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Etiqueta: deuda pública

“La dictadura de los propietarios”. Parte II: Hay gatos sobre el techado

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista.

Bajo la llovizna de un Macondo moderno, gris y ajado, hay gatos agazapados sobre el techado. Así de insólito. Son los mismos contadores de presas que, designados por cinco millones de almas cándidas, tejen sin tregua laberintos de paquetes fiscales.

Mientras el pueblo reza febril, con rosarios en mano, ciento cincuenta y seis corporaciones juran ante el altar tributario que en 2025 no cosecharon ni un grano de ganancia. Todavía no nos han pedido donaciones. No las necesitan porque tiene la fuerza de la ley y el imperio de la Constitución. Esa alquimia de la nada revela el pelaje invisible de estas bestias y explica, con zarpas de sombra, el lento desmoronamiento de nuestra patria.

Los cazadores de impuestos habitan un limbo de trajes grises donde el tiempo, que aquí mide cuarenta años exactos, no envejece sus colmillos, sino que los afila. Se deslizan por las costuras del país como sombras con portafolios, introduciendo los dedos en los bolsillos ajenos con la precisión de un cirujano y el apetito de una jauría insaciable que come sin saciarse jamás.

Al terminar el festín, se disuelven en la penumbra de las oficinas públicas. Juran que velan por la sagrada paz social, mientras su mandíbula invisible tritura el pan de los de abajo para que la vieja y eterna dictadura de los propietarios no pierda ni un solo grano de su trono. Hoy la pobreza y miseria alcanza el ochenta por ciento de quienes confiaron en que sus casas estarían libres de roedores.

Bajo la pálida bruma de un reloj que se detuvo en el calendario de los vencidos, las sombras de medio siglo flotan como botes sin agua sobre un pavimento que aprendió a bostezar. Las ratas, con levita de terciopelo gris y contabilidad exacta, miden los latidos de la medianoche y cuentan los cuerpos ajenos que se desdoblan como sábanas en el asfalto. No tienen casa. Otros lavan con rapidez el Range Rover de la señorita precisada por el fiestón, mientras el güililla de la esquina decora con rosas y crisantemos los colores de su hambre y su tristeza.

Los ingresos del pan y del milagro se disuelven antes de tocar el fondo del bolsillo, mientras las familias compran el aire del día siguiente con la firma temblorosa del fiado.

La salud y las letras públicas habitan en los mapas antiguos, custodiadas por puertas de humo que no abren cuando el cuerpo tose polvo. Y el reloj sin manecillas, nadie sabe quién las compró, allá arriba, en los escritorios del viento, el porvenir cruza los brazos y se niega a parir un mañana. Ningún mapa guarda la ruta para el tiempo que viene. A este otro proyecto país todos temen. Los asusta y siguen encargando su diseño a la misma minoría.

I.- Sin peligro a dictadura: Se hizo costumbre que los cambios tributarios entre 1980 y 2018 muestren cómo el peso de las reformas fiscales recayera principalmente sobre los trabajadores, bajo el argumento de equilibrar, definitivamente, las finanzas públicas para tener mejores servicios y profundizar nuestra democracia.

Era cuestión de que los proyectos de reformas fiscales bajaran de Zapote hasta Cuestas de Mora para constatar el funcionamiento en su máximo esplendor de la división de poderes republicanos. ¡Qué felices éramos!

Durante la primera administración de Oscar Arias (1986-1990) hubo reformas a los impuestos de consumo y la renta. Siguió el gobierno de Rafael Ángel Calderón F., tras aceptar cada una de las exigencias del FMI, en cuanto un duro “ajuste” fiscal que todos recordamos, sobre todos aquellos que en esa época vivían de un salario.

La Administración de Figueres Olsen (1994-1998) no fue la excepción, ya que pactó políticamente con otros grupos económicos para elevar el impuesto de ventas al 15 % durante año y medio.

El gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) siguió el mismo camino que las administraciones anteriores cuando impulsó la llamada Ley de Simplificación Tributaria (Ley 8114). Esta norma unificó los impuestos a los combustibles para eliminar así otros gravámenes menores.

Los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla (2002-2006 y 2010-2014) intentaron aprobar sus propias versiones de paquetes fiscales, pero la Sala Constitucional los frenó. Nadie protestó y todos coincidimos en que los hombres y mujeres de toga eran independientes por bien del país.

La Sala Constitucional anuló en marzo de 2006 el trámite de la reforma fiscal de Abel Pacheco por “vicios de procedimiento”. Los magistrados corrigieron la plana a los legisladores de entonces al señalar el uso indebido de una vía rápida que impidió la votación requerida y omitió las consultas obligatorias a instituciones clave del Estado.

La misma Sala anuló en abril de 2012 el plan de reforma fiscal (Ley de Solidaridad Tributaria) de la administración de Laura Chinchilla porque sus magistrados, según su sentencia, determinaron que hubo vicios esenciales de procedimiento cometidos por los diputados durante su trámite en la Asamblea Legislativa.

El gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) mantuvo las mismas medidas tributarias de las administraciones pasadas de liberacionistas y socialcristianos, pero con mayor dureza. Estas reformas no se habrían aprobado sin el apoyo de ambos partidos. En resumen, recargó a los trabajadores y asalariados con más impuestos indirectos.

Los grandes empresarios y los medios de comunicación—tradicionalmente vinculados al sector exportador de materias primas y a la importación de mercancías con valor agregado— respaldaron al unísono la decisión de la administración Alvarado de implementar medidas de ajuste en las finanzas públicas. El proyecto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580) ingresó a la Asamblea Legislativa el 9 de noviembre de 2017 y se aprobó como la ley Nº 9.635 el 3 de diciembre de 2018. Sus restricciones al gasto público impactan el financiamiento de la formación universitaria, secundaria, salarios, sanidad pública, jubilaciones, financiamiento de la justicia e infraestructura, entre otros aspectos. ¡Qué gran logro fiscal: ahorraron tanto que hasta mataron la salud y la educación públicas! Acabaron con nuestra malicia indígena.

II.- El mercado y la falta de un “proyecto país”: ¿Quienes luchan por legitimarse como vocería de la llamada “oposición” o “alternativa” democrática estarán dispuestos a desdicharse de todo lo que nos han venido aplicando en materia fiscal?

Al contraponer la democracia a la dictadura, la defensa de un modelo que impuso cargas insoportables a las mayorías en beneficio de pequeños sectores durante cuatro décadas es indefendible. Así lo revelan los propios testimonios de estos grupos (La Nación, 2 de agosto de 2026, págs. 4-5). Intentar justificarlo frente a la democracia es inaceptable.

Sin embargo, en el fondo persiste una especie de confrontación profunda entre Dinosaurios de la misma especie: por un lado, las élites políticas y económicas formadas durante las cuatro décadas de modelo neoliberal, que aguardan un eventual retorno demócrata en Estados Unidos para restablecer su hegemonía; por el otro, aquellos sectores determinados a blindar el statu quo del Estado corporativo frente a la contingencia y los vaivenes de los procesos electorales estadounidenses.

Según datos del Ministerio de Hacienda, la evasión de impuestos, el fraude y el contrabando significan pérdidas por el orden de ¢2,6 billones al año, lo que equivale a un 5,66% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para 2018 —año clave debido a la citada reforma—, la evasión, la elusión y el fraude fiscal, junto con su vínculo con el déficit, se presentan como fenómenos separados. Por tanto son estimaciones.

Así, los datos clave sobre la evasión y la elusión fiscal en porcentaje del PIB para 2018 fueron del 4.6% (según estimaciones del FMI).

En tanto, el «Hueco Fiscal» (o presupuestario específico) fue de 2.25% en agosto de 2018.El costo de las exoneraciones fiscales fue de 5.6%|, habiendo un déficit financiero anual costo de las exenciones fiscales según el Ministerio de Hacienda de 6%.

Otras fuentes, como declaraciones públicas dadas por el presidente de entonces, Carlos Alvarado, mencionaban una cifra cercana al 6% del PIB . Estas estimaciones reflejan los impuestos que se dejan de recaudar por estas prácticas.

El Hueco Fiscal – término que se usó en 2018 para referirse a un bache presupuestario específico de ₡900.000 millones, equivalente al 2.25% del PIB -se atribuyó a una falta de previsión del gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) para cubrir vencimientos de deuda a corto plazo.

Año

Hueco Fiscal (%del PIB)

Porcentaje de Exoneraciones (% del PIB)

Otros Beneficios / Déficit (% del PIB)

2018

2.25%

5.6%

6.0% (Déficit financiero anual)

Estimaciones del Ministerio de Hacienda, dan cuenta que entre 2018 y 2023, en Costa Rica, las exoneraciones fiscales (gasto tributario) rondaron en promedio entre el 4% y el 4,8% del PIB anual (superando los ¢2 billones por año), mientras que la evasión e incumplimiento tributario se estimó entre el 5,1% y casi el 6% del PIB (cerca de ¢2,5 billones anuales).

El Gobierno Central cerró el año 2025 con un déficit financiero de 3,4% del PIB, una cifra menor al 3,7% registrado en 2024. Además, el país mantuvo un superávit primario positivo de ₡487.920 millones, lo que equivale al 0,9% del Producto Interno Bruto, según los diversos datos consultados.

De esta manera, un cementerio de trámites y credenciales fiscales sepulta a quienes llevan media vida sobreviviendo al fuego fatuo de la «dictadura democrática», esa mariposa de mil cabezas que promete patria y entrega un terreno baldío, estéril y repleto de rocas. En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios, los esqueletos de las escrituras notariales cobran pulso para recordarnos que aquí nadie es dueño de nada, salvo del derecho a firmar su propio desalojo bajo la bendición de un notario que sonríe desde el fondo del espejo.

En la III y última entrega de La dictadura de los propietarios abordaremos los problemas estructurales que hemos pagado quienes tenemos algunos años sobreviviendo en perfecta “dictadura democrática”. Entrecomillado porque lo dijo otro que bien conoce sobre el tema.

