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Etiqueta: división de poderes

La reelección presidencial y la deriva autocrática: un llamado a la unidad patriótica

Juan Carlos Durán Castro

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos

En nuestra modesta lectura política, el proyecto de ley del oficialismo sobre la reelección presidencial es un distractor de contexto, dadas las remotas posibilidades que tiene de avanzar en el plenario legislativo. Sin embargo, no debemos dejar de meditar que esta acción es una movida de ajedrez que, directa o indirectamente, está pensada para hacer avanzar y posicionar objetivos de un proceso mayor. Es decir, aun como distractor, forma parte de un plan.

De igual forma, no nos llamemos a engaño: esta acción parlamentaria retrata el enfoque autocrático de un proyecto y muestra de forma abierta la necesidad de inmunidad para la figura del señor Chaves Robles, que es quien ostenta el poder real en esta administración Fernández Delgado. Las declaraciones de José Miguel Villalobos al referirse al proyecto son parte de esa narrativa “novedosa”, de un estilo que gusta al vulgo, pues ya está bastante posicionado un nuevo ideario nacional.

Pero seamos honestos: esta acción parlamentaria forma parte de todos los pasos que nos conducen como país hacia una autocracia.

Los resultados electorales de 2028 y 2030 definirán si el proyecto de un nuevo imaginario colectivo nacional se posiciona aún más y si el actual oficialismo, con sus fuerzas aliadas, logra afianzar sus objetivos. Esos objetivos consisten en abandonar el ideario de 1948 y la Constitución de 1949, y entrar en una fase donde todo lo anterior no sirve y lo novedoso es la forma tiránica de gobernar, controlando los tres poderes de la República y eliminando así los históricos pesos y contrapesos. En ese escenario, una Asamblea Nacional Constituyente no es para nada descartable.

De ser así, estaremos avanzando como país hacia una suerte de autocracia bajo el mando del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y de otras fuerzas de esa misma estirpe ideológica, que sencillamente configurarán una nueva tiquicia. Por diversos factores sociales controlados por el tecnofascismo algorítmico, entre otros elementos, habrán logrado hacerle olvidar su legado democrático, que, con sus virtudes y defectos, generó equilibrios y un grado respetable de movilidad social. No dudamos de que ese legado desaparecerá, dando cabida a una Costa Rica irreconocible, que ya se retrata en los recientes datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Esos datos, junto con otros que, según se ha cuestionado, se habría intentado modificar desde Zapote cambiando un “simple cálculo” del INEC, revelan señales poco halagüeñas en el horizonte nacional. Presuponen un canje entre la narrativa de un sempiterno caudillo o partido autocrático y una Costa Rica presa de mayor pobreza, concentración de la riqueza y exclusión social.

En ese posible escenario, en el que nos alejamos del imaginario de la sociedad construida desde 1949, las fuerzas de la resistencia deberán apostar, un día sí y otro también, por recobrar las emociones de la gente, tarde o temprano, en un terreno más complejo. Habrá más obstáculos que enfrentar en la lucha algorítmica; es decir, será una lucha cultural más cuesta arriba. Al parecer, esto se debe a no haber tenido más madurez política en momentos en los que tal vez existían ventanas de oportunidad menos complicadas, pero ganaron el egoísmo, el feudo, la mirada corporativa y demás elementos subjetivos propios de los seres humanos.

Al final del día, consideramos que aún quedan oportunidades en el presente para que se genere una alianza patriótica nacional que al menos haga brotar un respiro unitario fuerte, aunque sea coyuntural, que aspire a frenar o descarrilar la deriva fascista tica en desarrollo.

