El canal de YouTube “Música en Costa Rica y el Mundo” subió un vídeo Homenaje póstumo a Sergio Rojas Ortiz.
Sergio Rojas Ortiz fue asesinado poco después de la medianoche del 18 de marzo del 2019 en su casa de habitación por 15 disparos cobardes, a mansalva. Estos hechos ocurrieron en Salitre de Buenos Aires (en la localidad de Yeri), al sur del país en la Provincia de Puntarenas (Costa Rica).
Él era miembro del pueblo Bribri (una de las etnias indígenas más reconocidas en el país) y uno de los dirigentes más importantes del lugar.
Los habitantes de los Pueblos Originarios han levantado la voz diciendo que “hasta el día de hoy reina la impunidad y ningún agresor ha sido condenado por estos actos”.
Compartimos el vídeo:
Soy siwabLa
Locución: #DionisioCabal Voces y texto: Gerardo Jiménez Letra, música, grabación y video: #MarioSolera
Grupo de dirigentes campesinos este viernes 26 de agosto en Guápiles celebraron la absolutoria del dirigente Orlando Barrantes.
El dirigente Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.
El ciudadano Nelson Brenes Sojo, solicitó el apoyo el Foro de la Vergüenza mediante Facebook, para que el día de mañana 19 de setiembre se recojan firmas, se repartan volantes entre otras actividades para apoyar al dirigente sindical Orlando Barrantes, víctima de la criminalización de la protesta social por parte de las autoridades de nuestro país.
*Imagen con fines ilustrativos.
Información tomada de la página de Facebook de Nelson Brenes Sojo.
Barrantes siempre sostuvo que el suyo es un caso de criminalización de la protesta social
«Mi caso es un montaje que busca asustar a la gente».
El día de hoy el dirigente sindicalista Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.
A continuación se reproduce una entrevista que Barrantes concedió a UNIVERSIDAD en mayo del 2006, en la que detalló los pormenores de su caso. Por entonces, Barrantes era Presidente del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB) y sostuvo que el detonante de toda la violencia fue la intervención de los policías antimotines.
¿Cómo se dieron los hechos del 2000, por los cuales ahora es enjuiciado?
– El 12 de diciembre del 2000 se manifestó la población en la provincia de Limón. Hubo movimientos de protesta en Guápiles, Siquirres, Limón y Talamanca, en los que diferentes sectores denunciaban la incapacidad de las instituciones gubernamentales por cumplir los acuerdos firmados.
En Siquirres, Guácimo y Pococí los grupos manifestantes fueron básicamente los pequeños agricultores y trabajadores bananeros expuestos al agroquímico nemagón.
En todos hubo enfrentamientos con la policía, pero en Guápiles, donde yo estaba, fue donde se produjeron los hechos más violentos. La versión que yo puedo dar de lo sucedido esa mañana, la reconstruyo a partir de videos que ya mostraron la fiscalía, informes de prensa y testimonios.
A las 8 a.m. se da una concentración de casi dos mil personas en el Parque de Guápiles, donde hasta las 8:45 intervenimos entre 15 y 20 dirigentes en el uso de la palabra. Allí, espontáneamente se tomó la decisión de hacer una marcha pacífica hacia Guácimo. La idea era que el gobierno, al ver una marcha de gran cantidad de gente, retomara las negociaciones. Una delegación de dirigentes fuimos a la casa de Jesús Calderón, quien estaba en contacto con el Ministro de Agricultura, a esperar que el gobierno se comunicara, mientras la gente empezó a caminar.
Nunca hubo bloqueo. Según el testimonio de los mismos policías antimotines, alrededor de 200 de ellos recibieron la orden de “ir a chocar” con los manifestantes, lo cual sucedió en medio de una cuadra muy larga, entre el Parque de Guápiles y la carretera a Limón.
A los policías se les acabaron los gases y entonces recibieron la orden de retirada, la cual ejecutaron de manera desordenada, se dispersaron y cuatro de ellos se tiraron debajo de unos furgones. Este grupo fue retenido por los manifestantes para exigir la liberación de cerca de 30 personas que habían sido detenidas sin ser pasadas al Ministerio Público. Yo no participé en esas negociaciones porque no podía, ni había control de nada. Nunca hubo bloqueo en la carretera a Limón y el enfrentamiento tampoco se dio en la vía.
