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Etiqueta: desigualdad

La crónica de una muerte anunciada que algunos nos resistimos a aceptar

Escrito en . Publicado en Análisis.

Carlos Soto

Unos 44 años atrás por iniciativa de productores conscientes de la contaminación de los pesticidas para ellos, sus familias y el ambiente, además de los altos costos de los insumos de síntesis química; la cooperación internacional y algunas ONG nacionales, nos dimos a la tarea de promover la agricultura orgánica en el país.

Al 2023, el MAG reportó poco más de 10.000 ha. bajo producción orgánica en el país, en contraste con las 348.000 ha. de cultivos convencionales; es decir un 2,9% del total de superficie bajo cultivo.

No obstante, cabe aclarar que el área orgánica está dedicada principalmente a productos de exportación (café, banano, piña, azúcar, entre otros), reduciendo aún más el área destinada para el mercado nacional, propósito principal de los pequeños productores del país, y sobre cuyo esfuerzo y sacrificio de nuevo, se montaron y aprovecharon las grandes empresas exportadoras, que nunca participaron, aportando tiempo y/o dinero, en las negociaciones con el gobierno, para crear la ley del 2007, iniciativa de productores, con el apoyo de la cooperación internacional, las ONG y diputados de la Asamblea Legislativa del momento, de la cual hoy usufructúan.

Así las cosas, queda claro el manifiesto desinterés en la promoción de la agricultura orgánica de los diferentes gobiernos, que al parecer tiene su remate final con el de turno.

Esta afirmación, tiene su evidencia en que 35 años después de la aprobación de la ley de agricultura orgánica, el MAG no había creado aún el «Departamento de Fomento a la Producción Orgánica» (DFPAO), responsable de su implementación; lo que claramente confirma el desinterés de los gobiernos por hacer cumplir la ley y de los diputados por su fiscalización.

Sobre el desmeritamiento histórico que ha sufrido la agricultura orgánica en el país, tenemos algunos señalamientos:

– Ser una actividad productiva inducida inicialmente por pequeños productores, y no por grandes productores o el gobierno.

– Falta de control político de la sociedad civil, productores (por falta de recursos que les otorgue capacidad) y diputados, para el cumplimento de la ley.

– El haber observado la agricultura orgánica como una agricultura donde se sustituyen insumos convencionales por orgánicos, y el productor controla (es el centro) de todo el proceso productivo; y no como una agricultura ecológica, donde el productor más bien es parte del proceso productivo.

– El enfrentamiento de los pequeños productores orgánicos en desigualdad de condiciones, con un sistema político – económico dominante de la economía nacional, que privilegia la importación, elaboración y utilización de agroquímicos, así como el monocultivo de productos convencionales y la exportación.

– La generación de un círculo vicioso limitada oferta – limitado consumo – limitada oferta, que obstaculiza el crecimiento y desarrollo de los mercados nacionales.

– La comercialización en el mercado nacional de productos orgánicos con un mayor costo que los convencionales, sobre la premisa de algunos productores de sus altos costos de producción, en contraposición de quienes los adversan, señalando más bien sus bajos costos.

– La visión negativa que en los últimos tiempos han tomado para los consumidores los productos orgánicos (acceso a ellos), en el mercado nacional, quiénes por su limitada oferta y altos precios, los consideran productos «gourmet».

– Nuestra educación, cultura y promoción alimentaria, dependiente de la producción, dieta y estilo de vida importada de otros países, dominada por comidas rápidas de baja calidad y limitada diversificación.

– Altos costos de certificación de tercera parte para el mercado nacional; y falta de promoción, apoyo e implementación del Estado, de la certificación participativa para este mercado.

– Falta de información y educación al consumidor nacional sobre la importancia y beneficios de la producción orgánica.

– Salida del país de la cooperación internacional, aliado económico de la gestión de la agricultura orgánica nacional.

– Existencia de una escuela de agricultura orgánica (CNEAO) para pequeños productores del INA en la Chinchilla de Cartago, con 28 años de creación, graduando cientos de estudiantes de todo el país, de los cuáles se desconoce la aplicación de los conocimientos adquiridos en su experiencia productiva.

