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Etiqueta: deuda interna

Corrupción, evasión y venta de bienes del Estado-Empresario

Freddy Pacheco León

En referencia al robo de impuestos, que, agregamos, supera la deuda interna, dijo, lo siguiente, el señor expresidente don Rodrigo Carazo: “¡Corrijamos esa corrupción! ¿Por qué no se ponen detrás de esos recursos antes de querer vender las cosas que son de todos? Y es que lo que se han llevado no son seis reales», manifestó. Argumentó que el objetivo de una reforma estatal y de la globalización debe ser el beneficio de todos. «Es contradictorio pensar que eso se va a lograr entregando todo lo que tenemos. Los países que lo han hecho han pasado y están pasando tristísimas experiencias». Convencido estaba de que, los inversionistas extranjeros que comprarían las empresas estatales, que dan servicios sin fines de lucro, son personas que también quieren convertirlo todo en oro para su propio y exclusivo beneficio, sin pensar en las necesidades ajenas, lejos del espíritu solidario que privó en su gestación.

«No crea usted que (tales empresarios) van a venir a satisfacer nuestras necesidades. Vaya a Chile y verá que cuando se privatizan las comunicaciones, disminuye el número de chilenos que tienen teléfono porque no lo pueden pagar», dijo a propósito de la imposición de políticas neoliberales durante la dictadura de Pinochet.

Al otro lado de la ancha avenida, otro Rodrigo, éste de apellido Chaves, desde antes de iniciar su Presidencia, en su papel de vendedor de bienes del Estado, no esperó mucho para poner precio a la compra-venta, que, por supuesto, recibe aplausos, desde los clubes de comerciantes que le presentaron su propuesta al amigo venido del Banco Mundial.

Para este Rodrigo, útil vocero de los de su casta, el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), tiene un valor de $200 millones. El precio del Banco de Costa Rica (BCR), andaría entre $800 millones y $1.200 millones. La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) valdría entre $350 millones y $1.000 millones, la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) $20 millones y, ¡aquí la voló!, Kölbi (marca del ICE) se vendería en $1,2 millones. ¡Una especial ganga para los compradores que, todavía, esconden sus pretensiones! Aclaramos sí, que la lista no es exhaustiva, ni mucho menos, pues también, incluye la privatización de servicios como, la administración del acueducto metropolitano, hoy mal gestado por el AyA, servicios médicos de la Caja, a la que tienen, intencionalmente cerca de la inanición, y servicios de generación y distribución eléctrica, cumplidos por el ICE, aunque su más alto jerarca, actúa en contra del Instituto.

En fin, lo que el presidente actual, el otro Rodrigo, no parece considerar es que, la estructura institucional costarricense, que tantos beneficios le ha traído al país y sus habitantes, tiene raíces históricas profundas, principalmente a partir de mediados del siglo XIX. Que sus sólidos cimientos le han permitido, soportar embates neoliberales destructivos, gracias, precisamente, a que no se gestaron tales instituciones, a partir de ocurrencias, sino como parte de una visión muy especial de algunos muy bien valorados líderes.

Un buen ejemplo, fue la creación de la Fanal en 1850, que demostró a través del tiempo, haber sido una muy buena decisión del presidente don Juan Rafael Mora. Creada originalmente como Fábrica Nacional de Aguardientes, con el propósito de fomentar la industria cañera, y defender a la población del consumo de licores altamente tóxicos, con contaminantes, que se comercializaban al margen de la ley, al tiempo que afectaban los ingresos del Estado. Hoy, 174 años después, gracias a su sostenida renovación, la Fanal aportó de junio del 2018 al 2020, cerca de C. 50.000 millones de colones, a instituciones promotoras de desarrollo social, como son el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), a la Municipalidad de Grecia, y una cifra casi igual en impuestos, al Ministerio de Hacienda.

Es igualmente relevante, la creación en el año 1924, del monopolio estatal del negocio de los seguros, dando nacimiento al Banco Nacional de Seguros, que luego se transformaría en el Instituto Nacional de Seguros (INS) en 1948, como parte de la creación del régimen de instituciones autónomas del Estado, proceso en que sobresale la figura de Rodrigo Facio Brenes, recordado exrector de la Universidad de Costa Rica. Instituto que, pese a la forzada apertura comercial a empresas extranjeras de seguros, se mantiene como la más grande empresa de seguros del istmo centroamericano, con un total de $1.323 millones en primas, durante el 2023, gracias a un crecimiento del 21,2%.

Por ello, y más, ahora que el señor Chaves propone su venta, cual aparente ocurrencia que, pensándolo bien, no tiene nada de ello, cabe preguntarse ¿cómo se sustituirían los cerca de C.100.000 millones de colones, que, anualmente, aporta el INS, en cargas fiscales y parafiscales a otras entidades del país? Y si, como también se ha propuesto, se vendiera “solo” el 49% de sus activos, habría que ver si los compradores estarían dispuesto a colaborar, solidariamente, a partir de las ganancias, con las citadas contribuciones fiscales y parafiscales, dentro de las cuales aparecen beneficiarios destacables, como el imprescindible Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (0,5 % de las primas), así como al impuesto de utilidad y título valores del Estado (25% de la utilidad disponible neta), a la Reserva de Capital de Riesgos del Trabajo, y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, producto de los excedentes de los seguros que comercializa. ¿Verdad, amigos, que la prudencia exige no correr mucho con esas ideas de compra y venta, y reflexionar, antes y con sustento técnico, acerca de las consecuencias que se vislumbran?

Creemos que la responsabilidad exige distinguir entre un Estado-Empresario, y “políticos empresarios”, pues, son conceptos diametralmente opuestos, a los que poco se les dedica, análisis con la profundidad que merecen.

La matriz empresarial-institucional del Estado (descrita por Alberto Cortés https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzQVzNtMXJqpzTKKvMgTRPjhPwhM?projector=1&messagePartId=0.1) entre los años 40-48, nos muestra la creación de dos de las instituciones públicas, más importantes en términos de su impacto social: la Universidad de Costa Rica (UCR) en 1940, y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1943, ambas con una enorme peso en el desarrollo social y cultural del país, que han sido fundamentales, para democratizar solidariamente, la atención en salud de los costarricenses, independientemente de su estatus socioeconómico, y el acceso a la educación universitaria de excelencia, sin discriminar, igualmente, sobre la condición social de sus estudiantes.

Cabe resaltar, que luego de la guerra civil del año 1948, tanto desde la Junta de Gobierno, presidida por don Pepe Figueres, como desde la Asamblea Constituyente (1949) las ideas de orientación socialdemócrata que germinaban en Costa Rica, y la reflexión histórica que tuvo lugar, llevaron hacia la creación de trascendentales instituciones autónomas y empresas públicas, que permitieran impulsar la necesaria modernización económica y política del país. En ese contexto, sobresale, por extraordinaria y visionaria, la creación del sistema de banca comercial pública, con la tarea de ejercer estricto control de las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, aunado al objetivo de colocar crédito al servicio de la modernización agrícola y el incipiente desarrollo industrial. Nacieron así el Banco Anglo Costarricense (BAC), el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco de Crédito Agrícola de Cartago (BCAC) y el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Asimismo, la junta fortaleció la autonomía del Consejo Nacional de Producción (CNP) como instrumento de fomento de la producción agrícola para el mercado interno, que tantos servicios prestó al control de precios de granos y otros productos básicos. Y, como la gran institución insigne de ese modelo de Estado empresario, se creó el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para garantizar la producción y control estratégico, de la generación y distribución de la energía eléctrica, ampliada eventualmente, al monopolio de las telecomunicaciones y la telefonía celular. Instituto que ha venido enfrentando, embates privatizadores, de parte de comerciantes e ideólogos, para quienes el Estado no puede participar de actividades donde la empresa privada puede lucrar. Ideas que, divulgadas con megáfonos virtuales, han llevado a muchos compatriotas, a ver como algo nefasto para el desarrollo de Costa Rica, la estructura y funcionamiento del Estado-Empresario, que, paradójicamente, favorece a las mayorías y al fundamental sustento democrático.

Instituto Costarricense de Electricidad, que, pese a las amenazas, y gracias a sus servicios y fidelidad de los habitantes (aún con los desaciertos recientes de sus jerarcas), se mantiene entre las tres mayores empresas del istmo incluidas en el Ranking América Economía de las 500 Mayores Empresas de América Latina, al lado de Recope, y la Autoridad del Canal de Panamá.

