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Etiqueta: división de poderes

Participar en democracia en tiempos de amenaza al Estado social de derecho

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Votar hoy en Costa Rica no es un trámite: es resistir.
El Estado social de derecho está bajo ataque del populismo y el autoritarismo.
Abstenerse es entregar el país.
La democracia se defiende en las urnas.

Roberto Salom Echeverría

La participación en elecciones libres es uno de los pilares fundamentales de toda democracia. Sin embargo, cuando el Estado social de derecho se encuentra en peligro y las conquistas sociales alcanzadas durante décadas están amenazadas, el deber de acudir a las urnas adquiere un significado aún más trascendente: no se trata solo de elegir autoridades, sino de defender un modelo de sociedad basado en derechos, equidad y libertades.

La convocatoria ciudadana y la limpieza del sufragio

En este contexto, todos los ciudadanos y ciudadanas están convocados a participar. El sufragio, como fundamento de legitimidad democrática, solo tiene sentido si se garantiza su limpieza, transparencia e imparcialidad. La pureza del voto no es únicamente un requisito técnico, sino la principal garantía de que la voluntad popular prevalezca.

A ello se suma la defensa de principios básicos como la libertad de expresión y la división de poderes, tal y como lo planteó Montesquieu, indispensables para mantener un equilibrio que evite la concentración autoritaria del poder.

La situación política en Costa Rica

La política costarricense de los últimos años se caracteriza por una gran volatilidad en la opinión pública y por la dispersión de la oferta electoral tras el colapso del bipartidismo tradicional. Este fenómeno ha generado tanto oportunidades como amenazas.

La ciudadanía se muestra fragmentada entre posiciones de estabilidad y volatilidad; entre la desideologización y las opciones políticas más definidas; entre la emocionalidad y la racionalidad en las decisiones. Por ello entiendo el debilitamiento de los partidos políticos dada la pérdida de los principios ideológicos que antes los cohesionaban. Conviven, además, la expectativa de un cambio incierto con la defensa de la institucionalidad democrática, el caudillismo con las propuestas orgánicas, la abstención con la participación, y el populismo con la demanda de más democracia.

La oferta electoral es inestable e incierta. Frente a los impulsos autoritarios y populistas que buscan ganar terreno, los partidos democráticos y progresistas aparecen dispersos y a la defensiva, sin un horizonte claro de articulación. Paralelamente, aumenta la desconfianza hacia las instituciones, que tienden a debilitarse y a perder credibilidad ante una ciudadanía golpeada por la polarización, la desigualdad y la inequidad.

Origen y contexto de la crisis

La problemática no puede entenderse únicamente desde lo local. Se relaciona también con los cambios globales tras la caída de la URSS y de los países socialistas de Europa del Este, que marcaron un viraje en la fe ciudadana hacia las instituciones del Estado social de derecho. El colapso de ese régimen representado por la URSS y de los países socialistas de Europa del Estele soltó las amarras al capitalismo, y a partir de entonces decayeron las políticas distributivas en las democracias capitalistas, dando paso cada vez más al neoliberalismo, que privilegió el mercado a costa del intervencionismo del Estado en la economía, como ente regulador de los excesos del libre mercado.

En este marco, se intensifica la amenaza de soluciones autoritarias frente a la necesidad de profundizar la democracia. Las conquistas sociales alcanzadas se ven cada vez más vulnerables, mientras surgen expresiones populistas que intentan capitalizar el descontento social.

El populismo, en su versión más agresiva, se presenta como un movimiento liderado por sectores de las clases altas y medias-altas que buscan manipular a los grupos más vulnerables. Su lógica se basa en la emocionalidad más que en la racionalidad, en el caudillismo por encima de la propuesta programática, y en discursos demagógicos que sustituyen las realizaciones concretas. Se trata, en esencia, de reemplazar unas élites por otras, sin otorgar concesiones reales a los sectores populares, e instaurar un régimen sin contrapesos, autocrático y autoritario.

A ello se suma el tema de la corrupción, entendida no solo como actos ilegales individuales, sino como el reflejo de un sistema de privilegios posicionales que profundiza la inequidad. Este fenómeno es la punta del iceberg de un deterioro mayor: la pérdida del sentido de comunidad democrática, que comenzó con la crisis del bipartidismo y que erosiona la confianza en la institucionalidad.

¿Qué hacer?

Ante este panorama, la pregunta central es cómo fortalecer la democracia costarricense.

• Desde la sociedad civil, es fundamental organizar y estimular la participación ciudadana activa en defensa de la institucionalidad democrática. La democracia no puede reducirse al voto cada cuatro años; requiere vigilancia constante, acción colectiva y compromiso con el bien común.

• Desde los partidos políticos democráticos y progresistas, se impone la tarea de promover la unidad de fuerzas para defender y ampliar los derechos alcanzados. La fragmentación debilita y abre espacio a las corrientes autoritarias; la unidad, en cambio, ofrece la posibilidad de construir alternativas creíbles y sostenibles.

• Hacia una sociedad de derechos, el reto es avanzar en más democracia, más participación y más inclusión. En tiempos de amenaza, la respuesta no es menos democracia, sino todo lo contrario: más espacios de deliberación, de control ciudadano y de solidaridad social.

Conclusión

Costa Rica enfrenta hoy un momento de definiciones. La participación electoral y el fortalecimiento del Estado social de derecho son la mejor defensa frente a las amenazas autoritarias y populistas. La democracia costarricense, aunque frágil y tensionada, tiene en la ciudadanía organizada y en las fuerzas democráticas su mayor esperanza de continuidad y renovación

Nota del autor:
Este artículo fue elaborado a partir de mi intervención en un panel organizado por el Programa Alternativas, que produce el colectivo Reflexión Acción y es dirigido por el filósofo Luis Ángel Salazar Oses. La emisión del 15 de agosto de 2025 en la cual participé fue moderada por el teólogo Mainier Barboza.

Una anécdota para recordar y aprender

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En estos días de confrontaciones y expresiones altisonantes fuera de lugar, recordé la siguiente anécdota, pues mucho podemos aprender de ella, los viejos y más los jóvenes.

En setiembre de 1983 era diputado y el jefe de Fracción de la Unidad Social Cristiana. Por aquellos días se dio a conocer que un informe solicitado por el presidente Luis Alberto Monge al ministro de Planificación sobre el Sector Agropecuario, que había sido su caballo de batalla en campaña, con un resultado negativo. Ante eso, y en estricto control político que me daba la Constitución, solicité el envío de una copia.

Después de varias cartas que me crucé con el ministro Volio y el presidente Monge por su negativa a entregarme el susodicho documento, en mi última carta le dije al presidente: la única manera que no me entregue el informe, es porque sea SECRETO DE ESTADO. Y don Luis, siempre he creído que mal aconsejado, me respondió, en síntesis: entonces considérelo secreto de Estado.

Aquel grave error de don Luis me sirvió para presentar como diputado un recurso de amparo ante la Corte Plena, pues en ese entonces no había Sala IV. Era el primero en la Historia de Costa Rica que un legislador presentaba contra el presidente de la República. Mi argumento era que se violaba el derecho de petición e información; ninguno de los diputados y conocidos que eran abogados se atrevieron a redactar el recurso, tenían pavor al “síndrome del ridículo” como lo llamé en su momento. Fue don Luis Fishman quien me prestó un libraco de machotes legales, y yo redacté el recurso.

Pocas semanas después el 4 de octubre a las cinco de la tarde, la Corte Plena resolvió el recurso y me dio la razón, con un brillante fallo escrito por el magistrado Fernando Coto Albán, nada menos. Cuando aquel día llegué a mi casa a eso de las seis y tantas de la tarde, estaba inundada de periodistas qué me pedían opinión, por lo que les dije:

–           No sé nada, ustedes me están enterando de lo ocurrido. Mañana viernes en la habitual rueda de prensa de las dos de la tarde les informaré.

