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Etiqueta: desigualdad

Carta abierta: preocupación por la situación económica y social que vive nuestra sociedad

Unión de Productores Independientes y Actividades Varias -UPIAV-

San Isidro de El General

21 de setiembre del 2020

SG-044-2020

Señor

Carlos Alvarado

Presidente

República de Costa Rica

S.O.

Señor Presidente

Hemos conocido la propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciada por el Gobierno que Usted preside.

Desde la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), compartimos la preocupación por la situación económica y social que vive nuestra sociedad. Hemos sido estudiosos de las medidas adoptadas y ahora, de la propuesta anunciada.

En virtud de lo anterior, y vistas las acciones propuestas para negociar con el FMI, la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) manifiesta su rechazo a dicha propuesta y su oposición a que la misma se llegue a concretar en la Asamblea Legislativa.

Las razones para oponernos son, entre otras, las siguientes:

1) No coincidimos en que la negociación con el FMI sea la única opción que como país tenemos. Existen otros mecanismos que pueden implementarse y en donde el Banco Central debe jugar un rol de liderazgo.

2) El propósito de un Gobierno en Democracia es velar por el bienestar de su población. Por consiguiente para lograr ese propósito, debe definir Objetivos e instrumentos para lograr el bienestar deseado. La propuesta para negociar con el FMI no contribuye con el logro del Objetivo de bienestar de la población y prioriza en favorecer el equilibrio fiscal (muy necesario pero es un medio y no un fin) como propósito único y con ello golpea a los sectores medios y en especial a los más vulnerables como lo son nuestros asociados y sus familias.

3) Las propuestas planteadas recaen sobre las espaldas de quienes menos tienen y por consiguiente son regresivas. Un aumento triplicando el impuesto a bienes inmuebles, o gravar sin distingo todas las transacciones bancarias o aumentar las contribuciones de renta al primer segmento de 800 mil a 1.2 millones son medidas absolutamente regresivas.

4) La propuesta de venta de activos, entre ellos FANAL, además de no contribuir con la situación fiscal por su pírrico aporte, pareciera obedecer a una postura ideológica interesada. En este punto en específico, una venta tendría un efecto negativo inmediato para la vida de los productores agropecuarios por la afectación al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) y al propio CNP.

Señor Presidente, es hora de recurrir a gravar las grandes riquezas y en particular la riqueza del sector financiero.

Es necesario e imperativo reestructurar la deuda pública y auditarla para crear condiciones para una renegociación razonable y transparente.

No es digno ni aceptable que sean los pequeños y medianos trabajadores del campo, los trabajadores y trabajadoras privadas y públicas los que sostengan la carga tributaria.

Es una lástima que Usted señor Presidente, no haya comprendido que la Democracia se fortalece con el Diálogo Social, hoy con esa propuesta nuestro único camino es de lucha por la defensa de la Democracia, la equidad social y de un Estado que dé respuesta real a las demandas de una sociedad inclusiva, justa y solidaria.

Señor Presidente, se requiere un cambio radical en su hoja de ruta económica y social. Su propuesta de negociación con el FMI, y su decisión de cargar sobre los más necesitados el costo de la crisis es para nuestra organización inaceptable. De persistir en su iniciativa, tendremos que alentar un movimiento social que defienda en las calles nuestros derechos de vivir y reconstruir el bienestar social que deriva de una sociedad más justa y equitativa.

Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente Junta Directiva UPIAV, dirigencias y afiliados.

Luis Román Chacón Cerdas, cédula 1-0823-0870, Secretario General UPIAV

Jaime Rojas Mena, cedula 1-0665-0154, Secretario Adjunto

Luis Ángel Garro Godínez, cedula 1-0697-0558, Secretario de Actas y Correspondencia.

Olger Fonseca Salazar, cédula 1-0681-0380, Secretario de Finanzas.

Xinia Rojas Vargas, cedula 9-0084-0842, Secretario de Organización y Formación.

Roger Vargas Bonilla, cédula 1-0859-0277, Secretario Vocal #1.

Jesús Bonilla Sánchez, cedula 1-0321-0095, Secretario Vocal #2.

Ana Luisa Corrales Castro, cedula 1-0828-0532, Suplente #1.

Pablo Céspedes Jiménez, cedula 3-0417-0827, Suplente #2.

Omar Valverde Martínez, cédula 1-0697-0392, Fiscal.

Texto completo, personas y organizaciones firmantes aquí

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General

Alianza Progresista: Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

18 de septiembre de 2020

Declaración política para la Asamblea General de las Naciones Unidas

Nueva York, 21-24 de septiembre de 2020
“Por un nuevo multilateralismo justo e inclusivo”

El mundo está entrando en un período peligroso. Tras un programa hiperglobalista y neoliberal que ha provocado dos crisis mundiales, una financiera y otra ambiental y sanitaria que aún se está desarrollando, estamos ahora en camino hacia otra nueva crisis, el cambio climático, que podría tener efectos devastadores en la vida humana de este planeta.

Se trata de crisis globales que afectan a todo el mundo, pero en particular a los más vulnerables, al profundizar las desigualdades sociales existentes dentro de los países, entre países y entre generaciones. La pobreza sigue siendo una plaga en todas partes, pero lo es en algunos países y regiones más que en otros. Muchos de los jóvenes de las últimas generaciones han sido condenados a una vida sin futuro. Nuestro mundo es vulnerable, desequilibrado e injusto.

Sin embargo, las soluciones para corregir estos desequilibrios y superar estas crisis existen y son más fuertes que nunca. Las actuales revoluciones en varios ámbitos científicos y la multiplicación de las herramientas digitales ofrecen extraordinarias posibilidades para construir una sociedad de bienestar para todos y una relación armoniosa con la naturaleza y el planeta de acuerdo con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra masa de recursos financieros nunca ha sido tan grande, pero sigue estando cada vez más concentrada en manos de una oligarquía ultra-rica que se beneficia de paraísos fiscales y de sofisticados esquemas de evasión de impuestos proporcionados por los bancos y las regulaciones fiscales.

Los Estados nacionales siguen siendo nidos básicos de protección, pero ahora son demasiado débiles para poner todo este potencial científico y financiero al servicio de sus propios ciudadanos y de la humanidad y el planeta en su conjunto.

Ha llegado el momento de que los ciudadanos del mundo, dondequiera que se encuentren, levanten su voz y pidan un nuevo sistema de cooperación internacional que se base en valores y normas comunes, y que pueda contar con una legitimidad y eficacia política mucho más fuertes para responder a los desafíos comunes.

Sólo esta voz de los ciudadanos del mundo puede poner fin a la actual disputa entre los hiperglobalizadores neoliberales, por un lado, que han fracasado estrepitosamente pero que siguen ocupando posiciones de poder, y las sirenas del nacional-populismo, por otro lado, que reclaman el retorno a posiciones cerradas, xenófobas, mesogénicas, egoístas y autoritarias completamente retrógradas e inaceptables.

El año 2020 debe ser el año en que los ciudadanos del mundo, cualquiera que sea su nacionalidad, cultura o credo, y con las dos mitades de la humanidad, mujeres y hombres, reclamen sus vidas, su planeta y su futuro, y lancen un programa para un multilateralismo del siglo XXI, un multilateralismo nuevo, inclusivo y justo, – un nuevo, justo e inclusivo multilateralismo basado en los SGD.

