locales y regionales adapten sus políticas a las necesidades de sus comunidades, lo que resulta en una distribución con mayor justicia y equidad, así como el perfeccionamiento de los servicios de salud, educación y vialidad. Esto es particularmente relevante en América Latina, donde las disparidades entre las áreas urbanas y rurales son notorias.

A través de la regionalización, se fomenta una mayor participación de las comunidades en decisiones que les atañe, esto resulta clave como estrategia de cohesión social y la integración de las comunidades (Daza, 2022). Esta descentralización facilita que las poblaciones locales tengan una mayor voz en los asuntos que les afectan directamente, promoviendo así una idea de pertenencia y de compromiso social en el desarrollo de la región (Rodríguez & Torres, 2022).

En términos ambientales, la regionalización permite una gobernanza más eficaz y sostenible de los recursos disponibles, lo cual es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales que enfrenta América Latina, como la deforestación, el deterioro del medio ambiente y la degradación en la calidad del agua (Pérez & Cárdenas, 2023). La regionalización ambiental facilita la creación de políticas adaptadas a las condiciones ecológicas de cada región, lo que ayuda a proteger los ecosistemas locales y a promover un desarrollo sostenible.

Según Rodríguez y Torres (2022), en países como Brasil y Colombia, la regionalización ha permitido una mejor gestión de áreas críticas como la Amazonía, donde se implementan políticas de conservación y uso sostenible de recursos que buscan equilibrar el desarrollo económico con la protección

El Índice de Descentralización y Autonomía Regional (IDAR), publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), evalúa cómo la descentralización de poderes en distintos niveles de gobierno afecta el desempeño y el impacto de las políticas estatales. En este índice, países como Colombia, México y Brasil muestran avances en descentralización, con sistemas federales que otorgan mayor autonomía a sus regiones. Este enfoque ha mejorado la adaptabilidad de las políticas públicas a necesidades locales, aunque también enfrenta desafíos como la gestión desigual de recursos y problemas de corrupción a nivel local (Martínez & Zárate, 2022).

En contraste, el informe del Índice de Gobernanza Global (IGG) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resalta cómo naciones con sistemas centralizados, como Perú y Bolivia, tienden a mostrar menores niveles de desarrollo en comparación con sus vecinos más descentralizados. Estos sistemas centralizados reducen la toma de decisiones en el ámbito local, lo que en muchos casos lleva a una inadecuada asignación de recursos y a una menor efectividad en la ejecución de políticas públicas (OCDE, 2023).

Asimismo, el Índice de Desarrollo Regional (IDR), publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), identifica que los países con mejores niveles de regionalización, como Chile y Uruguay, suelen obtener mejores resultados en indicadores de desarrollo social y económico. En particular, Chile ha implementado políticas exitosas en sus regiones para mejorar la calidad de vida, mientras que Uruguay enfatiza en la inclusión de programas regionales de desarrollo económico y social que han reducido desigualdades (PNUD, 2022).

Igualmente, el Índice de Competitividad Regional (ICR), desarrollado por el Foro Económico Mundial, analiza la capacidad de cada país para fomentar el desarrollo económico en sus regiones. En este índice, Brasil ocupa una posición relevante gracias a sus esfuerzos de regionalización en zonas como São Paulo y Minas Gerais. No obstante, la falta de infraestructura y la desigualdad económica en otras regiones de Brasil muestran que la descentralización debe acompañarse de políticas equitativas de distribución de recursos (Foro Económico Mundial, 2023).

La desconcentración y descentralización tienen diferencias conceptuales y relación directa con el concepto de regionalización. La diferencia entre desconcentración y descentralización es fundamental para entender las dinámicas de la regionalización en América Latina. Ambos conceptos, aunque relacionados, tienen características y aplicaciones distintas, y conocer sus diferencias ayuda a comprender cómo se pueden aplicar en el contexto de la regionalización.

Desconcentración se refiere al proceso mediante el cual una autoridad central delega ciertas funciones o competencias a oficinas o agencias en diferentes regiones, pero sin ceder el control ni la autonomía política. En otras palabras, el gobierno central establece oficinas locales que pueden ejecutar funciones administrativas, pero la toma de decisiones sigue concentrada en el poder central. Así, la desconcentración permite una gestión más cercana a la población sin comprometer el control del gobierno central sobre dichas acciones (Martínez & González, 2021; OCDE, 2023). Este modelo suele aplicarse en áreas como salud, educación y justicia, donde es importante acercar los servicios a la población sin perder el control administrativo.

Por otro lado, descentralización involucra la transmisión de autoridad y responsabilidad a entes con autonomía, tanto en el ámbito local así como el regional, permitiendo a estas unidades tomar decisiones sobre asuntos que les conciernen directamente. A diferencia de la desconcentración, la descentralización concede autonomía política, administrativa y financiera, lo cual permite que las regiones gestionen sus propios recursos y definan políticas públicas acordes a sus necesidades locales (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022; Rodríguez, 2022). La descentralización es un proceso más profundo y complejo que la desconcentración, ya que implica una reestructuración del poder y fomenta la autonomía regional.

En el contexto de la regionalización, ambos conceptos se vinculan en el sentido de que, aunque la regionalización requiere algún grado de descentralización para ser efectiva, en numerosas naciones de la región, se ha comenzado con procesos de desconcentración como un primer paso hacia una regionalización plena (Gutiérrez & Pérez, 2023). La desconcentración puede funcionar como una fase preliminar que permite adaptar las estructuras administrativas antes de asumir el modelo descentralizado, especialmente en países donde el centralismo ha sido históricamente fuerte y la desconfianza en la autonomía regional es elevada (López & Sánchez, 2022).

La experiencia en América Latina demuestra que, en gran parte de los países, se han experimentado proyectos de desconcentración antes de adoptar modelos de descentralización más completos. En Chile, por ejemplo, las reformas en la administración pública se encaminaron primeramente en la desconcentración de servicios de educación y de salud, lo cual permitió una mayor proximidad de estos servicios a la ciudadanía sin otorgar autonomía plena a las regiones. Sin embargo, en años recientes, se han implementado reformas de descentralización para que las regiones tengan mayor control sobre sus políticas de desarrollo (Bianchi, 2023; OCDE, 2023).

Asimismo, estudios recientes indican que la desconcentración y la descentralización, cuando se implementan en conjunto y de manera progresiva, pueden facilitar un proceso de regionalización efectivo. En Colombia, la descentralización ha permitido una administración más adaptada a las necesidades locales, lo que ha favorecido la mejora en la calidad de vida en algunas zonas. No obstante, el éxito depende en gran parte en la voluntad política y las capacidades de las autoridades locales en la adecuada gestión de los recursos (Martínez & Zárate, 2022).

Sumariamente, la desconcentración y la descentralización son conceptos que, aunque distintos, están vinculados a la regionalización en tanto que ambos procesos permiten una administración más cercana a las regiones. No obstante, para una regionalización efectiva que busque democratizar la distribución y la equidad de la riqueza, así como potenciar el desarrollo humano, es fundamental avanzar hacia una descentralización más profunda, es esencial que las decisiones se adapten mejor a las realidades locales, promoviendo un desarrollo regional más objetivo y sostenible.

  1. DEFINICIONES DE REGIONALIZACIÓN

La regionalización en América Latina es un proceso integral que involucra variadas dimensiones, desde la organización político-administrativa hasta el fortalecimiento de identidades locales.

Debido a la polisemia del término, a continuación, se presentan algunas definiciones desde distintas perspectivas recientes para comprender el alcance y los desafíos de este fenómeno en la región.

1. Regionalización como herramienta de descentralización administrativa: este enfoque define la regionalización como un proceso para distribuir de manera equitativa el poder y la administración pública. A través de esta perspectiva, se busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y servicios al acercar la toma de decisiones a las comunidades locales. Este concepto tiene particular relevancia en países de América Latina, donde las políticas históricamente centralistas han generado desigualdades significativas entre capitales y provincias (Estevadeordal, 2024).

2. Regionalización como integración económica y comercial: desde una visión económica, la regionalización en la región se refiere a la creación de bloques y acuerdos comerciales que promuevan el intercambio de servicios, bienes y personas entre las naciones latinoamericanas. Ejemplos de esto lo constituye el Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan fortalecer el mercado interno para competir con otras economías globales. Sin embargo, la falta de infraestructura y la fragmentación de normativas en la región limitan su éxito (Americas Georgetown, 2023).

3. Regionalización y desarrollo territorial: algunos autores argumentan que la regionalización es un medio para impulsar el desarrollo territorial, promoviendo un crecimiento más equilibrado entre regiones. Según estudios recientes, en América Latina, muchas regiones se han mantenido marginadas del desarrollo debido a la concentración de recursos en las capitales. Este tipo de regionalización apunta a reducir las disparidades territoriales promoviendo inversiones en áreas rurales y menos desarrolladas (Universidad Barcelona, 2022).

4. Regionalización cultural y fortalecimiento de identidades locales: otra perspectiva clave es la regionalización como mecanismo para fortalecer identidades culturales y locales. Este enfoque destaca la importancia de reconocer y preservar las identidades culturales específicas de cada región, permitiendo que estas sean representadas en políticas y decisiones públicas. En América Latina, este aspecto de la regionalización es crucial debido a la gran diversidad étnica y cultural que caracteriza a países como Perú y Bolivia, donde las identidades indígenas son prominentes (Kotschwar, 2023).