En efecto aquel día la salita de sesiones donde hacíamos la conferencia estaba abarrotada de periodistas, pero yo no sabía nada todavía, no tenía notificación alguna. Estaba explicándoles eso cuando mi secretaria desde la puerta, pues no tenía como entrar, me dijo a viva voz:

  • Don Oscar, lo llama don Luis Alberto por teléfono.

Dado que no era época de teléfonos celulares, tuve que salir y la prensa quedó a la expectativa. Al llegar, tomé el auricular y después de los saludos de rigor, me dijo don Luis,

  • Don Oscar, usted ganó. La Corte me obliga a respetar la Constitución, y yo en eso soy respetuoso. Dígame donde le llevo el informe.
  • Pero quién don Luis, ¿un mensajero?
  • No yo, personalmente, como corresponde.

De inmediato le respondí:

  • No don Luis, ya usted cumplió con llamarme, a usted le respeto su dignidad de presidente. Dígame donde puedo ir yo a recoger el informe.
  • Pues yo estoy en Villa Mongalva, en mi casa en Santa Ana. Si desea venir, lo espero.

En eso quedamos y de inmediato bajé a informar a la prensa, lógicamente todos empezaron a recoger equipos y libretas para salir a toda velocidad hacia Santa Ana. Pero yo les indiqué que eso no me parecía, pues no era ético para mí el llegar a la casa de don Luis con un ejército de periodistas a cuestas, pues aquella era su casa y merecía respeto. En eso otra vez mi secretaria me indica que don Luis me llamaba de nuevo. Para mi sorpresa me dijo

  • Me indican que usted está en una conferencia de prensa, idiay dígales que si quieren venir con usted…que vengan.

Por supuesto todos tomamos camino a Santa Ana, por la carretera vieja que era la única. Llegamos a Villa Mongalva, nos pasaron a una salita de reuniones, una secretaria me ubicó en la cabecera de la mesa, por la puerta del fondo salió don Luis con el informe en mano. Después de saludar a la prensa y a mí, por supuesto con su característica amabilidad, me dijo:

  • Don Oscar, usted ejerciendo el derecho de control político me pidió este informe, si bien yo se lo negué, con base en lo que establece la Constitución luego recurrió a la Corte, que me ordena entregarlo y yo como presidente tengo la obligación de respetar la Constitución y las leyes… y me entregó aquel folleto.

Pero lo importante fue lo que siguió. Don Luis improvisó un breve discurso, profundo y lúcido, sobre lo que significaba la división de poderes en una democracia y que yo, con aquel recurso había puesto a prueba, pues habían actuado los tres. Pero sobre todo profundizó sobre la trascendencia que tenía en la democracia que el presidente del Ejecutivo tuviera conciencia de las limitaciones de sus poderes, pues de ello dependía la estabilidad la democracia, pero, sobre todo, debía recordar siempre que la Constitución era la guía que nunca, por ningún motivo, debía irrespetarse.

Aquellas palabras quedaron por siempre grabadas en mi memoria, el valor de aquel acto ejemplar debe retomarse y servir de ejemplo. No hubo una palabra fuera de tono ni antes ni después de aquel día, don Luis no hizo conferencias de prensa para llamarnos canallas a los diputados que analizamos el informe que, dicho sea de paso, provocó la renuncia del ministro de Agricultura.

Unos pocos meses después, por ese recurso entre otras cosas, la prensa me declaró el Mejor Diputado. El 1 de mayo de 1984 estábamos en un brindis después de la sesión solemne y don Luis se me acercó y me dijo:

  • Lo felicito por su designación, muy merecida…. Pero no niegue que a mí me toca un pedacito.

Entre risas cerrábamos así aquel capítulo, que creo tiene mucho de ejemplar no solo para ser recordado, sino para que muchos aprendan cómo se hacen las cosas correctamente…a lo tico… no con improperios, posverdades y madrazos en plaza pública.

¿Qué hacer? Una reflexión sobre la izquierda política hoy

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Considerando a la izquierda política como aquellos movimientos sociales, o partidos políticos, que de una u otra manera se autoproclaman representantes de los sectores populares, frente a los sectores oligárquicos o políticamente dominantes, en el contexto de una sociedad política, y económicamente dividida en clases sociales, se puede afirmar que la izquierda costarricense surgió a finales del siglo XIX, al calor también de la influencia que empezó a tener la información sobre los movimientos anarquistas, socialistas y comunistas que estaban surgiendo internacionalmente, de lo que se tenía noticia, así como de las luchas sociales y populares del movimiento obrero y sindical organizado, que también empezó a repercutir en el país.

La clave de la definición de la izquierda fue la lucha por el poder popular, por el poder político en manos de la clase obrera, en su versión más clásica, y la instauración de un sistema político superior al capitalismo, llamado socialismo, como antesala al comunismo o la sociedad comunista. Para lograr este objetivo todo espacio político era aprovechable, especialmente la lucha organizada de la clase trabajadora y los espacios parlamentarios que se pudieran obtener.

La izquierda costarricense históricamente así la podemos representar, en distintas etapas o momentos históricos, y desde distintos ángulos de análisis.

Así, durante el período liberal, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la izquierda se puede representar, en el plano político, en la figura de Félix Arcadio Montero, el último Rector de la Universidad de Santo Tomás, que hacia 1886, frente al movimiento liberal, que hacía que sus miembros se identificaran con el “partido liberal”, cuando aún no habían surgido los partidos políticos, impulsó un partido de obreros, trabajadores y artesanos, distinguiendo de esa manera los dos grandes grupos sociales, y políticos, de la sociedad costarricense, al tiempo en que ya se habían desarrollado, desde 1874, las Sociedades de Artesanos, Sociedades de Trabajadores y Sociedades de Obreros, que eran claramente clasistas en las cuales solo podían organizarse Artesanos, Trabajadores y Obreros, período en el que empezó a surgir con una intensa prensa social una clara “conciencia social de clase”.

A partir de 1890 cuando surgieron los partidos políticos, tal y como los conocemos hoy, y mediante los cuales solo por medio de ellos se podía aspirar a puestos de elección popular, Félix Arcadio Montero organizó el Partido Independiente Demócrata, con una definición más clasista, convocando a sus filas a los chaquetas, descamisados y descalzos, obligando a que los partidos oligárquicos de esos años crearan, bajo sus banderas, Clubes de Obreros, Clubes de Artesanos y Clubes de Trabajadores, con el propósito de atraer sus filas a los trabajadores, obreros y artesanos.

En ese final de siglo los trabajadores eligieron diputados que se identificaban con ellos en general. Así fueron electos Félix Arcadio Montero, Faustino Montes de Oca, ambos por el Partido Independiente Demócrata y Víctor Gólcher, por uno de los partidos liberales.

Su planteamiento político descansaba en que desde el Congreso se podían hacer leyes que beneficiaran a los trabajadores en general. No había una clara concepción de la toma del poder para la clase trabajadora. Su preocupación fue elegir diputados.

Esta tesis se conoce como la lucha política parlamentarista, donde se concentra toda la atención en el papel de los discursos parlamentarios promoviendo leyes o enfrentando posiciones, sin vincular esa acción legislativa a la lucha por el poder político para la clase o clases trabajadoras.

A principios del siglo XX surgieron las ligas de obreros y los sindicatos, tal y como los conocemos hoy. Huelgas se dieron en el siglo XIX y desde principios del siglo XX.

En la década de 1910 hubo diputados representantes de los trabajadores como Aristides Montero Segura, hijo de Félix Arcadio Montero. En 1905 se fundó la primera Federación de Trabajadores y, en 1913, la primera Confederación General de Trabajadores, impulsando niveles más altos de organización y de lucha. El Centro de Estudios Germinal, impulsado por Omar Dengo, Joaquín García Monge, Carmen Lyra, José María Zeledón Brenes fue clave en este fortalecimiento del movimiento obrero, que ese mismo año, 1913, empezó a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, el 1 de mayo, a la par de la celebración de la rendición de William Walker, que originaba el día feriado.

La sociedad costarricense se había transformado. Había un desarrollo urbano pujante y un desarrollo industrial que marcaba el inicio del capitalismo en el país, a la par de un capitalismo agrario en marcha con las inversiones extranjeras en banano especialmente. Era el inicio de la época del imperialismo y de la política del Gran Garrote de los Estados Unidos.