Por tanto, estas humildes líneas se traducen en un ferviente y patriótico llamado a las dirigencias que comandan la toma de decisiones en cada sector y territorio para que profundicen la lectura de coyuntura. Así será posible, al menos, alcanzar un consenso patriótico que construya un muro de contención nacional y nos permita una pausa de inhalación política unitaria. Ese consenso nos permitiría también poner las luces largas para intentar construir un imaginario distinto al que recorre los cinco continentes, del que nuestra América Latina no escapa: la nueva doctrina Monroe 2.0 y un tecnofascismo algorítmico que se puede derrotar combinando la lucha en el mundo cibernético con la movilización social.

Brasil es el ejemplo reciente de que sí se puede descarrilar una deriva fascista como la que recorre tiquicia.

Óscar Aguilar Bulgarelli pide a la Corte elegir una presidencia que defienda la independencia judicial

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli envió a SURCOS un video en el que, “como ciudadano y como historiador”, se dirige a las magistradas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante la elección de la presidencia del Poder Judicial.

Aguilar Bulgarelli comenzó agradeciendo a la Corte la reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República. A su juicio, el país necesita “recobrar la paz, la ecuanimidad, la tranquilidad”, y tener en ese cargo a una persona dispuesta a luchar “por los valores nacionales, por nuestra libertad, por nuestra democracia, por nuestro derecho a pensar y no ser cuestionado por algo tan fundamental”.

Luego advirtió que las magistraturas tienen todavía “sobre sus espaldas una decisión fundamental”: escoger a quien presida la Corte. Recordó que la democracia costarricense se sustenta en la división de poderes y se refirió a unas declaraciones de Rodrigo Chaves Robles, hace unos meses, en una actividad evangélica. Aguilar Bulgarelli recordó que Chaves afirmó que el chavismo ya había tomado el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, y que solo le faltaba el Poder Judicial.

“O sea, que estamos a un paso fundamental para que la autocracia fascista que hoy recorre el territorio americano y muchas otras partes del mundo se consolide en nuestro país. Así de fácil, así de peligroso”, señaló. Por eso, dijo, quien presida la Corte “no puede ser alguien que haya tenido el menor desliz, la menor duda, la más pequeña mácula en el pasado” en la defensa de la independencia judicial.

El historiador expresó su apoyo a la magistrada Patricia Solano Castro para la presidencia del Poder Judicial, por su “valor”, su “conocimiento legal” y su “conocimiento administrativo”. Afirmó que el hecho de que el Partido Pueblo Soberano se pronunciara en la Asamblea Legislativa contra su reelección “es la mejor garantía de que debe ser la presidenta del Poder Judicial”.

“¿Por qué no la quieren? Por su independencia. ¿Por qué no la quieren? Por su valentía. ¿Por qué no la quieren? Porque saben que es un muro para defender nuestra democracia”, expresó.

Aguilar Bulgarelli cerró pidiendo a las magistradas y los magistrados que “confirmen la confianza que nos dieron en la elección del fiscal, ahora nombrando a doña Patricia como presidenta del Poder Judicial”.

Juan Carlos Durán Castro: tras la reelección de Carlo Díaz y el archivo del proyecto eléctrico, las movilizaciones deben ser unitarias

Juan Carlos Durán Castro, defensor de derechos humanos, compartió con SURCOS estos apuntes sobre la coyuntura, en la víspera de las marchas del 20 de octubre.

Juan Carlos Durán Castro

“Este lunes 19 de octubre, la Corte Plena reeligió a Carlo Díaz como fiscal general de la República, y en la Asamblea Legislativa se archivó el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), al que el Frente Amplio ha llamado “ley del apagón”. Para Juan Carlos Durán Castro, son dos derrotas del oficialismo: “Al continuismo fascista le duele perder batallas”, afirma, y califica la reelección de Díaz de “abrumadora”.

