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Etiqueta: desmercantilización

Sobre los límites morales de la mercantilización de la vida como cuestión política

Alejandro Guevara Arroyo

Los mercados son un conjunto de prácticas humanas colectivas e interrelacionadas. Mediante estas prácticas producimos y distribuimos bienes de mercado: cosas sociales que apreciamos adquirir y poseer. Los mercados son, más específicamente, instituciones sociales (como también lo son las familias, los jueces o los sistemas de tránsito). En un sentido que aquí no interesa profundizar demasiado, puedo agregar que las decisiones que se dan en dichos espacios parecen estar regidas por lo que solemos llamar “negociación” (no es, por cierto, la única forma de tomar decisiones colectivas).

Michael Sandel sugiere una hipótesis socio-histórica plausible. Según él, durante las últimas décadas las sociedades occidentales han ampliado considerablemente los ámbitos de la vida en los cuales las decisiones se toman siguiendo las reglas y valores característicos de los mercados. Hoy todo parece estar a la venta o a punto de estarlo: nuestro espacio público, nuestros servicios básicos, nuestros cuerpos, etc. Da la impresión de que estamos a un paso de ese “pound of flesh” que escribe Shakespeare en El mercader de Venecia. Incluso en aquellos casos en donde no aceptamos exactamente que un ámbito de la vida se rija como un mercado, nos descubrimos pensando y actuando en términos característicamente mercantiles (por ejemplo, de costo-beneficio). Así, hemos ido mercantilizando cada vez más espacios de nuestra vida.

Ahora, ¿por qué deberíamos preocuparnos por ello? Desde cierta forma de visión economicista, no hay nada malo en ello. En tanto se amplía la producción de bienes y se alcanzan equilibrios económicos estables, no deberíamos, como sociedad, preocuparnos mucho por esta transformación.

Existe, sin embargo, otra manera de ver el asunto. Pensadores contemporáneos como Debra Satz y el ya citado Sandel piensan que este proceso tiene relevancia ético-moral y, también, que la cuestión de los límites morales del mercado es de índole política. Sandel señala dos razones fundamentales por las que deberíamos reconsiderar la mercantilización de nuestra vida.

La primera razón es que la mercantilización agrava el peso moral de la desigualdad económica y marca la injusticia de las condiciones sociales que la causan.

A primera vista, si el abolengo económico sólo determina el acceso a bienes de lujo, como yates o autos de oro, no hay en juego asuntos morales demasiado importantes. Eso es asunto de cada quien. Como mucho, podríamos decir con Adolfo Bioy Casares que “en todo lujo palpita un íntimo soplo de vulgaridad”. Empero, si el abolengo económico determina el acceso a los bienes que configuran las condiciones indispensables para construir una vida digna, la desigualdad en la distribución de las oportunidades de acceso a ellos se transforma en un asunto de prioritaria importancia en términos de justicia social (y de interés ético-político).

Aquí podemos pensar, ante todo, en aquellos bienes que conforman las precondiciones para que una persona contemporánea pueda florecer, es decir, llevar una vida con plenitud (me viene a la mente la palabra griega eudaimonía, que a veces se traduce como felicidad).

El disfrute de estos bienes conforma, además, un umbral mínimo de ciudadanía: un piso básico de derechos imprescindibles para que la persona pueda integrarse y actuar, en tanto ciudadana, como miembro pleno de una comunidad política democrática. Acá la premisa normativa de fondo es clara: si un bien es condición para el ejercicio efectivo de la ciudadanía democrática, entonces su acceso no debería depender exclusivamente de la capacidad de pago en el mercado. Debería estar constitucionalmente garantizado.