Y, es que, esos resultados exitosos, son, paradójicamente, su debilidad, pues permiten vislumbrar el por qué, ambas empresas del Estado costarricense, ICE y Recope, son tan apetecidas por ciertos compradores privados, deseosos de lucrar con sus gigantescas ganancias. Por otro lado, sus deseos sí los cumplieron, lamentablemente, con Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), a la cual, con un contrato entreguista, le regalaron el muy eficiente, monopolio constitucional que tenía la empresa nacional creada en 1963, en el trasiego de contenedores, a una empresa transnacional escandinava (APM Terminals), que, lejos de los empleos ofrecidos, vino a profundizar, más bien, el desempleo en la provincia de Limón, sin que los anunciados beneficios que traería una terminal portuaria “del primer mundo”, se hicieran realidad. Ejemplo de cómo, el desdén ciudadano, de la mano de la demagogia de ciertos políticos, provocó tanto daño, en tan corto tiempo, por lo cual, esperamos que se haya aprendido la lección.

Finalmente, ha de valorarse objetivamente, la creación de 113 instituciones descentralizadas, entre los años 48 al 79, algunas autónomas o semiautónomas, que vinieron a generar, a través del tiempo, conforme se estructuraban y empezaban a brindar servicios, resultados positivos que se reflejaron en indicadores sociales, como en el empleo público, que llevaron a engrosar las capas medias, al tiempo que se disminuía la pobreza. Pobreza que se redujo, de manera altamente significativa, al pasar del 50,3 %, en 1961, al 18,5 %, en 1977, gracias la combinación de políticas públicas, como el citado mayor empleo, el desarrollo de infraestructuras básicas, y el acceso a los servicios públicos, con tarifas subsidiadas.

Hoy vemos grandes esfuerzos por “reformar el Estado”, según le dicen, y, para ello, han creado hasta una comisión legislativa especial, para acelerar esa tarea. Labor que, estamos seguros, enfrentaría a los dos “Rodrigos”, pues representan, por un lado, una visión en defensa de la institucionalidad costarricense, caracterizada por un Estado-Empresario, que propició el desarrollo de la Costa Rica, y que, hasta hace unos años, se caracterizaba por la solidaridad, por el valor de la soberanía, por la responsable consideración de la situación de los desposeídos, por el fomento de la paz social y el desarrollo sostenible, según el pensamiento de don Rodrigo Carazo. Mientras, por otro lado, para ahorrarnos palabras y su tiempo de lector, lo que vemos es ¡todo lo contrario!

26.8.2024

Declaración a la comunidad nacional sobre la solución a la deuda interna

El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros, de manera responsable, como corresponde a la persona ciudadana que constitucionalmente debe asumirse como El Soberano, dio a conocer públicamente su posición sobre el tema de la deuda interna, desde el 2019, propuesta que fundamentamos debidamente en su momento, pero que, al mejor estilo de “lo políticamente correcto” del hacer nacional de distintos grupos y autodenominados dirigentes políticos, la discusión se pospuso en aras de esperar los resultados del paquete tributario aprobado en 2018, cuando nuestro Movimiento logró que se hiciera pública la lista de los Grandes Contribuyentes que no tributaron desde el 2008 y el desenlace de las elecciones que se avecinaban en febrero de 2022, donde muchos de ellos se veían protagonistas de primera línea.

Hoy el presidente Chaves ha presentado ante el Congreso su propuesta de vender a manos privadas el BCR y una parte del capital accionario del INS, lo que ha desatado -más por cálculo electoral, que de interés estratégico nacional- una polémica desde algunos “grupos y movimientos sociales” , como si la sola presentación del proyecto es ya una ley, dejando de lado que son los diputados, los que tomarán la última decisión, pero que curiosamente, no se les menciona como responsables de la situación, más bien, solidarizándose con  ellos y ellas, como si estuvieran obligados a cumplir, contra su voluntad, el designio presidencial. Esa minimización y personalización del problema es sumamente peligrosa, pues aleja el debate de lo que realmente es.

Hay que reconocer que el tema de la deuda interna es ideológico y político, desde cualquier enfoque que se le quiera abordar, no es simplemente económico, ni mucho menos de ungidos que solo ellos entienden el problema, el tema es nacional y debe discutirse con profundidad, reconociendo que la situación que afrontamos es responsabilidad de todos, unos por su silencio cómplice y otros, especialmente aquellos que desde la representación política y social -donde hay responsables con nombres y apellidos-, por ser autores intelectuales de la situación que vivimos.

 Entonces, el debate ideológico debe establecerse ya, teniendo como punto contundente de partida: “la clase política ya no le teme al pueblo” y “los pobres ya están acostumbrados a pasarla mal” para saber hacia dónde marcha el país y establecer de manera participativa, como lo manda el Art. 9 Constitucional, el país y la República Participativa que debemos construir en las actuales condiciones históricas y de crisis internacional, puesto que lo que nació en las administraciones ungidas desde 1982 por el Fondo Monetario Internacional, fue transformar nuestras más preciadas instituciones y posesiones, en una mercancía del sistema financiero y en una propiedad de alguno de ellos o ellas (porque en eso no existen problemas de género), profundizando la desigualdad existente y consolidando los niveles de violencia a los que poco a poco nos han ido acostumbrando.

También debe entenderse que nuestra banca nacionalizada, en procura del desarrollo nacional, dejó de serlo hace ya mucho tiempo, específicamente desde los periodos administrativos de Monge y Arias, quienes, atendiendo fielmente los mandatos del FMI, en una acción de venganza contra la Administración Carazo y con el aplauso de dirigentes sindicales, comunales, universitarios, del momento, propiciaron desde el INCAE y con el apoyo de la UCCAEP, la separación del Banco Central y la banca en la organización del desarrollo, para pasarlo al naciente sector financiero, para lo cual se establecieron leyes específicas, pasándolo a manos privadas a través del CONASSIF, órgano del que nadie quiere o se atreve a hablar, ni mucho menos señalar a sus integrantes y la responsabilidad directa en la construcción de la desigualdad nacional y disputar el liderazgo de Costa Rica en ese campo a nivel mundial, la facilitación para el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico o peor aún, haciendo de la moneda que es un factor de intercambio en el capitalismo para la construcción de riqueza, establecer ahora, que su posesión y su acumulación es ahora la riqueza, haciendo del sector financiero, el sector privilegiado.

De esa forma, es que nuestra banca sigue siendo “nacional” porque el capital accionario pertenece a los costarricenses, pero está sujeta y determinada por los estándares de la banca comercial internacional, desde la aplicación de las normas determinadas por el FMI, donde fuimos entregados a los intereses transnacionales financieros y donde perdimos nuestra soberanía.

La ausencia de transparencia, rendición de cuentas y evaluación de resultados, consignados en nuestra Carta Magna en el Art. 11, crea una distancia entre la población y los funcionarios públicos, aunado al sentimiento de que éstos se asumen dueños de la institución, su ley y sus reglamentos, lo que ha fortalecido la corrupción y la impunidad, de la que todos nos hemos enterado.

Nuestro Movimiento está consciente de que en nuestro país existe una gran cantidad de personas decentes, responsables, llenas de sentido de patria, que buscan sacar adelante nuestro país, en ella se encuentran personas ciudadanas, empresarios grandes, pequeños y medianos: funcionarios públicos, académicos, profesionales y especialmente mujeres y jóvenes, con quienes podemos contar, pues la esperanza en ellos no muere.

De esta forma, es necesario incorporar en la defensa de estas instituciones, las acciones correctivas aquí señaladas, pues de lo contrario las acciones mismas serán débiles en el horizonte de lo que el país debe ser y la institucionalidad que se requiere para lograrlo.

Estamos en una situación que hemos pospuesto, muy a lo tico, pero también es el momento, al igual que en 1821 con el Pacto de Concordia y aprendiendo de ello, establecer un Nuevo Pacto Social, donde desde los más profundos disensos, establezcamos el consenso necesario para tener a tiempo la Costa Rica que desafiará el futuro.

Es un momento de inflexión nacional, con una situación internacional de profundo contenido de cambio, no podemos torpemente verlo y desestimarlo, ya ese error lo cometimos profundamente en los últimos 30 años del siglo pasado. Debemos ser profundamente críticos de nuestros errores y asumir con la responsabilidad que lo hicieran los defensores de nuestra independencia y fundadores de nuestra república, raíces que obstinadamente un malinchismo ha querido destrozar.