– La confusión generada en los consumidores, a los que el mercado nacional les ofrece una oferta distorsionada de productos orgánicos, bajo calificativos como: producidos de manera natural, sostenible, en equilibrio con el ambiente, sin agroquímicos, como productos eco y/o ecológicos, etc.

Probablemente existan más señalamientos de los aquí anotados, que han limitado el desarrollo de la agricultura orgánica en el país; no obstante, éstos nos llevan a plantear que quizá parte de la solución para que la agricultura orgánica no se quede sin apoyo Estatal, implicará un movimiento social de productores, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados e interesados en la actividad, que busquen y establezcan alianzas y sinergias con entidades de defensa de los intereses de los ciudadanos y diputados de la Asamblea Legislativa, interesados, proclives o sensibles al tema, tal que sean ellos los que se encarguen no solo de llamar a cuentas al gobierno, sino también de salvaguardar el contenido de la ley y su ejecución, dejando para el futuro los mecanismos de control viables, factibles y sostenibles, para garantizar que la ley nunca más vuelva a estar en peligro de ser manipulada, de quedar sin efecto, o de desaparecer.

Imagen: https://agroecologa.org

Reseña del Programa Alternativas: Análisis de las Políticas Públicas de Igualdad de Género en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos.

El 13 de septiembre de 2024, el Programa Alternativas ofreció un análisis en vivo de las políticas públicas de igualdad de género en Costa Rica. La transmisión, que tuvo lugar a las 18:00 horas (UTC-6), se realizó a través de plataformas en línea como Facebook Live, YouTube y Spotify. Además, el programa fue retransmitido por diversas emisoras de radio, incluyendo 107.1 FM Radio Actual, Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, garantizando así una amplia cobertura y accesibilidad a la discusión.

El panel estuvo conformado por tres destacadas expertas en el ámbito de la igualdad de género y políticas públicas. Las invitadas incluyeron a María Jesús Zamora Cruz, licenciada en Sociología y activista feminista; Irené Barrantes Jiménez, máster en política pública y género; y Vivian Solís Espinoza, especialista en derechos humanos y género.

El programa hace un acercamiento sobre el estado actual de las políticas de igualdad de género en Costa Rica, y destaca la importancia de este análisis en un momento de cambio global y nacional, asimismo, se hizo un llamado a la acción conjunta para enfrentar los retos y avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

María Jesús Zamora Cruz subrayó la importancia de continuar con la investigación y el activismo para asegurar que se respeten los derechos de las mujeres y erradicar la violencia de género. En su intervención, destacó el valor de las alianzas y redes de apoyo entre mujeres como una herramienta clave para fortalecer los esfuerzos hacia la igualdad de género. Durante su presentación, Zamora compartió datos reveladores sobre la situación de las mujeres en el Cantón de Poás, evidenciando que son mayoritariamente responsables de las tareas domésticas y de cuidado, sin recibir reconocimiento.

En el ámbito económico, expusieron las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a empleos dignos y remunerados. Tanto las asalariadas como las emprendedoras deben lidiar con la falta de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, las condiciones laborales precarias y la falta de apoyo al comercio local. En el ámbito político, Zamora destacó los obstáculos que enfrentan las mujeres, como la violencia política, la subestimación de su trabajo y la priorización de candidaturas masculinas, lo que limita su participación y representación.

Irené Barrantes Jiménez aportó una perspectiva cultural, resaltando la necesidad de que las políticas públicas de igualdad de género se integren con las iniciativas culturales para ser más efectivas. Señaló la importancia de la voluntad política y el apoyo financiero para implementar cambios significativos en la política de género. Barrantes enfatizó la necesidad de pasar de una igualdad normativa a una igualdad sustantiva, que se refleja en la vida cotidiana de las mujeres. Hizo un llamado a las municipalidades a realizar diagnósticos similares al presentado por Zamora, con el objetivo de identificar las necesidades locales y promover la equidad de género en cada comunidad.

