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Etiqueta: deuda pública

Situación fiscal a octubre del año 2024

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía de la Universidad Nacional

Con la actualización más reciente de las cifras fiscales, según el Ministerio de Hacienda, el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la UNA, presenta esta actualización del análisis de la situación fiscal del país, en seguimiento de los Análisis de la Coyuntura Fiscal que se han hecho públicos en otros momentos del año 2024, a fin de contribuir a la discusión de la coyuntura fiscal y del estado de la economía de Costa Rica. Algunas variables han evolucionado de forma distinta a octubre, con respecto a meses previos, habiendo más ingresos con respecto al PIB, pero también un mayor crecimiento del gasto, lo que redundará en un cierre del 2024 muy similar al anteriormente proyectado.

En el caso de los ingresos públicos, su comportamiento, expresado como porcentaje del PIB, es el siguiente al concluir el mes de octubre para el caso de los años mostrados:

Cuadro 1

Ingresos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a octubre

 

2021

2022

2023

2024

INGRESOS TOTALES

12,50%

13,36%

12,42%

12,34%

Ingresos Tributarios

10,92%

11,37%

11,11%

10,92%

Impuesto a los ingresos y utilidades

4,20%

4,49%

4,35%

4,02%

Sobre importaciones

0,36%

0,30%

0,29%

0,31%

Sobre exportaciones

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

IVA

4,07%

4,00%

4,03%

4,08%

   Interno

2,43%

2,48%

2,52%

2,55%

   Aduanas

1,65%

1,52%

1,50%

1,53%

Selectivo de Consumo

0,41%

0,38%

0,48%

0,55%

   Interno

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

   Aduanas

0,39%

0,36%

0,46%

0,53%

Otros ingresos tributarios

1,87%

1,78%

1,95%

1,95%

Contribuciones sociales

0,97%

0,95%

0,98%

1,00%

Ingresos no tributarios

0,30%

0,55%

0,28%

0,32%

Transferencias

0,30%

0,48%

0,03%

0,09%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos totales presentan una reducción al décimo mes del 2024, con relación a los tres años precedentes, explicado por una caída de los ingresos tributarios como porcentaje del PIB (un 0,09% menos) con respecto al mismo periodo del año 2023, una caída menor que la que se contabilizaba a agosto del 2024, con respecto al PIB. En cuanto al comportamiento por rubro de ingreso, en el caso del impuesto a los ingresos y utilidades (renta) a octubre hay una reducción del 0,19% del PIB con respecto al comportamiento del mismo periodo del año 2023, que se recupera con respecto a la reducción en la recaudación del impuesto sobre la renta observada a agosto, pasando de una caída de 0,29% del PIB a una caída del 0,19% del PIB. La menor caída se produce como consecuencia del mejor comportamiento del impuesto sobre la renta a personas físicas, producto de los ajustes retroactivos pagados a lo largo del presente año en el sector público.

En el caso del impuesto al valor agregado, al mes de octubre también mejora la recaudación, incrementándose un 0,05% del PIB, con una mejora tanto en el impuesto recaudado a lo interno como en el IVA recaudado en aduanas. En el caso del impuesto selectivo de consumo también presenta un mejor desempeño, sumando un crecimiento de 0,07% del PIB con respecto a lo recaudado a octubre del 2023, lo que compensa la caída de los ingresos del impuesto sobre la renta. En el rubro de otros ingresos tributarios, en el que Hacienda clasifica varios impuestos menores y dentro de los que se incluye el impuesto único a los combustibles (el más grande de todos en esta clasificación) y el impuesto a la propiedad de vehículos, la recaudación se mantuvo sin cambios con respecto al PIB, explicado por el crecimiento de 14,7% en el impuesto único a los combustibles, a pesar de la caída en otros rubros.

GASTO PÚBLICO

En cuanto al gasto público, los primeros diez meses del 2024 suman un mayor gasto con respecto al mismo periodo del 2023, un 0,34% del PIB más, explicándose este aumento como consecuencia de un mayor gasto en remuneraciones, que aumenta este año con relación al PIB luego de varios años de disminuir y de un mayor gasto de capital. El gasto en intereses se mantiene casi sin cambios en su total, apenas un 0,01% del PIB más en octubre del 2024 con respecto a octubre del 2023, aunque sí hay un cambio en su composición, pues hay menos gasto en intereses de deuda interna y más gasto en intereses de deuda externa.

