Etiqueta: dobles estándares

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Las recientes declaraciones de la presidenta Laura Fernández sobre Nicaragua han provocado una intensa controversia política y diplomática. Al afirmar que los nicaragüenses tienen el gobierno que han elegido tener, la mandataria despertó una ola de críticas provenientes de diversos sectores políticos, académicos y de defensa de los derechos humanos. Muchas de estas críticas se han concentrado, con razón, en recordar las numerosas denuncias internacionales contra el régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a los derechos humanos, persecución de opositores, restricciones a las libertades públicas y concentración del poder político.

Sin embargo, más allá de la coyuntura y de la discusión puntual sobre Nicaragua, este episodio invita a formular una pregunta más amplia y, quizás, más incómoda: ¿es posible defender los derechos humanos y la democracia desde criterios selectivos?

La fortaleza moral de los derechos humanos radica precisamente en su pretensión de universalidad. No fueron concebidos para proteger únicamente a quienes comparten nuestra ideología, nuestras simpatías políticas o nuestras alianzas geopolíticas. Su legitimidad depende de que los mismos principios sean aplicados a todos, independientemente de quién sea el responsable de su vulneración.

Nancy Fraser ha señalado que toda pretensión de justicia pierde legitimidad cuando los criterios de reconocimiento se aplican de manera desigual. Algo similar ocurre con los derechos humanos. Cuando la indignación se distribuye selectivamente, cuando algunas víctimas son visibilizadas mientras otras permanecen relegadas al silencio, la credibilidad del discurso democrático comienza a deteriorarse.

Nada de lo anterior implica desconocer la situación política de Nicaragua. Existen abundantes informes de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y mecanismos especializados que documentan graves restricciones a las libertades políticas y civiles en ese país. Ignorar esos hechos sería tan irresponsable como negarse a ver la realidad.

Sin embargo, tampoco resulta intelectualmente satisfactorio reducir una sociedad compleja a una única categoría explicativa.

Mi reciente visita a Nicaragua me dejó una impresión difícil de reconciliar con muchas de las imágenes simplificadas que suelen dominar el debate público. Lo que observé fue una sociedad donde las personas trabajan, comercian, viajan, estudian, consumen, celebran y desarrollan su vida cotidiana con una aparente normalidad. Observé nuevas obras de infraestructura, actividad económica y una población preocupada, como en cualquier otro país, por resolver los desafíos ordinarios de la vida diaria.

Reconocer esta realidad no equivale a legitimar un régimen político ni a negar las denuncias existentes. Significa, simplemente, aceptar que las sociedades son más complejas que los relatos ideológicos construidos sobre ellas.

Edgar Morin advertía que una de las principales debilidades del pensamiento contemporáneo consiste en reducir fenómenos complejos a explicaciones unidimensionales. En el caso de Nicaragua, la discusión pública parece atrapada entre dos simplificaciones igualmente problemáticas: quienes presentan al país como una distopía absoluta y quienes pretenden ignorar cualquier cuestionamiento democrático en nombre de ciertos logros materiales o sociales.

La realidad probablemente se encuentra en un terreno mucho más complejo y contradictorio.

Pero existe otro aspecto que merece atención. Lo que resulta difícil de aceptar no es la crítica a Nicaragua. Lo verdaderamente difícil de aceptar es la selectividad con la que, en ocasiones, se aplican los principios democráticos y los derechos humanos.

Quienes condenan con razón las violaciones a las libertades políticas en determinados países suelen mostrar una preocupación mucho más tenue cuando se trata de intervenciones militares, ejecuciones extrajudiciales, sanciones económicas con graves consecuencias humanitarias o violaciones al derecho internacional cometidas por actores geopolíticamente más poderosos.

No se trata de establecer competencias morales entre gobiernos ni de justificar abusos señalando los errores ajenos. Tampoco se trata de sostener que todas las situaciones son equivalentes. Se trata de algo mucho más sencillo: exigir coherencia.

La defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando parece depender de la ideología del gobierno cuestionado. La defensa de la democracia pierde credibilidad cuando la preocupación por las libertades públicas varía según las conveniencias políticas del momento.

Boaventura de Sousa Santos ha señalado que uno de los grandes desafíos contemporáneos consiste en construir una visión verdaderamente universal de la dignidad humana, capaz de superar las jerarquías políticas y culturales que históricamente han determinado quién merece solidaridad y quién no. Esa reflexión sigue siendo profundamente vigente.

La discusión que hoy genera Nicaragua debería servirnos para algo más que para reafirmar nuestras posiciones previas. Debería invitarnos a reflexionar sobre la consistencia de nuestros propios principios.

Porque si la democracia merece ser defendida, debe ser defendida siempre.

Y si los derechos humanos son verdaderamente universales, entonces nuestra indignación también debería serlo.