Propuesta ciudadana para manejar la deuda interna disponiendo de bienes nacionales

La propuesta que hemos alentado, consiste en:

  • La deuda es interna, es decir, nos debemos a nosotros mismos, es entre familia.
  • El estado ha incumplido con su tarea, desde luego los responsables tienen nombres y apellidos, debemos saber quiénes son, pues pueden ser los mismos que tendrán ahora en sus manos la decisión estratégica, lo cual es un alto riesgo.
  • Dar en dación de pago, no es lo mismo que vender, es un principio comercial simple, pues es un acuerdo.
  • De esta forma, por acuerdo nacional, como parte de un Nuevo Pacto Social, se otorga en dación de pago el Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros a la Caja Costarricense del Seguro Social, por la deuda pendiente con la institución.
  • En estos momentos debe transparentarse el proceso, debemos ser vigilantes ante el intento de venta.
  • Ya “los expertos” se frotan las manos por la cuantiosa suma de dinero que se ganarán por validar lo que valen nuestras instituciones en disputa, afectando el principio de abonar a la deuda, pues de camino se enriquecen algunos de manera inmoral, pero legal, lo que prostituye el proceso y el principio que debemos atender.
  • Sabemos que la CCSS no tiene la experiencia para manejar bancos ni seguros, pero como el interés final es salvaguardar nuestros activos, debemos replantearnos en las actuales condiciones el papel de los mismos, dándole fortaleza estratégica al sistema de salud, estableciendo el acompañamiento necesario, como lo hace cualquier institución o empresa moderna.
  • La ciudadanía responsable debe sin discusión, dar un paso al frente y hacerse garante del presente proceso, consciente de que su ausencia irresponsable, permite el espacio a la corrupción y la impunidad.
  • Deberá establecerse un proceso de rendición de cuentas (que no es un informe de labores) y evaluación de resultados organizado desde la ciudadanía tal cual lo establece el Art. 11 Constitucional, para transparentar las acciones institucionales, pues al fin y al cabo los dueños del sistema de salud son las personas ciudadanas que son las que lo mantienen con sus cuotas, por lo tanto, son los accionistas de la empresa de salud más importante de Costa Rica.
  • Deberán revisarse con profundidad los procedimientos de compra de proveedores de la CCSS así como su manejo financiero, para no arrastrar a las entidades nuevas que se le suman (BCR – INS) a subsidiar los malos procedimientos que hasta ahora están en función.
  • Así como el sistema de salud busca democratizar el acceso a la salud, deberá hacerlo en democratizar la economía, abriendo el acceso de las pymes locales, especialmente las mujeres y jóvenes vulnerables, para transformarse en proveedores del sistema, en los diferentes órdenes de aprovisionamiento, para lo cual se revisará la normativa existente para facilitarlo.

Quedamos a sus órdenes sabiendo de su compromiso con nuestro país y convencidos de su espíritu de colaboración, nos manifestamos a la orden para aclarar cualquier duda, en nuestro teléfono 8769 8714 o al correo comusepo@gmail.com

De ustedes atentamente,

Carlos Campos Rojas
Coordinador Nacional

Costa Rica: Deuda interna y tasas de interés: La Dogmática del Mercado

(Acerca de la carta de respuesta del presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda a Albino Vargas)

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, Director a.i. CICDE-UNED

Escribo este artículo a solicitud del dirigente sindical don Albino Vargas Barrantes y de la ANEP. Analizo aquí la carta que, con fecha 15 de febrero de 2021 (referencias DM-0113-2021 y PRE 0013/2021), fue dirigida a don Albino, por don Elián Villegas Valverde y don Rodrigo Cubero Brealey, ministro de Hacienda y presidente del Banco Central, respectivamente. A su vez, esta nota de los señores Villegas y Cubero respondía una carta, fechada el 1° de febrero, que don Albino había dirigido a esas dos importantes autoridades económicas. A fin de evitar cualquier malentendido, aclaro que escribo este artículo muy gustosamente, y sin recibir ninguna remuneración a cambio.

1) Aspectos generales

  1. a) Política fiscal restrictiva

Según los señores Cubero y Villegas, un logro notable de la política fiscal del gobierno de Carlos Alvarado, es haber recortado el gasto público y aplicado con rigurosa meticulosidad la regla fiscal. Al parecer, lo consideran aún más meritorio, puesto que ello coincidió con la afectación de la pandemia del Covid-19.

¿Es esta una opción de políticas realmente virtuosa, tal cual se nos quiere hacer creer?

Nótese que estamos hablando de una política de restricción fiscal que se aplicó sobre el telón de fondo de una severa recesión, y, lo que es más grave aún, en un contexto de altísimo, realmente catastrófico, desempleo. Cuando en el mundo entero se opta por aplicar políticas de estímulo que, cuanto menos, alivien parcialmente las duras afectaciones de la crisis, en Costa Rica se exhibe como meritoria condecoración, aplicar políticas fiscales de carácter austeritario, que, como bien lo saben los economistas serios del mundo entero, agravan la crisis. Cierto que los severos desequilibrios fiscales que enfrentamos, limitan nuestros márgenes de maniobra. Pero también es cierto que, con un poco de imaginación y creatividad, pudieron ponerse en marcha programas que, inspirados por el principio teórico del “multiplicador del presupuesto equilibrado”, habrían posibilitado aliviar la recesión, atenuar los severos efectos sociales y humanos derivados de la crisis e impulsar la recuperación de la economía y del empleo y, de esa forma, crear condiciones más propicias desde las cuales resolver, con el menor costo social posible, el problema fiscal.

Lo cierto es que, según enfatizan los señores Villegas y Cubero, el gasto del gobierno, sin incluir intereses, disminuyó un -5,7% en 2020, lo cual pareciera ser prenda de orgullo para estos señores. Se subraya que se logró tal cosa, no obstante que se habrían destinado ₡ 294.172 millones para atención de la pandemia. Sin embargo, se omite indicar que esa reducción fue posible básicamente gracias a un recorte brutal (en el orden del -38,2%) en los gastos de capital. Ello implica menos inversión y menos formación de capital, lo cual compromete el desarrollo futuro de la economía, tanto como agrava, en lo inmediato, la recesión y el desempleo.

  1. b) ¿Se “aceleró” la economía?

Presumen las dos respetables autoridades económicas, que el crecimiento de la economía “se aceleró a partir de mayo de 2019” (p. 1), lo cual, según nos dicen, sería atribuible a la política económica del gobierno de Carlos Alvarado. Y, sin embargo, los datos demuestran que el tal “aceleramiento” tuvo un cariz extremadamente anémico, y particularmente contradictorio.

Al observar los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), tendencia ciclo (elaborado por el Banco Central), observamos que, a lo más, se registraron anémicas tasas de crecimiento interanual en el orden del 2%, registradas hacia finales de 2019, las cuales tendían a debilitarse al iniciar 2020, aún antes de sentirse el efecto de la crisis sanitaria causada por el Covid-19. Por otra parte, es claro que el dato general, queda artificialmente inflado por las altísimas tasas de crecimiento del llamado “régimen especial” (básicamente zonas francas), con escaso o nulo impacto en el resto de la economía. El IMAE muestra que, para el período indicado, y hasta el inicio de la pandemia, el “régimen especial” crecía a tasas de dos dígitos (de hasta el 14% y 15% en algunos momentos), mientras el resto de la economía (el “régimen definitivo”) apenas lograba emerger de territorio negativo, pero sin alcanzar nunca a crecer ni siquiera al 1%. Y, al mismo tiempo que esto se daba, es decir, en coincidencia con la expansión espectacular del “régimen especial” y el paupérrimo desempeño del “régimen definitivo”, la tasa de desempleo, según los datos de la Encuesta Continua del Empleo (ECE) del INEC, se encumbraba incluso por encima del 12%. En concreto, para los trimestres segundo, tercero y cuarto de 2019, y el primero de 2020, que coinciden con el período en que, según Villegas y Obando, el “crecimiento se aceleró”, las tasas de desempleo registradas fueron, respectivamente, las siguientes: 11,9%, 11,4%, 12,4% y 12,5%. No olvidemos que, al mismo tiempo, alrededor de un millón de personas penosamente subsistían en situación de informalidad laboral.

Estas deprimentes cifras del empleo -anteriores a la pandemia- ensombrecen cualquier dato sobre crecimiento económico, y deberían ser motivo de gran preocupación (pero no pareciera ser el caso) para las autoridades económicas. Una pregunta se hace obligatoria: ¿cómo entender que una tan penosa situación del empleo conviva con tasas de crecimiento tan espectaculares en los “regímenes especiales”? Esto evidencia severas anomalías estructurales, las cuales ponen en cuestionamiento el proyecto o “modelo” de desarrollo vigente en Costa Rica.

