Desde la Asociación Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (MUSADE), con casi 4 décadas de trabajo en comunidades rurales por los derechos humanos de las mujeres en su diversidad, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del señor Presidente de la República, que parecen convocar a la ciudadanía a la confrontación armada como respuesta a las legítimas expresiones de crítica y defensa del Estado de Derecho.
Costa Rica es una nación con una larga tradición de resolución pacífica de los conflictos, diálogo social y desmilitarización. Cualquier discurso que alimente el miedo, la polarización o la violencia socava los principios fundamentales de nuestra democracia y pone en riesgo la seguridad de las personas, especialmente de quienes históricamente hemos enfrentado desigualdades estructurales, como las mujeres, las juventudes y las poblaciones más vulnerables.
Desde MUSADE, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, la justicia social, la participación ciudadana y la defensa activa de los derechos humanos. Hacemos un llamado a los poderes del Estado, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía a rechazar toda forma de violencia y a fortalecer los espacios de diálogo democrático.
Nada justifica un retroceso en la institucionalidad democrática costarricense ni en los avances conquistados por los movimientos sociales y feministas.
Seguiremos trabajando desde la periferia al centro, construyendo liderazgos que transforman, y defendiendo la vida en todas sus formas.
¡La democracia no se amenaza, se cuida y se fortalece!
Reciba nuestro fraternal saludo ciudadano desde el Encuentro Democrático. Somos un colectivo que desde hace años constituye un Espacio Ciudadano y Democrático de Debate no partidista, en defensa de nuestras conquistas sociales y de nuestro Estado Social de Derecho. Nuestros valores comunes republicanos son la búsqueda de una sociedad realmente Sustentable con más Igualdad, Libertad, y Justicia Social. Sin ningún otro interés que rescatar lo mejor para nuestra Patria, lo invitamos respetuosamente a participar en la transformación de esta grave crisis nacional en una oportunidad de participación ciudadana.
La crisis afecta de manera muy aguda las esferas con las que funciona un estado nacional: económica, laboral, política, ambiental, educativa, Salud Pública, de seguridad ciudadana, de infraestructura pública, de producción, del Sector Agro, del Sector Cultura, del Sector Empresarial nacional, del Mercado Interno, de las PYMES, de muchas Cooperativas, de los trabajadores del Sector Público y Privado, de los profesionales y trabajadores independientes, de las mujeres jefas de hogar, y hasta de Legitimidad Democrática y Soberanía Nacional. También, hay que sumar a lo anterior, el alto costo de la vida y el bajo poder adquisitivo de los salarios.
Más allá del normal escepticismo colectivo y de la desesperanza social instalada, urge volver a enamorarnos de nuestras instituciones democráticas. Qué, aunque imperfectas, son la ruta sabia, pacífica y humanista para una sociedad más justa, más inclusiva, más equitativa y realmente sustentable. ¡Volvamos a creer en Costa Rica y lo mejor de su Segunda República!
Así las cosas, sabemos que muchas personas, como nosotros, no se identifican necesariamente con el Partido Liberación Nacional. Lo hemos criticado duramente y con justa razón. Hemos luchado desde nuestros espacios por una Costa Rica más justa, más equitativa y más democrática, adversando abiertamente a ese Partido, pues éste ha sido —y no hay que olvidarlo— un agente fundamental en muchos de los problemas que hemos desarrollado como sociedad. Pero, también, sabemos que el momento que vivimos exige salir de nuestras trincheras acostumbradas y actuar con lucidez y responsabilidad histórica.
Tampoco debemos olvidar que, en otros momentos de nuestra historia, el PLN fue una fuerza decisiva en la construcción del Estado social de derecho que ha distinguido a Costa Rica en América Latina: una república con servicios públicos sólidos, acceso universal a la salud y la educación, y una institucionalidad civilista. Esa herencia, que hoy se ve amenazada, no pertenece a un solo partido: pertenece al país, y debe ser defendida por todas y todos.
Costa Rica atraviesa una crisis profunda: social, económica, política e institucional. El deterioro del Estado social de derecho, la fragmentación de lo público y el desgaste del diálogo democrático no pueden seguir siendo administrados con parches ni discursos vacíos. Es urgente reconstruir un horizonte común.
En este contexto, la figura de Álvaro Ramos Chaves, en el marco de la convención abierta del PLN, representa una posibilidad estratégica que vale la pena considerar. No se trata de una adhesión ideológica ni de un cheque en blanco. Se trata de reconocer que su eventual triunfo abriría una ventana para algo más grande: una alianza nacional amplia y progresista que convoque a un verdadero diálogo social con propuestas escritas, serias y urgentes.