Para las elecciones de 1913 participaron tres partidos obreros, el partido Obrero en Limón, el partido Obrero en Grecia y el partido Obrero en San José. Estas tres ciudades concentraban importantes grupos de obreros y trabajadores, agrícolas e industriales.

Las ideas anarquistas, socialistas y comunistas habían llegado a Costa Rica desde finales del siglo XIX. Las socialcristianas también con la Encíclica Rerum Novarum. Hasta aquí no había un planteamiento local de la toma del poder para la clase trabajadora.

Fue el Dr. Aniceto Montero, quien había estudiado en Europa y se había ligado a la Asociación Internacional de Trabajadores, la II Internacional, y al movimiento político de los bolcheviques dirigido por Lenin, quien a partir de 1917 intenta fundar un partido Socialista leninista, impulsor de la lucha de clases sosteniendo que la clase obrera debía gobernar y dirigir el país, y propiciando como modelo de nueva democracia y más amplia la Dictadura del Proletariado. Aniceto fue el antecedente político más importante al Partido Comunista, que se funda en 1931.

En el período legislativo 1920-1924 uno de los fundadores del Centro Germinal, José María Zeledón fue diputado.

Durante esos años hasta la muerte de Lenin en 1924, impulsó las ideas comunistas y la idea de la Dictadura del Proletariado como un concepto de una democracia superior a la existente, en tanto representaba más ampliamente a la sociedad costarricense en todos sus trabajadores, mientras para él los gobiernos hasta entonces existentes era de grupos oligárquicos.

En esos días Farabundo Martí, que había pasado por Costa Rica, en 1919, funda el partido Comunista de Centro América, en 1920. La Revolución Rusa provocaba en Europa levantamientos populares en distintos países y regiones.

Frente al movimiento Socialista del Dr. Aniceto Montero surgió el Partido Reformista de Jorge Volio, que lo eligió diputado, junto a Julio Padilla, en la década de 1920 y con ellos se logró materializar la lucha de la Ley de Accidentes de Trabajo en 1925, que se venía luchando desde 1908. En 1922 Vicente Sáenz fundó un Partido llamado Progresista, y en 1935 el Partido Socialista Costarricense. Otras expresiones partidarias a finales de la década de 1920 fueron la sección costarricense del APRA, “Alianza Popular Revolucionarias Americana”, de Víctor Raúl Haya de la Torre. Igualmente importantes fueron la Confederación Obrera Centroamericana desde 1914, la Confederación Obrera Panamericana, en cuya fundación en 1919 estuvo Joaquín García Monge, representando al movimiento obrero costarricense. Se intentó fundar el Partido de Unión de Centro y Sur América y las Antillas, en 1927. En ese período había fuertes movimiento unionistas centroamericanos.

En el segundo lustro de la década de 1920, en los años de 1925 a 1930, se dieron diversos grupos y movimientos políticos de izquierda que no participaron en elecciones, hasta que en las elecciones de medio período, de 1930, se inscribió el Partido Alianza de Obreros, Campesinos e Intelectuales que impulsó sin éxito electoral la candidatura a diputado de Joaquín García Monge, la de Ricardo Moreno Cañas y la de Alejandro Montero Segura, hijo de Félix Arcadio, entre otras candidaturas.

En junio de 1931, en medio de la crisis de la gran depresión se fundó el Partido Comunista de Costa Rica que, a partir de ese año hasta 1948, pasó a representar a la clase trabajadora nacional y a hacerse abanderado de la lucha por el socialismo y comunismo en el país, con gran sentido de la realidad, entendiendo que eso no era posible hasta que en la mayoría de los países del mundo y en las sociedades avanzadas, como la de Estados Unidos, ese proceso no estuviera en marcha, lo que se ha llamado el “comunismo a la tica”, que impulsó el Partido Comunista de Costa Rica, con su principal líder Manuel Mora Valverde.

Su preocupación política fundamental, desde entonces fue, al igual que los partidos políticos que levantaron la representación popular, fue meramente parlamentarista, es decir llegar con diputados al Congreso o a la Asamblea Legislativa, para desde allí impulsar o contribuir a impulsar legislación social, y reformas sociales y políticas avanzadas para el Estado y a sociedad costarricense. Ir avanzando en un fuerte conciencia social y política. No hubo en términos reales una propuesta de toma del poder para la clase trabajadora, ni siquiera como lucha política, más allá de así declararlo en determinados documentos políticos.

El Partido Comunista se hizo heredero directo de las luchas obreras y sus organizaciones sociales, especialmente de la Unión General de Trabajadores, que le sirvió de base de crecimiento en el período de la Gran Depresión, 1931-1934 y hasta 1938.

A partir de 1934 hasta 1948 el Partido Comunista eligió sus diputados. En la elección de 1939 se constituyó en la segunda fuerza política electoral, con un 9% de votación a su favor. El éxito de su crecimiento, entre otros elementos estaba que alrededor de las luchas parlamentarias movilizaban sectores populares en su apoyo. Los años duros de la II Guerra Mundial facilitaron la alianza en el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del gobierno, la Iglesia Católica encabezada por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y el Partido Comunista, dirigido por Manuel Mora Valverde, alianza que condujo al cambio de nombre del Partido Comunista por Partido Vanguardia Popular y a la Coalición política Bloque de la Victoria, para las elecciones de 1944 entre estas fuerzas postulando a Teodoro Picado Michalski a la Presidencia de la República, sin que Vanguardia Popular tuviera un solo ministerio en su gabinete.

La izquierda socialista, así puesto, no ha tenido experiencia de ejercer gobierno. Ha tenido la experiencia de participar en procesos electorales, especialmente desde 1934 hasta 1948 y partir de 1970.

En el período de la Segunda República hasta 1975 el Partido Comunista, o Vanguardia Popular, estuvo formalmente ilegalizado, sin posibilidad de participar directamente en elecciones. En 1962 apoyó al Partido Acción Democrática Popular que eligió a Julio Suñol Leal. A partir de 1970 eligió a Manuel Mora Valverde y a Marcial Aguiluz Orellana, momento a partir del cual se crearon las condiciones para eliminar las restricciones constitucionales y legales que existían sobre su participación electoral. Para este momento, habían surgido en el país otras fuerzas políticas de izquierda, el Partido Revolucionario Auténtico, el Movimiento Revolucionario del Pueblo y el Partido Socialista Costarricense, que empezaron a participar en elecciones. En 1974 el Partido Socialista lanzó su consigna “¡El pueblo al poder! ¡Tiemblen ricos! Ese año bajo el liderazgo de Rodolfo Cerdas Cruz, un excomunista, se fundó el Frente Popular que lo llevó a la Asamblea Legislativa. Y en 1978 estas fuerzas se coaligaron con Vanguardia Popular en Pueblo Unido, llegando a elegir en 1982 a cuatro diputados. Pueblo Unido fue un esfuerzo muy importante de unidad política, que quiso ampliarse a sectores progresistas e independientes de la social democracia y el socialcristianismo.

Las elecciones, como mecanismo de participación popular, solo conducen a la toma del gobierno y a la representación parlamentaria y municipal. No estrictamente a la toma del poder político como palanca del poder estatal.

Ni siquiera en la alianza política de 1943 para impulsar y aprobar la Reforma Social de la Garantías Sociales y del Código de Trabajo, se logró que el Partido Comunista, ya llamado Vanguardia Popular, como resultado de esa alianza, obtuviera un Ministerio, en el final del gobierno de Calderón Guardia, 1943-1944, o en el de Teodoro Picado, 1944-1948, que resultó de la coalición Bloque de la Victoria, en 1944, ni siquiera para dirigir la Secretaría de Trabajo.

