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Etiqueta: discursos de odio

Hoy, sus ideales resuenan más vivos que nunca

Comunicado del Partido Acción Ciudadana

A 169 años de la Batalla de Rivas, honramos el valor de Juan Rafael Mora Porras y Juan Santamaría, quienes enfrentaron con coraje y dignidad la amenaza al proyecto de libertad centroamericano.

Hoy, sus ideales resuenan más vivos que nunca.

Desde Acción Ciudadana reivindicamos su lucha por la soberanía, la paz y la convivencia democrática. Porque los enemigos de la libertad no solo visten uniforme: también se esconden en discursos de odio, en la polarización, y en los ataques a nuestras instituciones.

OIT admite queja de UNDECA contra presidente Chaves y Marta Esquivel por discursos de odio y prácticas antisindicales

Comunicado de prensa

A finales de 2024, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) presentó una queja formal ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (CLS/OIT) contra el señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República, y la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, entonces presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que actualmente está separada de su cargo por orden judicial cautelar.

La queja se fundamenta en los infames y difamatorios discursos de odio y reiteradas prácticas antisindicales cometidas por ambos jerarcas, quienes públicamente afirmaron, entre otras expresiones ofensivas, que los sindicatos tienen secuestrada a la Caja, tildándolos además como “los peores enemigos de la institución y de las comunidades”.

En el contexto de la denuncia interpuesta por UNDECA ante el Ministerio Público, por la polémica adjudicación de 10 áreas de salud a cooperativas, la señora Marta Esquivel amenazó públicamente a los sindicatos, intimidación que fue amplificada por el propio Presidente de la República, quien sin fundamento alguno atribuyó a los sindicatos la responsabilidad por las listas de espera en los servicios de salud, alimentando un clima de hostilidad y desinformación.

UNDECA advirtió que estas acciones políticas constituyen prácticas sistemáticas de discriminación y hostilidad antisindical, violatorias de los principios fundamentales de libertad sindical consagrados en la Declaración de Filadelfia (1944) y en los Convenios Internacionales de la OIT, ratificados por Costa Rica”, indicó Luis Chavarría, secretario general del sindicato.

Por lo tanto, UNDECA solicitó al organismo internacional de Naciones Unidas que declare a ambos jerarcas autores responsables por violaciones a la libertad sindical; condenar al Gobierno de la República por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con el Estado de Derecho y los estándares internacionales; y ordene a las autoridades costarricenses que se abstengan de incurrir en nuevas conductas de violencia o persecución antisindical.

Emplazado para responder la reclamación

En un reciente comunicado que remitió el Comité de Libertad Sindical de la OIT, nos notificó que admitió formalmente la queja que interpusimos, y está emplazando al Gobierno de la República para que responda la reclamación.

🔴 UNDECA reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, la libertad sindical y los derechos humanos, en el plano nacional e internacional.

¡La libertad sindical no se negocia, se defiende!

Voces de fe contra la violencia de género

Denunciamos los femicidios, la violencia y la invisibilización de las mujeres en Costa Rica.

“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20).

Carta abierta a las Iglesias y comunidades de fe, en especial a las jerarquías de la Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Adventista, Federación de Alianza Evangélica, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahaí, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Gedeones Internacionales, y a la comunidad costarricense en general.

Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado a conocer los recientes casos de femicidio, desaparición, maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Aunque hay casos que permanecen ocultos, ya sea por las instituciones, las personas familiares o la vecindad, muchas veces por temor a represalias o de la exposición pública.

Esta realidad responde a una coyuntura que fortalece y promociona valores del sistema dominante, caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad, la imposición, el machismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia, todos rasgos de “la militarización de la sociedad”, violencia patriarcal que se proyecta en las relaciones de pareja, familiares, laborales, deportivas, político/económicas y por supuesto en lo religioso.

Esta violencia alcanza todos los estratos sociales, lugares geográficos, Instituciones del Estado, organizaciones, partidos y liderazgos; que conllevan a “un” pensamiento único que desprecia, discrimina, persigue y reprime lo diferente y diverso.

Esta promoción sistémica y sistemática, se une a la campaña solapada pero abierta con discursos de odio, hacia personas extranjeras y de preferencia sexual diversa, lo que promueve y justifica la violencia, el femicidio y el etnocidio. Lo más lamentable es que muchas de estas destructivas acciones provienen de personas ubicadas en las estructuras de gobierno, cúpulas político/religiosas, que envían una señal equivocada, con lo que alientan a los responsables de la violencia, incluso usando la falsa y criminal premisa de la inexistente e imaginaria “Agenda de Género”. De esta forma, impiden avanzar y fortalecer derechos, apadrinan y son cómplices – por acción y por omisión – de la violencia y la impunidad femicida.