En el caso del gasto en remuneraciones con respecto al PIB, a octubre del presente año el porcentaje aumentó con respecto al mismo periodo del año 2023, explicado por el pago del ajuste retroactivo pendiente, creciendo un 0,11% del PIB. La partida de transferencias corrientes también se mantiene sin cambios significativos, aunque con una disminución en las transferencias corrientes al sector privado, que reflejan principalmente el gasto del gobierno en el pago de pensiones con cargo al presupuesto nacional y que se redujeron un 0,07% del PIB, mientras que las transferencias corrientes al sector público crecen un 0,06% del PIB.

En cuanto al gasto de capital, a octubre del 2024 creció con respecto al PIB, con relación al mismo periodo del 2022 y del 2023, a pesar de presentar variaciones importantes en su tasa de crecimiento a lo largo del 2024. A octubre del 2024 el gasto de capital con respecto al PIB alcanza un 1,07%, mientras en el mismo periodo del 2023 fue de 0,92% del PIB y en el 2022 fue de 0,93% del PIB.

Cuadro 2

Gastos del gobierno central con respecto al PIB, 2021-2024, acumulados a agosto

 

2021

2022

2023

2024

GASTOS TOTALES

16,31%

15,16%

14,88%

15,22%

Gastos totales sin intereses

12,22%

11,10%

10,68%

11,01%

Gastos corrientes

15,26%

14,22%

13,95%

14,08%

Remuneraciones

5,09%

4,61%

4,46%

4,57%

Bienes y Servicios

0,56%

0,54%

0,49%

0,49%

Intereses    

4,09%

4,06%

4,20%

4,21%

         Deuda Interna

3,48%

3,42%

3,40%

3,29%

         Deuda externa

0,61%

0,64%

0,80%

0,92%

Transferencias

5,51%

5,02%

4,80%

4,81%

         Sector Privado

1,85%

1,71%

1,66%

1,59%

         Sector Publico

3,60%

3,29%

3,08%

3,14%

         Sector Externo

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

Gastos de Capital

1,04%

0,93%

0,92%

1,07%

         Inversión

0,45%

0,34%

0,41%

0,39%

        Transferencias

0,59%

0,59%

0,51%

0,68%

        Transferencias con recurso externo

0,09%

0,13%

0,03%

0,11%

FUENTE: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

RESULTADO FISCAL

Al mes de octubre del 2024 el país presenta un superávit primario que se reduce con respecto a lo observado en el mismo periodo del 2023. En los primeros diez meses del año el superávit primario alcanzó un 1,33% del PIB, para el mismo periodo del 2023 el superávit primario fue de 1,75%, la reducción se explica por la caída en los ingresos totales y el repunte del gasto en remuneraciones y del gasto de capital, cuya combinación (menos ingresos y más gasto) impactó el resultado primario. En cuanto al resultado financiero, el déficit a octubre del 2024 fue de 2,88% del PIB, mayor al déficit a octubre del 2023 que fue de 2,45% del PIB.

Tanto en el resultado primario como en el resultado financiero, hay un deterioro de poco más de 0,30% del PIB, que mejora con respecto a agosto, cuando el deterioro en relación al mismo periodo del 2023 era de un 0,40% del PIB. Para el cierre del año la pérdida de recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos podría disminuir con respecto a lo recaudado en el 2023, volviendo a complicar el panorama fiscal, mientras que una menor dinámica económica en la segunda mitad del presente año podría afectar la mejora en la recaudación del IVA. El Observatorio Económico y Social, con los datos a octubre del presente año, prevé los siguientes resultados para el 2024:

  1. El déficit financiero del 2024 se ubicaría en un 3,8% del PIB.
  2. El resultado primario se ubicaría entre un 1,1% del PIB.
  3. El gasto en intereses sería de un 4,9% del PIB.
  4. La deuda del gobierno central se mantendría alrededor del 62% (+/- 0,5%) del PIB, suponiendo que el crecimiento del 2024 se mantiene en el nivel previsto por el Banco Central, que no hay variaciones importantes en el tipo de cambio y que no hay un cambio brusco de tendencia en la inflación al cierre del 2024.

Las anteriores proyecciones se hacen considerando que cualquier cambio en las variables señaladas, vendría a modificar dichas proyecciones. El Observatorio presentará un nuevo análisis de coyuntura fiscal con la información del cierre fiscal del 2024, a fin de analizar lo sucedido en este año y confirmar las proyecciones hechas.

Reiteramos que la posibilidad de hacer ajuste fiscal por el lado del gasto se acabó, muchos rubros de gasto urgen de una mayor asignación de recursos, mientras hacemos un respetuoso llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se hizo el año anterior con el impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en la última reforma del impuesto sobre la renta o las reformas recientes en el IVA. Recuperar los espacios de gasto perdidos requerirá de más ingresos tributarios y la discusión sobre cómo hacer eso deberá empezar pronto.