  1. c) Deuda interna versus deuda externa

El señor ministro de Hacienda y el señor presidente del Banco Central, explican que se ha decidido dedicar una parte significativa del endeudamiento externo que se obtenga, a “sustituir deuda cara por deuda barata” (p. 2). Es importante que, como país, reflexionemos acerca de si ese es el mejor uso que se le podría dar a esos recursos.

Se aduce que la deuda interna se coloca a tasas de interés muy altas, y que el mecanismo por el que se ha optado, permite ahorrar “,,,de forma directa un estimado de USD 70,6 millones anuales en intereses” (p. 2. Subrayado y negrita son del original). O sea: se prefiere destinar la deuda que el país está asumiendo en moneda extranjera, para refinanciar deuda preexistente, en vez de destinarla a usos realmente productivos, que modernicen la economía, eleven la productividad, y generen la capacidad de pago futura que será necesario tener para poder cumplir, a su debido momento, con esas obligaciones asumidas en una moneda que Costa Rica no puede emitir. Y, entretanto, como luego habrá oportunidad de ratificar, estas mismas autoridades económicas se declaran absolutamente incapaces -o quizá absolutamente remisas- a tomar medidas más enérgicas que permitan reducir las tasas de interés sobre la deuda interna. ¿Es eso lo más sensato?

Para el país sería mucho más conveniente -socialmente más redituable- utilizar esos recursos externos en el financiamiento de programas de inversión pública, que sean planificados para generar muchos empleos en el corto plazo, y los cuales contribuyan, al mismo tiempo, a elevar la capacidad productiva de la economía, y a construir una sociedad más justa e inclusiva, en el medio y largo plazo. Deberían esos fondos destinarse al fortalecimiento de la infraestructura educativa, de atención sanitaria y de cuido; el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica; la modernización, ampliación y mejora del transporte público; la migración hacia energías limpias y tecnologías verdes; los acueductos y el cuido y protección del agua; el desarrollo de un amplio programa de vivienda para grupos de ingresos medios y bajos; la creación de condiciones que mitiguen los efectos del cambio climático, entre otras cuestiones igualmente importantes. Frente a los altísimos índices de desempleo que padecemos, esa alternativa cobra todavía más importancia, como también es la vía que debería privilegiarse para crear condiciones económicas sólidas que, a su vez, den sostenibilidad, sobre bases realmente firmes, a las finanzas públicas.

2) Las tasas de interés de la deuda pública y la política monetaria del Banco Central

Los señores Villegas y Cubero ofrecen sobre este tema una discusión, sembrada de numerosas contradicciones, falacias y vacíos.

Primero, procedan a aclarar que, desde su punto de vista “…no procede comparar las tasas de colocación del Ministerio de Hacienda con la TPM, ni tampoco con la Tasa Básica Pasiva (TBP)” (p. 7) (TPM: tasa de política monetaria).

Explican entonces (p. 7) que la TPM es un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. O sea, y según se desprende de lo anterior, su efecto parece agotarse “a un día plazo”. A lo cual agregan, con el lenguaje ambiguo e impreciso que les es característico, que los movimientos “en la TPM y su nivel son indicadores del tono de la política monetaria”. De tal modo, pareciera entonces que la TPM es una tasa de limitadísimo alcance, una especie de gesto simbólico que el Banco Central emite. Vendría a ser algo así como el equivalente al guiño de un ojo que se les hace a los bancos y demás actores participantes en el sistema financiero.

Se comprende entonces que la TPM, que según Cubero y Villegas no sirve para establecer comparaciones con las tasas de interés de la deuda pública, en realidad sirve para muy poco, si es que para algo.

Al referirse a la Tasa Básica Pasiva (TBP), repiten lo que todo el mundo sabe acerca de la correspondiente metodología de cálculo, para terminar recalcando que el “plazo promedio de estas captaciones es menor a un año” (p. 7).

O sea, y según logra deducirse de lo indicado, Villegas y Cubero, consideran que tanto la TPM como la TBP son tasas de corto plazo, la primera es incluso de muy corto plazo, mientras que las colocaciones del Ministerio de Hacienda son “usualmente superiores a los 3 años”, con un promedio de 5,9 años a diciembre de 2020 (p. 7). De ahí que “…no procede compararlas”.

Curiosamente, Cubero y Villegas olvidan que la Tasa Básica Pasiva (TBP) es una tasa de referencia para muchos créditos, incluso créditos de muy largo plazo como los de vivienda. Una nota reciente en El Financiero (¿Quiere comprar una casa? Deberá pagar al menos ¢7.000 por cada millón que le financien) lo ilustra con amplitud. Recordemos que el crédito para vivienda representa cerca del 30% del crédito total, y que las tasas de interés que se aplican sobre ese tipo de crédito, en parte muy significativa, está reguladas por la TBP. O sea, y en contra de lo que afirman estos señores, es una tasa que tiene importantes consecuencias prácticas en el largo plazo, y una muy significativa influencia en el sistema financiero. No obstante lo cual, nos dicen estos señores, “no procede” compararla con las tasas de interés de la deuda pública. Esta última, pues, pareciera estar situada en un “universo paralelo”, ajena por completo a los avatares propios del sistema financiero costarricense.

Aparte lo anterior, y en lo que a la otra tasa de interés en consideración se refiere -la tasa de política monetaria, TPM- de un repente, estos señores le atribuyen efectos muy significativos, por completo insospechados, si nos atuviésemos tan solo al papel, del todo irrelevante, que le atribuyeron anteriormente, y con base en lo cual quisieron descartar que jugase ningún papel en relación con los intereses de los bonos de la deuda pública.

Así, en la página 8 nos hablan del “tono expansivo de la política monetaria”, lo cual se confirmaría en la baja de la TPM a mínimos históricos (0,75% anual). Y agregan que con ello se “buscó propiciar la baja de las tasas de interés en el sistema financiero nacional y, de esa forma, mejorar las condiciones para los nuevos créditos y aliviar la carga financiera de los deudores que formalizaron préstamos con tasa de interés variable y que sus contratos de crédito así lo permitieran”.

Qué interesante. Pareciera entonces que la TPM tiene efectos mucho más amplios de lo que se nos había dicho. No parece agotarse en “un día plazo”. Pero, desde luego, si se trata de la deuda pública, ya sabemos que “no procede compararlas”. Es que la deuda pública -venimos a ratificarlo- levita en un universo paralelo.

Otro ejemplo que nos proporcionan estas dos autoridades económicas, tiene que ver con el papel que le atribuyen a la mencionada TPM, en relación con el así llamado programa de “facilidad de crédito de mediano plazo en moneda nacional”, que puso a disposición de los bancos comerciales ₡700.000 millones (recientemente ampliado a ₡842.887 millones) (pp. 9-10) ¿Cuál es la tasa de interés de referencia que se utiliza en este caso? Pues precisamente la TPM, que presuntamente solo era un “indicador para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el Mercado Integrado de Liquidez”. Pareciera que esto último aplica exclusivamente si hablamos de las colocaciones de deuda del gobierno, a fin de aleccionarnos en el sentido de que “no procede compararlas”. En cualquier otro caso, la definición se vuelve mucho más amplia y flexible. Además, nótese que, según se indica en la carta, la mencionada “facilidad” concede plazos de entre 2 y 4 años ¿y no que la TPM aplicaba solo para “operaciones a un día plazo”?

En conclusión: lo cierto es que las dos tasas de interés en mención -la TBP y la TPM- si son tasas relevantes, contra las cuales es válido comparar las tasas de interés que se cobran sobre los bonos de la deuda pública interna. Intentar proscribir esa comparación, como lo hacen Villegas y Cubero, es una forma de eludir la discusión sobre los factores que subyacen a las tasas irrazonablemente altas que es pagan sobre la deuda pública interna. Veremos enseguida que ese intento de justificación y racionalización, es un rasgo idiosincrásico de estas dos autoridades económicas.

