Etiqueta: discriminación

Carlos Herz, periodista
15-01-23

El Perú vive una persistente crisis de gobernabilidad desde hace decenios, caracterizada por la fragilidad institucional, principalmente política; por un déficit de construcción de ciudadanía; y por los limitados espacios de participación ciudadana, mayormente existentes por las presiones y movilizaciones populares que han ido conquistando diversos derechos y demandas. Esta crisis se da en el contexto de una enorme informalidad en la economía nacional –agudizada en el período de pandemia–, como expresión del abandono histórico del Estado en la atención a las necesidades elementales de las personas, quienes se han visto obligadas a desarrollar múltiples estrategias de sobrevivencia material. Esta dinámica económica y hasta social ha estado acompañada de la implementación de un modelo de acumulación basado en la exportación de commodities y materias primas diversas (principalmente minerales y productos agropecuarios) que dependen de las condiciones internacionales y que no se han visto en lo fundamental afectados, salvo por la variación de los precios globales. Cabe añadir que buena parte de la informalidad está vinculada con la ilegalidad y la corrupción en sus diversas formas, la cual también mueve la base económica del país. Se puede decir que junto a la crisis de gobernabilidad, convive un modelo neoliberal extremo que articula todas las formas de acumulación mencionadas.

1. En ese contexto surge el gobierno actual que, más que una opción de aceptación programática, fue resultado del rechazo a una posible administración fujimorista, ya conocida por su esencia represiva, corrupta y entreguista de los bienes del país al capital. El triunfo por escaso margen del presidente Castillo nunca fue aceptado por la derecha en sus diversas facciones ni por la mayoría de los medios de información a su servicio, a lo que se agrega un fuerte componente de racismo y discriminación, que ha sido y es una de las características constantes hasta la fecha, ahora más agudizada. Después, la total ineficiencia y los visos de corrupción crecientes del gobierno favorecieron la práctica golpista y desestabilizadora implementada por el Congreso y estimulada por la prensa. Lo cierto es que, en cualquier circunstancia, aun con un buen gobierno de Castillo, no hubiera sido distinta la respuesta de la derecha peruana, aunque otro hubiera sido el devenir político, como resultado de un esperado apoyo popular que no recibió el presidente durante su errática gestión. Inclusive muchas de las medidas gubernamentales fueron atentatorias contra los derechos ciudadanos como en educación y género, coincidentes con los enfoques retardatarios de la derecha.
2. Las evidencias de corrupción gubernamental, que debieran ser procesadas judicialmente como en cualquier Estado de Derecho, fueron suficiente razón para poner por delante las acusaciones a la gestión presidencial, siendo atendidas con mucha diligencia por el Congreso y el Poder Judicial, en comparación con muchos otros casos de mayor escándalo, sospecha y pruebas de corrupción. La consigna política concertada de la derecha en el Congreso y en la mayoría de la prensa fue desde inicio la de censurar a Castillo y su entorno, manteniendo siempre en vilo a su A esta persistente campaña de desestabilización y de vacancia, hay que sumar la terrible dosis de un discurso clasista y racista aprovechando de la impericia y el origen popular del presidente para agredir a su persona y a su familia. Esto último es uno de los factores centrales que ha despertado la reacción de la población mayormente rural; es decir, ésta no ha sido provocada sólo porque las élites han desconocido el triunfo electoral de Castillo sino, sobre todo, por el tratamiento despectivo que han dado a los sectores sociales más pobres, mayormente campesinos y del sur del país, poniendo en evidencia la fragmentación social y cultural en el país.
3. Los últimos acontecimientos para muchos significaron una sorpresa en diversos sentidos:
4. Primero, porque no estaba en la previsión política que al entonces presidente Castillo se le ocurriera dictaminar el cierre del Congreso y la intervención del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, sin ningún tipo de apoyo de los poderes militares y políticos De allí su rápida caída y detención, así como la juramentación de su sucesora, la vicepresidenta de la república y la designación de su gabinete.