Insistimos en la necesidad de impulsar una política pública que reduzca el costo del financiamiento de la deuda pública, a fin de reducir el pago de intereses, que para este año incluso alcanzaría un 4,9% del PIB. Parte de los recursos pagados en intereses podrían ser utilizados en la atención de necesidades apremiantes de la población, de ahí la urgencia de plantear medidas para reducir el pago de intereses en próximos años.

Finalmente, considerando que se prevé que la deuda se mantendrá por encima del 60% del PIB en el 2024 y en el 2025, la aplicación de las restricciones sobre los ajustes salariales y la inversión pública seguirán vigentes, incluso todavía en el 2025. Urge una revisión de la eficacia y la aplicación de la regla fiscal, aún y cuando se deje atrás la parte más restrictiva de la misma, a fin de solventar problemas de la legislación que crea ese mecanismo de control del gasto, además de evitar que se exacerben otros problemas que incluso hoy se están presentando, como la extensión indefinida del congelamiento salarial en la remuneración de los funcionarios públicos.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
17 de diciembre de 2024

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Publicado el . Publicado en Trabajo.

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

JUPEMA denuncia que gobierno no incluyó en presupuesto recursos suficientes para Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio

Publicado el . Publicado en Trabajo.

MEP contempló recursos insuficientes en el presupuesto 2024 y 2025 para el pago de las cuotas patronales y estatales al fondo del RCC. JUPEMA, en su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de sus afiliados, alerta e informa:

-⁠Según los cálculos realizados por el Departamento Financiero de JUPEMA, el MEP enfrenta un hueco financiero de ₡41.674 millones, en el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico 2025, esto para cubrir los montos correspondientes a las cuotas patronales y estatales del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), tanto de montos adeudados de años anteriores, como de lo correspondiente al 2025, afectando a más de 112 mil trabajadores de la educación, quienes no verán en su estado de cotización el registro de estas cuotas mientras que el MEP esté en mora.

-⁠El MEP incumplió el acuerdo negociado en marzo de 2024, para el pago de deudas del año 2023, ya que canceló 10 mil millones de colones con recursos de este año, por lo que estos recursos deberían haberse reintegrado al presupuesto 2024 o sumado al presupuesto 2025, no concretando ninguna acción, lo que significa que cada día la deuda irá en aumento.

-⁠La Ministra de Educación no responde a las solicitudes de audiencia para abordar este. y otros temas de interés para JUPEMA en beneficio de nuestra afiliación.

-⁠JUPEMA realizó una denuncia pública ante los medios de comunicación de esta situación y solicita a los Diputados exigir al MEP y al Ministerio de Hacienda una solución inmediata para garantizar la seguridad social de los trabajadores de la educación.

JUPEMA vela por los intereses de sus afiliados y exige responsabilidad en el pago de los recursos adeudados.

Macroeconomía y pobreza

Publicado el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Para los que creen en los dogmas cuasi religiosos, de la macroeconomía y sus gurúes, es de aplaudir el congelamiento salarial, perverso e inhumano, que rige desde el 2019. «No hay vuelta atrás», dicen Chaves y Nogui.

¡No hay ajustes salariales, mientras la manoseada deuda pública, sea un 60 % superior al Producto Interno… Bruto!, agregan.

Así, los fallidas tesis macroeconómicas, que por años vienen dando malos resultados, para ambos, están escritas en mármol, mientras los empobrecidos trabajadores, tienen que enfrentar severos aumentos en alquileres, víveres, medicamentos, electricidad, agua potable, transporte colectivo, educación privada, medicina extra-Caja…

Y es que, aunque la evasión de impuestos, de parte de grandes empresas, supera esa deuda pública, se reafirma la injusta condena, caída sobre inocentes mujeres y hombres: ¡No tendrá derecho a incrementos salariales; no jodan!

Desafíos y perspectivas de la inversión social pública en Costa Rica

Publicado el . Publicado en Análisis.

Yenén Mejías San Lee
Investigador Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Yenén Mejías San Lee.

El deterioro de la Inversión social pública (ISP) en el país nuevamente ha vuelto a ser centro de atención en diversos sectores de la ciudadanía, en esta ocasión el detonante fue la presentación del presupuesto ordinario y extraordinario para 2025 ante la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24535, donde se refuerza la tendencia a los recortes en la ISP durante los últimos años. La propuesta para 2025 tiene una reducción de 1,9% con respecto al año anterior, y sobresalen nuevamente los recortes en educación cuya tendencia decreciente se ha sostenido desde 2017 a la fecha, año en el que se invirtió un 7,4% con respecto al PIB (cercano al tan anhelado 8% del PIB según lo establece la constitución política de nuestro país) y de aprobarse el presupuesto enviado por el ministerio de Hacienda se reduciría a 4,9% del PIB en 2025, profundizando la tendencia de reducción de la ISP.

