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Etiqueta: desigualdad

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

En la información compartida con SURCOS por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) se señala que el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010.

En una nota enviada al Ministro de Trabajo y al Gerente de Pensiones de la CCSS, se solicita atender el asunto con fundamento en los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

La nota presenta una solicitud formal respaldada por un oficio firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS, solicitando un acuse de recibo. Se destaca la estructura clara y respetuosa de la comunicación, el respaldo legal de la petición y la importancia de asegurar una respuesta oficial.

El correo enviado es el siguiente: 

Lic. Andrés Romero Rodríguez, Ministro
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Gobierno de la República de Costa Rica

Lic. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente.
Gerencia de Pensiones
Caja Costarricense de Seguro Social

Estimados señores,

Sirva la presente para saludarlos y hacerles la siguiente petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición.

Se adjunta oficio ACSS-007-2024 firmado digitalmente por cinco miembros de la ACSS.

Favor enviarnos acuse de recibo.

Saludos cordiales.

Por ACSS

Att. Rodrigo Arias López

Análisis del documento firmado.

El régimen no contributivo de pensiones (RNC) en Costa Rica ha experimentado una pérdida considerable de valor adquisitivo desde 2010. En enero de ese año, el monto de la pensión bajo el RNC era de ¢70.125. Al ajustar este monto según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que pasó de 75,10 en 2010 a 109,57 en julio de 2024, el valor equivalente de esa pensión hoy sería de ¢102.383. Sin embargo, el monto actual de la pensión es de solo ¢82.000, cifra que se ha mantenido sin reajuste desde junio de 2019, lo que implica una devaluación del 25%. Para restablecer el poder adquisitivo de la pensión, sería necesario un incremento mensual de ¢20.383, llevando el total a ¢102.500. Esto afecta a más de 142.571 personas pensionadas bajo la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N° 5662 de 1974.

La «Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935» de 1999 establece, en sus artículos 1 y 3, el derecho de las personas mayores a una vida digna, incluyendo el acceso a pensiones que cubran sus necesidades fundamentales. Este principio se refuerza por el Convenio C128 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual estipula que las prestaciones monetarias deben ajustarse cuando se producen variaciones notables en el costo de la vida. La pérdida de valor de la pensión del RNC en un 25% se encuentra claramente enmarcada en este concepto de variación notable y debería ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 29 de dicho convenio.

El Cuadro N° 1 proporciona una visión detallada del estado de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) en Costa Rica, desglosadas por tipo de beneficiario y monto de la pensión a junio de 2024. A continuación se presenta un análisis de los datos:

En el cuadro se observa que la mayoría de las pensiones bajo el RNC tienen un monto de ¢82.000 mensuales, lo cual afecta a 142.571 beneficiarios. Este grupo incluye a personas en diversas categorías como indigentes, personas con invalidez, orfandad, vejez y viudez. La mayor proporción de pensionados corresponde a la categoría de vejez con 93.322 beneficiarios, lo que subraya la importancia de este segmento de la población dentro del sistema de pensiones no contributivo.

Por otro lado, hay un grupo específico de pensionados que reciben una pensión más alta, de ¢352.164,91 mensuales. Este grupo se compone de 5.330 personas y se desglosa en tres categorías principales: aquellos con parálisis cerebral profunda (PCP), autismo, mielomeningocele, y otras condiciones neurológicas equiparables a PCP. La ley que regula estas pensiones establece que el monto debe ser equivalente al salario mínimo legal, el cual se ajusta de forma periódica. Sin embargo, como se mencionó en el análisis anterior, el monto pagado en junio de 2024 corresponde al salario mínimo de 2023, lo que ha generado una diferencia acumulada no pagada a los beneficiarios.

El número de pensionados por PCP (2.769 personas) es significativamente mayor que el de aquellos con autismo (1.433 personas) o mielomeningocele (325 personas). Además, 803 personas reciben pensiones bajo la categoría de «otras equiparables a PCP», lo que indica que existen otras condiciones neurológicas graves que también son consideradas dentro del mismo marco legal.

En total, el RNC cubre a 147.901 personas, de las cuales 142.571 reciben la pensión básica de ¢82.000 mensuales, mientras que 5.330 perciben una pensión mayor debido a sus condiciones de salud severas. Esto pone de relieve la gran diferencia en el monto de las pensiones, que depende en gran medida del tipo de discapacidad o condición médica que padezca el beneficiario.