En el listado necesario de dicha clase de bienes, incluyo:

(a) El acceso oportuno a servicios de salud de calidad, que permitan a la persona llevar su vida sin sufrimientos internos graves;

(b) El acceso a una educación que no sólo construya capacidades profesionales idóneas para el ‘ascenso material’ sino, también, las disposiciones necesarias para elegir las maneras en que cada quien concibe y busca construir una vida buena y para posicionarse en las cuestiones sociales de interés político;

(c) Un espacio saludable en el cual descansar y gozar de la privacidad suficiente para llevar adelante esas dimensiones de la vida buena que la requieren, incluyendo el diálogo y la reflexión cívica.

Por supuesto, este listado es una cuestión ético-política debatible. Pero el punto central es que su acceso a todas las personas no puede quedar librado a las prácticas de mercado, sino que la asignación de estos bienes debe apelar a criterios no mercantiles de distribución y contar con garantías institucionales y jurídicas de cumplimiento.

El segundo motivo es que, al mercantilizar una dimensión de la vida, se corre el peligro de corromperla. Para comprender este punto, basta notar que las prácticas y concepciones que dan forma a nuestras vidas tienen ciertas características y tienden hacia ciertas finalidades. En otras palabras, podemos ver nuestras prácticas como aspirando a realizar ciertos valores. Prácticas y valores se integran así en un todo bastante compacto.

Pues bien, al mercantilizar una práctica no mercantil, se rompe esa fina unidad y se corre el peligro de que se transforme en otra cosa. “Los mercados dejan su marca”, dice Sandel, sobre los bienes y prácticas. Las formas de vida mercantilizadas podrían conservar una apariencia semejante a la de las prácticas no mercantiles, pero debajo de ella habrá cambiado mucho y, a veces, todo. En particular, ciertas prácticas (como la amistad, la actividad cívica, el buen trato a otras personas) poseen un valor intrínseco o cívico cuyo significado se deforma cuando es reinterpretado sólo en clave mercantil.

También por esta razón vale la pena, entonces, reconsiderar la mercantilización de nuestra vida. Por supuesto, qué prácticas en particular merecen ser preservadas de dicha corrupción mercantil no es algo obvio. Hay razonables desacuerdos sobre cuáles valores merecen ser protegidos y qué es característico de cada práctica. En una comunidad política democrática, decidir sobre estos asuntos es propio del debate político ciudadano.

Discutir los límites ético-morales del mercado probablemente nos lleve a la conclusión de que resultaría deseable revertir, en muchos ámbitos, ese proceso. O sea: deberíamos desmercantilizar nuestra vida (la noción de “desmercantilización”, hasta donde sé, fue originalmente formulada por Esping-Andersen). Lo que debe quedar claro es que la mercantilización no es una fuerza de la naturaleza, algo inevitable. Decidir razonablemente sobre estos asuntos es, por ello, materia de reflexión política y rediseño institucional.

Nota: Este documento recibió una corrección ortográfica y de coherencia gramatical mediante el instrumento chatgpt. El autor revisó el producto de manera íntegra.

Boaventura de Sousa en la UCR: Universidades públicas deben desmercantilizarse, descolonizarse y despatriarcalizarse

  • Boaventura de Sousa se presentó en la UCR para conmemorar los 100 años de la Reforma de Córdoba

Boaventura de Sousa en la UCR Universidades publicas deben desmercantilizarse
El Dr. Boaventura de Sousa está de visita en la UCR como parte de la celebración del centenario de la Reforma de Córdoba. Durante la actividad, la Mag. Marjorie Jiménez, vicerrectora de Acción Social, presentó el Manifiesto de la Universidad de Costa Rica en el contexto de conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Como parte de la conmemoración del centenario de la Reforma de Córdoba, el Dr. Boaventura de Sousa Santos ofreció una conferencia en el Teatro Popular Melico Salazar, que organizó la Universidad de Costa Rica (UCR), en la que hizo un profundo análisis sobre la manera en la que debe entenderse, en el momento actual, el manifiesto que se firmó en 1918, y cómo realizar una democratización de alta intensidad en las universidades públicas.

Para de Sousa, esta democratización consiste en desrmercantilizarla, descolonizarla y despatriarcalizarla, diferentes tareas que hay que hacer y que deben darse con luchas distintas, pero de manera articulada.