Para Durán Castro, vienen marchas y protestas de calle que “deben ser y verse unitarias”. Propone que se organicen bajo seis líneas de acción:

  1. Contra la corrupción y el narcotráfico, que considera enquistados en el país, y frente a la respuesta del gobierno de Laura Fernández Delgado, a quien califica de “presidenta formal, no real”.
  2. Presupuesto para las universidades y respeto al derecho a la educación por medio del FEES.
  3. Entierro definitivo del proyecto de armonización eléctrica.
  4. Pago real de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. De lo contrario, el autor anticipa protestas de las personas trabajadoras de la institución, en coordinación con otros sectores de lo que llama “la resistencia patriótica”.
  5. Rechazo al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), para asegurar la seguridad alimentaria del país y el empleo de miles de familias del agro nacional.
  6. Presupuesto para el Poder Judicial y respeto irrestricto a la división de poderes, para impedir que el Gobierno continúe con más rupturas del orden constitucional.

Estas líneas coinciden con las causas de las convocatorias para este martes 20 de octubre: la marcha en defensa de la educación universitaria pública convocada por el CONARE, la Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, y las movilizaciones en defensa del ICE, la CCSS, la cultura y el Poder Judicial.

Liga Cívica Nacional convoca a defender el ICE, la CCSS, la educación, la cultura y el Poder Judicial: “¡Nos vemos en las calles!”

La convocatoria incluye la presencia en las barras del Plenario este lunes 19, la marcha del martes 20 desde la Fuente de la Hispanidad y una vigilia frente a la Asamblea Legislativa.

La Liga Cívica Nacional, por medio de su campaña “Defendamos el ICE”, convocó a una serie de actividades en la Asamblea Legislativa y en las calles de San José para estos días en que se discuten los recortes presupuestarios y el proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.

Hoy lunes 19: a las barras del Plenario

La primera convocatoria fue para este lunes 19 de octubre a las 3:00 p. m., en las barras del Plenario de la Asamblea Legislativa, para seguir de cerca la sesión legislativa en una semana decisiva para el presupuesto y para la discusión del proyecto eléctrico.

Martes 20: marcha y vigilia

La actividad principal será mañana, martes 20 de octubre:

  • 9:00 a. m., marcha: salida desde la Fuente de la Hispanidad, en San Pedro de Montes de Oca, hacia la Asamblea Legislativa.

  • 2:00 p. m., vigilia: frente a la Asamblea Legislativa.

La marcha coincide con la convocada por el CONARE y las universidades públicas en defensa de la educación universitaria, y con la Gran Marcha Nacional por la Educación, el Agro, la Cultura y los Derechos Sociales, a la que se han sumado organizaciones como RENASES y FESITRAES.

Las causas de la convocatoria

La Liga Cívica Nacional agrupa bajo una misma convocatoria varias defensas:

  • El ICE y su modelo solidario: “¡No al Proyecto de Armonización (23.414)!”. La organización rechaza el expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, que según los movimientos que se le oponen debilitaría al Instituto Costarricense de Electricidad y abriría el sistema eléctrico a intereses privados.

  • La educación superior: “En defensa de una educación superior pública, gratuita, inclusiva, justa y de calidad”, frente a los recortes propuestos al presupuesto de las universidades públicas.

  • La CCSS y la seguridad social: “En defensa de la CCSS y de nuestra seguridad social”.

  • La cultura: “Defendamos el presupuesto del sector cultura… ¡La cultura se cuida, no se recorta!”.

  • El Poder Judicial: “En defensa del presupuesto del Poder Judicial y del respeto a la división de poderes”.

Con estas consignas, la Liga Cívica Nacional se suma a las voces que en los últimos días han llamado a unir las distintas luchas en una movilización común frente a los recortes presupuestarios y en defensa de las instituciones públicas.

Óscar Aguilar Bulgarelli cuestiona proyecto sobre nombramiento del fiscal general y pregunta: «¿Dónde está la plata?»

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que cuestiona recientes iniciativas y decisiones del Gobierno y plantea interrogantes sobre el manejo de las finanzas públicas, la independencia institucional y el uso de los recursos del Estado.

En su intervención, Aguilar Bulgarelli inicia refiriéndose al proyecto de ley presentado por la diputada Marta Esquivel para modificar el mecanismo de nombramiento de la persona que ocupe la Fiscalía General de la República.