3) La dogmática del mercado y las altas tasas de interés sobre la deuda pública interna

La cuestión es que, según nos dicen, las elevadas tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, son fruto de un fenómeno muy particular: “…su comportamiento pone de manifiesto la trayectoria creciente de la razón de deuda pública a PIB, así como la incertidumbre que existe entre los agentes económicos, locales y externos, sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas” (p. 6)

En otra parte, reiteran esa misma idea. Así, nos dicen (p. 11), que si bien las tasas de interés en el sistema financiero han disminuido, las tasas de la deuda pública “no han experimentado movimientos similares”, lo cual atribuyen a la “valoración de riesgo de crédito por parte del acreedor”. De donde resulta que, en el caso de los bonos del gobierno, “los agentes económicos demandan un premio que mitigue ese riesgo” (p. 11).

Hablamos aquí de lo que usualmente llaman “los mercados”, que, a veces, se transfigura como “los inversores”. En cualquiera de los dos casos, es al modo de una fuerza abstracta, anónima e impersonal. Un ente mítico; quizá una fuerza de origen divino. O sea: un poder que escapa al control humano, y, de hecho, se le impone y subyuga a los seres humanos.

Con toda claridad, estamos frente a algo que en la literatura recibe básicamente dos designaciones: algunas veces se le llama “neoliberalismo”, otras veces se le designa como “fundamentalismo de mercado”. Hay autores muy connotados -por ejemplo, Joseph Stiglitz en su libro “El euro: cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa” (2017)- que utilizan indistintamente ambos términos. Se trata de una dogmática por la que nuestras autoridades económicas parecen guardar reverencial devoción. Y así lo designaré aquí: la “dogmática del mercado”.

Ya va quedando más claro por qué nos decían que “no procede” comparar la TBP o la TPM con las tasas sobre las colocaciones de deuda pública interna. A fin de cuentas, el mensaje que, de forma más o menos velada o explícita, estos señores repiten una y otra vez, es el siguiente: “tratándose de los intereses de la deuda pública no podemos hacer absolutamente nada”.

Aunque, en realidad, no está claro si no pueden hacer nada, o no quieren hacer nada. Así, en página 7 nos dicen: “…no es posible pretender que el BCCR reduzca de forma artificial los costos de financiamiento del Ministerio de Hacienda”.

¿Cómo interpretar el “no es posible pretender”?

– Primera posibilidad: leer la frase como: “simplemente es imposible”, en cuyo caso cabría preguntarse: ¿es objetivamente imposible (del mismo modo que es imposible evitar que el sol salga cada mañana) o es “imposible” porque la ley lo prohíbe? Si fuera lo primero, estaríamos ante otra expresión propia de esa dogmática del mercado que mencioné anteriormente, devotamente cultivada por estas autoridades económicas. Si fuera lo segundo, el Banco Central debería estar activamente promoviendo un cambio de la ley, puesto que sería inaceptable, y muy dañina, una ley que obliga al Banco Central a permanecer de brazos cruzados, mientras el país se ve obligado a pagar caprichos por las tasas de interés de la deuda pública.

– Segunda posibilidad: también esa frase podría leerse como: “consideramos incorrecto e inadmisible que alguien pretenda tal cosa”. Si ése fuese el caso, habría que preguntarse: incorrecto o inadmisible ¿para quién y por qué?

En la página 9, las cosas quedan mucho más claras, cuando nos dicen lo siguiente: “Es importante reiterar que la intervención en el mercado secundario de títulos valores emitidos por el MH no tiene como objetivo bajar las tasas de interés de estos títulos, sino inyectar recursos en situaciones de tensión sistémica de liquidez y, de esa forma, asegurar el normal funcionamiento del mercado y la estabilidad del sistema financiero, acorde con las facultades dadas por su Ley Orgánica”.

Traduzcamos lo que se nos dicen: el Banco Central se desentiende de lo que pase con las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública. Lo que le interesa son dos cosas: “el normal funcionamiento del mercado” y la “estabilidad del sistema financiero”, no la estabilidad financiera del sector público ni los posibles episodios de “tensión sistémica” que éste pudiera enfrentar (que, de hecho, en los últimos años se han vivido varios).

En realidad, ese comportamiento, permisivo, pasivo y desentendido, finalmente cómplice, ha sido, a lo largo de los años, la tónica característica del Banco Central. Incluso cuando, hacia finales de septiembre de 2018, escuchábamos a la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, hablando de tasas de interés “obscenas”, ni siquiera entonces el Banco Central movió ni un dedo para aliviar la situación.

A decir verdad, toda esta argumentación resulta omisa y, finalmente, inconsistente. Lo cierto es que ante la posibilidad -no muy probable pero sí posible- de que las finanzas del sector público enfrenten un episodio extremo de “tensión sistémica”, ese “sistema financiero”, por cuyo bienestar y estabilidad el Banco Central se desvela, no podrá mantenerse indemne. La crisis en el sector público inevitablemente se contagiaría al sistema financiero en su conjunto y a los mercados cambiarios ¿Qué haría el Banco Central en tal caso? ¿Se mantendría impasible en su actitud de cómplice pasividad?

La discusión anterior nos permite comprender mejor el hecho de que Villegas y Cubero descarten, sin mayor dilación, la existencia de cualquier posible comportamiento colusivo, especulativo o antisocial sobre la deuda pública: “…en su labor de seguimiento de las actividades en los mercados financieros y de valores, las superintendencias del ramo no han detectado comportamientos inusuales o colusivos de los distintos agentes económicos que actúan en el mercado” (p. 11). Todo lo cual es concordante con el anónimo e impersonal automatismo que estos señores atribuyen al comportamiento de las tasas de interés sobre la deuda pública. Son simplemente “las fuerzas del mercado”, al modo de designios del cielo, inevitables, incontrolables e incomprensibles. No nos dicen que se trate de un mercado de “competencia perfecta”, pero poquísimo les falta para hacerlo, aunque, si lo hicieran, sería preciso recordarles las graves inconsistencias que hacen insostenible esa teoría. En fin, es la dogmática del mercado, una vez más.

De ser las cosas como estos señores dicen, las tasas de interés “obscenas” de que en alguna oportunidad nos hablaba la señora Aguilar, son simplemente el fruto -tan sabio como misterioso- de la magia del mercado. Ninguna voluntad humana ha intervenido en ninguno de las reiteradas ocasiones en que esas tasas de interés han exhibido su “obscenidad”.

Ahora bien, supongamos que fuese cierto que no hay “colusión”, si por tal cosa entendemos alguna forma de acuerdo, más o menos abierto o embozado, más o menos implícito o explícito. Incluso en esa optimista hipótesis, resulta innegable que sí hay comportamientos especulativos, que se dan como resultado de la irracionalidad asociada a un rasgo característico de los mercados: el comportamiento de rebaño. Ello introduce graves deformaciones que, en el caso que nos ocupa, dañan a la sociedad en pleno. Es ello lo que, episódicamente, da lugar a tasas de interés “obscenas”. Es ello lo que, asimismo, presiona para que las tasas se mantengan en niveles socialmente inaceptables. Aducir que ello refleja las percepciones de “riesgo” por parte de los “agentes económicos”, es una racionalización ex post, para embellecer lo que, en el mejor de los casos, sería un rasgo de irracionalidad e ineficiencia, con graves consecuencias para la sociedad en su conjunto.

Resulta entonces obligatorio preguntarse: ¿a quién le conviene este cuento fantasioso y alucinado que Cubero y Villegas nos presentan? Pues a los intereses del mundo financiero que así quedan recubiertos por una humareda ideológica, trajeados de tecnicismos eufemísticos, omisos y contradictorios.

¿En serio Cubero y Villegas pretenden que admitimos como natural e inevitable, que las tasas de interés sobre los bonos de la deuda pública, leviten muy por encima de lo que sería razonable y admisible, y que aceptemos que todo ello es simplemente el designio -a la vez sabio, virtuoso e inevitable- de las inexorables e impersonales fuerzas del mercado?

Lejos de esta concepción mitificada, lo cierto es que los mercados no solo son a menudo ineficientes e irracionales, sino que, además, son espacios de ejercicio del poder. Como los movimientos de los precios no solo son, con más frecuencia de la que se suele admitir, el fruto de movimientos acumulativos irracionales e ineficientes, sino que, sobre todo, son mecanismos de redistribución del ingreso y la riqueza. Las altas tasas de interés sobre la deuda pública, reflejan ineficiencias e irracionalidades, pero también relaciones de poder, y muy posiblemente son estas relaciones de poder las que subyacen al discurso apologético y la actuación permisiva, de nuestras autoridades económicas. De hecho, asociada a la anómala situación de las tasas de interés sobre la deuda pública, se están produciendo movimientos de redistribución del ingreso y la riqueza.

Costa Rica tiene derecho a preguntarse, si el abordaje que se hace de este grave problema, se preocupa realmente por proteger los derechos de la ciudadanía y el bien común, o si tan solo es un juego ideológico propicio a ciertos estrechos intereses. También es importante cuestionarnos acerca del riesgo que todo esto pone sobre la estabilidad financiera del sector público, y, en un caso extremo, incluso sobre la prestación de los servicios públicos.

4) Acotaciones finales

  1. a) En relación con la “facilidad crediticia” aprobada (₡700.000 millones en su versión inicial, ampliada luego a ₡842.887 millones) los señores Cubero y Villegas aclaran que “…no es para apoyar al sistema financiero: su objetivo es más bien apoyar a las familias y empresas afectadas por la crisis” (subrayado es del original). Cabe sin embargo preguntarse: ¿no debería hacerlo el sistema financiero motu proprio, sin esperar que el Banco Central le dé este “empujoncito”? ¿Por qué no lo hace? Probablemente porque conlleva riesgos. Si tal fuera el caso, estaríamos entonces en presencia de un ejercicio de socialización de esos riesgos: el objetivo podría ser loable y necesario, pero lo cierto es que, en protección de los bancos, es la sociedad la que asume el riesgo.

Dicen además estos señores que, a partir de esos recursos, los bancos deben conceder créditos a empresas y hogares “afectados por la pandemia”, y que deben ofrecer “condiciones favorables” en cuanto a tasas de interés y plazos ¿Qué se está entendiendo aquí por “condiciones favorables”? ¿Se definieron rangos o parámetros que permitan confirmar que las condiciones son realmente “favorables”? En su carta, Villegas y Cubero son omisos sobre ese particular. No vaya ser que, al cabo, resulten más “favorables” para las entidades financieras que para “las empresas y hogares afectados por la pandemia”.

Y en todo caso, sigue en pie el cuestionamiento: ¿por qué en este caso el Banco Central si se anima a desmarcarse un poco de su tradicional ortodoxia, y en cambio no lo hace tratándose de la estabilidad de las finanzas públicas?

  1. b) En el apartado de “Anotaciones sobre algunos indicadores” (p. 12), aparecen señalamientos que es preciso aclarar, en relación con las tasas de crecimiento de los pagos por intereses a que se hace referencia en la carta de don Albino Vargas. Al respecto, indican los señores Villegas y Cubero: “Se desconoce de dónde proviene la tasa de 28% mencionada en su carta”. Para ilustración del público en general, es importante indicar que esas cifras efectivamente existen, y pueden ser corroboradas en esta dirección: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.hacienda.go.cr/docs/601d79cb7e6a2_12%20Diciembre%2020%20Definitivo.xls. Sugiero dirigirse a la parte correspondiente a gastos por intereses, el ítem correspondiente específicamente a la deuda interna, en la parte de “variación porcentual” (que en este caso corresponde a la variación de diciembre a diciembre de cada año). Se observará entonces que los pagos por intereses de la deuda interna, crecieron de la siguiente forma: 19,4% en 2017; 23,6% en 2018 y 28,0% en 2019.

Es lamentable que Cubero y Villegas no tengan noción de estos datos, los cuales una vez más ratifican la necesidad de hacer algo en serio, por bajar las tasas de interés sobre la deuda pública interna, no solo mediante una enérgica acción del Banco Central en los mercados secundarios de la deuda, sino, asimismo, mediante un inteligente proceso de renegociación de la deuda interna, de forma que se acuerden mejoras significativas tanto en las tasas de interés como en los plazos. Sabemos que ello afectará no solo a los bancos públicos y privados, y no solo a gente muy rica que tiene inversiones en bonos de deuda pública, sino también a fondos de pensiones, cooperativas y otros actores de similar naturaleza. Pero también es necesario poner en la balanza la ganancia que, como país, se obtendría al abrir espacio y ganar márgenes de maniobra, para poner en marcha un programa de política económica de signo progresista, que minimice el costo social asociado a la estabilización de las finanzas públicas, a la vez que impulse un proceso de vigorosa recuperación de la economía y creación de empleos, animado por objetivos de justicia social e inclusión.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís, CICDE-UNED, Alajuela, Costa Rica, 10 de marzo de 2021

 

Publicada en el blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/

Hacia la incultura y la estulticia generalizadas

Rogelio Cedeño Castro
Sociólogo y escritor costarricense

En un país donde la subcultura del reggeaton y las croquetas para gatos (traídas a cuento por un diputado no precisamente poseedor de una gran ilustración) tienden a ocupar el primer plano de la atención de muchas gentes, no debe sorprendernos en modo alguno, el recorte presupuestario de los recursos que estaban destinados al área de la cultura para el año 2021, incluso con independencia de los criterios que tengamos sobre esas asignaciones presupuestarias, todo esto es apenas una de las muestras de la culminación de un largo proceso de mediatización y minimización de la cultura, no sólo dentro del Estado sino también en la cada vez más mediocre clase política y aún hacia el interior de la llamada “sociedad civil”. Hace apenas una década cerró, o más bien quebró “La Casa de las Revistas”, una empresa que cumplía una labor cultural muy importante en este país, sin que se oyera ninguna inquietud dentro de la sociedad costarricense, mientras que apenas poco tiempo atrás cuando se discutió la inversión para proteger contra incendios o otros desastres al Teatro Nacional, las voces discordantes de numerosos diputados esta nefasta legislatura intentaron negarle recursos a un proyecto tan importante, sobre todo en una ciudad como San José, convertida en una de las capitales más horribles de América Latina, donde ya se perdió la mayor parte del patrimonio arquitectónico de cierta relevancia histórica, dada la ignorancia y la torpeza de las autoridades nacionales, y también municipales de la ciudad.

Como resultado de todo lo anterior, mientras nos encontramos sumidos en una crisis fiscal artificiosa y falsa de toda falsedad, generada por los grandes evasores y elusores del pago de impuestos, quienes astutamente compraron los bonos de la deuda interna que el estado debió emitir para cubrir el dinero faltante, a lo largo de las últimas dos décadas, cosa para la que no alegaron cero ganancias como en el caso del pago de los tributos, llevándonos al chantaje de los altos intereses de esa deuda originada por ellos mismos,  para exigir -de ahí en adelante-el desmantelamiento del estado y las instituciones más importantes, que son patrimonio de todo el pueblo, además del recorte de los presupuestos de salud, educación y cultura que son esenciales para mejorar el bienestar de las grandes mayorías populares, lo que se traduce en el desmejoramiento de todos esos servicios, y en el campo específico de la cultura pone en peligro el funcionamiento la Orquesta Sinfónica Nacional, que está a punto de cumplir su ochenta aniversario de servir a la cultura nacional, también las orquestas sinfónicas juveniles, los programas de educación musical intensiva en muchas escuelas del país, las acciones educativas y culturales del Sistema Nacional de Bibliotecas públicas del país, los programas de danza y de teatro juntos con muchos otros que ven comprometida su existencia, con lo que estas élites incultas y violentas no sólo continúan saqueando al país, sino que se preparan para sumirnos en la incultura y la estulticia más profundas, con el propósito no siempre oculto de obtener una mano de obra inculta y sumisa, para que no se enfrente a sus acciones depredadoras.

Sucede que, en el microcosmos cultural de este cambio de siglo, un universo empequeñecido donde la mayoría de las gentes pasan sumergidas en las pantallas de sus aparatitos electrónicos, con sus lecturas apresuradas por no decir que “instantáneas”, acerca de todo lo  humano y lo divino, en una época en que la comprensión profunda de lo que está ocurriendo, más allá de las apariencias fenoménicas, es ya cercana a cero con su imparable descenso que incluso alcanzó ya una escala descendente, propia de los signos negativos de un cosmos algebraico, o de la escala del cero absoluto de Kelvin en la física, y dentro de los términos del devastador ascenso de la insignificancia, de la que nos hablaba con cierta vehemencia, el filósofo y sociólogo griego-francés Cornelius Castoriadis (1922-1927) durante los últimos años del siglo anterior, dado que “ Existe una temible capacidad de la sociedad actual para ahogar toda divergencia verdadera, sea acallándola, sea convirtiéndola en un fenómeno más, comercializado como los demás” (Castoriadis, 1998, página 89) con el agravante de que “El conjunto es instrumentalizado, utilizado por un sistema que es el mismo anónimo. Todo esto no es el resultado de la acción de un dictador, de un puñado de grandes capitalistas o de un grupo de formadores de opinión, se trata de una inmensa tendencia socio-histórica que se mueve en esta dirección y que se hace que todo se torne insignificante. La televisión ofrece evidentemente el mejor ejemplo: por el hecho de ocupar el centro de la actualidad durante veinticuatro horas, una cosa se vuelve insignificante y deja de existir pasado ese tiempo, porque se ha hallado o porque hay que hallar otra que ocupe su lugar. Culto a lo efímero que exige al mismo tiempo una contracción extrema, lo que en la televisión americana recibe el nombre de ATTENTION SPAN, la duración útil de la atención de un espectador, era de diez minutos hace aún algunos años, para caer gradualmente a cinco minutos, a un minuto y hoy a diez segundos( al finalizar el siglo XX).El SPOT televisivo de diez segundos es considerado como el medio más eficaz (Castoriadis, ibid, pág 90) con lo que “, es lo único que el espectador es capaz de asimilar” (Ibidem).

Es de ahí, de esa creciente insignificancia, de donde viene esa especie de surmenage (fr) o agotamiento cultural en el que está sumida la mayor parte de la humanidad, que es una población que deviene incapaz de distinguir lo esencial de lo puramente accesorio. Mientras tanto en nuestro país, y en la mayor parte de la región, se despliega el modelo de la dictadura neoliberal en democracia para ablandar a quienes se resistan a coquetear con las profundidades del abismo al que nos quieren llevar, empleando para ello formas más o menos violentas, según cada caso, oscilando entre la violencia simbólica, a través de los grandes medios o de las redes sociales y la más feroz represión policial, una vez llegado el caso de requerirlo. La democracia y la cultura son asuntos que les estorban, cada vez más, a estas poco ilustradas y codiciosas élites del poder.

Negociar primero con los acreedores, después con el FMI

Gilberto Lopes
Sep 2020

Reducir el gasto público, vender empresas del Estado y aumentar los impuestos: básicamente, son las tres recetas que el gobierno sugiere para negociar un préstamo con el FMI.

Quisiéramos sugerir que las dos primeras podrían ser desastrosas y la tercera debería ser revisada, entre otras cosas para eliminar exoneraciones a sectores como las zonas francas y normas que permiten a grandes empresas ocultar sus ganancias y no pagar nada al fisco.

Un estudio de la OCDE sobre la economía de Costa Rica (siempre lleno de generalidades y sesgos ideológicos), de junio pasado, señala que, como resultado de la pandemia el Producto Interno Bruto (PIB) podría reducirse un 22% este año: el turismo ha colapsado; la tasa de desempleo está aumentando; alrededor de 7100 empresas, que emplean a más del 8% de todos los trabajadores, han solicitado ser incluidas en el régimen temporal de trabajo que les permite reducir las horas de trabajo y los salarios. El estudio reconoce también que la demanda interna se debilitará, ya que las medidas para controlar la pandemia impactan el consumo y la inversión.

Reducir el gasto público

En ese contexto, ¿qué sentido tiene reducir el gasto público?

Como los efectos de la Covid 19 en la economía mundial (y en la nuestra también) durará un tiempo largo, difícil aun de precisar, es necesario que los gastos reflejen nuestras prioridades para hacer frente a este desafío.

La crisis de la Covid 19 y la recesión ofrece una oportunidad única para repensar el papel del Estado, tanto sobre sus relaciones con las empresas privadas como con los empleados públicos y con las personas a las que ofrece todo tipo de servicios.

La vieja creencia de que el gobierno es una carga para la economía de mercado ha perdido toda credibilidad, señalaron recientemente dos economistas destacados, Mariana Mazzucato y Antonio Andreoni. La reciente revelación de cómo los dineros de la CCSS se destinaron a financiar La Nación son una muestra contundente de cómo el sector privado depende del público.

Si no se compensa con dinero efectivo a empresas, trabajadores autónomos y asalariados, mientras no tengan ingresos, la economía irá directamente a la catástrofe; se dispararán la pobreza y todo tipo de problemas sociales, dijo el economista español Juan Torres. Se refería a la situación de su país (por cierto mucho más endeudado que el nuestro), pero no hay razón para pensar que la recomendación no se aplica también aquí. Pero nos quieren convencer de lo contrario.

Los salarios del sector público son casi un 50% más altos que los del sector privado en Costa Rica, como lo reconoce la OCDE. Parecería sensato, en las actuales circunstancias, pensar que es indispensable mejorar las condiciones de trabajo en el sector privado. Pero no es así.

El pasado 28 de septiembre un economista costarricense publicaba en La República un artículo en el que señalaba, en tono crítico, que los “Salarios de empleados público son el doble de alto que en empresas privadas”. Reconoce también que si bien el salario promedio del sector público cae un 6,2% con respecto a marzo, como consecuencia de la pandemia, los privados caen un 9%, mientras los del gobierno central aumentan un 1,7%.

Dejemos por ahora de lado observaciones sobre el estudio de ese economista, naturalmente sesgado en cifras y conclusiones. Para el autor, de lo que se trata (también lo propone la OCDE) es de promover de forma urgente una “verdadera ley de empleo público que ordene el sistema salarial del sector, pasando a todos los funcionarios a un esquema de salario único para acabar con la perversidad de los pluses o incentivos salariales».

Es evidente la conveniencia de ordenar al régimen salarial del sector público que, con el tiempo, fue generando distorsiones entre las diversas instituciones. Pero la idea de esa “ley de empleo público”, tal como planteada, es llevar el sector al nivel del sector privado. En opinión de la ministra de Planificación y Coordinadora del Equipo Económico, Pilar Garrido, un sistema de salario único “permitiría al Estado un ahorro de 243 mil millones de colones al año”.

¿Tiene sentido esto? ¿El Estado ahorra 243 mil millones de colones a costa de los costarricenses, propuesta hecha cuando lo que hace falta es garantizar ingresos suficientes a todos e inyectar recursos a la economía para evitar que colapse? Ese “ahorro” es dinero que Garrido propone sacar del bolsillo de los costarricenses, probablemente para pagar intereses de la deuda o –quien sabe– financiar proyectos “público-privados” cuyo costo para el Estado y para los costarricenses termina siendo desmesurado.

Esa visión miope y mezquina está detrás de todo el paquete económico propuesto por el gobierno. Quieren reducir el sector público, Pretenden cobrar impuesto al aguinaldo, acabar indefinidamente con los reajustes cuando la deuda supere el 50% del PIB. Una condición que la OCDE sueña con que la incorporemos a nuestra Constitución y que se hará eterna –como lo saben bien quienes hicieron una norma– pues difícilmente el país logrará rebajar su deuda a ese nivel en un tiempo previsible. Para tener una idea de lo que esa meta representa vale recordar que a finales de 2019, la deuda pública en la OCDE representaba 72,6% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros.

Consideraciones todas que nos llevan a la conclusión de que el gasto público debe incrementarse y mejorarse.

Vender empresas del Estado

También ha propuesto el gobierno vender empresas públicas.

El nuevo presidente de la Unión de Cámaras (UCCAEP), Álvaro Jenckins, empresario de la caña con empresas en zonas francas, –también miembro del grupo empresarial Horizonte Positivo, que hoy le habla al oído al presidente Alvarado–, no solo defiende el modelo sino que tiene interés en comprar Fanal, que el gobierno quiere privatizar.

En reciente entrevista Jenckins recordó los primeros contactos con Alvarado, cuando este era funcionario del IMAS en el gobierno de Luis Guillermo Solís y se creó Horizonte Positivo.

Calculan el precio de venta de Fanal en doce mil millones de colones; pero la empresa aporta once mil millones a las arcas del Estado por año. Cosa similar ocurre con Bicsa, la otra empresa que quieren privatizar, con el argumento de que, con esos recursos, se reducirá la deuda pública.

Hace 30 años –dijo Ottón Solís, economista y fundador del PAC– “se demostró que la opción del efímero y falso heroísmo ante una aguda crisis fiscal, sólo conduce a convertir en inevitables reformas estructurales”, en larga nota en la que defiende las iniciativas del gobierno.

Pero lo cierto es que, en estas materias, no hay nada “inevitable”. Lo ocurrido hace 40 años (no 30), en el gobierno de Rodrigo Carazo, no tuvo nada de “falso heroísmo”. Como tampoco la crisis fue resultado inevitable de los esfuerzos hechos entonces por el gobierno para enfrentar el déficit fiscal y los compromisos de la deuda sin afectar los servicios públicos, como los de salud y educación.