   1. Segundo, porque tampoco se consideró que esta situación devendría en una masiva reacción favorable hacia el presidente, por su libertad, justificando su frustrada medida de cierre del Congreso como una legítima acción frente a su continua práctica Lo que ha ocurrido –y se viene incrementando– es la movilización de diversos actores sociales en las ciudades y el campo, mayormente en la macrorregión Sur y en la costa sur del país, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de las elecciones; además, en varios casos piden la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la libertad del expresidente Castillo. Mientras el Congreso y la nueva presidenta persisten en su propósito de no querer leer la realidad social y política, el movimiento popular incrementa sus paralizaciones y recibe como respuesta una violenta represión, con situaciones trágicas como la elevada cantidad de pérdida de vidas humanas, que ya llegan a 48, y decenas de heridos, mayormente por proyectiles de bala y perdigones, prohibidos por la legislación peruana para estos casos. Los departamentos de Puno, Apurímac, Cusco, Ayacucho y Huancavelica son los más activos en estas protestas y se avecinan otras de mayor rango nacional, como la de los estudiantes y comunidades campesinas e indígenas. Lima ha venido tardando en reaccionar y en los últimos días ya se percibe un incremento de movilizaciones urbanas en la capital y en otras ciudades del país.
   2. Ahora el panorama es No ha funcionado el acuerdo del Congreso por iniciativa presidencial para un adelanto de elecciones para marzo del 2024, plazo señalado supuestamente para tener condiciones de realizar reformas políticas que permitan enfrentar la crisis extrema de gobernabilidad; ni tampoco ha funcionado el compromiso del nuevo gobierno de contar con equipo técnico y eficiente. Por el contrario, la mayoría congresal viene propiciando contrarreformas que le sean funcionales a su propósito de mantenerse en el poder, así como aprobar medidas económicas y sociales que agreden los derechos de la ciudadanía, y en particular de las poblaciones indígenas en la Amazonía peruana. Igualmente, el gobierno sigue mostrando las mismas limitaciones que las que se observaron a los gabinetes de Castillo, a lo que se añade sus medidas fuertemente represivas y autoritarias. De allí que ha crecido la desconfianza de la población movilizada ante los actuales representantes políticos tradicionales, y con mayor vigor exigen la disolución del Congreso y la renuncia de la presidenta, así como elecciones generales inmediatas, además de la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Como nunca antes las organizaciones sociales campesinas se están movilizando masivamente hacia las capitales de Puno, Cusco, Apurímac y Ayacucho, mayormente. Se configura progresivamente un sentimiento lleno de malestar, de agresiones a sus derechos más elementales, de amargura e indignación por el maltrato clasista y racista tan presente hasta la actualidad. La solidaridad de un sector de la población con el presidente depuesto tiene que ver con este sentimiento de exclusión y no tanto con su capacidad de gestión.
5. ¿Qué hacer? Lo primero es que debemos exigir que se investigue a profundidad los asesinatos contra peruanas y peruanos y que se sancione severamente a los responsables políticos y No puede haber borrón y cuenta nueva. Y el gobierno debe asumir la responsabilidad que le compete. Las actuales movilizaciones sociales, mayormente espontáneas han abierto una gran oportunidad de transformación social y se requiere mirar mejor el panorama actual y hacia el futuro. Los eventuales resultados políticos que se logren ahora, no implicarán aún cambios sustanciales para el país, sino que –en el mejor de los casos– serán parte de un largo proceso de construcción de nuevas condiciones económicas, políticas, sociales, culturales y ciudadanas. Las tendencias autoritarias no solo están presentes en los tradicionales grupos de poder en el gobierno y el congreso, sino que se extienden a los diversos sectores e instituciones estatales y de la sociedad, e incluso se manifiestan en diversos liderazgos populares, pudiendo generar situaciones complejas de mayor violencia o de decisiones que refuercen liderazgos antidemocráticos, además del continuismo de las dinámicas económicas neoliberales y degradantes del ambiente, como ocurre con las actividades ilegales de extracción de recursos naturales. En ese proceso debemos encarar con seriedad la gran fragmentación social que afecta al país y que deviene en la aceptación de la existencia de personas de primera y de segunda categoría.
6. La realidad actual ha vuelto a mostrar la necesidad de contribuir a crear nuevas condiciones para la gobernanza, particularmente a partir de acompañar procesos renovados de desarrollo de capacidades enfocado a jóvenes, hombres y mujeres, y a líderes de las organizaciones campesinas e indígenas. Se requiere reforzar las alianzas interinstitucionales y superar la dispersión actual de esfuerzos y Necesitamos esclarecer y definir un rumbo que deje de lado los viejos paradigmas del desarrollo y nos conduzcan hacia la construcción de condiciones por los Buenos Vivires. Es hora de que Ong, proyectos y agencias de cooperación nos sentemos juntos a reflexionar y actuar de manera diferente, hacia esos nuevos desafíos.

Información compartida con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.