La reducción llega después de una década caracterizada por un aumento en dicha inversión, pero también por un déficit fiscal, cuya diferencia entre ingresos y gastos se atendió en gran medida con el crecimiento de la deuda pública, situación que condujo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y con ella la implementación de la regla fiscal para controlar el gasto. Las consecuencias e impacto de estas limitaciones a la inversión social son complejas de cuantificar e incluso predecir el momento en el que sus mayores efectos lleguen a manifestarse en el país. Pero la preocupación es más que válida sobre todo al sumar problemas como el actual apagón educativo, la profunda polarización social, una crisis de seguridad y homicidios en conjunto con los ya conocidos problemas de pobreza que tiene el país, los problemas de desempleo y la desigualdad social y económica.

Dadas las circunstancias, es necesario repasar los posibles efectos que pueden generar estas políticas fiscales. Recordemos que la ISP es un conjunto de recursos públicos que se priorizan y destinan a diversos sectores de la economía como: educación, salud, protección social, vivienda y cultura, Su objetivo primordial es mejorar el capital humano de la sociedad en el largo plazo, razón por la cual se considera una inversión, pues se espera que estas políticas influyan positivamente en el bienestar y productividad de sus habitantes bajo un enfoque de distribución equitativo y sostenible.

El enfoque de redistribución equitativo debe considerar aspectos como la eficacia y eficiencia de estas políticas, justamente en algunos de los informes del Estado de la Nación, se estudia cómo la inversión social pública en Costa Rica se distribuye entre los diferentes estratos de ingreso y su impacto en la reducción de desigualdades, llegando a la conclusión que la inversión social se distribuye equitativamente entre los quintiles de ingreso, aunque los hogares más pequeños, que se encuentran en el quintil más rico, reciben una mayor inversión per cápita debido a su tamaño reducido (Mata y Trejos, 2017, p. 52)*.

Los datos también permiten concluir que la inversión en educación es la más progresiva de todas las funciones sociales seguida de la inversión en salud, mientras que vivienda y territorio es más proporcional. La excepción es la función de protección social la cual se torna regresiva como resultado de que las pensiones contributivas pues casi la mitad de la ISP la absorbe el quintil más rico, a pesar de que esta función incluye los programas de apoyo a grupos vulnerables cuya política es de las más selectivas (Mata y Trejos, 2017, p. 52). En conclusión, se puede afirmar que la contracción de la inversión social traerá efectos negativos y más fuertemente en las poblaciones pobres y vulnerables que acceden y utilizan los programas y servicios sociales, como la salud y la educación pública, precisamente donde se observan importantes recortes.

En materia de sostenibilidad, la ISP se espera reditúen con una dinámica de círculos virtuosos donde el incremento de la inversión resulte en capital humano más robusto y este a su vez se traduzca en mayor productividad, que finalmente resulte en mejores ingresos permitiendo al círculo renovarse y continuar. Esta dinámica con certeza promovería el crecimiento económico y duplicaría las veces necesarias el PIB per cápita en menor tiempo y con ello avanzar en materia de desarrollo económico. El problema en nuestro país se resume en que los ingresos fiscales no cubren los gastos, es decir, tenemos un déficit fiscal, que durante años se ha atendido con el servicio de la deuda incrementándola hasta que la razón deuda/PIB superó el 60% desde el año 2020 y desde entonces se mantiene el escenario más restrictivo de crecimiento del gasto.

Para resolver este dilema, además del endeudamiento y contención del gasto público impulsada por la regla fiscal y los recortes a la ISP, se han sumado propuestas como la venta de activos del estado (venta BCR) así como la búsqueda de posibles maneras de restructurar la deuda.

Para lograr la sostenibilidad, hay que hacer la tarea de identificar un punto de equilibrio entre el incremento de sus ingresos (a través de reformas fiscales y una mayor eficiencia en la recaudación) y el control de la deuda pública. Por desgracia este es otro punto en contra, pues en lo que va de la administración actual, ni el gobierno ni la Asamblea han dado señal alguna, o muy poco interés por arrancar con este tema

La ISP en Costa Rica ha presentado una reducción constante durante los últimos años, lo que implica un riesgo para el crecimiento económico, así como empeorar la pobreza y la desigualdad en el país. Lamentablemente, su crecimiento se encuentra limitado por la situación fiscal del país y por un gobierno cuyo enfoque primordialmente es el control de gasto. Bajo estas condiciones se complica la posibilidad de impulsar las inversiones necesarias que se requieren en nuestro país para un desarrollo social y económico equitativo y sostenible, por lo menos en lo que queda del ciclo político.

