En el Diario Oficial La Gaceta, del 10 de este mes de la Patria, se publicó el nuevo Reglamento para la elección y nombramiento de los representantes del sector laboral y patronal de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este decreto deroga totalmente el anterior y rige a partir de su publicación.
UNDECA denuncia que este reglamento fue promulgado de manera unilateral por el Gobierno de la República, fiel a la despótica hoja de ruta de esa Administración y violentando las disposiciones de la normativa nacional, específicamente, el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública.
Dicho decreto se lo sacó el Gobierno, de forma sorpresiva, del sombrero de un mago, quebrantando los principios democráticos de diálogo social, transparencia, consulta y el principio de legalidad de la actuación de la Administración Pública.
“UNDECA advierte que el gobierno emitió el decreto a su total arbitrio, omitiendo cualquier consulta y participación de los sectores interesados -ni siquiera la Junta Directiva de la CCSS fue consultada o informada- previo a la publicación de este espurio decretazo del Gobierno”, señaló Luis Chavarría, secretario general de la organización sindical.
El artículo 361 de la Ley General de Administración Pública establece un procedimiento especial que obliga al Poder Ejecutivo a conceder audiencia previa a las entidades descentralizadas y entidades representativas de carácter general, corporativas, sindicales y afectados por la correspondiente disposición.
El Poder Ejecutivo infringió esta norma legal, porque dictó, de forma unilateral, ese Reglamento, prescindiendo el trámite de consulta previa, cuya omisión causa su invalidez absoluta.
UNDECA denuncia, vehemente, que un día sí y el siguiente también, este Gobierno se vuelve cada vez más contra nuestro ordenamiento, manteniendo una conducta desenfrenada que refleja un absoluto desprecio de las normas que regulan la convivencia ciudadana, y que busca eliminar la participación democrática de las organizaciones gremiales.
Este mes, que celebramos un año más de independencia, es oportuno recordar el pensamiento de Cicerón, que en esta deriva política autoritaria nos viene como anillo al dedo: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes.”
La conducta ilegítima que denunciamos reitera que al Gobierno le incomoda y estorba el Estado de Derecho y la democracia costarricense.
Vivian Rodríguez Araya Directora nacional Asamblea del BPDC*
El diálogo social es, hoy en día, una práctica de gran valor. Para algunas personas sería más favorable y sencillo ejercer la autoridad de manera unilateral, inconsulta y autocrática. Lo cierto, es que el diálogo social se halla en los cimientos de todo lo bueno que se ha construido en este país desde el punto de vista institucional y de ampliación de los derechos políticos, económicos y sociales de nuestra población.
Es necesario reivindicar el diálogo social como pilar de la vida democrática, porque este ejercicio cívico permite a personas con visiones distintas construir una perspectiva común, que respeta y celebra la diferencia.
El diálogo social no implica que todos pensemos y actuamos de la misma manera. Eso no es diálogo, sino un soliloquio entre varios. La fortaleza del diálogo social radica, justamente, en la pluralidad de actores y la diversidad de opiniones. Y por ello se requiere una vocación y compromiso para el diálogo. No es algo dado: es una práctica que nos exhorta a ejercer el respeto por la diferencia, a anteponer el interés de la colectividad antes que el interés individual.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras ha demostrado, desde su fundación, un compromiso genuino para con el diálogo social. Y es que su composición heterogénea, esa diversidad tan rica de sectores que integran esta instancia, obliga a que la población delegada que integra este órgano colegiado desarrolle competencias para la negociación, el diálogo y la toma de decisiones consensuada.
Este compromiso genuino con el diálogo social nos llevó, como Directorio Nacional, a dar un paso al frente para, junto al Consejo Nacional de Rectores y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, liderar la génesis e implementación del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, conscientes de la necesidad de construir una visión de país compartida, que nos permita atender las múltiples dificultades que están erosionando la calidad de vida de nuestra querida Costa Rica.
Una de las dimensiones que ha priorizado el Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel es la salud y la previsión social, que es la temática que nos convoca esta mañana.
El drama de las listas de espera es una problemática que, de una u otra manera, toca a cada uno de los hogares de nuestro país. Todas y todos conocen a alguien que está a la espera de un diagnóstico, cirugía o procedimiento, espera que se prolonga por meses y hasta años. Lamentablemente, quienes esperan son una madre, un padre, un hijo o hermano. Una vida humana que, poco a poco, se deteriora ante la falta de una pronta y oportuna atención médica.