Las acciones en favor de la violencia y el silencio cómplice, nos esclaviza la consciencia como sociedad y nos vuelve esclavistas y opresores de nuestras hermanas y hermanos más débiles.

Un clamor de liberación debe brotar de nuestras voces, por esto, como personas de fe, condenamos enérgicamente los femicidios y su escalada, en el país. Y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación ante los factores que se mantienen como catalizadores del silencio y la inacción sobre las siguientes acciones:

  • La persistencia de las estructuras de poder patriarcal presentes en las organizaciones religiosas, las iglesias, instituciones públicas y privadas, en las comunidades, las organizaciones y las familias.
  • La responsabilidad personal de cada creyente en no practicar los valores evangélicos que nos liberan de toda opresión y nos envía a liberar.
  • La responsabilidad institucional, social, familiar, es también de las cúpulas religiosas (mayoría masculinas) que, desde su silencio, se hacen cómplices.
  • La indiferencia como personas creyentes, cristianas o de fe, a prestar atención a la pregunta “¿Dónde está tu hermana, donde está tu hermano?” (Gn 4,9).

Convocamos e instamos a las iglesias y comunidades de fe, en particular, y a la sociedad en general, a formalizar acciones propositivas y concretas como parte de su agenda de evangelización, capaces de promover relaciones humanas y ecológicas respetuosas, horizontales, inclusivas, en especial en este momento crucial para las mujeres, quiénes además son mayoría en la sociedad costarricense.

Proponemos:

Referirse a esta realidad de violencia en los momentos de Asamblea, en los Cursos de Formación Pastoral, Escuelas Dominicales; Oraciones cotidianas y liturgias, entre otras.

Invitamos a aprovechar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, para visibilizar esta ola femicida, de violencia contra las mujeres y otras personas, teniendo en cuenta que somos personas creadas y amadas por Dios. Por eso, nos resuena en estos tiempos el llamado a «ser embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros» (2Cor 5,20), es decir, como si el mismo Dios nos rogara a las personas de fe, ser el clamor de las mujeres que sufren violencia. Dicho de otra manera, es preparar el corazón para abrirnos a la gracia de Dios Padre-Madre. Es poder “tocar siquiera el borde del manto de Jesús y conseguir sanación” (Mc 6,56). Porque una sociedad marcada por la violencia no está sana.

Nos unimos a las diversas voces y sentires de personas creyentes de Dios en una sociedad multicultural, en la cual solo la inclusión de estos valores puede garantizar una convivencia pacífica, justa y respetuosa hacia las mujeres.

Estamos convencidas y convencidos, de que con sus y nuestras actitudes, podemos optar y señalar un camino distinto a la violencia contra las mujeres, que promuevan espacios y acciones que contengan valores permanentes, inclusivos, amorosos, respetuosos y equitativos.

Nos alegra la existencia en muchas de nuestras Iglesias y Movimientos, de grupos de personas, que cada vez son más con la misma Esperanza, que coinciden con estos pensamientos y propuestas. Seguiremos acompañando estos procesos, nos colocamos al servicio de las comunidades de fe, a fin de apoyar las acciones concretas que nos liberen del pecado de la violencia contra las mujeres y contra toda injusticia y discriminación.

¡Ni una menos!

Suscriben

Equipo de trabajo:

Voces de Fe contra el femicidio en CR

Red Ecuménica de Lectura Popular de la Bíblica de Costa Rica

Foro de Educación Religiosa

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica

Coordinación de Comunidades Cristianas de Costa Rica – COCRIC.

Coordinación Oscar Romero de Centroamérica – Capítulo Costa Rica.

Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL

Departamento Ecuménico de Investigaciones. DEI

Movimiento Reflexión en Acción

Colectiva Coexistir. Cartago

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

Cuando se tiran los peluches

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Un aspecto que caracteriza a los autócratas es que cuando alguien está en descuerdo, no con sus ideas que generalmente no las tienen, sino con sus desafueros, es su enemigo o en el mejor de los casos un fiero opositor. En ese momento, las rabietas se hacen presentes, los insultos se lanzan al aire como si fueran confeti vario pinto y surgen las amenazas, siempre acompañadas con una enorme carga de acusaciones falsas, mentiras y posverdad. Pero si algo enfurece al autócrata es alguien que en otro momento lo apoyó fielmente, casi como perrillo faldero, se atreva a manifestar un desacuerdo por algún tema, no importa si es de gran importancia o no, pues la obediencia ciega es requisito sine qua non, para gozar del generoso amor autocrático. Que, además, está condicionado a ser bondadoso al compartir con él las mieles y buenas viandas que genera la corrupción; porque recordemos que sabiamente Lord Acton sentenció ya en 1887 que “el poder corrompe…y el poder absoluto corrompe absolutamente”; he ahí del peligro de perder la democracia.