*Mata, C., & Trejos, J. D. (2017). El gasto o inversión social pública continúan su expansión en el 2016 pese al desequilibrio fiscal. Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.

El tren y la palanca

Publicado el . Publicado en Derechos.

Oscar Madrigal

El dilema ético del tren y la palanca se plantea cuando un tren desbocado va a atropellar a cinco personas y usted tiene a mano una palanca que puede desviarlo, pero al hacerlo mataría a un inocente o no hace nada y mata al grupo. ¿Usted que haría?

Este dilema últimamente se ha referido al campo del Bienestar: favorecer el bienestar individual o el bienestar del grupo de cinco.

Parece que nuestro sistema presupuestario está diseñado de una manera perversa, sea para beneficiar al individuo y no al grupo.

Nogui el ministro de Hacienda ha sido claro: no va a hacer nada.

El sistema de financiamiento público fue diseñado por el grupo de Carlos Alvarado para pagar la deuda pública, ese es su objetivo.

El trabajo de Nogui, ahora como ministro de Hacienda, es aplicar ese diseño, sea un gasto público cuyo primer componente sea pagar la deuda y luego, el remanente, distribuirlo para las necesidades de la sociedad hasta donde alcance. Como se ve para esto no se necesita ni gran esfuerzo, ni gran sapiencia. Simplemente acomodar números o sumas sin importar el daño social.

De esta manera le resta a la educación, a la salud, no le paga a la Caja o reduce el gasto en carreteras, congela salarios, en fin, recorta para acomodar los gastos y de así conservar la suma del pago de la deuda. Es decir, privilegiar el pago a unos pocos individuos en detrimento del grupo, de la sociedad.

Atrincherado en la regla fiscal y los límites que impuso la relación deuda/PIB, Nogui se atreve a decir que no pagará nada con lo que no esté de acuerdo o que los ingresos no le permitan. De todas formas, el Presupuesto es solo una autorización de gastos y no una orden de pago, dice. Esto es así porque el sistema se lo permite, el sistema diseñado en 2018 por el gobierno del PAC y el PUSC.

Es público que la Reforma Fiscal de Alvarado hace aguas por todo lado. Ya hablan de que las grandes bondades que nos auguraban no duraron ni cinco años y por ello no hay recursos suficientes para afrontar el costo del Estado de Bienestar y, mucho menos, reducir significativamente la deuda pública. Esa reforma tributaria que se pintó como la gran panacea que curaría todos nuestros males fiscales, ya agotó su potencial y ahora vendrán con otro plan, como la venta de activos del Estado y más impuestos sobre los trabajadores.

El problema fiscal será irresoluble mientras no se impongan tributos a la mitad de la producción nacional que se encuentra en las zonas francas.

Por otro lado, mientras las fuerzas que desean mantener el Estado de Bienestar se mantengan dentro del esquema de Alvarado, que es ahora el esquema de Chaves y Nogui, no habrá posibilidad de solucionar las carencias y las necesidades de educación, universidades, salud y tantas otras. Estamos en un callejón sin salida. Debemos salir de él.

Resultaría muy beneficioso empezar a plantear soluciones que nos permitan salir del encierro, soluciones un tanto radicales, como cambiar el fin del gasto público, para que se oriente no al pago de la deuda sino a apoyar el desarrollo social, a introducir nuevas fuentes de ingresos y a rebalancear la cancha en favor de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo.

Hay que seguir protestando y exigiendo el cumplimiento de los principios y normas constitucionales, pero hay que levantar simultáneamente una salida a la crisis que vivimos, porque no financiar adecuadamente la educación es una crisis.

El gobierno pregona a todo pulmón que el país está muy bien en crecimiento económico, inversión extranjera, exportaciones, etc., pero eso no se ve reflejado en mayores ingresos y mayor gasto social. Al contrario, parece que entre más crecemos más pobres nos hacemos, porque si somos menos educados, somos más pobres.

Habría que emparejar la cancha: que el gran crecimiento económico que dice el Gobierno de Chaves nos beneficie más. Hay que plantear cómo hacerlo.

Lo que es evidente es que el dilema que hemos esbozado al principio, el Gobierno y Nogui lo han resuelto claramente en contra del grupo, no han hecho nada para halar la palanca que beneficie a la mayoría.