Con preocupación observamos cómo, bajo la actual Administración, las listas de espera lejos de reducirse se han incrementado. Lo que significa que, en lugar de llevar esperanza a las familias que actualmente esperan que su familiar sea atendido, lo que reciben es mayor preocupación e incertidumbre.
La Caja el Seguro Social, “la que nos cuida”, reza uno de su eslogan institucional, hoy atraviesa una dificultad sin precedentes, donde se observa una ausencia de soluciones articuladas y coherentes que permita reducir esas dificultades.
Conocido esto, el mayor desafío de la seguridad y previsión social son los problemas estructurales que arrastra la política pública del país, la problemática que enfrentamos hoy los usuarios de la salud pública costarricense se encauza como un núcleo estructural dañado de políticas públicas enfermas que impactan negativamente en el servicio de salud pero que arrastra consigo en ese núcleo a la educación a la seguridad ciudadana, la empleabilidad, la productividad y las finanzas del país.
De modo que ese núcleo defectuoso y carente entendido como un problema estructural país, nos obliga a reflexionar y a profundizar en propuestas serias que impacten significante las problemáticas y sean trasformadas en políticas sanas de prevención y de sostenibilidad de la seguridad social.
Pero esta no es una tarea únicamente para el sistema público es una tarea en conjunto con sectores privados, políticos, sociales, productivos, sociedad civil, poderes del estado y otros que articulen la voluntad política y el compromiso de todos los involucrados, bajo el respeto de los derechos fundamentales.
El dialogo social es un instrumento que se ha utilizado en muchos momentos de la historia costarricense, y me remonto a los años 40, cuando una alianza entre diversos sectores promovieron una importante reforma de políticas progresistas que dio lugar a las Garantías Sociales, esas garantías que permiten todavía en Costa Rica una atención medica universal, acceso a una educación pública gratuita y obligatoria para optimizar los índices de alfabetización, que permite al ICE dotar al país de accesibilidad en telecomunicaciones y electrificación a todo el territorio, y que dota a los trabajadores y trabajadoras costarricenses de una serie de derechos laborales gracias al Código de trabajo.
Citado lo anterior, concluyo diciendo que somos todos los llamados a propiciar este diálogo social como un entorno benéfico para la construcción de soluciones reales y efectivas, el diálogo social es la herramienta poderosa para estabilizar las relaciones sociales y productivas, para preparar el camino al futuro bajo un papel esencial en el progreso de una sociedad democrática.
Reflexionar con sentido crítico y propositivo las diversas perspectivas y reflexiones que se aborden en este proceso de diálogo nacional inclusivo, para que confiados en que los insumos y acuerdos logrados permitan avanzar, de manera colaborativa, a perfilar y consensuar francas soluciones que fortalezcan el proceso de Diálogo Nacional de Alto Nivel para la construcción de una visión compartida de país.
*Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Instalación de las mesas de trabajo este 10 de junio
Durante el lanzamiento del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, que se dio gracias al esfuerzo de articulación multisectorial entre la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se presentaron varias exposiciones sobre la realidad nacional y se dieron a conocer los principios de este proceso. Ahora iniciaron su labor las mesas de trabajo.
El espacio tiene como objetivo generar acuerdos a corto, mediano y largo plazo, que puedan incidir en las políticas generadas por la institucionalidad pública, para alcanzar justicia social ante la crisis multidimensional que enfrenta Costa Rica.
Hoy atendemos un objetivo común: unir voluntades por alcanzar soluciones concretas que venga a solventar las necesidades de todas y todos, en la construcción de un nuevo Pacto Social para Costa Rica; entendiéndose que, este diálogo social, productivo y empresarial, constituye una serie de acciones desde la sociedad civil y sectores que no pretende entrar a competir con el mandato constitucional que tienen los poderes de la República.
Este espacio se desarrollará durante los próximos 8 meses utilizando una metodología participativa; por lo cual, se realizarán consultas regionales y territoriales, mesas de trabajo y foros de análisis. Es preciso indicar, que los acuerdos estarán orientados en variables como: el disenso, consenso y reservas/salvedades, para salvaguardar la autonomía y diferencias entre sectores sociales, productivos y privados que buscan un acuerdo común.