Pero cuando al autócrata le dicen “no”, cae su furia sobre el, la, los o aquellos pobres e infelices mortales, como si un tsunami inundara su existencia. No hay nada más peligroso que el autócrata le tire en su rostro humano o institucional, como dicen, los peluches; porque la guerra está declarada y con el poder que tenga en sus manos tratará de hacerle la vida imposible con una arrogancia tal, que no le permite poner límites a su léxico arrabalero, para insultar de la manera más soez a su nuevo “enemigo”.

Así definido, la administración autocrática de Rodrigo Chaves (que a veces hasta parece teocrática), nos llena de ejemplos de peluches lanzados a diestra y siniestra, en estos casi tres años de lamentable historia. La lista es larga, citemos algunos de esos considerados casi “ malditos” que han tenido que soportar sus embestidas y embustes desde diferentes podios a lo largo y ancho del país, pero especialmente en el show mediático de los miércoles a la una de la tarde, que dicho seas de paso, tiene un alto costo económico para el país, por ejemplo: el Poder Judicial ( magistrados, jueces y fiscales), la Asamblea Legislativa ( diputados de casi todas las fracciones, hasta alguna media dócil) la Contralora General de la República, las Universidades Públicas ( sus rectores, profesores, investigadores y hasta los estudiantes), sindicalistas, la Conferencia Episcopal, los partidos políticos, los exgerentes y gerentes del ICE, CCSS, AyA por ejemplo, ni que decir de los agricultores ( salvo los arroceros) los ganaderos ( salvo los que se dejan huequear las orejas), y personas como Laura Chinchilla, Ariel Robles, Dinorah Barquero, Vanessa Castro, Eli Feinzaig (que al principio le dobló la cerviz); Natalia Días y Luis Amador que pasaron de ser amados a ser odiados por querer jugar su propio partido, la “prensa canalla” y el Semanario Universidad al que no ha podido doblegar, y una larga lista. Pero los últimos peluches lanzados contra la UCCAEP no puedo dejarlos de mencionar…y aparte.

Resulta de la Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada empezó muy complaciente con la administración Chaves; ya en la campaña estuvieron “cuerdiando” como se decía antes del noviazgo, especialmente en la segunda ronda; pues en la primera su presidente iba en la papeleta del PUSC junto con Doña Lineth Saborío y “mangoneaban” la campaña. Pero entre Figueres y Chaves, se inclinaron por el célebre economista agrícola, ya en el gobierno concordaron en algunos proyectos como el famoso 4/3 contra el trabajador, los negocios de la generación eléctrica privada, la exploración y explotación del petróleo y minas, la desarticulación de los parques y reservas naturales para favorecer a algunos de sus socios, y la joya más preciada de todas, la privatización de la CCSS. Para esto último, los representantes de la UCCAEP coincidieron al principio con el gobierno: aceptaron el despido ilegal de don Álvaro Ramos y algunos miembros de la Junta Directiva, alegando el Presidente o ‘presimiente’ un aumento de salarios que antes había sido decretado por el mismo Chaves cuando fue Ministro de Hacienda de Carlos Alvarado, y ahora lo “olvidaba” como es su costumbre, también cerraron la cartera de inversiones, nunca acabaron con las listas de espera, y estuvieron de acuerdo en cerrarle el paso al Hospital de Cartago y otorgar a cooperativas y un hospital privado una licitación onerosa para la institución en el caso de los Ebais. Hasta ahí, todo era miel sobre hojuelas; pero por renuncias, restituciones impuestas por la Sala IV, hubo cambios en la Junta Directiva, incluyendo a los representantes de la UCCAEP. Los nuevos directivos sorpresivamente tienen un cambio positivo para el país y sin los votos de los representes del gobierno, pero si con el de los trabajadores y los de UCCAEP, deciden que el futuro de la construcción del Hospital de Cartago quede en manos de la Junta de Adquisidores, órgano técnico y no político como debe ser, lo que aleja cualquier posibilidad de más interferencias y obstrucciones de Chaves en este asunto… ¡y aquello fue Troya!

El miércoles pasado, en su show mediático, dijo que los miembros representes del sector privado en esa junta directiva daban asco, eran putrefactos y le causaban repudio… ¡y volaron los peluches! Fue tal su enojo, que por igual la emprendió contra dos gerentes de la Caja, utilizando los términos más abyectos y siguió su embate contra la Semanario Universidad, su directora doña Laura Martínez y su esposo que había sido funcionario del ICE por su denuncia sobre los negociados corrupto del 5G, se lanzó contra el fiscal y el diputado Francisco Nicolás de la misma forma. Los términos utilizados, en un día de arrebato de albañal arrabalero, no son propios ni lo serán nunca de una persona que, al hablar, lo hace siendo el presidente de TODOS los costarricenses, y si se tiene un poquito de dignidad ciudadana, el repudiado debe ser el presidente Chaves.

Cuidado costarricense, despierte a tiempo. No es posible que los odios venenosos que en estos años le han inoculado, como sustancia perniciosa en su ser ciudadano, los Chaves, los Cisneros y la prensa vasalla con sus granjas de troles, lo pongan a usted a votar como un robot por los escogidos por los aspirantes a autócratas en las papeletas y luego, cuando usted sienta que con sus verdaderas uñas y garras le roban su libertad, ya no tendrá tiempo de arrepentirse, y por años y años, aunque no le gusten las imposiciones ni el ruido de las botas militares ni andar con calzoncillo blanco y agachado como en las cárceles de El Salvador, tendrá que aguantárselo, porque ya no le lanzará. Nuestra democracia está en peligro, no podemos permitir que la “bukelén” por ignorancia o indiferencia, el antídoto contra esa sustancia perniciosa está en sus manos, o más bien, en su cabeza y los dedos que sostengan su lapicero frente a las papeletas.

La polarización será por la democracia no por nuestros derechos ya conquistados

Por Allison Quintanilla Hernández
Gestora comunitaria
Planificadora Económica y Social
Viernes 31 de enero, 2025

El principio de no regresividad en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que los avances alcanzados no sean revertidos. Si existiese una polarización, esa debe centrarse en la defensa de la democracia, no en cuestionar derechos ya conquistados.

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el Estado procurará el bienestar de todos los habitantes y reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para lograr un entorno de derechos y equilibrio para todas las personas, es esencial fortalecer las instituciones públicas y asegurar que los servicios básicos, como educación y salud, sean accesibles para toda la población, de calidad y sin restricciones.

En los últimos años, hemos observado una disminución en la inversión social pública en áreas clave. Por ejemplo, en 2023, la inversión en educación representó solo el 5,70% del PIB, alejándose del 8% establecido constitucionalmente. Esta reducción tiene implicaciones directas en la calidad y cobertura de la educación, especialmente en zonas rurales. No es posible que para este año el presupuesto para educación sea el mismo de hace 20 años, con becas retenidas antes de iniciar el curso lectivo y casi 1000 centros educativos con cierres sanitarios y técnicos.

Paralelamente, la violencia de género ha mostrado cifras alarmantes, y somos las mujeres y otras poblaciones las que estamos poniendo los cuerpos en esta ola escalonada de violencia en el país. En enero de 2025, se registraron cinco femicidios, una cifra que no se veía desde 2016, esto afirmado propiamente por el OIJ. Estas estadísticas reflejan una realidad que no podemos ignorar como país y que demanda una respuesta contundente del Estado y la sociedad.

Y como este desequilibrio de bienestar no se agudizó ahora, la responsabilidad de gobiernos anteriores ha acumulado consecuencias en lo que algunas personas llamamos ‘’los espacios vacíos no existen’’ mientras priorizamos a la ficción y las pugnas del poder por el poder, los espacios vacíos fueron tomados por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, por la violencia, por las organizaciones religiosas, por la desesperanza y por maquinarias político electorales, que hoy están en casa presidencial, hablando de dignidad humana sin entender lo que significa.

Mi historia personal es testimonio de cómo la intervención oportuna de instituciones públicas, aun con sus debilidades, puede cambiar vidas. A los seis años, fui víctima de abuso sexual. Gracias a la acción decidida de mi maestra de preescolar y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pude recibir atención y protección. A pesar de las limitaciones y recursos escasos en una familia binacional y del campo, estas entidades brindaron el soporte necesario para superar situaciones adversas.

Crecí en un entorno donde la desigualdad social y la influencia religiosa marcaban el ritmo de vida hasta convertir la violencia en una forma de vida que se resolvía con el perdón de Dios todos los domingos en la iglesia. Mi madre, a sus 30 años, intentó romper el ciclo de violencia familiar y buscar oportunidades educativas. Sin embargo, enfrentó obstáculos impuestos por creencias religiosas que priorizaban la preservación de la familia por encima del bienestar real, imposiciones como convivir con los abusadores de nuestra familia o mi agresor sexual.

Con el tiempo, y con el apoyo de instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el INAMU y las Universidades Públicas, logramos al menos alcanzar algo de movilidad social. Mi madre se convirtió en profesional y mis hermanos y yo, accedimos a programas que nos permitieron integrarnos plenamente en la sociedad.

Estas experiencias resaltan la importancia de un Estado Social de Derecho que garantice el bienestar de todas las personas, sin distinción ni discriminación. Los derechos humanos que hemos conquistado, especialmente aquellos relacionados con la igualdad de género y la protección de poblaciones vulnerables, no deben ser objeto de negociación ni retroceso, por más tentador que suene para los cálculos electoreros de los partidos políticos, o para las mismas organizaciones religiosas.

En el contexto electoral actual, es crucial que el debate se centre en los temas que verdaderamente afectan al país: la violencia, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la crisis educativa, la salud, la seguridad social, el desempleo y la desigualdad social. Tanto las comunidades de fe como las poblaciones históricamente excluidas, debemos reconocer que nuestros derechos humanos como lo son, los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho humano a la libertad religiosa no son moneda de cambio en este proceso electoral por más que lo intenten.

Recuerdo perfectamente una frase de mi madre cuando decidió divorciarse ‘’La Universidad me abrió las puertas para entender que mi valor como persona no estaba en el matrimonio, y que podía liberarme de la violencia sin ir al infierno, perdí el miedo al pastor y a las críticas en la iglesia porque mi familia tiene derecho a superarse y ser feliz’’.

Hoy mi mamá sigue asistiendo a su comunidad religiosa, pero con autonomía promueve el amor y la fe, pero sin abandonar la lucha en defensa del Estado de derecho.

Si hemos de polarizarnos, que sea en defensa de la democracia, la paz y la libertad, y en contra del autoritarismo, la censura y la violencia que promueven los discursos de odio de nuestro presidente Rodrigo Chaves.

Recordemos estas palabras: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. El Estado y las organizaciones de fe tienen roles distintos pero complementarios. Juntos, podemos trabajar por el progreso del país, respetando la autonomía de cada esfera y garantizando el bienestar de todas las personas sin caer en los cálculos electorales.

Ante el aumento de la violencia femicida, las mujeres declaramos emergencia nacional

Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.

Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.

Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.

Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.

Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.

Basta ya de violencia femicida

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.

UNDECA presenta denuncia ante OIT por prácticas de violencia y discursos de odio del presidente Chaves y la presidenta ejecutiva de la CCSS

Comunicado

El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, desde los primeros días, la emprendió contra el sistema democrático costarricense y rabiosamente contra los sindicatos.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución fundacional del Estado Social y Democrático, que el Gobierno pretende desmantelar y privatizar, aunque sea recurriendo a los actos, denunciados por UNDECA y otros, al Ministerio Publico, que resultaron en la detención en las celdas de OIJ la presidenta ejecutiva de la Caja y siete personas más.

UNDECA es el reducto de defensa de la Caja, su autonomía, recursos financieros y los derechos de casi 70.000 personas que laboran en esa entidad.

Nuestra inclaudicable posición nos ha costado que el presidente de la República y Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, acometan contra UNDECA, desplegando un conjunto de actuaciones que violentan los principios de libertad sindical.

A raíz que la conjura contra este y otros sindicatos institucionales ya resulta desproporcionada, llegando a extremos de violencia intolerable, UNDECA interpuso una denuncia en la Organización Internacional de Trabajo (OIT) contra el Presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez.

Las actuaciones más graves, entre otras, que sustentaron la denuncia son:

1.- Marta Eugenia Esquivel declaró, en la habitual conferencia de prensa de Casa Presidencial, que los sindicatos tienen secuestrada la CCSS.

2.- La misma jerarca declaró públicamente que los sindicatos son los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

3.- Esquivel amenazó a los sindicatos por denunciar en el Ministerio Público, la cuestionada adjudicación de 10 áreas de salud a favor de cooperativas y un consorcio hospitalario privado.