OES UNA: Primeros cinco meses del año reflejan deterioro fiscal del país

Escrito en . Publicado en Análisis.

· El deterioro de los ingresos tributarios y el repunte del gasto por intereses de deuda presionan nuevamente las finanzas públicas.

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional presenta este análisis de la situación fiscal de Costa Rica con información disponible al cierre del quinto mes de 2026, con el propósito de aportar elementos que contribuyan a la discusión sobre la coyuntura fiscal y su incidencia en el desempeño de la economía nacional.

El documento analiza tres componentes fundamentales de las finanzas públicas: los ingresos del Gobierno Central, el gasto público y el resultado fiscal. Asimismo, presenta una actualización de las proyecciones sobre la trayectoria del endeudamiento público al cierre de 2026, elaboradas con base en la información más reciente disponible, con el fin de valorar las perspectivas de sostenibilidad fiscal en el corto plazo.

1. Ingresos del gobierno central

En cuanto a los ingresos del Gobierno Central, su comportamiento -expresado como porcentaje del PIB- muestra la siguiente evolución al cierre de mayo de cada año, para el período 2022-2026:

Cuadro 1

Gobierno Central: Ingresos con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

INGRESOS TOTALES

6,45%

6,42%

6,20%

6,01%

5,70%

Ingresos Tributarios

5,56%

5,74%

5,49%

5,32%

5,01%

Impuesto a los ingresos y utilidades

2,23%

2,19%

1,94%

1,89%

1,81%

Sobre importaciones

0,14%

0,14%

0,14%

0,15%

0,14%

Sobre exportaciones

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

IVA

1,95%

2,07%

2,05%

2,02%

1,87%

Interno

1,25%

1,33%

1,31%

1,28%

1,20%

Aduanas

0,70%

0,74%

0,75%

0,73%

0,67%

Selectivo de Consumo

0,17%

0,23%

0,27%

0,24%

0,21%

Interno

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Aduanas

0,16%

0,22%

0,26%

0,23%

0,20%

Otros ingresos tributarios

0,97%

1,11%

1,08%

1,02%

0,97%

Contribuciones sociales

0,46%

0,48%

0,49%

0,49%

0,49%

Ingresos no tributarios

0,40%

0,18%

0,19%

0,18%

0,17%

Transferencias

0,01%

0,01%

0,02%

0,02%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Los ingresos del Gobierno Central, medidos como porcentaje del PIB, muestran una tendencia descendente al cierre de mayo durante el período 2022-2026 (Cuadro 1). En mayo de 2026, los ingresos totales representaron el 5,70% del PIB, inferior al 6,01% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,31 puntos porcentuales. Este resultado obedece exclusivamente a la disminución de los ingresos tributarios, que pasaron de 5,32% a 5,01% del PIB, constituyéndose tanto los ingresos tributarios como los ingresos totales en los niveles más bajos del período analizado.

El principal factor detrás de esta disminución es la menor recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades (renta), cuya participación en el PIB pasó de 1,89% en mayo de 2025 a 1,81% en mayo de 2026. Este resultado responde al deterioro observado en la recaudación de este tributo durante los primeros meses del año, particularmente en marzo, cuando se liquida el impuesto sobre la renta correspondiente al período fiscal 2025. En ese mes, la recaudación fue un 7,5% inferior a la registrada en marzo de 2023, lo que representó aproximadamente ₡106.000 millones menos. Cabe señalar que marzo de 2023 constituye el mejor referente reciente en términos de recaudación de este impuesto, por lo que la magnitud de la reducción evidencia una desaceleración significativa en el rendimiento del principal tributo del Gobierno Central.

La menor recaudación del impuesto sobre la renta se explica, principalmente, por la evolución de dos de sus componentes. Por un lado, el impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas jurídicas acumuló una contracción del 2,0% al cierre de mayo, en contraste con el crecimiento del 3,0% observado en igual período de 2025. Por otro lado, el impuesto sobre remesas al exterior, aplicado a los ingresos obtenidos por personas no residentes, registró una disminución del 2,7%, comportamiento asociado, entre otros factores, a la apreciación del colón durante los primeros meses de 2026, que redujo el valor en colones de las operaciones gravadas. En contraste, la recaudación del impuesto sobre los ingresos y utilidades de las personas físicas permaneció prácticamente estancada, al registrar una leve disminución del 0,03%, mientras que en el mismo período del año anterior mostraba un crecimiento del 5,9%.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), su recaudación también muestra una pérdida de dinamismo durante 2026. Al cierre de mayo, este tributo representó 1,87% del PIB, inferior al 2,02% registrado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,15 puntos porcentuales del PIB. Esta disminución refleja un menor crecimiento de la recaudación en comparación con el observado el año anterior y se manifiesta tanto en el IVA aplicado a las transacciones internas como en el recaudado en aduanas.

En términos nominales, la recaudación del IVA acumuló una contracción de 3,8% a mayo de 2026, mientras que en igual período de 2025 registraba un crecimiento de 3,5%. Como resultado, la participación del IVA interno disminuyó de 1,28% a 1,20% del PIB, en tanto que el IVA de aduanas pasó de 0,73% a 0,67% del PIB, evidenciando que la desaceleración de este impuesto responde tanto al comportamiento de la actividad económica interna como al menor dinamismo de las importaciones.

Por su parte, el impuesto selectivo de consumo también redujo su participación dentro de los ingresos tributarios. Al cierre de mayo de 2026, este impuesto representó 0,21% del PIB, frente al 0,24% observado en el mismo período del año anterior. Este comportamiento se explica, principalmente, por el efecto de la apreciación del colón sobre la recaudación asociada a bienes importados y por las modificaciones introducidas en la metodología de valoración de los vehículos usados.

La disminución se concentra en el impuesto selectivo de consumo recaudado en aduanas, cuya participación pasó de 0,23% a 0,20% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026, mientras que el componente aplicado a las transacciones internas se mantuvo prácticamente sin variación.

En el rubro de otros ingresos tributarios, que agrupa diversos impuestos de menor peso relativo y dentro del cual el impuesto único a los combustibles constituye el principal componente, la recaudación también disminuyó como porcentaje del PIB. Este rubro pasó de representar 1,02% del PIB en mayo de 2025 a 0,97% en igual período de 2026.

A pesar de esta reducción agregada, el impuesto único a los combustibles —que aporta aproximadamente el 64% de la recaudación clasificada en este rubro— mostró un comportamiento relativamente favorable. Su recaudación alcanzó el 0,53% del PIB al cierre de mayo de 2026, superior al 0,51% del PIB registrado un año antes. No obstante, el ritmo de crecimiento de este impuesto se desaceleró de forma importante: mientras que en los primeros cinco meses de 2025 aumentaba un 20,2% interanual, en el mismo período de 2026 el crecimiento fue de apenas 8,0%.

El segundo componente más relevante de este grupo corresponde al impuesto sobre la propiedad de vehículos, cuya recaudación pasó de 0,13% del PIB en mayo de 2025 a 0,09% del PIB en mayo de 2026. Esta disminución responde, principalmente, a la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en 2023, la cual redujo la carga tributaria asociada a este gravamen. Como resultado, aunque las importaciones de vehículos han mantenido un fuerte crecimiento en los últimos años, ello no se ha traducido en un aumento proporcional de la recaudación de este impuesto.

En términos nominales, el impuesto sobre la propiedad de vehículos registró una contracción interanual del 33,1% al cierre de mayo de 2026, en contraste con el crecimiento del 33,1% observado en el mismo período del año anterior. Este cambio refleja el impacto de la reforma tributaria sobre el rendimiento de este gravamen y explica parte de la reducción observada en el rubro de otros ingresos tributarios.

El OES complementa el análisis de los ingresos tributarios mediante el seguimiento de la variación interanual de la recaudación acumulada de los últimos doce meses de los distintos tipos de impuestos. Este enfoque permite identificar con mayor oportunidad los cambios en la dinámica de los ingresos fiscales y anticipar posibles efectos sobre las finanzas públicas antes del cierre del ejercicio presupuestario.

Como se observa en el Gráfico 1, el ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios comenzó a desacelerarse a partir de abril de 2025 y, desde marzo de 2026, las tasas de variación interanual pasaron a ser negativas, lo que significa que la recaudación tributaria es inferior a la registrada en los mismos meses del año previo. Si bien una situación similar se presentó entre marzo y julio de 2024, en aquella ocasión estuvo explicada principalmente por la menor recaudación del impuesto sobre la renta y por la fuerte contracción del impuesto sobre la propiedad de vehículos.

En contraste, la desaceleración observada en 2026 tiene un origen más amplio, ya que responde simultáneamente a la disminución en la recaudación del impuesto sobre la renta, del IVA y del impuesto selectivo de consumo, es decir, tres de las principales fuentes de ingresos tributarios del Gobierno Central.

De mantenerse esta tendencia durante el resto de 2026, es previsible una nueva reducción de la carga tributaria al cierre del año, al igual que ocurrió en 2025. En consecuencia, el Gobierno Central enfrentaría menores ingresos en relación con el tamaño de la economía, lo que presionaría al alza el déficit fiscal, reduciría el superávit primario y limitaría la velocidad de disminución de la deuda pública como porcentaje del PIB, e incluso podría traducirse en un incremento de esta relación si el deterioro de los ingresos no es compensado por una reducción del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Al analizar el comportamiento interanual de los principales impuestos se observa un deterioro generalizado en la dinámica de la recaudación, aunque con diferencias importantes entre los distintos tributos.

En el caso del impuesto sobre la renta, la desaceleración de la recaudación se ha intensificado desde marzo de 2026, reflejando un menor dinamismo de las utilidades gravables y un deterioro en el rendimiento del principal impuesto del Gobierno Central.

Por su parte, el IVA evidencia un comportamiento aún más preocupante. Además de la desaceleración observada desde mediados de 2025, el tributo acumula seis meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, lo que confirma una tendencia de deterioro sostenido. Esta pérdida de dinamismo se presenta tanto en la recaudación del IVA sobre las transacciones internas como en la correspondiente a las importaciones.