El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel promueve la participación de las diferentes organizaciones sociales, productivas y privadas que deseen sumarse a esta iniciativa multisectorial.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, productivas y privadas del país para que se sumen al Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel y que tracemos en conjunto un camino hacia una Costa Rica más justa y solidaria”, expresó Lenin Hernández Navas, presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
En el proceso participan representantes de cooperativas, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones comunales, además de grupos de personas artesanas, asociaciones solidaristas, cámaras empresariales, colectivos de mujeres, organizaciones civiles y la academia. Con un auditorio que superó la capacidad con alrededor de 400 personas presentes en la inauguración del Diálogo realizada el 5 de marzo. Ahora, este 10 de junio se dio el inicio de las mesas de trabajo que nutrirán el Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.
Compartimos fotos de la actividad de arranque de esas mesas realizada en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, en Heredia.
Hasta los aciagos años de 1980 el país avanzó, más bien que mal, desde una reforma de corte socialista en los años de 1940, con protagonismo del movimiento campesino-obrero que una década anterior (huelga de trabajadores bananeros de 1934) contribuyó a impugnar el régimen oligárquico de economía de enclave, hasta consolidar una institucionalidad social modernizante de inspiración social demócrata y socialcristiana.
El descarrilamiento que se produjo con la instauración de los Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal, en la década de 1980, ha sido de consecuencias desastrosas, comparable con la “tragedia del Virilla” en 1926 que cobró 385 víctimas y 150 heridos. Por más que se quiera vender la idea de que tales programas eran una necesidad, lo cierto es que fueron el inicio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, el rumbo que nos venía conduciendo a mejores puertos, al punto de convertirnos en el país latinoamericano que punteaba en desarrollo humano.
Hoy estamos punteando también, pero en desigualdad y violencia. Ocupamos los vergonzantes primeros lugares en la región y también entre los diez más desiguales y violentos del mundo. Frente a esta realidad, por una parte, se profundiza el derrotero privatizador más que diezmando el financiamiento a la institucionalidad social (Caja del Seguro Social, educación pública, programas de asistencia social), propiciando la importación de arroz con lo que se favorece a países extranjeros (Brasil, Uruguay y Estados Unidos, principales proveedores) y a los pocos importadores, mientras se produce la quiebra de nuestros productores. Asimismo, para no impulsar una verdadera reforma tributaria que ponga a pagar a los ricos del país, se festina la venta del Banco de Costa Rica: un paliativo más, propio de la vieja estrategia de “patear la bola” que tanto se critica. Por otra parte, se negocian una serie de leyes, más bien de carácter represivo y no preventivo, y se anuncia la creación de más cárceles como la fórmula mágica para contener el avance de la violencia organizada y delincuencial.
No se quiere entender que la mejor política de seguridad para el país es una buena política económica y social, que propicie el empleo digno, el salario justo, la educación de calidad y accesible, la salud preventiva, es decir, una canasta básica y nutritiva al alcance de todos y diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, servicio de transporte público de calidad y ciudades amigables.
De no avanzar hacia un estilo de desarrollo postneoliberal, dando un nuevo impulso al Estado Social de Derecho, el tren seguirá descarrilado y cobrando cada vez más víctimas. El viraje tiene que ser lo antes posible, y solo una coalición de fuerzas sociales y políticas imbuidas de una decidida y valiente voluntad patriótica puede hacerlo.
El derrotero de la denominada “dictadura en democracia” que se inauguró torciendo brazos para impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica-República Dominicana, se ha venido profundizando en los dos últimos gobiernos, pero ya hace aguas. El discurso populista y mesiánico de perfil religioso resulta cada vez más vacío, se diluye en un marasmo de falsas promesas que vienen siendo repulsadas por una ciudadanía desencantada.
Las personalidades fuertes por las que apostaba buena parte de la ciudadanía han defraudado. Vendieron una imagen de fortaleza para enderezar la barca y enrumbar al país hacia la decencia en el manejo de la cosa pública y hacia la justicia social, pero una vez en el poder pactaron con los poderosos y abandonaron las banderas de la justicia para el bienestar y la paz social. El tren continuó descarrilado.