Una universidad cuando empieza a descolonizarse debe rever su historia, debe entender que no hay un solo conocimiento válido, si no múltiples conocimientos de múltiples fuentes. Deben verse como espacios polifónicos donde hay variedad de voces con una coexistencia muy fuerte, para transformarse en “pluriversidad”.

No obstante, el embate del neoliberalismo será muy fuerte y para llegar a ese punto se tienen que buscar alianzas, pues el Estado dejó de ser un aliado de las universidades públicas.

“Las universidades tienen que buscar alianzas alternativas, y no es arriba, es abajo”. Tienen que demostrar que son espacios distintos, que no es ahora por oportunismo o por sobrevivencia que se buscan estas alianzas, si no que han entendido que su misión está en trabajar para la emancipación social, ya no de la clase media, sino de las personas más pobres, de los pueblos afrodescendientes y de los indígenas, lo que significa un proceso mucho más amplio, pues es ahí donde está su vocación.

¿Cuál es el contexto que nos obliga a pensar bien y a celebrar con mucha fuerza este manifiesto y este centenario?, preguntó el sociólogo portugués. Su respuesta fue enfática en destacar varios puntos, de lo que él llamó el “contexto brutal de nuestro tiempo”.

Así, explicó que el Estado ha sido reconfigurado para servirse de los intereses del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado. Señaló, además, que el Estado es un campo de disputa lleno de contradicciones, y esas contradicciones han sido históricamente las luchas por el bien común.

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La conferencia del Dr. de Sousa se llevó a cabo en el Teatro Popular Melico Salazar. – foto Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

Otro proceso del que habló fue el vaciamiento de la democracia, que se da cuando lo que antes era inversión ahora se ve como gasto.

“Cuando se destruyen o erosionan los derechos sociales y económicos, emerge lo que hoy llamo fascismo social. Las sociedades son políticamente democráticas, pero son socialmente fascistas”, sentenció.

 

“Lo que estamos pasando ahora es que el neoliberalismo quiere un Estado sin contradicciones, que esté totalmente a su servicio, que privatice, que liberalice, que desregule, para servir mejor a los intereses del capital. Esto de desfigurar el Estado es fundamental para entender lo que está pasando”.

Boaventura de Sousa

Agregó que hoy en día existe la recolonización de la diferencia. El racismo, la xenofobia, la islamofobia son nuevas formas de colonialismo que están ampliamente instauradas en la sociedad actual.

“Vivimos en sociedades donde la dominación tiene tres cabezas: capitalismo, colonialismo y patriarcado, y ellas están bien articuladas; nuestro drama es que la resistencia sigue fragmentada”.

¿Cuál es el impacto de todo esto en la universidad pública?

Desde hace 30 años, cuando el neoliberalismo empiezó con fuerza, la universidad pública comenzó a ser atacada y se convirtió en el gran blanco de los gobiernos conservadores. Esto sucede porque las universidades han sido históricamente el centro de la producción del pensamiento libre, crítico e independiente, y de la construcción de un proyecto nacional, aspectos que hoy no caben dentro del proyecto neoliberal.

Según de Sousa, este ataque se ha expresado en tres fases distintas. La primera, cuando se le pide a las universidades producir lo que el mercado exige. En segunda instancia, cuando se propone que la universidad sea ella misma un mercado y surgen los rankings, herramientas fundamentales para mercantilizarla. Por último, la fase en que se encuentran actualmente muchas universidades, en que la institución debe ser gobernada como una empresa y se aboga por eliminar la gratuidad.

“¿Podemos defenderla con base solamente en el Manifiesto de Córdoba? Es un instrumento brutal, es un patrimonio fundamental como mayo del 68, pero tendremos que ir más allá”, recalcó.