Cuando ha habido ministros de izquierda o de tradición comunista en el período posterior de 1948, como fue el Dr. Arnoldo Mora Rodríguez, quien había sido militante del Partido Socialista Costarricense, Ministro de Cultura del Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, o de Patricia Mora Castellanos, militante de Vanguardia Popular, de Fuerza Democrática y del Frente Amplio, que fue Ministra de la Mujer, en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022, ninguno de ellos resultó de una alianza política de sus Partidos con los partidos gobernantes, Liberación Nacional o Acción Ciudadana. Fueron escogidos literalmente a dedo, por méritos personales o reconocimientos políticos pero no por pactos o alianzas estratégicas de los partidos políticos. Fueron circunstancias particulares que los llevaron a esas alturas del poder políticos expresado en el Gobierno. Arnoldo Mora fue ministro los cuatro años de gobierno. Patricia Mora ministra casi tres años de gobierno porque renunció al mismo con motivo de las reformas retrógradas que impulsaba el gobierno de Carlos Alvarado, con las cuales no estaba de acuerdo.

Los partidos de izquierda, el Socialista Costarricense había sufrido una crisis divisoria a finales de la década de 1970 que se agudizó a inicios de la década de 1980, provocando su desaparición. El Movimiento Revolucionario del Pueblo igualmente desapareció en esta década. El Partido Vanguardia Popular tuvo su dramática crisis divisoria a mediados de la década de 1980, divisiones que afectaron a todos los movimientos sociales y sindicales del país, provocando en mucho su debilitamiento actual.

Las grandes luchas populares de 1970, contra la ALCOA, contra el Combo del ICE en el año 2000 o contra el TLC, en el 2006 y 2007 tuvieron otros resortes, que contribuyeron a las grandes movilizaciones, que a su alrededor se realizaron. En las tres luchas había diputados activos que se convertían en los elementos aglutinadores de las movilizaciones populares que se hacían a favor de las luchas que ellos daban en la Asamblea Legislativa. Ese fue un factor determinante. Había movimientos estudiantiles activos, que se movilizaban políticamente desde la izquierda. Había sindicatos con importante influencia de la izquierda que también se movilizaron. Hoy, por ejemplo, los sindicatos del ICE, de la CCSS, del INS, del BPDC, del sector bancario y de las instituciones públicas casi no se sienten frente a las amenazas que existen contra esas instituciones y contra sus sectores laborales, por los despidos que se están realizando. Los sindicatos magisteriales han perdido mucho su capacidad de combate, ni siquiera en defensa de su sistema de pensiones. Los sindicatos no se sienten frente al congelamiento de salarios de casi cinco años que existe proyectado para los próximos cuatro años. Ninguna lucha social, después de TLC, se ha realizado apoyando gestión legislativa alguna.

Electoralmente ha habido un ciclo de subibajas parlamentarias, especialmente con la participación del Frente Amplio desde el 2006, sin que alrededor de sus diputados igualmente se haya hecho alguna movilización popular trascendente. El Partido Acción Ciudadana tampoco sirvió para fortalecer parlamentariamente luchas o movilizaciones. Su segundo gobierno fue un retroceso institucional en el país. Los diputados de estos partidos en estos años poca memoria afirmaron en el colectivo social. Los actuales diputados del Frente Amplio se distinguen como parlamentarios, pero sin arraigo fuera del recinto parlamentario. Con simpatías políticas sobre su ejercicio parlamentario, pero sin luchas alrededor de las cuales se les aglutinen sectores movilizados. Los grupos de orientación trotskista se mantienen activos, pero alejados de la organización y las luchas populares, con un visión de poder político sin ningún planteamiento real y posible de alianzas con otros grupos.

Frente a la elecciones próximas, las de febrero del próximo año, la militancia histórica de lo que fue la izquierda carece de una alternativa política real y posible. Hay discusiones de exmilitantes de aquellos partidos en que se plantean la posibilidad, que ya no existe, de formar un partido político. El escenario electoral ya está marcado. No hay posibilidad alguna de impulsar la inscripción de otro partido. Todavía no se ha señalado por el Tribunal Supremo de Elecciones cuáles son en definitiva los partidos inscritos. Parte de esta izquierda, sin militancia partidaria, discute si votar por el Frente Amplio o por el esfuerzo que está haciendo Acción Ciudadana de lanzar candidata presidencial. Con grandes dudas se realiza este debate y sin precisión de candidatos.

¿Frente a las elecciones próximas qué es lo que se está jugando? Esta es la pregunta principal. ¿La posibilidad de que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles continúe con otro candidato y otro partido político? Este es el principal reto político nacional que existe. Esta es la realidad que no se está apreciando bien por esta izquierda política.

Frente a este peligro real el escenario que se está levantado es con los candidatos Álvaro Ramos de Liberación Nacional, de Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, de Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, de Eli Feinzaig del Liberal Progresista, de Fabricio Alvarado de Nueva República. Por ahora no hay otros candidatos ni otras alternativas políticas, que permitan ir viendo hacia dónde van las procesiones de febrero.

Frente a las elecciones de febrero se juega la democracia política, la democracia institucional, el Estado de Derecho y la división de poderes, el Estado Social de Derecho, las Garantías Sociales a las que les quieren aplicar la guillotina, la jornada de trabajo 4-3, los sistemas de pensiones, el aumento de la edad de retiro para pensionarse, el traslado del pago del ROP hasta la edad de 115 años lo cual es un absurdo y un sin sentido, el debilitamiento mayor de la educación y salud pública, el aumento del desempleo, del trabajo informal, de los bajos salarios, el mayor incremento de la criminalidad, del narco estado y del narco gobierno de continuar el actual. Se juega la Soberanía Nacional, la Independencia Nacional y el régimen de libertades y derechos de los costarricenses. Esta es la realidad.

Frente a las elecciones de febrero próximo ya no hay posibilidad de realizar coaliciones políticas electorales. Todos los partidos van por la libre. Todos los ciudadanos “al garete”, a la deriva, sin control ni orientación política, lo que conduce a fortalecer el caos y desorden de la proyección posible del actual gobierno.

Recordemos que en Costa Rica no se puede reelegir un presidente. El presidente Chaves no se puede reelegir. Pero sí se puede reelegir un partido político. Se han reelecto los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y Acción Ciudadana. En el ambiente político actual bien puede elegirse el candidato al que el presidente Rodrigo Chaves le dé el visto bueno y lo apoye para su elección. Esta es una realidad. No hay que engañarse, ni hacer la del avestruz.

Rodrigo Chaves, que había quedado de segundo en las elecciones de febrero del 2022, ganó porque electorado no votó por Liberación Nacional y especialmente por José María Figueres. Apostaron a una nueva cara y a un discurso que se ha afirmado más en la gestión de gobierno de Rodrigo Chaves, que es el discurso antisistema, anti todos los partidos políticos, anti todos los políticos, anti todos los que ha gobernado, anti todos los diputados actuales exceptuando a los que apoyan el presidente Chaves, el discurso de hacerse ver como el presidente de todos los costarricenses, de todos los trabajadores, de todos los excluidos y marginados socialmente, que todas esas fuerzas no lo dejan gobernar. Este discurso en Chaves sigue siendo válido. Lo recoge en cierta forma la simpatía y reconocimiento que tiene en las encuestas, que sus opositores, líderes y partidos no quieren ver bien ni analizar correctamente.

¿Y si como puede suceder Rodrigo Chaves se lanza a diputado en agosto? El escenario político va a cambiar. La lucha por las diputaciones va a ser lo más importante. Rodrigo Chaves candidato a diputado va a tener su propia fuerza. El partido que lo postule va a sacar sus diputados, no los 40 que Chaves dice que deben nombrarse nuevos, pero sí una importante mayoría. El partido que postule a Chaves tendrá igualmente mayor posibilidad de ir a finales en caso de una segunda ronda.

La izquierda debe recordar que en determinados escenarios hay que tomar decisiones importantes. Sin alternativa electoral, el partido Vanguardia Popular, en 1958 llamó a votar por Mario Echandi, bajo el concepto de “la oposición triunfará”, y en 1966 llamó a votar por Daniel Oduber de Liberación Nacional, que los había puesto fuera de la Ley y que en el gobierno de Francisco Orlich ilegalizó el Semanario Adelante.

