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Etiqueta: deterioro institucional

El ayer y el hoy en la política costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo[1]
En el presente se viven momentos relevantes en la política que afecta significativamente nuestro devenir nacional y que ha pasado desapercibido o apreciado como normal en nuestro espacio social, dado que, en el pasado las preferencias electorales no eran motivo de discordia ni de conflictos, como tampoco eran absolutas las diferencias, ni eran motivo de rupturas entre familias, amigos, conocidos o desconocidos, menos aún susceptibles de represión gubernamental. Las discrepancias eras expresiones democráticas de la sociedad, sin pretensión de monopolizar criterios partidarios ni eran objeto de sospecha de algún ardid electoral fraudulento.

Las discusiones políticas entre ciudadanos eran ágoras que se efectuaban informalmente en cualquier espacio y constituían fuentes de opinión de relativo consenso que se manifestaron en sucesivos procesos electorales que modificaban las preferencias del voto y definían los resultados, aun cuando conservando preferencias familiares. Asimismo, no se requerían de las especulativas proyecciones estadísticas, hoy convertidas en negocios privados, con opciones de resultados electorales, para condicionar a indecisos.

Las opiniones ciudadanas se respetaban y constituían instrumentos para otorgar o negarle el voto al partido en el poder. De este modo, perduraba la paz, la confraternidad, el regocijo ciudadano y también de democracia, más allá del acto instrumental de votar. Las evaluaciones y el voto ciudadano se constituían en medios de evaluación social del quehacer del gobierno y del partido político.

En el último proceso electoral el contexto había cambiado, no fue una fiesta cívica ciudadana de entonces, estuvo mediada de innumerables críticas contra la labor gubernamental y particularmente contra su expresidente, que con un estilo grotesco, agresivo e insolente contra todos sus críticos, justificaba su incapacidad y la ineficacia convirtiendo a todos sus críticos en enemigos, así como atacaba a las instituciones estatales para convertirlas en caricaturas disfuncionales de las necesidades y demandas sociales que gestaron la creación y la función institucional pública, para desacreditarlas e intentar liquidarlas.

La actuación gubernamental de exfuncionario del Banco Mundial debilitó la institucionalidad pública desfinanciándolas, controlando su gestión, agudizando las tendencias criticas existentes, que desfiguraron sus funciones, para dar prioridad a prácticas economicistas que afectan a millones de pobres y sectores medios empobrecidos, mientras que sus prácticas personalistas ilegitimas afectaban lo público, lo que pertenece a todos.

Ante el evidente deterioro institucional y de la función pública, la ciudadanía reclama y exige el respeto a sus derechos contra los servicios públicos insuficientes y deficientes, por la indiferencia e inmunidad corrupta e ignorante del poder institucional y estatal, mientras que el cogobierno se desentiende de sus responsabilidades, pretendiendo hacer suyas las demandas ciudadanas, como una falsa y cínica solidaridad, para encubrir su culpabilidad, de este modo, hacen caso omiso de sus obligaciones y son responsables culpables de la agudización de las crisis en la institucionalidad pública para proceder a liquidarlas privatizándolas. En la lógica totalitaria no es extraño lo absurdo, como culpar a los estudiantes de la crisis educativa, acusar a los enfermos de las deficiencias hospitalarias, o responsabilizar a los ciudadanos por el incremento delincuencial.

El gobierno anterior y la actual continuidad política e ideológica liberal han impuesto el odio y el enfrentamiento social, que impide el diálogo y las evaluaciones ciudadanas del quehacer estatal para imponer el silencio. El voto antes libre del sentir gubernamental se convirtió en un voto cautivo y como contradicción entre la autocensura ciudadana por haber contribuido indirectamente al acontecer político y la incapacidad crítica y analítica para solidarizarse con los críticos por los desmanes gubernamentales. Esta pareja gubernamental que se imagina omnipotente ya ha iniciado la pretensión de perennizarse en el poder estatal, común en todos los regímenes totalitarios que ha conocido la humanidad.

La conversión de la ciudadanía en enemigos del poder gubernamental creó el silencio ciudadano, porque con el enemigo no se dialoga ni hay solidaridad, solo se les insulta y desprecia, como lo hacen los mandatarios, o tal vez, simplemente ignorarlos como ocurre con las protestas ciudadanas..

La invitación a la violencia no es una alternativa para Costa Rica, aun cuando el gobierno lo intente y exista un contexto internacional que divide sociedades y aviva los enfrentamientos con creados e inventados enemigos. Ese “caldo de cultivo” del fascismo antagoniza con nuestro pasado y presente, donde los gritos y acciones perversas, de quienes hoy promueven la separación y la violencia, no tienen cabida social en los intersticios de la democracia tica. La democracia no es un asunto de gobernantes ni de tiranos, su creación, reconstrucción y defensa es de todos, de la ciudadanía.

La violencia fascista nunca requirió de la razón, del diálogo ni de la paz, la II GM fue el escenario donde ochenta millones de personas asesinadas, un costo humano inaceptable para mostrar la imposibilidad histórica del sanguinario proyecto contra la vida, el progreso y la humanidad.

El mundo se enrumba hacia otra prueba guerrerista mundial entre potencias y sus secuaces, como lo hace este gobernante que nos ha comprometido aceptando inconsultamente la imposición imperial del Escudo de las Américas. La orientación política e ideológica autoritaria e imperial de los personajes y del gobierno, quizás representan a otros poderes o los propios, pero no de los costarricenses. Las guerras sin fin contemporáneas están liquidando sociedades, civilizaciones y humanidad.

[1] Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

Cuando el lenguaje degrada la República – La palabra presidencial y el deterioro del debate público

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

“La política se basa en el hecho de la pluralidad de los hombres.”
— Hannah Arendt

“Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento.”
— George Orwell

Las democracias pueden comenzar a deteriorarse mucho antes de que se quebranten sus leyes o se debiliten sus instituciones. Su desgaste suele iniciarse de manera más sutil: mediante la erosión de las normas de convivencia, el menosprecio por el adversario y el abandono progresivo de un lenguaje respetuoso que haga posible la deliberación pública. La historia demuestra que las instituciones no se sostienen únicamente sobre constituciones, tribunales o parlamentos; descansan también sobre una cultura política que reconoce la legitimidad del otro y acepta que el conflicto de ideas debe resolverse mediante la argumentación y no por la humillación.