Nuevo, para abordar no sólo los desafíos permanentes de la paz, los derechos humanos y el desarrollo, sino también los nuevos desafíos mundiales del cambio climático, las pandemias, la escasez de recursos, la transformación digital y la ciberseguridad

Inclusivo, para representar a toda la humanidad en pie de igualdad, creando así un verdadero sentido de pertenencia común y de participación democrática, que involucre a todos los actores pertinentes, desde las organizaciones internacionales y regionales hasta una amplia gama de partes interesadas de la sociedad civil

Justo, a fin de erradicar la pobreza y superar las actuales desigualdades sociales, dentro de los países y entre ellos, y entre generaciones, en su acceso a los bienes públicos mundiales, como la educación, la atención de la salud y la calidad del medio ambiente.

En su declaración aprobada el 18 de septiembre de 2020, la Dirección de la Alianza Progresista afirma los siguientes objetivos y prioridades:

  1. Queremos la vida humana, la dignidad humana y los derechos humanos para todos los seres humanos sin distinción. Esto debe traducirse en el acceso a bienes públicos clave en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y su interconexión entre lo social, la economía, la ecología, las instituciones y la sociedad.

Pedimos:

un nuevo contrato social, que proporcione acceso universal a la atención sanitaria, la educación y la protección social y la calidad del medio ambiente para todos los ciudadanos, que se incluya y financie como prioridad en los planes nacionales de desarrollo sostenible

– los planes de recuperación de la crisis de Covid-19 para dar prioridad a esos objetivos, que se cofinanciarán con inversiones públicas en los planos nacional, regional e internacional

– el principio de la Salud Única que se aplicará en todos los lugares de trabajo a fin de garantizar condiciones de trabajo saludables y seguras y reducir las fuentes de contaminación

la respuesta humanitaria mundial de las Naciones Unidas y el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 para que se le asignen más recursos financieros y se cuente con una mayor coordinación entre los organismos de las Naciones Unidas

a las vacunas contra las pandemias se les atribuya el estatuto de bienes mundiales vitales, asegurando así el acceso universal y la subvención pública de sus costos desde la investigación hasta la difusión.

  1. Queremos que nuestras economías garanticen la respuesta a las necesidades vitales y proporcionen una base renovada para el pleno empleo, al tiempo que se mantienen abiertas al comercio libre y justo. Nuestras economías deberían.

Pedimos:

planes de recuperación que protejan a las empresas y los puestos de trabajo y, al mismo tiempo, creen nuevos empleos en las cadenas de suministro vitales, que aborden las nuevas necesidades sociales y que promuevan la innovación para transformar nuestras economías en más ecológicas e inclusivas

una transición justa como un proceso con una fuerte participación de los sindicatos y la representación de los trabajadores y que dé como resultado el bienestar, la inclusión y el trabajo decente para todos

– que estos planes de recuperación se financien con una mayor movilización de las inversiones, de acuerdo con las normas de financiación sostenible, y que se cofinancien públicamente con presupuestos públicos que cuenten con nuevas fuentes de impuestos, en particular los impuestos digitales, financieros, sobre el carbono y sobre la riqueza.

las grandes empresas, las multinacionales y el capital financiero deben contribuir con su parte justa a las finanzas públicas, ya que la gente ha pagado lo suficiente, en el pasado reciente, por crisis que no provocaron

la deuda de los países altamente endeudados se cancelará, siempre que ajusten sus políticas a los objetivos de desarrollo del Milenio, el buen gobierno y la no utilización de los paraísos fiscales

– las negociaciones comerciales de la OMC que se relanzarán con la ambición de crear oportunidades reales de mejorar las normas sociales, ambientales y tecnológicas de todos los países.

  1. Queremos invertir las tendencias actuales hacia un cambio climático muy preocupante mediante una profunda transformación de la forma en que consumimos, nos movemos y producimos.

Pedimos:

– un compromiso mundial para aplicar plenamente el Acuerdo de París sobre el cambio climático

– una eliminación coordinada de todos los subsidios a las empresas altamente contaminantes, y una inversión masiva en energías renovables contando con el apoyo del Fondo Verde Mundial

– la transformación de todas las cadenas de suministro, desde la granja hasta el tenedor, para proporcionar alimentos asequibles, accesibles y saludables para todos como una cuestión de regulación multilateral

– un cambio en nuestra vida urbana hacia casas de bajo carbono y transporte público asequible mediante la puesta en marcha de grandes programas de inversión que pueden crear muchos nuevos puestos de trabajo

– una renovada atención a las zonas periféricas y rurales a fin de detener el éxodo insostenible hacia los grandes centros urbanos y las metrópolis

– un marco multilateral que se desarrollará para gestionar y compartir los costos de nuestro patrimonio mundial de biodiversidad, bosques y océanos.

  1. Queremos hacer lo mejor de la actual revolución digital y evitar sus abusos en nuestra vida personal, laboral, cultural y política.

Pedimos:

el acceso a la alfabetización digital y a las conexiones de Internet para generalizarse y ser gratuito, y los grandes datos como un bien común

derechos sociales básicos que se establecerán para todos los trabajadores de la plataforma en el mundo

– una política de innovación en todos los países para apoyar a las PYMES y a las agrupaciones en la respuesta a las necesidades locales con soluciones y aplicaciones a medida

un impuesto digital mundial que se impondrá a las grandes plataformas en línea con el fin de financiar la educación y la protección social para la era digital

– normas internacionales comunes que enmarcan el uso de grandes datos e inteligencia artificial, y que bloquean todas las manipulaciones en contra de nuestros valores comunes

– una iniciativa mundial para desarrollar la inteligencia artificial a fin de mejorar la gobernanza a todos los niveles.

  1. Queremos una vida segura, protegida y pacífica, previniendo viejos y nuevos riesgos de tensiones y conflictos.

Pedimos:

– un control más eficaz de las armas de destrucción en masa, con compromisos concretos de desarme

– un marco común mundial para garantizar la seguridad cibernética

– un sistema internacional más eficaz para vigilar la interferencia en nuestra vida democrática

– medios más fuertes que se darán a las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz de las Naciones Unidas que combinen seguridad, desarrollo, gobernanza y derechos humanos, y que estén apoyadas por el Fondo para la Consolidación de la Paz.

  1. Queremos que nuestra vida democrática se base en un principio fundamental de no discriminación entre los seres humanos, y en un principio fundamental de plena igualdad de género mediante el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos y a todos los niveles.

Pedimos:

– que este principio antidiscriminatorio se incluya en todos los sistemas jurídicos y en todos los programas educativos y de comunicación pública

– medidas obligatorias que se introducirán para garantizar el equilibrio entre los géneros en todas las juntas públicas y privadas y en todos los servicios de la administración pública en los planos internacional, regional, nacional y local

– el pleno acceso a los derechos reproductivos y una protección plena y firme contra la violencia a las mujeres y las niñas

– la incorporación obligatoria del equilibrio de género en todas las políticas y presupuestos públicos

– enfoques conjuntos de la migración, la protección y el desarrollo sostenible para crear una situación en la que todos salgan ganando entre las regiones de origen y de acogida y la gobernanza mundial, de conformidad con el Pacto de las Naciones Unidas sobre la Migración.