5. Regionalización como respuesta a la globalización: diversidad de autores ven la regionalización en América Latina como una consecuencia natural del proceso de globalización y la búsqueda de salvaguardar el mercado local. En este contexto, la regionalización no solo busca descentralizar, sino también crear un bloque económico y político cohesivo capaz de negociar en el escenario global. Este enfoque es particularmente relevante ante la creciente presión de actores globales como Estados Unidos y China en los recursos naturales de la región (Estevadeordal, 2024).

Cada una de estas definiciones muestra cómo la regionalización en América Latina es un proceso multidimensional que busca abordar tanto las necesidades de desarrollo local como los desafíos impuestos por la globalización y las políticas centralistas. Estas perspectivas proporcionan una base teórica para entender los distintos enfoques y la complejidad del fenómeno en el contexto latinoamericano.

  1. TIPOS Y CLASIFICACIONES DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La regionalización en América Latina es un fenómeno multifacético que abarca diversos tipos y clasificaciones, cada uno con enfoques y objetivos particulares. Este proceso se caracteriza por la reestructuración de los espacios económicos, sociales y administrativos de acuerdo con las necesidades y desafíos de cada país y región. A continuación, se exploran los principales tipos de regionalización: económica, política, socio-cultural, ambiental, y tecnológica, cada uno de ellos con clasificaciones específicas que reflejan los distintos contextos de los países latinoamericanos.

  • Regionalización Económica

La regionalización económica en América Latina está orientada principalmente a la creación de bloques comerciales que faciliten la integración de mercados y promuevan el comercio de servicios y bienes, entre los países. Ejemplos de esta forma de regionalización son Mercosur y la Comunidad Andina, que buscan reducir las barreras comerciales y fomentar la competitividad en el contexto global (Estevadeordal, 2024; Kotschwar, 2023). Según Daza (2022), uno de los objetivos centrales de la regionalización económica es aumentar la autosuficiencia de las regiones y reducir la dependencia de mercados externos. En el caso de la región, varios países afrontan conflictos para alcanzar estos objetivos debido a la falta de infraestructura y a la fragmentación regulatoria que limita la efectividad de estas iniciativas (Americas Georgetown, 2023).

Este tipo de regionalización ha sido clasificado en dos enfoques principales: el de integración económica y el de cooperación transnacional. La integración económica implica la creación de zonas económicas especiales, áreas de libre comercio, así como alianzas en materia aduanera, como Mercosur, donde los países buscan crear un mercado único con aranceles externos comunes (Alonso, 2023). En contraste, la cooperación transnacional se centra en acuerdos menos formales que facilitan el comercio y la inversión sin comprometer la autonomía económica de los países involucrados (Georgetown, 2023).

  • Regionalización Política

La regionalización política tiene como objetivo descentralizar la autoridad del ejecutivo nacional, hacia autoridades locales o regionales, permitiendo una distribución más equitativa de los recursos y una mayor representación de las comunidades (Sánchez & Arrieta, 2022). Este tipo de regionalización es particularmente relevante en América Latina debido a las políticas históricamente centralistas que han mantenido el poder concentrado en las capitales nacionales, lo que ha generado una gran disparidad entre las áreas urbanas y rurales (Gómez, 2023).

Este tipo de regionalización se clasifica en descentralización administrativa y descentralización legislativa. La descentralización administrativa permite que las regiones gestionen sus propios servicios, como salud y educación, mientras que la descentralización legislativa otorga a los gobiernos regionales el poder de tomar decisiones políticas autónomas en ciertos ámbitos (Mendoza, 2023). De acuerdo con Sánchez y Arrieta (2022), la descentralización política en América Latina ha enfrentado numerosos desafíos, principalmente debido a la falta de recursos financieros y a la resistencia de los gobiernos centrales a ceder poder a las regiones.

  • Regionalización Socio-Cultural

La regionalización socio-cultural se centra en el fortalecimiento de las identidades y culturas locales dentro de un marco regional. América Latina, una región diversa en términos étnicos y culturales, encuentra en este tipo de regionalización una oportunidad para reconocer y promover las particularidades de cada grupo social, lo cual es crucial en países con poblaciones indígenas significativas, como Perú y Bolivia (Fernández, 2022). Este tipo de regionalización permite que las comunidades mantengan sus tradiciones y sistemas de conocimiento mientras se integran en la sociedad nacional y global (Pérez & Cárdenas, 2023).

Dentro de esta clasificación, se pueden identificar dos enfoques: regionalización inclusiva y regionalización diferenciada. La regionalización promueve la inclusión de las comunidades en los procesos de gobernanza y toma de decisiones, mientras que la regionalización diferenciada reconoce la necesidad de enfoques específicos para grupos con características particulares, como las comunidades indígenas (Gómez, 2023).

  • Regionalización Ambiental

La regionalización ambiental en América Latina surge en respuesta a la búsqueda de resguardar y gestionar los abundantes recursos en un contexto de gran biodiversidad y desafíos ambientales significativos, como la deforestación en la Amazonía (Rodríguez & Torres, 2022). Este tipo de regionalización busca crear unidades territoriales que faciliten la implementación de políticas ambientales adaptadas a las condiciones específicas de cada región. Según Daza (2022), la regionalización ambiental es fundamental para la sostenibilidad de los recursos en América Latina y permita una planificación más adecuada del territorio y la gestión adecuada del ecosistema.

Este tipo de regionalización se divide en gestión de recursos naturales y protección de áreas ambientales. La gestión de recursos se enfoca en la regulación del uso y la explotación de recursos, mientras que la protección ambiental se orienta a conservar áreas críticas y a promover políticas de desarrollo sostenible en las zonas más vulnerables (Fernández, 2022).

  • Regionalización Tecnológica

Por último, la regionalización tecnológica aborda los contrastes en el acceso a la tecnología y la infraestructura digital, problemas que inciden en el progreso y la búsqueda de la tan ansiada competitividad del subcontinente (Pérez & Cárdenas, 2023). Según Mendoza (2023), una adecuada regionalización tecnológica puede reducir la brecha digital y mejorar la conectividad entre áreas urbanas y rurales, lo cual es crucial para el desarrollo socio-económico..

La regionalización tecnológica incluye la infraestructura digital y acceso a la innovación. La primera se refiere a la creación de redes y centros de acceso en áreas remotas, mientras que la segunda aboga por la inversión en tecnología avanzada y formación digital, especialmente en regiones con baja cobertura tecnológica (Gómez, 2023).

  1. CONTRASTE DE LA REGIONALIZACIÓN CON LAS POLÍTICAS CENTRALISTAS EN LATINOAMÈRICA.

Los conceptos de regionalización y centralismo han sido antagónicos en la organización territorial y política de los países latinoamericanos. Mientras que la regionalización busca una mayor descentralización para favorecer el desarrollo local y la inclusión de diversas regiones, el centralismo concentra el poder y los recursos en las capitales o centros de poder político y económico. Este contrapunto refleja tensiones profundas en la historia de América Latina, donde el centralismo ha sido un modelo predominante que, según muchos estudios, ha contribuido a perpetuar desigualdades territoriales y económicas (Sánchez & Arrieta, 2022; Rodríguez & Torres, 2022). A continuación, se examinan los distintos tipos de políticas centralistas y sus efectos en la región, así como las consecuencias de este enfoque para el proceso de regionalización.

  1. Centralismo Administrativo y Asignación de Recursos

El centralismo administrativo concentra las decisiones sobre la asignación de recursos en el gobierno central, generalmente en las capitales nacionales. En muchos países de América Latina, este modelo ha limitado el acceso equitativo a los recursos en las regiones periféricas, ya que las decisiones de inversión tienden a favorecer a las áreas urbanas más desarrolladas (Gómez, 2023; Daza, 2022). De acuerdo con Fernández (2022), la centralización administrativa en América Latina ha causado desigualdades significativas, ya que los gobiernos locales tienen poca autonomía para gestionar sus propios recursos. Este enfoque centralista ha obstaculizado la regionalización, dificultando la respuesta oportuna, necesaria y adecuada de los gobiernos locales en atender las necesidades específicas de sus comunidades.

Los efectos de este tipo de centralismo son evidentes en países como Perú y Colombia, donde las regiones rurales reciben menos inversión en infraestructura y servicios básicos en comparación con las capitales (Alonso, 2023). En lugar de fomentar una distribución equitativa, el centralismo administrativo crea una dependencia de las autoridades regionales hacia el gobierno central, limitando su capacidad de actuar de manera autónoma y adaptarse a las particularidades de su región (Estevadeordal, 2024).

  1. Centralismo Político y Concentración del Poder de Decisión

El centralismo político implica la concentración del poder de decisión en una élite política ubicada en la capital o en los centros de poder. Este tipo de centralismo ha sido una característica persistente en América Latina, especialmente en sistemas presidencialistas donde el poder ejecutivo tiene un gran control sobre las políticas nacionales (Pérez & Cárdenas, 2023; Kotschwar, 2023). La centralización política limita la contribución de los territorios con los gobiernos, en la formulación de la política pública, lo cual afecta directamente la capacidad de la población para influir en las decisiones..