Hoy se abre una ventana de oportunidades con el diálogo social emprendido por la academia y la clase trabajadora del país. Este es un país donde ha prevalecido la inteligencia y la cultura sobre el poder y la fuerza. Cuando en el mundo hay una avanzada de regímenes de fuerza que conducen a la guerra por mezquinos intereses económicos y geopolíticos, legitimando el genocidio, se hace necesario levantar las banderas de la inteligencia y la cultura, para construir sociedades que apuesten por la paz y a vida. ¿Por qué no Costa Rica?
El día 16 de junio de 2023 la Junta Directiva de ANEP responde a los ataques recibidos el lunes 12 de junio de 2023 por parte de los seguidores del presidente Chaves, asimismo responde a los miles de muestras de solidaridad que han recibido.
Albino hace un llamado al diálogo social y movilización cívica pacífica. A su vez, se dirige al presidente Chaves resaltando que sus discursos de odio, confrontativos ha generado xenofobia, misoginia, violencia de género, homofobia, aporofobia y ha satanizado y vulgarizado a las dirigencias sindicales del país.
Para escuchar el mensaje de Albino Vargas ingrese al siguiente enlace:
Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT
Comunicado:
La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.
1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.
3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.
4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.
5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.
El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.
El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.
Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.
El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.
‘’El espacio fue promovido por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, sectores de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, y la Federación de Estudiantes Universidad Nacional (FEUNA)’’.
Luego de 2 meses de haber iniciado los conversatorios de Análisis de Coyuntura Nacional, este sábado 05 de noviembre se llevó a cabo el I Encuentro de Análisis de la Coyuntura Nacional, esfuerzo justo y consciente que buscó lograr mediante el diálogo social y el abordaje de mesas temáticas que fortalecen la formación, la unión y el trabajo en equipo estratégico entre diversos sectores y organizaciones alrededor de la Defensa del Estado Social de Derecho. Con una participación aproximada de 300 personas, arrancó el encuentro en las instalaciones del Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese-Campus El Higuerón de la Universidad Nacional.
En este primer encuentro se abordaron cuatro temas importantes de la actualidad nacional como lo son Ambiente y Energía, Economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto Alianza Pacífico, Educación pública y Seguridad Social, mediante mesas temáticas con la participación de reconocidos y reconocidas panelistas, además de la participación activa del público presente, donde lograron aproximarse e intercambiar importantes ponencias para la discusión de la situación actual del país.
El encuentro dio inició a las 8:30 am, superando la expectativa de convocatoria de asistentes, dio apertura el señor Fernando Faith Bonilla, representante de Sectores ATTBPDC, actualmente Presidente Coopeservidores con las siguientes palabras «Hoy continuamos con esta construcción que se gesta desde la sociedad, desde los Sectores Sociales», también el señor Francisco González Rector de la UNA comentó que en sus palabras de apertura al evento que, «Sin educación en los primeros niveles, no podríamos tener educación universitaria. Y la Universidad está acá porque hay personas que creen en la suma de voluntades para conseguir y nos invita a pensar en un futuro, en colectivo. Estamos para reconocer que hay que hacer una lectura crítica de la situación país, en donde aún con situaciones tan complejas tenemos un enorme potencial».
Desde la ponencia de electrificación rural, el señor Eduardo Navarro, Presidente de COOPESANTOS R.L señaló que “desde el origen las cooperativas de electrificación hemos hecho un esfuerzo para brindar energía eléctrica con altos indicadores de calidad a pesar de la diferente topografía, la dispersión de la población y eso se logra únicamente por que el modelo eléctrico en Costa Rica es solidario y las cooperativas en su ADN son solidaras” Registrando además que la energía en el mundo siguen siendo de derivados del petróleo lo que confirma que las acciones no están cambiando en el mundo y esto genera emisiones de efecto invernadero de manera importantes lo que ayuda al calentamiento global, y además la invasión de Rusia a Ucrania ha profundizado la crisis a nivel global y eso hace que haya volatilidad en los precios del petróleo y un efecto importante en el gas.