Por su parte, Vivian Solís Espinoza abordó la importancia de la voluntad política en la asignación de recursos y la implementación de políticas públicas con perspectiva de género. Subrayó la necesidad de un acompañamiento técnico adecuado y de una rendición de cuentas efectiva en las municipalidades y otras instituciones gubernamentales. Solís hizo énfasis en que las municipalidades, como encargadas de ejecutar estas políticas a nivel local, deben seguir el mandato gubernamental y la normativa internacional suscrita por Costa Rica. Además, llamó a tomar acciones concretas para garantizar una implementación real y efectiva de las políticas públicas.

Este espacio concluyó con un llamado a la acción, destacando que la desigualdad de género es un problema profundamente arraigado y naturalizado en la sociedad costarricense. Para lograr un cambio real, es fundamental que tanto las instituciones como la sociedad civil trabajen en conjunto para implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de género. Se resaltó la importancia de la sororidad, el autocuidado y la justicia integral en la lucha por los derechos de las mujeres, subrayando que, aunque el camino es complejo, la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados son esenciales para alcanzar una sociedad más equitativa.

Defensoría: Programas sociales navegan a la deriva

Escrito en . Publicado en Derechos.

Si bien la Agenda 2030 y sus ODS brindan la orientación adecuada para el diseño, formulación e implementación de iniciativas con la finalidad de reducir las múltiples desigualdades, mitigar los efectos negativos que enfrenta el país y aumentar así, el desarrollo humano para “no dejar a nadie atrás”, para la Defensoría de los Habitantes, mientras se carezca de una política nacional para la atención de la pobreza, Costa Rica se encuentra largo de la Ruta para una atención real, sostenida y estructural de la misma.

Así lo señalan las primeras conclusiones a las que llega un estudio preliminar que elabora la Defensoría de los Habitantes donde se analizan las consecuencias de la aplicación de la regla fiscal en las principales instituciones del Sector Bienestar, Trabajo e Inclusión Social, como son el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).

De los resultados preliminares preocupa a la Defensoría que, durante los últimos años, al amparo de la aplicación de la Regla Fiscal, Costa Rica vive una reducción constante en materia de inversión pública en educación, salud y programas de combate a la pobreza, que compromete los tímidos avances en relación con la pobreza y la desigualdad.

Adicionalmente a la reducción presupuestaria y aplicación de la Regla Fiscal, el estudio preliminar destaca la necesidad de revisar el diseño de los programas sociales selectivos para garantizar su idoneidad y que sean complementarios, mejorar la coordinación interinstitucional, perfeccionar y uniformar los mecanismos de selección de beneficiarios para garantizar que lleguen a quienes realmente lo necesitan, además de completar la cobertura de los programas sociales, especialmente en las áreas más alejadas del país, y para dar énfasis a la calidad de los servicios de educación y salud y ajustarlos a las necesidades y condiciones de las poblaciones

Se detalla en el informe preliminar de la Defensoría, la necesidad de incorporar prácticas de evaluación de servicios y programas que incorporen metodologías de costeo claras que determinen cuál es el monto adecuado que se debe otorgar a las familias o personas beneficiadas para que puedan subsistir o continuar con sus estudios.

Además, se observa que casi todos los programas sociales analizados carecen de indicadores de impacto y efecto, lo que impide medir si realmente están generando una incidencia positiva en la sociedad. Tampoco se puede determinar si es necesario implementar mejoras para beneficiar de manera más efectiva a la población.

Otro aspecto que se detalla es la falta de consideración de factores importantes como la región de planificación donde vive la persona beneficiada, si tiene alguna discapacidad o enfermedad crónica. Estas variables no se toman realmente en cuenta al establecer los montos de las ayudas. Asimismo, es fundamental realizar evaluaciones de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Evaluación para Intervenciones Públicas del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Aunque algunos de los programas mencionados anteriormente han llevado a cabo evaluaciones de diseño, son muy pocos los casos en que se han realizado evaluaciones de procesos y resultados. En algunos programas que llevan más de 20 años en implementación, nunca se ha realizado una evaluación de resultados, lo que implica que no se sabe si actualmente están generando efectos positivos en la población beneficiada.

La Defensoría subraya la importancia de crear una política pública formal que coordine y articule de manera efectiva las distintas estrategias y programas dirigidos a la reducción de la pobreza y la inclusión social.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Desafíos y perspectivas de la inversión social pública en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Yenén Mejías San Lee
Investigador Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Yenén Mejías San Lee.