El desglose del cuadro refleja la cobertura significativa que ofrece el RNC, especialmente en la categoría de vejez, aunque la falta de ajustes por inflación para la mayoría de los beneficiarios y las demoras en el ajuste de pensiones mayores constituyen un problema que debe abordarse para garantizar el bienestar económico de las personas más vulnerables.

Por otro lado, la Ley N° 7125, promulgada en 1989 y modificada en 2009, establece un régimen de pensión vitalicia para personas con parálisis cerebral profunda, autismo y mielomeningocele, siempre que estas condiciones se manifiesten durante la primera infancia y las personas afectadas se encuentren en estado de pobreza o abandono. A junio de 2024, había 5.330 pensionados bajo esta ley. La ley establece que el monto de la pensión debe ser equivalente al salario mínimo mensual legal fijado por el Poder Ejecutivo, el cual, a partir de enero de 2024, es de ¢358.609,5. Sin embargo, se ha detectado que estos pensionados continúan recibiendo el salario mínimo de 2023, que era de ¢352.164,91. Esta diferencia de ¢6.444,59 mensuales se ha acumulado durante ocho meses, lo que representa un total de ¢51.556,72 no pagados a cada pensionado. La omisión en el ajuste corresponde a un aumento del 1,83%, que es el incremento del salario mínimo en 2024.

La Ley N° 7125 es un mecanismo que beneficia a personas con condiciones neurológicas graves desde la primera infancia, pero excluye a quienes desarrollan estas afecciones después de esta etapa. Esta exclusión es vista como discriminatoria y carece de sustento constitucional. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ha emitido resoluciones en las que se pone en duda la razonabilidad de esta distinción. Las condiciones de pobreza y las enfermedades neurológicas graves deberían ser el criterio principal para otorgar la pensión, independientemente de cuándo se manifiesten los síntomas.

Además, hay una falta de claridad sobre cómo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) clasifica a los pensionados bajo el régimen del RNC por invalidez. La CCSS incluye a beneficiarios con diferentes condiciones neurológicas severas, pero no existe una lista pública que detalle las enfermedades con manifestaciones neurológicas equiparables en severidad, lo que dificulta a los potenciales beneficiarios conocer si pueden acogerse a la Ley N° 7125.

El cuadro presentado detalla la cantidad de pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) bajo la categoría de «Invalidez RNC/PCP» según la fecha de vigencia de las pensiones. Los datos muestran una distinción entre las pensiones otorgadas antes y después del 24 de enero de 1989, fecha en la que entró en vigor la Ley Pensión Vitalicia para Personas con Parálisis Profunda N° 7125.

Antes del 24 de enero de 1989, se registran 1.575 pensiones, lo que indica que estas fueron concedidas bajo un marco legal diferente o posiblemente bajo criterios previos a la ley mencionada.

A partir del 24 de enero de 1989, con la implementación de la Ley N° 7125, el número de pensiones bajo esta categoría aumentó considerablemente, llegando a 42.843. Esto refleja la expansión del sistema de pensiones no contributivo para incluir a personas con parálisis profunda, autismo y otras discapacidades graves que cumplan con los criterios establecidos en la ley.

En total, el RNC administra 44.418 pensiones bajo la categoría «Invalidez RNC/PCP», lo que subraya la importancia de este régimen para proteger a las personas en situación de invalidez severa. La mayoría de estas pensiones fueron otorgadas después de 1989, lo que puede interpretarse como un reflejo de la efectividad de la ley para ampliar la cobertura y el acceso a beneficios para quienes padecen estas condiciones.

Por lo tanto, se solicita un reajuste del 25% en las pensiones otorgadas bajo la Ley N° 5662, llevándolas a ¢102.500 mensuales. Asimismo, se exige que las pensiones bajo la Ley N° 7125 se actualicen conforme al salario mínimo de 2024, y se cancele la diferencia acumulada desde enero de ese año. También se requiere un archivo en formato Excel con los datos de las pensiones del RNC a junio de 2024 y la lista de enfermedades neurológicas consideradas equiparables por la CCSS para la correcta aplicación de la Ley N° 7125. 

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

El documento está firmado por los siguientes integrantes de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social: 

Lic. Carlos Eduardo González Arroyo.

Dr. Alfredo Ramírez Montero. 

Lic. Jorge Manuel García Araya. 

MBA. Juan Carlos Aguilar Zamora.

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Firmado digitalmente por: 

Dr Alfredo Ramírez Montero. 

M.Sc. Rodrigo Arias López.