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Manifiesto de la Universidad de Costa Rica en el contexto de conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba

San José, 24 de abril 2018

Nos encontramos en la antesala de la conmemoración de los 100 años del Manifiesto de Córdoba, proclamado por la juventud estudiantil cordobesa, en Argentina, el 21 de junio del 1918. Aquella revuelta estudiantil inspiró todo un movimiento de transformación de las estructuras y del concepto mismo de universidad en América Latina y el mundo, hasta entonces controladas por las oligarquías y el clero.

El movimiento estudiantil de la época, cansado de ver cómo su casa de estudios era dominada por el dogmatismo religioso y por una jerarquía autoritaria y excluyente, luchó por una mayor participación en la toma de decisiones, el mejoramiento académico, la libertad de cátedra y el respeto a la diversidad de credos, pensamientos y tendencias científicas y filosóficas. Hace 100 años, las y los estudiantes, que hoy nos empeñamos en recordar, marcaron el camino de la libertad y el sueño. Esta lucha estudiantil gestó un gran impacto sociocultural y político que definió, a la vez, un perfil de universidad latinoamericana.

De acuerdo con la perspectiva de esta novedosa reforma, las universidades no podían seguir siendo claustros “donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaran la cátedra que las dictara”. Había que escoger entre la universidad de las élites y la universidad de la autonomía, la libertad de cátedra y el cogobierno estudiantil. Pero, aunque la Reforma de Córdoba significó un gran avance, todavía hoy podemos decir que “los dolores que quedan son las libertades que faltan”. Mientras algunos sectores poderosos de la sociedad le continúan reclamando a la universidad que se comporte como una vieja “torre de marfil”, esa entidad señera, depositaria y reproductora del saber que se vierte hacia las comunidades, henos aquí, por nuestra parte, queriendo recoger, 100 años después, aquella estafeta del cambio y la transformación, de la renovación y la lucha.

Es cierto que la universidad presenta internamente las características de la sociedad que la cobija: sus mismos grupos sociales, sus conflictos, su estructura, sus diversas ideologías, sus procesos, sus virtudes y sus defectos, sus objetivos y sus fines. Sin embargo, eso no nos exime de adoptar una mirada crítica; por el contrario, el bien común se nos torna hoy, como nunca antes, el camino y una tarea obligatorios. No le corresponde a la universidad cambiar unilateralmente a las comunidades; dado que la universidad y las personas que la conforman son parte intrínseca de la realidad que miran y desean transformar, su mirada y su acción han de ser horizontales, de respeto, de igualdad y de humildad. Las comunidades, y sobre todo los sectores más desposeídos, deben ser el espejo en el que la universidad se mire, así se torne doloroso reconocernos en el reflejo. La universidad ha de ayudar, en consecuencia, en la interpretación de los sentimientos y necesidades de los más diversos grupos sociales, pero especialmente de los excluidos, y, de esa manera, contribuir a su desarrollo, no solo material, sino también espiritual y humano.

Tenemos la obligación de hacer que nuestros sueños no sean solo nuestros, también tenemos que aprender a hacer propios los sueños de los otros. ¡Qué no quede conocimiento sin reconocimiento dentro de las universidades, qué no mutilemos los saberes de mujeres y hombres de las comunidades urbanas y rurales, o desdeñemos su paso frente a las puertas de la universidad! Si queremos defender la educación superior como un bien público de acceso universal, debemos pensarnos como tejidos de una gran red interrelacionada. Esto implica volver los ojos a aquella vieja raíz del concepto de universidad: ese lugar donde todas las personas encontremos un espacio y podamos dimensionarnos en la medida de las ilusiones compartidas. Por ello, para defender la universidad pública desde la acción social transformadora, es necesario ir más allá de las actividades asistencialistas, de promoción y de divulgación interna universitaria. Debemos replantearnos, una y otra vez, la manera en que hacemos y entendemos la acción social. Significa, una vez más, asumir un compromiso en el proceso de transformación, sin importar si somos graduados, graduadas, docentes, estudiantes, funcionarios o funcionarias administrativas, o habitantes de las comunidades de nuestro país.