El Sr. Mayid Brenes, profesional en derecho, investigador y coordinador de la Mesa de Trabajo de Energía, Diálogo Multisectorial, además de representante de SITRAPEQUIA expuso sobre el papel de las personas trabajadoras y RECOPE en Ambiente y Energía, enfatizando que «la sustitución de los derivados de petróleo para uso en el transporte son algunas de las rutas que se buscan. En el caso de RECOPE, esta ha sido líder en el mercado petrolero, y por ello debe ser un pilar en la transición de energías alternativas. Aún estamos iniciando con este tema, y hay mucha tela por cortar, pero sabemos que el tema de la electricidad es fundamental en este tema, además de la participación de otros actores».
Mientras que en la mesa de Economía agroindustrial y agropecuaria el señor Renzo Céspedes Vargas, quien se refirió a la entrada de Costa Rica al proyecto de Alianza del Pacífico (AP) un bloque comercial en el que participan México, Colombia, Perú y Chile, destacando que la entrada de Costa Rica al AP solo produce una contracción del flujo comercial, que carece de políticas armonizadas lo que a toda luces no será provechoso ni beneficioso y además puntualizó que el costo de agro insumos representa el 46,40% de los costos de producción de la cebolla en Costa Rica, el 60,80% de la papa, el 42,74 de la zanahoria y el 52% del arroz. “Con ese nivel de participación de costos de los agro insumos, versus el valor del costo final al que elaboramos los productos, sencillamente el sector agrícola no tiene una posibilidad real de competir”
En esta misma línea la representante de la Corporación Hortícola Nacional la Sra. Gabriela Víquez, señaló que “el bloque de Alianza del Pacifico lo que busca es tener una integración de libre comercio con un arancel común lo más bajo posible y una libre movilidad de factores y de personas” de modo que ingresar a esta alianza genera presión social al privar mayores importaciones de productos más baratos de otros países y a su vez desestimular la producción nacional.
En Educación Pública, se destacó que el verdadero reto de la educación está en dar un salto gradual hacia la educación moderna y un nuevo paradigma educativo así lo comentó Pablo Zúñiga Morales Abogado especializado en derecho educativo comentando “que la crisis educativa actual nos ofrece la oportunidad única de enfocar en la reforma educativa que requiere el siglo XXI, sea una reforma que nos ubique en la cuarta y quinta revolución industrial y nos coloque como verdaderos actores en un mundo globalizado”
El Sr. Pablo manifestó que necesariamente en educación se debe hacer un enfoque real del problema que enfrenta el sistema educativo, el cual está marcado por la discusión del presupuesto nacional en la Asamblea legislativa, en donde no se cumplen con los mandatos constitucionales, dejando de priorizar en la educación, y priorizando en el problema macroeconómico, el pago de la deuda pública. Zúñiga Morales también menciona datos relevantes del presupuesto de la educación que pese a las limitaciones de la regla fiscal el presupuesto de la educación pública podía crecer en 2.52% en el 2023, pero ese margen no se utilizó, se utilizaron para atender el problema de la deuda externa, pero más grave que no se permitió crecer sino que además se ordenó un decrecimiento del 1.52% en relación con el presupuesto del presente año, lo que resume que el presupuesto 2023 para la educación va a tener 38994 mil millones menos que el 2022.
En representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, la Sra. Clareth Calderón Monge, secretaria general FEUNA comenta “que uno de los desafíos que enfrentan las universidades está en cómo lograr reivindicar y volver a posicionarse como esas universidades necesarias y evidenciar todo lo que se genera de ellas hacía a la sociedad” Además agregó que las Universidades Públicas son un espacio del cual convergen miles de realidades de los diferentes sectores, en el cual se vinculan con su acción social y esto es algo importante para la gestión sociedad del país.
La señora Calderón agregó que “El reto está en lograr un frente común de actores sociales para trabajar una agenda abierta, un colectivo que se plantea la defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad”
Sobre la mesa temática de Seguridad Social, fue clave la participación del líder Lenin Hernández, secretario general Sindicato SINAE Y AFINES quien enfatiza la necesidad de mantener la búsqueda de una Costa Rica próspera y con mejor acceso de recursos para todas las y los costarricenses.