Que las políticas de Carazo no fueron la causa de la crisis lo demuestra la situación del país hoy donde, 40 años después y de una continuada aplicación de políticas contrarias, estamos frente a los mismos (o peores) desafíos que los de entonces.

Hoy se conoce bien los intereses que estaban detrás de los esfuerzos por ahogar las políticas del gobierno de Carazo. Se trataba de iniciar un proceso de ajuste estructural, de asalto al sector público y de privatizaciones, particularmente el del sector bancario, que se inició entonces con recursos de la AID norteamericana.

No se trató de generosas concesiones de los Estados Unidos, en el escenario de su lucha contra el gobierno sandinista en Nicaragua, como sugiere Solís. Se trató de una política despiadada, con recursos de la AID que significaron una severa carga para el país –obligado a recibirlos y depositarlos en una cuenta del Banco Central; pagar intereses de 21% por ese dinero, que el Banco Central se obligaba a prestar a prácticamente nulos intereses para comprar productos norteamericanos. Además de préstamos por cerca de 200 millones de dólares para crear una banca privada, contribuyendo a desarmar las bases del Estado Social en Costa Rica y avanzar en las privatizaciones, comenzando por el sector bancario.

Desde entonces no han cesado en esa lucha, fundamento de toda política neoliberal, de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad, que está en la base de la crisis política y económica que la Covid 19 solo contribuyó a desnudar y acelerar.

Tal como en los 80, cuando los intereses más conservadores se aprovecharon de la crisis para adelantar sus intereses, el modelo se repite ahora, en este nuevo escenario.

Vendiendo empresas públicas para pagar deudas, a la larga solo tendremos cada vez menos recursos y más deudas, como ha ocurrido en estos 40 años. El desafío es desarrollar empresas para ganar dinero y, además, pagar deudas. Pero parece eso demasiado pedir para políticos de visión corta y empresarios de ambiciones desmedidas.

Aumentar impuestos

Aumentar impuestos: ¡sí, claro! Pero revisemos los hechos.

La reciente reforma fiscal condonó multas e intereses a empresas como la Standard Fruit Company, Durman Esquivel, Veinsa, Florida, Café El Rey por 194 mil millones de colones, gracias a la amnistía tributaria incluida en la reforma fiscal del año pasado.

Según Procomer, 375 empresas de zona franca tuvieron exoneraciones de impuestos estimadas en 953 millones de dólares, o sea, 575.612 millones de colones al tipo de cambio del 31 diciembre 2018, casi un 55% de los 1.750 millones de dólares que el gobierno quiere negociar con el FMI.

Entre las exoneraciones es particularmente incomprensible las que disfrutan, por ejemplo, los casinos y las empresas de apuestas electrónicas que mueven $4 mil millones de dólares al año. O empresas piñeras y bananeras, que exportan al costo a Panamá y, por lo tanto, no pagan impuesto. Luego reexportan desde Panamá, donde tampoco pagan, porque no son productos producidos allá.

Volvamos al documento de la OCDE, que sugiere “comenzar a gravar los ingresos de las cooperativas, que siguen estando exentas a pesar de que algunas de estas disfrutan de condiciones monopólicas en mercados clave y se benefician de la protección comercial”. Y agregan: “También debe darse prioridad a la eliminación de exenciones fiscales que benefician a los hogares de altos ingresos”. Para la OCDE esto incluye gravar el aguinaldo, “que actualmente está exento del impuesto sobre la renta”, pero no dice ni una palabra sobre las zonas francas.

Una reforma a la ley el año pasado le permitió a las empresas de zona franca vender en el mercado interno, algo que les estaba prohibido. Esto les ha dado una condición privilegiada en el mercado nacional, pero ha facilitado también a empresas instaladas fuera de zona franca crear mecanismos para ocultar ganancias y no pagar impuestos.

El mecanismo lo explicó el economista Daniel Vartanian: una empresa que está instalada en Costa Rica le compra –a precios particularmente elevados– servicios a una empresa de su mismo grupo inscrita en zona franca. Servicios como administración de personal, contratación de artistas y realización de grandes conciertos; display en las góndolas (en el caso de un supermercado), entre muchos otros.

El resultado es que la empresa que está en el mercado local no tiene ganancias y, por lo tanto, no tributa. La que esta en zona franca tampoco tributa porque las de zona franca están exentas. Walmart, o Credomatic, son empresas que operan con mecanismos de este tipo.

No deja se ser particularmente irritante que empresarios de zonas francas, hoy instalados en puestos clave del gobierno, argumenten que francas no se les puede cobrar impuestos porque se irían del país, argumento que –como es obvio– no se sustenta, conociendo ese vínculo entre las del mercado interno y las de zona franca.

En el caso de las zonas francas se agrega otra medida, también del todo inconveniente. Se trata de la reciente exoneración de los impuestos a bienes inmuebles que antes pagaban.

“Lo más paradójico es que hace dos meses exoneraron a las zonas francas del pago del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, que siempre habían pagado. Mientras a las empresas más grandes se les quita el pago, ahora quieren triplicárselo a la gente. Esta situación es insostenible”, expresó el alcalde de Montes de Oca, Marcel Soler.

El documento de la OCDE al que hemos hecho reiteradas referencias afirma también que, según la experiencia de Colombia, “reducir las contribuciones a la seguridad social puede ayudar a reducir la informalidad”.

Dice también que “trasladar gradualmente carga impositiva desde las contribuciones a la seguridad social hacia el impuesto a la propiedad ayudaría a reducir la informalidad y la desigualdad”. Una falacia, en el fondo y en la forma, un argumento para el que el documento no aporta evidencia alguna.

Un lenguaje avieso para proponer lo que he llamado la “economía mágica”. Una economía sin sustento en los hechos, ideología pura que apenas esconde una voracidad perversa. Argumentos todos que ilustran bien la naturaleza de las decisiones sobre estas materias y hacia qué lado inclinan la balanza las propuestas del gobierno.

Negociar primero con los acreedores

El tema de la deuda pública es extenso y complejo. Se han multiplicado los análisis que desnudan los intereses que se esconden detrás de las diversas propuestas del largo documento donde el gobierno expone sus propuestas al FMI.

Los intereses que el país paga por su deuda llegaron a más del 4% del PIB a fines de 2019. De modo que es conveniente renegociarla, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar el gasto público, como consecuencia de la Covid 19.

Pero, además de lo que propone el gobierno, no hay en el documento ninguna propuesta de renegociar la deuda –como hizo ya en dos ocasiones, por ejemplo, con mucho éxito, el gobierno argentino– reduciendo montos, mejorando plazos y tasas de interés. El gobierno de Alvarado no ha propuesto nada de eso, un aspecto indispensable en cualquier iniciativa seria de renegociación de la deuda.

Gran parte de la deuda pública de Costa Rica –al contrario de la de otros países– está en manos de acreedores nacionales. Como lo indica el gráfico de la OCDE, a fines de julio casi 78% de la deuda era interna y cerca de 22%, externa. Hay que negociar primero con los tenedores de esa deuda, antes de acudir al FMI, donde se debe llegar con un escenario más claro y menos demandante, si se logra una renegociación favorable.

El gobierno, además de no haber hecho ninguna propuesta de renegociación a los acreedores, tampoco ha hecho referencia alguna a otras diversas propuestas, como las de utilizar las reservas del Banco Central para hacer frente a los mayores gastos provocados por la pandemia que, como lo han demostrado economistas y banqueros nacionales, podrían hacer inclusive innecesario cualquier negociación con el FMI.

Queda en evidencia así que no se trata del problema de la deuda, ni del gasto público, sino de una nueva ofensiva para ordenar el país de acuerdo a un modelo que no solo no va a permitir reducir la deuda, sino que va a agravar las disparidades sociales que se han acentuado en los últimos 40 años, caldo de cultivo para la miseria insultante que la Covid 19 dejó en evidencia en todo el país.

Una alternativa política

Ante esta realidad –y esta es mi propuesta– habiendo surgido innumerables voces que, bien informadas, sugieren caminos más razonables y justos, sería oportuno que se reuniesen y, agrupados detrás de estas sugerencias, la transformen en el programa de un conjunto de personas dispuestas a conformar una importante fracción parlamentaria en las próximas elecciones, en un esfuerzo no solo por detener y revertir estas políticas conservadoras, sino también por recuperar un indispensable nivel político en una Asamblea Legislativa que hoy, con contadas excepciones, da vergüenza.

Evitemos tocar fondo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.

            Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.

            Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.

            Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.

            ¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?

            La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.

            No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

            Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.

            Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.