Álvaro Ramos Chaves ha demostrado apertura, capacidad técnica y política, y voluntad para hablar con sectores diversos. Pero su fuerza dependerá, también, de que este apoyo no venga del aparato tradicional, sino de la ciudadanía crítica, de quienes aún creemos en lo público, en los derechos humanos, en el bien común, en la Soberanía nacional, en fin, en una sociedad sustentable, amigable con el ambiente e inclusiva.
Participar en esta etapa —votar por Ramos en la convención abierta— es, para muchas y muchos, un gesto táctico. Pero es también una apuesta ética por evitar salidas autoritarias, populistas o vacías, y por sembrar las condiciones de una transformación verdadera, con participación amplia y propuestas concretas sobre la mesa.
No hay caminos fáciles, pero no podemos ser ajenos, no podemos quedarnos al margen mientras se termina de destruir lo poco que queda del Estado Social de Derecho y de las Conquistas sociales que logramos como sociedad desde 1943. El país nos convoca a pensar en alianzas y consensos, que como ocurriera con el Pacto de Ochomogo (1948), se convierten en la única opción para salir de oscuros momentos de conflicto.
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.
Le invitamos a leer el documento.
3 de febrero del 2025
Señores Adrián Pacheco Umaña, Intendente Mauricio Soto Rodríguez, Director de División Superintendencia de Pensiones
Presente
Estimados señores:
La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.
Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.
De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.
Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).
No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.
No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.
Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.
En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.
Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.
Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.
Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa
En el Diario Oficial La Gaceta, del 10 de este mes de la Patria, se publicó el nuevo Reglamento para la elección y nombramiento de los representantes del sector laboral y patronal de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este decreto deroga totalmente el anterior y rige a partir de su publicación.
UNDECA denuncia que este reglamento fue promulgado de manera unilateral por el Gobierno de la República, fiel a la despótica hoja de ruta de esa Administración y violentando las disposiciones de la normativa nacional, específicamente, el artículo 361 de la Ley General de Administración Pública.
Dicho decreto se lo sacó el Gobierno, de forma sorpresiva, del sombrero de un mago, quebrantando los principios democráticos de diálogo social, transparencia, consulta y el principio de legalidad de la actuación de la Administración Pública.
“UNDECA advierte que el gobierno emitió el decreto a su total arbitrio, omitiendo cualquier consulta y participación de los sectores interesados -ni siquiera la Junta Directiva de la CCSS fue consultada o informada- previo a la publicación de este espurio decretazo del Gobierno”, señaló Luis Chavarría, secretario general de la organización sindical.
El artículo 361 de la Ley General de Administración Pública establece un procedimiento especial que obliga al Poder Ejecutivo a conceder audiencia previa a las entidades descentralizadas y entidades representativas de carácter general, corporativas, sindicales y afectados por la correspondiente disposición.
El Poder Ejecutivo infringió esta norma legal, porque dictó, de forma unilateral, ese Reglamento, prescindiendo el trámite de consulta previa, cuya omisión causa su invalidez absoluta.
UNDECA denuncia, vehemente, que un día sí y el siguiente también, este Gobierno se vuelve cada vez más contra nuestro ordenamiento, manteniendo una conducta desenfrenada que refleja un absoluto desprecio de las normas que regulan la convivencia ciudadana, y que busca eliminar la participación democrática de las organizaciones gremiales.
Este mes, que celebramos un año más de independencia, es oportuno recordar el pensamiento de Cicerón, que en esta deriva política autoritaria nos viene como anillo al dedo: “El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes.”
La conducta ilegítima que denunciamos reitera que al Gobierno le incomoda y estorba el Estado de Derecho y la democracia costarricense.
Vivian Rodríguez Araya Directora nacional Asamblea del BPDC*
El diálogo social es, hoy en día, una práctica de gran valor. Para algunas personas sería más favorable y sencillo ejercer la autoridad de manera unilateral, inconsulta y autocrática. Lo cierto, es que el diálogo social se halla en los cimientos de todo lo bueno que se ha construido en este país desde el punto de vista institucional y de ampliación de los derechos políticos, económicos y sociales de nuestra población.
Es necesario reivindicar el diálogo social como pilar de la vida democrática, porque este ejercicio cívico permite a personas con visiones distintas construir una perspectiva común, que respeta y celebra la diferencia.
