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Etiqueta: discursos de odio

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

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Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

UNDECA presenta denuncia ante OIT por prácticas de violencia y discursos de odio del presidente Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS

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Comunicado

El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, desde los primeros días, la emprendió contra el sistema democrático costarricense y rabiosamente contra los sindicatos.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Social y Democrático, que el Gobierno pretende desmantelar y privatizar, aunque sea recurriendo a los actos, denunciados por UNDECA y otros, al Ministerio Publico, que resultaron en la detención en las celdas de OIJ la presidenta ejecutiva de la Caja y siete personas más.

UNDECA es el reducto de defensa de la Caja, su autonomía, recursos financieros y los derechos de casi 70.000 personas que laboran en esa entidad.

Nuestra inclaudicable posición nos ha costado que el presidente de la República y Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, acometan contra UNDECA, desplegando un conjunto de actuaciones que violentan los principios de libertad sindical.

A raíz que la conjura contra este y otros sindicatos institucionales ya resulta desproporcionada, llegando a extremos de violencia intolerable, UNDECA interpuso una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) contra el Presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

Las actuaciones más graves, entre otras, que sustentaron la denuncia son:

1.- Marta Eugenia Esquivel declaró, en la habitual conferencia de prensa de Casa Presidencial, que los sindicatos tienen secuestrada la CCSS.

2.- La misma jerarca declaró públicamente que los sindicatos son los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

3.- Esquivel amenazó a los sindicatos por denunciar en el Ministerio Público, la cuestionada adjudicación de 10 áreas de salud a favor de cooperativas y un consorcio hospitalario privado.

El presidente de la República amplificó la agresión contra los sindicatos, atribuyéndonos que somos los responsables de las listas de espera.

4.- Esas prácticas antisindicales se coronan con el ataque deleznable que ha sufrido nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA y representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja, contra quien el Consejo de Gobierno ilegítimamente ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y una medida cautelar de separación de su cargo, que fue anulada por la Sala Constitucional, por violentar derechos fundamentales.

Las arteras acciones montadas contra nuestra compañera Martha Elena violentan el principio de autonomía e independencia sindical.

El conjunto articulado de actuaciones del Presidente de Gobierno y Marta Esquivel, configuran prácticas recurrentes y sostenidas de hostilidad y discriminación antisindical, que vulneran los principios de libertad sindical, contenidos en la Declaración de Filadelfia de OIT (1944) y los convenios internacionales de OIT, ratificados por Costa Rica.

UNDECA denunció que el Gobierno de la República está creando un peligroso clima de confrontación, amenazas, presión y desprestigio contra los sindicatos, que pretende, impedir que los sindicatos realicen su misión de manera eficiente y eficaz, y además, esos discursos incitan a la violencia, con el propósito que la ciudadanía rechace y repulse moralmente a UNDECA y los sindicatos de la Caja, declarados calumniosamente secuestradores y los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

UNDECA comunicó la denuncia internacional al Director General de OIT y está solicitando que se declare que el presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez son autores responsables de la violación de los principios de libertad sindical.

En consecuencia, se solicitó condenar al Gobierno por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con la libertad sindical y ordenar a esas autoridades gubernamentales abstenerse de continuar con esas conductas de violencia antisindicales.

UNDECA terminó su denuncia citando la siguiente declaración del Secretario General de Naciones Unidas; Antonio Gutiérrez:

“El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios.”

El discurso de odio del presidente y Marta Esquivel contra los sindicatos es irreconciliable con los postulados de nuestra Constitución Política y los convenios de OIT en materia de libertad sindical.

San José, 02 de octubre de 2024.

Defensoría urge continuidad a estrategia nacional contra discursos de odio y discriminación

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La falta de nombramiento del Comisionado Presidencial para la Inclusión Social preocupa a la Defensoría de los Habitantes por el impacto que tiene el cargo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el quehacer del Estado.

Desde el 03 de julio 2024, la Defensoría de los Habitantes, como Institución Nacional de Derechos Humanos, manifestó a Casa Presidencial su preocupación en que, la designación de dicho cargo se vaya a dilatar en el tiempo, considerando su responsabilidad en la atención del fenómeno de la discriminación y el racismo, especialmente tratándose de poblaciones vulnerables y discriminadas, así como promover y garantizar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en la materia.