Este tipo de centralismo genera tensiones con la regionalización, limita la inserción de la expresión popular en los procesos de toma de decisiones y reduce la capacidad de los ciudadanos de participar activamente en temas de su interés (Mendoza, 2023). Según Gómez (2023), la concentración del poder político en la capital provoca que las políticas nacionales no consideren las realidades regionales, lo cual aumenta la desconexión entre el gobierno central y la colectividad, perpetuando así las inequidades territoriales y políticas.

  1. Centralismo Fiscal y Limitación de Recursos Financieros

Otro aspecto fundamental del centralismo en América Latina es el control de los recursos fiscales por parte del gobierno central. En muchos países de la región, el gobierno central retiene una gran parte de los ingresos fiscales, limitando así la capacidad de los gobiernos regionales para financiar sus proyectos de desarrollo (Rodríguez & Torres, 2022; Alonso, 2023). Este tipo de centralismo fiscal impide que las regiones puedan invertir en infraestructura, salud, educación y otros servicios esenciales para mejorar el bienestar de sus comunidades.

Este enfoque centralizado ha sido criticado por expertos en desarrollo regional, quienes argumentan que limita el crecimiento de las economías locales y genera una dependencia constante de los gobiernos regionales hacia el presupuesto nacional (Fernández, 2022; Estevadeordal, 2024). En países como México y Argentina, el centralismo fiscal ha creado un sistema de dependencia en el que las regiones no pueden actuar de manera autónoma, lo que afecta su capacidad para adaptarse a las condiciones locales y fomenta una distribución desigual de los recursos.

  1. Centralismo Cultural y Homogeneización de Identidades Regionales

El centralismo cultural se refiere a la imposición de una identidad cultural dominante, generalmente asociada a la capital, en detrimento de las identidades locales y regionales. En países de América Latina con una gran diversidad étnica y cultural, este tipo de centralismo puede tener un efecto alienante, ya que impone un modelo cultural único y no permite la expresión de las identidades locales (Sánchez & Arrieta, 2022). La regionalización cultural, en contraste, busca valorar y preservar la diversidad cultural de cada región, permitiendo que las comunidades mantengan sus tradiciones y costumbres.

El centralismo cultural es particularmente evidente en países como Perú y Bolivia, donde las políticas nacionales han tendido a favorecer las tradiciones de las élites urbanas en lugar de las culturas indígenas (Gómez, 2023). Este enfoque centralista ignora la riqueza cultural de las regiones y reduce la participación de la población en la vida política y social, lo cual contradice los objetivos de la regionalización inclusiva y dificulta la integración cultural (Pérez & Cárdenas, 2023; Daza, 2022).

  1. Centralismo Educativo y Control sobre la Educación Regional

Por último, el centralismo educativo se manifiesta en la concentración de los sistemas educativos bajo la autoridad del gobierno central, lo cual limita la capacidad de las regiones para adaptar la educación a sus necesidades específicas. Este enfoque centralista impone un currículo uniforme que no necesariamente refleja las realidades locales, lo que limita el potencial de las regiones para desarrollar sus propios programas educativos y para promover la cultura e historia local (Mendoza, 2023; Rodríguez & Torres, 2022).

Según Kotschwar (2023), el centralismo educativo en América Latina ha generado un sistema poco flexible que no responde a las necesidades de las comunidades rurales ni a las particularidades de cada región. En contraposición, la regionalización educativa permite una mayor adaptabilidad en los programas de estudio y en la formación de docentes, lo cual puede contribuir al desarrollo regional y a la inserción comunal en el sistema educativo nacional.

  1. EXPERIENCIAS DE REGIONALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA; ANÁLISIS COMPARADO. CASOS DE: MÉXICO, COSTA RICA, PERÚ, ARGENTINA, COLOMBIA, BRASIL Y CHILE

La regionalización en América Latina es un proceso que, aunque varía ampliamente en cada país, busca la descentralización de la gobernanza y el fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. A continuación, se analizan las experiencias de siete países: México, Costa Rica, Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Chile, evaluando sus avances en la regionalización y su éxito en reducir el centralismo, o en su defecto, identificando los retos que enfrentan.

MÉXICO: AVANCES Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

En México, la regionalización ha sido un tema de interés desde hace varias décadas, sin embargo, se enfrenta a importantes desafíos debido al persistente centralismo que caracteriza su sistema de gobierno. Aunque formalmente es un Estado Federal, el modelo mexicano presenta una alta concentración del poder fiscal en el gobierno central. Los estados y municipios dependen en demasía de las transferencias del gobierno federal. La descentralización administrativa ha sido significativa (educación, salud), pero sin el acompañamiento de recursos suficientes. La Ciudad de México concentra gran parte de los recursos y las decisiones políticas, lo que dificulta el desarrollo equitativo de otras regiones (Flores, 2023; Hernández & Torres, 2022). No obstante, en los últimos años se han efectuado acciones orientadas a descentralizar algunos sectores, como la educación y la salud, a través de reformas de modernización del federalismo (Gómez, 2023).

Algunas iniciativas exitosas han tenido lugar en estados como Nuevo León y Jalisco, que han logrado cierto grado de autonomía en el manejo de sus recursos y en la atracción de inversión extranjera (Martínez & Sánchez, 2022). Estas experiencias demuestran que la descentralización es posible, aunque sigue siendo limitada en comparación con el control que mantiene el gobierno central (García, 2023).

COSTA RICA: MODELO DE REGIONALIZACIÓN PARTICIPATIVA CON TAREAS PENDIENTES.

Con un sistema unitario, Costa Rica ha avanzado en descentralización administrativa y fiscal, en parte gracias al impulso del Código Municipal (1998). Sin embargo, la fragmentación de competencias y la limitada capacidad institucional local restringen el impacto del proceso. Ha implementado un modelo de regionalización que se distingue por su enfoque en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Este país ha trabajado en la descentralización de funciones administrativas y en la promoción de la autonomía de sus municipios, permitiendo una mayor adaptación a las necesidades de cada región (Díaz, 2022; Vargas & Solís, 2023). La creación de Consejos de Desarrollo Regional ha sido un paso significativo para coordinar los esfuerzos de desarrollo regional y buscar la distribución más justa de los recursos (Soto & Mora, 2023). Este proceso ha demostrado ser eficaz en áreas como Guanacaste, donde se ha promovido el turismo sostenible y la gestión de recursos naturales de manera local, adaptando las políticas nacionales a las necesidades específicas de esta región (Martínez, 2023). A pesar de los avances, Costa Rica aún enfrenta desafíos, especialmente en términos de financiamiento y autonomía plena para sus gobiernos locales (Solano, 2024).

VENEZUELA: UN FEDERALISMO FORMAL CON RECENTRALIZACIÓN PRÁCTICA

Venezuela se constituye formalmente como un Estado federal descentralizado, según el artículo 4 de la Constitución Política del año 1999. No obstante, en la realidad ha vivido una recentralización progresiva, especialmente desde mediados de la década de 2000. Durante los años 80 y 90, el país vivió un proceso de descentralización política, con la elección directa de gobernadores (1989) y alcaldes, además de la transferencia de algunas competencias a estados y municipios.

No obstante, con la consolidación del modelo centralista del Estado comunal muchas competencias y recursos fueron reabsorbidos por el Ejecutivo nacional, debilitando a los gobiernos locales, por lo que Venezuela al igual que la mayoría de países de la región no solo tiene una deuda pendiente en esta materia, sino que más bien sufre un retroceso hacia el centralismo del estado.

PERÚ: CENTRALISMO PERSISTENTE Y OBSTÁCULOS EN LA DESCENTRALIZACIÓN

En Perú, el proceso de regionalización ha enfrentado grandes dificultades debido al arraigado centralismo de su estructura estatal. Implementó una descentralización acelerada tras el colapso del régimen de Fujimori, creando gobiernos regionales y promoviendo participación ciudadana. Sin embargo, la falta de planificación y el clientelismo han limitado su eficacia. Aunque se han creado gobiernos regionales y se ha transferido alguna autonomía administrativa, el poder y los recursos continúan centralizados en Lima (Ríos & Vargas, 2023; Pérez, 2022). Esto ha limitado la capacidad de las regiones para gestionar sus propios recursos y ha exacerbado las desigualdades territoriales.

Un ejemplo de las limitaciones de la regionalización en Perú es la región de Cusco, donde la falta de recursos y autonomía ha impedido que el gobierno regional promueva un desarrollo sostenible y que se atiendan las demandas locales de manera eficaz (González, 2022). Aunque existen esfuerzos por fortalecer la descentralización, el centralismo sigue predominando, limitando los beneficios que podrían derivarse de una verdadera regionalización (Chávez & Ramos, 2023).

ARGENTINA: FEDERALISMO EN TENSIÓN CON EL CENTRALISMO

A pesar de su estructura federal, Argentina experimenta una asimetría profunda entre provincias, lo que genera tensiones en la distribución de recursos. El gobierno nacional ejerce una fuerte influencia sobre las provincias vía transferencias discrecionales. Es un país federal en teoría, pero en la práctica, Buenos Aires acapara la mayor parte del poder político y económico, lo que representa un reto para la regionalización efectiva. Aunque cada provincia tiene cierto grado de autonomía, el financiamiento depende en gran medida del gobierno central, lo que crea una relación de dependencia (López, 2023; Navarro, 2022). Esta dependencia limita las posibilidades de desarrollo regional y ha generado desigualdades significativas entre las provincias.