Alrededor de las 5 o 6 de la tarde los manifestantes liberaron a los policías y el gobierno soltó a los manifestantes.
¿Mientras todo eso pasa usted se mantuvo en la casa de Calderón?
– Sí, claro. Allí también estuvo el periodista Marvin Barquero de La Nación.
¿Qué sucedió después, cuando fueron a Casa Presidencial?
– El gobierno nos convocó a negociar a las 8 a.m. del 13 de diciembre. Fuimos a Casa Presidencial y un periodista me preguntó si sabía que había orden de captura en mi contra y una acusación por secuestro extorsivo. Se le pidió al gobierno que aclarara la situación, anularon la orden de captura pero manifestaron que si había una demanda judicial, el Poder Ejecutivo no podía intervenir. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda que fue acogida por el fiscal, en la que sostiene que yo planeé, organicé y ejecuté un secuestro extorsivo y que todo lo que sucedió el día anterior había sido planeado por mí. Esa es la acusación. La causa acarrea una pena de 15 a 20 años por persona, y como fueron cuatro, la sentencia mínima sería de 60 años.
Esta acusación de secuestro extorsivo no solamente es absurda y ridícula, sino que con ella pretenden amedrentarnos.
¿Cómo han sustentado la acusación?
– La única prueba que presentan es un video donde salgo hablando en el parque. También incluyen el testimonio del entonces jefe de los antimotines, Orvil Ruiz, quien me ubica en el sitio del enfrentamiento desde las 10 a.m.
¿Cuál cree es el trasfondo de la acusación?
– Además de dirigente social, soy presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), un partido legalmente inscrito, nuevo y de izquierda, que nació el año pasado.
Cualquiera que lea la acusación del Ministerio Público se da cuenta que no demuestra ningún hecho participativo mío, sino que me llama “agitador”; dice que organizo a la gente para que se movilice contra los gobiernos, que encabezo movimientos de protesta. Es decir, es una acusación estrictamente política.
Cuando Orvil Ruiz declaró en el primer juicio anulado en julio, repitió exactamente lo mismo que está escrito en la acusación.
¿Cómo siguió el trámite de su juicio?
– Inició en julio del año pasado, pero fue anulado porque mi abogado se incapacitó por más de diez días. Mi primera defensa no estuvo bien, pues subestimamos la causa. Cambiamos de abogado y hemos planteado tres acciones de nulidad, que han sido rechazadas.
Hace un mes nos notificaron que el juicio fue convocado para el 20 y 21 de abril de este año, pero cuando llegamos el 20 se nos dijo que está suspendido, pues la fiscal a cargo quiere que vuelva a declarar el exdirector de la Fuerza Pública Walter Navarro, quien está en Estados Unidos.
¿Cómo explica que se trata de un juicio político?
– Aquí lo que están enjuiciando es la forma de pensar que uno tiene, no tienen ninguna prueba y eso es un juicio político.
La condena de Célimo Guido, más el caso mío, nos lleva a los sectores sociales a hacer un llamado a fortalecer instancias como la Comisión de Derechos Humanos.
Estos son intentos de sectores poderosos económicamente y ligados a las transnacionales, que buscan amedrentar a los dirigentes y sentar precedentes ejemplarizantes para que la gente no proteste.
Como dirigentes y ciudadanos costarricenses, nuestro papel es participar en todos los procesos y no se nos va a prohibir opinar sobre la realidad nacional. Sostendremos nuestra oposición tajante al TLC.
Mi caso es un montaje, que busca asustar a la gente. Yo no tengo ningún problema en ir a la cárcel, si tengo que ir por defender a los pobres, gustoso voy. La cárcel para un dirigente representa un ataque muy duro a las libertades democráticas de este país y al resto del movimiento popular.
Tribunal restituye dirigente sindical en plantación de piña
Un triunfo contra las prácticas anti-sindicales en las empresas agro-industriales
Sala Segunda falla a favor de la restitución del sindicalista Pablo López Gracia y condena a la empresa Piña Frut, S.A a pagar los salarios dejados de percibir por el trabajador desde la fecha del cese en agosto del 2010 y hasta su efectiva reinstalación; así como los aguinaldos que correspondan a ese periodo, tomando en cuenta los ajustes de salario que se den por parte del Consejo Nacional de Salarios.