El lenguaje constituye uno de los pilares más sólidos de esa cultura democrática. Las palabras no son simples instrumentos de comunicación; crean realidades, modelan percepciones, establecen jerarquías morales y definen la manera en que una sociedad comprende sus desacuerdos. Cuando el lenguaje se degrada, también se degrada la calidad del debate público. Cuando el insulto sustituye al argumento, la democracia pierde una parte de su esencia.

Esta reflexión adquiere especial importancia cuando quien habla no es un ciudadano cualquiera, sino el presidente de la República, el ministro de la presidencia, u otra alta autoridad gubernamental. En un régimen democrático, el mandatario representa la unidad del Estado y ejerce una autoridad real y simbólica que trasciende el ejercicio cotidiano del poder. Cada una de sus palabras posee una resonancia política que ninguna otra voz pública alcanza. De ahí que el lenguaje presidencial no constituya un asunto privado ni un rasgo anecdótico de personalidad; es por el contrario un componente esencial del ejercicio responsable del poder.

Durante los últimos años, Costa Rica ha presenciado una transformación preocupante del discurso político. Expresiones despectivas, calificativos humillantes, burlas dirigidas contra autoridades del poder judicial, de la Contraloría General u opositores políticos, periodistas, instituciones y diversos actores sociales, se han convertido en un recurso frecuente de la comunicación presidencial. No se trata únicamente de episodios aislados de mal gusto ni de exabruptos ocasionales. Lo inquietante es la normalización de un estilo de comunicación que convierte la descalificación personal en un método de hacer política.

En este sentido, diversos registros periodísticos han documentado expresiones que ilustran la naturaleza de ese deterioro del lenguaje público. En una cobertura de La Nación, se consignó la utilización de calificativos como “corruptos de siempre” y “prensa canalla” para referirse de manera generalizada a actores institucionales y mediáticos, sin matices ni distinciones individuales. En otra nota de El Financiero, se recogieron expresiones dirigidas a opositores políticos en términos de “sinvergüenzas que no sirven para nada” y “gente que solo estorba el progreso del país”, formulaciones que sustituyen la crítica de ideas por la descalificación moral del interlocutor.

A estos ejemplos se suman otros episodios ampliamente difundidos en la esfera pública, donde el lenguaje ha alcanzado niveles de mayor crudeza simbólica. En una ocasión, se utilizó el término “ratas” para referirse a adversarios políticos, reduciendo al oponente a una condición infrahumana incompatible con el reconocimiento democrático. En otro momento, durante una interacción pública en el contexto electoral, se dirigió a un ciudadano usando la siguiente expresión “te amo, te amo, idiota”, combinación de afecto aparente e insulto directo que ilustra la confusión entre la confrontación política y la descalificación personal.

Más allá de la literalidad de cada frase, lo relevante desde el punto de vista democrático no es únicamente su contenido aislado, sino su función dentro del discurso público: la construcción de un marco en el que el adversario deja de ser un interlocutor legítimo para convertirse en un objeto de desprecio. Este tipo de lenguaje, repetido desde posiciones de poder, tiende a legitimar socialmente la idea de que la política es un espacio de confrontación moral absoluta, donde no caben la complejidad ni el reconocimiento del otro.

Conviene precisar que el problema no reside en la firmeza con que un gobernante defiende sus ideas. En democracia, la confrontación política resulta legítima e incluso necesaria. Los gobiernos tienen derecho a criticar a la oposición, a cuestionar decisiones judiciales mediante los mecanismos institucionales, a discrepar de los medios de comunicación y a polemizar con diversos sectores de la sociedad. Lo que resulta incompatible con la cultura republicana es sustituir el razonamiento por el insulto, la evidencia por el sarcasmo y el desacuerdo por la descalificación sistemática del adversario.

La política democrática presupone que quienes piensan distinto poseen la misma dignidad ciudadana. El adversario no es un enemigo al que deba destruirse moralmente, sino un interlocutor cuya existencia garantiza precisamente el pluralismo que hace posible la democracia. Cuando desde la cúspide del poder se presenta a quienes discrepan como individuos indignos de consideración, el espacio del diálogo comienza a estrecharse y la polarización deja de ser una consecuencia para convertirse en un objetivo político.

Hannah Arendt advirtió que la política solo puede existir allí donde los seres humanos reconocen la pluralidad como condición de la vida pública. Nadie posee el monopolio de la verdad; por ello la deliberación constituye el mecanismo mediante el cual sociedades diversas construyen acuerdos siempre provisionales. Cuando desaparece el reconocimiento del otro como interlocutor válido, también comienza a desaparecer el espacio propiamente político.

George Orwell, por su parte, comprendió que la degradación del lenguaje precede muchas veces a la degradación del pensamiento. Un lenguaje empobrecido limita la capacidad de comprender la complejidad de los problemas colectivos. Las consignas reemplazan a los argumentos; las etiquetas sustituyen al análisis; la simplificación emocional desplaza al razonamiento. El resultado es un clima político donde importa menos la búsqueda de soluciones que la identificación de culpables.

No es casual que numerosos movimientos de inspiración populista recurran a este tipo de lenguaje. La lógica populista necesita construir una división permanente entre “el pueblo” y “los enemigos del pueblo”. Para mantener viva esa confrontación requiere alimentar emociones intensas: indignación, resentimiento, desprecio o miedo. El lenguaje agresivo cumple entonces una función política específica: simplificar la realidad hasta convertir cualquier diferencia en una lucha moral entre buenos y malos.

Sin embargo, conviene evitar una interpretación simplista de este fenómeno. Sería profundamente injusto atribuir esta dinámica a determinados sectores sociales o insinuar que las personas de menores ingresos son particularmente proclives a aceptar un lenguaje agresivo. Una afirmación semejante no solo sería empíricamente insostenible, sino incompatible con una visión democrática de la ciudadanía.