En los nuevos contextos sociales, nacionales y globales, nuestra acción social no puede estar constituida por la suma de proyectos aislados. No podemos contentarnos con mirar la sociedad desde la perspectiva frívola y aséptica de quien solo observa. Debemos trabajar juntos y juntas en el abordaje integral y estratégico de los problemas, y ver las situaciones como síntomas de situaciones más profundas y complejas. Tenemos, también, que desarrollar la capacidad de hacer nuestros los sufrimientos y los traumas ajenos. El mundo de hoy nos obliga a atender nuevos contextos económicos, sociales, políticos, científicos, tecnológicos, culturales y ambientales emergentes, pero también nos obliga a reivindicarnos herederos de los saberes ancestrales y cotidianos de los sectores tradicionalmente oprimidos, provenientes de sus experiencias vitales de resistencia y lucha. Al fin y al cabo, es acaso allí donde cotidianamente adquiere sentido y fuerza lo que hacemos en la universidad.

Es verdad, por otra parte, que asistimos a una revolución tecnológica apabullante, cuyas consecuencias apenas vislumbramos. La universidad y las comunidades, si no quieren quedar peligrosamente rezagadas, han de enfrentarse a ese proceso decididamente, para incorporar lo nuevo sin sacrificar lo autóctono, para avanzar en el conocimiento y la gestión de los nuevos instrumentos técnicos sin sacrificar principios y subjetividades, y para asumir el control del avance sin caer en la condición de consumistas acríticos de la avalancha tecnológica. Debemos prepararnos para el mundo del mañana, pero sin perder de vista, como aquel extraño ángel de la historia de Walter Benjamin, las ruinas que el progreso va dejando a su paso. Este no es un reto menudo; es, de hecho, un gran desafío. Por eso, ocupamos construir el futuro conjuntamente: hacer a un lado, en colectivo, los obstáculos más obtusos y escabrosos del camino. Todas las actividades de la universidad pública deben, en función de ello, tener como centro la búsqueda del bien común, sea mediante la docencia, para formar personas comprometidas con la excelencia y con la solidaridad; mediante la investigación-acción, para generar nuevos conocimientos que enriquecen la cultura y procuran comprender nuestra realidad natural y social, o bien mediante la fuerza vital y luminosa de la vida estudiantil. Debemos reafirmar un modelo de universidad democrático y democratizador, que enfrente la desigualdad y la inequidad, así como la tendencia a la especialización de un saber cada vez más ajeno a los sectores populares y empobrecidos a los que nos debemos.

A 100 años de la Reforma de Córdoba, la Universidad de Costa Rica levanta la voz de nuevo, reivindicando todo el quehacer universitario, y sobre todo, la acción social o extensión como una práctica transformadora y liberadora articulada íntimamente con la docencia y la investigación. Las comunidades del futuro deberán seguir alimentando a las universidades públicas no solo con los recursos necesarios para su funcionamiento, sino con el cúmulo de saberes y conocimientos que le otorgan vida y sentido. No permitamos que la universidad vuelva a ser ese polvoriento claustro, abierto únicamente a intereses mercantiles. Luchemos por una universidad que, al contrario, haga espacio a la ternura y la esperanza de todas las personas. Debemos posicionar en las agendas universitarias acciones concretas para la construcción de una universidad de los saberes, entendida como un espacio de construcción de nuevos conocimientos y caminos de emancipación, que permita profundizar la democracia, desmercantilizar la vida, descolonizar y eliminar el racismo y el etnocentrismo, eliminar todas las formas de sexismo y discriminación, así como la construcción de un concepto de solidaridad basado en el concepto de bien común y en la generación de una calidez y respeto entre las personas de estas hacia la naturaleza.