El gobierno de José Joaquín Trejos Fernández, apoyado por Liberación Nacional y José Figueres, nombraron a Manuel Mora Agente Comercial de Costa Rica para vender café y azúcar en los países socialistas, ante la crisis que tenía el país, lo que facilitó a pesar de la ilegalidad electoral al Bloque de Obreros en 1969, de la participación electoral del Partido Acción Socialista en 1970 que eligió a Manuel Mora y a Marcial Aguiluz, y la apertura de relaciones diplomáticas en el gobierno de Figueres, 1970-1974, con los países socialistas. Esta es la realidad política.

El partido Liberación Nacional especialmente tenía en su seno “sectores” de izquierda, progresistas y democráticos. También los había en otros partidos, así como había “independientes” de izquierda. Hoy estos “sectores” de izquierda no se tienen con claridad en esos partidos. ¿Pero los hay todavía democráticos? Esa es una lucha que no se da abiertamente en esos partidos. Pareciera que predominan los sectores conservadores y de la derecha política, alineados con la situación internacional dominante. La “izquierda” hoy es más variada y poco definida.

Para mí, la lucha electoral del 2026, de los próximos diez meses, estará centrada en la necesidad de preservar el desarrollo democrático nacional e institucional y los derechos sociales y laborales. Esta es la clave para definir el rumbo para ir a votar.

Historiador Óscar Aguilar Bulgarelli advierte sobre la marcha convocada desde Casa Presidencial contra el Fiscal General

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El historiador y analista Óscar Aguilar Bulgarelli emitió un contundente llamado a la ciudadanía costarricense para que reflexione sobre la convocatoria a una marcha contra el Fiscal General de la República, programada para este martes 18, promovida desde la Presidencia.

«Esto es inaudito. En más de 200 años nunca ha sucedido que desde la Presidencia se promueva una lucha entre poderes de la República», expresó Aguilar Bulgarelli, quien manifestó su preocupación por lo que considera un hecho sin precedentes en la historia democrática del país.

Según el historiador, esta convocatoria responde a las aproximadamente 70 causas que el Fiscal General tiene en investigación contra el actual mandatario «por posibles violaciones a cantidad de leyes de este país», situación que calificó como «hecho inaudito».

Aguilar Bulgarelli cuestionó las motivaciones detrás de la marcha y enumeró una serie de promesas incumplidas por parte del gobierno actual. Entre ellas mencionó la situación crítica de la Caja Costarricense del Seguro Social, donde «han aumentado las listas de espera» mientras se «niegan los pagos» a la institución y se «pone en peligro las pensiones».

El analista también hizo referencia a otras promesas incumplidas como la reducción del precio del arroz, en las tarifas eléctricas y en el combustible. Además, criticó proyectos como la intervención en Gandoca-Manzanillo que afectarían el medio ambiente y la iniciativa para reformar el ICE.

Otro aspecto que Aguilar Bulgarelli destacó con preocupación son los reportes sobre pagos de 10 mil colones a quienes asistan a la manifestación. «¿Cuál es su ética costarricense? ¿Por qué si es una causa justa no va gratis?», cuestionó.

El historiador concluyó su mensaje haciendo un llamado directo a la conciencia de los costarricenses: «Cuidado lo embarcan. Usted es una persona noble todavía, está esa alma tica en su espíritu. Por favor, costarricense, tenga cuidado. A lo tico te digo, cuidado te embarcan».

La Costa Rica que dejan

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Un buen ciudadano debe irse planteando ya cuál será la Costa Rica que dejará el gobierno de Rodrigo Chaves que está a un año y dos meses de finalizar su periodo constitucional, porque de esos resultados estará condicionado el futuro del país.

Los indicadores objetivos señalan que:

En educación tenemos la menor inversión de los últimos años, con lo cual nuestra nueva generación, los niños y niñas, muchachos y muchachas tendrán un rezago educativo y con ello incapacidad para incorporarse al desarrollo humano. También se puede hablar de los centenares de colegios y escuelas que están con orden sanitaria de cierre, de los programas educativos cerrados que mutilan a los estudiantes de la educación afectiva e igualitaria.

La inversión social es la más baja de los últimos 14 años, lo cual ha significativo recortes en las becas Avancemos, comedores escolares, transporte o vivienda barata para los trabajadores, sea un retroceso en cuanto al derecho a la igualdad y el acceso a mejores condiciones de vida.

La Caja del Seguro Social vive en un caos por la negligencia, la impericia y la mala fe de las máximas autoridades que ha nombrado este Gobierno. Las filas de espera crecen y crecen, la inversión en infraestructura está detenida por razones inexplicables y la atención sanitaria por falta de especialistas se deteriora cada vez más.

Los regímenes de pensiones están al borde del colapso porque la cuota patronal no se paga, aunque la ley lo exija, pero al ministro de Hacienda esto poco le importa.

La inversión en infraestructura, carreteras, puentes, Ebais, puertos, etc., es la menor de los últimos años. No se sabe de ningún proyecto nuevo que el gobierno de Chaves esté dejando planteado o en proyecto, teniendo en cuenta que, en el país, la finalización de las obras lleva entre 8,10 o más años, estamos condenando al país a que por lo menos en una década no tengamos un solo hospital nuevo, un puerto, un aeropuerto, puentes, o nuevas carreteras que descongestionen el colapso vial que vivimos. La improvisación y la miopía del gobierno de Chaves costará 10 o más años para recuperarse.

La inseguridad es un problema que el gobierno de Chaves no puede controlar. Ha mostrado su total incapacidad y lo único que acierta a decir es que la responsabilidad es de otros. Mientras tanto el narcotráfico se apodera de barrios y lugares e infiltra a las policías e instituciones del Estado. Antes Chaves se volvía permisivo ante los homicidios porque según él, “se matan entre ellos”, pero actualmente caen inocentes y hasta jefes del OIJ, sin que el presidente reaccione; más aún, el ministro de Hacienda no gira recursos para combatir la delincuencia con la benevolencia de Chaves.

Si no se combaten las causas de la delincuencia, porque se disminuye la inversión social, y tampoco se previene el crimen o se reprime porque tampoco se gira presupuesto a las policías, la conclusión es que estamos haciendo un favor a la delincuencia organizada.

El costo de la vida sigue subiendo sin que se apliquen medidas para detenerlo, el precio de las medicinas es prohibitivo y así las condiciones de vida del pueblo se van deteriorando.

La lista se haría muy larga e impropia de este espacio. El abandono del ambiente, la gentrificación, la vivienda, el empleo, la destrucción del ICE, los grandes negociados corruptos, el crecimiento de la deuda pública externa de manera irracional que empeña nuestra soberanía, la destrucción de la producción arrocera en beneficio de los importadores, y tantas cosas más en muchos otros campos.

Pero de lo más relevante que se le puede achacar a este Gobierno es que ha dinamitado todas las relaciones entre los poderes del Estado, que los ha puesto a pelear, que se ha burlado de la división de poderes y de los mecanismos de control de los dineros públicos. Además, de haber fanatizado, vuelto intransigentes, dogmáticos, intolerantes e incondicionales a una parte muy importante de la sociedad. Restaurar las relaciones respetuosas, positivas, francas y de buena fe, va a llevar su tiempo.

Son 4 años perdidos, con mucho escándalo, pero sin logros. No se puede gobernar a gritos e insultos para ocultar una falta de un programa estratégico y positivo del país.

Para desgracia nacional al final de esta Administración quedará una Costa Rica en escombros. Llevará su tiempo la reconstrucción.

El terrorismo político expresado en las vallas publicitarias

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Se han puesto vallas gigantes, en la autopista de circunvalación norte y la ruta 27 hacia Escazú, con las fotos de los rostros del Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, la Contralora General de la República, Marta Acosta, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pidiéndoles que “renuncien”, articulando con ello una gran campaña publicitaria, que procura mover conciencias, voluntades, confianzas públicas e institucionales, en contra de estos altos funcionarios, procurando provocar sentimientos negativos contra ellos, contra su honor y dignidad, como si fueran delincuentes públicos sujetos de persecución y de ”recompensas”, en este caso políticas, que serían lograr sus “renuncias”.