No obstante, algunas provincias, como Mendoza y Córdoba, han implementado políticas para diversificar sus economías y reducir la dependencia económica del gobierno central. Estas experiencias han demostrado que, con un manejo autónomo y adecuado de los recursos, es posible avanzar hacia una regionalización más equilibrada y menos dependiente (Ferreyra & Romero, 2023). Sin embargo, la estructura fiscal y financiera de Argentina continúa siendo un obstáculo significativo para una regionalización efectiva (Bianchi, 2022).

COLOMBIA: PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN COMO ESTRATEGIA DE PAZ

El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. El proceso colombiano ha sido influenciado por el conflicto armado y el postconflicto. La descentralización ha permitido el surgimiento de gobiernos locales más autónomos, aunque las regiones periféricas aún enfrentan problemas de inseguridad y baja institucionalidad. Visto de esta forma, en Colombia, la descentralización ha sido una estrategia clave para promover la paz y el desarrollo regional en municipios inmersos en la guerra entre el ejército y las FARC. La creación de entidades tales como: Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), han sido fundamentales para mejorar la gobernanza territorial y promover el desarrollo en regiones históricamente marginadas (Gutiérrez & Quintero, 2023; Rodríguez, 2022).

El caso de Antioquia y su autonomía en la gestión de planes de desarrollo local, es un ejemplo exitoso de regionalización, que ha permitido mejorar la infraestructura y reducir la distancia social entre la zona urbana y la ruralidad (Martínez & Salazar, 2023). Sin embargo, el centralismo persiste en algunas áreas, y las regiones aún son fuertemente dependientes del presupuesto asignado por el gobierno nacional, lo que limita la sostenibilidad de estos avances (Mejía & Gómez, 2023).

BRASIL: FEDERALISMO Y DESAFÍOS EN LA REGIONALIZACIÓN

Es uno de los países menos centralizados de la región. La Constitución de 1988 reconoció a los municipios como entes federados. Aun así, las disparidades regionales y la fragmentación partidaria obstaculizan la gobernanza territorial. Brasil cuenta con un sistema federal que otorga un alto grado de autonomía a los estados, lo cual ha facilitado procesos de regionalización en campos como la educación y la salud. No obstante, existen desigualdades marcadas entre las regiones, especialmente entre el sureste y el noreste, lo cual ha generado tensiones en el desarrollo regional (Silva & Pereira, 2023; Oliveira, 2022). La descentralización en Brasil ha permitido que estados como São Paulo y Minas Gerais desarrollen sus economías de manera independiente, fortaleciendo sus infraestructuras y atrayendo inversión extranjera.

Sin embargo, el gobierno central todavía tiene un papel predominante en la distribución de recursos, y el desequilibrio económico entre las regiones persiste, lo que limita el potencial de la regionalización para reducir las disparidades (Costa, 2024). A pesar de los avances, la dependencia de las regiones hacia el gobierno central representa un obstáculo significativo para una regionalización equitativa en Brasil (Fernández, 2023).

CHILE: CENTRALISMO Y TÍMIDOS AVANCES EN LA REGIONALIZACIÓN

Históricamente centralista, Chile ha iniciado recientemente un proceso de regionalización con la elección de gobernadores regionales desde 2021, aunque sin una transferencia real de competencias ni presupuesto, lo que limita su impacto. Chile es uno de los países con mayor centralismo en América Latina. Experimenta una gran concentración de poder y recursos en Santiago. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para descentralizar el país, el progreso ha sido lento y las regiones aún dependen en gran medida del gobierno central (Lagos, 2023; González, 2023). A pesar de esto, se han implementado algunas políticas de regionalización en sectores como la gestión de recursos naturales, donde las regiones del sur han logrado cierta autonomía para promover el desarrollo sostenible.

Una iniciativa destacada es el programa de fortalecimiento de las regiones, que ha permitido a algunas zonas gestionar sus recursos de manera más autónoma y adaptar las políticas nacionales a las necesidades locales (Carrillo & Martínez, 2023). Sin embargo, la falta de un marco legal sólido para la regionalización y el predominante centralismo siguen siendo los principales retos para una descentralización efectiva en Chile (Fuentes, 2023).

  1. BENEFICIOS DE UNA REGIONALIZACIÓN EXITOSA: APUNTES PARA LA DISCUSIÓN.

Sin pretender terminar con la discusión; sino más bien fomentar el debate aun inconcluso; que permita dinamizar la confrontación de ideas; se esbozan a modo de resumen, algunos beneficios que podría traer a la región, una regionalización exitosa:

1. Fortalecimiento de la capacidad institucional local: una regionalización efectiva requiere instituciones locales fuertes, con capacidad administrativa, técnica y financiera suficiente para gestionar y ejecutar políticas públicas adaptadas a las necesidades regionales. La experiencia ha demostrado que la falta de recursos y personal capacitado a nivel local limita el éxito de las políticas descentralizadas (Martínez & Zárate, 2022). Es fundamental que los gobiernos nacionales inviertan en programas de capacitación y desarrollo institucional en los niveles subnacionales para asegurar que las autoridades locales puedan tomar decisiones informadas y eficientes (Rodríguez, 2023). Según estudios del Banco Mundial, la creación de redes de colaboración entre diferentes niveles de gobierno también es esencial para facilitar el flujo de conocimientos y habilidades hacia las autoridades locales, promoviendo una mayor capacidad de respuesta frente a problemas específicos de cada región (Banco Mundial, 2023). Además, estos esfuerzos deben ir acompañados de un compromiso inequívoco de lucha frontal contra la corrupción y que potencie con especial vigor la rendición de cuentas (Gutiérrez & Pérez, 2023).

2. Transferencia equitativa de recursos fiscales: una distribución equitativa de los recursos fiscales es clave para asegurar que todas las regiones, independientemente de su nivel de desarrollo, tengan acceso a los fondos necesarios para implementar proyectos de desarrollo y mejorar los servicios públicos. Estudios realizados por la OCDE destacan que la descentralización fiscal es efectiva solo cuando se acompaña de una estructura de transferencias que considera las desigualdades territoriales (OCDE, 2023). En América Latina, países como Brasil y Colombia han implementado sistemas de transferencias que buscan corregir desigualdades históricas entre regiones, aunque todavía enfrentan desafíos para reducir las disparidades existentes (Mejía, 2023). Un enfoque recomendado es el de diseñar mecanismos de asignación de recursos basados en criterios de necesidad y rendimiento. Esto implica que los fondos se distribuyan teniendo en cuenta factores como el nivel de pobreza, el fomento distributivo con equidad de las políticas públicas así como aumentar las capacidades de las autoridades locales para ejecutar programas, de modo que se maximice el impacto social de los recursos (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022).

3. Promoción de la aportación de la ciudadanía en la toma de decisiones: esto es fundamental para asegurar que las políticas de regionalización respondan a las demandas reales de la sociedad. La participación activa de la sociedad civil puede ayudar a mejorar la legitimidad de las decisiones y a reducir las tensiones políticas entre el nivel central y las regiones (López & Sánchez, 2022). Estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señalan que los mecanismos de consulta y participación ciudadana deben integrarse en todas las fases de la gobernanza en los territorios para lograr procesos exitosos (PNUD, 2022). En este sentido, el uso de tecnologías digitales y plataformas en línea para consultas y retroalimentación ciudadana ha sido efectivo en países como Uruguay, donde la participación ha mejorado notablemente gracias a estos medios (Bianchi, 2023). Además, estas plataformas pueden ayudar a recopilar datos para mejorar la efectividad de las políticas regionales.

4. Desarrollo de infraestructura para la conectividad regional: una regionalización efectiva necesita una infraestructura sólida que conecte las diferentes regiones, promueva las inversiones, favorezca el comercio y facilite el sector servicios. En América Latina, las disparidades en infraestructura han limitado el desarrollo en las regiones más alejadas de la metrópoli. Según la CEPAL, la inversión en infraestructura vial, transporte y tecnología digital es un pilar para reducir las brechas de desarrollo y fortalecer los lazos entre las regiones y el mercado nacional (CEPAL, 2023).

Asimismo, el acceso a internet y tecnología en las zonas rurales es crucial para integrar a estas comunidades en el ámbito económico y social, permitiéndoles acceder a servicios educativos, de salud y de capacitación profesional. La inversión en infraestructura tecnológica es una prioridad para lograr que todas las regiones participen en el crecimiento económico (Navarro & Díaz, 2023).

5. Políticas de desarrollo sostenible y adaptadas al contexto local: para alcanzar mejoras sustantivas en desarrollo humano; las políticas de regionalización deben ser sostenibles y adaptarse a las condiciones ambientales, culturales y económicas de cada región. En muchos países, los modelos de desarrollo uniformes no han sido efectivos, ya que no toman en cuenta las particularidades de cada territorio. Por ejemplo, en Perú y Bolivia, los enfoques de desarrollo adaptados a las condiciones geográficas y culturales de las comunidades han mostrado mejores resultados que las estrategias generales (Chávez & Ramos, 2023).