Referencia 

Romero Rodríguez, A., & Barrantes Espinoza, J. (2024). Petición de conformidad con los artículos 9, 27 y 30 de la Constitución Política y la Ley de Regulación del Derecho de Petición (Oficio ACSS-007-2024). Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Gobierno de la República de Costa Rica, & Gerencia de Pensiones, Caja Costarricense de Seguro Social.

ACSS-007-2024-firmadoDescarga

La “justicia por sus propias manos”: 5 factores explican casos de violencia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Es fundamental la inversión y capacitación de los cuerpos de seguridad; experta hace un llamado a una mayor coordinación interinstitucional

UNA Comunica. 4 de setiembre de 2024. La semana anterior dejó un saldo de dos casos de violencia, donde hubo un homicidio perpetrado, presuntamente, por dueños de locales comerciales en contra de personas que intentaron robar en sus negocios.

Es lo que popularmente se le conoce como “tomar la justicia por sus propias manos”. Ocurrió primero el 25 de agosto en Alajuela cuando el dueño de un comercio asesinó a otra persona y luego, cuatro días después, cuando una mujer utilizó un arma de fuego para atacar a un presunto ladrón que intentó ingresar a una pulpería, en San José centro.

Circunstancias similares, escenarios distintos. Es el reflejo de un aumento en el nivel de violencia e inseguridad, según determinó la académica Yolanda Pérez, coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, enfoque socio-jurídico, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA).

Para la socióloga, existen al menos cinco factores que explican por qué este tipo de situaciones se presentan con mayor regularidad:

  1. Reinan sentimientos de desesperación y frustración, ante la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
  2. Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. “Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque no tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana”.
  3. También existen aspectos psicológicos, donde el instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos, se activa. Esto puede llevar al individuo a enfrentar a un asaltante, en un momento de adrenalina que impide pensar en eventuales consecuencias.
  4. La viralización pública del hecho, que se fundamenta en el actuar de una persona ante un delincuente y de donde sale victoriosa, puede ser motivo de inspiración para que otros se preparen o actúen de igual manera, con el agravante de que estos casos no reflejen la realidad ni sus riesgos asociados.
  5. Socialmente, puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.

Riesgos

En paralelo a la valoración sociológica que explica el uso de los mecanismos de defensa personales, se suma el hecho de una mayor desconfianza en la policía y en el sistema judicial por parte de la ciudadanía. “Se tiende a creer que los delincuentes no enfrentarán consecuencias significativas por sus actos, lo que contribuye a que puedan actuar por su cuenta”, manifestó Pérez.

Características como que “la justicia es lenta o ineficaz” se han convertido en vox populi, lo que, de acuerdo con la experta, puede llevar a la idea de que la única forma de lograr una justicia inmediata es actuar por sus propios medios.

“Incluso he escuchado que las personas se están capacitando más sobre seguridad personal, por medio de escuelas a las que les pagan y donde les enseñan sobre uso de armas y que no necesariamente es para optar por un puesto en una empresa de seguridad privada, sino para defenderse ante cualquier peligro”, relató Yolanda Pérez.

Desde una perspectiva social, un entorno que opte por este camino promueve el aumento de la violencia, ya de por sí exacerbado en el país. Hasta el día de ayer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 587 homicidios, 29 menos que a la misma fecha del año pasado que alcanzó un récord en las estadísticas.

San José es la provincia más afectada por el grado de violencia (152 crímenes), acompañada ahora de las provincias costeras de Limón y Puntarenas (107 y 95 casos, respectivamente) donde se ha dado un incremento en los niveles de inseguridad.

Dentro de los riesgos de esta escalada violenta, está que los propios delincuentes puedan armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que pueden conllevar a enfrentamientos peligrosos, donde estarían expuestos terceras personas, como clientes de un local o comercio.

¿Qué se puede hacer al respecto? Para la coordinadora de la Maestría de Administración en Justicia es fundamental fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país, aunque considera que el aumento en las penas carcelarias no va a ser la solución.

Pérez recalcó que es fundamental la capacitación y la dotación de recursos para fortalecer al Ministerio de Seguridad Pública y a sus distintas dependencias. Advirtió, por ejemplo, que actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado, y eso afecta la prevención y la respuesta oportuna ante el delito.

“Además, se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos y que desincentive el uso de la violencia como respuesta a la delincuencia”, agregó.

Lo que se quiere evitar es que situaciones, como la acontecida el domingo anterior en San Carlos, cuando dos personas se enfrentaron directamente a pedradas con un presunto ladrón, quien quiso llevarse una motocicleta, desemboque en el fallecimiento de alguno de los involucrados, lo cual en este caso no sucedió.