El impuesto selectivo de consumo también mantiene una trayectoria descendente. Desde junio de 2025 registra caídas interanuales de forma prácticamente continua, luego de varios años de un sólido crecimiento. Este comportamiento está estrechamente vinculado con la desaceleración de las importaciones de vehículos, actividad que perdió dinamismo durante 2025 y continuó mostrando un menor ritmo de crecimiento en los primeros meses de 2026, reduciendo la base imponible de este gravamen.

En contraste, el impuesto sobre la propiedad de vehículos ha mantenido tasas de crecimiento interanual positivas durante los primeros meses de 2026. No obstante, el ritmo de expansión ha comenzado a moderarse gradualmente, por lo que será necesario observar su evolución durante el resto del año para determinar el impacto final sobre la recaudación anual, especialmente considerando los efectos de la reforma aplicada a este tributo en 2023.

Finalmente, la recaudación del impuesto único a los combustibles muestra una recuperación durante 2026, tras el deterioro experimentado a lo largo de 2025. Este comportamiento podría estar asociado a un aumento en el consumo de combustibles, que habría compensado parcialmente la volatilidad observada en los precios internacionales del petróleo, influenciados por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Sin embargo, será necesario dar seguimiento a este impuesto en los próximos meses, dado que su evolución dependerá tanto del comportamiento de la demanda interna como de las condiciones del mercado internacional de hidrocarburos.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

1. Gasto público

El comportamiento del gasto público durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una dinámica distinta a la observada en los años previos. Aunque el gasto continúa creciendo, su ritmo de expansión se ha moderado y se observa un cambio en la composición de los rubros que impulsan dicho crecimiento. En particular, el gasto en remuneraciones mantiene un crecimiento contenido, las transferencias corrientes muestran una reducción tanto hacia el sector público como hacia el sector privado, el gasto de capital presenta escasas variaciones y el pago de intereses de la deuda vuelve a cobrar protagonismo como uno de los principales factores de expansión del gasto.

Este cambio resulta relevante porque el gasto por intereses fue el componente que registró la mayor reducción durante 2025 y, sin embargo, en 2026 ha retomado una trayectoria ascendente. De mantenerse esta tendencia durante el resto del año, el pago de intereses aumentaría como porcentaje del PIB, lo que ejercerá una mayor presión sobre el déficit financiero y limitará el margen de maniobra de la política fiscal.

En el caso del gasto en remuneraciones, su participación con respecto al PIB muestra una ligera disminución al cierre de mayo de 2026. Mientras que en igual período de 2025 este rubro representaba el 2,36% del PIB, en 2026 alcanzó el 2,35%, variación que podría estar asociada, entre otros factores, al proceso de migración de funcionarios al esquema de salario global establecido por la Ley Marco de Empleo Público. No obstante, en términos nominales el gasto en remuneraciones acumuló un crecimiento interanual del 3,0%, superior al 0,9% registrado en los primeros cinco meses de 2025, lo que refleja que el menor peso relativo sobre el PIB también responde al crecimiento de la economía nominal.

Por su parte, el gasto por intereses de la deuda volvió a incrementarse como porcentaje del PIB al cierre de mayo de 2026. Este rubro alcanzó el 1,83% del PIB, frente al 1,79% observado en el mismo período del año anterior. Asimismo, su crecimiento interanual pasó de una contracción del 5,2% en mayo de 2025 a un aumento del 6,0% en mayo de 2026, confirmando un cambio de tendencia respecto al año previo.

Al desagregar el pago de intereses según el origen de la deuda, se observa que el aumento proviene exclusivamente del servicio de la deuda interna. Los intereses pagados por este concepto pasaron de 1,38% a 1,47% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. En contraste, los intereses correspondientes a la deuda externa disminuyeron de 0,41% a 0,36% del PIB, favorecidos por la apreciación del colón registrada durante los primeros meses de 2026, la cual redujo el costo en colones del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera. En consecuencia, el incremento del gasto total por intereses responde al mayor costo del financiamiento interno, mientras que la evolución del tipo de cambio contribuyó a contener el gasto asociado a la deuda externa.

Cuadro 2.

Gobierno Central: gasto público con respecto al PIB, 2022-2026, acumulados a mayo.

 

2022

2023

2024

2025

2026

GASTOS TOTALES

7,21%

7,26%

7,55%

7,10%

6,98%

Gastos totales sin intereses

5,41%

5,36%

5,55%

5,31%

5,15%

Gastos corrientes

6,85%

6,84%

7,08%

6,68%

6,53%

Remuneraciones

2,48%

2,40%

2,47%

2,36%

2,35%

Bienes y Servicios

0,22%

0,21%

0,20%

0,20%

0,21%

Intereses

1,81%

1,90%

1,99%

1,79%

1,83%

Deuda Interna

1,51%

1,53%

1,52%

1,38%

1,47%

Deuda externa

0,30%

0,37%

0,47%

0,41%

0,36%

Transferencias

2,34%

2,33%

2,41%

2,32%

2,13%

Sector Privado

0,84%

0,80%

0,78%

0,74%

0,71%

Sector Publico

1,50%

1,48%

1,63%

1,57%

1,42%

Sector Externo

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Gastos de Capital

0,36%

0,41%

0,46%

0,41%

0,45%

Inversión

0,14%

0,20%

0,15%

0,13%

0,12%

Transferencias

0,22%

0,21%

0,31%

0,28%

0,33%

Transferencias con recurso externo

0,06%

0,00%

0,02%

0,04%

0,01%

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

La partida de transferencias corrientes es la que registra la mayor variación dentro del gasto público durante 2026. Al cierre de mayo, este rubro representó 2,13% del PIB, inferior al 2,32% del PIB observado en el mismo período de 2025, lo que equivale a una reducción de 0,19 puntos porcentuales del PIB. En términos nominales, las transferencias corrientes acumularon una disminución interanual del 5,0%, mientras que en igual período del año anterior registraban un crecimiento del 1,7%.

La reducción se explica tanto por el comportamiento de las transferencias al sector privado como por las destinadas al sector público. Las transferencias corrientes al sector privado, integradas principalmente por el pago de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, disminuyeron de 0,74% a 0,71% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Esta tendencia responde al efecto de las reformas aprobadas en años anteriores para limitar el crecimiento de las pensiones financiadas con recursos del presupuesto, cuyos efectos continúan reflejándose en la evolución de este componente del gasto.

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público, que comprenden los recursos que el Gobierno Central transfiere a instituciones descentralizadas y otros entes públicos para financiar el funcionamiento y diversos programas sociales, registraron una reducción aún más significativa. Su participación pasó de 1,57% a 1,42% del PIB entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Este comportamiento refleja el efecto de las medidas de contención del gasto implementadas en los últimos años y evidencia las restricciones que enfrenta el financiamiento de programas públicos y sociales bajo el actual marco de consolidación fiscal.

En cuanto al gasto de capital, este mostró una leve recuperación respecto al año anterior. Al cierre de mayo de 2026 alcanzó el 0,45% del PIB, superior al 0,41% registrado en el mismo período de 2025, aunque todavía ligeramente inferior al 0,46% observado en 2024. En términos nominales, el gasto de capital acumuló un crecimiento interanual del 13,2%, contrastando con la contracción del 5,3% registrada un año antes.

A pesar de esta recuperación, la inversión pública continúa representando una proporción reducida del PIB, lo que limita su capacidad para impulsar el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Además, este componente del gasto mantiene una elevada volatilidad, asociada a los distintos ritmos de ejecución de los proyectos de infraestructura, especialmente en el ámbito vial. De cara a 2027, la aplicación de la regla fiscal podría volver a restringir el crecimiento de la inversión pública, limitando el margen para incrementar el gasto de capital.

Al igual que en el caso de los ingresos, el OES complementa el análisis del gasto público mediante el seguimiento de la evolución del gasto acumulado de los últimos doce meses. Este enfoque permite identificar con mayor claridad los cambios en la tendencia del gasto, reduciendo la volatilidad propia de la ejecución mensual.

Como se observa en el Gráfico 3, el gasto público inició un proceso de desaceleración a partir de abril de 2025, llegando incluso a registrar tasas de crecimiento negativas durante algunos meses de ese año y en el primer trimestre de 2026. No obstante, en abril y mayo de 2026 esta tendencia comenzó a revertirse, debido principalmente a la recuperación del gasto de capital y al repunte del pago de intereses de la deuda interna, componentes que explican la aceleración más reciente del gasto público.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en el comportamiento observado durante los primeros cinco meses del año, se estima que el gasto público crecerá a un ritmo inferior al del PIB nominal en 2026. En consecuencia, su participación relativa dentro de la economía volvería a disminuir al cierre del año. Esta evolución contribuiría a contener el déficit financiero y favorecer el mantenimiento del superávit primario. Sin embargo, este efecto positivo sería parcialmente compensado por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios, por lo que la evolución final del balance fiscal dependerá, en buena medida, del comportamiento que mantenga la recaudación durante el segundo semestre del año.

La evolución interanual de las principales partidas del gasto público evidencia comportamientos diferenciados durante los últimos meses. En el caso de las remuneraciones, el ritmo de crecimiento se ha acelerado con respecto a los primeros meses del año, aunque continúa siendo moderado en comparación con otros períodos. Por su parte, el gasto por intereses mantiene una tasa de variación interanual inferior a la observada en años anteriores; sin embargo, su crecimiento ha venido recuperándose gradualmente tras la fuerte contracción registrada en 2025. En contraste, las transferencias corrientes presentan tasas de crecimiento interanual negativas desde el inicio de 2026, lo que ha reducido progresivamente su participación dentro del gasto total del Gobierno Central.

FUENTE: OES-UNA con datos del Ministerio de Hacienda.