De acuerdo con un informe de la FAO, las políticas agrícolas y de desarrollo rural deben diseñarse en función de las capacidades productivas y ecológicas de cada región para evitar problemas de degradación ambiental y garantizar la sostenibilidad a largo plazo (FAO, 2023). Esto también permite diversificar la economía en zonas que tradicionalmente dependen de un solo sector productivo, lo cual contribuye a reducir la pobreza y mejorar las oportunidades laborales en áreas menos desarrolladas.

  1. RECOMENDACIONES PARA UNA REGIONALIZACIÓN EFECTIVA

Fortalecer las capacidades institucionales locales: capacitación técnica, gestión pública profesional y planificación territorial.

Establecer esquemas de financiamiento equitativos y sostenibles: evitar la dependencia total de transferencias.

Promover la participación activa de los ciudadanos en la planificación y ejecución de planes estratégicos orientados a sus regiones.

Invertir en conectividad territorial e infraestructura básica, reduciendo la marginación rural y periférica.

Diseñar modelos adaptativos, sensibles a las realidades sociales, culturales y ambientales de cada región.

  1. REFLEXIONES FINALES.

De la exégesis de los modelos de regionalización en América Latina abarcados en este artículo, destaca la preponderancia de robustecer las políticas tendientes a fortalecer de manera vigorosa proyectos de descentralización y desconcentración administrativa y de gobernanza; como medios para fortalecer la equidad y el desarrollo humano en las regiones periféricas. La regionalización surge como una estrategia para enfrentar el tradicional centralismo que limita el desarrollo equitativo y la autonomía de las regiones, permitiendo así una mayor adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada área. A través del estudio de experiencias en distintos países de la región, se observa que, si bien algunos han avanzado hacia modelos de descentralización exitosos, otros enfrentan importantes desafíos debido a estructuras centralistas rígidas y a una falta de capacidad institucional a nivel local.

La diferenciación entre desconcentración y descentralización resulta fundamental en el proceso de regionalización. La desconcentración permite una proximidad operativa sin transferir autonomía plena, mientras que la descentralización conlleva una transferencia real de poder político y financiero. Ambas estrategias, aunque distintas, pueden ser implementadas de manera complementaria, dependiendo de las capacidades y necesidades de cada país.

Por último, se proponen recomendaciones específicas para una regionalización efectiva, como la inversión en infraestructura y tecnología, el fortalecimiento de capacidades locales, y la implementación de mecanismos de participación ciudadana, todo ello orientado a reducir las desigualdades territoriales. Se concluye que una regionalización bien estructurada puede ser un instrumento clave para un desarrollo más justo y sostenible en América Latina, promoviendo una gobernanza equitativa y mejorando la vida de los habitantes de las zonas periféricas, hasta ahora en desventaja con las urbanas.

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*https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/FERNANDO-VILLALOBOS-CHACON-2026.pdf

La política también se decide en los territorios locales

Abelardo Morales Gamboa

Sin organización social y trabajo político local, el vacío lo llenan los mesianismos

La crisis política que vive Costa Rica no comenzó en la Asamblea Legislativa ni en los otros poderes del Estado, ni tampoco en la última campaña electoral. Comenzó mucho antes, cuando la política se desvinculó del resto de la sociedad, dejó de organizarse en los territorios y perdió su vínculo con las realidades locales.

Hoy atravesamos una crisis de las formas tradicionales de ejercer el poder y de construir consenso. Detrás de la fragmentación electoral y del auge de discursos antisistema hay una creciente desconexión entre la política institucional, los territorios y las formas de organización social. La arquitectura política que durante décadas permitió estabilidad institucional, alternancia partidaria y cierto grado de integración territorial muestra señales evidentes de agotamiento. Como señalamos en artículos anteriores, en su lugar se está configurando un reacomodo territorial del poder político que va más allá de una simple crisis de partidos.

Si en la escala nacional la política personalista está desfigurando el ejercicio del poder, en la escala territorial emerge un amasijo de comportamientos políticos, demandas sociales y configuraciones de poder local que producen fuertes polarizaciones.

Las elecciones municipales son un acontecimiento coyuntural que muestran la dispersión en la política local. La participación electoral en esos comicios sigue siendo baja: en las elecciones municipales de 2024 la abstención rondó el 68 % del padrón electoral. Ese dato revela un fuerte distanciamiento entre ciudadanía y política institucional a nivel local. Sin embargo, estos cambios no se explican únicamente por dinámicas electorales. También reflejan transformaciones territoriales más profundas.

Detrás del alto desarrollo humano promedio del país persisten profundas desigualdades territoriales que producen trayectorias sociales diferenciadas y nuevas configuraciones de poder local. Estas transformaciones territoriales tampoco pueden entenderse sin considerar otro fenómeno clave: la desconexión progresiva entre los partidos políticos y las bases sociales en los territorios.

Muchas de las redes organizativas que históricamente articulaban la representación política —sindicatos, asociaciones campesinas, cooperativas, organizaciones comunales y movimientos estudiantiles— se han debilitado o fragmentado. El sindicalismo mantiene presencia en el sector público, pero perdió peso en el sector privado; las organizaciones campesinas enfrentan dificultades estructurales en un agro en transformación; y la organización comunitaria, que durante décadas fue un bastión del tejido social costarricense, se ha erosionado en numerosos territorios.

El resultado es un vacío de mediación política. Amplios sectores sociales experimentan frustraciones, precariedades o expectativas insatisfechas sin contar con organizaciones capaces de articular esas demandas en proyectos políticos colectivos.

Ese vacío ha sido ocupado, en parte, por discursos antisistema, liderazgos personalistas y propuestas que apelan a identidades religiosas o promesas mesiánicas. En muchos territorios, estas narrativas han logrado canalizar el malestar social acumulado entre sectores dispersos y desorganizados.

La reacción popular no es simple resentimiento cultural o moral. Es, sobre todo, el síntoma de un sistema político que ha perdido capacidad para representar territorialmente las experiencias sociales de la población.

Por eso, el desafío que enfrenta hoy la democracia costarricense no consiste únicamente en recomponer el sistema de partidos. El problema es más profundo: se trata de reconstruir la confianza en la política desde los territorios.

Esto implica que los partidos democráticos vuelvan su mirada hacia las realidades locales y reconstruyan vínculos con comunidades, organizaciones sociales y actores territoriales. No basta con ajustar los mensajes: es necesario transformar las formas de hacer política, escuchar a las comunidades e incorporar sus demandas en nuevos programas políticos.

También exige abandonar las visiones territoriales simplificadas del país. Costa Rica se ha convertido en un mosaico complejo de territorios con trayectorias económicas y sociales muy distintas.

Si la política democrática quiere recuperar su capacidad de representar a la sociedad, tendrá que volver a mirar hacia donde sobrevive la gente. Allí donde se viven las desigualdades, donde se experimentan las fragilidades económicas y donde se construyen —o se erosionan— las redes de solidaridad social.

Durante demasiado tiempo la política costarricense se concentró en las disputas del poder central mientras descuidaba la organización social y el trabajo político en las comunidades. Ese vacío no permaneció vacío: fue ocupado por liderazgos personalistas, discursos antisistema y promesas fáciles frente a problemas complejos.

La democracia no se reconstruirá únicamente desde la Asamblea Legislativa ni desde campañas mediáticas. Se reconstruirá —si es que se logra hacerlo— en la capacidad de volver a tejer organización social, liderazgo comunitario y acción política en los territorios.

Porque, al final, la política no se juega solamente en el poder central. También se decide —y muchas veces comienza— en las comunidades donde la sociedad se organiza para defender su futuro.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

Defensoría: Fragilidad financiera en Juntas Administrativas amenaza equidad en la educación

La Defensoría de los Habitantes afirma que el financiamiento de las Juntas de Educación y Administrativas —pilares de la gestión operativa del sistema educativo— presenta una marcada inestabilidad y un debilitamiento progresivo. Entre 2019 y 2024, el presupuesto asignado a estas instancias apenas creció un 6% nominal, lo que resulta insuficiente frente a la inflación acumulada y al aumento en la matrícula escolar. Esta realidad ha generado un deterioro sostenido en la capacidad de los centros educativos para cubrir servicios básicos como electricidad, limpieza, materiales didácticos y mantenimiento.

El análisis de la Defensoría muestra que en 2024 un 11% de las Juntas operaron con menos de ₡5,5 millones anuales, mientras que un 18% manejó más de ₡88 millones, lo que evidencia una brecha estructural en la distribución de recursos. Estas desigualdades territoriales implican que mientras algunos centros educativos pueden financiar adecuadamente la alimentación, infraestructura y programas extracurriculares; otros apenas logran sostener servicios mínimos. Esta polarización presupuestaria se traduce en oportunidades desiguales para niñas, niños y adolescentes según su lugar de origen, condición socioeconómica o pertenencia cultural.

Uno de los hallazgos más preocupantes es la contracción del Fondo de la Ley N.º 6746, principal fuente de financiamiento de las Juntas. En el período 2019–2024, dicho fondo pasó de ₡94.303 millones a ₡40.617 millones, una reducción del 56,9%, lo que ha limitado severamente la capacidad de las instituciones para garantizar servicios básicos. El monto promedio por estudiante disminuyó de ₡93.906 en 2019 a apenas ₡41.321 en 2024, evidenciando un retroceso en la progresividad del financiamiento educativo y una clara vulneración al principio de igualdad de condiciones.