Considerando que, los discursos de odio, principalmente en redes sociales, están en constante aumento, teniendo afectación en poblaciones que históricamente han sufrido de la discriminación debido a su utilización para justificar la negación de sus derechos, asimismo fue solicitada a Casa Presidencial copia de la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, la cual efectivamente fue remitida, siendo que la misma incorpora cinco ejes estratégicos de trabajo sean: reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos; educación; cultura de paz; acceso a investigación y uso eficaz de datos y acceso a la justicia y no impunidad.

El aumento de la violencia en la sociedad costarricense guarda una estrecha relación con la legitimación y difusión de discursos de odio, por lo tanto, es urgente adoptar acciones de toda naturaleza, para atender la realidad de la discriminación y los discursos de odio como una de sus manifestaciones.  En momentos de polarización se requiere un actuar oportuno y efectivo sobre toda forma de violencia que sea violatoria de Derechos Fundamentales.

Siendo, por lo tanto, impostergable que la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, sea efectiva para evitar su reproducción y legitimación, requiriéndose un actuar pronto por parte del Estado. No obstante, en el informe de fecha 18 de julio 2024 Presidencia informa a la Defensoría que la Administración se encuentra en una etapa de estudio de perfiles y de posibles personas candidatas que puedan ejercer como Comisionado de Inclusión Social, siendo que a la fecha el puesto se mantiene vacante. Asimismo, se señaló que, hasta que se defina dicho nombramiento es que se continuará con el avance de la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

Escrito el . Publicado en Derechos.

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

ANEP: Acerca de la violencia política de los simpatizantes de Chaves

Escrito el . Publicado en Trabajo.

El día 16 de junio de 2023 la Junta Directiva de ANEP responde a los ataques recibidos el lunes 12 de junio de 2023 por parte de los seguidores del presidente Chaves, asimismo responde a los miles de muestras de solidaridad que han recibido.

Albino hace un llamado al diálogo social y movilización cívica pacífica. A su vez, se dirige al presidente Chaves resaltando que sus discursos de odio, confrontativos ha generado xenofobia, misoginia, violencia de género, homofobia, aporofobia y ha satanizado y vulgarizado a las dirigencias sindicales del país.

Para escuchar el mensaje de Albino Vargas ingrese al siguiente enlace:

El Foro Encuentro Democrático condena actos violentos contra la ANEP

Escrito el . Publicado en Análisis, Derechos.

Cuando la irracional intransigencia le gana a la razón

San José, 14 de junio de 2023:

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” Mahatma Gandhi.

Costa Rica fue testigo, el pasado 12 de junio, de uno de los peores síntomas de la enfermedad que ya contagió a nuestra democracia, otrora la más consolidada de América Latina. Sin que mediara provocación alguna por parte del movimiento sindical  ̶ más que la defensa del derecho de los trabajadores a una jornada laboral justa, a la institucionalidad democrática y a los ideales propios de nuestro Estado Social de Derecho ̶ , un grupo de enardecidos acólitos del oficialismo, desplegaron un oprobioso e injustificable acto de violencia política-simbólica en su contra, para lo cual llegaron a provocar a las inmediaciones de la sede de la ANEP (Asociación de Empleados Públicos y Privados), en la ciudad de San José.

Estos energúmenos buscaron irracionalmente generar una espiral de violencia con oscuros propósitos y con el fin de intimidar, coaccionar e imponer la agenda Neoliberal y Neoconservadora, en detrimento de las libertades básicas individuales, los derechos ciudadanos y las conquistas de la clase trabajadora.  Está demostrado en los videos públicos exhibidos, que fueron estos fanáticos de alquiler quienes hicieron uso de la única herramienta que les quedaba ante su falta de razón y argumentos, y que muestra su verdadero rostro: el insulto, la descalificación personal, la amenaza mediante el grito y su retórica violenta.

Hacemos un llamado general a toda la Sociedad Civil costarricense para que, en aras de la cordura ciudadana y la tolerancia, no se deje llevar hacia este bajo y peligroso nivel de polarización antidemocrático.

Sin embargo, a la vez, instamos vehementemente al Ejecutivo a entender que esta no es la histórica vía costarricense de solucionar las diferencias políticas.