Con base en las tendencias observadas hasta mayo, se prevé que al cierre de 2026 tanto el gasto en remuneraciones como las transferencias corrientes reduzcan ligeramente su participación con respecto al PIB. En el caso del gasto por intereses, la trayectoria apunta a un aumento de su peso relativo dentro del gasto público, aunque su magnitud dependerá, en buena medida, de la evolución del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. Una eventual depreciación del colón incrementaría el costo en moneda nacional del servicio de la deuda denominada en moneda extranjera, presionando al alza el gasto por intereses y, en consecuencia, el déficit financiero.

En cuanto al gasto de capital, este ha mostrado una evolución más favorable desde finales de 2025, con tasas de crecimiento interanual de dos dígitos que reflejan una aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública. De mantenerse esta tendencia, al cierre de 2026 la inversión pública aumentaría ligeramente como porcentaje del PIB. No obstante, aun con esta mejora, el gasto de capital continuaría ubicándose por debajo de los niveles más altos registrados durante las últimas dos décadas, lo que limita su capacidad para cerrar las brechas de infraestructura y potenciar el crecimiento económico de largo plazo.

1. RESULTADO FISCAL

Al cierre de mayo de 2026, las finanzas públicas muestran un deterioro con respecto al mismo período del año anterior, explicado principalmente por la pérdida de dinamismo de los ingresos tributarios. El superávit primario alcanzó 0,55% del PIB, inferior al 0,70% del PIB registrado a mayo de 2025, reflejando que la reducción de los ingresos ha superado el efecto de la moderación observada en el crecimiento del gasto público.

Por su parte, el déficit financiero se ubicó en 1,29% del PIB, superior al 1,09% del PIB observado en igual período del año anterior. Este incremento responde tanto a la menor recaudación tributaria como al repunte del gasto por intereses de la deuda, factores que han reducido el margen de mejora alcanzado en los últimos años sobre el balance de las finanzas públicas.

Con base en la información disponible al cierre de mayo, el Observatorio Económico y Social estima que el déficit financiero podría ubicarse entre 3,7% y 3,8% del PIB al finalizar 2026, mientras que el superávit primario se situaría entre 0,5% y 0,6% del PIB. Asimismo, se proyecta que la deuda del Gobierno Central cierre el año entre 60,7% y 61,0% del PIB. Estas estimaciones parten del supuesto de que el crecimiento económico se mantendrá en línea con las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (vigentes al 28 de julio de 2026), que no se producirán cambios significativos en la inflación ni en el tipo de cambio durante el segundo semestre del año y que las tendencias observadas en los ingresos y el gasto público se mantendrán durante el resto del ejercicio fiscal. El OES actualizará estas proyecciones en el último trimestre de 2026, conforme se disponga de nueva información.

Los resultados observados durante los primeros cinco meses del año evidencian un deterioro gradual de la posición fiscal del Gobierno Central. La reducción de la carga tributaria, combinada con un nivel de deuda pública cercano al 60% del PIB, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la capacidad de generación de ingresos del Estado para preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas y responder a las crecientes demandas de la población.

En este contexto, el OES considera necesario avanzar en una revisión integral del sistema tributario, orientada tanto a fortalecer la recaudación como a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración tributaria. Un sistema tributario con mayor capacidad recaudatoria contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y a generar el espacio necesario para atender áreas estratégicas como la seguridad ciudadana, la educación pública, la inversión en infraestructura y los programas de protección social.

De igual forma, resulta prioritario impulsar medidas que contribuyan a reducir el costo del financiamiento de la deuda pública. El crecimiento esperado del gasto por intereses durante 2026 limita la disponibilidad de recursos para financiar políticas públicas e inversión social. Reducir ese costo permitiría liberar recursos presupuestarios que podrían destinarse a fortalecer la provisión de servicios públicos y promover el desarrollo económico y social. En este sentido, las acciones orientadas a mejorar la recaudación tributaria, fortalecer las potestades de control y fiscalización de la Administración Tributaria y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas adquieren un carácter prioritario para evitar un mayor deterioro de la situación fiscal en los próximos años.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA
28 de julio de 2026

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

FECTSALUD propone que se condicione respaldo a eurobonos a que el Gobierno descarte un aumento del IVA y frene los recortes presupuestarios

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), a través de su secretario de Prensa y Propaganda, Juan Carlos Durán Castro, planteó públicamente tres condiciones que, a su criterio, el Gobierno debería cumplir para que la organización sindical considere legítima la discusión sobre una eventual emisión de eurobonos.

En primer lugar, la Federación exige que el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles, se pronuncie públicamente para descartar un aumento del 1% en el impuesto al valor agregado (IVA). En segundo lugar, solicita que se respeten los nombramientos para la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que se defina una forma de pago para la deuda que se mantiene con esa institución. En tercer lugar, pide que se frenen los recortes presupuestarios en educación, salud, pensiones, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Poder Judicial y otras instituciones públicas.

Según Durán Castro, de no cumplirse estas condiciones, FECTSALUD no considerará de recibo ninguna discusión sobre el tema de los eurobonos.

La organización sindical hizo además un llamado a las fracciones legislativas del Frente Amplio, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y a la fracción encabezada por la diputada Claudia Dobles, para que no negocien ningún acuerdo relacionado con eurobonos que se aparte de los pactos suscritos previamente con organizaciones sociales, sindicales y socioproductivas, incluido el Pacto Patriótico Costarricense firmado en la Asamblea Legislativa con un sector del movimiento sindical y social, cuya segunda etapa está prevista para el 4 de agosto.

FECTSALUD sostiene que la eventual aprobación de los eurobonos no resolvería el problema de fondo de la deuda del país, la cual, según indicó Durán Castro, superó el 60,5%, atribuyendo esa situación a la gestión del ministro Chaves Robles y del exministro de Hacienda, Nogui Acosta. Advirtió que, de aprobarse este mecanismo sin las condiciones planteadas, implicaría cargar con nuevos impuestos a la clase trabajadora, tanto del sector público como del privado.

El dirigente sindical cerró su mensaje señalando que corresponde ahora a la presidenta Laura Fernández y al Gobierno definir si están dispuestos a aceptar esas condiciones.

Sobre la marina y la terminal de cruceros: Limón no necesita otro dueño

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Francisco Guevara Matarrita

Si Costa Rica puede endeudarse por aproximadamente setecientos setenta millones de dólares para modernizar la carretera San José–San Ramón, ¿por qué se presenta como inevitable buscar un inversionista privado —probablemente extranjero— para financiar una Marina y Terminal de Cruceros en Limón cuyo costo se aproxima a los novecientos millones de dólares?

La pregunta no es caprichosa. Tampoco nace del rechazo automático a la inversión privada ni de una visión cerrada frente al capital internacional. Surge de una contradicción que el país tiene la obligación de explicar con transparencia: para algunas obras públicas, el Estado aparece con toda su fuerza financiera, su garantía soberana, su capacidad de endeudamiento y el respaldo del presupuesto nacional; pero cuando se trata de desarrollar el patrimonio estratégico de Limón, el mismo Estado parece llegar con los bolsillos vacíos, dispuesto a ofrecer terrenos, infraestructura, derechos de explotación e ingresos futuros para convencer a un tercero de que haga lo que Costa Rica ni siquiera se ha propuesto intentar directamente.

Ahí está el verdadero problema.

El financiamiento de la carretera San José–San Ramón demuestra que el país conserva capacidad para contratar créditos internacionales de gran magnitud. El dinero tampoco nace dentro de nuestras fronteras: proviene de organismos financieros internacionales. Sin embargo, en ese caso es la República la que negocia, se endeuda y responde. El Estado costarricense conserva la titularidad de la infraestructura y asume la responsabilidad de ejecutar una obra considerada estratégica para el desarrollo nacional.

Para Limón, en cambio, se impulsa otra narrativa: que la Marina y Terminal de Cruceros requiere necesariamente un socio estratégico que aporte el capital, asuma el financiamiento y recupere su inversión mediante la explotación económica del proyecto durante varias décadas.

Pero el capital privado no llega como peregrino ni como benefactor. Llega buscando rentabilidad.

Quien aporte centenares de millones de dólares exigirá condiciones suficientes para recuperar su inversión, cubrir sus costos financieros, compensar los riesgos asumidos y obtener ganancias. Eso es normal dentro de la lógica empresarial. Lo que no es normal es que el Estado omita discutir, con la misma seriedad, cuánto patrimonio público deberá comprometerse, cuáles ingresos se compartirán, qué decisiones dejará de controlar JAPDEVA y cuánto valor económico saldrá de Limón durante el periodo contractual.

El inversionista pondrá dinero. Limón pondrá el territorio, la ubicación, el litoral, la infraestructura, el acceso marítimo, la vocación portuaria, la actividad turística y la posibilidad misma de hacer rentable el negocio.

No puede hablarse entonces como si solamente una de las partes estuviera aportando valor.

Una carretera recibe garantía soberana; Limón recibe una promesa

Para financiar la carretera, el Estado ofrece su respaldo soberano. No necesita hipotecar físicamente cada kilómetro del corredor porque detrás del préstamo se encuentra la capacidad fiscal, presupuestaria e institucional de toda la República.

Para financiar el proyecto limonense, por el contrario, se pretende que JAPDEVA llegue a la mesa aportando sus bienes, su patrimonio y sus posibilidades de explotación, mientras el inversionista aporta el financiamiento.

La diferencia no es menor.

En un modelo, el Estado se endeuda para conservar la obra pública. En el otro, procura evitar el endeudamiento directo permitiendo que un tercero participe durante décadas en el aprovechamiento económico del proyecto.

La pregunta que debe formularse el país es sencilla: ¿resulta verdaderamente más barato evitar una deuda pública si el precio consiste en compartir por cuarenta años los ingresos, el control y las decisiones sobre activos públicos de enorme valor?

Una obligación financiera aparece claramente en los presupuestos. La pérdida gradual del control sobre el patrimonio público suele esconderse entre contratos, cláusulas de exclusividad, garantías de ingresos, compromisos de largo plazo y fórmulas financieras difíciles de comprender para la ciudadanía.