No es solo una campaña contra los altos funcionarios de Estado que presiden o dirigen instituciones claves del control político, del control administrativo institucional y del presupuestario nacional, de la persecución del crimen y de los delitos y de la ejecución de la Justicia.

Es de hecho una campaña contra las instituciones que ellos presiden o dirigen: la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Son las instituciones y sus funcionarios que han sido víctimas de los constantes ataques del presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, alegándoles que no le dejan gobernar, lo que no es cierto. No es que las instituciones o estos funcionarios no le dejan gobernar; es que no sabe gobernar en régimen democrático, bajo una división de poderes. Por eso impulsa un régimen autoritario, dictatorial, tiránico.

La Asamblea Legislativa se integra por 57 diputados electos popularmente. Los actuales fueron electos el primer domingo de febrero del 2022, cuando quedaron electos, en las mismas elecciones que colocaron al presidente Rodrigo Chaves como finalista, junto con José María Figueres, elecciones presidenciales que se resolvieron, en segunda ronda el primer domingo de abril del 2022.

En esa ocasión, el partido político con el que el presidente electo participaba sacó solo 10 diputados de los 57. Igual situación tuvo el partido Acción Ciudadana en las elecciones del 2014 y del 2018. Para este partido eso no fue una crisis política institucional que lo llevara a realizar ataques institucionales contra la Asamblea Legislativa, ni contra su presidente, ni contra las otras instituciones y funcionarios que el presidente Chaves a cada rato ataca. Este partido tuvo la capacidad de negociación política, de acuerdo a la tradición democrática nacional, con el resto de los diputados, de las distintas fracciones legislativas, para que nombraran presidente de la Asamblea Legislativa a diputados y diputadas de ese partido, en ambos períodos presidenciales.

El partido que eligió al presidente Rodrigo Chaves Robles, careciendo de historia electoral y de tradición política institucional, no tuvo esa capacidad negociadora. Sus diputados no la tuvieron. La jefe parlamentaria que pusieron tampoco la tuvo. Ninguno de sus diputados estaba en capacidad de asumir la Presidencia del Poder Legislativo. Quizá la única, de ese partido, con esa experiencia podía ser la diputada Pilar Cisneros Gallo. Esta diputada, por ser de origen extranjero, peruana de nacimiento, no podía dirigir la Asamblea Legislativa, porque para ello se necesita ser costarricense por nacimiento. Aun así, el Tribunal Supremo de Elecciones, haciéndole un favor, una cortesía institucional, permitió que, en el Directorio Legislativo Provisional, de la primera sesión parlamentaria, el Directorio que el Tribunal Supremo de Elecciones escoge e integra por vejez, por la mayor edad, de su miembros, colocó en el puesto de vicepresidenta a la diputada Pilar Cisneros Gallo. En mi opinión no podía hacerlo, porque el vicepresidente de la Asamblea Legislativa también tiene que ser costarricense por nacimiento, porque puede sustituir al presidente del Poder Legislativo y eventualmente podría sustituir al mismo presidente de la República, como sucedió en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, cuando en el año 2009-2010, varias veces el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, le sustituyó por salidas del país que tuvo que hacer el presidente.

En los tres años que han transcurrido del gobierno de Rodrigo Chaves Robles, su fracción parlamentaria, se redujo de diez a ocho diputados, porque dos se salieron de las directrices de gobierno y de la forma como la diputada Pilar Cisneros dirige autoritariamente esa fracción.

Además, desde su elección, el presidente Rodrigo Chaves Robles enfrentó a la Asamblea Legislativa, confrontó fuertemente a los partidos políticos que habían elegido diputados, a sus dirigentes políticos e históricos, enfrentó la institucionalidad sin ninguna consideración. Incluso habló de “dinamitar” los puentes políticos que debían existir para lograr acuerdos y pactos parlamentarios. Trazó la ruta, de esa manera, de cómo quería gobernar a la fuerza, de manera autoritaria, por imposición de sus decretos ejecutivos y con la intención, como recientemente lo ha declarado, de que la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la misma Fiscalía General de la República deben obedecer y actuar bajo la dirección de lo que se disponga, trace y dirija desde el Poder Ejecutivo, porque es la única manera en que se puede gobernar, cuando el Presidente de la República, según él, tiene todo el control de la institucionalidad pública.

La verdad histórica de Costa Rica es que todos los presidentes que ha habido han sabido gobernar con la independencia de los poderes públicos del Estado, y sin tratarlos de dominar de la manera como quiere hacerlo el presidente Chaves. Esta experiencia histórica se ha dado aun cuando los presidentes y sus partidos no tenían mayorías legislativas propias, de sus partidos.

La inexperiencia política y legislativa del partido, que llevó al presidente Rodrigo Chaves a encabezar el Poder Ejecutivo, hizo que no estuviera preparado para asumir el cargo. Tenía las manos vacías de proyectos legislativos, de iniciativas parlamentarias qué proponer. Eso hizo que en los primeros días de trabajo parlamentario del actual gobierno, en el 2022, no tuvieran proyectos de ley que someter a la Asamblea Legislativa, por lo que la Asamblea no trabajó, porque en las sesiones extraordinarias de trabajo parlamentario, la Asamblea Legislativa solo puede trabajar con los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le presenta a los diputados.

En estos tres años de trabajo parlamentario la fracción legislativa que representa al presidente de la República es la más deficiente en presentación de proyectos de ley propios. El gobierno no ha tenido una iniciativa parlamentaria que indique una ruta para el país.

Por otro lado, el gobierno presenta proyectos de ley que rozan la Constitución Política o la ilegalidad nacional, por lo que no pueden aprobarse y se le rechazan. Ante esto acude a formas para tratar de imponerlos por la fuerza, por la vía de la consulta ciudadana, del referéndum y también se le rechazan por las mismas razones inconstitucionales.

Estos rechazos, por su ineptitud gubernativa, le ha permitido al presidente montar una campaña publicitaria, agresiva, intimidatoria, irrespetuosa en todo sentido, de carácter terrorista de Estado, contra la institucionalidad democrática, contra la independencia de los supremos poderes y sus representantes, descalificándoles, tratando de que sobre todos ellos se pierda la confianza y la fe pública con la intención de montar una situación de conflicto institucional y de crisis política aguda que le permitiera llamar a un estado de excepción y gobernar a la fuerza como lo hace su amigo Bukele en El Salvador.

La Asamblea Legislativa en su función exclusiva, indelegable y propia de hacer las leyes, tiene además la de ejercer el control político sobre la marcha de la Administración Pública, sobre el ejercicio del trabajo de todos los altos funcionarios del gobierno, a los que puede llamar a rendir cuentas, aspecto que no le gusta al presidente Rodrigo Chaves.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos, como son los Magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia, por períodos de ocho años con posibilidad de reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como el Contralor General de la República y al Subcontralor, puestos también reelegibles de manera continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente. Actualmente es el cargo que lo tiene la Controlara Marta Acosta.

La Asamblea Legislativa tiene como función propia, exclusiva e indelegable de nombrar ciertos funcionarios públicos como son los Defensores de los Ciudadanos, y otros funcionarios de Estado. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlos él directamente.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los que nombran al fiscal general de la República y a los Magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen la posibilidad de la reelección continua. Esto tampoco le gusta al presidente Rodrigo Chaves, que desearía nombrarlo él directamente.

Cuando el Presidente de la República lo que muestra es una gran incapacidad de gobierno, de dirigir el Estado y el Gobierno, en su Poder Ejecutivo, con una agenda y una hoja vacía de ruta clara políticamente para resolver los problemas fundamentales de la población, obliga a que le rechacen acciones por inconstitucionalidades o ilegalidades, y se abran procesos de investigación judicial ante la Fiscalía General de la República, procesos que pueden llegar a la Asamblea Legislativa, para levantar su inmunidad, y a la Corte Suprema de Justicia para juzgarlo de manera definitiva, es lo que lleva al Presidente a cuestionar y demeritar a estas instituciones y sus altos funcionarios. Varias docenas de acusaciones tiene el presidente en trámite ante la Fiscalía. Hay acusaciones e investigaciones de la forma como realizaron económica y financieramente su campaña electoral, lo que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en trámite de investigación

Por ello los ataques constantes a las instancias públicas que tiene que ver con todo eso, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia.