Hoy, desde Costa Rica, en este abril del 2018, sumamos nuestras voces a las voces estudiantiles de la Universidad de Córdoba, quienes lucharon por la universidad sin ataduras que todavía hoy soñamos. Prolongamos sus voces en nuestras voces con la esperanza de que, en nuestro concepto actual y futuro de universidad, la acción social brille como praxis defensora e impulsora de una educación pública para todas las personas.

Defendamos las universidades y la acción social porque aunque “los dolores que quedan son las libertades que faltan”, nos sobran manos, paredes, miradas para reescribir nuestra historia, nos sobran el viento, la luz, la tierra para sembrar certidumbres y arrebatar verdades, nos sobra el movimiento para no estancarnos y dar todo por ganado. Tenemos oscuridad para convertirnos en centellas, color, en vida. Tenemos abrazos para palpar y amasar los muros. Tenemos puños, empeines, talones para golpear aceras y hacer caminos. Tenemos gargantas, dientes, boca para morder las palabras que nos amarran. Tenemos fuerza, esperanza, pinceles para escribir una y otra vez que nos quedaremos aquí, siempre, hasta cuando no nos sobren los dolores y no tengamos libertades que nos falten.

Andrea Marín Castro

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Ejes de una política económica transformadora

Ideas para ir creando condiciones para el surgimiento de nuevas relaciones sociales incluyentes y responsables

Sergio Reuben Soto
Sergio Reuben Soto.

 

Sergio Reuben Soto

 

Presentación

I.- La necesidad de remplazar las relaciones sociales que dan pie a nuestras sociedades, es cada día más patente. Los resultados de las más recientes elecciones en distintos países de América Latina y, en general en el resto del mundo, ponen en claro la importancia que los pueblos le están dando a una transformación sustantiva de las instituciones sociales, políticas y económicas que definen el actual modelo de organización social de sus países.

Pero no sólo es ese resultado el que ha puesto de manifiesto este deseo; el reclamo desde diferentes sectores, foros ciudadanos y movimientos sociales del deterioro de los valores éticos que aseguran una convivencia más pacífica, participativa, equitativa, cooperativa y solidaria, en una parte del empresariado nacional y residente, así como en una parte de los funcionarios públicos, es otra de las manifestaciones elocuentes de esta necesidad.

Por otra parte, las dificultades que ha encontrado en los últimos años nuestras organizaciones sociales para superar indicadores de bienestar, de convivencia, de modernidad, de igualdad, fundamentales para brindar a todos los ciudadanos de ambos sexos las oportunidades que los avances científicos y técnicos ofrecen a la humanidad, ponen de manifiesto las limitaciones administrativas, de gestión, de emprendimiento, de organización, que padecen nuestras sociedades.

Asimismo, y no por ello menos importante, las justas y ya históricas pretensiones de los pueblos por impulsar una sociedad más armónica con la naturaleza, más coherente con las necesidades de la biosfera y con una explotación racional de los recursos naturales existentes y más responsable con las futuras generaciones, están siendo amenazadas por un sistema de producción y consumo, cuya racionalidad vital inherente responde únicamente a indicadores de acumulación de riqueza.

II.- Desde Marx, han sido múltiples los científicos, filósofos, historiadores, sociólogos y economistas que reconocen las relaciones sociales que organizan la producción y el reparto del producto colectivo de una sociedad, como las medulares, cuando no fundamentales, del conjunto de relaciones que regulan el comportamiento social.

De esta manera, me parece importante elabora un ejercicio de formulación de políticas económicas que busquen generar algunas condiciones especiales en el sistema de relaciones capitalistas que regulan la producción y la distribución del producto social en nuestros países. Condiciones especiales que abran oportunidades para el surgimiento de nuevas relaciones sociales menos determinadas por las necesidades de la acumulación de capital.

No pretendemos con ella, como podrían pensar algunos, definir una propuesta exhaustiva y completa de un modelo económico a implantar. Muy lejos está nuestra postura de una pretensión preponderante de este género. Más bien pensamos que será la iniciativa privada individual, la inventiva y creatividad de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, desde sus distintas actividades, posiciones y creencias en la sociedad, las que se encargarán de engendrar las nuevas relaciones sociales que darán pie a la sociedad más justa e inclusiva con que sueñan.