La explicación debe buscarse en otra dirección. Cuando durante años amplios sectores de la población experimentan abandono estatal, deterioro de los servicios públicos, inseguridad económica, dificultades de acceso a oportunidades y una creciente sensación de exclusión, entonces sí, aumenta la disposición a escuchar discursos que prometen respuestas rápidas cargadas de efectos emocionales y procacidad en el lenguaje gubernamental. El problema no radica en la ciudadanía; radica en las insuficiencias de las políticas públicas y en la incapacidad de numerosos gobiernos para responder eficazmente a las necesidades de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Es precisamente ese vacío el que permite prosperar a los discursos que privilegian la confrontación permanente sobre la construcción de consensos. Allí donde la política deja de ofrecer soluciones, la retórica de la indignación encuentra terreno fértil. El lenguaje agresivo no crea por sí solo el descontento social; lo capitaliza y lo orienta políticamente.

En este contexto, la responsabilidad del liderazgo democrático es aún mayor. Se trata de gobernar con eficacia y a la vez preservar las condiciones simbólicas que hacen posible la convivencia. El lenguaje presidencial no puede convertirse en un instrumento de polarización permanente sin consecuencias para la vida institucional del país. Cada palabra pronunciada desde la jefatura del Estado contribuye a fortalecer o debilitar la confianza pública en la democracia misma.

Por ello, la recuperación de una cultura política más respetuosa no es un asunto secundario ni meramente estético. Es una tarea central de reconstrucción democrática. Implica reconocer que la palabra pública tiene límites éticos, que el adversario no es un enemigo y que la autoridad del Estado se fortalece cuando se ejerce con sobriedad, no con agresión.

El desafío, en última instancia, no es solo político, sino civilizatorio: recuperar la idea de que en democracia se puede —y se debe— disentir sin destruir al otro. Solo cuando el lenguaje vuelve a ser un espacio de reconocimiento y no de humillación, la República recupera su dignidad más profunda.

Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.

Costa Rica a la deriva: cuando el estado se parece a un océano descuidado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: M.Sc Esteban Guisseppe Cavallini Espinoza
Comunicador

El océano parece infinito, fuerte e inmutable. Desde la orilla, da la impresión de que nada puede alterarlo. Sin embargo, los oceanógrafos saben que basta con descuidarlo —contaminarlo, sobreexplotarlo, ignorar sus corrientes— para que su equilibrio colapse silenciosamente. Algo muy parecido ocurre hoy con el Estado costarricense.

Durante décadas, Costa Rica fue vista como un mar relativamente calmo en una región de aguas turbulentas: instituciones sólidas, democracia estable, libertad de expresión protegida y una Constitución Política que funcionaba como carta de navegación colectiva. Pero ningún océano se conserva solo. Y ningún Estado sobrevive si quienes lo gobiernan confunden la fuerza con el grito, la conducción con la confrontación y la crítica con el enemigo. El abandono y la deslegitimación sistemática de sus pilares han ido debilitando su equilibrio.

El océano-Estado y sus criaturas

En este océano llamado Costa Rica, las instituciones públicas son como los grandes arrecifes: sostienen la vida, regulan corrientes, permiten la convivencia entre especies distintas y protegen de las tormentas. La Caja Costarricense de Seguro Social-CCSS, las universidades públicas, el Poder Judicial, la prensa libre y los órganos de control no son obstáculos; son ecosistemas. Cuando se les debilita, no se libera el mar: se lo empobrece y se le priva de sus defensas naturales.

Los peces pequeños, que viven del equilibrio diario, representan a la ciudadanía común: trabajadores, estudiantes, emprendedores, pensionados. Son los primeros en sufrir cuando el agua se enturbia con discursos de odio, desinformación y desconfianza hacia lo público. No tienen grandes barcos ni redes poderosas; dependen de que el océano sea justo y predecible. La confusión es una forma de contaminación política.

Los grandes depredadores, en cambio, aparecen cuando el control falla. Son actores políticos y económicos que prosperan en aguas revueltas: se benefician del caos institucional, del debilitamiento de la ley y del desprestigio sistemático de la democracia. Como tiburones atraídos por la sangre, avanzan cuando perciben que la vigilancia ha sido desmantelada. Los grandes depredadores prosperan cuando el mar pierde reglas claras. Actores que se benefician del debilitamiento institucional, del desprestigio de la ley y de la normalización del autoritarismo encuentran en el caos su mejor hábitat.

Barcos sin brújula y capitanes que manipulan y gritan

El Poder Ejecutivo, que debería ser el capitán del barco, ha optado —en su versión más reciente— por navegar a base de confrontación constante. En lugar de leer los mapas constitucionales y dialogar con otras embarcaciones del Estado, ha preferido gritar desde el puente, desacreditar a los faros y acusar al mar de conspirar contra él.

Un capitán que insulta a los instrumentos de navegación no demuestra liderazgo; demuestra improvisación. La descalificación permanente del Poder Judicial, de la prensa, de la academia y de los órganos de control no fortalece al Estado: le perfora el casco. Y cuando se normaliza el discurso ofensivo y sin argumentos, se envía un mensaje peligroso: que la verdad es irrelevante y que el volumen sustituye a la razón.

El capitán obsesionado y la tripulación silenciada

En Moby Dick, el capitán Ahab encarna al líder consumido por la obsesión, dispuesto a sacrificar el barco entero con tal de imponer su voluntad. Su grito constante no es liderazgo, es advertencia. En esta analogía, ciertos rasgos del actual ejercicio del Poder Ejecutivo recuerdan peligrosamente a Ahab: confrontación permanente, desprecio por los contrapesos democráticos y una narrativa que convierte a toda crítica en enemiga.

Pero Herman Melville (escritor, novelista, poeta y ensayista EE. UU.-1851), introduce una figura esencial para entender el momento costarricense: Starbuck, el primer oficial. Starbuck no es débil ni ingenuo; es ético, racional y profundamente consciente de los límites del poder. Frente a la locura del Capitán Ahab, Starbuck representa la voz de la razón, la ley y la responsabilidad colectiva. Se atreve a cuestionar al capitán no por ambición, sino por deber moral.