Sr. Lenin enfatizó en su presentación que según el INEC para el 2022, 399 439 de los hogares se encuentran en situación de pobreza: 15 934 hogares más en comparación al año 20221. Las personas que actualmente viven bajo la línea de pobreza son 1 329 757, siendo que han entrado en pobreza extrema 6 078 hogares más. Por otro lado, para hacer más compleja esta problemática, la tasa de desempleo se ubica en el 11.8% siendo que hay 292 000 personas desempleadas, con un 42.2% de personas trabajando en la informalidad, esto quiere decir más de un millón de costarricenses sin acceso a la salud pública ni a un mínimo salarial.
Contamos con problemas estructurales que no le permiten a los y las costarricenses, gozar del Estado de Derecho como en primera instancia, se debería; Actualmente el Estado le debe 2.5 billones de colones a la CCSS y hay un alto número de personas adultas mayores en estado de indigencia ya que no poseen siquiera una pensión ni casa propia. Por otro lado, los sectores sindicales, piden que se debe declarar Estado de Emergencia Nacional las listas de espera.
Para el cierre de esta actividad y como panelista de la mesa de Seguridad Social, se contó con la participación encomiable del Dr. Álvaro Ramos, ex presidente ejecutivo de la CCSS, quién enfatizó en la importancia de la visibilización de la CCSS como una institución pública modelo en el mundo, y vista como primer mundo, pero que eso no implica que la misma se ajuste a las necesidades globales y locales en salud en el contexto que tiene Costa Rica en este momento, por lo tanto la urgencia de tomar decisiones conscientes en la razón de ser la Caja Costarricense de Seguridad Social, y la visión de futuro estratégica que necesita la institución sin afectar los orígenes de la misma.
“En una sociedad moderna, la seguridad social entendida en un sentido amplio, provisión de salud pública, provisión de pensiones, provisión de todos los otros momentos de protección antes la vulnerabilidad de una, entendiéndose licencia de maternidad, entiéndase, haberse enfermado en el trabajo, enfermarse fuera del trabajo, en el caso mío por ejemplo con la sordera, en países más avanzados existen mecanismos de ingresos adicionales para personas con discapacidad. Entonces todos estos mecanismos de protección social, a pesar de ser “caros” son la base de un estado moderno. Si en Costa Rica queremos un estado moderno, entonces debemos tener protección social significativa, no hay de otra. Cualquier dirección hacia un Estado Moderno, necesita esta inversión en Seguridad Social.”
Dr. Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo CCSS.
Además, el rector de la UCR, indica su alta preocupación por el proyecto de ley 23 380, que se envió por medio del poder ejecutivo a la asamblea legislativa que, en resumidas palabras agrega el señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, pretende cuatro ministros a cargo de las universidades públicas: MIDEPLAN; MEP, MICIT y Hacienda, las cuales pretenden controlar no solo la organización de las mismas sino que el financiamiento, qué carreras, cuáles cursos y por quiénes serían impartidas las mismas, con intenciones de cerrar carreras como Sociología, que el mismo presidente de la república ha compartido en comentarios recientemente.
En síntesis, nos encontramos en una coyuntura que debe ser tomada con suma importancia ya que los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense están siendo afectados en gran medida. Sin embargo, el trabajo de las mesas de discusión no termina acá y parece que hay esperanzas de formalizar rutas de acción para mejorar la situación actual de Costa Rica en una búsqueda para recuperar el Estado de Derecho:
“Estoy positivamente impactado por la cantidad de gente que se ha mantenido aquí desde las 8 de la mañana. Realmente esto dice mucho y expresa la preocupación del pueblo de la situación que nosotros estamos enfrentando, donde han surgido personas autoritarias que, basados en las posverdades, en mentiras, en noticias falsas, logran convencer el descontento del pueblo y esa situación que estamos atravesando nosotros actualmente. Cuestionan a las principales instituciones, instituciones que claramente como han indicado acá los panelistas, han promovido ese desarrollo social de nuestro país y eso ha generado (los cuestionamientos mal informados) un aumento en esa brecha en los grupos sociales y una inequidad que se incrementa cada vez más y que nos tiene muy preocupados.”
Sr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica.
De esta forma, este primer encuentro de análisis de coyuntura nacional cerró alcanzando una numerosa participación de los diversos sectores representados, donde quedaron grandes expectativas y planteamientos importantes hacia una ruta de trabajo estratégica que busca construir una agenda de acciones que promuevan la defensa de la seguridad social costarricense, en el marco del Estado Social de Derecho.
El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.
Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.
Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.
Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.
Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.
Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) empezó a promover en las comunidades la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-2050. El Ministerio comunicó que ya ha realizado más de 70 encuentros en diversas comunidades del país para explicar los contenidos de la estrategia y recibir sugerencias de los dirigentes comunales. Las reuniones para informar acerca de la estrategia finalizarán en julio, después, los actores consultados plantearán metas e indicadores para el cumplimiento de la estrategia.(CRHoy.com,27-7-2021)
La realización de estos encuentros para presentar la estrategia y recibir retroalimentación de las comunidades, evidencia una forma de planificación vertical y consultativa de una estrategia de desarrollo nacional hasta ahora desconocida para las comunidades y en cuya elaboración éstas no participaron.
Lo anterior se confirma, ya que se ha tenido conocimiento que el proceso de elaboración de la estrategia se realizó durante un periodo de 15 meses (que concluyó en marzo de 2021), con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) con el apoyo de la Agencia para el desarrollo (GIZ de Alemania) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que sus contenidos fueron discutidos y validados en reuniones periódicas con cerca de 11 instituciones costarricenses, tanto en el ámbito público como privado.(MIDEPLAN, comunicado de prensa,10-3-2021)
La Estrategia 2050 es el principal insumo técnico – científico, base para la formulación del Plan Estratégico al 2050 (PEN 2050), el cual es un mandato establecido en el Reglamento general del Sistema Nacional de Planificación N° 37735-PLAN, que lo define como un instrumento de planificación de largo plazo.
Frente a la presentación de la mencionada Estrategia, es posible plantearse algunas interrogantes, acerca de la validez de la formulación de una estrategia de largo plazo en una coyuntura en que la crisis sanitaria, económica, fiscal y social demanda la elaboración de propuestas de reactivación económica de corto plazo e incluso la revisión y formulación de un nuevo Plan de desarrollo 2022-2026.
Así mismo, la formulación de esta estrategia deja la interrogante acerca de su pertinencia respecto a la necesidad de reformar previamente el Sistema Nacional de Planificación nacional que data de la década de los 70, con las consabidas limitaciones de su estructuración en 6 regiones político-administrativas y su escasa correspondencia con una regionalización definida por territorios con características físicas, ecológicas, demográficas, socioeconómicas y culturales similares.
También es inquietante la afirmación de la ministra de Planificación, al mencionar que si la estrategia se llega a materializar, el producto interno bruto (PIB) costarricense crecería alrededor de un 90% y el empleo en un 34% y estaríamos cerrando brechas de naturaleza multidimensional y contribuyendo en gran medida a la descarbonización”. (CRHoy.com, 27-7-2021), que en principio parece un elemento discursivo carente de sustento.
Por su parte, el planteamiento central de la estrategia 2050, señala que esta estrategia traza la ruta para que en 2050 el país tenga una economía descentralizada, digitalizada y descarbonizada (3D), a partir de una nueva visión para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de descentralizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.(MIDEPLAN, Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y Descarbonizada, Resumen Ejecutivo)
Esta argumentación que en principio introduce un cambio de paradigma en la planificación del desarrollo nacional, no obstante, vincula tres grandes aspectos que es conveniente analizar y ponderar. En primer lugar, está el vínculo de la estrategia con la lógica de un modelo de desarrollo descarbonizado, originado en el Plan Nacional de Descarbonización, que propone que en el año 2050 se logre aumentar el crecimiento verde, a partir de una matriz productiva que disminuya la generación de emisiones de carbono, que ha sido el eje estratégico de la Administración Alvarado, aunque poco discutido y todavía menos asimilado por los actores sociales.
Sin embargo, la descarbonización, puede no ser el elemento central o el único objetivo medioambiental y del desarrollo sostenible del país, ya que existen otros propósitos de captación de CO2, adaptación al cambio climático y ampliación de los servicios ambientales.
En segundo lugar, el elemento de la descentralización de las actividades productivas y del desarrollo económico del país, a partir de un cuestionamiento a la hiperconcentración del desarrollo económico en la Gran Área Metropolitana (GAM), la que influye y profundiza las brechas y el rezago social al limitar la descentralización de beneficios en el territorio, aspecto que hemos analizado y con el que coincidimos plenamente. (Alterdescr, febrero 2021).
Con similar importancia, en tercer lugar se encuentra el elemento del desarrollo económico inclusivo dirigido a romper las brechas estructurales del desarrollo social, avanzar en la disminución de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, aspecto que también hemos abordado como expresión de las desigualdades regionales (Alterdescr, noviembre 2020).
La estrategia, confronta el modelo de desarrollo histórico hiperconcentrado, con un nuevo modelo inclusivo y descarbonizado constituido por una Red de nodos de innovación y economía 3D, que incluye también corredores, zonas de gestión y polos de desarrollo que definen áreas de concentración de oportunidades. (MIDEPLAN, Resumen Ejecutivo,2021)
Sobre la promoción de polos de desarrollo (se identificaron 11 polos de desarrollo y la GAM), habíamos comentado en un artículo anterior, sobre la conveniencia del enfoque de creación de Polos de desarrollo para impulsar el desarrollo territorial.
Algunos autores que han analizado dicho enfoque, han argumentado que este modelo de desarrollo ignora el territorio, considerándolo como mero soporte de las actividades que en él se asientan, dificultando el acceso a procesos de desarrollo integrales y condicionando el nacimiento y expansión de experiencias de desarrollo endógeno. (Barroso González, M.O.,2000)
Así mismo, este enfoque se ha considerado contrario a la perspectiva del desarrollo local, en el que destaca el carácter endógeno y participativo de las estrategias de desarrollo local, como el conjunto de acciones que definen los distintos agentes sociales, económicos, públicos o privados de una zona para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto. (Alterdescr, marzo 2021).
Con respecto, a la estructura de la estrategia, constituida por 3 fases, es oportuno plantear si el diagnóstico económico territorial, la identificación de los 6 retos clave y de las 6 orientaciones estratégicas, la definición de los 50 nodos estratégicos, de las 50 macro acciones estratégicas y de los 12 polos de desarrollo, han estado vinculados a los procesos de diálogo regional y a los programas de desarrollo que esta Administración ha venido impulsando en las diferentes regiones del país.
La Administración Alvarado ha definido prioridades de intervención en el desarrollo regional en las regiones Huetar Norte y Huetar Atlántica, con los programas Franja del Desarrollo y la Mesa Caribe a cargo de los vicepresidentes de la República, junto a los programas de desarrollo de la región Chorotega a cargo de la primera Dama y de los programas de desarrollo de la región Brunca y de la región Pacífico Central. En todos ellos los procesos de diálogo han permitido diagnosticar los problemas regionales, e identificar y coordinar la ejecución de acciones concretas en diversos campos de infraestructura, desarrollo social, servicios y producción. (Alterdescr. abril, mayo y julio 2019, enero, setiembre y diciembre 2020).
En las presentaciones de los resultados de los programas regionales, se ha evidenciado la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué, J.et al, Rimisp,2015).
Se ha indicado que los programas de desarrollo en las regiones, debieron incluir objetivos estratégicos y metas de desarrollo territorial, que permitieran obtener resultados en el acceso y uso equitativo de los recursos naturales, en un desarrollo productivo más diversificado, inclusivo y sustentable, en una inversión pública y privada bien direccionada con participación de los actores, en la generación de capacidades y capital social en la población local y en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los territorios.(Alterdescr, setiembre 2020)
Aunque se desconoce la vinculación real entre los programas y la estrategia, podríamos suponer cierta concordancia entre el objetivo de los programas de corto plazo, “la generación de propuestas descentralizadas en aspectos como la reactivación económica y generación de empleo, inclusión social, educación y diálogo social; para reducir las brechas de desigualdad territorial que presentan las regiones de nuestro país”.(ElPais.cr 20-3-2019) y la Estrategia Territorial Productiva dirigida a identificar las potencialidades productivas de los diferentes territorios, a descentralizar las actividades económicas y a generar nuevos modelos de organización territorial con miras a lograr un desarrollo económico inclusivo y descarbonizado.
No obstante, la posibilidad de que el país adopte la Estrategia Territorial Productiva y que logre avanzar hacia la formulación del Plan Estratégico al 2050, dependerá del imperativo de abrir una discusión amplia y profunda de dicha estrategia con todos los sectores sociales y de la viabilidad política de implementarla en un futuro gobierno, de lo contrario habrá sido un ejercicio institucional poco útil y costoso.