Una deuda se ve. Una mala alianza puede disfrazarse de progreso hasta que sea demasiado tarde.

No se trata de cerrarle la puerta a la inversión

Limón necesita inversión. Muchísima.

Necesita infraestructura turística, portuaria y urbana. Necesita empleo de calidad, encadenamientos productivos, formación técnica, nuevos servicios, revitalización comercial y oportunidades para sus comunidades. Negarse de manera absoluta a la participación privada sería tan irresponsable como entregar el proyecto sin comparar alternativas.

El debate serio no consiste en escoger entre inversión o abandono. Consiste en decidir bajo qué condiciones se invierte, quién dirige el desarrollo, cómo se distribuyen las ganancias y qué permanece en manos públicas.

La inversión privada podría participar en la construcción de hoteles, comercios, restaurantes, servicios turísticos, operación de determinados componentes o desarrollos inmobiliarios complementarios. También podría integrarse mediante contratos específicos, concursos transparentes y obligaciones claras de inversión.

Lo que debe rechazarse es la idea de que para recibir inversión Limón tiene que entregar el timón.

La experiencia histórica aconseja prudencia. Los grandes proyectos suelen anunciar empleo, prosperidad, modernización y oportunidades. Sin embargo, cuando la estructura contractual está mal diseñada, las comunidades terminan recibiendo empleos periféricos mientras las utilidades, las decisiones estratégicas y los negocios de mayor valor quedan en otras manos.

Limón no puede conformarse con cargar maletas, limpiar habitaciones, vigilar instalaciones o vender recuerdos alrededor de un proyecto construido sobre su propio territorio.

Debe participar en la propiedad, en la dirección, en los servicios, en las cadenas de suministro y en la riqueza generada.

El Estado debe llegar a negociar con capital y con autoridad

El peor escenario no es la presencia de un inversionista extranjero. El peor escenario es un Estado débil negociando con una corporación poderosa.

Cuando el Estado llega sin financiamiento, sin estudios independientes, sin alternativas y con urgencia política por anunciar el proyecto, deja de negociar desde una posición soberana. Comienza a negociar desde la necesidad.

Y quien negocia necesitado casi siempre concede más de lo que debería.

Por eso, antes de escoger una alianza estratégica, Costa Rica debió estudiar y presentar públicamente todas las opciones posibles: financiamiento soberano, créditos multilaterales para JAPDEVA, ejecución por etapas, fideicomisos públicos, emisión de bonos respaldados por los ingresos futuros del proyecto, participación de la banca estatal, inversión de fondos institucionales bajo condiciones prudentes y alianzas específicas para componentes determinados.

No se trata de afirmar que cualquiera de estas opciones sea automáticamente mejor. Se trata de exigir que sean comparadas con números, plazos, riesgos y beneficios.

¿Cuánto costaría el financiamiento público?

¿Cuánto recibiría el socio privado?

¿Qué porcentaje de los ingresos conservaría JAPDEVA?

¿Cuáles bienes se aportarían?

¿Qué garantías exigiría el inversionista?

¿Quién asumiría los sobrecostos?

¿Qué ocurriría si el flujo de cruceros o turistas resulta menor al proyectado?

¿Cuáles actividades quedarían reservadas para empresas limonenses?

¿Cuánto empleo permanente se generaría realmente?

¿Quién controlaría las tarifas, los alquileres y los servicios?

Sin respuestas claras, hablar de una alianza estratégica es pedirle al pueblo que entregue confianza a cambio de una maqueta.

Limón no es un terreno baldío a la espera de un salvador

Existe una vieja costumbre nacional de tratar a Limón como si su territorio estuviera disponible para el próximo gran proyecto concebido desde fuera.

Se habla del Caribe como plataforma logística, puerto, corredor, enclave turístico o espacio de inversión. Muy pocas veces se habla de Limón como sujeto del desarrollo, con capacidad para decidir su propio futuro y participar directamente en la riqueza que produce.

La provincia ha aportado puertos, ferrocarril, banano, cacao, turismo, biodiversidad, cultura y una ubicación estratégica invaluable. A cambio, ha soportado desempleo, deterioro de infraestructura, desigualdad, contaminación y promesas repetidas.

Por eso, una Marina y Terminal de Cruceros no puede ser presentada únicamente como una obra arquitectónica. Debe ser concebida como una herramienta para reconstruir la economía regional.

Si el proyecto solamente sirve para que una compañía explote durante décadas un punto privilegiado del litoral mientras JAPDEVA recibe una participación secundaria, habremos construido infraestructura sin construir desarrollo.

Y una obra enorme puede seguir siendo pequeña cuando sus beneficios no alcanzan al pueblo.

La misma confianza que se le otorga al centro del país

La carretera San José–San Ramón es considerada suficientemente importante para recibir financiamiento internacional con garantía soberana. El Estado acepta asumir deuda porque entiende que la infraestructura generará beneficios económicos y sociales de largo plazo.

¿Por qué no puede aplicarse un razonamiento semejante a Limón?

Una Marina y Terminal de Cruceros podría producir ingresos propios mediante servicios portuarios, turismo, comercio, alquileres, hoteles, restaurantes y otras actividades. Es decir, no se trata necesariamente de una obra sin capacidad de repago.

Si el proyecto es financieramente atractivo para un inversionista privado, también debería ser suficientemente atractivo para estudiar una participación pública robusta.

Si existen ingresos capaces de devolver centenares de millones de dólares al inversionista y producirle utilidades, entonces existen ingresos que podrían respaldar una estructura pública, institucional o mixta en la que JAPDEVA conserve una posición dominante.

No es razonable socializar la infraestructura y privatizar la rentabilidad.

Tampoco es aceptable que el Estado utilice toda su fuerza para respaldar obras en el centro del país, mientras en Limón se limita a ofrecer el patrimonio público para seducir capital extranjero.

Invertir sin entregar

Costa Rica necesita cooperación internacional, financiamiento externo y capital privado. Ningún país serio puede encerrarse en sí mismo.

Pero abrirse al mundo no significa arrodillarse ante el capital.

Una alianza verdadera exige equilibrio. Cada parte aporta, cada parte arriesga y cada parte recibe una proporción justa de los beneficios. Para alcanzar ese equilibrio, el Estado no puede presentarse como propietario pobre de un patrimonio rico.

Debe llegar con estudios propios, capacidad técnica, financiamiento parcial, alternativas reales y reglas previamente definidas.

Debe establecer que los bienes públicos no se transfieren ni se comprometen más allá de lo estrictamente necesario.

Debe garantizar que los ingresos de JAPDEVA crezcan y no se conviertan en una compensación simbólica.

Debe asegurar participación empresarial limonense, contratación local, capacitación, transferencia tecnológica y reinversión regional.

Debe proteger el ambiente, el acceso público al litoral y el interés de las generaciones futuras.

La inversión que llega para complementar al Estado puede ser bienvenida. La inversión que pretende sustituirlo, condicionarlo o desplazarlo debe ser examinada con lupa.

Limón no necesita otro dueño

Esta es, en el fondo, una discusión sobre soberanía económica.

No basta con afirmar que la propiedad formal continuará siendo pública si, durante décadas, la capacidad real de explotar, decidir y obtener beneficios queda condicionada por un socio privado.

La soberanía no se conserva únicamente con un título inscrito. También se ejerce controlando las decisiones, los ingresos, los plazos y el destino de la riqueza.

Limón no necesita que una corporación extranjera venga a descubrir el valor de su costa. Ese valor lo conocen desde hace generaciones quienes han vivido, trabajado y sostenido la provincia.

Tampoco necesita discursos que presenten cualquier inversión como salvación. El desarrollo no puede construirse desde la gratitud hacia quien llega con dinero, sino desde la dignidad de quien sabe lo que aporta a la negociación.

El país debe decidir si la Marina y Terminal de Cruceros será una obra pública con participación privada o un negocio privado sostenido sobre patrimonio público.

Esa diferencia determinará quién recogerá sus frutos durante las próximas décadas.

La pregunta inicial sigue en pie: si Costa Rica puede movilizar setecientos setenta millones de dólares para una carretera, ¿por qué no puede construir una solución financiera sólida para el principal proyecto turístico y portuario de Limón?

La respuesta no puede ser simplemente que no hay dinero.

Hay capacidad de endeudamiento cuando existe voluntad política. Hay garantía soberana cuando el Gobierno considera prioritaria una obra. Hay creatividad financiera cuando el poder decide encontrarla.

Lo que Limón exige no es aislamiento, rechazo al capital ni privilegios. Exige igualdad en la manera en que el Estado respalda el desarrollo nacional.

Porque Limón no necesita otro dueño.

Necesita inversión, planificación y un Estado que no llegue con las manos vacías a negociar sobre patrimonio público.

Los “justos” son condenados a pagar por unos pocos “pecadores”

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rafael A. Ugalde Q.*

A diferencia de lo enseñado en la catequesis, en relación con un “infierno” repleto de “mal portados”, en nuestro país quienes venden el alma al diablo son muy “poquitos” y sumamente poderosos, con “letras de cambio” avaladas por toda la mayoría, por lo menos mientras andemos en este “valle de lágrimas”. Gústenos o no.

Ni siquiera calentaba el presente mes de junio, cuando la presidenta, Laura Fernández, nos afirmó públicamente que su ministro de Hacienda, el exmandatario, Rodrigo Chaves Robles, “alista” un plan fiscal para sortear el incremento la deuda pública.

Según datos oficiales a disposición de quien quiera enterarse, nuestra deuda pública del Gobierno Central está alrededor de un 60,0% del Producto Interno Bruto (PIB), con un saldo estimado de unos 33,8 billones de colones.

Esto significa, a decir de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que más ha alertado a los costarricense por tan pesado fardo, unos ¢16.000 millones diarios. Convertido a dólares son unos $31,2 millones al día solo por pago de intereses de la deuda pública., sostiene.