Ese libre albedrío, esa creatividad e innovación patentes en nuestros ciudadanos con todas sus diversidades culturales, están enmarcados (como ha sido desde los inmemoriales tiempos en que la humanidad se organizó en hordas) en unas relaciones sociales históricamente definidas, que aseguran una coherencia interna básica de toda la organización.

El problema en que se debaten nuestras sociedades americanas –y, creemos nosotros, una inmensa mayoría de sociedades en el mundo contemporáneo– es que el conjunto de relaciones sociales que definen hoy día esa coherencia interna de las normas de convivencia, está limitando (cuando no impidiendo) el debido desarrollo (ajustado a las condiciones actuales de la humanidad) de la iniciativa y de la creatividad individual y colectiva.

La forma en que se organiza la producción social y su reparto entre la sociedad, está determinada de manera importante por la propiedad de los medios de producción en los que los ciudadanos, hombres y mujeres, aplican su trabajo físico e intelectual. Hoy día, son los dueños de estos medios, basados en criterios asociados fundamentalmente con la maximización de las tasas de retorno de sus inversiones, los que determinan la orientación en los próximos ejercicios económicos, que le darán a esos medios y al excedente generado por ellos en ejercicios anteriores. De esta manera, la lógica del capital, o de los medios de producción y trabajo apropiados privada o corporativamente, define un proceso de producción y de distribución del producto social típico, exclusivo, especial; influido sustancialmente por la forma en que esos medios se orienten y se utilicen según las decisiones adoptadas por sus dueños y por sus dueñas.

Esas decisiones, sin embargo, no siempre responden a los intereses y necesidades de la sociedad en su totalidad, especialmente cuando los intereses corporativos controlan las fuerzas de la competencia en el mercado. Así, esta lógica del capital que determina el uso de los recursos productivos de las sociedades, tiende a cierto plazo, con movimientos contradictorios, a rompimientos del proceso productivo y al uso ineficiente e ineficaz de esos recursos según los mejores intereses colectivos. Estos rompimientos en el proceso productivo y el uso ineficiente e ineficaz de los recursos escasos de nuestras sociedades, resultan en crisis económicas que provocan pobreza, miseria y descontento social y limitan seriamente la capacidad de nuestra sociedad de garantizar a los pobladores de su territorio, las condiciones de vida básicas correspondientes a la época.

Presentamos pues, en seguida, los ejes principales que buscan definir las políticas económicas, monetarias y fiscales que favorezcan el surgimiento de relaciones sociales más equilibradas. Con ellos se busca reorientar la estructura de relaciones de producción de nuestras sociedades, de manera que la lógica del capital ejerza una menor influencia en la organización productiva y de reparto del producto social, y así liberar la iniciativa privada de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y empresarias, públicos y privados, de las limitaciones que ahora impone el capital; para que puedan desarrollar las nuevas relaciones sociales que definirán una sociedad más justa, equitativa, equilibrada, ecológica, responsable con el ambiente y con las futuras generaciones.

Propuesta de ejes principales

1.- Un mercado libre, con regulación estatal allí donde la concentración de capital genere efectos sociales adversos. El mercado, la iniciativa privada y la competencia –en el marco de las relaciones de producción existentes– suelen generar efectos sociales positivos, pero la lógica del capital tiende al control corporativo de éstos eliminando su capacidad de orientar efectiva y eficazmente los recursos escaso entre las necesidades sociales. Allí donde el mercado falla el Estado deberá intervenir, para proteger los intereses del trabajador, de los consumidores y, en general los intereses del común. El Estado velará por el reconocimiento de externalidades, actuará en contra de prácticas monopólicas, e intervendrá para que los agentes de mercado (productores y consumidores) tengan acceso a información completa y fidedigna entre otros objetivos.