Les pedimos respetuosamente a todos los miembros del Ejecutivo y, en particular, al Sr. Presidente, que varíen su estilo de comunicación tan confrontativo y violento, pues es un pésimo ejemplo cívico y empodera y arenga a estos confundidos y manipulados costarricenses. Les solicitamos respetuosamente, que, por el contrario, dirijan al país, como es el deber constitucional de la Presidencia de la República y de acuerdo con la altura de su alta investidura nacional.

No se trata de alardear más en sus discursos de “quemar puentes” (sic), ni de llamar gratuitamente “Filibusteros” (sic) a la Oposición. Así no se gobierna en democracia.

La única vía costarricense históricamente exitosa, ha sido, es y será el Diálogo Social, el respeto al criterio disidente de la oposición y, sobre todo, a las organizaciones civiles y movimientos sociales, que son la base de cualquier democracia moderna y de su paz social.

 Podemos y debemos manifestarnos, diferir y debatir, pero siempre con respeto por el Otro. Los “discursos de odio” y su lógica sólo han llevado a grandes tragedias sociales.

Los efectos de la violencia irracional no pueden ser otros que más irracional violencia hasta llegar a una espiral de violencia creciente al decir del gran pensador brasileño y latinoamericano, el arzobispo Hélder Câmara. Latinoamérica y Centroamérica están llenas de estos ejemplos trágicos; y nuestra Patria no fue la excepción en 1948.

Ningún grupo humano es dueño de la verdad absoluta; por lo que el respeto, en medio de las diferencias, es la única forma racional y ética de lograr consensos y construir el País más justo y solidario que todos y todas anhelamos.

Finalmente, hacemos un público y enérgico llamado a todas las fuerzas sociales y políticas costarricenses, a no instrumentalizar más el Fanatismo religioso, para no manipular a ciertos grupos desinformados y extremistas. Los Fundamentalistas e Integristas religiosos siempre han sido adalides no sólo de su propia agenda cultural y social Neoconservadora, sino que, además, son peones ciegos de la agenda económica Neoliberal. Para esto precisamente fueron creados, financiados y fue estimulado su crecimiento internacionalmente, en medio de la anomia social y los vacíos colectivos existentes.

Recordamos que algunos pocos de estos grupos Fundamentalistas se han infiltrado no sólo en el Sector Público sino incluso, desafortunadamente y frente a los vacíos ideológicos existentes, hasta en una minoría del Sindicalismo. El Sindicalismo debe ser diverso y plural ideológicamente, pero hacemos un llamado de atención a todas las organizaciones sociales y sindicales en general, a estar siempre vigilantes frente a la intromisión del Fundamentalismo y del Fanatismo religioso, y su agenda Neoconservadora. La Desinformación ideológica, la despolitización reinante y los prejuicios socialmente inerciales tampoco ayudan.

Por lo demás, y en medio de nuestras naturales particularidades, queremos proclamar que éste es el momento justo y necesario para, precisamente, articular nuestras diferencias en un interés común superior y patriótico. Hacemos un llamado urgente al Diálogo Social y a la amplia unidad de todas las fuerzas populares con vocación democrática y humanista, para juntos/as rescatar y defender al Estado Social y Democrático de Derecho y al mismo Estado de Derecho.

Por todo lo anterior, insistimos en hacer un llamado público nacional e internacional a la solidaridad militante con los y las compañeros/as de la ANEP, sindicato histórico de lucha sociopolítica en Costa Rica, así como a rechazar cualquier acto violento e irracional contra cualquier otra organización sindical y social.

Responsabilizamos de todo este clima de polarización política nacional directamente al estilo de Gobernanza de la administración Chaves, a sus imposiciones Neoliberales causantes de la creciente, aunque heredada, Desigualdad y a su Campaña de Desinformación sostenida.

En consecuencia, nos declaramos vigilantes del carácter del ejercicio del poder de esta Administración con franca vocación autoritaria. Tal y como lo habíamos advertido de forma consecuente, previo a la Segunda Ronda Electoral del 2022.

Fraternalmente, por la Mesa Coordinadora del Encuentro Democrático:

Sr. José Solano Saborío, Sra. Johana Hernández, Sra. Tatiana Herrera Ávila, Sr. Jiddu Rojas Jiménez-

“DESENREDAR” EL ODIO

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Bien se sabe que una bandera, un himno, son dispositivos que apelan a una identidad, una comunidad, un colectivo.

En el primer caso, es tan significativa la importancia que se le atribuye, que ha dado lugar a gestas simbólicas como el distintivo creado por el Comité Olímpico Internacional para abrigar las representaciones de personas refugiadas participantes en las dos ultimas ediciones de los Juegos Olímpicos.

Pero también la bandera como símbolo ha sido útil para mostrar amor y afecto aún contra aquello que ha hecho daño. Esto lo saben bien las personas centroamericanas en contextos de movilidad, que han partido en procesos colectivos en los últimos años y han caminado por carreteras y fronteras regionales tratando de llegar a destino final, particularmente Estados Unidos.

Las imágenes de personas caminantes enfundadas en la bandera de un país que un día ya nos les brindó protección, igualdad, seguridad, son quizá la mayor paradoja de los procesos identitarios modernos, pandémicos, distópicos que nos ha tocado vivir.

Sin embargo, cuando una insignia genera reacciones, la mayor de las veces negativas, quiere decir que su significado va más allá de la representación que se otorga.

Sucedió no más terminado el partido de la final de fútbol mayor en la categoría femenina costarricense. Las fotografías de algunas jugadoras del equipo campeón, Liga Deportiva Alajuelense, celebrando a más no poder y haciéndose acompañar de la bandera de la diversidad, generaron cientos de comentarios, muchos de ellos negativos y contrarios a la preferencia sexual de las jugadoras.

Son estos discursos los que requieren ser de alguna forma transformados para vivir en sociedades más justas e igualitarias. Recientemente fue presentado un estudio sobre contenidos de odio en redes sociales para el caso costarricense, en el que se informaba de forma preocupante como éstos han aumentado exponencialmente en el último año.

Realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de Investigaciones en Comunicación (UCR) y la firma especializada en estudios sobre redes sociales COES, señala justamente que los tres principales temas objeto de discriminación en redes son la política, la orientación sexual y el género.

Este no es un tema menor en una sociedad cuya cohesión horizontal pareciera haberse agotado y en la que estaríamos próximos a presenciar no solamente hechos simbólicos sino también los relacionados con la violencia física.

Estamos a tiempo. Tal vez lo primero que nos toque hacer sea desenredar esa estructura de sentido que hace que un día sí y otro también insultemos al otro y la otra por su práctica política, su identidad o preferencia de vida.

Una bandera sigue siendo un dispositivo con el que muchos y muchas se acercan al amor y lo reivindican. Los que se van, las que se aman, quienes se anclan a una esperanza. Abracémonos en su significado, en lo que nos mueve como seres humanos. Que no sea el odio aquella práctica que nos gane la partida.

Las otras pandemias

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ejecutar el arquero rival el saque de puerta un enorme grito homofóbico se deja sentir. En las imágenes de primer plano, abundan risas de burla luego del grito ejecutado al unísono, un concierto desafortunado. Estas risas y muecas fueron parcialmente apagadas recientemente: la FIFA transnacional multó a México con dos partidos a puerta cerrada y 60.000 francos suizos por la reiterada conducta discriminatoria de sus aficionados.

Esta aparente acción correctiva, sin embargo, no es suficiente para detener la escalada de violencia conservadora que campea a nivel planetario. El mismo México experimentó en junio anterior el asesinato de un joven que, en una actividad social, confesó su estado serológico y portador del VIH. Fue torturado, quemado y finalmente asesinado.

Ya lo decía con algo de pena el cantautor español Víctor Manuel en una de sus composiciones: “nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal”. Y es que efectivamente estas acciones de rechazo van minando las posibilidades reales de construir una experiencia distinta de colectividad, basada en la comprensión y aceptación del otro, de la otra.

Hoy se producen otras pandemias que no aplanan su curva. Se instala la naturaleza de las superioridades que, como ha dicho la historiadora costarricense Patricia Alvarenga, constituyen alteridades biológicas, de género y étnicas. Es necesario reconocer los discursos de odio como enclaves, como espacialidades simbólicas donde se vierten todo tipo de ideas discriminatorias y se produce un peligroso precedente que podría generar más violencias y actos peligrosos para la integridad y la vida de las personas.

Dos estudios realizados en Costa Rica en 2020 y 2021 deben considerarse parte de una tendencia regresiva, instalada quizá con mayor amplitud al tenor de una escalada conservadora, en aumento e irreversible.

Ambos encuadres señalaban la reproducción de discursos xenofóbicos y discriminatorios en redes sociales. El estudio más reciente publicado por la ONU, identificó más de 500.000 conversaciones vertidas en estos espacios virtuales, en las cuales se emite lenguaje fuerte y excluyente en contra de poblaciones específicas. Preocupa en demasía la alusión directa a la nacionalidad (xenofobia) al género (mujeres) y las identidades sexuales (personas homosexuales).

En la semana que se dan a conocer los resultados preliminares de este abordaje, una jueza de familia declinó su trabajo al enterarse de la posibilidad de casar a dos hombres. Está en todo su derecho de hacerlo, es cierto, pero esta actitud constituye un ejemplo más del carácter profundamente regresivo y excluyente instalado en la sociedad costarricense en estos temas.

En un contexto marcado por la incertidumbre de los relatos, en los que categorías como Estado, institucionalidad y sistema democrático experimentan reconfiguraciones importantes y los impactos demoledores para la convivencia social producto de la pandemia y la pérdida de sentido colectivo se han hecho sentir, los discursos de esta naturaleza deben revisarse con detenimiento.

Son esas las otras pandemias que deben ser aplanadas en su curva exponencial.

Uno de los desafíos más amplios en esta materia atraviesa el sistema educativo nacional. No es exagerado decir que los requerimientos a la presencialidad en el sistema educativo costarricense, exigidos por voces supuestamente defensoras de los derechos a la educación, deben ir acompañados de la solicitud expresa para implementar procesos intensos de trabajo con niños, niñas y adolescentes sobre el valor de las interrelaciones con esas otredades presentes en nuestra sociedad. Y el desafío alcanza tanto la educación privada como la pública.

Es desde estos niveles educativos donde se puede tratar de detener esa marca registrada de cierto ADN regresivo instalado en las profundidades de la identidad costarricense. Construir desde allí otro proyecto de sociedad. Aplanar la curva de esas otras realidades que amenazan con llevarse todo a su paso.

Imagen: http://www.educatolerancia.com

Costa Rica: los retos de la democracia, el republicanismo y los derechos humanos ante el desafío que plantea la intolerancia religiosa

Escrito el . Publicado en Derechos.

Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)

Vicerrectoría de Investigación

Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Acuerdo del Consejo Científico del CICDE de fecha 26 de febrero de 2018

 

La evolución que hemos observado las últimas semanas en el proceso político-electoral de Costa Rica, suscita mucha preocupación y convoca a un muy necesario ejercicio de reflexión crítica.

Hemos visto ascender una propuesta política, cuyo fortalecimiento surge en lo inmediato de discursos de odio contra las personas diversas por su orientación sexual y/o identidad de género. Ello ha dado lugar a múltiples manifestaciones de violencia simbólica, verbal y física en contra de tales personas, las cuales en el futuro podrían agravarse. Y si bien es cierto que en Costa Rica los discursos homofóbicos siempre han gozado de mucha legitimidad, lo ocurrido recientemente implica trasponer límites anteriormente insospechados, al punto que tales expresiones de odio parecen ganar estatus como un discurso “políticamente correcto”. Lamentamos profundamente tales expresiones de odio y toda la violencia que las acompaña y llamamos a las autoridades públicas a mantener una actitud vigilante en resguardo de los derechos humanos de los grupos y las personas que son víctimas de tal agresión.

Es preciso subrayar que esto es parte de un planteamiento ideológico y discursivo, que amenaza la vigencia de los derechos humanos en general y, en particular, los derechos y avances logrados por las mujeres en su lucha por una sociedad más justa e igualitaria.

Defendemos con absoluta convicción el derecho de cada persona a vivir con toda libertad la fe religiosa que elija. Pero advertimos con mucha preocupación acerca del grave peligro que conlleva hacer de la religión, y en particular de versiones fundamentalistas del cristianismo, un factor que decida acerca de la vigencia de los principios más fundamentales en que se asientan los conceptos de democracia y república.