Starbuck entiende que el barco no pertenece al capitán, sino a todos los que viajan en él. Que la misión no justifica destruir la nave. Que la autoridad sin ética conduce al naufragio.

Hoy, Costa Rica necesita más Starbuck y menos Ahab.

Turistas, pescadores y redes rotas

En este océano también están los turistas, que observan desde fuera. Costa Rica aún vende al mundo la imagen de un mar democrático ejemplar. Pero los visitantes atentos ya notan señales de alerta: corrientes de intolerancia, contaminación del debate público, ataques a la libertad de expresión. El prestigio internacional, como la biodiversidad marina, se pierde más rápido de lo que se construye.

Los pescadores, por su parte, representan a quienes históricamente cuidaron el Estado social de derecho: sindicatos, movimientos sociales, educadores, periodistas, jueces, organizaciones civiles. Ellos saben que no se puede pescar hoy destruyendo todo para mañana. Pero cuando se les acusa de enemigos del progreso o se rompen deliberadamente sus redes institucionales, el resultado no es abundancia: es escasez y conflicto.

El maremoto que se anuncia

El mayor peligro no es la tormenta ocasional, sino el maremoto que se gesta lentamente: la erosión de la confianza democrática. Cuando se desacredita la Constitución, se normaliza la mentira política y se promueve la idea de que las instituciones sobran, el suelo marino se vuelve inestable. El colapso no avisa; simplemente llega. Starbuck lo sabía: no toda desobediencia es traición, ni toda obediencia es virtud. El silencio ético frente al abuso también hunde barcos.

Costa Rica no está condenada, pero sí advertida. Los océanos mueren cuando se les trata como vertederos. Los Estados democráticos colapsan cuando se gobierna desde el resentimiento, el desprecio por la ley y la manipulación emocional de la ciudadanía.

Soluciones para evitar el naufragio

La salida no está en callar el mar, sino en escucharlo:

  1. Restaurar el respeto institucional: el desacuerdo es legítimo; la demolición sistemática no. Gobernar implica dialogar con los otros poderes, no humillarlos ni descalificarlos.

  2. Defender la libertad de expresión y la prensa como faros indispensables, incluso cuando incomodan al poder.

  3. Combatir la desinformación con datos objetivos y pedagogía, no con propaganda, ni con gritos ni insultos.

  4. Reactivar la educación cívica, para que la ciudadanía distinga entre liderazgo y espectáculo.

  5. Cuidar el Estado social de derecho como se cuida un ecosistema: con ética, ciencia, con visión de largo plazo y responsabilidad colectiva.

El océano costarricense aún tiene vida, corrientes sanas y una biodiversidad democrática envidiable. Pero ningún mar sobrevive si se le gobierna a golpes de timón y desprecio por la ciencia de navegar. La historia demuestra que los países que olvidan esto no se hunden de golpe: se van quedando sin agua limpia, sin peces y sin futuro.

El océano costarricense aún respira. Pero la historia —y la literatura— enseñan que cuando se ignora a Starbuck y se sigue ciegamente a Ahab, el final nunca es heroico. El barco se hunde, y con él, todos.

Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero el mar ya está enviando señales. Ignorarlas sería el verdadero acto de irresponsabilidad nacional. La pregunta es si quienes gobiernan están dispuestos a escuchar algo más que su propio eco.

¡Costa Rica a la deriva!; esto es un llamado a la acción que no puede ser tomado a la ligera.

La salida no está en el silencio o la represión, sino en un diálogo abierto y constructivo. Es momento de restaurar el respeto institucional y promover el diálogo en lugar de la confrontación. Lo que está en juego es el futuro de una Costa Rica que aún tiene la capacidad de ser un faro de democracia en la región. Ignorar esta llamada sería el verdadero acto de irresponsabilidad. Es hora de escuchar las señales y corregir el rumbo.

El “paciente” está enfermo por el tratamiento

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Juan Carlos Cruz, para SURCOS

En un texto reciente publicado en su perfil de Facebook, Carlos Francisco Echeverría analiza la elección y el ejercicio del poder de Rodrigo Chaves como expresión de un malestar social previo y profundo. Aunque Chaves ganó la presidencia con relativa facilidad, su victoria se apoyó más en el rechazo a un adversario desgastado que en propuestas propias. Ya en el gobierno, ha mantenido altos niveles de aprobación no por logros concretos, sino por convertir la presidencia en plataforma de una retórica de desprecio hacia la historia, las instituciones y la democracia costarricense.

Esa retórica conecta con una parte significativa de la sociedad frustrada por la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Según Echeverría, el “desprecio” funciona como válvula de escape para quienes se sienten abandonados por un sistema injusto. Costa Rica, sin embargo, ya era un “paciente” debilitado: el discurso presidencial no cura la enfermedad, sino que agrava el malestar y lo convierte en capital político, deteriorando el diálogo social.

El autor recurre a la metáfora de una enfermedad autoinmune para describir una sociedad que, obsesionada con sus errores y carencias, termina atacando también sus propios logros, virtudes e instituciones. Las próximas elecciones serán, en este sentido, una prueba de la salud cívica del país: podrían confirmar el avance de un clima autoritario y cínico, aunque también existe el antecedente de 2018, cuando el electorado reaccionó frente a una amenaza percibida a la convivencia democrática.

Echeverría subraya la urgencia de revisar a fondo el sistema que generó concentración de ingresos y deterioro de los servicios públicos. Sin correcciones estructurales serias, advierte, el país corre el riesgo de entrar en una fase terminal de demagogia y populismo autoritario, aunque todavía existe una ventana de oportunidad para evitarlo. Su tesis de fondo es clara: el chavismo es síntoma y acelerador de una crisis estructural, no su causa originaria. El verdadero dilema es si Costa Rica logrará corregir esa crisis antes de que el proceso autodestructivo se consolide.

Echeverría deja servida la mesa para una respuesta que no se quede en la superficie moral del “paciente enfermo”, sino que vaya al hueso estructural del problema. Lo que él describe como “sistema ineficiente e injusto” no es un accidente ni una desviación reciente: es el resultado de un viraje histórico profundo que Costa Rica emprendió desde finales de los años 80 y que hoy muestra sus consecuencias más crudas.

La invitación a “revisar a fondo el sistema que nos llevó hasta aquí” es indispensable, pero exige nombrar con claridad cuál fue ese sistema y cómo se instaló. Costa Rica no llegó a la actual concentración de la riqueza ni al deterioro de su Estado social por fatalidad ni por errores aislados: llegó por un proceso histórico de desmantelamiento progresivo del pacto social que había sostenido la movilidad social, la clase media amplia y las instituciones públicas fuertes.

Durante buena parte del siglo XX, el país combinó tres pilares que explicaban su excepcionalidad regional: un Estado social robusto, una estructura tributaria relativamente progresiva y un modelo de desarrollo orientado a la inclusión. Ese equilibrio comenzó a romperse con la crisis de la deuda en los años 80. Bajo presión de organismos financieros internacionales y élites económicas locales, Costa Rica adoptó un modelo neoliberal de apertura, desregulación y privatización parcial que tuvo tres efectos decisivos.

Primero, se debilitó la capacidad redistributiva del Estado. La estructura tributaria se volvió más regresiva: aumentó el peso de los impuestos indirectos, se multiplicaron exoneraciones a grandes capitales y zonas francas, y se redujo la carga sobre las rentas altas y el patrimonio. El resultado fue una transferencia silenciosa de riqueza hacia arriba.

Segundo, se fragmentó el mercado laboral. El empleo público dejó de ser motor de movilidad y el empleo privado se precarizó. La economía se dualizó: un sector moderno, exportador y altamente productivo, pero con poco encadenamiento, y un sector interno estancado, informal y mal remunerado. La desigualdad dejó de ser solo de ingresos: se volvió desigualdad de oportunidades, estabilidad y dignidad.

Tercero, se consolidó un modelo de crecimiento que no derrama. La inversión extranjera directa generó islas de prosperidad, pero no un desarrollo nacional integrado. El país creció, sí, pero creció para pocos. La clase media dejó de expandirse y comenzó a erosionarse. En síntesis, Costa Rica pasó de un modelo de movilidad social a uno de acumulación concentrada, donde el crecimiento económico dejó de traducirse en bienestar colectivo.

El deterioro de las instituciones del Estado social tampoco es producto de la incompetencia reciente, sino de un proceso de asfixia fiscal, política y simbólica que lleva décadas.

La asfixia fiscal ha sido deliberada: mientras se exigía al Estado hacer más, se le quitaban los recursos para hacerlo. La regla fiscal, las exoneraciones, la evasión y la elusión estructural han dejado a instituciones como la CCSS, el MEP o el IAFA sin capacidad de inversión, innovación o expansión. Un Estado sin recursos es un Estado condenado a fallar.

La privatización por desgaste siguió un patrón conocido: se deteriora el servicio público, la ciudadanía se frustra, se abre espacio para el discurso de “lo público no sirve” y así se legitima la privatización o la tercerización. Es un círculo vicioso que erosiona la legitimidad del Estado social.

A esto se suma la captura política y tecnocrática: las élites económicas lograron imponer una visión de país donde el Estado es visto como obstáculo y no como garante de derechos. Esa narrativa permeó medios, partidos y tecnocracias, produciendo un Estado administrado para no incomodar al poder económico.

Finalmente, el desgaste simbólico del pacto social ha sido profundo. La prédica presidencial actual —que desprecia instituciones, historia y democracia— no surge en el vacío. Es la fase aguda de un proceso largo de deslegitimación cultural del Estado social, que lo presenta como ineficiente, corrupto o anacrónico, mientras oculta los intereses que se benefician de su debilitamiento.

La conclusión es inevitable: el “paciente” no está enfermo por accidente, sino por tratamiento. Si Costa Rica parece hoy un paciente debilitado, es porque durante décadas se le aplicó un tratamiento que debilitó su sistema inmunológico (el Estado social), concentró la riqueza en pocas manos, precarizó a la mayoría y abrió la puerta a discursos autoritarios que se alimentan del malestar social.

Revisar el sistema implica revertir ese rumbo, no maquillarlo. Implica recuperar la capacidad redistributiva del Estado, reconstruir servicios públicos universales, democratizar la economía y devolverle a la ciudadanía la certeza de que el país puede ser nuevamente un espacio de movilidad, dignidad y esperanza.

Todavía estamos a tiempo. Pero solo si dejamos de tratar los síntomas y enfrentamos la enfermedad estructural.

En defensa de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Sylvia Montero Mejía

Costa Rica es una nación muy joven: doscientos y un poquito más de años de vida independiente y un poquito menos de vida republicana. En términos “universales” (me refiero a su vida en relación con la vida del Universo), nuestra existencia es comparable a menos que nada. ¡Pero “somos”, “estamos aquí”!

A lo largo de esta corta vida, ciudadanos ilustres, mujeres valientes, hombres y mujeres intachables nos han ido dejando una larga lista de enseñanzas. Nuestra historia ha sido una secuencia de hechos que nos llenan de orgullo, de decisiones que han ido conformando nuestro “ser costarricense”, de voluntades que juntas han moldeado nuestro modo de ser, nuestro modo de relacionarnos, nuestra manera de comunicarnos.

Con errores a veces, con resultados tal vez no deseados, pero en la mayoría de los casos con una voluntad de hacer las cosas bien, en beneficio de la mayoría, habíamos adquirido en el ámbito mundial un lugar destacado. Mencionar el nombre de Costa Rica era sinónimo de paz, de respeto por la Naturaleza, de cordialidad, de gente respetuosa y afable. Tan buena fama adquirimos que nuestro eslogan “pura vida” se convirtió en nuestra carta de presentación ante el mundo entero. Venir a Costa Rica era, para muchos, la meta deseada, el destino ideal, el país anhelado. ¡Algo así como el sueño hecho realidad!

¿Qué ha sucedido?