El deterioro de la Inversión social pública (ISP) en el país nuevamente ha vuelto a ser centro de atención en diversos sectores de la ciudadanía, en esta ocasión el detonante fue la presentación del presupuesto ordinario y extraordinario para 2025 ante la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24535, donde se refuerza la tendencia a los recortes en la ISP durante los últimos años. La propuesta para 2025 tiene una reducción de 1,9% con respecto al año anterior, y sobresalen nuevamente los recortes en educación cuya tendencia decreciente se ha sostenido desde 2017 a la fecha, año en el que se invirtió un 7,4% con respecto al PIB (cercano al tan anhelado 8% del PIB según lo establece la constitución política de nuestro país) y de aprobarse el presupuesto enviado por el ministerio de Hacienda se reduciría a 4,9% del PIB en 2025, profundizando la tendencia de reducción de la ISP.

La reducción llega después de una década caracterizada por un aumento en dicha inversión, pero también por un déficit fiscal, cuya diferencia entre ingresos y gastos se atendió en gran medida con el crecimiento de la deuda pública, situación que condujo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con ella la implementación de la regla fiscal para controlar el gasto. Las consecuencias e impacto de estas limitaciones a la inversión social son complejas de cuantificar e incluso predecir el momento en el que sus mayores efectos lleguen a manifestarse en el país. Pero la preocupación es más que válida sobre todo al sumar problemas como el actual apagón educativo, la profunda polarización social, una crisis de seguridad y homicidios en conjunto con los ya conocidos problemas de pobreza que tiene el país, los problemas de desempleo y la desigualdad social y económica.

Dadas las circunstancias, es necesario repasar los posibles efectos que pueden generar estas políticas fiscales. Recordemos que la ISP es un conjunto de recursos públicos que se priorizan y destinan a diversos sectores de la economía como: educación, salud, protección social, vivienda y cultura, Su objetivo primordial es mejorar el capital humano de la sociedad en el largo plazo, razón por la cual se considera una inversión, pues se espera que estas políticas influyan positivamente en el bienestar y productividad de sus habitantes bajo un enfoque de distribución equitativo y sostenible.

El enfoque de redistribución equitativo debe considerar aspectos como la eficacia y eficiencia de estas políticas, justamente en algunos de los informes del Estado de la Nación, se estudia cómo la inversión social pública en Costa Rica se distribuye entre los diferentes estratos de ingreso y su impacto en la reducción de desigualdades, llegando a la conclusión que la inversión social se distribuye equitativamente entre los quintiles de ingreso, aunque los hogares más pequeños, que se encuentran en el quintil más rico, reciben una mayor inversión per cápita debido a su tamaño reducido (Mata y Trejos, 2017, p. 52)*.

Los datos también permiten concluir que la inversión en educación es la más progresiva de todas las funciones sociales seguida de la inversión en salud, mientras que vivienda y territorio es más proporcional. La excepción es la función de protección social la cual se torna regresiva como resultado de que las pensiones contributivas pues casi la mitad de la ISP la absorbe el quintil más rico, a pesar de que esta función incluye los programas de apoyo a grupos vulnerables cuya política es de las más selectivas (Mata y Trejos, 2017, p. 52). En conclusión, se puede afirmar que la contracción de la inversión social traerá efectos negativos y más fuertemente en las poblaciones pobres y vulnerables que acceden y utilizan los programas y servicios sociales, como la salud y la educación pública, precisamente donde se observan importantes recortes.

En materia de sostenibilidad, la ISP se espera reditúen con una dinámica de círculos virtuosos donde el incremento de la inversión resulte en capital humano más robusto y este a su vez se traduzca en mayor productividad, que finalmente resulte en mejores ingresos permitiendo al círculo renovarse y continuar. Esta dinámica con certeza promovería el crecimiento económico y duplicaría las veces necesarias el PIB per cápita en menor tiempo y con ello avanzar en materia de desarrollo económico. El problema en nuestro país se resume en que los ingresos fiscales no cubren los gastos, es decir, tenemos un déficit fiscal, que durante años se ha atendido con el servicio de la deuda incrementándola hasta que la razón deuda/PIB superó el 60% desde el año 2020 y desde entonces se mantiene el escenario más restrictivo de crecimiento del gasto.