El diálogo social no implica que todos pensemos y actuamos de la misma manera. Eso no es diálogo, sino un soliloquio entre varios. La fortaleza del diálogo social radica, justamente, en la pluralidad de actores y la diversidad de opiniones. Y por ello se requiere una vocación y compromiso para el diálogo. No es algo dado: es una práctica que nos exhorta a ejercer el respeto por la diferencia, a anteponer el interés de la colectividad antes que el interés individual.
La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras ha demostrado, desde su fundación, un compromiso genuino para con el diálogo social. Y es que su composición heterogénea, esa diversidad tan rica de sectores que integran esta instancia, obliga a que la población delegada que integra este órgano colegiado desarrolle competencias para la negociación, el diálogo y la toma de decisiones consensuada.
Este compromiso genuino con el diálogo social nos llevó, como Directorio Nacional, a dar un paso al frente para, junto al Consejo Nacional de Rectores y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, liderar la génesis e implementación del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, conscientes de la necesidad de construir una visión de país compartida, que nos permita atender las múltiples dificultades que están erosionando la calidad de vida de nuestra querida Costa Rica.
Una de las dimensiones que ha priorizado el Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel es la salud y la previsión social, que es la temática que nos convoca esta mañana.
El drama de las listas de espera es una problemática que, de una u otra manera, toca a cada uno de los hogares de nuestro país. Todas y todos conocen a alguien que está a la espera de un diagnóstico, cirugía o procedimiento, espera que se prolonga por meses y hasta años. Lamentablemente, quienes esperan son una madre, un padre, un hijo o hermano. Una vida humana que, poco a poco, se deteriora ante la falta de una pronta y oportuna atención médica.
Con preocupación observamos cómo, bajo la actual Administración, las listas de espera lejos de reducirse se han incrementado. Lo que significa que, en lugar de llevar esperanza a las familias que actualmente esperan que su familiar sea atendido, lo que reciben es mayor preocupación e incertidumbre.
La Caja el Seguro Social, “la que nos cuida”, reza uno de su eslogan institucional, hoy atraviesa una dificultad sin precedentes, donde se observa una ausencia de soluciones articuladas y coherentes que permita reducir esas dificultades.
Conocido esto, el mayor desafío de la seguridad y previsión social son los problemas estructurales que arrastra la política pública del país, la problemática que enfrentamos hoy los usuarios de la salud pública costarricense se encauza como un núcleo estructural dañado de políticas públicas enfermas que impactan negativamente en el servicio de salud pero que arrastra consigo en ese núcleo a la educación a la seguridad ciudadana, la empleabilidad, la productividad y las finanzas del país.
De modo que ese núcleo defectuoso y carente entendido como un problema estructural país, nos obliga a reflexionar y a profundizar en propuestas serias que impacten significante las problemáticas y sean trasformadas en políticas sanas de prevención y de sostenibilidad de la seguridad social.
Pero esta no es una tarea únicamente para el sistema público es una tarea en conjunto con sectores privados, políticos, sociales, productivos, sociedad civil, poderes del estado y otros que articulen la voluntad política y el compromiso de todos los involucrados, bajo el respeto de los derechos fundamentales.
El dialogo social es un instrumento que se ha utilizado en muchos momentos de la historia costarricense, y me remonto a los años 40, cuando una alianza entre diversos sectores promovieron una importante reforma de políticas progresistas que dio lugar a las Garantías Sociales, esas garantías que permiten todavía en Costa Rica una atención medica universal, acceso a una educación pública gratuita y obligatoria para optimizar los índices de alfabetización, que permite al ICE dotar al país de accesibilidad en telecomunicaciones y electrificación a todo el territorio, y que dota a los trabajadores y trabajadoras costarricenses de una serie de derechos laborales gracias al Código de trabajo.
Citado lo anterior, concluyo diciendo que somos todos los llamados a propiciar este diálogo social como un entorno benéfico para la construcción de soluciones reales y efectivas, el diálogo social es la herramienta poderosa para estabilizar las relaciones sociales y productivas, para preparar el camino al futuro bajo un papel esencial en el progreso de una sociedad democrática.
Reflexionar con sentido crítico y propositivo las diversas perspectivas y reflexiones que se aborden en este proceso de diálogo nacional inclusivo, para que confiados en que los insumos y acuerdos logrados permitan avanzar, de manera colaborativa, a perfilar y consensuar francas soluciones que fortalezcan el proceso de Diálogo Nacional de Alto Nivel para la construcción de una visión compartida de país.
*Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Instalación de las mesas de trabajo este 10 de junio
Durante el lanzamiento del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel, que se dio gracias al esfuerzo de articulación multisectorial entre la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, y Consejo Nacional de Rectores (CONARE), se presentaron varias exposiciones sobre la realidad nacional y se dieron a conocer los principios de este proceso. Ahora iniciaron su labor las mesas de trabajo.