Por eso es que ha levantado esa campaña asquerosa, sucia, denigrante, provocando una imagen delincuencial de los altos funcionarios de Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General de la República, de la Corte Suprema de Justicia, con las vallas que tienen las fotos de Rodrigo Arias Sánchez, de Marta Acosta, de Carlo Díaz y de Orlando Aguirre.

Es una campaña contra estas personas, en lo individual, en lo profesional, en lo institucional, en contra de su imagen pública y en contra de su imagen, su honor y dignidad, como altas autoridades de instituciones contraloras del desarrollo de la institucionalidad y la vida pública y política del país. Es una campaña que puede generar agresiones físicas, no solo verbales, contra estas personas, y cualquiera otras personas que impulsen en campañas de esa manera.

La empresa dueña de las vallas publicitarias es corresponsable de acciones de este tipo que se puedan generar contra estos altos funcionarios. La empresa publicitaria que diseñó los carteles de las vallas también es corresponsable. Estas dos empresas como los periódicos y medios de comunicación tienen la obligación legal de ver y valorar los contenidos de lo que van a publicar. No es un problema de censura, es de los alcances legales que les puedan comprometer.

En los periódicos cuando un artículo no les parece a sus directores por los contenidos que pueden provocar acciones legales, penales y civiles, obligan a que se corrijan o se rechazan para su publicación.

Si las vallas no tienen una firma responsable, de una persona, una sociedad o un partido político que asuma esa responsabilidad y acusación pública insinuada de perversa, mala, que requiera la renuncia, que se anuncia y reclama, que se hace de estos funcionarios, es claro que la fuente de esa campaña son los grupos de poder que financian esa campaña, asociados al gobierno de Rodrigo Chaves Robles, es claro que él es el primer responsable de esa campaña.

Aquí no se trata solo de la libertad de expresión que no puede tener censura. La valla en sí misma, si no hay nadie que la firme como su protesta, ni está expresando una opinión ciudadana, no es una expresión simple de libertad de opinión. La única opinión de un ciudadano, en este sentido ofensivo, intimidatorio, es la del presidente Chaves Robles, que así opera contra estos funcionarios.

Los descontentos ciudadanos en la historia nacional se dan contra las actuaciones del Poder Ejecutivo y sus funcionarios. Eso es lo que se castiga en los propios procesos electorales. Nunca ha sucedido que el descontento ciudadano se exprese contra la Contraloría General de la República o contra la Fiscalía General de la República. Ni siquiera contra la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia.

Contra estas instituciones sí se dan las críticas, pero no descontentos ciudadanos que tengan estas características de expresión en vallas. Esto es propio del actuar político organizado desde el Estado, el Gobierno o desde los partidos políticos.

El Poder Ejecutivo encabezado por Rodrigo Chaves Robles es el único responsable de esta odiosa y malévola campaña publicitaria. Responde típicamente a actos de terrorismo de Estado, que se ejecutan de esa manera contra ciudadanos adversos al gobernante o al grupo gobernante.

Reflejan estas vallas las formas oscuras, tenebrosas y peligrosas como se está diseñando la campaña electoral del 2025. Es el gobierno dirigido por Rodrigo Chaves el interesado en poner tenso el ambiente político nacional, es el único interesado de estar en el ambiente político, en la beligerancia electoral que lleva a cabo hablando constantemente contra todos los partidos, los líderes políticos, pidiendo votar por otros diputados de nuevos y otros partidos políticos, de hablar por sus “jaguares”. Su beligerancia política le provoca y genera, en su favor, tener un gran distractor nacional de su mala gestión gubernativa.

Estas vallas no responden, por ahora, a ninguna práctica política de propaganda de alguno de los partidos políticos existentes, que además tendrían que justificar en sus finanzas ante el Tribunal Supremo de elecciones. Los partidos políticos están más entretenidos en ver como terminan de inscribirse, que en iniciar una campaña política contra la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República o la Corte Suprema de Justicia. El único interesado en esta campaña es el propio presidente Chaves porque ese es tema suyo hasta para su posibilidad de ser candidato a diputado, a partir de julio.

Lo más fácil es echarles la culpa a los otros actores políticos del país, a los otros poderes públicos que intervienen en sus acciones, frenándole las inconstitucionalidades o ilegalidades, sometiéndole a crítica pública sus acciones negativas, por ello enfrenta y ataca a todos los medios de comunicación social, a directores de programas de opinión. Es la manera directa con la cual en su forma de beligerancia política el gobierno y el presidente Chaves entran al escenario político en el 2025. Todo empieza a girar en torno a él, como él lo quiere.

Los partidos políticos siguen partidos en su interior, distraídos de la política nacional, en el furgón de cola que les pone el gobierno.

Las organizaciones sociales están peor en este escenario nacional que afecta a los trabajadores y a toda la ciudadanía.

Estamos advertidos de los tiempos electorales que vienen y del Estado Terrorista que opera.

Compartido con SURCOS por el autor.

Costa Rica tras los pasos de Ortega en Nicaragua

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Amador

José Luis Amador.

Durante años las naciones del mundo han considerado a Costa Rica un ejemplo de democracia en América Latina, pero los costarricenses no lo ven así. Dicen estar descontentos con su democracia y prefieren seguir los pasos de Nicaragua. Ingenuamente, creo yo, están haciendo las cosas para convertirse en una dictadura semejante a la de Ortega dándole ese rol al Sr. Rodrigo Chaves

Los ticos no lo saben. Pero el plan está ya montado y se viene trabajando en ello intensamente. El camino es muy sencillo, eliminar los poderes de la República que sirven de contrapeso al poder de Chaves. Eliminar la Asamblea Legislativa, los controles de la Contraloría, el Poder Judicial y al Fiscal de la República.

Lo primero que se ha hecho es una campaña mediática de desprestigio. Día tras día el Gobierno Chaves trabaja para destruir la imagen de estos poderes de la República. Ya antes había iniciado con la destrucción de la imagen de la prensa llamada por muchos el cuarto poder. Todo como parte del plan preestablecido. El Gobierno Chaves y sus troles, no tiene otro objetivo que no sea la propaganda.

Cuando uno queda absolutamente solo mandando en un país ¿Cómo se llama el muñeco…? Se llama dictadura. Nada garantiza que lo que el dictador haga sea bueno o malo. Porque ya no hay nadie para contrapesar. Estar solo, como Tarzán en la pradera. El sueño antidemocrático de Chaves.

La aparición de vallas publicitarias pidiendo la renuncia de las autoridades que ocupan los poderes de la República es parte de este plan para convertir a Costa Rica en un país donde, todos los sueños húmedos de Chaves se conviertan en realidad. Un país donde al igual que en la Ortega de Nicaragua, los sueños del dictador se conviertan en leyes sin el contrapeso de absolutamente nadie, para beneficio suyo y de los financistas de su campaña.

Por cierto, se ha preguntado usted ¿quién está pagando esta carísima propaganda? ¿De dónde viene el dinero para financiar estas vallas publicitarias? Porque el que está pagando esta propaganda es el que pretende gobernar detrás del trono.

Dejémoslo hasta aquí.

Óscar Aguilar Bulgarelli pide debate al presidente Rodrigo Chaves

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El historiador y analista Óscar Aguilar Bulgarelli señala que el mandatario Chaves Robles confunde su misión, que no es retar a debatir a los jerarcas de los otros dos poderes de la República afectando la división de poderes, sino coordinar el gobierno y generar paz.

Óscar Aguilar Bulgarelli le dice el presidente que si lo que quiere es “gresca y retar” por qué no invita a la Casa Presidencial a unos cuantos, para debatir, y muestra su apunte de una agenda que le gustaría discutir con Chaves Robles.