Por ello, la académica apunta a una estrategia integral donde la reducción de las desigualdades económicas y sociales, la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos puedan contribuir a generar una menor presión social sobre las personas que han acudido a los mecanismos de violencia para defenderse ante todo tipo de situaciones.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Conferencia: “Consecuencias Psicosociales de la Desigualdad Económica”

Escrito en . Publicado en Derechos.

El próximo martes 3 de septiembre, la Dra. Rosa Rodríguez Bailón, profesora del departamento de Psicología Social de la Universidad de Granada y coordinadora del máster de Psicología de la Intervención Social, impartirá una conferencia titulada “Consecuencias Psicosociales de la Desigualdad Económica”.

El evento se llevará a cabo en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional (UNA) a las 10:00 am. 

¿La nueva ruta de la educación costarricense?

Escrito en . Publicado en Educación.

Dra. Yamileth González
Ex-Rectora UCR, Colectivo Mujeres por Costa Rica

Hemos escuchado al presidente decir que gobierna para los pobres y que va a eliminar las “coronas” que tradicionalmente llevaron algunos funcionarios de gobiernos anteriores. Nada más alejado de la verdad, sus años de gobierno muestran lo contrario: la reducción del presupuesto en educación ha tenido como consecuencia el empobrecimiento de los grupos más vulnerables, precisamente esos que dice proteger y ¡gran contradicción! muchos de los cuales, absurdamente, son, engañados, los que le dan apoyo.

La crisis educativa que hoy se vive, profundizada por este gobierno, tiene como efecto que miles de estudiantes, la mayoría de las zonas urbanas marginales y costeras, dejen las aulas: en 2023, más de 23 mil abandonaron los centros educativos a consecuencia de la reducción de las becas, de la alimentación y del transporte; servicios que, tradicionalmente, recibían y ahora, el gobierno les quita; imposible para este grupo, estudiar sin esos beneficios, son jóvenes de hogares muy pobres, muchos de Puntarenas (el 22% ) y de Limón ( 23% ). Otro severo golpe lo constituye el reciente recorte al presupuesto de los colegios científicos, un bastión significativo de la educación pública.

Se ha estimado que sólo en 2023, el recorte de becas lleva a casi 6 mil hogares a la pobreza y a muchos menores de edad a la pobreza extrema y que 7.000 estudiantes dejaron las aulas. El problema crece ya que no solo caen en la pobreza, sino que, al abandonar sus estudios, son fácilmente reclutados por bandas criminales, o sea, que estos recortes expulsan a los jóvenes de los centros escolares, los empobrecen y los llevan a las filas de la delincuencia y del narcotráfico. ¿Será esta la nueva ruta de la educación costarricense?

Así, el panorama nacional es desolador: con este gobierno se ha ampliado la desigualdad y la brecha entre la educación pública y la privada ha crecido; los recortes, además de menoscabar los programas de equidad ya mencionados, dejan a la enseñanza pública sin la posibilidad de enfrentar los rezagos existentes, sin la opción de crecer y mejorar, por ejemplo, la conectividad a internet de banda ancha, de acceder a servicios informáticos, al equipamiento de las bibliotecas, al desarrollo de colegios científicos, a los bilingües y del bachillerato internacional; no permiten fomentar habilidades científicas en la juventud, ni ampliar el currículo completo para educación primaria…, condiciones con las que si cuenta la educación privada.

Los estudiantes de colegios públicos quedan en condiciones de inferioridad, sin posibilidad de avanzar, de tener en el futuro trabajos más calificados o ingresar a la educación superior. ¿Tienen las universidades la responsabilidad de que no ingresen a sus aulas más estudiantes de colegios públicos? ¿o es el gobierno que, con sus políticas, propicia esa desventaja? Es urgente hacer valer el derecho de la juventud de las zonas marginales y menos favorecidas, a tener una formación que les de mejores posibilidades de desarrollo.

En Costa Rica hemos tenido un estado social de derecho, que debemos defender, con oportunidades para todos los grupos sociales que, sin embargo, ha venido deteriorándose, y este gobierno ha agudizado con acciones inauditas, afectando principalmente a la población que vive en zonas marginales y restando así las posibilidades de movilidad social, que, en otro momento, como en mi caso y muchos más, pudimos acceder a una educación universitaria de calidad para poder, de ese modo servir al país.

Imagen: compartida en varias cuentas de redes digitales.