El espacio tiene como objetivo generar acuerdos a corto, mediano y largo plazo, que puedan incidir en las políticas generadas por la institucionalidad pública, para alcanzar justicia social ante la crisis multidimensional que enfrenta Costa Rica.
Hoy atendemos un objetivo común: unir voluntades por alcanzar soluciones concretas que venga a solventar las necesidades de todas y todos, en la construcción de un nuevo Pacto Social para Costa Rica; entendiéndose que, este diálogo social, productivo y empresarial, constituye una serie de acciones desde la sociedad civil y sectores que no pretende entrar a competir con el mandato constitucional que tienen los poderes de la República.
Este espacio se desarrollará durante los próximos 8 meses utilizando una metodología participativa; por lo cual, se realizarán consultas regionales y territoriales, mesas de trabajo y foros de análisis. Es preciso indicar, que los acuerdos estarán orientados en variables como: el disenso, consenso y reservas/salvedades, para salvaguardar la autonomía y diferencias entre sectores sociales, productivos y privados que buscan un acuerdo común.
El Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel promueve la participación de las diferentes organizaciones sociales, productivas y privadas que deseen sumarse a esta iniciativa multisectorial.
“Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, productivas y privadas del país para que se sumen al Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel y que tracemos en conjunto un camino hacia una Costa Rica más justa y solidaria”, expresó Lenin Hernández Navas, presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
En el proceso participan representantes de cooperativas, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones comunales, además de grupos de personas artesanas, asociaciones solidaristas, cámaras empresariales, colectivos de mujeres, organizaciones civiles y la academia. Con un auditorio que superó la capacidad con alrededor de 400 personas presentes en la inauguración del Diálogo realizada el 5 de marzo. Ahora, este 10 de junio se dio el inicio de las mesas de trabajo que nutrirán el Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.
Compartimos fotos de la actividad de arranque de esas mesas realizada en el Auditorio Clodomiro Picado de la Universidad Nacional, en Heredia.
Hasta los aciagos años de 1980 el país avanzó, más bien que mal, desde una reforma de corte socialista en los años de 1940, con protagonismo del movimiento campesino-obrero que una década anterior (huelga de trabajadores bananeros de 1934) contribuyó a impugnar el régimen oligárquico de economía de enclave, hasta consolidar una institucionalidad social modernizante de inspiración social demócrata y socialcristiana.
El descarrilamiento que se produjo con la instauración de los Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal, en la década de 1980, ha sido de consecuencias desastrosas, comparable con la “tragedia del Virilla” en 1926 que cobró 385 víctimas y 150 heridos. Por más que se quiera vender la idea de que tales programas eran una necesidad, lo cierto es que fueron el inicio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, el rumbo que nos venía conduciendo a mejores puertos, al punto de convertirnos en el país latinoamericano que punteaba en desarrollo humano.
Hoy estamos punteando también, pero en desigualdad y violencia. Ocupamos los vergonzantes primeros lugares en la región y también entre los diez más desiguales y violentos del mundo. Frente a esta realidad, por una parte, se profundiza el derrotero privatizador más que diezmando el financiamiento a la institucionalidad social (Caja del Seguro Social, educación pública, programas de asistencia social), propiciando la importación de arroz con lo que se favorece a países extranjeros (Brasil, Uruguay y Estados Unidos, principales proveedores) y a los pocos importadores, mientras se produce la quiebra de nuestros productores. Asimismo, para no impulsar una verdadera reforma tributaria que ponga a pagar a los ricos del país, se festina la venta del Banco de Costa Rica: un paliativo más, propio de la vieja estrategia de “patear la bola” que tanto se critica. Por otra parte, se negocian una serie de leyes, más bien de carácter represivo y no preventivo, y se anuncia la creación de más cárceles como la fórmula mágica para contener el avance de la violencia organizada y delincuencial.
No se quiere entender que la mejor política de seguridad para el país es una buena política económica y social, que propicie el empleo digno, el salario justo, la educación de calidad y accesible, la salud preventiva, es decir, una canasta básica y nutritiva al alcance de todos y diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, servicio de transporte público de calidad y ciudades amigables.
De no avanzar hacia un estilo de desarrollo postneoliberal, dando un nuevo impulso al Estado Social de Derecho, el tren seguirá descarrilado y cobrando cada vez más víctimas. El viraje tiene que ser lo antes posible, y solo una coalición de fuerzas sociales y políticas imbuidas de una decidida y valiente voluntad patriótica puede hacerlo.