La Defensoría también advierte que la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PANEA), uno de los principales mecanismos para garantizar el derecho a la

alimentación y la permanencia en el sistema educativo, presenta una brecha estructural: solo cubre el 63% del costo estimado para su universalización. Esto significa que cuatro de cada diez estudiantes no reciben una alimentación adecuada en los centros educativos, afectando especialmente a la niñez en condición de pobreza, a las comunidades rurales e indígenas, y a la educación especial. En términos de derechos humanos, esta situación representa una violación directa del derecho a la alimentación adecuada y a la igualdad de oportunidades educativas.

Asimismo, la Defensoría señala una insuficiencia crítica en infraestructura educativa, pues entre 2019 y 2022 los recursos destinados a este rubro se redujeron más de un 50%, y aunque en 2024 se registró un repunte, persisten riesgos de ejecución y desigualdades en la capacidad técnica de las Juntas para gestionar obras. A esta fragilidad se suman los recortes en arte, cultura y deporte, los cuales reflejan un retroceso en la educación integral y en la protección de los derechos culturales de la niñez y la adolescencia.

El estudio evidencia que la inestabilidad presupuestaria y la desigual capacidad de gestión local han trasladado a las comunidades educativas una carga desproporcionada. En 2024, los fondos propios generados por actividades comunales y aportes del personal docente alcanzaron casi ₡6.000 millones, una cifra que refleja el esfuerzo extraordinario de las comunidades por sostener el sistema educativo ante los recortes estatales. Este escenario, sin embargo, vulnera el carácter gratuito y universal de la educación pública consagrado en la Constitución Política.

La Defensoría de los Habitantes hizo un llamado urgente a reformar el modelo de financiamiento educativo bajo criterios de equidad territorial, progresividad y transparencia, fortaleciendo la rectoría del MEP y el acompañamiento técnico a las Juntas. La educación no puede depender del voluntarismo comunitario, sino de un compromiso sostenido del Estado para garantizar condiciones dignas y equitativas para todas las personas estudiantes, sin discriminación.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Una razón para la disconformidad

Fernando Rodríguez Garro.

Fernando Rodríguez Garro
Exviceministro de Hacienda
Investigador del Observatorio Económico y Social de la UNA

Si algo dejó claro el resultado de la elección del 1 de febrero, es que las diferencias de desarrollo entre el centro del país y su periferia, no solo son evidentes, sino que también se manifiestan en las preferencias políticas de las personas. No pretende este artículo de opinión sustituir el análisis a más profundidad que un evento de estos requiere, pero busca contribuir con la orientación del mismo al plantear una posible razón para lo que sucedió. Tampoco pretender simplificar todo a una sola explicación, los fenómenos sociales son complejos y muchas veces se explican por la confluencia de muchos factores.

Podemos ir tan atrás como el inicio de la década de los ochenta para encontrar la raíz de las diferencias que vivimos hoy. Luego de que en los setenta el mundo sufriera dos shocks petroleros, que nos afectó a nosotros también, y vaivenes en el precio internacional del café, la década de los ochenta inició con una crisis de impago de deuda externa que vendría a cambiar a la Costa Rica de los años y décadas siguientes. La respuesta del país transformó nuestra economía, se fortaleció la institucionalidad alrededor de algunas actividades económicas, se introdujeron mecanismos de incentivo para exportaciones no tradicionales, se impulsó la actividad turística, se introdujeron mecanismos para incentivar la atracción de inversión e incluso se alineó la política cambiaria para evitar la pérdida de competitividad del sector externo.

El proceso de transformación institucional alrededor de los nuevos sectores económicos que se impulsaron se extendió hasta 1996, cuando se le da rango legal al Ministerio de Comercio Exterior, se crea PROCOMER como se conoce hoy y se reforma la Ley de Zonas Francas. Al cabo de ese periodo tres actividades emergen como las grandes ganadoras de ese proceso de reforma: las exportaciones no tradicionales, incluyendo las vinculadas al régimen de zonas francas; el turismo y el sector financiero, con un importante impulso al sector financiero privado. Valga decir que las reformas del sector financiero se extendieron por más tiempo, con la aprobación de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la Ley de Protección al Trabajador y la apertura del mercado de seguros.

En ese tiempo una serie de beneficios fiscales se introdujeron a fin de impulsar esas actividades, siendo el sector exportador no tradicional el más beneficiado, llegando a recibir hasta el equivalente a 1% del PIB en subsidios directos, mientras un variopinto tipo de incentivos se otorgaban, incluyendo un tratamiento tributario especial a las operaciones de la banca off shore en el país. Esas actividades económicas impulsaron el crecimiento de la economía costarricense, eso es claro, pero sus beneficios no llegaron a todas partes y, dada la política fiscal aplicada en el país, muy cargada de exoneraciones e incentivos, no se pudieron distribuir una parte de esos beneficios a todo el país por medio del presupuesto nacional.

Aunque el turismo se fortaleció en las costas desde los ochenta, no cambió la dinámica económica a lo interno de los territorios, las provincias costeras eran y, siguen siendo, las más empobrecidas del país. La atracción de inversión extranjera, las exportaciones no tradicionales y el fortalecimiento del sector financiero, principalmente el privado, fueron una importante fuente de crecimiento en la GAM, impulsó la creación de empleo calificado en esta región e incluso el desarrollo de actividades inmobiliarias vinculadas a esos sectores. Al cabo de este periodo, los beneficios del desarrollo desde la crisis de los ochenta hasta hoy se han concentrado territorialmente, así como se han concentrado en determinados grupos de población, los asociados al empleo calificado principalmente.

Mientras tanto, ¿qué pasó para el resto del país? Desde los ochenta hemos vivido en un casi constante estado de ajuste económico, primero debido a los programas de ajuste estructural de los ochenta y los noventa, luego por los ajustes fiscales a los que nos hemos visto sometidos de forma constante, pero sin que pudiera fortalecerse la política fiscal para sostener una política pública más amplia y mejor financiada. Pasamos apagando incendios durante varias etapas en las últimas cuatro décadas, con reformas tributarias para controlar los problemas del momento, sin capacidad para sostener una inversión pública acorde con las demandas que el crecimiento del país producía, sin poder sostener con ingresos frescos los esfuerzos por aumentar el gasto en educación, con una inversión en seguridad que por mucho tiempo se quedó a la retaguardia de la región y una política social que no logró incidir de forma permanente en la reducción de la pobreza.

Lo constante en este periodo fue tener un Estado altamente endeudado, con un gasto por intereses elevado, que produjo un efecto redistributivo inverso: tomar recursos del erario público para trasladarlo en rentas por intereses a los tenedores de la deuda, un movimiento que beneficiaba tanto a algunas inversionistas por medio del mercado bursátil, así como a los trabajadores que cotizan a los regímenes de pensiones, cierto, pero con un gasto que finalmente no llevó beneficios a los trabajadores informales, muchos de ellos en condición de pobreza.

El Estado no tuvo capacidad de dirigir recursos a sectores productivos vulnerables, pero de alto valor agregado nacional, como el sector agrícola, incluso cuando aceleró su competencia con productos importados por medio de los tratados de libre comercio. Tampoco pudo resolver el problema del transporte público en todo este tiempo, siendo el llamado a hacerlo como dueño de un servicio que concesiona, lo que llevó a que en la GAM lo solucionásemos con el transporte privado, situación que tiene la movilidad al punto del colapso, mientras en otras partes del país el transporte público desaparece de forma paulatina. Por supuesto estas cosas también tienen un impacto diferenciado, según la zona del país y el grupo de población en que fijemos nuestra mirada.

En poco más de cuatro décadas nuestro modelo de desarrollo produjo ganadores, incluso impulsados con beneficios y exoneraciones de impuestos, mientras la política fiscal intentaba no hundirse bajo las enormes demandas de la sociedad y la pobre financiación vía impuestos. En tres ocasiones se intentó una reforma tributaria estructural, de mayor alcance, pero en las tres se falló. Finalmente, con el agua al cuello, se aprobó una reforma en 2018 que nunca se diseñó como solución final a nuestros problemas fiscales de larga data, y que hoy muestra los problemas de su alcance limitado. Este largo camino de éxitos para unos y tropezones para otros, tuvo un punto álgido en medio de la pandemia, cuando las necesarias medidas sanitarias golpearon a todos, pero a unos los encontró mejor posicionados que otros para enfrentar las consecuencias económicas de esas medidas.

Mientras el desempleo alcanzó el 25%, el trabajo en las costas asociado a la actividad turística desaparecía de un día para otro, y las medidas de cierre golpeaban al sector comercial, el Estado costarricense solo pudo destinar tres meses de ayudas a la población afectada, insuficiente para evitar un deterioro social importante y evitar con eso que problemas sociales empezaran a estallar en las zonas más empobrecidas del país. El sector más dinámico de nuestra economía, por otro lado, no sufrió, de hecho, creció a tasas muy altas, llegando a multiplicar el valor de las exportaciones, por ejemplo, en los años posteriores a la pandemia. Ese dinamismo no se multiplicó para el resto de la economía, ni llegó a alcanzar a otros a través de la política fiscal, la apuesta histórica a que sus beneficios se “derramarían” al resto de la economía no se alcanzó, no llegó a los sectores que en estas décadas no disfrutaron de los beneficios del crecimiento económico centrado en la GAM.