La deuda pública en Costa Rica: con Esperanza Tasies y César Gómez

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El pasado viernes 17 de mayo se llevó a cabo el programa: La deuda pública en Costa Rica como instrumento de opresión, el mismo fue transmitido mediante el Facebook Live del programa radial Alternativas, contó con la participación de la docente catedrática de la Universidad de Costa Rica, Esperanza Tasies y del filósofo y tesiario de la carrera de derecho de la Universidad de Costa Rica, Phil César Gómez Calderón, los mismos se encuentran actualmente realizando una investigación sobre la deuda pública en Costa Rica.

En primera instancia abordan brevemente acontecimientos que han desencadenado en dicha deuda pública que mantiene el estado costarricense, entre ellos mencionan que los estados latinoamericanos surgieron gracias a préstamos europeos, para 1825, América Latina adeudaba el 70% de los bonos correspondientes a la bolsa de Londres, señalan además que existe una desconfianza por parte de Costa Rica sobre los efectos de la deuda pública, es por eso que desde 1871 la carta magna establece que el control de la deuda pasa a manos de la Asamblea Legislativa, esto como un mecanismo de control que se establece con el fin de evitar excesos.

Durante el programa los panelistas muestran datos que evidencian cómo la inversión social ha decrecido en los últimos años, no obstante, la deuda pública no baja, probando de esta forma la realidad que vive el país, señalan además que la deuda interna representa el 75%, mientras que la externa el 25%. Aunado a estos datos, hacen referencia a que Costa Rica presenta una de las tasas de interés más altas, llegando incluso a competir con Grecia.

Tanto Esperanza Tasies, como César Gómez posicionan durante el programa la necesidad de realizar una auditoría, puesto que la situación de la deuda pública en Costa Rica es crítica, señalan que la misma empezó a transitar de manos públicas a grupos financieros que actualmente se apropiaron de la deuda, para el año 2023 el país presentaba una inflación de -0,98, las transacciones del mercado primario versus el mercado secundario dejan en evidencia que es dominado por la bolsa de valores, por lo que aseguran los panelistas se necesita más control sobre el dinero y el endeudamiento.

Respecto a la auditoría, el panelista César Gómez explica que esta consiste en examinar los expedientes o la documentación relacionada con empréstitos del gobierno, así como bonos, sometiéndolos a normas internacionales que permitan verificar que todo se encuentre en orden. Señala además que existen varios tipos de auditoria, la gubernamental que nace y se estudia desde la presidencia de la república, la parlamentaria, es instituida y conducida por la Asamblea Legislativa, para el caso de Costa Rica esta tiene sentido debido a la ley que posiciona al poder legislativo como la institución a cargo del control de la deuda pública. También hace referencia a la auditoría judicial, la cual es llevada a cabo por el poder judicial, la académica corresponde a algo similar a lo que ellos tratan de realizar a partir de su investigación y finalmente la ciudadana, que es realizada por organizaciones sociales y la ciudadanía.

Gómez aborda en su intervención que existen ciertos factores que pueden poner en tela de juicio si una deuda es legítima, entre ellos señala las presiones o influencias de los organismos financieros internacionales, o bien si se han dado casos de falta de transparencia, participación o rendición de cuentas, si la deuda ha sido utilizada para uso personal, o el pago de dicha deuda perjudica la capacidad del estado para garantizar los derechos humanos, más específicamente para el caso de Costa Rica, aspectos como si la deuda no fue aprobada por las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa o si ha existido la violación del principio democrático

Finalmente se menciona que lo ocurrido entre los años 2016 y 2018 con el programa de ajuste estructural, que llevó a la aprobación de normas como la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas o ley de recortes, posicionaron durante ese momento una idea imperante, y es que cuando una deuda pública se vuelve insostenible se debe empezar a recortar. Sin embargo, Gómez menciona que eso no debe ser así, de acuerdo con la teoría lo que debe ocurrir en esos casos es que se debe llamar a una negociación entre el estado en cuestión, los organismos financieros internacionales y terceros acreedores, dicha negociación debe ir dirigida a renegociar y reestructurar la deuda pública. “No es admisible que un país aguante hambre por pagar deuda” señala Gómez.

Conversatorio “Deuda pública en Costa Rica como instrumento de opresión”

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Este viernes 17 de mayo a las 6:00 p.m se realizó el conversatorio “Deuda pública en Costa Rica como instrumento de opresión” en vivo por el Facebook de Alternativas (https://www.facebook.com/AlternativasGrecia), su canal de YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCg7skZFFGsNNy_dGu0PzExQ/videos) y también su canal de Spotify.

El panel invitado se compuso por Phil César Gómez Calderón, filósofo y tesiario de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica y Esperanza Tasies, docente catedrática de la Universidad de Costa Rica.