UNDECA convoca a la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Educación Pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ha lanzado un llamado urgente a todos los costarricenses a participar en la Gran Marcha Nacional bajo el lema «Somos Gente de Salud», en defensa y apoyo a la educación pública. Esta manifestación, programada para el miércoles 28 de agosto de 2024, a las 9:00 AM, partirá del Parque de la Merced y culminará en la Plaza de la Democracia, con la intención de alzar la voz contra las políticas neoliberales que están afectando gravemente los pilares fundamentales del país: la salud y la educación pública.

Contexto de la Marcha

Costa Rica se encuentra en un momento crítico en el que las políticas gubernamentales han puesto en peligro el bienestar de la población y la estabilidad de instituciones esenciales. Entre los problemas más destacados se encuentra una deuda de 4 billones de colones con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que ha generado una crisis en la prestación de servicios de salud. Además, se han realizado recortes millonarios a programas sociales y a la educación pública, afectando de manera directa a la población más vulnerable.

Estas medidas han sido calificadas como una agresión directa al modelo de bienestar social que ha caracterizado a Costa Rica, y que ha permitido a la nación destacarse por su acceso universal a la salud y la educación. La educación pública, en particular, es vista como un pilar crucial para el desarrollo y la equidad en el país. Sin embargo, las decisiones recientes de recortar presupuestos y desviar fondos han puesto en riesgo la calidad y la accesibilidad de este servicio esencial.

Llamado a la Acción

UNDECA, junto con diversas organizaciones sindicales y trabajadores de la CCSS, hacen un llamado urgente a la unidad y movilización masiva de la población. La marcha busca no solo visibilizar el descontento y la preocupación ante las políticas actuales, sino también ejercer presión para que el gobierno tome medidas concretas en defensa de la educación y la salud pública. Se subraya la importancia de estos sectores como pilares fundamentales de la sociedad costarricense, necesarios para garantizar un futuro justo y equitativo para todos.

El lema «¡Ya Basta!» refleja el cansancio y la indignación acumulada por años de recortes y decisiones que han debilitado el estado de bienestar. Los organizadores enfatizan que es el momento de alzar la voz y exigir un cambio en la dirección del país, priorizando la inversión en educación y salud como motores del desarrollo y bienestar nacional.

Detalles de la manifestación

  • Fecha: miércoles, 28 de agosto de 2024
  • Hora: 9:00 AM
  • Lugar de inicio: Parque de la Merced
  • Destino: Plaza de la Democracia

Se invita a toda la ciudadanía, organizaciones sociales, sindicatos y personas comprometidas con la defensa de la educación y la salud pública a unirse a esta marcha, en un acto de solidaridad y resistencia ante las políticas que ponen en riesgo el bienestar de los costarricenses.

Iniciativa de ley busca reducir brecha indígena en el tema de salud

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Fue presentada el pasado 19 de agosto

Por Uriel Rojas

La diputada Sonia Rojas Méndez, presentó el pasado lunes 19 de agosto, una iniciativa de ley que busca reducir las brechas que sufren los pueblos indígenas en el acceso a la salud, garantizando un servicio culturalmente pertinente, como establece el Convenio 169 de la OIT y otras normativas jurídicas internacionales.

Esta iniciativa de ley responde al compromiso adquirido el año pasado en el Foro sobre los desafíos en el acceso a la Salud de los Pueblos Indígenas.

El Convenio 169 de la OIT en su artículo 25 establece que:

“Los gobiernos deberán velar porque se pongan a disposición de los pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar, a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud física y mental”.

Este propuesta jurídica se realizó con el apoyo del Sr. Juan Luis Bermúdez, del Fondo de Población de las Naciones Unidas, los médicos Sr. Neil Rojas y Sr. Efraín Retana, el Colegio de Médicos y Cirujanos, y las Escuelas de Enfermería y de Salud Pública de la UCR.

Los Pueblos Indígenas presentan indicadores de salud que muestran desigualdades en relación con el resto de la población, ya que, en términos geográficos, culturales, legales, funcionales, sociales y económicos, el acceso a los servicios de salud ha sido limitado para esta población.

El derecho a la salud está estrechamente interconectado con otros, tales como el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, trabajo, educación, la no discriminación en ninguna de sus formas, a la privacidad, a la información, por lo que el abordaje ha de ser de carácter integral e intercultural.

Esta iniciativa de Ley propuesta por la diputada Rojas Méndez, demanda una atención urgente de las condiciones de vida de la poblaciones indígenas, traducida en políticas efectivas que contribuyan a mejorar el acceso y la calidad de las acciones de salud pública, con respecto a su identidad y cultura diferenciada.