  1. Queremos que las generaciones futuras tengan esperanza, y que sean confiadas y creativas, con un fuerte sentido de la solidaridad humana y del cuidado de su planeta. Pedimos:

– que la erradicación de la pobreza infantil sea una prioridad central en todas las políticas sectoriales, desde la salud, la educación y la vivienda hasta el asilo y la migración

a cada joven se le dará una oportunidad real de obtener un trabajo de trampolín o de acceder a más habilidades, así como el acceso a todos los derechos sociales fundamentales. Esto debería considerarse como el pilar central para la renovación de nuestras sociedades a través de:

– someter todas las soluciones políticas a pruebas de futuro realizadas por paneles intergeneracionales en los que los jóvenes deberían ser mayoría

– ampliar el acceso de los jóvenes a los programas de colaboración internacional y a las redes sociales en todos los ámbitos, como una forma poderosa de fortalecer su sentido de ciudadanía global.

  1. Queremos desarrollar una sociedad civil global que se esfuerce por causas globales comunes. Pedimos:

– que se aliente a las redes y asociaciones mundiales a participar en todo el ciclo de políticas del sistema multilateral, desde la identificación de nuevos problemas, pasando por el diseño de nuevas soluciones, hasta su aplicación y evaluación

– que una Iniciativa de Ciudadanos del Mundo (WCI) sea un instrumento que permita a los ciudadanos presentar propuestas a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que se desarrollen plataformas digitales avanzadas para facilitar el proceso de difusión y el sistema de recogida de firmas en línea

– Se creará nuevos instrumentos de medios de comunicación que puedan construirse entre los debates nacionales sobre cuestiones internacionales a fin de desarrollar una esfera pública internacional.

  1. Queremos un sistema de las Naciones Unidas actualizado que refleje la composición política y social del mundo de hoy y que garantice una gobernanza mundial más coherente y consecuente.

Pedimos

competencias más sólidas de las Naciones Unidas para el establecimiento de normas y la creación de capacidad en los ámbitos sanitario, social, ambiental y digital, así como en materia de inmigración

– una interacción más sistemática entre el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones multilaterales, en particular las organizaciones regionales que utilizan procedimientos democráticos, otorgando a estas organizaciones regionales un papel más explícito en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad

– se creará una red interparlamentaria, en la que participarán representantes de los parlamentos nacionales de los miembros de las Naciones Unidas y de las organizaciones regionales, como un mecanismo de consulta adicional, y un intercambio regular de puntos de vista sobre los principales temas de la agenda de las Naciones Unidas

– el Banco Mundial, el FMI y la OMC para contar con equipos líderes que reflejen la composición del mundo actual y que formen parte del sistema de las Naciones Unidas

– a los países en desarrollo para que se les den los medios para tener una voz más fuerte y el papel en el sistema de las Naciones Unidas

– un nuevo acuerdo global que reequilibre el mundo para un orden más democrático, justo y sostenible para ser el objetivo principal de la negociación de nuevas soluciones globales en los diversos campos de la política.

En el mundo de hoy, este nuevo acuerdo global debería comenzar como un acuerdo de salud, ¡social y verde!

¡Costa Rica no se vende! El SEC rechaza propuesta del Gobierno ¡NO SEAN SERVILES DEL FMI!

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC; rechaza categóricamente el conjunto de medidas retrógradas anunciadas por el Gobierno de la República, en su afán de servir una vez más a los organismos internacionales sin importar que con ello estén poniendo precio a nuestra Patria.

Es inaceptable el grado de insensibilidad y falta de seriedad mostrado en la propuesta anunciada este jueves, la cual basa su vago argumento en la imposición de más impuestos, esto mientras que el pueblo apenas supera el trago amargo del nefasto Plan Fiscal que afectó gravemente a la clase trabajadora y la población en general.

Aplicar una nueva regla fiscal, tomar decisiones deliberadas entorno al Empleo Público, aplicar un congelamiento salarial, además de la venta de activos del Estado, sumado a la reducción del presupuesto extraordinario que es clave para el funcionamiento estatal; son opciones que no solucionan la problemática real que tiene el país, y demuestra que el Gobierno sigue sirviendo a los grandes capitales sin importar llevar a la miseria a miles de familias. Nosotros no ocupamos negociar con el FMI, mucho menos si esa negociación lleva a la debacle de las familias.

Señoras y señores diputados, Presidente de la República: El pueblo ya está cansado, no aceptamos más la miserable condición a la que nos quieren llevar utilizando como pretexto la pandemia, para poner a Costa Rica en un abismo de desigualdad y pobreza. Hay otras soluciones, pero no han querido escucharlas, prefieren pisotear cobardemente al pueblo, quitándole lo poco que le ha quedado, vendiendo los activos estatales y quebrando esas instituciones que siempre nos han defendido, simultáneamente atropellando al sindicalismo.

El SEC les hace un llamado a responder a la patria y a ese pueblo que ya ha dado todo, ¡Costa Rica No se Vende! les advertimos que en sus manos está la paz social y el futuro del país.

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para el eje de creación y protección de empleos

SURCOS recibió el siguiente documento como parte del proceso “Costa Rica escucha, propone, dialoga”:

Colectivo Mujeres por Costa Rica

I. LOS RETOS URGENTES DE LA ACTUAL COYUNTURA

Existe en el país una realidad de graves desbalances, desigualdades, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. Ello debería conducir, por tanto, a replantearse a profundidad, su estilo de desarrollo y a visualizar esta pandemia como una oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y ambientalmente sostenible.

Es momento de tomar decisiones y medidas de corto plazo, pero con la mirada larga en el futuro. Hoy tenemos la oportunidad, como nación, de decidir y concertar una ruta de desarrollo centrada en el bienestar integral de todas las personas y futuras generaciones, o por el contrario salir de esta coyuntura con un país más desigual, excluyente, injusto y depredador del planeta.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA PROPUESTAS

  1. Garantizar la paz social y la construcción de acuerdos que permitan enfrentar la crisis con una democracia remozada, esperanzadora, innovadora y líder de un nuevo orden social.
  2. Los recursos requeridos para atender la crisis sanitaria, evitar el hambre, dar auxilio a las personas más vulnerables y animar la recuperación económica, deberían ser financiados con aportes basados en la progresividad tributaria y muy particularmente con el aporte de aquellos sectores que pese a ser los de más altos ingresos y de mayor riqueza, aún no contribuyen de manera solidaria y transparente.
  3. Reconocer los impactos e implicaciones diferenciadas del COVID 19 en mujeres y hombres, en la crisis de salud, así como en aspectos sociales y económicos, particularmente en el empleo y brecha salarial. Ello es necesario para brindar respuestas que comprendan las dinámicas de género, especialmente en relación con oportunidades e igualdad salarial por el mismo trabajo, así como en la corresponsabilidad social de los cuidados.
  4. Brindar especial atención a grupos de mujeres vulnerables que están recibiendo el impacto mayor de la crisis, tales como las mujeres trabajadoras del sector servicios, sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector informal, muchas de las cuales son mujeres migrantes.
  5. Incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en la gestión de las propuestas ante la crisis del coronavirus, en todos los ámbitos: prevención, recuperación y protección social y económica.