Para resolver este dilema, además del endeudamiento y contención del gasto público impulsada por la regla fiscal y los recortes a la ISP, se han sumado propuestas como la venta de activos del estado (venta BCR) así como la búsqueda de posibles maneras de restructurar la deuda.

Para lograr la sostenibilidad, hay que hacer la tarea de identificar un punto de equilibrio entre el incremento de sus ingresos (a través de reformas fiscales y una mayor eficiencia en la recaudación) y el control de la deuda pública. Por desgracia este es otro punto en contra, pues en lo que va de la administración actual, ni el gobierno ni la Asamblea han dado señal alguna, o muy poco interés por arrancar con este tema

La ISP en Costa Rica ha presentado una reducción constante durante los últimos años, lo que implica un riesgo para el crecimiento económico, así como empeorar la pobreza y la desigualdad en el país. Lamentablemente, su crecimiento se encuentra limitado por la situación fiscal del país y por un gobierno cuyo enfoque primordialmente es el control de gasto. Bajo estas condiciones se complica la posibilidad de impulsar las inversiones necesarias que se requieren en nuestro país para un desarrollo social y económico equitativo y sostenible, por lo menos en lo que queda del ciclo político.

*Mata, C., & Trejos, J. D. (2017). El gasto o inversión social pública continúan su expansión en el 2016 pese al desequilibrio fiscal. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

Despertar y hacer la vida poesible

Escrito en . Publicado en Cultura.

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

A escribirse esta columna el país se acerca a la alarmante cifra de 600 homicidios. En la noche previa 5 hombres fueron asesinados bajo lo que en apariencia serían ajustes de cuentas.

Al iniciar la semana un medio de comunicación local me consultaba acerca de hechos de violencia ocurridos en actividades de celebración en vías públicas. Es la ausencia de convivencia y sentido colectivo, indiqué en su momento.

Sin embargo, me parece que es más que la necesidad de tejido colectivo lo que le está ocurriendo a una sociedad como la costarricense. Es claro que los tiempos violentos transcurren en el mismo momento que la desigualdad y la exclusión social aparecen como ejes vectores de nuestra sociedad.

Y entonces empiezan las preguntas: ¿qué hacer? He dicho hasta la saciedad que para sacar al país del lastre violento al que lo sometió 40 años de agenda neoliberal, se requiere algo más que voluntad política.

Hemos tenido un violento despertar hacia otro país, hacia un vacío que nos puebla. Para sacudirnos de la oscuridad, se requieren acciones para recuperar nuestro carácter subjetivo e intersubjetivo.

He dicho hasta el cansancio que creo en el arte como vehículo transformador. A eso le apuesto. Sobre eso voy. Por eso mi camino actual. Por eso mi convencimiento que en el arte está la clave.

En los años noventa Medellín era una de las ciudades más violentas del planeta y apostó entre otras cosas por recuperar los espacios públicos para la gente y por la poesía con sentido comunitario.

Yo sueño con que nos demos la posibilidad de caminar espacios públicos con calidad, libres de violencia y poetizar la vida en todos los sentidos.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

En la información compartida con SURCOS por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) se señala que el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010.

En una nota enviada al Ministro de Trabajo y al Gerente de Pensiones de la CCSS, se solicita atender el asunto con fundamento en los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

La nota presenta una solicitud formal respaldada por un oficio firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS, solicitando un acuse de recibo. Se destaca la estructura clara y respetuosa de la comunicación, el respaldo legal de la petición y la importancia de asegurar una respuesta oficial.

El correo enviado es el siguiente: 

Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Gobierno de la República de Costa Rica

Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente.
Gerencia de Pensiones
Caja Costarricense de Seguro Social

Estimados señores,

Sirva la presente para saludarlos y hacerles la siguiente petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

Se adjunta oficio ACSS-007-2024 firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS.

Favor enviarnos acuse de recibo.

Saludos cordiales.

Por ACSS

Att. Rodrigo Arias López

Análisis del documento firmado.