Democracia y republicanismo conllevan una propuesta y una aspiración por la construcción de un sistema político, asentado en un Estado de derecho donde debe haber igualdad de deberes y derechos ante la ley para todas las ciudadanas y los ciudadanos. Es innegable que en la realidad esa plena igualdad no es efectiva, a causa de diversos obstáculos económicos y culturales. Reconocer esto último plantea el deber de luchar permanentemente por avanzar hacia sociedades más igualitarias, para lo cual, entre otras cosas, se requiere construir discursos y visiones de mundo inclusivas, verdaderamente respetuosas de la dignidad de cada ser humano.

Sin embargo, lo que estamos presenciando es una campaña política que, apelando a una visión religiosa particularmente intolerante, que involucra grupos neopentecostales y sectores ultraconservadores y fundamentalistas de otras corrientes religiosas, formula discursos discriminatorios y estigmatizantes que lastiman gravemente la dignidad de muchas personas, y generan un clima sicológico de exclusión, proclive al irrespeto y la violencia.

Lo que se propone conlleva involucionar hacia un orden legal e institucional, en el cual, y partiendo de criterios religiosos, se estaría cercenando la universalidad de las leyes y de los derechos humanos.

Advertimos respetuosamente acerca del peligro que conlleva restarles importancia a las manifestaciones de violencia, intolerancia y exclusión en contra de determinados grupos de nuestra comunidad nacional, y a las implicaciones de mediano y largo plazo que esto tiene para la democracia y nuestros estilos de convivencia. No es de ninguna manera trivial, el que adquieran tal peso propuestas políticas teñidas de visiones de mundo que excluyen y resultan proclives a la violencia, y que en muchos sentidos descansan en concepciones políticas pre-modernas. En el mejor de los casos, ello impondrá obstáculos importantes para poder avanzar en materia de derechos humanos e igualdad. Pero lo cierto es que existe un riego efectivo de que se produzca una grave involución.

Debemos reconocer que esta coyuntura política, tan compleja y desconcertante, es manifestación de una situación subyacente, estructural y de largo plazo, donde se combinan y se refuerzan mutuamente, sentimientos de profundo disgusto y desconfianza hacia el sistema político, grave desprestigio de la institucionalidad democrática, y situaciones de marginalidad social, falta de empleo, carencia de oportunidades y pobreza. Esos problemas de desigualdad y exclusión fracturan a la sociedad costarricense, y claramente se visibilizan en los territorios, en la forma de graves asimetrías entre la región central del país y el resto, pero también con un claro deslinde –también a lo interno de las ciudades del Valle Central– entre los reducidos espacios donde se concentra la riqueza, y las áreas mucho más amplias donde se hacen manifiestos los rezagos y la postergación sin plazo de las necesidades fundamentales.

Llamamos a la ciudadanía costarricense a una reflexión reposada sobre lo que todo esto significa. Debemos reconsiderar críticamente las orientaciones del desarrollo del país, las falencias de nuestra institucionalidad pública y de nuestro sistema político y las limitaciones de nuestra democracia. Pero también debemos meditar sobre nuestras propias aspiraciones como pueblo y como nación. Inclusive debemos interpelarnos muy seriamente acerca de la sinceridad y hondura de nuestras convicciones democráticas y nuestro compromiso con la justicia social, y acerca de la claridad y coherencia con que asumimos los principios y la doctrina de los derechos humanos ¿Realmente hay sinceridad cuando declaramos nuestra adhesión a cada una de estos principios, valores y compromisos, o tan solo es propaganda para la exportación? Confiamos que sea lo primero.

Nos urge interrogarnos sobre el tipo de país que queremos, y la calidad de convivencia a la que aspiramos. De por medio está la propia democracia, nuestra concepción republicana y el lugar digno y respetuoso que debe concedérsele a cada ser humano, por el solo hecho de serlo. No es asunto del interés tan solo para las actuales generaciones, cuando, en realidad, dice mucho de la Costa Rica que heredaremos a las generaciones aun no nacidas.

 

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Director CICDE

Mercedes de Montes de Oca, 26 de febrero de 2018

 

Enviado por Luis Paulino Vargas.

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