Etiqueta: deuda política

Manuel Delgado

Más de 71.000 millones de colones fue lo recaudado por los partidos políticos en la pasado contienda electoral. Eso es casi el doble de lo que el TSE tenía previsto como deuda política para este proceso.

Solo el partido oficialista colocó en bonos la suma de 3.481 millones de colones después de las elecciones, es decir, el 22% del total de la gigantesca suma gastaba por esa entidad política. Tres inversionistas, tres personas físicas, adquirieron bonos por 556 millones, un 64% de los colocados en febrero y marzo.

A este mismo partido 10 inversores le aportaron 2.000 millones de colones. De esos, cuatro aportaron 1.262 millones.

Otros montos de la campaña dejan mucho que pensar. Por ejemplo, de la veintena de partidos participantes, solo cinco se repartieron esas sumas gigantescas. Los demás, chitón y tragar pa’adentro.

En la elección presidencial cada sufragio les costó 5.527 colones. Fue una elección de y para los ricos.

Esos datos solos, así de fríos, son capaces de hacernos pensar acerca de la calidad democrática de nuestro sistema electoral y, en general, de nuestro sistema político. ¿Es nuestra democracia tan democrática como se obstinan en repetirnos?

Lo cierto es que la campaña electoral, los representantes electos y la democracia misma tienen dueños: son 292 financistas y 23 medios de comunicación (entre ellos Trivisión y Repretel, que aportaron al PSSO 131 y 126 millones, respectivamente), los cuales pusieron la mayor cantidad de dinero y además se repartirán 12.827 millones de la deuda política. Y esos financistas no son filántropos: ellos cobran unas tasas de redescuento altísimas, a veces de un 40%, es decir, que el partido les vende bonos por 100 pero estos solo reciben 60. Lo otro es ganancia neta del financista y a costa de su dinero y el mío, pues el estado es el que al final paga a través de la deuda política.

Los que no estamos en ese grupo de elegidos no tenemos ninguna posibilidad de elección y menos de hacer escuchar nuestra voz. Ellos son los que mandarán en los próximos cuatro años y no sabemos por cuántas décadas más.

“La ley se estira y se encoge según a quien se le aplica, esto pasa en todas partes, pero más en Costa Rica”, decía Aquileo Echeverría. Pues lo cierto es que nuestra santa democracia no ha sido ni tan santa ni tan democracia como nos la pintan. Así, con marca de gamonal, vendiéndose al que mejor paga, así ha andado esa señora desde que era joven.

En la primera mitad del siglo pasado el fraude era santo y señor. Los partidos tenían unos tipos sagrados que, al decir de la gente, “lo sabían hacer”, es decir, eran maestros en el fraude. Y no se crea que por eso los despreciaban. Al revés, eran muy respetados no porque hicieran buenos negocios, que también los hacían, ni porque desfalcaran al fisco, que también lo desfalcaban, sino simplemente “por lo sabían hacer” y por eso había que estar bien con ellos.

El fraude, además, tenía otros ropajes. Ricardo Jiménez Oreamuno fue obligado a dejar su cuarta y última postulación a punta de cruceta, es decir, a punta de garrote. Don Ricardo, el viejo liberal, se había aliado entonces con los comunistas y el presidente León Cortés mandaba a sus matones a deshacerle por la fuerza sus mitines. Don Ricardo, ya muy viejo, renunció y se fue para su casa y las elecciones las ganó cómodamente Calderón Guardia.

Así transcurrió el siguiente proceso electoral, en que resultó electo Teodoro Picado, y el siguiente, supuestamente ganado de Otilio Ulate. Para entonces el poder electoral lo manejaba la oposición.

Algunos políticos de alto ruedo habían llamado ya al cambio de la institución electoral y habían propuesto un tribunal electoral no dependiente ejecutivo, sino otro similar al que tenemos hoy en día, disimuladamente neutral. La propuesta vino de Fernando Soto Harrison, que fue fundador del partido de Calderón Guardia y ministro de calderonismo. Cuando su propuesta fue rechazada y arrolló sus bártulos y se fue tranquilo a vivir a Estadios Unidos. Él mismo fue el que, poco antes de morir, me contó muchas de las cosas que aquí he narrado.

Entonces el poder electoral siguió controlado por el ejecutivo, quien lo puso en manos de la oposición después de la huelga de brazos caídos. Ese tribunal permitió el fraude en favor de Ulate. Los resultados fueron anulados por la Asamblea Legislativa, quien llamó a nuevas elecciones. Entonces esa anulación sirvió de excusa para que Figueres se lanzara a la guerra civil. Prefirió la guerra fratricida a unas nuevas elecciones, y así pasó a la historia como el apóstol de nuestra democracia.

Luego vinieron 18 meses de gobierno de facto, luego un gobierno de Otilio Ulate que no eligió nadie, y más tarde el primer gobierno constitucional de José Figueres Ferrer, electo en una contienda en que los dos principales partidos de oposición, el calderonista y el comunista, estaban fuera de ley y sus líderes en el exilio.

Pasaron dos largas décadas de ilegalización y persecución de los partidos de izquierda. A costarricenses ilustres se les negaron los derechos políticos, entre ellos a Joaquín García Monge, a Enrique Obregón Valverde, a Víctor Manuel Arroyo y, por supuesto, a Manuel Mora Valverde y sus compañeros.

No fue sino hasta 1970 que el partido de los comunistas pudo participar en elecciones y lo hizo gracias a un truco parlamentario. Sucede que Vanguardia Popular había tratado de inscribir el Partido Acción Socialista (PASO). Como al partido lo ponían fuera de ley con cualquier excusa, entre ellas la de que su bandera se parecía a la de Tanzania, Vanguardia propuso la bandera de los cuatro colores: negro, azul, rojo y verde. Nosotros decíamos que era la bandera de los cinco colores: lo cuatro del trapo y el que se daba uno cuando la llevaba.

Pues bien, el TSE puso a este partido y a su horrible bandera fuera de ley. Pero resulta que la prohibición tenía que ser ratificada por la Asamblea Legislativa. Diputados amigos hicieron largas, llegó el día del receso parlamentario y entonces, con la asamblea en receso, la prohibición del TSE no se pudo aplicar. Un mes tuvo el partido para armar su campaña electoral, enero, y con esa corta campaña eligió dos diputados, a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz.

Años más tarde, en 1984, el TSE volvió a ilegalizar un partido que intentó inscribirse con el nombre de Partido Comunista Costarricense, pero esa es otra historia.

Ahora volvemos al presente con el panorama descrito al comienzo. Las delegaciones de la OEA y de la Unión Europea hicieron señalamientos serios sobre esta situación. Dijeron, por ejemplo, que había fuertes indicios de que la campaña había sido financiada con dinero más habido, posiblemente proveniente del narcotráfico. Nuestra financiación, dice la comisión de la UE, es “ampliamente considerada susceptible de ser utilizada para el blanqueo de capitales procedentes de fuentes ilícitas”.

Llamaron a establecer un sistema de financiamiento “que garantice recursos oportunos para todos los partidos políticos —nacionales, provinciales y cantonales— y reduzca la dependencia del financiamiento privado”.

Propusieron abrir espacios en los medios de comunicación para todos los partidos, grandes y pequeños. Ambos llaman a establecer límites a aportes privados.

Yo siempre he creído, y he propuesto muchas veces, que el Estado, que de todos modos es el que va a pagar los gastos, mantenga los millones correspondientes a la deuda política en líquido, y que los ofrezca a los partidos con tasas de redescuento muy bajas o con ninguna, con el fin de evitar que los partidos recurran al inversor privado. Sería un gran ahorro para todos, pero, claro, una enorme pérdida para los inversores.

La democracia costarricense es un sistema de poder de una clase, es un instrumento al servicio de la oligarquía nacional, íntimamente emparentada con el capital extranjero. Es un instrumento de opresión sobre las clases populares. Eso no va cambiar con reformas. Para que haya un verdadero giro de timón debe haber antes un cambio de timonel. Para que sea una democracia para todos, habrá que quebrar ese sistema de dominio de la oligarquía y sustituirlo por el sistema de dominio del pueblo trabajador. Denunciar esto es lo más útil y lo más importante.

No obstante, se pueden proponer reformas, como esas adelantadas por las comisiones de la OEA y la Unión Europea. ¿Habrá quien le ponga el cascabel al gato? Esa llamada alianza opositora, ¿se atreverá a tocar los grandes intereses que los financistas o les dará miedo quedarse sin ayuda de ellos en las próximas elecciones? Cada uno tiene el derecho a tener su opinión. Yo apuesto a que no se van a atrever a mover un dedo y que en cuatro años estaremos repitiendo lo mismo que hoy.