2.- Equilibrio dinámico del gasto público. El gasto y la inversión públicos, tanto del gobierno como de las empresas e instituciones estatales, será programado en función de las condiciones de la economía nacional. El propósito fundamental de éste gasto e inversión será a) una adecuada redistribución del excedente nacional y de los aumentos de la productividad, b) acciones anti cíclicas de la acumulación de capital a escala nacional e internacional, c) pertrechado de medios de producción y trabajo para el Estado y sus empresas e instituciones, d) fortalecimiento e impulso del sector de economía social y e) impulso y fortalecimiento de las MIPYMES.

3.- Un sistema tributario justo y responsable. El sistema tributario deberá cumplir tres funciones: a) una función de redistribución de la riqueza, basada en un sistema tributario progresivo y capaz de generar recursos suficientes para que el gasto y la inversión pública favorezcan la igualdad de oportunidades para toda la población, b) una función interventora, basada en la capacidad de los tributos para influir en las decisiones individuales con efectos sociales negativos (impuestos a la contaminación, impuestos al consumo de productos dañinos para la salud, exoneraciones para actividades económicas generadoras de empleos de calidad, etc.)

4.- Democratización de la producción: impulso y fortalecimiento del sistema de economía social. Adecuación del sistema tributario para favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas comunitarias, cooperativas y colectivas. Adecuación del sistema de compras estatales para darle más posibilidades de participar en las licitaciones públicas a las empresas de este sector. Orientar el sistema bancario del estado por medio de la banca de desarrollo para apoyar a estas empresas. Reorientar el sistema estatal y paraestatal de promoción de exportaciones y captación de recursos externos para favorecer a este sector. Crear un sistema de educación que abarque los distintos niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, que forme a los estudiantes en el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el Estado y la empresa privada. Creación de una institución nacional para la transformación empresarial, que apoye técnica y legalmente a aquellos empresarios y trabajadores que transformen su empresa en una del sector de la economía social.

5.- Legislación para regular e impulsar empresas de capital mixto, privado y público, en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del país, particularmente en proyectos de gran envergadura en infraestructura vial y de transportes, portuaria, energética y de innovación técnica y científica.

6.- Desmercantilización de la producción de bienes y servicios fundamentales. Fortalecimiento y desarrollo de las empresas e instituciones públicas existentes. Estudio para la reestructuración administrativa y directiva, de manera que su desarrollo responda mejor a las necesidades futuras del sector que atienden y a la optimización de la calidad de los servicios o bienes que producen.

7.- Diálogo permanente, responsable y transparente con el sector privado, tanto con las cámaras empresariales como, y particularmente, con los empresarios organizados de sectores productivos afectados por la nueva política económica. Apoyo a las empresas que decidan convertirse en parte del sector solidario.

8.- Apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES. El apoyo a este sector buscará a) favorecer el empleo formal en estas empresas, b) favorecer las relaciones comerciales e industriales con empresas grandes nacionales y transnacionales y con el sector maquilero, con el objeto de generar encadenamientos productivos, c) favorecer con su desarrollo, la competencia en aquellos sectores donde el mercado se encuentre dominado por pocas empresas privadas, d) orientar a estas empresas hacia la formación de “complejos” cooperativos y colectivos de algunos servicios administrativos, exportadores, financieros, entre otros.

9.- Una política monetaria responsable orientada hacia el bienestar general. Búsqueda de un equilibrio beneficioso para los trabajadores, entre la cantidad de dinero disponible y el valor real de la producción. Una política cambiaria realista que favorezca el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. Una política monetaria orientada hacia la creación de empleo y de la inversión.

10.- Fortalecimiento de una contabilidad nacional que contemple las externalidades sobre el ecosistema, la producción doméstica históricamente no visibilizada por la desigualdad de género, las producciones artísticas. El reconocimiento del aporte económico de estas actividades implica trascender la lógica del capital, que solo considera valiosa la producción que genera ganancia monetaria.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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