Al concluir el primer cuarto del siglo XXI, seguimos teniendo un Estado altamente endeudado, un alto gasto en intereses, una política pública limitada por una carga impositiva baja para un país de ingreso alto y desarrollo humano alto, y, para terminarla de hacer, seguimos apostando una gran cantidad de recursos en incentivos para un régimen que luego de 35 años de existir sigue insistiendo en que necesita beneficios fiscales para seguir operando.

Los resultados del 1 de febrero son, por lo tanto, también una radiografía de la molestia y la disconformidad que ha producido la desigualdad de nuestro modelo de desarrollo. No responde solo a eso, por supuesto, pero debemos entender el papel de los diferentes resultados alcanzados en más de cuatro décadas de actividad económica en el país, en las decisiones de las personas. El reto futuro sin duda es cómo integrar los buenos resultados de unos sectores económicos con el resto de la economía, y cómo llegan los beneficios del crecimiento económico a todo el territorio nacional. Dejo solo una pista: no va a pasar sin una mayor capacidad de la política fiscal, no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que hacemos desde hace más de cuarenta años.

Cuando el centro no escucha: apuntes contra el colonialismo electoral

Ernesto Herra Castro, M.EL
Académico
Universidad Nacional

Cada cierto tiempo, cuando el resultado electoral no coincide con las expectativas del Valle Central, reaparece una vieja tentación: explicar el voto desde arriba, desde los índices, desde los mapas de colores, desde la supuesta superioridad moral y cognitiva del centro. Esta vez no fue distinto. Amparada en datos de desarrollo humano y social, una lectura ampliamente difundida sugiere que el “problema” electoral proviene de los cantones con mayores carencias, mientras que los cantones con mejores indicadores habrían votado —como se esperaba— con responsabilidad, racionalidad y altura democrática.

Esa lectura no solo es pobre: es profundamente colonial.

Como ya señalé en “cuando la ruralidad se cansa”, el país que no es Valle Central no está confundido ni desinformado. Está agotado. Agotado de promesas incumplidas, de políticas diseñadas lejos de su territorio, de decisiones tomadas sin consulta, de un Estado que aparece para medir pero no para transformar. Sin embargo, cada vez que ese cansancio se expresa políticamente, el centro responde con desprecio envuelto en lenguaje técnico.

Los índices de desarrollo, en esta narrativa, dejan de ser herramientas para comprender desigualdades estructurales y se convierten en instrumentos de culpabilización electoral. Se usan no para interrogar las causas históricas del abandono, sino para insinuar que quienes viven en esos territorios votan “mal” porque no han alcanzado el nivel de ilustración necesario para decidir correctamente. Es el viejo gesto civilizatorio: cuando no votan como nosotros, es porque aún no saben.

Así, el Valle Central se erige una vez más como sujeto tutor de la nación. Se atribuye la facultad de saber qué necesita el país, qué opción es razonable y cuál es peligrosa, qué voto es legítimo y cuál debe ser revelado como error estadístico. La democracia, bajo esta lógica, es válida solo cuando confirma las preferencias del centro. Cuando no lo hace, se activa la sospecha sobre la madurez política del resto del país.

Este es un ejemplo claro de colonialismo interno normalizado. Una geografía moral que separa centro y periferia, progreso y atraso, razón y emoción. El voto rural, fronterizo, costero o periférico no es leído como una decisión política situada, sino como un síntoma de carencia: falta de educación, de información, de desarrollo. Nunca como una respuesta racional a condiciones materiales concretas de vida.

Lo más grave es la inversión de responsabilidades que esta lectura produce. Los territorios históricamente marginados aparecen como culpables del “resultado indeseado”, cuando esas condiciones de marginación fueron producidas por décadas de centralismo, extractivismo y concentración de recursos decididas desde el propio Valle Central. El centro crea la desigualdad y luego utiliza sus efectos para deslegitimar políticamente a quienes la padecen.

En este punto, el dato se convierte en coartada moral. No se presenta para escuchar, sino para cerrar el debate. No abre preguntas, las cancela. No interpela al poder, sino que lo absuelve. El conflicto estructural —despojo, precarización, ausencia estatal, economías de sobrevivencia— queda fuera de la escena. En su lugar, aparece una explicación cómoda: votaron así porque no saben.

Pero la ruralidad sí sabe. Sabe lo que significa que el Estado llegue tarde o no llegue. Sabe lo que implica depender de economías frágiles mientras el centro discute modelos abstractos. Sabe lo que es vivir lejos de los espacios donde se toman las decisiones que afectan su vida cotidiana. Y cuando vota desde esa experiencia, el centro no escucha: corrige.

Hay aquí también un desprecio epistémico profundo. No solo se descalifica una opción electoral, sino una forma de conocimiento: el saber político construido desde la experiencia territorial, desde la sobrevivencia, desde la comunidad. Ese saber no cabe en los índices, por eso se lo ignora.

El resultado es una democracia condicionada: aceptable solo si produce el resultado “correcto”. Una democracia donde el centro se reserva el derecho de evaluar la legitimidad del voto ajeno. Exactamente el mismo razonamiento que sostuvo la colonización, ahora reciclado en clave electoral y tecnocrática.

Cuando la ruralidad se cansa —lo dije antes y lo repito ahora— no lo hace por ignorancia. Lo hace porque ha sido sistemáticamente ignorada. Y cuando el centro responde a ese cansancio con soberbia, lo único que demuestra es su incapacidad de mirarse a sí mismo como parte del problema.

Tal vez el desafío no sea explicar por qué la periferia vota distinto, sino preguntarse por qué el centro insiste en no escuchar. Porque mientras siga leyendo el país desde arriba, seguirá confundiendo datos con verdad y poder con razón.

El país profundo: cuando la ruralidad se cansa

M.EL Ernesto Herra Castro
Sociólogo

Costa Rica vive hoy una reconfiguración silenciosa pero profunda: el sistema de honor social heredado del orden colonial, que otorgó prestigio, legitimidad y capacidad de decisión a los criollos, ladinos y mestizos claros del Valle Central, está llegando a un punto de quiebre. Ese sistema, que definió durante siglos quién tenía derecho a hablar, a representar y a ser considerado “razón de país”, se sostuvo sobre una arquitectura simbólica que equiparó ciudad con civilización y ruralidad con atraso. Sin embargo, esa jerarquía —tan arraigada en nuestra vida institucional, universitaria y política— está siendo cuestionada desde el único lugar donde siempre fue posible hacerlo: desde el territorio que alimenta al país, desde la ruralidad.

La división entre ciudad y campo en Costa Rica no es geográfica: es ontológica, étnica y de estatus. La ciudad fue erigida como centro del sentido nacional, como el espacio donde reside la racionalidad, la autoridad y la definición de lo legítimo. El campo, en cambio, fue convertido en periferia simbólica, aun cuando es de ahí de donde proviene la energía, la comida, la fuerza laboral y la vida que sostienen al propio centro. El sistema de honor social exige que la ciudad mande y el campo obedezca; que la ciudad valore su propia palabra como política y la del campo como ruido. Pero esa ecuación ya no cierra, porque las mayorías rurales han dejado de aceptar ese pacto colonial de subordinación.

Lo que estamos viendo hoy —y lo que muchos en el Valle Central se niegan a reconocer— es que la ruralidad definirá al próximo presidente de la República. No porque haya surgido un proyecto político rural homogéneo, sino porque el cansancio acumulado ante la arrogancia histórica de las élites urbanas ha madurado en un acto colectivo de dignidad. La incapacidad de los políticos del Valle Central para mirar al campo con respeto, para reconocer su agencia, su aporte y su humanidad, tendrá consecuencias que se expresarán en las urnas. El desprecio colonial —que persiste en discursos, gestos y silencios— vuelve ahora contra ellos.

La actual comisión legislativa que dictaminará sobre levantarle la inmunidad al presidente es un ejemplo claro de esta lógica: más allá de sus contenidos procesales, expresa el viejo sentido de la gestión del poder. Esa comisión —anticipadamente celebrada por quienes creen que representan la moral pública del país— reafirmó el gesto clásico del sistema de honor social: la élite se reserva el derecho de disciplinar a quien no forma parte de su mundo. Ese gesto, sin embargo, ya no produce obediencia social; produce rechazo. Y ese rechazo proviene, sobre todo, de fuera del Valle Central.

En ese tablero, las aristocracias políticas progresistas y la oligarquía liberal han terminado operando como los mejores jefes de campaña de Laura Fernández. No porque coincidan con su visión de país, sino porque defienden la misma matriz colonial de legitimidad: la idea de que la política debe estar en manos de quienes siempre la han administrado. Su defensa de la institucionalidad no es defensa de la democracia: es defensa de un sistema de privilegios que sienten amenazado. Y al actuar así, alimentan justo aquello que dicen combatir: el fortalecimiento de un liderazgo popular que no se reconoce en ellos.