¿Por qué nuestro nombre resuena hoy en el ámbito mundial como el destino menos recomendado, como el país más inseguro y además de los más caros? ¿Como el paraíso de los narcotraficantes donde no existen controles, ni vigilancia en los puertos y donde en las calles mueren a diario jóvenes involucrados y colateralmente mucha gente inocente?

El deterioro de Costa Rica se ha hecho insostenible. Nuestros pilares: educación, salud y seguridad necesitaban ser fortalecidos, pedían a gritos una inyección de mejoras. Se habían debilitado, pero con voluntad política podían salir adelante.

Sin embargo, durante estos últimos cuatro, el deterioro se agudizó. No se tomaron medidas para mejorar nuestras instituciones, sino que por el contrario prevaleció a lo largo de ellos una voluntad de destrucción, de abandono, de desamparo. Cuatro años han sido suficientes para dar al traste con todo lo que nos hacía distintos en el ámbito mundial. Se institucionalizaron, con una fuerza y un descaro nunca antes vistos, el robo, la insolencia, el irrespeto.

Es triste, realmente lamentable la situación que estamos viviendo.

Pero en medio de este ambiente inquietante y penoso, una carta de una funcionaria ejemplar nos ha devuelto la esperanza de que Costa Rica puede salir adelante. Ella, doña Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, ha levantado su voz en defensa de nuestra nación. Sus palabras son un llamado a todos los costarricenses para que no dejemos que nos roben lo que, por tantos años, con esfuerzo denodado de muchos patriotas, se ha conquistado en Costa Rica.

Con fuerza, determinación, claridad y valentía lanza esta frase:

“Usted está amenazando la paz y la estabilidad política”.

No es necesario decir nada más. La acusación es contundente y no deja espacio para dudas. Lo que se cierne sobre Costa Rica es de un peligro que no se había experimentado desde hacía 76 años.

Prestémosle oídos muy atentos a esta advertencia, a estas palabras pronunciadas por una persona de trayectoria impecable en el servicio público, por una ciudadana profundamente preocupada por nuestro futuro, y por la inmediatez de unas elecciones presidenciales.

Rescatemos lo mejor de nuestra historia. No permitamos que nos lleven al despeñadero.

Es hora de que retomemos la cordura y la sabiduría de los que con entrega y auténtico patriotismo pusieron a Costa Rica en un pedestal en el mundo.

Carta Pública al Rector de la UCR: La lucha debe ser por toda la institucionalidad solidaria, no solo por las universidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de febrero del 2021.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector, Universidad de Costa Rica
Presente.

Reciba un saludo atento. Quienes suscribimos la presente, todos, todas integrantes de la comunidad de docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de Costa Rica (UCR), queremos manifestarle, de manera muy atenta y respetuosa, pero también enfática, las siguientes inquietudes.

Por medio de noticias de prensa, entre las que se incluye información publicada en el Semanario Universidad el pasado 16 de febrero, nos enteremos de que los rectores de las universidades públicas, entre ellas la UCR, se encuentran haciendo “lobby” para intentar “conciliar con los diputados una moción con la que se buscaría dejar por fuera del proyecto de Ley Marco de Empleo Público a las universidades estatales” (Zúñiga, Adrián, 16 de febrero del 2021, “Universidades promueven moción para ser excluidas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público”; en: Semanario Universidad).

Entendemos que esta gestión se da como reacción ante la inclusión de las universidades públicas en el mencionado proyecto. A su vez, tenemos claro que, con dicha iniciativa de ley, los sectores conservadores, amparados en la gestión del actual gobierno y en las bancadas de los partidos de línea conservadora con los que ha conformado alianza en la Asamblea Legislativa, aspiran a apuntalar el proceso neoliberal de desmantelamiento y pauperización de las instituciones solidarias del Estado Social de Derecho en el país, así como a configurar un mecanismo autoritario y antidemocrático de control político para el sector público. Hacemos eco de estas consideraciones en virtud de que se desprenden tanto del texto del proyecto como de los muchos intercambios y reflexiones que se han generado en diversos foros alternativos sobre el tema.

Sin duda, coincidiremos en que la UCR —al igual que las demás universidades públicas— forma parte sustantiva de toda esta institucionalidad solidaria a la que se intenta asestar un golpe definitivo en la actual coyuntura. En el caso de la UCR, el fundamento solidario de su institucionalidad se pone de manifiesto en su Estatuto Orgánico, particularmente en lo expresado en los artículos 3, 4 y 5. No es casual que la UCR fuera, junto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Código de Trabajo y las Garantías Sociales, una de las primeras instituciones creadas en el marco del proceso de reforma social que, con perspectiva solidaria, se gestara en los años 40.

Como todos sabemos, gracias al impacto social agregado de todas las políticas y de todas las instituciones creadas en esa época, fortalecidas y complementadas en el devenir de la implementación del modelo de desarrollo que las sustentaba, nuestro país llegó a lograr y a ostentar, por décadas, elevados índices de desarrollo humano. La UCR y las universidades públicas —a la par del resto de instituciones estatales—, no solo aportaron cualitativamente a esos logros, sino que han servido como elementos de “contención” ante el evidente y progresivo deterioro institucional y social generado por la paulatina radicalización de la “contra reforma” neoliberal, de la cual el proyecto de ley Marco de Empleo Público constituye un evidente punto de llegada.

A todas luces, no es solo la UCR ni es solo la educación superior pública lo que está en juego en este momento, es toda la institucionalidad pública en su conjunto, la paz social y la perspectiva de futuro de la nación.

Por lo tanto, en una coyuntura tan crítica como la presente, y ante una acción tan contundente de parte de los sectores conservadores, promotores del deshumanizado proyecto neoliberal, sorprende sobremanera ver que los rectores acuden, al margen del resto de instituciones, fuerzas y movimientos sociales, a tratar de negociar por su cuenta, de manera exclusiva, una supuesta salida o salvamento para las universidades públicas. En un momento histórico que, más que nunca, demanda la mancomunidad de esfuerzos para contrarrestar la arremetida neoliberal, la sociedad costarricense y quienes componen los movimientos sociales miramos anonadados a las autoridades universitarias hacerse a un lado para intentar salvarse a sí mismas, de manera exclusiva, mientras dejan al resto de instituciones a su suerte, con todo lo que eso implica.