El derrotero de la denominada “dictadura en democracia” que se inauguró torciendo brazos para impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica-República Dominicana, se ha venido profundizando en los dos últimos gobiernos, pero ya hace aguas. El discurso populista y mesiánico de perfil religioso resulta cada vez más vacío, se diluye en un marasmo de falsas promesas que vienen siendo repulsadas por una ciudadanía desencantada.
Las personalidades fuertes por las que apostaba buena parte de la ciudadanía han defraudado. Vendieron una imagen de fortaleza para enderezar la barca y enrumbar al país hacia la decencia en el manejo de la cosa pública y hacia la justicia social, pero una vez en el poder pactaron con los poderosos y abandonaron las banderas de la justicia para el bienestar y la paz social. El tren continuó descarrilado.
Hoy se abre una ventana de oportunidades con el diálogo social emprendido por la academia y la clase trabajadora del país. Este es un país donde ha prevalecido la inteligencia y la cultura sobre el poder y la fuerza. Cuando en el mundo hay una avanzada de regímenes de fuerza que conducen a la guerra por mezquinos intereses económicos y geopolíticos, legitimando el genocidio, se hace necesario levantar las banderas de la inteligencia y la cultura, para construir sociedades que apuesten por la paz y a vida. ¿Por qué no Costa Rica?
El día 16 de junio de 2023 la Junta Directiva de ANEP responde a los ataques recibidos el lunes 12 de junio de 2023 por parte de los seguidores del presidente Chaves, asimismo responde a los miles de muestras de solidaridad que han recibido.
Albino hace un llamado al diálogo social y movilización cívica pacífica. A su vez, se dirige al presidente Chaves resaltando que sus discursos de odio, confrontativos ha generado xenofobia, misoginia, violencia de género, homofobia, aporofobia y ha satanizado y vulgarizado a las dirigencias sindicales del país.
Para escuchar el mensaje de Albino Vargas ingrese al siguiente enlace:
Representación sindical del BUSSCO y confederaciones en OIT
Comunicado:
La Comisión de Aplicación de Normas hizo una fuerte condena al Gobierno de Costa Rica en sus conclusiones como resultado de la evaluación al cumplimiento del Convenio 122 de la OIT.
1- Lamentó que el Gobierno no tenga ni diseñada ni aplicada una política integral a fin de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.
2- Le insta a impulsar una política integral de empleo para promover la creación de oportunidades que vaya en correspondencia plena al Convenio 122 de la 01T, referente a políticas de empleo.
3- Le insta a promover esfuerzos para promover el diálogo social e incluir a los interlocutores sociales en iniciativas en curso y en las que puedan impulsarse en el futuro en materia de políticas y programas de empleo, orientadas a incorporar con énfasis a jóvenes, mujeres e igualdad de oportunidades.
4- Le pide que muestre impactos reales de la Estrategia Nacional de Empleo y Desarrollo Productivo (ENDEP) y del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2020 que vayan en correspondencia con el Convenio 122.
5- Le solicita tomar medidas para garantizar que la Ley 9635 de las Finanzas Públicas se ajuste plenamente al Convenio 122 y que no vulnere los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
6- Indicar los mecanismos de consulta utilizados con trabajadores y empleadores sobre políticas y programas de empleo impulsadas por el gobierno, incluyendo la Ley 9635 de Finanzas Públicas. Además, le hace la excitativa del deber de garantizar la consulta tripartita sobre el desarrollo de políticas y programas de empleo mediante la creación de un Consejo Tripartito Nacional.
El gobierno deberá responder con información completa y exhaustiva sobre todo lo señalado a la Comisión de Expertos de la OIT antes del 1 de setiembre 2023.
El gobierno por intermedio del viceministro de Trabajo rechazó en todos sus extremos dichas conclusiones, señaló que «deslucen» a la comisión e incluso dijo que se «abre un paso muy peligroso hacia la inseguridad jurídica». Es evidente que garantizar el cumplimiento de la normativa laboral para el actual gobierno representa inseguridad jurídica.
Del lado de la UCCAEP que defendieron abiertamente al gobierno e incluso pusieron a defenderlo a una buena parte del empresariado latinoamericano, es también un duro revés, dado su apoyo a todas las leyes anti laborales de estos últimos años.
El resultado de la 111 Conferencia de la OIT sobre Costa Rica, evidencia que en el escenario internacional no pasa desapercibido el fuerte retroceso en materia y derechos laborales a nivel nacional y que se considera prioritario defender las conquistas alcanzadas como país e impedir que esta tendencia retardataria y conservadora desmantele totalmente el Estado Social Costarricense.