Celebremos el día de la niñez, pero antes miremos su pobreza

Alberto Salom Echeverría

Introducción

Me niego a pensar que exista solo un día dedicado a la niñez; ese día, no es solo uno, son todos los días, o deberían serlo. Si se ha decretado uno, celebrémoslo. Pero puesto que los niños y las niñas en todo el mundo son el futuro de la humanidad, mientras haya hambre y ellos la sufran; mientras existan las guerras y el genocidio, como hoy en Gaza, donde se ocasiona la muerte de tantos pequeños inocentes a los que no se les puede culpabilizar de nada; en tanto no exista atención oportuna en salud para atender a un niño enfermo, para darle amparo a los que han sido abandonados, habrá más de un millón de razones para que, con preferencia, nuestra atención esté puesta en la niñez.

Sí, es justo que les rindamos homenaje a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietos, dotándolos, eso sí, desde temprano en una consciencia solidaria; lo que implica no descuidar jamás el sufrimiento de los hijos de las familias más vulnerables, que necesitan de nuestro apoyo para salir adelante. Todo niño o niña tienen el derecho a estudiar, pues que se les dé el estudio, no convirtamos los preceptos constitucionales en letra muerta. Todos los niños poseen el derecho a la salud, que la reciban; tienen el imperativo de recibir una buena alimentación, que se les proporcione con abundancia; tienen que jugar, que se les abran los espacios; tienen que recibir amor, propiciémoselos, démoselos; tienen que reír y sonreír, es decir tiene el derecho a la felicidad, igual que los nuestros, ayudemos a crear las mejores condiciones para que todos tengan el derecho al goce. Para ellos, cada día, cada semana, cada mes, cada año tiene que ser mejor que el anterior. Entonces, y solo entonces podremos celebrar con honradez el día de la niñez.

1.Pobreza infantil

Sin embargo, ¿cuál es la realidad que nos circunda? Según el último informe del Estado de la Nación, en 2023 aproximadamente el 38 % de los menores de edad vivían en pobreza; constituyó un aumento de más de cuatro puntos porcentuales en diez años, dado que, en el 2013, se registró un porcentaje del 34 % de infantes sumidos en la pobreza. Estos datos sitúan a Costa Rica como el país con la incidencia más alta de pobreza infantil dentro de la OCDE.

La UNICEF por su parte indica que un tercio de los menores de 18 años, es decir, cerca de 448. 000 niños, crecen en hogares pobres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

2. Pobreza infantil extrema

Datos del INEC reportan que alrededor del 13,5 % de los niños viven en pobreza extrema, siendo Limón una de las provincias más afectadas (más de 18 000 menores se encuentran padeciendo esta situación extrema).

3. Índices de instituciones internacionales

Según la plataforma Zip Atlas, la incidencia de pobreza infantil en Costa Rica (menores de 16 años) osciló en un porcentaje mayor al 17% en 2024. No son datos comparables con los anteriores porque las edades que se toman como límite son diferentes. En un caso se trata de los menores de 18 años y en el otro se refiere a los menores de 16 años.

A su vez, para los menores de 5 años, la tasa está un poco por debajo del 16,9 %.

Un estudio de la OCDE cifra en 37 % el porcentaje de niños que no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, lo que coloca a nuestro país -como ya se dijo- en el último lugar de la OCDE.

Datos de pobreza en el Contexto nacional.

Mientras que, en términos generales, la pobreza total en el país alcanzó su nivel más bajo desde 2010, reduciéndose al 18 % en 2024 y la pobreza extrema bajó al 4,8 %; sin embargo, estas mejoras no se reflejan proporcionalmente entre los menores, quienes enfrentan una situación más crítica que el total de los hogares en general.

1. Pobreza infantil y desigualdad territorial

• Según datos de UNICEF e INEC (del año 2022), 455 508 niñas, niños y adolescentes vivían en condición de pobreza, siendo los más afectados quienes tienen entre 0 y 5 años.

• En ese año, de acuerdo con la UNICEF la pobreza infantil rondaba el 39 %, -un dato muy similar al proporcionado por el informe del Estado de la Nación para el 2024- afectando a un alto porcentaje de la población menor de cinco años.

• Además, la pobreza extrema también incide, especialmente en hogares con jefatura femenina, llegando a alcanzar cerca del 13 % de la niñez.

• Las zonas con mayor vulnerabilidad incluyen cantones costeros y fronterizos como Coto Brus, Matina, Pococí, Talamanca, Buenos Aires, Golfito, Guatuso, La Cruz, Los Chiles y Osa.

2. Educación: retrocesos profundos

• El 33,5 % de niñas, niños y adolescentes (entre los 6 y los 17 años), no están en educación formal o enfrentan un rezago escolar significativo.

• El Informe Estado de la Educación 2025 alerta de una crisis educativa muy grave, con:

• 96 % de estudiantes en instituciones públicas que fueron reportados con un desempeño insuficiente en matemáticas (De acuerdo con la evaluación PISA 2022).

• Solo 57 % alcanza el nivel esperado en comprensión lectora en quinto grado, y apenas 25 % en secundaria.

3. Otros datos relevantes.

• Se observa además una caída muy fuerte en la inversión educativa, que ha tenido “la peor caída de las últimas cuatro décadas”. Las becas para estudiantes en condición de pobreza se han reducido un 35 %.

• En zonas rurales, las desigualdades se agravan: solo 8 % de escuelas primarias públicas ofrecen el currículo completo.

• La llamada “pobreza de aprendizajes” está muy extendida: el 62 % de docentes de cuarto grado reportan que la mayoría de sus estudiantes no comprenden textos simples; el 70 % señala deficiencias graves en escritura.

• Según el Dashboard de UNICEF para indicadores relacionados con la niñez (SDGs):

Solo 54 % de los niños al final de primaria alcanzan la competencia mínima en lectura.

• Apenas 21 % alcanza la competencia mínima en matemáticas.

4. Salud infantil y bienestar general

Indicadores incluyen:

Retraso en crecimiento (standing) en niños menores de 5 años: 10 % (según datos del 2022).

Desnutrición aguda (wasting): 2 % (de acuerdo con datos del 2018).

Sobrepeso infantil: 8 % (con datos del 2022).

Cobertura en vacunación DTP3: 95 %; MCV1: 90 % (2022).

Mortalidad por debajo de cinco años: 8 por cada 1 000 nacidos vivos (2021).

Mortalidad neonatal: 5 por cada 1 000.

En materia de protección:

Cerca del 49 % de niños entre 5 y 17 años han experimentado castigos físicos o agresiones psicológicas por parte de sus cuidadores.

En el primer semestre tras el inicio de la pandemia, crecieron las denuncias en PANI:

Negligencia educativa +73 %

Explotación sexual +44 %

También aumentaron la negligencia para atender casos en salud, abuso sexual e ideación suicida en torno a +28 %.

4. Protección social e institucionalidad

Las instituciones de protección social para atender las demandas de la niñez en condiciones de desamparo, o de las mujeres embarazadas en situación de pobreza, han devenido insuficientes en nuestro país. Las demandas de atención van creciendo mientras los presupuestos de esas instituciones no alcanzan.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), creado en 1930, es la principal institución de protección de la niñez en el país, complementada por el Código de la Niñez y Adolescencia (1998).

El programa integral de atención de los CEN-CINAI atiende a niñas, niños y mujeres embarazadas, ofreciendo nutrición y estimulación temprana. Dispone de 625 centros y más de 171 890 beneficiarios.

Conclusión

No pretendo haber sido exhaustivo en el examen de la situación de la niñez en Costa Rica. Sin embargo, con la información proporcionada, considero que ha sido suficiente para mostrar un enorme rezago en el bienestar y la atención de la niñez en Costa Rica. En la mayoría de los casos, los problemas en casi todos los órdenes han recrudecido, y el Estado se muestra incapaz de hacer frente con eficiencia a las necesidades reportadas. En otras palabras, las políticas públicas van a la zaga de los problemas que han ido creciendo.

Nada ganamos enfrascándonos en una suerte de sentimiento colectivo de culpabilidad, porque así no resolvemos los problemas. He actualizado la información para ayudar a que la ciudadanía conozca los problemas actuales y pueda atender mejor las necesidades de nuestra niñez desde el mismo momento en que nacen o, quizás desde antes. De ahí que cada 9 de setiembre debe ser un momento propicio para que las instituciones que tiene incumbencia en la atención de nuestros párvulos rindan cuentas ante la sociedad y, los responsables de crear las leyes y ejecutar las políticas, hagan lo propio en esta materia. A su vez cada uno de nosotros, cada familia debe esforzarse por tomar consciencia y apoyar todas aquellas políticas que haga falta enfrentar y apoyar una transformación de la sociedad en estos campos con una perspectiva integral.

Los distritos y su nivel de desarrollo social, ¿adónde estamos en el mapa del desarrollo?

Los de mayor desarrollo en la GAM y los del menor desarrollo en las regiones periféricas

German Masís

Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos se revela en el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo con 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro. Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena. En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de Barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen esta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral. Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del cantón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón. Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular. Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de los cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón. En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente, en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales. Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país.

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal, asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores.

¿Ahora son tres Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

La Estrategia Económica Territorial 2020-2050: la planificación de largo plazo en tiempos de pandemia

German Masís M.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)

La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.

Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)

La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.

Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.

Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.

También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.

Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)

Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.

Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.

En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).

Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).

La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)

Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.

Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)

Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).

Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.

La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).

En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).

Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)

Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.

No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.

Imagen: MIDEPLAN