Según el historiador, la propuesta implicaría trasladar esa competencia desde la Corte Suprema de Justicia hacia la Asamblea Legislativa, lo que, a su juicio, vulneraría el principio de división de poderes.

El analista sostiene que el proyecto responde al interés de favorecer a personas que enfrentan investigaciones judiciales y afirma que la iniciativa requiere 38 votos para ser aprobada, por lo que hizo un llamado a diversas fracciones legislativas para que no respalden la reforma.

Cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos

En una segunda parte de su análisis, Aguilar Bulgarelli comenta las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, acerca de la necesidad de adoptar medidas de contención del gasto público.

Frente a ello, el historiador expone una serie de decisiones gubernamentales que, según su criterio, explican la situación fiscal y contradicen el argumento de que no existen recursos suficientes.

Entre ellas menciona:

  • la reducción de impuestos aplicada a importaciones de arroz, que —según afirma— benefició a un reducido grupo de importadores;

  • modificaciones en la forma de calcular los impuestos para vehículos de lujo;

  • la contratación de una empresa extranjera para impartir cursos virtuales de inglés;

  • los recursos destinados a publicidad gubernamental;

  • y pagos efectuados a un programa de comunicación que, según sostiene, favorece la imagen del Gobierno.

Aguilar Bulgarelli presenta estas cifras para cuestionar las prioridades del gasto público y plantea que, antes de solicitar sacrificios a la ciudadanía, corresponde explicar el destino de esos recursos.

Críticas a la reducción de recursos para seguridad y educación

El historiador también critica la decisión de no girar recursos destinados al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público, al considerar que ello afecta la capacidad institucional para enfrentar la delincuencia.

Asimismo, cuestiona la evolución de la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y sostiene que durante la actual administración aumentó el monto adeudado a la institución.

En materia educativa, afirma que el presupuesto destinado a educación se redujo respecto del porcentaje establecido constitucionalmente, situación que, según indica, repercute en el deterioro de la infraestructura educativa.

Crítica al discurso de la «economía jaguar»

Otro de los temas abordados es el uso de la expresión «economía jaguar», utilizada por el Gobierno para destacar el desempeño económico del país.

Aguilar Bulgarelli sostiene que dicha caracterización fue presentada como un reconocimiento internacional de mayor alcance del que realmente tuvo y considera que la situación fiscal actual contradice ese discurso.

En ese contexto, cuestiona los anuncios de que no habría aumentos salariales para el sector público y afirma que las políticas aplicadas durante los últimos años no produjeron los resultados prometidos.

«¿Dónde está la plata?»

En el cierre de su intervención, el historiador compara la situación costarricense con declaraciones realizadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele sobre el manejo de los recursos públicos.

A partir de esa comparación, dirige una pregunta al presidente Rodrigo Chaves:

«¿Dónde diablos está la plata?»

Con esa interrogante concluye su análisis, señalando que, a su juicio, corresponde al Gobierno explicar el destino de los recursos públicos y las razones por las cuales, pese a las medidas adoptadas durante los últimos años, se afirma ahora que el Estado enfrenta limitaciones financieras.

Humanismo y justicia: notas del subsuelo costarricense

Frank Ulloa Royo

La división de poderes no es un artificio jurídico: es la memoria viva de un país que quiso evitar la concentración del poder en una sola mano. Desde la Constitución de 1949, Costa Rica aprendió que la democracia se sostiene en el equilibrio, en la vigilancia mutua de los poderes, en la certeza de que ningún gobernante puede ser juez y verdugo al mismo tiempo.

Hoy, sin embargo, la brújula política parece extraviada. La presidenta envía proyectos de ley que permiten al poder matar con presunción de inocencia, todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico. ¿Es esa la patria que aprendimos a amar? ¿Una patria con cuchillos en la mano, con cárceles más grandes y con la justicia convertida en rehén del miedo?

Defender la independencia del Poder Judicial no significa encubrir la corrupción ni negar la lentitud de la justicia laboral, que tantas veces ha dejado a los trabajadores esperando años por una sentencia. Significa reconocer esas falencias y exigir su corrección, pero sin entregar la justicia al capricho del poder político. Porque la justicia lenta se reforma; la justicia sometida se destruye.

La Sala Constitucional, que tantas veces ha protegido derechos laborales y sindicales, también está bajo amenaza de ser tomada por otros poderes. Si la Sala deja de ser independiente, ¿quién defenderá al trabajador despedido injustamente, a la mujer discriminada, al ciudadano frente al abuso del Estado?

Jorge Debravo escribió: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Ese verso, nacido de la poesía, hoy se convierte en consigna política. No queremos una patria que se parezca a la experiencia salvadoreña de Bukele, inflada por sectores de derecha, pero cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU por sus violaciones a la independencia judicial. Queremos una patria que se parezca a la dignidad, a la memoria, a la justicia que se construye sin miedo.

La independencia judicial es más que un principio constitucional: es la garantía de que la democracia no se convierte en republiqueta punitiva. Defenderla es defender la vida, la libertad y la esperanza. Y como Debravo, repetimos: no queremos guerras ni cuchillos en la mano de la patria. Queremos justicia libre, digna y humana.

El subsuelo de Dostoievski es hoy nuestro espejo. Alienación y resentimiento marcan la vida pública: diputados que rechazan a los 18 candidatos a magistrados suplentes enviados por la Corte, mientras ninguno de ellos se defiende en el buen sentido. El pensamiento camina de puntillas, como si pensar fuera ofender. Esa tolerancia se acerca más a la cobardía que a la virtud, y la democracia se hunde en un silencio que recuerda al hombre del subsuelo, incapaz de hablar sin contradicciones, atrapado en su propio resentimiento. Como escribió Dostoievski: “Soy un hombre enfermo… soy un hombre malo.” Esa confesión es hoy la voz de una institucionalidad que se niega a defenderse, como si la enfermedad y el silencio fueran su destino.

Dostoievski cuestionaba el racionalismo que pretendía reducir la vida humana a fórmulas matemáticas. En Costa Rica, la división de poderes nació como respuesta histórica a la concentración del poder, pero hoy se ve debilitada por proyectos que legitiman la violencia en nombre de la “lucha contra el narcotráfico”. La presidenta envía leyes que permiten matar con presunción de inocencia: un racionalismo perverso que convierte la justicia en cálculo punitivo. Defender la independencia judicial no es alcahuetear la corrupción, sino impedir que la lógica del poder sustituya la ética de la justicia. El hombre del subsuelo lo anticipaba: “¿Qué importa la razón cuando lo que se quiere es la voluntad?” Esa voluntad, sin ética, es la que amenaza con destruir la república.

En Los demonios, Dostoievski mostró cómo las ideologías extremas podían arrastrar a la juventud hacia la violencia. Hoy, los nuevos señores feudales no son revolucionarios, sino corporaciones tecnológicas y élites económicas que manipulan la inteligencia artificial y la economía global. La inteligencia se limita a los intereses de unos pocos, y los derechos humanos se vuelven negociables. En Davos, un yerno de Trump propone construir campos de golf sobre el cementerio de Gaza y recibe aplausos: la banalidad del poder que celebra la destrucción como desarrollo. En Costa Rica, se manipulan nombramientos de magistrados para destruir la institucionalidad y avanzar hacia un Estado autoritario, ahora con voz femenina para no asustar, mientras una mano oscura da sombra a la presidenta.

El subsuelo de Dostoievski es también el subsuelo de nuestra democracia: alienación, resentimiento, racionalismo sin ética y poder autoritario disfrazado de modernidad. La independencia judicial es la última defensa contra el regreso a los pleitos a machete, contra la republiqueta punitiva, contra la patria con cuchillos en la mano. Como Jorge Debravo, repetimos: “Yo no quiero que la patria tenga cuchillos en la mano.” Queremos una patria que piense sin miedo, que juzgue con dignidad y que no se arrodille ante los nuevos demonios globales.

¿Tomar el Poder Judicial?

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El Poder Judicial democrático es ejercido por cada una de las personas jueces y juezas de la República. De manera que, desde el juez contravencional del lugar más remoto del país, hasta quienes ejercen la magistratura en la Corte Suprema, son todos Poder Judicial.

También tiene que estar claro que, en el ámbito de sus competencias, cada juez tiene plena posibilidad para decidir según su ciencia y conciencia, no tiene “jefes” que lo obliguen o condicionen a resolver de determinada manera, y sus resoluciones solo pueden ser corregidas o declaradas ineficaces conforme los recursos que existan para ello.

Puede entenderse entonces que esta verdad sea de imposible comprensión para una mentalidad autocrática, convencida de que el poder sólo se puede ejercer ordenando, conminando y hasta gritando o insultando para imponer su criterio.

El principio de división de poderes no solo tiene que ver con la separación funcional entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sino que se trata de un principio que involucra a otros órganos con misiones especiales como el Tribunal Supremo de Elecciones para organizar, dirigir y determinar los procesos electorales, y la Contraloría General de la República en la vigilancia y control de la legalidad de la hacienda pública.

Pero además la división de poderes desciende, transversalmente, a lo interno de todo el sistema republicano y de cada poder en particular. Por eso hay decisiones que no puede tomar quien ejerce la Presidencia de la República sin que concurra la firma del ministro del ramo, o el criterio del Consejo de Gobierno. Por eso también en el proceso penal, dentro del Poder Judicial, por ejemplo, hay un órgano que investiga y acusa, otro que defiende y jueces imparciales que resuelven.

Nadie, absolutamente nadie, puede decirle a un fiscal, estando legalmente obligado a hacerlo, si investiga o si acusa, o a un defensor si cumple con sus deberes defensivos, o a un juez a que no actúe conforme sus obligaciones.

Decir que ya se han tomado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y que sólo falta tomar el Poder Judicial, no es sólo un propósito dictatorial, sino una muestra de ignorancia de cuál es la naturaleza de la función judicial, cómo está distribuida en numerosos actores y cómo esa distribución asegura un funcionamiento democrático de la justicia.

La democracia es el sistema político en el que sus jerarcas tienen el menor poder arbitrario. A todo peso le acompaña un contrapeso. Por esta razón existen los vetos, los resellos con mayoría calificada. las consultas obligatorias, el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control irrestricto de cada facultad para evitar el abuso de poder y el atropello a los derechos fundamentales de las personas.

“Tomar” el poder judicial no es tan sencillo como controlar la Corte Suprema mediante magistraturas dóciles o adeptas, siempre existirán jueces y juezas que preserven su integridad y no se amedrenten, ni se vendan.

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera

Marcos Chinchilla Montes

Las encuestas de la UCR y de la UNA avizoraban un escenario positivo para el chavismo en las elecciones de ayer. Ganaron, esa es la democracia.

Para la institucionalidad pública costarricense y para el bienestar de su población, los resultados anuncian una debacle en todos los sentidos; el oficialismo tiene la capacidad política para seguir avanzando en la destrucción de la CCSS, del INS del decaído ICE; avanzar en el proyecto de jornadas de trabajo 4×3 que precarizará aún más el empleo; devastar el sistema de educación, la protección de la niñez, los sistemas de becas, pensiones, atención de las mujeres, de la población adulta mayor. El nuevo gobierno realizará ingentes esfuerzos por privatizar y mercantilizar los servicios eléctricos, de agua, salud, educación, loterías. La producción agrícola se verá aún más afectada arruinando no solo a miles de campesinos, sino también un estilo de vida vinculado con la tierra. Seguirá el pulso con las universidades públicas para desfinanciarlas y privilegiar aún más los negocios de las universidades privadas; buscan extinguir el pensamiento crítico y emancipador.

De la mano de la pobreza, el desempleo y el apagón educativo, el crimen organizado se seguirá extendiendo; se reforzará su instalación como un estilo de vida social que legitima e integra a poblaciones que han sido excluidas socialmente. Pero a su vez se utilizará como un mecanismo para legitimar la represión del Estado, en primera instancia hacia la delincuencia, luego hacia aquellas voces que critiquen el nuevo gobierno. Sin lugar a dudas, habrá violencia política; cuadros del chavismo no han tenido reparo de actuar en esos términos.

El cuestionamiento a la división de poderes será la tónica, y seguirá el ataque hacia el Poder Judicial, hacia el OIJ, contra la Contraloría General de la Repúblicas, las universidades públicas, contra la Asamblea Legislativa que no sea funcional.

Es presumible que la administración pública se instrumentalice con funcionarios serviles; que se refuerce una comprensión conservadora de las políticas sociales y de las mismas relaciones sociales; de la cultura como un todo.

Un sector económico en ascenso concentrará aún más la riqueza, depositando en el mercado las limitadas posibilidades de ascenso social.

Pudo haber sido peor, no alcanzaron las 40 diputaciones que querían; y eso en cierta medida, les cierra el paso a las reformas más violentas, aunque ya Laura nos advierte sobre una Tercera República de corte ultraneoliberal, conservadora y fascista.

En el 2019, el historiador costarricense David Díaz nos recordaba que llevábamos 37 años de resistencia contra el neoliberalismo, a lo que yo agregaba que habíamos sido sobrevivientes durante todo ese tiempo pues muchas personas no nos habíamos sometido a su proyecto socio cultural: la subjetividad del individualismo, del éxito como esfuerzo personal, de la competencia, de la mercantilización de todas las esferas de la vida, del consumo, de la negación de derechos, de la depredación de la naturaleza, de la negación de la solidaridad; del desprecio de las personas diferentes. Laura Fernández gana porque esa narrativa y esa subjetividad se han instalado exitosamente en casi el 50% de la población costarricense.

Como tantas veces a lo largo de la historia, la resistencia, la congruencia y la imaginación fueron y serán claves para seguir avanzando, adobadas con la reflexión crítica y fraterna que no nos la pueden robar. Claro que vienen tiempos duros, el conservadurismo, la violencia política y la aplanadora se seguirán extendiendo; pero desde nuestras trincheras tenemos claridad que seguiremos reivindicando todos aquellos derechos en los que creemos: la justicia y bienestar social, la distribución de riqueza, el reconocimiento a la diversidad humana, el respeto a los derechos de género, la justicia ambiental, los derechos culturales, la memoria. Tanta voluntad de emancipación que hemos construido y disfrutado.

Será fundamental encontrar espacios comunitarios e institucionales para articularnos y fortalecernos de manera conjunta, para indignarnos, para encontrar respuestas colectivas. Aún nos protege mucho de institucionalidad y hay que aprovecharla y defenderla.

Me complace que hayamos alcanzado siete diputaciones en el Frente Amplio, la van a tener dura, pero no se van a quedar en silencio; más sí cuentan con el apoyo de quienes defendemos la institucionalidad. Esperaría que las diputaciones del Partido Liberación Nacional, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana actúen con congruencia y sentido histórico.

Escribí estas reflexiones a propósito de las interrogantes que me hicieron llegar Marianela y Ana Rosa, que haciendo eco de sus años estudiantiles, siguen planteando preguntas instigadoras.

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo titulado “No es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

“es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

Costa Rica: la democracia no se entrega, se defiende

Yamileth González García
Ex – Rectora UCR

Costa Rica, desde los primeros años de vida independiente, buscó como forma de gobierno la de una república independiente, con principios ligados a la libertad, la soberanía y la democracia; el país nace con la convicción de que el poder sin control es siempre una amenaza y que la democracia no es un regalo perpetuo, sino una tarea de permanente construcción.

Hoy, ese pacto histórico está en riesgo. No por un golpe militar, sino por algo más sutil y, por eso mismo, más peligroso: la normalización del autoritarismo y el desprecio sistemático por los contrapesos institucionales. Todo envuelto en un discurso que se presenta como “anticorrupción” y que, en el fondo, desprecia la democracia cuando le estorba a sus propósitos.

Costa Rica no es una finca privada, es una república. Y una república vive de la división de poderes, del respeto a la ley y de la rendición de cuentas. Cuando un Ejecutivo intenta concentrar el poder, desacreditar instituciones y gobernar desde la confrontación permanente, no está “ordenando el país”: lo está debilitando.

A esto se suma algo aún más grave: las sombras. Las denuncias públicas, las acusaciones, las alianzas opacas, la falta de explicaciones claras. No hablamos de rumores. Hablamos de señalamientos que exigen investigación, transparencia y respuestas. Un gobierno verdaderamente limpio no huye de la luz; la busca.

Cuando en un país atravesado por el narcotráfico regional se minimizan alertas, se atacan fiscales, se desacredita a quienes investigan y se relativiza el crimen organizado, no estamos ante un error político: estamos ante una irresponsabilidad histórica. El narcotráfico no se combate con discursos altisonantes ni con poses autoritarias; se combate con instituciones fuertes, independencia judicial y cooperación democrática. Todo lo contrario de lo que estamos viendo.

Este no es un debate ideológico. No es izquierda contra derecha. Es democracia contra autoritarismo. Es la transparencia contra lo opaco. Es ciudadanía contra abuso de poder.

A las mayorías se les dice que exigir cuentas es “defender privilegios”. Eso no es cierto. La verdadera ciudadanía es la que pregunta, la que vigila, la que no se arrodilla ante ningún gobernante.

Costa Rica abolió el ejército porque entendió que la fuerza no podía ser el centro de la política. Hoy debemos abolir otra tentación: la del líder autoritario que todo lo decide, que no rinde cuentas. Esa figura siempre termina igual, aquí y en cualquier lugar: empobreciendo la democracia y fracturando a la sociedad, si no veamos el ejemplo de Venezuela.

No se trata de nostalgias. Se trata de memoria histórica. De recordar que los derechos que hoy parecen obvios fueron conquistados, no concedidos. Que la institucionalidad que hoy se desprecia fue construida para protegernos, no para incomodar a unos pocos.

Por eso hoy hacemos un llamado a quienes trabajan, estudian, producen y sueñan en este país. A quienes no quieren una Costa Rica gobernada por el insulto y la agresión permanente. A quienes saben que el autoritarismo siempre empieza prometiendo orden y termina dejando ruinas.

En democracias la oposición no es un obstáculo ni un capricho electoral. Es un deber cívico. Es decir “basta” cuando el poder se cree dueño del país. Es recordar que ningún presidente está más allá que la Constitución, que ninguna ambición personal vale más que la democracia.

Costa Rica merece un gobierno que explique, no que ataque; que escuche, no que imponga; que rinda cuentas, no que se esconda. Merece un estado que enfrente al crimen organizado con seriedad, no con discursos vacíos. Merece líderes que entiendan que gobernar no es mandar, sino servir.

Este es un momento decisivo. No mañana. Hoy. Porque cada silencio, cada justificación tibia, cada “no voy a votar” abre la puerta, con complicidad, a algo peor: el debilitamiento de la democracia.

La historia nos está mirando. Y algún día, nuestros hijos preguntarán qué hicimos cuando la democracia fue puesta a prueba. Que podamos responder con dignidad: no nos callamos, no nos rendimos, no entregamos Costa Rica.