Para que el trabajador, el empleado público, el estudiante o el campesino tenga una noción de la magnitud de cualquier paquete fiscal, ese monto indicado es como sí cada hora tuviéramos que producir ¢666 millones destinados al pago, solo de intereses.

Visto con humor propio del “pura vida” tico equivale a una maquinita tirando ¢11,1 millones por minutos sin detenerse ni calentarse, ni siquiera durante las fiestas navideñas ni la romería a Cartago.

A semejante ritmo no hay fondos posibles para surtir de presupuesto justo a la educación pública de calidad para todos los costarricenses, menos para vivienda digna, salarios aceptables y disminuir velocidad brutal con que empujan a la Caja hasta su foso final, donde es esperada con los brazos abiertos por el negocio de la medicina privada.

Un dictamen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vaticinó una baja de 60% de la deuda pública hasta finales de este año, en relación con PIB, según su Informe Perspectivas Económicas, con enfoque hacia América Latina. (Consúltese: https://semanariouniversidad.com/pais/ocde-preve-que-deuda-publica-de-costa-rica-baje-del-60-hasta-finales-de-2026/).

Advertimos que este estudio no podía prever los acontecimientos habidos en Oriente Medio, a raíz de la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, a partir de febrero pasado, elevándose así abruptamente el precio mundial del petróleo, los alimentos y el valor del dólar estadounidense.

Sin embargo, no siempre esta situación es como ahora. Nos tocan la puerta todos los días como si fueran prestamistas del “gota a gota”, recordándonos el pago, No tiene sentido discutir si entregan o no factura electrónica. Las deudas que por años diligenciaron nuestras élites nos tienen agarrados del pescuezo.

Aquellos días de la gloriosa Costa Rica como “Suiza Centroamérica”, anteponiéndola como antítesis de la “Cuba comunista” llegó a su fin. Ahora es paga o paga. No hay vuelta atrás.

Solo entre 1960 y 1986, Estados Unidos desembolsó “ayudas” a la ejemplar democracia costarricense por cerca de $1.1 mil millones de dólares; es decir, la considerable “asistencia económica” de $1.100 millones.

Pero la mala suerte nos cayó encima. El imperio “raspa” a más no haber, similar como ocurre con los grandes banqueros, donde no existen amigos en el mundo de los negocios, evidenciando la mentira en torno la existencia de un “capitalismo” con “rostro humano”, “sostenible”, etc.

Ya para la década de los ochenta, recordaran como el gobierno estadounidense y la USAID centraron principalmente su estrategia en “estabilizar la economía costarricense y promover la democracia frente a los conflictos regionales.” (Consúltese: https://www.everycrsreport.com/reports/RL32487.html) .

Así, llegamos a un camino lleno de recovemos – un auténtico “infierno” para nuestro pueblo – construido exclusivamente por nuestras élites de todos los tiempos, independiente de que sus ayatolas tecnócratas llamen a este bulto “deuda privada” y a este otro “deuda pública”.

Ambas, usted las paga, independientemente de cuánto otros mal gastaron los recursos, cuánto se dejaron para sí, o en todo esto hay subfacturación, contrabando, evasión, exoneraciones repugnantes, transferencias financieras artificiales, usan paraísos fiscales y sociedades offshore con fines de estafa, recurren al llamado falso factureo y fidecomisos con fines de ardid contra Hacienda.

¿Acaso se preguntan cuántos seremos humanos podrían tratar su cáncer en laboratorios de aceleradores de partículas, si la Caja en todos sus hospitales provinciales fuera dotada de estos modernos aparatos de medina nuclear, que en el mercado privado cada sesión no baja de los $ 2000, como promedio?

Algunos, quienes dilapidaron en el pasado los recursos económicos del pueblo, se preguntarán ahora que ya empezaron a “sensibilizarnos” para que aceptemos aceptar aumento de 13% a 15% en el IVA en los alimento de consumo masivo, ¿cuántos barrios estigmatizados de “peligrosos”, de “narcomenudeos”, tendría hoy niños y jóvenes jugando felices, si a esas comunidades las hubieran dotado de parques y recreación sana?

Sí bien la manía de echar sobre las espaldas de los menos favorecidos, con excusa de la “sostenibilidad fiscal” no es nueva, desde la últimas dos administraciones – PAC de Carlos Alvarado (2018-2022) y Rodrigo Chaves, (2022- 2026), el asunto, en lugar de bajar endurece el leño.

Como se recuerda, mediante ley N° 9635 se ordenó que ningún salario público crecería por costo de vida, si la relación deuda/PIB del que hablamos líneas arriba, superaba el umbral del 60%. No hay por qué quejarse. Todo se hizo bajo el principio de la legalidad republicana, diversos diputados y líderes políticos de entonces dijeron sí. ¡Adelante, es parte de la institucionalidad democrática!

En aquella ocasión votaron en contra de la Ley de Empleo Público solo seis legisladores: Pedro Muñoz, del PUSC; Enrique Sánchez, del PAC; Walter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; José María Villalta, del Frente Amplio, y los independientes Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez Steller y Paola Vega. (Fuente: https://www.diarioextra.com/noticia/diputados-aprueban-ley-de-empleo-publico/).

Ya como presidente, Rodrigo Chaves, con una pequeña representación en el congreso logra que, la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, rechazara un proyecto de ley para romper el congelamientos de salarios propuesto por los diputados Rocío Alfaro, FA, Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional, consignó el diario digital CR Hoy.

Así, la gran fiesta montada por años, llámese la deuda soberana, gubernamental o pública, como la externa – para efecto da lo mismo, porque hay que saldarla – va llegando a su fin. Y usted, olvídese, que va escaparse.

“El informe de la deuda: Costa Rica” es irrebatible. A manera de solo para que conserve un poco de memoria, ¡no lo olvide!, sí llegan a tocar su puerta por más plata, es porque la “fiesta” iniciada desde la década de 1970, terminó.

El gasto público generalmente superó los ingresos, lo que llevó a que nos endeudaran dentro y fuera del país.

La deuda aumentó rápidamente del 24% del PIB en 2008 al 49% en 2017, razón por la cual, el gobierno ni lerdo ni perezoso, adquirió en 2021 un préstamo de USD 1,8 mil millones del FMI, con las consecuentes medidas de austeridad que todos conocemos sobre quiénes pagan siempre “los platos rotos”.

En 2025, el FMI, siempre servicial con quienes nos han gobernado, otorga otra línea crediticia por USD 1,5 mil millones. (Fuente: http://www.google.com/search?q=quienes+son+los+principales+acreedores+de+nuestra+deuda+p%C3%BAblica&oq=quienes+son+los).

Independientemente de la fuerza emanada desde las curules de la “Alianza de los 26” esta comunicó que rechaza desde ya impuestos sobre los productos de la canasta básica, los sueldos, el salario escolar y los premios de la lotería, entre otros (La Nación 04/6/ 2026); tendremos qué preguntarnos sí tienen escondido algún proyecto de “país soberano, independiente, solidario y anti injerencista”.

Alguna sorpresa guardada debe tenernos para ser tan categóricos. Ya era tiempo de tanta sumisión ante el Banco Mundial y el FMI.

Maxime ahora que existen ya 120 países en el mundo experimentando nuevas vías de desarrollo independiente y convivencia pacífica.

*Periodista, abogado, notario por la U.C.R., miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad con los pueblos.

El trago amargo del FMI, la canasta básica y el pulso fiscal de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) / Entre Verdades y Opiniones

La reciente alerta emitida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas públicas de Costa Rica nos coloca, una vez más, frente al espejo de nuestras contradicciones estructurales. A pesar de exhibir un crecimiento impulsado por las zonas francas y una inflación controlada, el país enfrenta una erosión silenciosa pero agresiva en su recaudación fiscal. El Ministerio de Hacienda estima una brecha para este 2026 cercana a los 300.000 millones de colones.

Desde el punto de vista macroeconómico, este hueco no es producto del azar. Es, en buena medida, el efecto secundario de la apreciación sostenida del colón frente al dólar, lo cual ha comprimido las utilidades del sector exportador, turístico y financiero que transa en moneda extranjera, reduciendo drásticamente su aporte en el impuesto sobre la renta. A esto se suma una deuda pública que coquetea nuevamente con superar el 62% del PIB, un umbral crítico que restringe aún más el margen de maniobra bajo las normativas de la regla fiscal.

La receta que el FMI propone para sanear este faltante es conocida y profundamente ortodoxa: aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Canasta Básica Tributaria (CBT) del 1% actual a la tarifa general del 13%, gravar el salario escolar y eliminar exenciones históricas. Desde la teoría, ampliar la base impositiva aumenta el flujo de caja estatal; pero desde la economía política y social, gravar bienes de demanda inelástica como la alimentación básica es la medida más regresiva posible, pues castiga desproporcionadamente a los deciles de menores ingresos.

La contradicción en Zapote

La reacción del Poder Ejecutivo ante este escenario fue un ejercicio de equilibrismo político. En la reciente conferencia de prensa en Casa Presidencial, vimos a Rodrigo Chaves —ahora operando desde el Ministerio de Hacienda bajo la administración de Laura Fernández— enfrentarse al choque entre la realidad contable y la promesa electoral. El Ejecutivo debe presentar un «plan fiscal», pero intenta desligarse del costo político que implica acatar al FMI.

Decir, como sugirió el viceministerio, que la brecha se cubrirá a corto plazo mediante sistemas tecnológicos para combatir la evasión es, en el mejor de los casos, un optimismo desmedido y, en el peor, una cortina de humo. La tecnología aduanera y tributaria tiene rezagos de implementación y sus rendimientos no son inmediatos; mientras tanto, el déficit estructural exige liquidez hoy.