El presidente de la República amplificó la agresión contra los sindicatos, atribuyéndonos que somos los responsables de las listas de espera.

4.- Esas prácticas antisindicales se coronan con el ataque deleznable que ha sufrido nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, Secretaria General Adjunta de UNDECA y representante de los sindicatos en la Junta Directiva de la Caja, contra quien el Consejo de Gobierno ilegítimamente ordenó la apertura de un procedimiento sancionatorio y una medida cautelar de separación de su cargo, que fue anulada por la Sala Constitucional, por violentar derechos fundamentales.

Las arteras acciones montadas contra nuestra compañera Martha Elena violentan el principio de autonomía e independencia sindical.

El conjunto articulado de actuaciones del Presidente de Gobierno y Marta Esquivel, configuran prácticas recurrentes y sostenidas de hostilidad y discriminación antisindical, que vulneran los principios de libertad sindical, contenidos en la Declaración de Filadelfia de OIT (1944) y los convenios internacionales de OIT, ratificados por Costa Rica.

UNDECA denunció que el Gobierno de la República está creando un peligroso clima de confrontación, amenazas, presión y desprestigio contra los sindicatos, que pretende, impedir que los sindicatos realicen su misión de manera eficiente y eficaz, y además, esos discursos incitan a la violencia, con el propósito que la ciudadanía rechace y repulse moralmente a UNDECA y los sindicatos de la Caja, declarados calumniosamente secuestradores y los peores enemigos de la Caja y las comunidades.

UNDECA comunicó la denuncia internacional al Director General de OIT y está solicitando que se declare que el presidente de la República y Marta Eugenia Esquivel Rodríguez son autores responsables de la violación de los principios de libertad sindical.

En consecuencia, se solicitó condenar al Gobierno por el ejercicio de prácticas políticas incompatibles con la libertad sindical y ordenar a esas autoridades gubernamentales abstenerse de continuar con esas conductas de violencia antisindicales.

UNDECA terminó su denuncia citando la siguiente declaración del Secretario General de Naciones Unidas; Antonio Gutiérrez:

“El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios.”

El discurso de odio del presidente y Marta Esquivel contra los sindicatos es irreconciliable con los postulados de nuestra Constitución Política y los convenios de OIT en materia de libertad sindical.

San José, 02 de octubre de 2024.

Defensoría urge continuidad a estrategia nacional contra discursos de odio y discriminación

La falta de nombramiento del Comisionado Presidencial para la Inclusión Social preocupa a la Defensoría de los Habitantes por el impacto que tiene el cargo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el quehacer del Estado.

Desde el 03 de julio 2024, la Defensoría de los Habitantes, como Institución Nacional de Derechos Humanos, manifestó a Casa Presidencial su preocupación en que, la designación de dicho cargo se vaya a dilatar en el tiempo, considerando su responsabilidad en la atención del fenómeno de la discriminación y el racismo, especialmente tratándose de poblaciones vulnerables y discriminadas, así como promover y garantizar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en la materia.

Considerando que, los discursos de odio, principalmente en redes sociales, están en constante aumento, teniendo afectación en poblaciones que históricamente han sufrido de la discriminación debido a su utilización para justificar la negación de sus derechos, asimismo fue solicitada a Casa Presidencial copia de la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, la cual efectivamente fue remitida, siendo que la misma incorpora cinco ejes estratégicos de trabajo sean: reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos; educación; cultura de paz; acceso a investigación y uso eficaz de datos y acceso a la justicia y no impunidad.

El aumento de la violencia en la sociedad costarricense guarda una estrecha relación con la legitimación y difusión de discursos de odio, por lo tanto, es urgente adoptar acciones de toda naturaleza, para atender la realidad de la discriminación y los discursos de odio como una de sus manifestaciones.  En momentos de polarización se requiere un actuar oportuno y efectivo sobre toda forma de violencia que sea violatoria de Derechos Fundamentales.

Siendo, por lo tanto, impostergable que la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación, sea efectiva para evitar su reproducción y legitimación, requiriéndose un actuar pronto por parte del Estado. No obstante, en el informe de fecha 18 de julio 2024 Presidencia informa a la Defensoría que la Administración se encuentra en una etapa de estudio de perfiles y de posibles personas candidatas que puedan ejercer como Comisionado de Inclusión Social, siendo que a la fecha el puesto se mantiene vacante. Asimismo, se señaló que, hasta que se defina dicho nombramiento es que se continuará con el avance de la Estrategia Nacional para prevenir y abordar los discursos de odio y discriminación.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes