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Etiqueta: despojo de tierras

Somos una extensión de nuestros ancestros: ¡La historia sí importa!

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore
Cahuita, Limón, Costa Rica

Preámbulo: Más allá del lugar de nacimiento, pigmentación de piel o de la nacionalidad, los pueblos afrodescendientes constituimos, de manera innegable, una prolongación viva de nuestros ancestros africanos.

La sociedad nos percibe de esa manera y dicha percepción repercute no solo en nuestra autoestima individual y colectiva, sino también en la formulación de políticas públicas que afectan directamente a nuestras comunidades.

En Talamanca la injusticia es aún más descarada: No sólo se han permitido los daños ambientales bajo la mirada complaciente del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), sino que además, esa misma entidad estatal entre otras, han consumado el despojo de tierras a familias afrodescendientes más grande de la historia del país (1960 – 2010).

Este atropello se hizo sin ningún proceso legal de expropiación ni la más mínima indemnización, en abierta y flagrante violación del ordenamiento jurídico nacional e internacional.

A esta situación se añade la desacralización de cementerios ancestrales, donde reposan los antiguos propietarios de esas tierras. Y añadiendo «insulto al despojo», se han dado el lujo de pisotear las tumbas de los desposeídos. – Si sos negro, ¿qué más tendrán que hacer para que digás basta?

Este hecho constituye, por sí mismo, una de las ofensas e irrespetos más graves y perniciosos que el Estado costarricense ha infligido a la población afrocostarricense del país.

Nuestra realidad solo se entiende mirando la historia. En la Trata Transatlántica (siglos XVI–XIX), el control más cruel fue arrancar a los esclavizados de su historia, su lengua y su cosmovisión. Ese desarraigo permitió que la esclavitud sobreviviera más de tres siglos.

Pero, aun en medio de tanta opresión, las comunidades no dejaron morir su memoria. Poco a poco fueron reconstruyendo los recuerdos de sus ancestros, rescatando prácticas culturales prohibidas, y de esa semilla brotaron los primeros movimientos de resistencia.

Estas rebeliones, que se intensificaron en el siglo XVIII en colonias como Jamaica, Haití y Surinam, fueron el resultado directo de esa toma de conciencia histórica. El punto culminante se evidenció en la Revolución Haitiana (1791–1804), cuando la reivindicación de los ancestros se convirtió en motor de libertad.

En este marco, debemos ser críticos ante la afirmación de que “el pasado no importa, solo el presente.” Adoptar esa perspectiva equivale a aceptar la ruptura con nuestra herencia ancestral, lo cual fortalece el statu quo y legítima narrativas distorsionadas de nuestras raíces.

Entre ellas, se han repetido falacias como que “los ancestros eran pobres y sin tierras porque eran indignos”, un discurso que busca erosionar la autoestima y la dignidad de los pueblos afrodescendientes. Reconectar con la historia ancestral no es un ejercicio nostálgico, sino un acto de resistencia cultural y política.

Preservar ese vínculo es un acto de resistencia: Significa no dejar que nuestra identidad sea borrada por narrativas impuestas ni por retóricas de interés ajeno. Significa sostenerla en la verdad histórica, en la dignidad de nuestro presente y en la continuidad invencible de nuestra memoria colectiva.

03/09/2025

¿Las personas no deseadas en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

No es lo mismo leerlo que haberlo vivido

Si nadie se los ha dicho antes, permítanme ser claro: Aunque algunos prefieran silenciarlo por vergüenza o conveniencia, esta es una verdad que llevo grabada en el alma, como un sello tribal destinado a transmitirse a las generaciones futuras.

Hasta bien entrada la década de 1940, las personas negras del Caribe, como mis padres, mis hermanos y nuestros antepasados, a pesar de haber nacido en el país, eran legalmente consideradas personas indeseables en Costa Rica

Esta no fue una categoría simbólica: Tuvo consecuencias reales y devastadoras. Se tradujo en el despojo sistemático de tierras, en la negación de derechos básicos y en una exclusión deliberada por parte del Estado. Solo quienes han vivido esa experiencia pueden dimensionar el profundo dolor que conlleva.

En este contexto no caben los rodeos, la corrección política ni los discursos tibios. El mensaje debe ser claro y firme:

Exigimos la devolución de nuestras tierras

Sin importar quién las posea hoy, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica:

Devolver lo que aún conserva en su poder (Administrados por INDER, SINAC, etc.) o expropiar a quienes se beneficiaron de aquella injusticia.

Que continúen siendo humedales y áreas de protección, pero propiedad de las familias originarias afrodescendientes en calidad de Reservas Privadas.

Por otro lado, la convivencia en nuestros territorios no es un derecho automático, sino un privilegio que debe merecerse a través del respeto mutuo a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Pero jamás la imposición de culturas foráneas.

Es cierto que muchos de nuestros mayores se vieron obligados a vender a precios ínfimos. Pero pocas veces se reconoce el papel activo que tuvo el propio Estado costarricense en ese proceso. No fue solo omisión; fue acción directa:

  • El abandono sistemático de la región, un cuasi apartheid de la región caribeña, que continúa hasta el día de hoy.

  • La negación persistente de inversión pública y promoción de inversión privada. Así como el frecuente redireccionamiento de las pocas existentes.

  • El respaldo tácito y expreso a invasiones de nuestras tierras por precaristas.

  • La obstaculización del derecho a titular nuestras propiedades.

  • Y, finalmente, la titulación masiva a favor del Estado, de políticos y de sus allegados.

En síntesis: Nuestras familias fueron empujadas a la marginalidad porque el Estado decidió que éramos inmigrantes no deseados.

Hoy, con dignidad, lo decimos en voz alta:

Por memoria, por justicia y por dignidad tribal.

Reflexiones tras el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante los últimos días, se celebró en la Ciudad de Limón el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense, con la participación de delegados nacionales e internacionales, así como representantes de diversas comunidades del Caribe costarricense escogidas para tal efecto.

En este contexto, como presidente de la Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA), me permito compartir una reflexión crítica sobre el rumbo y los desafíos actuales del movimiento tribal.

Muchos de los adultos mayores afrocostarricenses aún recuerdan las décadas de 1960 y 1970, cuando Matina, Estrada y Batán—junto con Siquirres y Old Line—eran comunidades tribales vibrantes. Cuando la venta de cacao los viernes y las carreras de caballos los fines de semana eran una parte clave de su tejido social.

Hoy, sin embargo, encontrar familias negras en esas regiones es comparable a buscar una aguja en un pajar. La desaparición de estas comunidades está estrechamente ligada a la pérdida de derechos de propiedad tribal, ya que las tierras fueron confiscadas directa o indirectamente por el gobierno y luego puestas “legalmente” en manos a colonos no negros provenientes de otras partes de Costa Rica e incluso de la vecina Nicaragua. (1)

En muchos casos, solo para ser vendidos posteriormente a Compañías Bananeras. (Un evidente contubernio entre bandas de precaristas, inversionistas agrícolas y el Estado costarricense).

Por lo anterior, defender derechos que fueron despojados hace mucho tiempo a menudo se compara con un perro persiguiendo su propia cola. Tal es la tarea ineficaz delegada al llamado Foro Tribal Afrocostarricense, que ha priorizado la representación simbólica sobre los esfuerzos sustantivos de recuperación de tierras.

  • La participación en reuniones, simposios y congresos;

  • Acompañada del uso de vestimentas africanas e imágenes de realeza. Se ha vuelto común.

Sin embargo, detrás de esta estética de empoderamiento yace una continuación silenciosa del despojo, ya no administrada a través de funcionarios coloniales o su imagen de patronos y capataces, sino más bien encubierta en símbolos culturales africanos que crean la ilusión de respeto, asimilación e inclusión.

Cuando los medios nacionales tradicionales respaldan con entusiasmo un movimiento y su liderazgo—supuestamente trabajando en beneficio de los afrocostarricenses—esto debe ser considerado con escepticismo (como una señal de alerta). Porque tal respaldo a menudo sirve como una distracción de las injusticias estructurales en curso.

En resumen, se nos está asignando la tarea de restaurar, con discursos, el daño que ellos mismos nos han causado con leyes. (2)

Hoy, los afrocostarricenses estamos atrapados en un escenario complejo marcado por tres procesos simultáneos:

(a) El acelerado aumento de la multietnicidad y pluriculturalidad.

(b) El continuo despojo de tierras, y

(c) Una merecida demanda no resuelta de justicia retributiva.

Este contexto requiere un enfoque multidimensional.

Si bien el objetivo general puede denominarse como la “Lucha por la Retribución”, es imperativo que tales esfuerzos también trabajen de la mano para detener el despojo continuo de tierras, e incluyan tantas voces afectadas como sea posible. Incluyendo aquellas que velan por la protección del medio ambiente.

Para tener éxito, este movimiento debe ser masivo—arraigado en la identidad local de nuestro pueblo—y debe romper de una vez por todas con la imagen elitista y sectaria que ha proyectado hasta ahora. Ese enfoque no solo es ineficaz; es peligroso. Nos divide cuando más necesitamos unidad.

Hermanos y hermanas, seamos claros: Es hora de quitarnos los disfraces africanos y dejar de fingir que el simbolismo es sustancia. Muchos de los nuestros no pueden permitirse esas vestimentas—y no deberían tener que hacerlo. Lo que necesitamos es solidaridad, no espectáculo.

Estemos juntos, hombro con hombro, no como actores, sino como personas con un propósito. Solo entonces caminaremos con valentía hacia la luz de la justicia, y reclamaremos la reparación que la historia nos debe.

Notas al pie:

1. Véase la Ley 31 de 1935 y las políticas de titulación de tierras excluyentes subsecuentes contra personas afrodescendientes en Costa Rica.

2. Para más contexto histórico, considérese la trayectoria de leyes y políticas de tierras discriminatorias iniciadas en 1848, que excluyeron sistemáticamente a los afrodescendientes del pleno derecho de propiedad. Este patrón continuó durante el siglo XX, culminando en la interpretación controversial de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la Ley 6043 de 1977 derogó leyes anteriores como la Ley 35 de 1915 (Cahuita) y la Ley 166 de 1935 (Old Harbour), anulando de hecho los derechos previamente reconocidos de propiedad costera a comunidades afro costarricenses.

Es importante señalar que para la realización de este Congreso no se celebró ni una sola Asamblea Popular en los pueblos tribales del país con el propósito de elegir democráticamente a sus delegados.

En su lugar, se llevaron a cabo reuniones locales controladas, en las que participaron personas previamente escogidas a dedo, quienes se encargaron de asignar entre ellos mismos a los delegados que asistirán al Congreso.

Megaproyectos, represión y memoria: la otra cara de El Salvador

Escrito en . Publicado en Derechos.

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

En esta entrevista, Ángel Flores, coordinador de la filial Oriente del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales, y Rafael Moreira, miembro del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, expusieron la difícil situación que enfrenta El Salvador. Más allá de su imagen turística, el país vive un proceso de represión, criminalización de defensores de derechos humanos y despojo territorial debido a megaproyectos y políticas neoliberales.

Ambos líderes destacan la creciente persecución contra sindicalistas, ambientalistas y trabajadores del arte y la cultura, muchos de los cuales han sido detenidos arbitrariamente. Además, alertan sobre la eliminación de espacios democráticos y el control de los poderes del Estado, lo que ha generado un debilitamiento de la participación ciudadana.

En este contexto, Flores y Moreira subrayan la importancia de la memoria histórica y la resistencia comunitaria como pilares fundamentales en la lucha por la justicia social, la protección del medio ambiente y los derechos laborales. Su llamado es claro: visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades y fortalecer la articulación regional e internacional para frenar la opresión y defender los territorios ancestrales.

Les compartimos el Informe Informe de la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en El Salvador.

*Imagen de Nayib Bukele y Marco Rubio tomada de Facebook Presidencia de la República de El Salvador
*Imagen de protestas tomada de Human Rights Watch

Nicaragua: Pueblos indígenas se encuentran ante un posible “etnocidio”, denuncian ONGs ante la CIDH

Escrito en . Publicado en Derechos.

11 de julio de 2024.- En el 190 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas denunciaron la violencia contra los pueblos Mayangna y Miskitu de la Costa Caribe Norte de Nicaragua que desde el año 2018, se ha intensificado debido a un proceso de colonización que, sumado a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua, ha llevado a las comunidades, según sus propias palabras, al borde de un “etnocidio”. 

En la audiencia participaron Tininiska Rivera, exiliada e hija de Brooklyn, líder indígena y preso político de la dictadura Ortega-Murillo; Camila Ormar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Rendel Hebertt López, indígena mayagna Ulwa, en representación del Centro de Asistencia Legal de Pueblos Indígenas (CALPI) y de la Fundación del Río; Tsáitami Ordóñez, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), y autoridades de la CIDH.

Según el testimonio de Tininiska Rivera, el proceso de colonización hacia los pueblos indígenas de la Costa Caribe Norte se sigue agudizando, lo que se ilustra con el despojo de tierras, así como con la imposición por parte del gobierno de autoridades indígenas paralelas. Ello, con el fin de anular la autonomía indígena, facilitar el control de recursos y perpetuar la impunidad estatal. Asimismo, el régimen no ha cumplido con el saneamiento de territorios indígenas ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual deja a 304 comunidades vulnerables a invasiones. 

Inversión extranjera oxigena al régimen 

El Estado promueve la inversión extranjera mediante la venta y arriendo ilegal de territorios indígenas, impulsando la ganadería extensiva y actividades extractivas. Esto ha generado una cohabitación forzada entre colonos e indígenas, mientras estos últimos enfrentan amenazas, agresiones y asesinatos. Sumado a esto, los ataques a comunidades indígenas por colonos armados han aumentado exponencialmente, con 643 casos de violaciones de derechos humanos registrados en los primeros seis meses de 2024. 

Entre los años 2007 y 2022, el sector minero ha recibido $2.524 millones de inversión extranjera directa, principalmente de capital chino, canadiense y colombiano. “Se instalan en los territorios Miskitu y Mayagna sin realizar consultas. Las concesiones son otorgadas por el Estado con el apoyo de gobiernos regionales, municipales y autoridades impuestas en los Gobiernos Territoriales Indígenas, quienes coaccionan a la población indígena para simular consentimientos”, denunció Rendel Hebertt López. 

En este sentido, el Relator de la CIDH para Nicaragua, Arif Bulkan expresó su preocupación por la «respuesta desvergonzada» de países de la región que son considerados «campeones de los derechos humanos», pero continúan colaborando con el Estado nicaragüense en términos de sus empresas mineras, como es el «caso de Canadá». Todo esto, pese al conocimiento de los abusos y sufrimientos masivos y generalizados en Nicaragua.   

“Una clara línea de trabajo de esta Comisión debe ser continuar con la incidencia ante la comunidad internacional. Incidir en términos de trabajar para aislar a esta brutal dictadura”, sostuvo Bulkan, y agregó que es importante «que los Estados y la comunidad internacional no continúen realizando negocios con Nicaragua”. 

Por su parte, el Comisionado Carlos Bernal calificó como “paradójico” el hecho de que las violaciones de derechos humanos documentadas contrasten con los informes del «buen clima de inversiones» que promueve el gobierno de Nicaragua; así como con el interés de inversionistas extranjeros -en particular del sector minero- y empresas de países democráticos que quieren explotar recursos naturales de Nicaragua a costa de los derechos humanos de comunidades indígenas, campesinas y personas oprimidas por el régimen y con ayuda de este.

“Quiero recordar que el respeto a los derechos humanos es un componente de la sostenibilidad corporativa. Esas empresas que están invirtiendo en Nicaragua a este costo de derechos humanos tendrán que ser responsables… por esta explotación y este aprovechamiento con la plataforma del régimen”, enfatizó Bernal. 

Impunidad persistente 

El recrudecimiento de la violencia contra las comunidades indígenas se manifiesta en la criminalización de líderes y personas defensoras del territorio, especialmente en los territorios Mayangna Sauni As y Wangki Li Aubra, cuyas comunidades son beneficiarias de medidas de protección, explicó Camila Ormar, abogada de CEJIL. 

Líderes, defensores y defensoras indígenas enfrentan criminalización y persecución. El Estado les estigmatiza como delincuentes para facilitar la usurpación de tierras. En los primeros seis meses de 2024, se registraron 37 casos de guardabosques criminalizados, con juicios injustos y tratos inhumanos en prisión. Entre estos se encuentran 4 guardabosques Mayangna condenados ilegalmente a cadena perpetua y los liderazgos indígenas Nancy Henríquez y  Brooklyn Rivera, de quien, a la fecha, no se conoce el paradero. 

Asimismo, las mujeres y niñas indígenas son víctimas de violencia sexual, psicológica y física. Entre 2018 y 2023, se documentaron 35 casos de violaciones sexuales, y en 2024 se registraron 58 casos de violencia contra mujeres en 15 comunidades. Los colonos secuestran a mujeres y niñas, sometiéndolas a violencia y utilizándolas para reclamar tierras. 

Por su parte, Tsáitami Ordóñez, abogada de Raza e Igualdad, expuso que también hay corrupción en los puestos de salud y centros de educación. “Se brinda atención preferencial a quienes tienen carnet del partido oficialista o a colonos… y la desconfianza en las autoridades de salud, los altos niveles de corrupción y el temor a represalias impiden que las comunidades presenten denuncias directamente”, alegó.

Frente a este contexto, las organizaciones de sociedad civil plantearon una serie de solicitudes a la Comisión. Entre ellas, solicitaron que la CIDH exija al Estado nicaragüense: 

  • El cumplimiento íntegro de las medidas de proteccióna favor de 15 comunidades indígenas Miskitu y Mayangna, así como la liberación inmediata de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 
  • Garantizar el acceso a la justicia a las comunidades indígenas, con especial atención a los casos de agresiones provocados para el despojo de su territorio, cesando también todo tipo de criminalización.
  • Garantizar los derechos de los Pueblos Indígenas a la Propiedad Comunal y a la Libre Determinación, velando particularmente por el saneamiento de sus territorios.

Finalmente, llamaron a los organismos financieros y mecanismos de cooperación internacional a reforzar las políticas de condicionamiento al otorgar cualquier tipo de financiamiento o crédito al Estado de Nicaragua, a las empresas, al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente vinculadas a pueblos indígenas, asegurando el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades. 

La audiencia completa se puede revisar en la página web de la CIDH: https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=190 

 

Imagen: Imagen: https://www.servindi.org

Juez dictó resolución a favor de terrateniente y ordena desalojo de mujeres indígenas de China Kichá

Escrito en . Publicado en Derechos.

Producto de la demanda contra la Asociación de Desarrollo Integral de Reserva Indígena de China Kichá, el Juzgado Civil, de Trabajo y Familiar de Buenos Aires dictó resolución a favor del terrateniente y ordena el desalojo de las mujeres indígenas de China Kichá.

Según la resolución, dado que el 26 de febrero del año 2020 «un grupo de personas indígenas -los demandados- procedieron a invadir la propiedad citada anteriormente, ocupando la casa de habitación y el corral como se informó que se trataba de un proceso de recuperación territorial y desde ese momento don Danilo fue desalojado del terreno y sus actividades agrícolas se vieron interrumpidas«.

El juez señala que la toma del terreno a nombre de Danilo Badilla Román se dio «de una forma ilegal», por lo que declaró con lugar la demanda interpuesta y se ordenó «a los demandados restituir el terreno dentro del plazo de tres días a partir de la firmeza de la sentencia y deberán desalojar -si es que así ocupan tierra- bajo pena de ordenarlo utilizando la fuerza en caso de omisión«. El juez no toma en cuenta el derecho indígena sino solamente la normativa de un interdicto de posesión, pues, dice el juez, Badilla demostró tener efectivamente posesión del terreno.

Para conocer el caso completo se invita a descargar el pdf a continuación:

9998-1555-2462940-0412-FDescarga