Dicha propuesta fue presentada bajo el expediente Nº 24506 con el nombre de: Ley para Garantizar la Atención con Pertinencia Cultural a las Personas Indígenas de Costa Rica. Reformas a la Ley General de Salud, Nº 5395, del 30 de octubre de 1973 y sus Reformas.

La diputada bonaerense espera y ejecutará para que se someta pronto a debate en el Plenario Legislativo.

SEC: Gobierno de Rodrigo Chaves no da prioridad a la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

En un comunicado del SEC se señalan puntos claves que evidencian la posición de la administración Chaves Robles contraria a dar la posición de prioridad para la educación pública como factor de desarrollo. SURCOS le ofrece los elementos centrales de lo expuesto por el SEC:

Reducción presupuestaria: Se menciona que, en 2023, 2024 y 2025, el presupuesto para la educación pública ha sufrido reducciones, a diferencia de años anteriores donde la inversión en educación era más estable.

Las prioridades deben ser la educación y salud. Se argumenta que la educación y la salud pública deben ser prioridades innegociables en el presupuesto nacional. El gobierno actual, según los críticos, no ha asignado adecuadamente los recursos necesarios para estas áreas vitales.

La capacidad de Gobernar. Se cuestiona la capacidad del gobierno para asignar recursos públicos de manera efectiva y estratégica. Se alega que la administración actual, incluyendo al ministro Acosta, el presidente Chaves, y la ministra de educación no ha demostrado la habilidad para gestionar adecuadamente el financiamiento para la educación.

Respeto al presupuesto para la educación pública: Se hace una comparación con el año 2020, cuando Costa Rica destinó el 7.32% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación sin necesidad de medidas extraordinarias como la liberación de presos para financiar la educación según lo mencionó el ministro de Hacienda Noghi Acosta.

Reducción progresiva. Se menciona que el presupuesto para la educación ha sido reducido de manera progresiva: 5.37% en 2023, 5.21% en 2024 y 4.83% en 2025.

Se critica a la ministra de Educación, Katharina Müller, por no defender el presupuesto de manera firme y efectiva. Se argumenta que ella ha permitido que el presupuesto para la educación se reduzca sin protestar o luchar para que se mantenga.

Müller es descrita como la primera ministra de educación que ha permitido la reducción del presupuesto educativo sin tomar medidas significativas para evitarlo.

La reducción del presupuesto se asocia con la posibilidad de que miles de jóvenes sean expulsados del sistema educativo, lo que podría llevar a mayores problemas sociales como la falta de oportunidades laborales, el aumento del narcotráfico y el crimen organizado.

Se propone que, en lugar de reducir el presupuesto para la educación, se debería priorizar el financiamiento a esta área sobre el servicio de la deuda pública, reduciendo así las partidas asignadas al pago de intereses y capital de la deuda.

Se exige la renuncia del ministro de Hacienda Noghi Acosta y de la ministra de Educación Katharina Müller. Se argumenta que ambos han demostrado incapacidad y desinterés en la educación, lo que es visto como una violación a la ley y una injusticia deliberada.

Se sugiere que sus acciones deberían ser calificadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia, subrayando que no hay espacio para la ignorancia deliberada en la gestión pública.

SEC: Defendamos el presupuesto de la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El SEC hace un llamado a los sectores estudiantiles, administrativos y a todo el país para defender el presupuesto de la educación pública los días 28 y 29 de agosto. El objetivo es evitar el recorte presupuestario del 4% en educación.

En un contexto de crisis educativa sin precedentes en Costa Rica, se ha gestado una respuesta política significativa con el objetivo de salvaguardar y fortalecer el sistema educativo público del país. La reunión política abierta del Pacto Nacional por la Educación Pública, realizada el 6 de agosto de 2024 en la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), representa un momento crucial en este proceso. Este ensayo examina el contexto y los antecedentes de esta reunión, así como las implicaciones de la jornada de lucha acordada para el 28 y 29 de agosto.

La crisis educativa que enfrenta Costa Rica en la actualidad es la más grave de los últimos 40 años. Este deterioro ha generado una preocupación generalizada entre diversos sectores de la sociedad, evidenciando problemas profundos en la calidad, accesibilidad y universalidad de la educación pública. Esta situación ha movilizado a organizaciones del magisterio, federaciones estudiantiles y universidades públicas, que se han unido para abordar la crisis y buscar soluciones efectivas

La reunión del pasado 20 de junio de 2023, las entidades suscribieron un documento político que marcó el inicio de un proceso de colaboración para enfrentar la crisis educativa. El objetivo principal de este acuerdo es establecer un Pacto Nacional por la Educación Pública, que asegure la universalidad, pertinencia, gratuidad y calidad de los servicios educativos. Este pacto se considera esencial no solo para la estabilidad del sistema educativo, sino también para la democracia, la paz social, la libertad política y la movilidad social en Costa Rica.