El debate en la oposición: Tres visiones, un mismo rechazo

El espectro político y técnico de oposición ha reaccionado con un justificado nivel de alarma, aunque partiendo de diagnósticos muy distintos:

  1. La visión progresista y estructural: Economistas como Leiner Vargas, Luis Paulino Vargas y la diputada Sofía Guillén coinciden en que la propuesta del FMI es un asalto a la equidad. Gravar con un 13% el arroz, los frijoles y el pan pulveriza el poder adquisitivo de hogares que ya destinan la mayor parte de su presupuesto a la subsistencia. Este sector señala que Costa Rica gasta cerca de un 5% de su PIB solo en el pago de intereses de la deuda. La salida, afirman, no está en exprimir a la base trabajadora, sino en una reforma tributaria progresiva (renta global, control de grandes capitales) y una renegociación agresiva de las condiciones de la deuda interna.
  2. El pragmatismo financiero: Analistas como Gerardo Corrales advierten que la caída en la recaudación es un síntoma de un modelo que está ahogando su propio aparato productivo mediante un tipo de cambio artificialmente apreciado. Para esta visión, imponer un 13% de IVA a la canasta básica en un entorno donde el sector productivo local pierde competitividad terminaría por deprimir el consumo interno, generando un efecto bumerán que estancaría la economía y, paradójicamente, reduciría aún más la recaudación a mediano plazo.
  3. La ortodoxia liberal: Figuras como Eliécer Feinzaig y Pedro Muñoz rechazan categóricamente nuevos impuestos, argumentando que el problema central de Costa Rica no es la falta de ingresos, sino la mala calidad y la ineficiencia del gasto público. Su propuesta es condicionar cualquier debate fiscal a una reducción severa del aparato estatal, la eliminación de monopolios y el recorte presupuestario de las instituciones públicas.

El veredicto: Competencia ineludible del Gobierno Central

A la luz de estas posturas, es fundamental trazar una línea de responsabilidad política. Yo, en lo personal, pienso que la oposición tiene razón en una cosa, sin importar si analizamos esto desde el liberalismo económico, el conservadurismo o el progresismo democrático de izquierda: NO SE DEBE CARGAR A LA CLASE MEDIA Y BAJA, como se ha hecho siempre, la ineficiencia del Poder Ejecutivo en este periodo y el anterior.

Porque, aunque tratarán de culpar a los otros poderes de la República —como acostumbran a hacer en sus discursos Rodrigo Chaves y ahora la presidenta Laura Fernández—, la formulación de la política fiscal y el manejo de las finanzas son competencia directa, exclusiva e ineludible del Gobierno Central chavista. Trasladar la factura de la impericia gubernamental al plato de comida de las y los costarricenses no es «responsabilidad fiscal», es una abdicación de la justicia social.

El país requiere soluciones estructurales, sí, pero estas deben surgir de gravar la riqueza y dinamizar la producción, no de encarecer el costo de sobrevivir en uno de los países más caros de la región.

Desastrosa gestión hacendaria

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Estados Unidos anuncia un aumento del impuesto a los productos ticos hacia ese importante mercado, sin que importe lo determinado en el TLC vigente entre nuestros países. Imposición trascendental pues vemos que el año pasado el 47 % de todas las exportaciones de bienes nacionales, fue dirigido hacia ese mercado, por un total de US$10.797 millones.

El nuevo impuesto será del 12,5 %, en sustitución del 10 % anterior, por lo cual los exportadores nacionales en particular, y las finanzas nacionales en general (ahora en profunda crisis por, entre otros, una disminución en la recaudación de impuestos), sufrirán efectos inmediatos.

Además, producto de esa inamistosa medida, no se descarta el traslado de industrias estadounidenses que gozan de nuestro régimen de zona franca, hacia suelo norteamericano, algo que desde Washington se ha anunciado como objetivo final.

En fin, el déficit fiscal aumenta, en medio del destructivo alto valor del colón generador de desempleo y salida de empresas del mercado, la devastadora deuda de ¢4 billones del Ministerio de Hacienda con la Caja, el encarecimiento de servicios públicos, el creciente número de pensionados, el abandono que sufren estudiantes de primaria y secundaria, quienes, si no desertan se gradúan con inmensas deficiencias por lo cual se esfuman sus expectativas por incorporarse a una fuerza laboral al menos medianamente calificada.

Y es que el descalabro de la tal «economía jaguar» es deprimente, mientras Costa Rica retrocede en casi todos los campos, con excepción del narcotráfico y los asesinatos por encargo, mientras los habitantes esperamos con ansias que los nuevos gobernantes empiecen a tomar en serio su deber de gobernar.

El 8 de mayo del 2026, el giro a la derecha

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

El 8 de mayo del 2026 será recordado como la fecha del ascenso de un gobierno de derecha desde la II República, un gobierno neoliberal y conservador en todos los ámbitos social, político, económico e ideológico.

Las condiciones están dadas en este momento con la elección del directorio legislativo y del gabinete. Pero ¿adónde se engendró esta deriva neoliberal-conservadora? Pues ni más ni menos en el gobierno de Carlos Alvarado, que no sólo fue neoliberal en el desarrollo de la política económica, sino que trajo a Rodrigo Chaves para el cargo de ministro de Hacienda e impulsó algunas leyes claves como la reforma fiscal, la ley de empleo público y otras en las que se sustentó la política económica de los últimos 4 años.

Igualmente, a nivel de la política social se iniciaron los ajustes en la inversión social, el presupuesto para la educación, en la vivienda, el congelamiento de los salarios del sector público y de las pensiones, y el crecimiento progresivo de la deuda pública.

En los últimos 4 años la política económica y social sólo ha profundizado algunas de las tendencias observadas en el período anterior, que en el momento actual amenazan con consolidarse como políticas neoliberales y conservadoras que van a procurar severas restricciones fiscales y financieras para algunos sectores, como los que reciben recursos, transferencias o remuneraciones del Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades, los empleados públicos, los pensionados, la vivienda social, las becas estudiantiles, las ayudas sociales del IMAS y las comunales.

Por su parte, existe toda una estrategia de captación de recursos de deuda interna y externa gracias a la intervención en el BCIE, la relación fuerte con el BID y el BM y, al nivel interno, la captación de los excedentes de las instituciones, como los bancos, el INS y los fondos locales, que garantizará que, junto a los recortes institucionales, el gobierno tendrá recursos crecientes para la inversión de obra pública, nuevos proyectos como la Ciudad Gobierno y la marina de Limón, para lo que encontraron el portillo adecuado en la ley y la Comisión de Emergencias, y en el proyecto PROERI, mediante los que realizan obras sin los controles de la Contraloría.

Todo lo anterior se integra a la estrategia de atracción de inversión extranjera, que atrae ingentes recursos ligados al modelo económico de servicios y alta tecnología, que seguirá profundizándose con la ampliación y creación de nuevos parques industriales, en tanto la industria nacional del sector productivo, la agricultura nacional y, en parte, el turismo, que han dejado de ser prioritarios, son abandonados a su suerte.

Mientras que el comercio y la importación se siguen favoreciendo con la apreciación del colón, así como el pago de la deuda que demanda grandes recursos.

La partida del ajedrez político conservador de derecha se completa con el control de la Asamblea Legislativa, desde donde se fraguará el control del nombramiento de los magistrados y posteriormente de la Corte Suprema de Justicia, que también facilitará controlar los nombramientos del fiscal general, de la Contraloría y de la Defensoría de los Habitantes, los puestos incómodos.

A cuya partida ganadora se sumará el control de muchas de las alcaldías del país, labor que se efectuó con éxito a lo largo de los últimos 4 años.

La pera en el pastel conservador vendrá del control de las instituciones de seguridad y de la DIS, entidades que no sólo profundizarán la seguridad del Estado, sino también la persecución de los opositores y la represión de las luchas sociales.

Los rasgos mencionados se articulan perfectamente a la visión que Hinkelammert nos anunciara en la década de los 80 como el fenómeno de la “nueva derecha”, con el abandono de todo intento de coexistencia del mercado y del Estado, y la instauración del totalitarismo de mercado, en la que la libertad, la sociedad y la vida humana sólo pueden tener sentido y existir dentro de los límites que establece la sociedad perfecta del mercado (Molina, C., 2025).

En un análisis del economista Joseph Stiglitz (2016), éste afirma que los gobiernos de derecha siguen una misma fórmula en todo el mundo hacia la liberalización económica, reducción del Estado y restricción de derechos.

De tal manera que las políticas anunciadas por la nueva presidenta y su primer ministro, en términos de reforma del Estado, eliminación de instituciones, venta de activos estatales y restricción del gasto social, responderán a una orientación neoliberal y conservadora que no admitirá dudas. Es lo que se viene a partir de esta fecha.

Universidad de Costa Rica rechaza proyecto de ley sobre titularización de recursos minerales y energéticos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

• Representantes de Consejo Universitario Llaman a un debate y a una auditoría de la deuda pública

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión ordinaria n.° 6966, acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado “Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285), tras identificar múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos asociados a la iniciativa.

Este pronunciamiento se sustenta en un amplio proceso de análisis institucional a partir de observaciones de diversas instancias académicas, entre ellas el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, así como unidades de las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales.

¿Que propone el proyecto? La iniciativa propone titularizar flujos futuros derivados de concesiones de explotación, o incluso de no explotación, de recursos minerales y energéticos, con el fin de destinar dichos ingresos al pago de la deuda pública y a la reducción de tasas de interés. No obstante, el análisis académico advierte que esta lógica se sustenta en proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destaca que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales con el fin de generar flujos financieros futuros”, lo cual “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”. Asimismo, se advierte que estos flujos “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.

El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta “podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones”, además de generar “dependencia de verificadores externos”, lo que abre la puerta a conflictos de interés y problemas de transparencia.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.

En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.

El análisis también enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región: “la idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.

En esa línea, se advierte que la iniciativa “implica un incentivo perverso hacia una economía extractiva”, profundizando dinámicas de dependencia y “aumentando la deuda ecológica mediante la sobreexplotación de los recursos naturales”.

En este contexto, la Universidad reafirmó su posición histórica: “las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país”, por lo que cualquier retroceso en esta materia resulta altamente preocupante.

A debatir y auditar la deuda pública

Durante la discusión en el plenario, distintas personas del Consejo Universitario profundizaron en los vínculos entre la iniciativa y la gestión de la deuda pública, cuestionando el enfoque estructural del proyecto.