El régimen no contributivo de pensiones (RNC) en Costa Rica ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010. En enero de ese año, el monto de la pensión bajo el RNC era de ¢70.125. Al ajustar este monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pasó de 75,10 en 2010 a 109,57 en julio de 2024, el valor equivalente de esa pensión hoy sería de ¢102.383. Sin embargo, el monto actual de la pensión es de solo ¢82.000, cifra que se ha mantenido sin reajuste desde junio de 2019, lo que implica una devaluación del 25%. Para restablecer el poder adquisitivo de la pensión, sería necesario un incremento mensual de ¢20.383, llevando el total a ¢102.500. Esto afecta a más de 142.571 personas pensionadas bajo la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 de 1974.

La «Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935» de 1999 establece, en sus artículos 1 y 3, el derecho de las personas mayores a una vida digna, incluyendo el acceso a pensiones que cubran sus necesidades fundamentales. Este principio se refuerza por el Convenio C128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual estipula que las prestaciones monetarias deben ajustarse cuando se producen variaciones notables en el costo de la vida. La pérdida de valor de la pensión del RNC en un 25% se encuentra claramente enmarcada en este concepto de variación notable y debería ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 29 de dicho convenio.

El Cuadro N° 1 proporciona una visión detallada del estado de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) en Costa Rica, desglosadas por tipo de beneficiario y monto de la pensión a junio de 2024. A continuación se presenta un análisis de los datos:

En el cuadro se observa que la mayoría de las pensiones bajo el RNC tienen un monto de ¢82.000 mensuales, lo cual afecta a 142.571 beneficiarios. Este grupo incluye a personas en diversas categorías como indigentes, personas con invalidez, orfandad, vejez y viudez. La mayor proporción de pensionados corresponde a la categoría de vejez con 93.322 beneficiarios, lo que subraya la importancia de este segmento de la población dentro del sistema de pensiones no contributivo.

Por otro lado, hay un grupo específico de pensionados que reciben una pensión más alta, de ¢352.164,91 mensuales. Este grupo se compone de 5.330 personas y se desglosa en tres categorías principales: aquellos con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, mielomeningocele, y otras condiciones neurológicas equiparables a PCP. La ley que regula estas pensiones establece que el monto debe ser equivalente al salario mínimo legal, el cual se ajusta de forma periódica. Sin embargo, como se mencionó en el análisis anterior, el monto pagado en junio de 2024 corresponde al salario mínimo de 2023, lo que ha generado una diferencia acumulada no pagada a los beneficiarios.

El número de pensionados por PCP (2.769 personas) es significativamente mayor que el de aquellos con autismo (1.433 personas) o mielomeningocele (325 personas). Además, 803 personas reciben pensiones bajo la categoría de «otras equiparables a PCP», lo que indica que existen otras condiciones neurológicas graves que también son consideradas dentro del mismo marco legal.

En total, el RNC cubre a 147.901 personas, de las cuales 142.571 reciben la pensión básica de ¢82.000 mensuales, mientras que 5.330 perciben una pensión mayor debido a sus condiciones de salud severas. Esto pone de relieve la gran diferencia en el monto de las pensiones, que depende en gran medida del tipo de discapacidad o condición médica que padezca el beneficiario.

El desglose del cuadro refleja la cobertura significativa que ofrece el RNC, especialmente en la categoría de vejez, aunque la falta de ajustes por inflación para la mayoría de los beneficiarios y las demoras en el ajuste de pensiones mayores constituyen un problema que debe abordarse para garantizar el bienestar económico de las personas más vulnerables.

Por otro lado, la Ley N° 7125, promulgada en 1989 y modificada en 2009, establece un régimen de pensión vitalicia para personas con parálisis cerebral profunda, autismo y mielomeningocele, siempre que estas condiciones se manifiesten durante la primera infancia y las personas afectadas se encuentren en estado de pobreza o abandono. A junio de 2024, había 5.330 pensionados bajo esta ley. La ley establece que el monto de la pensión debe ser equivalente al salario mínimo mensual legal fijado por el Poder Ejecutivo, el cual, a partir de enero de 2024, es de ¢358.609,5. Sin embargo, se ha detectado que estos pensionados continúan recibiendo el salario mínimo de 2023, que era de ¢352.164,91. Esta diferencia de ¢6.444,59 mensuales se ha acumulado durante ocho meses, lo que representa un total de ¢51.556,72 no pagados a cada pensionado. La omisión en el ajuste corresponde a un aumento del 1,83%, que es el incremento del salario mínimo en 2024.