II. LAS PROPUESTAS

1. Promover y proteger el empleo de las mujeres a través del impulso a la soberanía alimentaria y nutricional.

La situación ambiental, así como el comportamiento errático y concentrador de los mercados internacionales de alimentos, demanda que el país anime políticas nacionales de soberanía alimentaria y nutricional, reconociendo a las mujeres como productoras relevantes, para lo cual se les debe garantizar el derecho al uso y a la propiedad de la tierra, al financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación para que sus emprendimientos sean rentables y sostenibles. Para ello se debe:

a. Apoyar a las mujeres que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras – incluidas muy particularmente las molusqueras- reconociendo su significativo aporte a la producción alimentaria ambientalmente responsable. Para ello debe asegurarse que la participación de las productoras rurales en el desarrollo sostenible se acompañe con implementación de asistencia técnica que les permita incrementar su capacidad de innovación y rentabilidad, con instrumentos crediticios que adecuados para obtener financiamiento y hacer frente a sus deudas, proteger sus bienes, garantizar el acceso a recursos productivos, en especial la propiedad de la tierra; así como propiciar la apertura de nuevos mercados a nivel local, regional, nacional e internacional que les permita establecer vínculos innovadores con consumidores y en particular a través de plataformas digitales en un marco de comercio justo y eficiente.

b. Todo ello a través de la promoción de formas organizativas propias de la economía social solidaria, organización comunitaria y la gobernanza para la innovación social.

2. Establecer programas y mecanismos de crédito para las mujeres emprendedoras.

Para ello el Sistema Bancario Nacional, Banca de Desarrollo e INFOCOOP deben:

a. Abrir líneas de crédito específicas para mujeres emprendedoras (micro, pequeña y mediana empresa) individuales o en formas asociativas en diferentes ramas de la actividad productiva con tasas de interés preferenciales y períodos de gracia mientras sus emprendimientos generan ingresos estables.

b. Acompañar estas líneas de crédito con capacitación y asesoría para la producción, la agregación de valor y la comercialización de sus productos y servicios.

c. Flexibilizar, simplificar y agilizar los trámites para acceder a dichos recursos.

3. Recuperar pymes y empresas de la Economía Social Solidaria (ESS) de las mujeres.

En vista de que, en la coyuntura de la pandemia, se ha visto claramente afectado el tejido empresarial nacional, las mujeres emprendedoras han sido fuertemente afectadas y hoy han tenido que cerrar o bien reducir sus actividades generadoras de bienes y servicios. Es fundamental su recuperación para a su vez recuperar y proteger el empleo. Por tanto, se propone:

a. Que el Sistema Bancario Nacional y los diferentes organismos y programas que ofrecen recursos a la actividad productiva establezcan programas de préstamos blandos a pymes y empresas de economía social solidaria para capital de trabajo, con tasas subsidiadas, períodos de gracia de hasta un año, estableciendo la condicionalidad de que se mantenga o amplie la empleabilidad que estos emprendimientos ofrecen.

b. Impulsar la modernización de pymes y empresas de ESS con programas de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables a través de convenios con las Universidades Públicas y el INA.

c. Asesorar y acompañar encadenamientos productivos entre sectores de la economía nacional y muy particularmente con el turismo hotelero como un mecanismo de lograr desarrollos locales y regionales.

4. Protección del empleo y garantía de los derechos laborales de las mujeres.

Como lo registra el último corte de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC las mujeres han sufrido un incremento mayor en el desempleo a lo que ha impactado a los hombres, por tanto, si bien es cierto hay que proteger en su conjunto el empleo, es necesario actuar con especial atención en la protección y garantías laborales de las mujeres. Para ello se propone:

a. Que en los programas de salvamento a las empresas se condicione la restitución de los empleos suspendidos por la pandemia sin deteriorar las condiciones contractuales previas, así como el compromiso de crear nuevos puestos laborales atendiendo las condiciones legales establecidas en nuestro país.

b. Fortalecer la inspección laboral desde el MTSS para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en todos los sectores laborales: monocultivos, plantaciones, industria, servicios, trabajo doméstico, entre otros.

c. Crear un seguro de desempleo como parte de la seguridad social que permita un ingreso mínimo vital ante contingencias y crisis.

 d. Crear un mecanismo que permita garantizar los derechos laborales, conforme las leyes nacionales, a personas trabajadoras de las plataformas digitales.

e. Rechazar el expediente 21182 que tiene como propósito flexibilizar y extender las jornadas laborales a 12 horas, ya que implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, atenta contra los Derechos Humanos, el Código de Trabajo y la Constitución Política. (Título V. Artículo 58).

5. Garantizar que las mujeres del sector informal puedan transitar hacia un trabajo formal: pescadoras artesanales trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad, artesanas y en general todas las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Para ello se propone:

a. Formalizar sus actividades económicas bajo formas asociativas de la ESS, asegurándoles financiamiento y capacitación.

b. Impulsar el surgimiento de nuevos servicios estables y con una remuneración digna vinculados a sus actividades informales. Así por ejemplo, para el caso de las trabajadoras domésticas es posible animar iniciativas empresariales bajo modelo cooperativo autogestionario para el desempeño de un trabajo doméstico altamente especializado, orientado al mercado diversificado no tradicional, asegurándoles todos los derechos laborales; para las mujeres vendedoras ambulantes y patentadas con puestos en calle se propone desarrollar un mercado cooperativo de productos al por mayor y a bajo costo; para las mujeres con alguna discapacidad o madres de personas con alguna discapacidad, un mercado cooperativo de productos y equipo a bajo costo.

c. Incluir dentro de estas iniciativas también a las mujeres migrantes.

d. Desentrabar y simplificar trámites y plazos que limitan la generación de empleo y su funcionamiento óptimo.

6. Ampliar y extender la seguridad social a mujeres vulnerables en informalidad.

Otorgar pensiones del Régimen No Contributivo a mujeres adultas mayores que se encuentren incorporadas a actividades informales así como desarrollar alternativas de cuotas de seguridad social con una base mínima contributiva.

7. Fortalecer los sistemas de cuido que aseguren condiciones adecuadas de integración de las mujeres al mercado laboral y al sistema educativo.

Para ello se propone:

a. Avanzar en el diseño, institucionalización, y ejecución del Sistema Nacional de Cuido de alta calidad como parte de la Seguridad Social, con financiamiento solidario y con alternativas de copago para aquellas familias que cuenten con recursos para ello.

b. Promover el Proyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Exp N.º 21962

c. Implementar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados, compartidos entre instituciones del Estado, empresas, hombres y mujeres.

d. Visibilizar y retribuir de manera justa las actividades de cuido con salarios dignos, seguridad social, profesionalización y mayor calificación.

8. Sobre el trabajo en el sector de la cultura.

Las personas trabajadoras de la cultura, en las diferentes disciplinas, han tenido que poner en pausa sus diversas actividades y espacios laborales. Pese al impacto que han sufrido, su histórica situación crítica no ha sido visibilizada ni valorada. Es, por tanto, un sector que requiere una atención particular que les permita a personas trabajadoras de arte y cultura tener un trabajo decente, con todas las garantías laborales y de seguridad social. Para ello se propone:

a. Crear e impulsar emprendimientos culturales, individuales y colectivos.

b. Crear un fondo no reembolsable para capital semilla para emprendimientos culturales y de turismo cultural, tanto individuales como colectivos-asociativos.

c. Crear paquetes culturales y espectáculos de entretenimiento articulados a los paquetes turísticos, con ventas previas.

d. Mayor profesionalización de personas trabajadoras del arte y la cultura con espectáculos de entretenimiento de alta calidad.

e. Instaurar espacios culturales regulares, en las comunidades y a nivel nacional, como parte del rescate de la cultura local y del patrimonio cultural.

f. Crear un plan de acompañamiento en la creación de estrategias de captación de nuevos públicos y promoción cultural.

g. Crear espectáculos de interés cultural local en coordinación con Gobiernos locales.

h. Promover e instaurar una campaña apoyo a las personas trabajadoras de la cultura local y nacional

i. Establecer alianzas público-privadas donde el servicio artístico profesionalizado sea un medio de difusión cultural a nivel nacional e internacional.

j. Considerar la particularidad de las personas trabajadoras de la cultura, para garantizar su acceso permanente al Sistema de la Seguridad Social nacional.