Y sorprende aún más cuando el principal recurso argumentativo al que se apela es la “autonomía universitaria”, como si dicho principio constituyera un fin en sí mismo, al margen de las condiciones y circunstancias de la realidad social. La autonomía universitaria sin justicia social es un principio vacío y expresa más una suerte de defensa de «privilegios» que un valor social. No hay duda de que la autonomía universitaria está en juego, pero esta autonomía solo tiene sentido y contenido en función de una sociedad en la que prevalezcan el Estado de Derecho, la solidaridad, la justicia y la paz social. Apelar a la autonomía universitaria para protegerse individualmente y volver la mirada hacia “otra parte” mientras se deja a la suerte al resto de instituciones públicas, mientras se pisotean las estructuras solidarias y se compromete el futuro del país, es una completa incoherencia con los funda-mentos de la Universidad Pública.

Con este accionar, las autoridades universitarias apelan a una “táctica” que poco o nada tiene de estratégica: no solo dan la espalda al resto de la institucionalidad pública y al modelo de sociedad por y para el cual fueron creadas, sino que, además, se dejan llevar por la consabida estratagema, tan propia de los sectores conservadores, de dividir para vencer, con el inminente riesgo de que, al final, se pueda perder todo, incluyendo el supuesto “salvamento” propio.

Además, se dejan tentar por focalizar la discusión en el tema de los salarios, lo cual, si bien es un asunto significativo que hay que enfrentar y resolver, sobre todo desde la perspectiva de las inequidades internas, de ninguna manera refleja la cuestión de fondo, que es el intento de los sectores conservadores de desmantelar la institucionalidad solidaria del Estado Social de Derecho.

Así, toda la pertinencia de la Acción Social, la Investigación y la Docencia, asentados en las lógicas del pensamiento crítico, se ponen en “entre dicho” ante este tipo de procederes de parte de las autoridades universitarias.

Una parte significativa de la “buena imagen” que han tenido nuestras instituciones de educación superior en las últimas décadas se ha asentado en su relativamente coherente y consistente vinculación con la sociedad. Sin embargo, esta imagen ha venido sufriendo un deterioro progresivo. Y, si bien es cierto que esta desmejora se debe en parte a la narrativa conservadora que se reproduce de modo sistemático contra la educación superior pública, también es claro que se suman otros aspectos relacionados con un paulatino inconsecuente accionar social de las universidades en los últimos años.

Destaca de manera especial la gregaria y poco solidaria actitud adoptada por las autoridades de las universidades públicas durante el movimiento social contra la Reforma Fiscal, a finales del 2018, que llevó a las organizaciones sindicales de las instituciones públicas a sostener el movimiento de huelga más largo de la historia del país. En aquella ocasión, mientras esas organizaciones se expusieron al sesgado juzgamiento social —en un contexto de informaciones parcializadas, así como de narrativas políticas y mediáticas plegadas a los intereses del gobierno y del sector empresarial— en el caso de la UCR solo se “concedió” permiso para acudir a un par de marchas, convocadas para caminar “por la acera”, como si la movilización social no tuviera en su carácter disruptivo uno de los principales sustentos para procurar presión y generar cambio en la política pública.

Si bien, en el caso de la UCR, aquella situación se dio bajo la circunstancia de una administración claramente conservadora y poco proclive a apoyar acciones sociales como esas, lamentablemente, pese al advenimiento de una nueva administración que se presentó como defensora de una propuesta progresista, el mismo movimiento social que antes tuviera que ver a las universidades hacerse a un lado ante una lucha tan trascendente, ahora mira cómo los rectores intentan negociar por aparte, a espaldas de los demás.

En estas circunstancias, y ante todas las consideraciones planteadas, nos parece muy importante exhortar a las autoridades universitarias, y en particular las de la UCR, para que reconsideren su accionar, de cara a hacer frente tanto al proyecto de ley concreto como a las transformaciones institucionales que lo motivan.

En particular, recomendamos que las autoridades universitarias de la UCR, antes que promover acciones –negociaciones y marchas— de manera independiente, al margen del resto de actores sociales, apelen a un esfuerzo mancomunado y apunten a sumar esfuerzos con el resto de fuerzas vivas de la sociedad, pues solo de esa manera —sumando fuerzas, antes que dividiéndolas— podremos aspirar a salvaguardar la institucionalidad solidaria como un todo, y a mantener condiciones sociales e institucionales que permitan retomar el rumbo para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Suscribimos, atentamente:

1.Marvin Amador Guzmán, docente e investigador, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106730592.
2. Carmen Caamaño Morúa, docente e investigadora, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 105770718.
3.         Lucía Molina Fallas, docente, Escuela de Psicología, cédula 107930190.
4.         Adriana Rodríguez Fernández, profesora, Escuela de Psicología, cédula 1-11220442.
5.         Adriana Maroto Vargas, docente, Escuela de Psicología, cédula 2-0519-0760.
6.         Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), cédula 302200485.
7.         Roberto Fragomeno Castro, profesor catedrático, Escuela de Filosofía, cédula 8 0137 0052.
8.         Isis Campos Zeledón, docente e investigadora, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 106750974.
9.         Andrés Dinartes Bogantes, docente interino, Escuela de Psicología, investigador colabo-rador del Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 113010879.
10.      Helga Arroyo Araya, docente Escuela de Psicología, cédula 603030677.
11.      Eva Carazo Vargas, productora de Desayunos de Radio Universidad, cédula 108930621.
12.      Miguel Regueyra Edelman, docente, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, cédula 104910119
13.      Vilma Leandro Zúñiga, profesora, Escuela de Psicología, cédula 303360920
14.      Yorlenny Madrigal Vargas, Centro de documentación, Instituto de Investigaciones Socia-les, cédula 601590539.
15.      Amanda Mesén Badilla, profesora, carrera de Psicología, Sede Occidente, cédula 1-13950114.
16.      Maurizia D’ Antoni Fattori, docente, Escuela de Psicología, cédula 8-0119-0458.
17.      Ignacio Dobles Oropeza, docente, Escuela de Psicología, cédula 104330692.
18.      María José Masís Méndez, docente, Escuela de Psicología, cédula 304050372.
19.      María del Rocío Murillo Valverde, docente, Escuela de Psicología, cédula 106530858.
20.      Mauricio Castro Méndez, docente, Facultad de Derecho, cédula 107130156.
21.      Teresita Cordero, docente, Escuela de Psicología, cédula 401200379.
22.      Laura Chacón Echeverría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1512 278.
23.      Eduardo Bolaños Mayorga, docente, Escuela de Psicología, cédula 113860823.
24.      Ruthman Moreira Chavarría, docente, Escuela de Psicología, cédula 1 1017 0869.
25.      Mario Andrés Soto Rodríguez, docente, Escuela de Psicología, cédula 1-1312-0325.
26.      Mirta González Suárez, profesora emérita, Escuela de Psicología, cédula 800480869.
27.      Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado, Escuela de Matemática, cédula 90013012.
28.      Ana Patricia Maroto Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 204500764.
29.      Jesús Rodríguez Rodríguez, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205880957.
30.      Héctor Mauricio Barrantes González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205750207.
31.      José Adrián Moya Fernández, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206890333.
32.      Javier Francisco Morera Soto, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206440864. 
33.      Evelyn Alfaro Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206120068.
34.      Carlos Márquez Rivera, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 800750594.
35.      Andrés Cubillo Arrieta, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206620597.
36.      María Fernanda Vargas González, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206560425.
37.      Imelda María Rojas Campos, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 205820789.
38.      Jéssica Jiménez Moscoso, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206310569.
39.      Melissa Cerdas Valverde, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 206530134.
40.      Bryan Gómez Vargas, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 113710405.
41.      Wendy María Araya Benavides, docente, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 207020684.
42.      Priscilla Angulo Chaves, docente y estudiante, Sección de Matemática, Sede de Occidente, cédula 116750218.
43.      Sindy Mora Solano, profesora, Escuela de Sociología, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 1-1051-0573.
44.      Gustavo A. Jiménez Barboza, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1358-0886.
45.      Sergio Villena Fiengo, Director Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 8-0086-0259.
46.      Gabriela Jiménez Rodríguez, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B23510.
47.      Andrey Gerardo Carrillo Sánchez, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné A61235.
48.      Javier Cisar Arce, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B82248.
49.      Daniela Oconitrillo Calderón, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B95663.
50.      Wilder Johan Díaz Gutiérrez, estudiante, Educación Primaria, Sede de Occidente, carné B92608.
51.      José Armando Obando Vega, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede Rodrigo Facio, carné B85700.
52.      Tiffany Rodríguez Aragón, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B96581.
53.      Alex González Rodríguez, estudiante, Gestión de los Recursos Naturales, carné B83488.
54.      Julio Armando Villalobos Bermúdez, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné B88482.
55.      José Pablo Ramírez Marín, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C06343.
56.      Luis Ernesto Aguilar Carvajal, docente, Escuela de Sociología, Investigador IIS, cédula 1-1025-0338.
57.      Héctor Ferlini Cartín, Sede del Pacífico y Escuela de Filosofía, cédula 113220032.
58.      Flory Chacón Roldán, docente, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), cédula 113900025.
59.      Adriana Vindas González, docente, Escuela de Psicología, cédula 108760608.
60.      Adriana Sánchez Lovell, Instituto de Investigaciones Sociales (IIS).
61.      Silvia Azofeifa Ramos, docente, Instituto de Investigaciones Sociales, cédula 402000281.
62.      Guillermo A. Navarro Alvarado, investigador, IIS, cédula 114190096.
63.      Amanda Alfaro Córdoba, docente e investigadora, Sección de Artes, Escuela de Estudios Generales, cédula 205590541.
64.      George García Quesada, docente e investigador, Escuela de Filosofía, cédula 901070687.
65.      Carlos Guillermo Calderón Tenorio, estudiante de la Maestría Académica en Teoría Psicoanalítica, cédula 115860293.
66.      Esteban Andrés Morales Solano, estudiante de Bachillerato en Sociología, cédula 305130524.
67.      Laura Pamela Gamboa Granados, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B93124.
68.      María Catalina Acuña Blanco, estudiante, Trabajo Social, Sede de Occidente, carné B80053.
69.      Yeisy Dayana Varela Arroyo, estudiante, Enseñanza de la Matemática, Sede de Occidente, carné C08101.
70.      Joshua Rojas Zamora, estudiante, Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica, Sede de Occidente, carné B66307.
71.      Andrea Molina Ovares, docente Escuela de Psicología, cédula 1 13060256.
72.      Andrés Cambronero Rodríguez, estudiante egresado de la Maestría en Psicología Comunitaria, UCR, cédula 1-1516-0984.
73.      Maricel Monge Chaves, estudiante de Geografía y Enseñanza de Estudios Sociales, cédula 115620858.
74.      Melissa Hernández Vega, estudiante, Maestría en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades, cédula 1-1472-0652.
75.      Luis López Ruiz, docente e investigador, Escuela de Sociología e IIS, cédula 108030653.
76.      Josué Arévalo Villalobos, docente, Escuela de Psicología e INIE, cedula 109790015.
77.      Marisol Jara Madrigal, docente, Escuela de Psicología, cédula 109990220.
78.      María Andrea Araya Carvajal, docente, Escuela de Psicología, Sede Rodrigo Facio y Sede de Occidente, cédula 1 1090 0787.
79.      Soledad Hernández Carrillo, docente, Escuela de Psicología, cédula 110900469.
80.      Roberto Herrera Zúñiga, docente, Escuela de Filosofía y Sede de Occidente, cédula 1 1146 0533.
81.      Damián Herrera González, docente, Escuela de Psicología, Sede de Occidente, cédula 206070116.
82.      Gerardo Cerdas Vega, docente, Escuela de Trabajo Social, cédula 108970131.

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