La reunión del 6 de agosto de 2024 fue un hito en el proceso de consolidación del Pacto Nacional por la Educación Pública. Este encuentro fue convocado para reactivar el proceso de manera más inclusiva, incorporando una mayor participación de distintas organizaciones sindicales y movimientos sociales. El objetivo era definir acciones articuladas para la defensa de la educación pública y establecer una agenda que pueda incidir en diversos espacios de lucha y propuestas, como la mesa de trabajo educación del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.

Durante la reunión, se destacó la importancia de unir esfuerzos y superar la dispersión para fortalecer el movimiento en defensa de la educación pública. La sesión enfatizó que no sería la única, y subrayó la necesidad de buscar puntos de encuentro y colaboración entre los actores involucrados. Este enfoque inclusivo y colaborativo busca movilizar a la sociedad para enfrentar la crisis educativa y los desafíos relacionados.

Como resultado de la reunión, se acordó una jornada de lucha para los días 28 y 29 de agosto de 2024. Esta jornada tiene como objetivo presionar por la preservación del presupuesto educativo y abordar cuestiones críticas relacionadas con la seguridad social y alimentaria, elementos clave del Estado Social de Derecho. La jornada se articula en dos niveles: una movilización nacional el 28 de agosto y movilizaciones regionales el 29 de agosto. La intención es generar un impacto significativo y visibilizar la urgencia de la situación educativa en diferentes contextos regionales.

La jornada de lucha programada es una manifestación clara del compromiso de diversos sectores por la defensa de la educación pública en Costa Rica. La respuesta colectiva y organizada a la crisis educativa es fundamental para lograr cambios significativos en el sistema educativo. La participación activa de organizaciones del magisterio, federaciones estudiantiles y otras agrupaciones es esencial para presionar a los responsables de políticas y garantizar que se adopten medidas adecuadas para abordar la crisis.

El éxito de estas acciones dependerá de la capacidad de los diversos actores para colaborar de manera efectiva, superar divisiones y mantener un enfoque común en la defensa de la educación pública. La jornada de lucha no solo representa una oportunidad para expresar descontento, sino también para movilizar apoyo y fomentar un diálogo constructivo sobre el futuro de la educación en Costa Rica.

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Amenazas reales y falsas sobre el futuro de la humanidad

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Miguel Sobrado

Las amenazas reales

Tomada de la Revista CR

En el mundo que vivimos crecen olas de pesimismo sobre el futuro de la humanidad. Por una parte, acecha el cambio climático, que golpea cada vez con mayor crudeza en diversas partes del planeta, al mismo tiempo que se agotan los suelos y se contaminan los mares, dejando la pesca sin controles efectivos lo que amenaza el abastecimiento de los recursos marinos.

Los presupuestos de las grandes naciones, mientras tanto, se orientan a concentrar las esferas de poder, priorizando los gastos en armamentos y guerras descuidando la importancia de estas amenazas para el futuro de la especie.

Las amenazas sin sustento inducidas por los medios masivos

Por otra parte, se afirma, partiendo del crecimiento y envejecimiento poblacional, que no habrá pensiones ni estabilidad social para las actuales generaciones debido a la falta de recursos. Esto se ve reforzado por el resquebrajamiento de la estabilidad que gozaban antes las clases medias, el desplazamiento de la mano de obra física y administrativa, por la tecnología y los robots. Todo esto asociado al incremento de los trastornos mentales, especialmente después de la pandemia.

Sin embargo, la contaminación y el cambio climático son amenazas reales, que deben y pueden ser enfrentadas con los recursos existentes, por una organización de Naciones Unidas efectiva, que reoriente los recursos que se gastan en los juegos suicidas de poder militar y se dediquen a la defensa de la humanidad frente a los peligros que la acechan. Este tema trasciende los alcances de este artículo, ya que implica cambios importantes en la organización mundial, pero tiene fundamento en los elevados presupuestos militares existentes.

Las otras amenazas sobre la falta de respaldo para el bienestar de las actuales generaciones y un futuro amenazador sobre los fondos de pensiones por el incremento poblacional y el crecimiento del porcentaje de personas mayores, con el que se imprimen temores y desesperanza, no tiene como veremos más adelante sustento, si reorganizamos los recursos.