9. Sobre el trabajo en el Sector Público.

Desarrollar un sistema de empleo público basado en el mérito y la profesionalización, en la evaluación de desempeño, con sistemas de selección, promoción y remuneración ordenados y transparentes como soporte de la calidad, oportunidad y capacidad de generación de valor público del Estado y sus diversas instituciones tanto en tiempos ordinarios como en periodos de crisis.

Bicentenario en Costa Rica: encrucijadas para las políticas públicas y la democracia

Luis Muñoz Varela[1]

La celebración del bicentenario de la independencia acontece en Costa Rica en el marco de una situación crítica de carácter multidimensional. La pandemia del Covid-19, que despuntó en el país en marzo de 2020, aún estará presente para el año 2021. Las repercusiones de la situación provocada por la crisis sanitaria y el tiempo que tardará en ser superada son todavía inciertas. La única certeza posible que de momento se puede tener es la de que la sociedad costarricense habrá sido afectada por una coyuntura de crisis cuyos alcances no se reducen a la cantidad de muertes provocada por el virus ni a los costos económicos que la batalla por el control de la pandemia haya representado para el sistema de salud y para el país en general.

Las afectaciones de la pandemia Covid-19 son múltiples en diversos sentidos: económicos, sociales, políticos, culturales y, desde luego, educativos. En lo económico, tras medio año de crisis sanitaria que se cumple al mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo en el país prácticamente se duplicó con respecto a la que se tenía a inicios de año: de 12,5% que registraba al primer trimestre de 2020, dicha tasa pasó a 24,4% para el segundo trimestre. Este incremento del desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, las cuales, en el período de referencia, registran una tasa de 30,4%, lo que significa una diferencia negativa de 10,4% con respecto al desempleo de los hombres, que es de 20%. (INEC, 2020).

El subempleo, por su parte, alcanzó un incremento de 10,3% entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2020. Las proporciones de distribución entre mujeres y hombres son de 20,5% para ellas y de 20,6% para ellos. La pandemia ha significado pérdida del empleo sin posibilidad de reintegro, reducciones de la jornada laboral y de los ingresos para un sector de quienes aún conservan el empleo, así como cancelación parcial o total de operaciones para sectores que se dedican al trabajo independiente o por cuenta propia y para pequeños negocios de servicios. Estos últimos registran con una afectación del 68,5%. (INEC, 2020).

Si se tiene en cuenta que, para el año 2019, se tenía en Costa Rica una tasa de pobreza del orden del 25,70%, los datos anteriores colocan al país en una deriva hacia la pobreza y la pobreza extrema que abarcará a muchos otros hogares más, los cuales quedarán sin perspectivas de poder salir de dicha condición ni siquiera en el mediano plazo. La situación se agrava aún más, al tener en consideración que, entre los hogares en condición de pobreza, el 48,4% de ellos tiene una jefatura femenina y son familias con más integrantes de lo que son los hogares no pobres. (INEC, 2019). Esta es una situación que erosiona las bases de la democracia y que coloca a la sociedad costarricense a las puertas de una desintegración social de alcances muy peligrosos para la estabilidad del bienestar común y para la convivencia social.

En lo que a la educación corresponde, el impacto de la pandemia también deriva en la configuración de una situación compleja y crítica para un amplio sector de la población estudiantil del país. Una vez iniciada la crisis sanitaria, las autoridades del sistema educativo dispusieron establecer la modalidad de educación virtual, en un contexto de realidad nacional en el que las desigualdades sociales y los niveles de pobreza confabulan en perjuicio de una proporción significativa de la población estudiantil. A finales de mayo de este año, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) informaba acerca de la existencia de una cuarta parte del estudiantado nacional que no contaba con acceso al servicio de internet para atender la educación virtual. (Ruiz, 2020).

En este aspecto, es bien probable que, al finalizar el curso lectivo de 2020, la proporción de estudiantes que, tanto por la afectación económica que ha habido en sus hogares y a título personal, la pérdida de capacidad adquisitiva para pagar servicios telefónicos y de internet, lo mismo que por la inexistencia de cobertura de la conectividad, hayan debido abandonar los estudios y, con ello, quedar en una complicada situación de rezago. Pérdida de oportunidades para estas personas y pérdida de capacidades para el país y para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, más allá de la coyuntura de crisis que ha traído la pandemia, todas estas situaciones de inequidad, exclusión, desigualdad social, pobreza y pobreza extrema, son resultado del modelo socioeconómico establecido en el país desde hace cuatro décadas. La crisis de la pandemia solo ha venido a ponerlas a plena luz del día y a ampliarlas y profundizarlas. Se trata de una situación, no ya de crisis coyuntural, sino estructural y sistémica. Crisis que colocan al país y a la sociedad en una encrucijada de toma de decisiones urgentes e impostergables, a nivel de las políticas públicas y en las dimensiones económica, social, política, institucional, cultural, educativa.

¿Qué tipo de país tendrá que seguir siendo Costa Rica de aquí en adelante? ¿Se podrá dejar atrás cuatro décadas de un modelo socioeconómico que ha profundizado la inequidad, la exclusión, la desigualdad y la injusticia social? ¿Podrá servir la celebración del bicentenario de la independencia para hacer un esfuerzo nacional por regresar a los principios y a la salvaguarda de la institucionalidad de la democracia, tal como quedó establecido en la Constitución Política de 1949?

En vísperas de la celebración del bicentenario de la independencia, bajo el agobio que representa la crisis múltiple de la pandemia (crisis económica, social, institucional, cultural), la sociedad costarricense hoy se enfrenta al imperativo y a la necesidad de proceder a realizar una refundación del país. Una refundación en la que se tenga como eje central generar condiciones de vida digna y de bienestar social para todas las personas y para los distintos sectores sociales que conforman la sociedad.

Referencias bibliográficas

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta nacional de hogares julio 2019: resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reenaho2019.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta continua de empleo al segundo trimestre de 2020. Resultados generales. San José: INEC. Recuperado de: https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/reeceiit2020.pdf

Ruiz, Paula. (2020). MEP detecta 250 mil estudiantes sin acceso a internet para recibir educación virtual. El Observador, 27 de mayo de 2020. Recuperado de: https://observador.cr/noticia/mep-detecta-250-mil-estudiantes-sin-acceso-internet-

[1] Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica, 14 de septiembre de 2020.

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para eje reactivación económica

SURCOS recibió el siguiente documento del Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Como parte del proceso Costa Ria Escucha, Propone y Dialoga el Colectivo Mujeres por Costa Rica propone:

I. INTRODUCCIÓN

La pandemia ha expuesto con magnitud microscópica los límites de un estilo de desarrollo que favoreció por más de tres décadas la producción articulada al mercado externo sin que lograra encadenar otros sectores de la economía orientados al mercado nacional. Un estilo de desarrollo que acentuó desigualdades estructurales que ante la actual crisis sanitaria, económica y política requiere de transformaciones profundas.

La protección y creación de nuevos empleos demanda acoplar ambos motores de la economía desde el paradigma del desarrollo humano sostenible para eliminar las condiciones estructurales que generan desigualdad, exclusión y pobreza. Ello exige transformaciones importantes en la estructura tributaria, la inversión pública, en el modelo educativo, en el sistema financiero y en la participación del Estado para garantizar más emprendimientos innovadores y empleos dignos. De particular importancia es la incorporación de las mujeres y la perspectiva de la igualdad de género en la elaboración y en la gestión de las propuestas, pues es sobre nosotras las mujeres –y muy particularmente las más pobres- sobre quienes recae el mayor peso de las desigualdades estructurales del estilo de desarrollo impulsado en las últimas décadas.

La reactivación deberá tomar en cuenta tanto las desigualdades estructurales internas, como las capacidades generadas por nuestro país para enfrentar los desafíos que nos impone la recuperación global. Esto demanda participación y sincronía de muchos actores e instituciones públicas y privadas para afrontar en el corto, medio y largo plazo cambios globales en los patrones de inversión, financiamiento, producción y consumo de bienes y servicios. Sin duda Costa Rica acumula gran experiencia en el sector turismo, en la agricultura para la exportación, comercio, servicios profesionales y tecnológicos, lo que nos permitirá ser una nación líder en desarrollo humano sostenible.

Nuestro país debe poner sus esfuerzos en actividades económicas que garanticen responsabilidad laboral y ambiental y para ello deberá hacer un esfuerzo importante en innovar procesos de producción, comercialización y consumo.

II. PRINCIPIOS Y PRIORIDADES

El conjunto de políticas, estrategias y medidas concretas que se asuman para impulsar la reactivación económica en materia de inversión, financiamiento, recomposición del diverso tejido empresarial y del empleo, deberán estar diseñadas a partir de las siguientes prioridades:

  1. Alimentación suficiente y de calidad para toda la población.
  2. Infraestructura y programas para garantizar la salud integral y la atención universal.
  3. Educación innovadora acorde a las necesidades del desarrollo inclusivo y ambientalmente sostenible.
  4. Instituciones de cuido para que las mujeres puedan integrarse al mercado laboral.
  5. Investigación y apoyo para la creación de nuevos emprendimientos orientados al desarrollo tecnológico.
  6. Infraestructura que permita la movilidad, producción y comercialización de los bienes y servicios de la nueva era del consumo global en el marco del desarrollo sostenible.
  7. Recreación y producción cultural.
  8. Desarrollo de diversos segmentos de turismo acordes con el desarrollo humano sostenible.
  9. Uso de energías alternativas favorables a la descarbonización.

III. PROPUESTAS

  1. Reactivación de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras para garantizar la soberanía agroalimentaria y nutricional. Para esto se deben impulsar las técnicas de producción en armonía con el ambiente con menor dependencia de las semillas genéticamente modificadas y menor uso de agroquímicos; así como el impulso de los mercados justos, generación de cadenas de valor y creación de empleo rural de calidad, especialmente para las mujeres, cuyos empleos suelen ser ocasionales, informales y mal remunerados.
  2. Ampliación de las posibilidades de financiamiento para las diversas actividades productivas, a tasas preferenciales, períodos de gracia y plazos más amplios para los nuevos emprendimientos. La Banca para el Desarrollo debe dar el acompañamiento técnico necesario para que los proyectos resulten exitosos. En general, todo el sistema bancario nacional debe recuperar su papel de impulsor del desarrollo nacional.
  3. Estímulo a la demanda interna de bienes y servicios producidos en el país, impulsando la capacitación para el comercio de estos en plataformas digitales.
  4. Construcción de toda la obra pública que los recursos estatales o bien las alianzas público-privadas permitan para generar empleo, dinamizar la economía, y al mismo tiempo reducir el rezago de años que tiene el país en este campo. El tren eléctrico metropolitano debería construirse para mejorar la movilidad urbana en la GAM. Si se decide hacerlo mediante una alianza público-privada se debe contemplar el riesgo que toda inversión implica, de manera que no sea asumido solamente por el Estado.
  5. Fomento de alternativas limpias de uso energético, producción y consumo, así como formalización de pequeñas empresas dedicadas al reciclaje y la reutilización de materiales.
  6. Impulso a la economía del cuido poniendo al servicio de las personas que se dedican a esta actividad, casi siempre mujeres, una remuneración justa, contando con los recursos de las diversas instituciones nacionales que puedan aportarlos para este fin: IMAS, INA, CCSS, INAMU.
  7. Estímulo a diversas modalidades de turismo que encadenen emprendimientos locales y la industria nacional en sintonía con la protección del patrimonio cultural y natural.
  8. Fortalecimiento de los gobiernos locales para que asuman un rol determinante en la identificación, creación y promoción de emprendimientos locales por medio de alianzas público-públicas y público-privadas.
  9. Ampliación y fortalecimiento de la infraestructura de conectividad digital, democratización de su acceso, capacitación para avanzar en la digitalización de las instituciones, empresas y comercio digital.

Solicitan que UCR considere desigualdad asociada a la distribución de la riqueza como tema de interés público y promueva un debate

SURCOS recibió la siguiente carta enviada por la doctora Juliana Martínez Franzoni y el doctor Mauricio Castro Méndez a las autoridades de la Universidad de Costa Rica:

San José, 25 de agosto de 2020

Señor
Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

Señores y señoras
Miembros
Consejo Universitario

Asunto: Solicitud para que la UCR considere la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza como un tema de interés público y promueva un debate nacional al respecto, a la luz e los principios y propósitos de la Universidad de Costa Rica.

Estimadas/os señoras/es,

Quienes suscriben, Juliana Martínez Franzoni y Mauricio Castro Méndez, les saludamos respetuosamente y trasmitimos nuestra enorme preocupación en atención a información que ha circulado en el ámbito universitario en días recientes. Nos referimos concretamente a la investigación sobre la desigualdad asociada a la distribución de la riqueza en el país, que se lleva a cabo desde la Universidad de Costa Rica (UCR).

Un vídeo recientemente elaborado por la Oficina de Divulgación e Información (ODI) de la Universidad de Costa Rica con base en una investigación en curso por parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR (IIS-UCR), vincula la desigualdad con la política fiscal. Ello ha llevado a los grupos económicos poderosos a presionar a la UCR para rectificar la información elaborada por el medio universitario y a inmiscuirse en las fuentes utilizadas en la investigación. No referimos concretamente a la Florida Ice and Farm Company (FIFCO) y a Steve Aronson, fundador de Grupo Britt.

Las generalizaciones hechas por la ODI así como las fuentes utilizadas en el marco del estudio aún en curso, pueden ser criticadas y mejorables. A las personas que se consideran afectadas les asiste el derecho de respuesta. No les asiste, en cambio, el derecho de presionar a la Universidad para que asume determinadas posturas y decisiones. Tampoco pueden atribuirse el papel de censurar qué y cómo se comunican resultados de investigación – para lo cual existe la evaluación experta entre pares.

El artículo 84 de la Constitución Política les otorga a las Universidades Públicas independencia para su funcionamiento. Además, el estatuto orgánico de la UCR establece como sus principios la libertad de cátedra, la diversidad, el respecto a las personas y la libre expresión, la resolución interna de conflicto, entre otros. Por ello, si algo debe mejorar la universidad, esta tiene independencia y los principios necesarios para resolverlo por su cuenta y sin presiones externas.

Conocemos que FIFCO y Steve Aronson no sólo cuestionan la investigación en curso, sino que están desplegando una campaña en medios de comunicación y ejerciendo fuertes presiones para que ustedes como autoridades universitarias y, en nombre de la universidad, tomen determinadas posturas y decisiones. Se trata de una situación que consideramos inaceptable. Ojalá esta misma energía y este mismo cabildeo se hiciera para contribuir a llevarle ingresos y esperanza al 24% de personas desempleadas y al 22% de personas subempleadas que hay actualmente en nuestro país.

Antes de tomar cualquier decisión en nombre de una Institución con 80 años de existencia, es necesario promover y realizar un debate nacional sobre este tema, de altísimo interés público, de manera de que la comunidad académica, incluyendo sus estudiantes, tengan oportunidad de participar, analizar y construir criterios compartidos sobre el tema en cuestión.

Suscriben atentamente,

Dra. Juliana Martínez Franzoni
Docente e investigadora
Especialista en política social comparada
IIS/CIEP
Universidad de Costa Rica

Dr. Mauricio Castro Méndez
Docente e Investigador
Especialista en Derecho Laboral Colectivo
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Carta para Carlos Alvarado de Mujeres en Acción

Compartimos la carta enviada por el colectivo Mujeres en Acción con respecto a la iniciativa del Gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga»:

San José, 18 de agosto del 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

El colectivo feminista Mujeres en Acción, conscientes y extremadamente preocupadas por la crisis social, política y económica que vive nuestro país a consecuencia de las decisiones históricas y, las que se han adoptado para enfrentar la pandemia, ante la sugerencia del gobierno llamada: «Costa Rica escucha, propone y dialoga», consideramos importante manifestar lo siguiente:

  1. Es vital un diálogo nacional que abra la posibilidad de comprender y actuar sobre las realidades territoriales, sectoriales y poblacionales creadas y profundizadas a partir de las medidas adoptadas en el marco de la crisis sanitaria.
  2. Es clave reconocer que desde que inició la pandemia, grupos sociales y económicos hemos planteado acciones inmediatas, de corto y mediano plazo, que no han sido respondidas por parte de su gobierno.

En el contexto actual, y ante esta nueva propuesta, nos preguntamos:

  1. ¿Por qué se parte de una agenda ya definida unilateralmente por parte del gobierno y no se abre a una construcción conjunta entre la diversidad de sectores y actores sociales y políticos, como base para un auténtico diálogo que pueda llevar a negociaciones y acuerdos?
  2. ¿Por qué luego de cuatro meses de falta de escucha a los movimientos sociales se dan plazos tan cortos para dialogar y proponer las urgentes reformas coyunturales y estructurales que necesita nuestro país?
  3. ¿Por qué no se evidencian de forma transparente los mecanismos para analizar y sistematizar las propuestas?
  4. ¿Por qué no se aclara desde ya cuál será el mecanismo de diálogo que garantice las condiciones democráticas, justas, reales y que conduzcan a una eficaz negociación y definición de agenda nacional?
  5. ¿Existe un compromiso real con una visión y proyecto de país inclusivo y democrático, que garantice la actuación del Estado en aras del bienestar colectivo?

En relación con su llamado a la remisión de propuestas queremos recordar que este colectivo remitió a su despacho dos cartas con propuestas concretas, mismas que no han sido respondidas.

El 11 de junio enviamos al despacho que usted representa una propuesta fiscal con seis soluciones concretas para superar la pandemia sin un aumento de la desigualdad y protegiendo las instituciones del Estado de bienestar. Aquí le adjuntamos, para su estudio y respuesta, el siguiente enlace donde encuentra dicho documento:

https://drive.google.com/file/d/1SFihEzmsVmnuIbphQKhx_HwdjmIhzBuI/view?usp=sharing

En una segunda carta abierta, también dirigida a su persona y enviada el 14 de Julio a su despacho (https://drive.google.com/file/d/1lDdDuBz-jpNRmuZVovJ7OHxdW8QWeV4v/view?usp=sharing), en respuesta a su discurso en cadena nacional de televisión del 12 de julio, le preguntamos, entre otras cosas:

  1. ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo Monetario Internacional, sin abordar públicamente la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?
  2. ¿Cómo propone el gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, durante y después de la pandemia?
  3. ¿Está el gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? ¿Por qué?

También le expresamos nuestro asombro y preocupación con el hecho de que su equipo de gobierno no se hubiera referido aún a las propuestas para enfrentar la crisis que hemos hecho distintos sectores; incluidas dos propuestas legislativas de recurrir a contribuciones fiscales del gran capital para así evitar que Costa Rica salga de la crisis aún más desigual de lo que ya es hoy. Tampoco en esa oportunidad recibimos respuesta.

Nos llama la atención y nos genera dudas la legitimidad de este llamado al diálogo que, se convoca con la decisión ya tomada de negociar un convenio stand by con el FMI en septiembre. Lo anterior a pesar de que se ha cuestionado su conveniencia como única vía para financiar al Estado y, tomando en cuenta que hasta la fecha, ha existido la negativa de transparentar los términos de esta negociación.

El gobierno ha tenido muchos meses para escuchar y actuar sobre las diversas propuestas de los movimientos sociales. Sin embargo, no hay existido un mínimo respeto y consideración para contestarlas.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos respuestas transparentes, claras, concretas y por escrito de ambas misivas al correo de mujeresenaccion.costarica@gmail.com y respetuosamente sugerimos, con miras a participar en un eventual diálogo, lo siguiente:

  1. Un primer diálogo con una participación plural para fijar una agenda entre todos los movimientos sociales, sectores económicos y sociales organizados y el gobierno, con metas de corto, mediano y largo plazo.
  2. El carácter vinculante de los acuerdos tomados con miras al establecimiento de una hoja de ruta que verdaderamente los incorpore y garantice su cumplimiento.
  3. Un marco ético de actuación con mínimos comunes para el diálogo y los disensos acordados entre todos los sectores y movimientos.
  4. La suspensión o retiro de los proyectos enviados a la Asamblea Legislativa que afectan el empleo y las finanzas públicas, especialmente el proyecto N. 21181, denominado proyecto de flexibilización laboral, que no sólo es inconstitucional, sino que atenta contra el derecho al trabajo y las conquistas laborales de los últimos 100 años, así como todos los estándares y principios del derecho internacional.
  5. Un informe sobre el avance de las negociaciones con el FMI y los términos concretos que se están negociando.
  6. La discusión colectiva de si las negociaciones con el FMI son realmente indispensables o si es posible contar con alternativas de financiamiento a partir de un impuesto temporal a los grandes patrimonios y las riquezas nacionales propuestas por muchos sectores, uso de fondos del Banco Central e impuestos a las transacciones financieras.
  7. La presencia de personeros gubernamentales de rango ministerial y con poder de decisión durante todas las negociaciones, incluyendo al Equipo Económico del Gobierno.
  8. La incorporación y operacionalización del principio de la ética del cuidado de la vida humana y del planeta en el centro de las políticas económicas y sociales.
  9. La existencia de observadores garantes del diálogo, acordados de común acuerdo, incluyendo personalidades reconocidas, neutrales e idóneas, como representantes de las universidades públicas, más no de denominaciones religiosas.

Finalmente, adjuntamos un documento que recoge una serie de nuestras propuestas claves a contemplarse en este diálogo y que ya presentamos públicamente el día 24 de julio (https://www.facebook.com/mujeresenaccioncostarica/videos/770243210209319).Reiteramos que nos anima el amor que tenemos por nuestro país, la defensa de los derechos humanos de todas las personas que lo habitamos, y el deseo de fortalecer la democracia política, social y económica y en consecuencia, el Estado Social de Bienestar.

M.Sc. Ana Elena Obando M.
Mujeres en Acción

Las evidencias de la pandemia

Juan Huaylupo Alcázar[1]

La pandemia que nos toca vivir y padecer en la presente coyuntura, ha puesto en evidencia la confluencia de distintos procesos. No solo ha permitido hacer transparente la existencia de una estructura social inequitativa y contradictoria, que no es posible ocultar por la creciente pobreza y desigualdad, que son visibles y cotidianas, también hace posible constatar el hambre en los sectores más vulnerables de la sociedad. Procesos que no fueron creados por el Covid-19, ya eran tendencias en la globalidad de la economía contemporánea, que polarizaba abismalmente las sociedades del mundo, como profundizaba las brechas sociales en los espacios nacionales, producto de la mayor concentración y centralización de la riqueza.

Crece la pobreza y la riqueza entre los pueblos y sectores polarizados estructuralmente, pero no como un resultado de la crisis económica, sino por el despotismo político que crea, propicia y apoya la mayor explotación del trabajo, la destrucción de la seguridad social y la institucionalidad pública. La globalización de la pobreza y de la riqueza son resultados de la mayor productividad del trabajo y una menor absorción laboral o, dicho de otro modo, mayor apropiación de los excedentes generados colectivamente y una significativa disminución de los salarios. Esto es, la pandemia ha hecho transparente la quiebra de algunos negocios, al no haber consumidores ni trabajadores ante las previsiones sanitarias y la menor capacidad adquisitiva.

La carencia y la precariedad de trabajo remunerado tampoco es algo nuevo, Peter Drucker, el teórico de la gerencia privada, demostraba que hacía un siglo la productividad de los trabajadores había aumentado significativamente, por cambios en las formas organizativas del trabajo en las organizaciones y las renovaciones tecnológicas. De este modo, las técnicas administrativas como la reingeniería, control total de calidad, downsizing-rightsizing, benchmarking, planificación estratégica, etc., lograban sus propósitos, así como, la imaginación y creatividad de los trabajadores y las condiciones de cada época permitían el aumento de la productividad y la innovación productiva. Así, desde la primera revolución industrial tecnológica de la segunda mitad del siglo XVIII, hasta la actual cuarta revolución o industria 4.0, las técnicas se han incorporado masiva e intensivamente en gran parte de los procesos de trabajo, que modificaban las formas técnicas de producción que incrementaba el volumen de mercancías en menor tiempo y con menos trabajadores. Tendencia que no se eliminará con el fin de la pandemia, por el contrario, están muy extendidas y son inherentes a la economía capitalista. El uso masivo de las técnicas en los procesos laborales en la actualidad hace posible el teletrabajo, el cual ha significado para los propietarios una reducción de los costos operativos de los servicios básicos como en electricidad, agua, alquiler de instalaciones, limpieza, etc., a la vez que exigen a los trabajadores usar sus equipos personales para conservar sus empleos. Así, los empresarios se benefician al prolongar las jornadas de trabajo más allá de las establecidas legalmente, así como, modifican contratos que implican recargos laborales con reducidos salarios.

Esto es, las restricciones sanitarias, la reducción de compradores y la pérdida del dinamismo mercantil de las empresas, no inciden por igual en todas las actividades económicas de las empresas, algunas se han visto beneficiadas obteniendo plus ganancias, por la prolongación de la jornada laboral y mayor intensidad laboral a sus trabajadores y disminución de gastos y el aumento de precios a sus compradores. Mientras que, los pobres en su lucha por la sobrevivencia, recurren a la solidaridad familiar y la cooperación en los espacios de vida comunitaria para la satisfacción de sus necesidades.

La aparente omnipotencia de los empresarios queda reducida a la oposición a las autoridades de salud y del gobierno, que no pueden revertir las consecuencias de las tendencias y contradicciones prevalecientes. Aun cuando se consiga doblegar al gobierno para poner el fin de las restricciones sanitarias, que limitan el colapso del sistema de salud, no se restablecerá el dinamismo económico, sin vacunas ni tratamientos eficaces, lo cual generará muchos fallecimientos en los pobres e incluso en las propias filas empresariales, así como, tampoco podrán evitar que sus negocios y privilegios se liberen de la espada de Damocles que penden sobre sus intereses.

Asimismo, la insolidaridad de los empresarios con la sociedad, con los trabajadores y entre los propios empresarios, es otra muestra que ha sido puesta de manifiesto por la crisis sanitaria. Ellos están convencidos que sobrevivirán y están dispuestos a sacrificar a los otros, los trabajadores y pobres. El maltusianismo liberal de los empresarios se encarna en la expresión de un directivo de la Cámara de Comercio chileno “¡Que mueran los que tengan que morir!”, que replica el Presidente de la Cámara Nacional de Pymes de Costa Rica. Esas manifestaciones de los representantes empresariales ante la posibilidad de un destino crítico, son reacciones desesperadas e impotentes contra enemigos imaginarios. La provocación, el miedo y la violencia son recursos de la dominación, como actos amenazantes para la perpetuación del poder, pero también encubren sus propios miedos y vulnerabilidades creadas por ejercicio social, político y económico de los poderes prevalecientes. La oligofrenia narcisista de los empresarios les impide comprender, en su falsa conciencia y superficial existencia, que ellos también fenecerán y que, en una nueva época ellos no serán sus conductores ni dominadores.

Esta pandemia también ha permitido evidenciar que el desarrollo científico e investigativo son actividades destacadas de pocas sociedades y universidades del mundo y Costa Rica entre ellas, gracias al compromiso con la sociedad, ciencia, la investigación de las universidades públicas. Así, el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica además de haber creado y proporcionado suero antiofídico, que ha salvado la vida de miles de personas en el mundo, en la actualidad desarrolla la fase final de soluciones alternativas contra el virus pandémico Covid-19 que afecta a la sociedad mundial. De este y muchos modos la Universidad de Costa Rica muestra ser una institución emblemática para el desarrollo y bienestar nacional, la cual es amenazada con ser liquidada económica y políticamente, como una evidencia adicional de la torpeza de propietarios y gobernantes y de los medios que les sirven.

Esto es, creer que ser poseedores de riqueza monetaria los hace omnipotentes a sus poseedores, a la vez que los libera de cualquier adversidad, no puede calificarse de ignorancia, es ESTUPIDEZ, pues no solo perjudican a otros, también se perjudican a sí mismos, así como creen que, destruyendo a los otros, se defienden y están protegidos. El pensamiento único, así como la única alternativa de acción, es estúpido. Los griegos calificaron de idiotas a quienes juzgan y valoran a los otros desde su propia perspectiva y reductivo pensamiento.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.