También será retransmitido por Radio Actual 107.1 FM, los sábados a las 8:00 p.m, por Radio Guanacaste 106.1 FM, por Radio Soberanía y por Radio Revolución.

Para mayor información diríjase al afiche adjunto o a la página de Facebook y el canal de YouTube de Alternativas.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo acuerpa la lucha de las comunidades de Cartago y la Zona de Los Santos por un nuevo Hospital

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  • Un hospital bien equipado y moderno no sólo mejoraría la atención médica sino también la calidad de vida de las personas en Cartago.

  • Mesa hace llamado a acuerpar la lucha de la comunidad.

En Costa Rica, persiste la reducción en la inversión pública, lo que afecta el acceso a servicios básicos como el agua potable y el funcionamiento de instituciones educativas. Esta política ha generado crisis en el sistema de salud pública y ha llevado a la contracción de la inversión social pública (ISP). Según el Informe del Estado de la Nación (2023), esto puede afectar el bienestar de las personas en el futuro, ya que se prioriza el pago de la deuda pública sobre la política social.

En Cartago y Zona de Los Santos, la falta de un hospital de calidad ha dificultado el acceso a atención médica oportuna, generando preocupación y dificultades para quienes necesitan servicios médicos especializados. Esto refleja la necesidad de abordar de manera integral y colaborativa las necesidades de salud en la provincia, desde la infraestructura hospitalaria hasta la atención primaria, medicamentos, recursos humanos y salud mental. Un hospital moderno mejoraría la calidad de vida de los habitantes y garantizaría un sistema de salud más efectivo.

Un hospital bien equipado y moderno no sólo mejoraría la atención médica sino también la calidad de vida de los cartagineses, que por veinte años han esperado por la promesa del nuevo hospital. En los últimos años, la población ha experimentado un crecimiento significativo y, sin embargo, los recursos de atención médica no han seguido el mismo ritmo; esta situación se ha traducido en tiempos de espera prolongados y falta de acceso a servicios básicos, lo que ha puesto en riesgo la salud de las personas en Cartago, teniendo como consecuencia que muchos han perdido su vida por falta de una atención oportuna.

También, se ha registrado que desde administraciones anteriores se le han realizado numerosos estudios a la iniciativa de un nuevo hospital en Cartago, estudios que han requerido sumas millonarias, junto con la compra del terreno. Todos los estudios anteriores han demostrado que el terreno adquirido reúne las condiciones para la construcción del Nuevo Hospital para Cartago; sin embargo, ésta no se ha aprobado por fines políticos, ya que técnicamente se ha demostrado que el terreno sí cumple con lo necesario para la construcción del mismo.

Por tanto, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo acuerpa el movimiento comunitario por la construcción del hospital en Cartago y hacemos un llamado para que las instituciones y responsables políticos vinculantes den una respuesta pronta y democrática ante las demandas de esta población.

Auditoría Ciudadana Integral busca transparentar manejo de fondos públicos y de pensiones

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SURCOS conversó con la licenciada Marjorie Hernández Delgado, -presidenta de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) y coordinadora del Movimiento Magisterial por una Pensión Digna-, en torno al esfuerzo que realizan con el impulso de la Auditoría Ciudadana Integral. Compartimos la entrevista.

  1. ¿Cuál es el objetivo con el cual se crea la Auditoría Ciudadana Integral?

El objetivo primordial de la Auditoria Ciudadana Integral es transparentar el manejo de los fondos públicos y los fondos de pensiones. Esto por cuanto comprendimos que un alto porcentaje del presupuesto nacional se destina al pago de los intereses de la Deuda Pública, siendo estos los más altos a nivel mundial hasta hace unos meses. De tal manera que los dineros recaudados por el fisco por medio de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos no están siendo empleados para beneficio de toda la población como debería ser, puesto que se le da prioridad al pago de intereses y algo del principal de los bonos. Así mismo, en cuanto al manejo de los fondos de pensiones también nos genera grandes inquietudes, como cotizantes, las “inversiones” riesgosas que se han realizado y se continúan haciendo con los dineros de todos los trabajadores que cotizamos en los diferentes regímenes de pensiones incluyendo las complementarias que son administradas por las OPC, las cuales reflejaron grandes pérdidas en 2022 y aún en 2023, debido a la falta de mecanismos para asegurar estos dineros que son el ahorro de todos los trabajadores para optar por una pensión digna en el momento de su retiro. Por tanto, como todos los fondos de pensiones están siendo colocados en las mismas bolsas de valores extranjeras y se han generado grandes pérdidas en las complementarias es lógico pensar que también hay pérdidas enormes en las “inversiones” de los regímenes básicos. Sin embargo, al respecto no se sabe nada debido al hermetismo con el que manejan el asunto y por la misma naturaleza de estos regímenes.

  1. ¿Cuál es el papel de ACOJUPEMA en este proceso?

ACOJUPEMA acudió al llamado de la investigadora Esperanza Tasies quien es miembro del Equipo de Investigación de la Deuda Pública de la Universidad de Costa Rica y a la vez de ACOJUPEMA, para que apoyáramos y respaldáramos toda la investigación realizada por este equipo en el tema. De esta manera como organización civil, sin fines de lucro, asumió el compromiso y la responsabilidad de impulsar la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral al encontrar un factor común en el manejo de ambos fondos (públicos y pensiones). Por ello nos hemos dado a la tarea de la organización y movilización de sectores civiles, no político partidarios, sino aquellas organizaciones civiles y de trabajadores que se identifican con la causa y realizan esfuerzos en pro del bien común.

  1. ¿Cuál actividad marca el inicio de la Auditoría?

Es un proceso que se compone de varias etapas, iniciamos con la convocatoria a diversas organizaciones civiles y nos encontramos en la etapa de “Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”.

  1. ¿Cuáles avances se pueden mencionar?

Aparte de los mencionados anteriormente, respecto a la organización y movilización de sectores sociales y el inicio de la Alfabetización sobre la deuda pública y la importancia de realizar la Auditoría Ciudadana Integral en Costa Rica”, hemos tenido contacto con algunos diputados porque en una etapa más avanzada se ocupará del aporte legislativo. Se ha conseguido el presupuesto para que la señora María Lucía Fatorelli brinde conferencias y explique a la población en qué consiste el proceso de la Auditoría Ciudadana. Así mismo, estamos en la búsqueda del presupuesto para la realización de la auditoría en nuestro país. La señora Fatorelli, es especialista en este tipo de auditorías y ha tenido mucho éxito en países como Uruguay, Irlanda y Grecia, logrando ordenar las finanzas públicas y a la vez una mejor repartición de la riqueza. Eso es precisamente lo que pretendemos para Costa Rica.

  1. ¿Hay obstáculos que puedan dificultar el logro del objetivo?

En toda iniciativa ciudadana siempre se va a contar con la oposición de los grupos y personas interesadas en que no se logren los objetivos planteados por la ciudadanía. Hay múltiples obstáculos que hemos debido superar y los habrá durante y después de este proceso. Pero si hay algo que tenemos claro en ACOJUPEMA es que la Auditoría va porque va.

  1. ¿Cómo opera el concepto de participación ciudadana en la organización y accionar de la Auditoría Ciudadana Integral?

ACOJUPEMA se sustenta en los Derechos Humanos Fundamentales y la Constitución Política, procurando su cumplimiento en todo nuestro accionar. De ahí que el concepto de participación ciudadana establecido en el artículo 9 de la Carta Magna, está totalmente presente en la iniciativa de la Auditoría Ciudadana Integral. Por tanto, asumimos el derecho y la responsabilidad constitucional que nos corresponde como ciudadanos, como el Soberano, el legítimo dueño del país, y desde esta posición buscamos que se respete el mandato constitucional, que se ponga orden donde se ha creado caos, que haya equidad y justicia social.

La participación ciudadana ejercida de manera activa y con responsabilidad genera a su vez, el cumplimiento del artículo 11 de la Carta Magna sobre la rendición de cuentas por parte de aquellos funcionarios públicos que no cumplieron con sus deberes, mientras ocupaban un cargo público. Así mismo, conlleva el ejercicio de derechos humanos y constitucionales como los establecidos en el artículo 50 constitucional donde se establece que: “El Estado debe procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…”, el cual se está violentando; también los artículos 27 y 30 respecto al acceso a la información pública entre otros.

Es imperativo que se reestablezca el Pacto Social que se instituyó en 1949 con la nueva constituyente, porque se ha roto. Actualmente priva más el interés y hambre de poder económico de unos cuantos sobre el resto de la población. El resultado de esto es la violación constante de los derechos humanos fundamentales y constitucionales de las personas y como consecuencia, la desigualdad, el hambre y la miseria. El Estado ha dejado de ser protector para las grandes mayorías que sí pagan impuestos, para que, de una manera solidaria, se beneficien todas las personas habitantes del país y se ha convertido en la herramienta de unos cuantos que se enriquecen cada vez más a costa del resto de la población. Por eso, la participación ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia social y una democracia participativa que asegure políticas públicas y leyes acordes con el mandato constitucional.