Después de una lucha legal de 5 años por parte del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Plantaciones, SITRAP, se demostró la ilegalidad del despido por parte de la empresa representada por Jorge Acón Sánchez, un enemigo de los derechos laborales de sus trabajadores.
Pablo López mostró su satisfacción por esta victoria sindical y personal pues estos años han sido muy difíciles para él y su familia en vista de las dificultades para encontrar trabajo estable en la zona.
Hay otros casos de persecución sindical y de irrespeto de los derechos laborales en esta misma empresa piñera así como en otras plantaciones, que tienen sentencia en firme con los mismos resultados, y además hay otros casos presentados que van por el mismo camino.
SITRAP está dando una intensa campaña en la defensa de los y las trabajadoras agroindustriales, que ha conseguido que pierdan el miedo y se animen a demandar a los patronos que violentan sus derechos.
Esta lucha también ha puesto en evidencia la alcahuetería del Gobierno con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, CANAPEP, asegurando que las empresas respetan la libertad sindical y los derechos laborales. También ha quedado en desnudo la farsa de las certificaciones de calidad socio-laboral que se le otorgan a estas empresas.
También damos las gracias a las organizaciones y amigos, nacionales e internacionales que nos han tendido su mano para que SITRAP continúe en lucha por los derechos de la clase trabadora en las plantaciones agrícolas en Costa Rica, sus aportes no han sido en vano, esto es parte de los resultados.
El Sindicato felicita al representante legal Jorge Barboza de SITRAP y a los valientes trabajadores que atestiguaron en los tribunales, pese a la campaña de amedrentamiento de la Empresa. Así mismo se agradece a todas y todos los trabajadores que cada día engrandecen a SITRAP.
Contacto: Didier Alexander Leitón Valverde, Secretario General SITRAP: Celular: 83090994
Enviado a SURCOS Digital por Juan Carlos Cruz Barrientos.
El 17 de julio, alrededor de las 10:00 de la mañana, en la Comunidad de Vallecito, Municipio de Limón, Departamento de Colón, sujetos desconocidos fuertemente armados raptaron a Miriam Miranda, Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) y a más de 20 personas, líderes y lideresas de diferentes comunidades garífunas de Honduras.
La noticia del rapto fue dada a conocer por una de las personas que se encontraba junto a Miranda, al momento del suceso, que al escapar alertó a sus compañeros de la situación, informó a Radio Globo, Gregorio Guity dirigente de OFRANEH.
Los raptores despojaron a Miriam Miranda y a sus compañeros y compañeras de sus teléfonos celulares y los mantuvieron cautivos por unas horas.
«Esta situación es alarmante ya que actualmente la lucha histórica del pueblo garífuna es contra narcotraficantes, gente armada, diputados y militares, ya que se trata de 980 hectáreas que son propiedad de la comunidad garífuna», informó Guity.
La OFRANEH, determinó realizar una acción urgente con el propósito de rescatar a sus compañeros y compañeras raptadas, para ello movilizó a varios grupos de voluntarios al sector de Vallecito e iniciar la búsqueda de sus líderes.
En horas del medio de hoy se conoció que Miriam Miranda y demás personas raptadas habían sido liberadas, sin embargo la situación de riesgo en la zona y la presión de los perpetradores, contra los líderes garífunas, continúa latente por lo que urge la protección inmediata del Estado Hondureño con el propósito de salvaguardar su integridad física.
Miranda, declaró a Radio Progreso que: «De no ser por la denuncia a tiempo que se hiciera sobre la detención por parte de grupos armados que resguardan los intereses del crimen organizado en esta zona, todos estarían muertos en este momento».
«El gobierno esta coludido con estos grupos pues nosotros hemos denunciado en reiteradas ocasiones las amenazas al territorio garífuna por parte del crimen organizado, hoy día la situación fue muy dura porque nuestro rapto se debe al desplazamiento de nuestras comunidades por parte de los narcotraficantes de este sector», expresó Miranda a Radio Progreso.