Es falso que nos aboquemos a un desastre económico

Para analizar la realidad debemos de partir de los datos concretos. No es cierto que el incremento poblacional nos haya hecho más pobres. Es cierto que la población mundial paso de 2.5 mil millones de habitantes en 1950 a 8000 millones en 2023, pero el Producto Interno Bruto por habitante del planeta paso de US$ 1974 en 1950 a US$ 12.900 en 2023. O sea, año con año a pesar del crecimiento desbordante de población, creció la riqueza por persona. Claro que este fenómeno ha sido acompañado de un incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso. En general, el índice de Gini para el mundo ha fluctuado, con un aumento notable en la desigualdad desde los años 80.

Lo que sí es una realidad, es la ideología neoliberal que nos despoja de nuestro carácter gregario y nos hace ver como individuos aislados responsables de nuestra desgracia.

El problema de América Latina

América Latina por su parte presenta el mayor índice de desigualdad del planeta donde el 10% más rico concentra el 55% de los ingresos, superando incluso a otras regiones del planeta como el África subsahariana, la más pobre, donde el 10% más rico acumula el 37% de los ingresos. En las listas internacionales de crecimiento económico América Latina, a pesar de sus riquezas, ocupa por su organización política que mantiene en la exclusión histórica una parte considerable de su población, la última posición en el mundo.

El desarrollo de la ciencia y la tecnología y más recientemente la Inteligencia Artificial, perfilan un incremento acelerado de los ingresos para quienes aprovechen los avances especialmente la inteligencia artificial, con un desplazamiento simultáneo de la mano de obra no calificada y reactiva a los cambios. Este desplazamiento será especialmente peligroso en América Latina por la debilidad de su calidad y cobertura de sus sistemas educativos y el poder creciente del narcotráfico que se nutre de la pobreza y la exclusión social.

Como se puede apreciar existen peligros importantes para la estabilidad del planeta y de nuestra región, que demandan visión y políticas públicas de inclusión social. Recursos existen, pero demandan recuperar nuestro carácter gregario, para ejercer una acción sobre el sistema político y social creando un reordenamiento de los ingresos y de políticas públicas sobre todo en el campo de la educación y capacitación, que contribuyan a reducir la exclusión social. Incorporando al mismo tiempo los conocimientos ancestrales que pueden contribuir a la preservación del ambiente e incorpore a los excluidos, debidamente organizados con autonomía real, sin manipulaciones clientelistas, a la creación de una nueva cultura de esperanza.

Desigualdad en América Latina y el Caribe ¿Cómo estamos?

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Observatorio de Bienes Comunes

Aprovechamos la publicación del informe «EconoNuestra Es tiempo de una economia para todas y todos» publicado por OXFAM para poner en común las tendencias socioeconómicas que están caracterizando a nuestra región.

Según el informe, América Latina y el Caribe siguen siendo la región del mundo con mayor polarización entre la riqueza concentrada y la pobreza. Sólo un dato, el 1% de la población concentra 43.5 de cada 100 dólares, en cambio, el 50% más pobre concentró apenas 0.8 de cada 100 dólares.

Esta tendencia, se ve apoya por la existencia de un sistema tributario injusto, que permite al 1% más rico de la región, pagar proporcionalmente menos impuestos que el 50% más pobre. Es decir, «estamos ante sistemas que no reducen la brecha de desigualdad, sino que por el contrario las incrementa» concluye el informe.

Este informe nos recuerda condiciones estructurales de la región que siguen marcando esta tendencia (Oxfam, 2024):

  • Desarrollo económico basado en materias primas: dependientes y vulnerable a ciclos internacionales, ha provocado la erosión de la calidad de vida de las comunidades y los beneficios han sido concentrados por élites económicas.
  • Reconcentración del poder en una reducida élite.
  • La reforma del Estado impulsada desde la década de 1980, ha «legitimado» la acumulación y riqueza de sectores minoritarios.

La tarea pendiente para enfrentar este contexto pasa por el compromiso por profundas transformaciones para responder por un lado a los impactos de la crisis que ya están presentes y por otro lado, transitar hacia otro modelo orientado a (Oxfam, 2024):

  • Políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades interseccionales.
  • Promoción de la justicia climática.
  • Políticas que promuevan la corresponsabilidad del trabajo de cuidados.

Como parte de los insumos para reflexionar este contexto, les compartimos esta infografía con los principales datos de este escenario de desigualdad que atraviesa nuestras sociedades.

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