En palabras de la M.Sc. Esperanza Tasies Castro, académica que ha estudiado a profundidad los impactos de la deuda: “No puede el Estado destruir el ambiente para pagar a tenedores de bonos que, en muchos casos, definen las tasas de interés en función de sus propias expectativas”.

Tasies advirtió sobre el endeudamiento público, el sistema de la deuda y lo que se conoce como “deuda odiosa” y la “curva soberana”. El proyecto de ley dice que va a bajar los intereses, pero “eso es mentir descaradamente”. Asimismo, recordó que “el déficit creció en un 200% y se prestó para aprobar leyes que han debilitado al Estado y la inversión pública”.

Alertó además sobre los riesgos estructurales del endeudamiento: “la crisis de la deuda, al igual que en Grecia, podría estallar”, lo que refuerza la urgencia de abrir un debate de fondo. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una auditoría de la deuda pública desde la academia.

Por su parte, el director del Consejo Universitario, Dr. Keilor Rojas Jiménez, enfatizó la necesidad de replantear el enfoque del endeudamiento: “Como país, debemos preguntarnos si la salida es vender o comprometer nuestros recursos naturales, o más bien invertir en nuestro principal activo: las capacidades de las personas. Apostar por el conocimiento y la formación ha sido históricamente la vía para construir desarrollo sostenible”.

Finalmente, se subrayó la importancia de abrir un debate más amplio sobre la deuda pública, incluyendo la posibilidad de impulsar -como señala Esperanza Tasies- una auditoría desde la academia.

Dictamen de acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1kQ8KAf84YywuTlsC1eCH22moeFZUrPtZ/view?usp=drive_link

Contra el neoliberalismo: Una necesaria reorientación de la política opositora en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 9 marzo de 2026

Parece que sobran divisas en Costa Rica. Hace ya más de dos años que el colón no para de valorizarse frente al dólar. Aunque el Banco Central atribuye la abundancia de moneda extranjera a la transformación productiva y al éxito del modelo exportador, destacados economistas sugieren una visión distinta.

Norberto Zúñiga, consultor de la firma Ecoanálisis, y Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA), citados por CRHoy, sostienen que la valorización del colón se debe principalmente al endeudamiento externo del gobierno en los últimos años.

No se trataría de grandes cambios en la inversión extranjera directa (IED), cuyos niveles fueron similares en 2024 y 2025. El incremento de las reservas monetarias internacionales –afirmó Zúñiga– se explica casi en su totalidad en esos años por el financiamiento externo neto obtenido por el Ministerio de Hacienda.

Naranjo coincide con la idea de que el aumento del endeudamiento externo ha sido uno de los principales responsables por la caída del tipo de cambio. En su opinión, las emisiones de tres mil millones de eurobonos en 2023 generaron un exceso de dólares en el mercado local, a lo que se sumaron dos emisiones más, por mil millones, en noviembre de 2025 y enero de 2006, con altas tasas de interés.

La mayor oferta de dólares no es resultado de un aumento de las exportaciones –las exportaciones del régimen definitivo crecieron solo entre del 1 % y 1,5 % el año pasado, dijo Naranjo–, ni de las inversiones extranjeras directas o del turismo, sino del endeudamiento.

El resultado es que la deuda del Gobierno alcanzó 60,4% del PIB en diciembre pasado, según los datos de Hacienda, lo que permite al gobierno congelar los salarios de empleados en 2027, aplicando la “regla fiscal” aprobada durante el gobierno del PAC, de Carlos Alvarado.

Las “reglas fiscales” de la Unión Europea son un engaño

No hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits fiscales inferiores al 3% del PIB o del 60% en el caso de la deuda pública, implicará una reducción de la deuda o una reactivación de la actividad económica”. “Más bien sucede todo lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada”, advirtió el economista español Juan Torres López.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de Attac España (una organización “opuesta a la dictadura de los mercados y la especulación financiera”), Torres vuelve sobre el tema, una y otra vez, en su página “Ganas de escribir”. Hace ya algunos años, antes de que se pensionara, lo fui a entrevistar a Sevilla y, desde entonces, vuelvo ocasionalmente a sus páginas.

Con el Tratado de Maastricht (de febrero de 1992) –dice Torres– se establecieron esas reglas fiscales en la Unión Europea (UE): los déficits públicos no debían superar el 3% del PIB, ni la deuda pública el 60%.

Durante la crisis que se inició en 2007 la disciplina fiscal basada en ambos criterios se reforzó. Se trataba, como dijo la entonces canciller alemana, la conservadora Angela Merkel, de ponerle un candado, de asegurarse de que “ningún Parlamento pudiera cambiarlas”.

La excusa fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits. La realidad ha mostrado que la disciplina fiscal, en lugar de disminuir ha aumentado, en contra de lo que se aseguraba tras recortar el gasto público.

Carmen Reinhart, economista de origen cubano y profesora de Harvard sobre deuda soberana, y Kenneth Rogoff, también profesor de Harvard sobre deuda, habían publicado, en 2011, resultados de un análisis de ocho siglos de historia financiera, que los llevó a concluir que si la deuda superaba el 60% del PIB en los países emergentes y el 90% en los más avanzados el crecimiento económico se deterioraba.

Una tesis que se popularizó en todo el mundo para justificar las políticas de recortes de gasto con las que se prometía reducir la deuda. Unos meses más tarde, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Polin publicaron, en el Cambridge Journal of Economics, en marzo del 2014, una crítica al trabajo de sus colegas de Harvard. La base de datos con la que trabajaron contenía errores y ausencias importantes, sin los cuales sería imposible llegar a su conclusión a la que llegaron.

No tiene fundamento científico o empírico alguno limitar el crecimiento de la deuda al 60% del PIB, afirma Torres. No hay absolutamente ninguna prueba que permita afirmar que ese porcentaje es más conveniente que el 30%, el 100%, o cualquier otro.

¿Acaso la economía europea en su conjunto se desempeña mejor y es más competitiva que la de Estados Unidos por tener un porcentaje de deuda pública mucho más bajo, de 100% del PIB en la Eurozona y 93% en la UE, frente al 134% en EEUU?, se pregunta.

Criterio similar expresan Philipp Heimberger y Anna Matzner, economistas del Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), quienes aseguran que la consolidación fiscal tiene efectos contractivos a lo largo del ciclo económico.

En un artículo publicado en febrero pasado –“Fiscal Consolidation Costs Europe Jobs and Deepens Inequality”– aseguran que los resultados de sus estudios muestran que el ajuste fiscal ralentiza mucho más la economía en etapas de recesión que en periodos de expansión.

La conclusión es que asegurar que más deuda pública implica menor crecimiento económico “ha sido un fiasco”, dice Torres.

No funciona allá, ¿funcionará aquí?

A estas alturas cualquier persona inteligente se hará la misma pregunta: si las autoridades europeas desean de verdad que disminuya la deuda y aumente la actividad económica, ¿por qué se empeñan en tomar medidas de disciplina fiscal cuyo efecto evidente, y que nadie puede negar, ha sido el contrario?

Naturalmente, debemos hacernos la misma pregunta aquí. La “regla fiscal”, que congela los salarios públicos cuando la deuda supere 60% del PIB, solo ha servido para un notable deterioro de los servicios públicos y para la fuga de profesionales calificados, del área de la salud y la educación superior, entre otras. Ha contribuido también al empobrecimiento de sectores de la población dependientes de los salarios públicos y provocado una creciente disparidad social, que alimenta el negocio de las drogas ilícitas y el narcotráfico, especialmente entre jóvenes y en las zonas marginales del país.

En Costa Rica, esas políticas –con las que soñaban los sectores neoliberales más radicales– fueron impulsadas por un partido surgido de lo que parecía el agotamiento de las medidas de privatización y ajuste fiscal, a la que, en su momento, se sumó una cierta izquierda. Pero que, una vez en el poder, se alió a los grupos más conservadores, que las impulsaron gobernando bajo una relativa sombra, entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Alvarado.

Políticas que ha seguido profundizando el actual gobierno de Rodrigo Chaves –que concluye su período en mayo próximo–, habiendo logrado elegir a su candidata, Laura Fernández, con una amplia mayoría, para encabezar el gobierno el próximo cuatrienio. No hay razón alguna para pensar que su programa se orientará en una dirección distinta.

Uno de los resultados de esas políticas, como lo señaló Fernando Naranjo en artículo publicado el pasado 16 de diciembre –“De paso de jaguar a ritmo de tortuga”– es que la economía costarricense, en su parte doméstica, donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional, excluyendo las exportaciones de zonas francas, creció en años anteriores alrededor de 4,7%. El año pasado (2024), creció un 3,0% y en lo que llevamos del presente año (2025), “con dificultad llegará a un 2,3%”.

“No sólo la actividad económica ha bajado –agrega–, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de cincuenta mil personas”.

Más grave es a situación de desempleo juvenil. En noviembre del 2025 la tasa de desempleo del sector llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%.

“En el año 2010, de acuerdo con cifras oficiales, había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198, o sea 115.640 puestos de trabajo menos. En 15 años, el país no ha generado nuevos empleos para los jóvenes”, concluye Naranjo.

El fracaso de la oposición

Pese a esta realidad, la oposición insiste en su campaña contra los malos modales del presidente, contra sus desafíos a los otros poderes del Estado, contra sus ataques a los partidos tradicionales, sin que esa crítica logre permear una opinión pública harta de los engaños del pasado reciente y de los resultados de por lo menos 40 años de un neoliberalismo que ha ido demoliendo los cimientos del Estado Social, construido desde mediados del siglo pasado en Costa Rica, con especial éxito.

Parece cada vez más evidente que solo un redireccionamiento de la política opositora, hacia la crítica de las medidas más radicales del modelo neoliberal, permitirá reorganizar el escenario político y enfrentar la nueva ola que vendrá con el gobierno de Laura Fernández.

FIN