La Ley N° 7125 es un mecanismo que beneficia a personas con condiciones neurológicas graves desde la primera infancia, pero excluye a quienes desarrollan estas afecciones después de esta etapa. Esta exclusión es vista como discriminatoria y carece de sustento constitucional. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha emitido resoluciones en las que se pone en duda la razonabilidad de esta distinción. Las condiciones de pobreza y las enfermedades neurológicas graves deberían ser el criterio principal para otorgar la pensión, independientemente de cuándo se manifiesten los síntomas.

Además, hay una falta de claridad sobre cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) clasifica a los pensionados bajo el régimen del RNC por invalidez. La CCSS incluye a beneficiarios con diferentes condiciones neurológicas severas, pero no existe una lista pública que detalle las enfermedades con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad, lo que dificulta a los potenciales beneficiarios conocer si pueden acogerse a la Ley N° 7125.

El cuadro presentado detalla la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) bajo la categoría de «Invalidez RNC/PCP» según la fecha de vigencia de las pensiones. Los datos muestran una distinción entre las pensiones otorgadas antes y después del 24 de enero de 1989, fecha en la que entró en vigor la Ley Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Profunda N° 7125.

Antes del 24 de enero de 1989, se registran 1.575 pensiones, lo que indica que estas fueron concedidas bajo un marco legal diferente o posiblemente bajo criterios previos a la ley mencionada.

A partir del 24 de enero de 1989, con la implementación de la Ley N° 7125, el número de pensiones bajo esta categoría aumentó considerablemente, llegando a 42.843. Esto refleja la expansión del sistema de pensiones no contributivo para incluir a personas con parálisis profunda, autismo y otras discapacidades graves que cumplan con los criterios establecidos en la ley.

En total, el RNC administra 44.418 pensiones bajo la categoría «Invalidez RNC/PCP», lo que subraya la importancia de este régimen para proteger a las personas en situación de invalidez severa. La mayoría de estas pensiones fueron otorgadas después de 1989, lo que puede interpretarse como un reflejo de la efectividad de la ley para ampliar la cobertura y el acceso a beneficios para quienes padecen estas condiciones.

Por lo tanto, se solicita un reajuste del 25% en las pensiones otorgadas bajo la Ley N° 5662, llevándolas a ¢102.500 mensuales. Asimismo, se exige que las pensiones bajo la Ley N° 7125 se actualicen conforme al salario mínimo de 2024, y se cancele la diferencia acumulada desde enero de ese año. También se requiere un archivo en formato Excel con los datos de las pensiones del RNC a junio de 2024 y la lista de enfermedades neurológicas consideradas equiparables por la CCSS para la correcta aplicación de la Ley N° 7125. 

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El documento está firmado por los siguientes integrantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: 

Lic. Carlos Eduardo González Arroyo.

Dr. Alfredo Ramírez Montero. 

Lic. Jorge Manuel García Araya. 

MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Firmado digitalmente por: 

Dr Alfredo Ramírez Montero. 

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Referencia 

Romero Rodríguez, A., & Barrantes Espinoza, J. (2024). Petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Oficio ACSS-007-2024). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Gobierno de la República de Costa Rica, & Gerencia de Pensiones, Caja Costarricense de Seguro Social.

ACSS-007-2024-firmadoDescarga

La “justicia por sus propias manos”: 5 factores explican casos de violencia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Es fundamental la inversión y capacitación de los cuerpos de seguridad; experta hace un llamado a una mayor coordinación interinstitucional

UNA Comunica. 4 de setiembre de 2024. La semana anterior dejó un saldo de dos casos de violencia, donde hubo un homicidio perpetrado, presuntamente, por dueños de locales comerciales en contra de personas que intentaron robar en sus negocios.

Es lo que popularmente se le conoce como “tomar la justicia por sus propias manos”. Ocurrió primero el 25 de agosto en Alajuela cuando el dueño de un comercio asesinó a otra persona y luego, cuatro días después, cuando una mujer utilizó un arma de fuego para atacar a un presunto ladrón que intentó ingresar a una pulpería, en San José centro.

Circunstancias similares, escenarios distintos. Es el reflejo de un aumento en el nivel de violencia e inseguridad, según determinó la académica Yolanda Pérez, coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Para la socióloga, existen al menos cinco factores que explican por qué este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad:

  1. Reinan sentimientos de desesperación y frustración, ante la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
  2. Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. “Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque no tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana”.
  3. También existen aspectos psicológicos, donde el instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, se activa. Esto puede llevar al individuo a enfrentar a un asaltante, en un momento de adrenalina que impide pensar en eventuales consecuencias.
  4. La viralización pública del hecho, que se fundamenta en el actuar de una persona ante un delincuente y de donde sale victoriosa, puede ser motivo de inspiración para que otros se preparen o actúen de igual manera, con el agravante de que estos casos no reflejen la realidad ni sus riesgos asociados.
  5. Socialmente, puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.

Riesgos

En paralelo a la valoración sociológica que explica el uso de los mecanismos de defensa personales, se suma el hecho de una mayor desconfianza en la policía y en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. “Se tiende a creer que los delincuentes no enfrentarán consecuencias significativas por sus actos, lo que contribuye a que puedan actuar por su cuenta”, manifestó Pérez.

Características como que “la justicia es lenta o ineficaz” se han convertido en vox populi, lo que, de acuerdo con la experta, puede llevar a la idea de que la única forma de lograr una justicia inmediata es actuar por sus propios medios.

“Incluso he escuchado que las personas se están capacitando más sobre seguridad personal, por medio de escuelas a las que les pagan y donde les enseñan sobre uso de armas y que no necesariamente es para optar por un puesto en una empresa de seguridad privada, sino para defenderse ante cualquier peligro”, relató Yolanda Pérez.

Desde una perspectiva social, un entorno que opte por este camino promueve el aumento de la violencia, ya de por sí exacerbado en el país. Hasta el día de ayer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 587 homicidios, 29 menos que a la misma fecha del año pasado que alcanzó un récord en las estadísticas.

San José es la provincia más afectada por el grado de violencia (152 crímenes), acompañada ahora de las provincias costeras de Limón y Puntarenas (107 y 95 casos, respectivamente) donde se ha dado un incremento en los niveles de inseguridad.

Dentro de los riesgos de esta escalada violenta, está que los propios delincuentes puedan armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que pueden conllevar a enfrentamientos peligrosos, donde estarían expuestos terceras personas, como clientes de un local o comercio.

¿Qué se puede hacer al respecto? Para la coordinadora de la Maestría de Administración en Justicia es fundamental fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país, aunque considera que el aumento en las penas carcelarias no va a ser la solución.

Pérez recalcó que es fundamental la capacitación y la dotación de recursos para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y a sus distintas dependencias. Advirtió, por ejemplo, que actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado, y eso afecta la prevención y la respuesta oportuna ante el delito.

“Además, se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y que desincentive el uso de la violencia como respuesta a la delincuencia”, agregó.

Lo que se quiere evitar es que situaciones, como la acontecida el domingo anterior en San Carlos, cuando dos personas se enfrentaron directamente a pedradas con un presunto ladrón, quien quiso llevarse una motocicleta, desemboque en el fallecimiento de alguno de los involucrados, lo cual en este caso no sucedió.

Por ello, la académica apunta a una estrategia integral donde la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos puedan contribuir a generar una menor presión social sobre las personas que han acudido a los mecanismos de violencia para defenderse ante todo tipo de situaciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Conferencia: “Consecuencias Psicosociales de la Desigualdad Económica”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo martes 3 de septiembre, la Dra. Rosa Rodríguez Bailón, profesora del departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada y coordinadora del máster de Psicología de la Intervención Social, impartirá una conferencia titulada “Consecuencias Psicosociales de la Desigualdad Económica”.

El evento se llevará a cabo en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) a las 10:00 am. 

¿La nueva ruta de la educación costarricense?

Escrito en . Publicado en Educación.

Dra. Yamileth González
Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica

Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.

La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.

Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?

Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.

Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.

En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.

Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.