Enumera una serie de fracasos que, considera el historiador, representa el gobierno actual.

Le invitamos a ver el brece video de Óscar Aguilar Bulgarelli.

Decreto sobre la UEI pone en riesgo la democracia de una Costa Rica sin ejército

Escrito en . Publicado en Análisis.

Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo

El reciente decreto emitido por la Presidencia de la República, que otorga nuevas facultades a la Unidad Especial de Intervención (UEI), ha generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Este cambio habilitó a la UEI, tradicionalmente encargada de situaciones de alta complejidad operativa, para realizar investigaciones de inteligencia y allanamientos, atribuciones que antes recaen exclusivamente en otras entidades judiciales y policiales.

Sergio Ortiz Pérez expresó que este decreto genera «suma preocupación» debido a los cambios en las funciones de la UEI, subrayando el impacto potencial que estas modificaciones pueden tener en el equilibrio democrático. «Vemos con suma preocupación el decreto de la Presidencia de la República, en el cual cambia las funciones de la Unidad Especial de Intervención y les habilita para realizar investigaciones de inteligencia y allanamiento», señaló.

Por su parte, Grace García calificó el decreto como una amenaza directa contra la democracia y la paz del país. «Este decreto representa una clara amenaza para nuestra democracia y paz. Otorgar mayores poderes a un cuerpo policial con alta preparación y equipo bajo la dirección directa de la Presidencia, en la coyuntura actual, representa un grave riesgo y simboliza un peligroso avance, similar a los desarrollados por las dictaduras en otros países de la región latinoamericana, generando las llamadas policías políticas», advirtió.

En la misma línea, Wendy Vargas destacó que las nuevas facultades asignadas a la UEI invaden competencias exclusivas del Poder Judicial. «Las facultades otorgadas a la UEI son las otorgadas al Poder Judicial y que son ejecutadas por el OIJ, órgano con plena independencia y rigurosidad científica. Esta Unidad lanzará acciones únicamente bajo la dirección del Presidente», explicó, enfatizando la preocupación por la concentración de poder.

Vivian Rodríguez, por su parte, hizo un llamado enfático a la ciudadanía y a las autoridades para revertir esta situación. «Hacemos un llamado a la población a prestar atención a la gravedad de este hecho; hacemos un contundente llamado al Presidente de la República a revocar esta decisión que pone en riesgo la división de poderes y la estabilidad democrática”. Vivian Rodríguez se pregunta: “¿Y las bases de nuestro Pacto Social?». Además, instó a los demás poderes de la República a activar los mecanismos necesarios para proteger la libertad y el orden constitucional del país.

La implementación de este decreto ha encendido las alarmas sobre el posible debilitamiento de la separación de poderes y el aumento de la influencia presidencial en instituciones clave. Las voces críticas piden un debate nacional urgente para evaluar las implicaciones de este cambio y garantizar la preservación de los principios democráticos fundamentales.

Le invitamos a ver el video de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo:

Universidades públicas transforman vidas y crean oportunidades

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional se pronunció haciendo un vehemente llamado en defensa del Estado democrático y social de derecho y la división de poderes, principios constitucionales capitales de nuestra gobernanza y que han sustentado nuestra longeva y estable vida democrática.

Promover el desarrollo integral de los estudiantes mediante funciones de investigación, extensión y administración de servicios es parte fundamental del quehacer de las universidades públicas. Los recursos que el Estado invierte en estas instituciones se devuelven al país a través de programas de becas, promoción de la salud, bienestar estudiantil y movilidad social.

El pasado 18 de septiembre, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) organizó un foro en la Asamblea Legislativa titulado «Reducción de la desigualdad: las universidades públicas generando oportunidades que transforman vidas». Participaron María José Cascante, coordinadora de la Comisión de Vicerrectorías de Vida Estudiantil; Randall Hidalgo, vicerrector de Docencia de la UNA; Olman Madrigal, de la División de Planificación Universitaria de Conare; y Sharon Jiménez, estudiante de la UNED. La actividad fue moderada por Alejandra Gamboa, vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNA.

Cascante destacó que, aunque Costa Rica ha sido reconocida por sus bajos niveles de desigualdad, en los últimos años ha habido un aumento en la pobreza, con más del 20% de la población afectada. Recordó el aporte de las universidades públicas para mitigar algunos efectos de la pandemia, proporcionando acceso a estudiantes de sectores más pobres, e hizo énfasis en la ampliación de la oferta académica, especialmente en áreas STEM, y en la inversión en becas y programas de apoyo socioeconómico, lo que ha permitido que muchas personas continúen sus estudios.

Hidalgo explicó en detalle el modelo de estratificación que aplica la Universidad Nacional para el ingreso de sus estudiantes, donde, además de la prueba de admisión, desde 2009 se implementa un sistema de tipificación y estratificación que ha aumentado el acceso a la educación superior de estudiantes en mayor vulnerabilidad.

El Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) lleva más de 15 años recopilando información sobre los graduados de universidades públicas en Costa Rica. El último estudio incluyó a más de 10,000 graduados, de los cuales el 59% eran mujeres, y el 66.3% eran de primera generación, es decir, los primeros en sus familias en obtener un título universitario. Fuera del Gran Área Metropolitana, esta cifra asciende al 77%. La mayoría de los graduados provienen de colegios públicos (74.7%).

De acuerdo con los datos presentados por Madrigal, en 2022 la tasa de desempleo entre los graduados fue del 6.5%, significativamente menor que el 12.2% de desempleo general en Costa Rica. Las disciplinas con mejores indicadores de empleabilidad, con un 0% de desempleo y 100% de empleos relacionados con el área de estudio, fueron aquellas en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), destacándose particularmente computación y ciencias económicas.

También resaltó las competencias más demandadas por los empleadores en ambos sectores (público y privado): compromiso ético, capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, y satisfacción oportuna de las demandas laborales.

Sharon Jiménez, estudiante de Informática Educativa en la UNED, compartió su experiencia afirmando que ser estudiante va más allá de lo académico, y destacó cómo la educación superior pública trasciende las estadísticas, recordando que detrás de cada dato hay personas, familias e historias que reflejan el impacto de estas instituciones en el bienestar social.

“En la universidad pública, el estudiante entra con la clara convicción de que debe graduarse, y por lo tanto, no está solo; está acompañado de un sistema de apoyo integral que incluye una vida estudiantil robusta, la posibilidad de participar en grupos culturales, de ser estudiante asistente, formarse junto a los profesores, y acceder a servicios de bibliotecas, bases de datos, salud y recreación”, expresó Francisco González, rector de la UNA.

Voces

La diputada Rosaura Méndez, quien gestionó este espacio, mencionó que las universidades siguen siendo pilares de desarrollo para estudiantes y comunidades, a través de programas de becas, extensión e investigación. Destacó que un alto porcentaje de los estudiantes de universidades públicas provienen de colegios públicos y muchos reciben becas, lo que refleja el compromiso del sistema educativo con la equidad.

Por su parte, la diputada Paulina Ramírez expresó su fuerte identificación con las universidades públicas y la educación, resaltando su importancia como motor de oportunidades para los sectores más vulnerables. Criticó las decisiones políticas que amenazan la continuidad de este derecho fundamental y aseguró que, desde la Asamblea Legislativa, se tomarán las medidas necesarias para contrarrestar las acciones del gobierno.

La también diputada Alejandra Larios destacó la importancia de contar con espacios donde los datos desmienten los mitos sobre las universidades públicas. “Los datos son esenciales para mostrar en qué se invierte el dinero de las universidades y combatir las falsedades sobre su financiamiento”, señaló.

Finalmente, el diputado Óscar Izquierdo subrayó la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en la aprobación del presupuesto para las universidades. Afirmó que reducir las desigualdades es un motivo clave para luchar por un presupuesto justo para las universidades públicas y aseguró que su fracción legislativa está comprometida a garantizar los recursos necesarios para que estas instituciones continúen desempeñando su rol en el desarrollo del país y combatan los mitos sobre su financiamiento.

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Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica