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Etiqueta: economía

UCR: Reasignar el gasto del Estado, no contraerlo

La Escuela de Economía realizó un análisis de la propuesta del Gobierno de Costa Rica en torno al préstamo con el FMI

Ante la destrucción de la producción de Costa Rica, economistas docentes e investigadores consideran que el Gobierno debe enfocarse no en reducir pero sí en reasignar el gasto, mejorar su eficiencia, hablar de exoneraciones y también evitar estrechar a la clase media

En el 2020 se prevé que la pobreza aumente del 20% al 30% de la población costarricense. Fotografía de casa en Bananito, Limón, 2010. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Este año la producción de Costa Rica caerá en picada entre un 5% a un 6% es un escenario de recesión económica, un lugar donde ya el país estaba en el 2018 aunque con mejor perspectiva previo a la Reforma Fiscal pero, esta vez el aderezo mortífero de la pandemia trae a la orilla del camino un guindo adicional: la depresión económica.

Lo explica la economista Marcela Román Forastelli al señalar que la consigna “No más impuestos”, que aglutina a un grupo diverso de la población civil del país, es una irresponsabilidad, y no lo dice siendo insensible a quienes excluidos del sistema hoy protestan en las calles, lo dice porque el camino de la depresión económica conduce a una pobreza mucho más aplastante para esta y las próximas generaciones de costarricenses.

La solución no está escrita como receta, no es solo una y ni hay “otros” a los que culpar, somos todos parte del problema, y debemos buscar rutas de ayuda. En ese esfuerzo economistas reconocidos de la Universidad de Costa Rica como el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE-UCR), Dr. José Antonio Cordero Peña, señala una certeza, dice que contraer el gasto del Estado ahora, supondría una reducción más profunda de la demanda y una profundización de la crisis. Su propuesta es reasignar el gasto.

Suena bien, para los que creen con razón que el Estado debe sin reparo, ni demora mejorar su eficiencia en el gasto, y para quienes también creen que se debe mantener un Estado fuerte que considere y vele por el bien común.

El tema fue abordado en el conversatorio “Análisis y perspectivas de la propuesta del Gobierno en torno al préstamo con el FMI” organizado por la Cátedra Alexis Orozco de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y su Asociación de Estudiantes. En el mismo participaron el Dr. Juan Andrés Robalino Herrera, actual subdirector del IICE-UCR, quien se refirió a las propuestas de aumento al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles; el Dr. Edgar Robles Cordero, exsuperintendente de Pensiones, que se refirió a la propuesta del impuesto del 3% a las transacciones financieras; el Dr. Cordero Peña, que se refirió al impacto general de las propuestas de reducción del gasto; y la M.Sc. Marcela Román Forastelli quien analizó la exoneración, evasión y elusión fiscal, un área en la que la propuesta gubernamental ya ha sido castigada por la opinión pública, por ser mínimo insuficiente.

Al respecto, Román calcula que solo en exoneración -o impuestos perdonados- por cerca de 1 200 leyes propuestas y probadas por los diputados de la República a los largo de décadas se podría sumar hasta un 6% del PIB, una cifra muy similar al 5,9% del PIB que es lo que recaudaría la lista completa de intenciones presentada por el Gobierno al Fondo Monetario Internacional (FMI), para recibir los beneficios de su crédito.

Si a lo anterior se suman los montos calculados de evasión y elusión fiscal, se podría agregar un 8% del PIB. Pero todos sabemos que golpear ese gigante no es una tarea simple, ni de decidir y menos de ejecutar.

En resumen el listado de intenciones presentadas por el Gobierno al FMI busca una recaudación del 5,9% del PIB, monto del cual más de un 70% proviene del lado de los ingresos y el 30% adicional son restricciones al gasto. Los y la economistas coincidieron en que esos porcentajes sí implican un desbalance, que sin embargo no se soluciona poniendo más peso en las restricciones al gasto y menos a la carga impositiva.

Escuché el conversatorio completo “Análisis y perspectivas de la propuesta del Gobierno en torno al préstamo con el FMI (30 de septiembre 2020)”

Pagar más impuestos sí, de todas maneras ¿pero cuáles?

Si queremos un país (no es broma), una solución definitivamente deberá incluir más impuestos, todos vamos a tener que pagar más, unos de forma permanente y otros de forma temporal, y es allí donde hay que encontrar un balance, porque también es cierto que tomar medidas contractivas en medio de la crisis puede tener implicaciones negativas. “Sin embargo, sí hay espacio para tomar medias fiscales” explicó el Dr. Juan Robalino pero ¿cuáles?

El Dr. Edgar Robles Cordero cree que el Gobierno se equivoca en tasar con las transacciones financieras o Tobin, el impuesto que tiene el mayor peso de recaudación en el conjunto de la propuesta al FMI. El economista asegura que por naturaleza este gravamen es restrictivo, que nació para evitar corridas bancarias, es decir que desestimula un comportamiento determinado, por lo que utilizarlo para recaudar fondos no es algo que esté soportado por la evidencia empírica.

Entre otros ejemplo señaló que con la actual propuesta de tasas en un 0,3% las transacciones, una inversión de US $1 000 dólares a una tasa de 0,25% anual, que es una oferta actual de mercado, tendería un rendimiento negativo.

“Nadie estará dispuesto a invertir para perder. Será más ventajoso dejar el dinero en efectivo y no ganar intereses”, un comportamiento que desincentiva el crecimiento económico.

Este impuesto, además tiene otro factor en contra, el Dr. Jose Antonio Cordero advierte que se podría suponer que perjudica más a la clase media, el grupo de población que ya sostiene sobre sus espaldas el mayor peso del gasto público, y que en esta propuesta en análisis, además se le carga con otros dos fuertes golpes, más renta y más impuestos a los bienes inmuebles.

“No es posible hacer lista exhaustiva ni conocer el monto total (del desperdicio) en el Estado, pero sí es evidente que se pueden desplegar las funciones de modo más eficiente, sí que se debe, sí que se puede y se tiene la oportunidad para entrar con seriedad a resolver la ineficiencia”.

M.Sc. economista Marcela Román Forastelli.

Es necesario poner un parámetro y para ello me daré una licencia explicativa, me permitiré decir un miembro de la clase media costarricense puede ser uno que reciba un ingresos de 900 mil colones, esta persona estará sujeta a los nuevos tramos del impuesto de la renta, la misma es la que habrá tenido capacidad económica para tener bienes inmuebles, y por lo tanto le tocará pagar más impuestos por sus propiedades, y a la vez se trata de la misma persona bancarizada que tendrá que pagar el impuesto a las transacciones.

Propuesta de cambio en tramos de renta del IICE-UCR

El IICE-UCR propone modificar los tramos de renta propuestos por el Gobierno, una escala muy criticada por subir muy rápidamente los escalones impositivosy tasar demasiado a la clase media, por lo que el IICE-UCR quiere suavizarlos y perjudicar menos a este segmento de la población. (Ver gráfico).

Otra propuesta del Instituto es la de ampliar la base impositiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y reducir el gravamen a la canasta básica de un 13% a un 11%. Los cálculos muestran que se lograría una mayor recaudación aunque el baje el impuesto.

Propuestas hay, pero los economistas aseguran una vez más que no hay recetas mágicas, que la crisis actual de liquidez necesita de acciones articuladas e inmediatas, pero que no se deben olvidar hacer los cambios estructurales, los cambios de largo plazo, los que agrego yo, nos hagan sentir orgullosos de heredar un futuro a las próximas generaciones, esos cambios que no nos permitan acercanos de nuevo y muy rápido a los escenarios apocalípticos como los actuales.

En ese sentido hay sí, que evitar que dentro de las presiones políticas y populistas por el contrario se evite la reducción del gasto del Estado, pues ante la destrucción significativa de la producción, de la caída de la demanda global, lo que corresponde hacer a favor de la estabilización económica es justo evitar que la demanda se reduzca aún más.

Cordero advierte que “cualquier esfuerzo de reducción del gasto tiene que ser en la línea de una reasignación del gasto y no una contracción del gasto, para evitar baches adicionales en la demanda agregada que serían terribles para el comportamiento la economía que requiere suplementar la falta de gasto del sector privado”.

Aclara sus comentarios a quienes apuestan por lo que llaman una “contracción expansiva”, donde sus proponentes creen que la contracción del gasto estatal conduzca a un aumento en el gasto general de la economía. Al respecto, advierte que los estudios sobre esta modelo no son concluyentes y el efecto depende de diferentes consideraciones, pero una muy importante es el momento en el que estamos en el ciclo económico, y justo ahora (cerca de una depresión) no es un buen momento; aseguró que esta apuesta “no es una alternativa y que el Gobierno debe permanecer en sus niveles actuales de gasto y buscar los mecanismos de reasignación”, señalo el actual director del IICE-UCR.

Reasignación del gasto a donde más se necesita, y allí es fácil imaginar que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ocupa refuerzos y muchos.

Para lograr el objetivo de proteger el gasto agregado, y en lo que respecta a política monetaria dijo que el Banco Central de Costa Rica debe evitar que se reduzca la liquidez, lo que podría generar presión inflacionaria, pero que justo el control de la inflación en el momento actual pierde relevancia.

Con respecto al impuesto a los bienes inmuebles, el Dr. Juan Robalino recomienda que el Gobierno Central debe ser quién lo recaude, considerando las habilidades dispares de los municipios para hacerlo; que el aumento en la tasa de 0,25% a 0,75% de debe ser menor, y que las tasas deben varias según valor y uso.

Un Estado más eficiente por favor y ahora

Si mantenemos el gasto, necesariamente hay que hablar de una mayor eficiencia del mismo. Al respecto la economista Marcela Román recordó varios ejemplos de vergüenza estatal como la factura por alquileres en el Estado, solo el Ministerio de Hacienda destina US $16 millones a ello cada año. ¿Cuánto pudo haber construido con ese dinero?; también recordó que al 2018 por comisiones de compromisos o demoras en la ejecución de obra pública se han pagado más de US$ 300 millones.

“No es posible hacer lista exhaustiva ni conocer el monto total (del desperdicio) en el Estado, pero sí es evidente que se pueden desplegar las funciones de modo más eficiente, sí que se debe, sí que se puede y se tiene la oportunidad para entrar con seriedad a resolver la ineficiencia” M.Sc. Marcela Román Forastelli.

La economista también funcionaria del Proyecto Estado de la Nación, denunció que la propuesta al FMI incluye vender tierras fiscales y a su criterio no puede haber peor idea que vender suelo público, si ya hay un problema serio de alquileres vender más tierras fiscales puede incrementar el gasto en ese rubro en el futuro.

Eficiencia del Estado tampoco es solo vender FANAL y BICSA, esta acción generaría al 2023 apenas el 0,58% del PIB, la movilidad laboral propuesta, que pretende impactar a 7 000 empleados públicos, generaría a partir del 2022 ahorros del 0,3% del PIB y la reducción de la deuda política en un 50% aportará el 0,10% del PIB solo en el 2021. Son algunas acciones pero el reto de la eficiencia es mucho mayor.

En definitiva Costa Rica hoy tiene una base imponible estrecha, lo que significa que el peso de los impuestos recaen sobre pocos, que podrían ser más; que la propuesta al FMI podría ser menos agresiva para la clase media; que las exoneraciones son muchas, y que casi no se incluyen ni mencionan en el documento, un tema que juzgar por los expertos ya es de discusión pública y nacional inevitable “Hay que entrarle al tema de las exoneraciones”; y que el Estado necesita sabiamente reasignar gasto y hacerlo más eficiente. Puede empezar por los alquileres; pero antes de discutirlo hay que tener claro que podemos no solo empujar a la economía a una situación delicada, sino que también si caemos en la tentación de un debate polarizado y poco informado podemos erosionar la democracia. Ojalá nos frenemos unos a otros y logremos responder al bien común.

Cátedra Alexis Orozco

La Cátedra Alexis Orozco de la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica es desde el 2017 un espacio para el debate de los temas económicos con la sociedad costarricense. el interés de la actual directora de la Escuela M.Sc. Isabel Cristina Araya Badilla, es poner sobre la mesa de discusión los distintos temas de interes para la comunidad universitaria y nacional con fundametaciones y construcciones discursivas para que cada persona tome sus propias conclusiones.

 

Gabriela Mayorga López
Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información

Movimiento Patriótico por Costa Rica busca coordinación nacional ante la actual coyuntura

«A las organizaciones sociales, laborales, comunales, grupos en general de la sociedad Civil

Situación actual.

1-Política y economía.

En la coyuntura actual sistémica y pandémica, el movimiento social, que agrupa los más diversos sectores, actores y actoras de la sociedad civil, tiene en este momento histórico el deber patriótico de fijar una ruta ante la encrucijada en que se encuentra la sociedad humana a nivel global.

En lo que respecta a nuestro país, entre los lineamientos propios del modelo político internacional denominado neoliberal y su respectivo modelo económico signado por el monetarismo, donde la oferta y demanda rigen los equilibrios del mercado, el crecimiento de un capital financiero es insostenible, generando una creciente brecha social entre un grupo minoritario de multimillonarios y una masa creciente de desocupados, empleos informales, que desemboca en una pobreza extrema y general, preocupante.

La deuda total de nuestro país tiene números preocupantes supera los $38 mil millones, el déficit en números conservadores llega al 10%, la carga deuda-intereses está muy superior al 62% del PIB.

Las sumas evadidas, eludidas, de fraude comercial, la sub y sobre – facturación de los sectores importadores-exportadores, suman cantidades que junto a las exoneraciones nos apunta a un 14% del PIB. (…)»

Lea el documento completo en el siguiente enlace:

SEC: el Gobierno nos mintió

No hay duda que la Pandemia Covid-19 ha provocado una distorsión en la economía nacional que desde el colapso financiero de 1929, no se vivía, hasta este 2020.

El diagnóstico del Gobierno es una verdad que todas y todos conocemos. Lógicamente mermaron las exportaciones a países que son nuestros clientes, de igual manera se desaceleraron las importaciones de bienes y servicios, y aunque esto último puede concebirse como algo positivo, lo cierto es que hay un estancamiento en la economía nacional.

Es cierto y evidente que se ha tenido que invertir en una gran cantidad de insumos a nivel de salud, para hacer frente a la pandemia.

Pero el análisis macro y micro económico, que hace el Gobierno, es demasiado tecnocrático, no es una propuesta producto de una amplia negociación con la mayoría de sectores sociales del país.

El documento oficial del Gobierno refleja la posición de esas esferas económicamente poderosas representadas por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada UCCAEP. Por tanto, es mentira que el sector gubernamental escucha y dialoga, para proponer al Fondo Monetario Internacional, como apunta el documento oficial.

Cuando se estudia el documento, en ningún momento y bajo ninguna perspectiva, se encuentra el mínimo interés de gravar a las grandes empresas del capital nacional y transnacional, quedando absolutamente de lado.

¿Cuáles empresas del sector financiero y agrícola como las grandes piñeras: Dole, Hacienda Taboga, Hacienda Aquiares y muchas más, son gravadas, aunque sea con un 0,0001% de renta? La respuesta es sencilla ¡Ninguna!

¿Acaso alguna de las empresas que declararon cero ganancias en los últimos diez años, (y que son más 90), se les tocaron sus intereses? ¡A ninguna!

Debemos apuntar, que es absolutamente demagógico el discurso del Gobierno, cuando señalan que, “está en la línea de mantener el Estado Social de Derecho”.

La propuesta gubernamental, en lo esencial va encaminada a despedazar aún más a la clase trabajadora y a lo que aún queda de la clase media. Afirmamos esto porque plantean un aumento del Impuesto de la Renta a personas físicas, entre ellos pensionados del Magisterio Nacional y salarios en general.

También se señala en el documento, que para el año 2021, el gran acierto será la recaudación de más de un billón de colones, producto del cobro del Impuesto al Valor Agregado IVA.  ¡Un golpe demoledor a la clase media costarricense!

¿Cómo pretenden fortalecer el Estado Social de Derecho, si se plantea un impuesto a todas las propiedades inmuebles que actualmente recaudan las municipalidades, y que no se eliminará, sino que se sumará a este nuevo cobro del Gobierno de 0,50%? Esto destruirá a la clase media.

No se puede desarrollar el Estado Social de Derecho, si al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF, se le disminuye el presupuesto que pagan los patronos de 26,33% a 21,33%, o sea 5%?, entonces ¿Cómo financiar en adelante el bono proteger?

Otro golpe a la clase trabajadora del sector público es la eliminación de anualidades en los próximos cuatro años ¿Cuál democracia económica?

Sirviendo al Fondo Monetario Internacional, el Gobierno se compromete a que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Reforma al Empleo Público, algo que se viene gestando con insistencia desde la Administración Solís Rivera.

Manteniendo la óptica de afectar en totalidad los más nobles intereses de la clase trabajadora del sector público, el Gobierno le promete al Fondo Monetario Internacional eliminar los pluses, que desde su vaga perspectiva son los grandes distorsionadores del gasto público.

Es inaudito el entreguismo del Gobierno, al plantear que la economía del país se puede sanear con vender activos del Estado.Tenía razón, el Expresidente de la República, Rodrigo Carazo, cuando dijo: “Vender activos del Estado, es vender las joyas de la abuela”. Entonces ¿Cómo es posible que se pretenda vender una empresa que ha demostrado ser altamente rentable como lo es la Fábrica Nacional de Licores FANAL?

Con todo este retrogrado planteamiento del Gobierno, tiene que estarse revolcando en su tumba el Libertador y Expresidente de la República, Juan Rafael Mora Porras, quien, a mediados del siglo XIX, fue el adalid de crear esta cimera empresa estatal, la cual hoy quiere ser vendida.

Lic. Gilberth Díaz Vázquez,
Presidente del SEC

 

Imagen ilustrativa.

FRENASS: Seguridad Social, Economía y Política

Este martes 22 de setiembre a las 4 p.m. el Frente Nacional por la Seguridad Social llevará a cabo el conversatorio “Seguridad Social, Economía y Política”.

Estará a cargo de Mario Devandas y podrá seguirlo a través de la plataforma Webex y por el Facebook Live de FRENASS.

UCR: Impacto de la pandemia COVID-19 en las familias inmigrantes en Costa Rica

Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Históricamente, en Costa Rica las personas migrantes centroamericanas y particularmente las nicaragüenses han ocupado un porcentaje elevado de la fuerza laboral que sostiene importantes sectores de la economía costarricense. Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población sumó el 11,35 % del producto interno bruto, en áreas como:

  1. Agricultura: específicamente en monocultivos como el café, la caña, el melón, el banano y la piña. La mayoría de estas plantaciones se encuentran en zonas relativamente cercanas a las fronteras con Nicaragua y Panamá.
  2. Servicios de alojamiento y alimentación: son indispensables en el sector de turismo, en hoteles, restaurantes, tours, atracciones turísticas, entre otras.
  3. Trabajo doméstico: las mujeres son una alta mayoría en este sector. Es usual que tengan jornadas laborales de horas en varias casas diferentes. Es muy común tanto para quienes tienen un bajo nivel de escolaridad como para profesionales con muchos años de experiencia en su campo.
  4. Servicios comerciales: atención en tiendas, supermercados, restaurantes, mantenimiento, transportes, entre otros.

No obstante, a partir de la emergencia sanitaria que impuso la pandemia del COVID-19, el 17 de marzo del 2020 se emitió un Decreto Ejecutivo que restringe de manera temporal el ingreso al territorio nacional de todas las personas que no fueran costarricenses o residentes, incluyendo (y principalmente) turistas. Posteriormente, el 25 de marzo se les pidió a las personas extranjeras residentes y de las categorías especiales no salir del territorio costarricenses, so pena de que se les imponga un impedimento de entrada.

Este escenario hizo que muchas familias quedaran divididas, pues quienes se encontraban en Nicaragua no podrían regresar y quienes salieran no podrían ingresar al país hasta nuevo aviso, lo cual con la situación actual podría tomar lo que resta del 2020 o más. Sumado a esto, en el caso de las personas nicaragüenses, sus familiares y amigos que estén en Nicaragua se encuentran en un país que no ha tomado medidas de distanciamiento social o cierre de negocios y que, también, ha sido señalada por reportar menos contagios y muertes a causa del COVID-19 de las que realmente son, según los datos aportados por la ONG Observatorio Ciudadano. Además, tal país ha sido fuertemente cuestionado por organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud.

Gustavo Gatica, investigador de la UNED, estima que en el 2019 el aporte de esta población en áreas como la agricultura, servicios de alojamiento y alimentación, trabajo doméstico y servicios comerciales, sumó el 11,35 % del producto interno bruto. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

Consecuencias de las restricciones preventivas en la economía de las familias migrantes

Debido a las restricciones sanitarias emitidas, muchas personas migrantes perdieron su empleo, pues todos los sectores de la economía que les ofrecen trabajo redujeron el personal, la jornada laboral y, en el peor de los casos, cerraron de manera indefinida. Adicionalmente, las personas que fueron contagiadas debieron permanecer en cuarentena junto con su familia, en muchos casos esto resultó en una pérdida automática del empleo.

La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió la sociedad de manera generalizada, en el caso de estas personas se sostienen hoy en día y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, quedando a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.

La población inmigrante que se encuentra indocumentada no es elegible para el bono “Proteger”. Por esto, las dificultades económicas que la población sufrió de manera generalizada se mantienen actualmente en el caso de dichas personas y se agravan con el paso del tiempo. Sin embargo, estas familias han tenido que encontrar la forma de acatar la cuarentena, sin contar con un ingreso económico propio ni el subsidio del Estado, de manera que quedan a merced de la buena voluntad de sus redes sociales, vecinos, iglesias o las pocas donaciones que las organizaciones de la sociedad civil han logrado canalizar, pero que son insostenibles en el largo plazo.

A esto se suman las dificultades particulares de las familias binacionales —aquellas que cuentan con miembros tanto costarricenses como de otras nacionalidades—, muy especialmente en las familias cuyos integrantes de otros países tienen un estatus irregular. La potencial amenaza de ser deportados puede representar un hogar más que pierda el único ingreso económico familiar durante un periodo de crisis y con menores de edad que aún no asisten al sistema educativo y que, por tanto, no cuentan con las canastas que el Ministerio de Educación Pública entrega a sus estudiantes.

Muchas mujeres migrantes son jefas de hogar y la amenaza es que sean ellas las que se contagien por tener que salir a trabajar o quedarse sin empleo. Pero en el caso de quienes dependen económicamente de un compañero, la vulnerabilidad aumenta. Si su compañero se enferma o es deportado, estas mujeres deben encontrar una forma de generar ingresos económicos en un escenario absolutamente desfavorable para cualquier persona, independientemente de su nacionalidad. Sin embargo, para las mujeres migrantes, con baja escolaridad, con poca o ninguna experiencia laboral y con varias personas menores de edad a su cargo, el escenario es aún más adverso.

Es urgente la protección estatal inclusiva de estas familias

Es indispensable que las medidas que se tomen para apoyar a las familias, que se han visto afectadas económicamente, sean inclusivas y tomen en cuenta las condiciones y necesidades de los hogares que más lo necesitan, justamente por todos los factores de vulnerabilidad que acumulan. Las mujeres migrantes indocumentadas deben contar con protección de parte del Estado en aras de evitar que se expongan a explotación laboral u otras situaciones de riesgo en el intento de mantener a sus hijos e hijas.

El Estado costarricense debe agilizar los trámites migratorios y flexibilizar sus costos, de manera que las personas migrantes indocumentadas tengan la oportunidad de regularizar su situación y acceder a la protección estatal. EL 16 de junio, el Gobierno publicó el decreto 42406-MAG-MGP, que permite la regularización de migrantes que trabajan en el sector agro. No obstante, los costos de estos trámites ascienden los USD 60, los cuales deben ser cubiertos por la persona migrante, pese a que esta oportunidad se otorga por la demanda de las grandes empresas para contar con la mano de obra necesaria para no perder las cosechas.

Es fundamental dotar a las instituciones de los recursos pertinentes, con el fin de que puedan cumplir con las inspecciones necesarias para asegurar que la vida de las personas no se esté poniendo en riesgo por la producción económica. Además, dotarlas de todas las capacidades normativas e instrumentales necesarias para amonestar y sentar las responsabilidades correspondientes sobre las empresas que sostienen dichas prácticas y no sobre las personas que fueron víctimas de estas.

 

Silvia Azofeifa Ramos
Coordinadora del proyecto “Migrantes como sujetos políticos”

El impacto económico y la reactivación de la economía de Costa Rica ante la pandemia

Este 19 de agosto desde las 10 a.m. hasta las 12 m.d. se estará presentando el seminario virtual “El impacto económico y la reactivación de la economía de Costa Rica ante la pandemia”. Con la participación del Dr. Luis Paulino Vargas Solís, el M.SC Fernando Rodríguez Garro, la M.SC Sofía Guillén Pérez y como moderador el Dr Henry Mora Jiménez.

Si desea participar, en la siguiente imagen encontrará el enlace.

Para más información puede comunicarse al siguiente correo: vinculacion@una.cr

La Estrategia Nacional de Bioeconomía: buenas perspectivas para la Transformación productiva y el Desarrollo territorial

German Masís

El Gobierno de la República dio a conocer hace pocos días, la Estrategia Nacional de Bioeconomía, como un esfuerzo conjunto del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), y con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del programa de cooperación con la República Federal de Alemania (Programa CEPAL-BMZ/GIZ).

La Estrategia es un marco para integrar políticas públicas y privadas y articular inversiones públicas e incentivos relacionados con lo productivo y lo ambiental y está prevista para implementarse en tres fases en las que se potenciará el uso de la riqueza biológica y aprovechamiento sostenible de los activos biológicos del país (ElPais.cr, Economía,7-8-2020).

El principal valor de esta estrategia se encuentra en la oportunidad de impulsar una transformación productiva y un desarrollo territorial equitativo e incluyente basados en los recursos de la biodiversidad del país y en la integración de nuestras olvidadas regiones periféricas.

El propósito según el planteamiento es, “hacer de la bioeconomía uno de los pilares de la transformación productiva de Costa Rica, al promover la innovación, la agregación de valor, la diversificación y la sofisticación de su economía, aplicar los principios de la bioeconomía circular y buscar la descarbonización de los procesos de producción y consumo”.

Al respecto hemos afirmado, que debe ser un objetivo del desarrollo nacional impulsar una transformación de la actividad productiva hacia una más sostenible e incluyente, a partir del uso y aprovechamiento de nuestra abundante biodiversidad y de una innovación apropiada y creativa, que garantice la generación de productos biodiversos de alto valor y empleo de calidad para la población local. (Alterdescr.com,2020).

Según el Ministro de Agricultura, “desde el sector agropecuario, vemos esta estrategia como una opción para alcanzar un mayor desarrollo de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y acuícolas de forma sostenible. Queremos fomentar la agregación de valor, el uso de biomasa para la producción de energía y la diversificación que hace a las personas productoras más competitivas, ya que se les genera mayores oportunidades de acceso a diversos mercados con nuevos productos y servicios y se crean nuevas fuentes de crecimiento económico y social equitativo” (ElPais.cr,7-8-2020).

Hace más de una década, se mencionaba la importancia del impulso de alternativas productivas que implicaran el uso y conservación de la biodiversidad y el paisaje, la generación de encadenamientos locales y el esfuerzo de las unidades de producción para gestionar oportunidades de comercio y servicios, entre esas actividades se ubicaban el biocomercio, la agricultura orgánica, el agroturismo (Masís, G,2007).

Asimismo, la estrategia señala que “La bioeconomía representa una gran oportunidad para impulsar el desarrollo regional, ya que sirve como complemento de las actividades productivas existentes, diversificándolas, fomentando el valor agregado y haciéndolas más sostenibles, al aprovechar de manera responsable los recursos naturales e incluso los desechos generados localmente”.

En ese sentido, la bioeconomía puede convertirse en la opción de desarrollo frente a la predominancia en las regiones periféricas costarricenses de dinámicas territoriales de poco crecimiento, inclusión social, y sustentabilidad ambiental, resultado de un modelo de desarrollo concentrador de las actividades en la Gran Área Metropolitana (GAM) y de condiciones de acceso a los recursos e inversión inequitativas que se han profundizado en los territorios rurales y costeros.

Se requiere una nueva gobernanza territorial de los recursos naturales y de la biodiversidad, la generación de nuevas oportunidades económicas y la vinculación con mercados dinámicos; que superen las estructuras productivas de enclave o donde predominan unas pocas empresas, muchas veces de origen extraterritorial, que generan poco o mal empleo, con pocos encadenamientos locales, y que finalmente resultan en la extracción del territorio de una enorme proporción de los excedentes y a la creación de relaciones desiguales entre los territorios y las ciudades intermedias (Alterdescr.com,2019).

Igualmente en la actual coyuntura, la Estrategia de Bioeconomía puede convertirse en un marco orientador para promover una recuperación económica sostenible en el período postpandemia, con sistemas productivos que enfrentan un enorme reto frente a una contracción económica mundial, que exigirá producir de forma más eficiente o reinventarse, mantener cadenas de valor que sostengan empleos y medios de vida, mientras se asegura el aprovechamiento sostenible y la rehabilitación de la naturaleza frente al cambio climático.

De acuerdo a lo dicho por el Presidente en la presentación, en este contexto de pandemia debemos acelerar el paso hacía la bioeconomía que busca construir una Costa Rica con producción sostenible de alto valor agregado, basada en el aprovechamiento justo y equitativo de su biodiversidad y lograr una transformación productiva, basada en el conocimiento.

La Estrategia Nacional de Bioeconomía es un paso en la dirección correcta hacia un desarrollo nacional endógeno, auto centrado y sustentable, que incorpore los sistemas agroecológicos, la agroindustria, la bioprospección, y la biotecnología agrícola y médica, ámbitos en los que Costa Rica tiene capacidades y potencial. (Ídem, ElPais.cr).

Carta a amigos en el extranjero

Frei Betto

Queridos amigos:

¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir, 16/7, Covid-19, que surgió aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcances los 100 mil.

Cuando recuerdo que, en la Guerra de Vietnam, durante más de 20 años, se sacrificaron 58,000 vidas del personal militar de EE. UU., tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Y todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.

Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”.

Al votar a favor del juicio político del presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.

Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: «No creo en estos números» (27/03, 92 muertes); «Todos moriremos algún día» (29/3, 136 muertes); «¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?» (28/4, 5,017 muertes).

¿Por qué esta política necrofílica? Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.

Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.

Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se han implementado.

Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Família y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileños que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).

No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado 3/7, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a los más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisioneros (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.

El 7/8, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses. También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas.

Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.

Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que albergan a esos codiciados inversores por el gobierno de Bolsonaro.

Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, en las redes digitales trato al presidente como BolsoNero, mientras Roma arde, él toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente…

Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está afectando a nuestro amado y maravilloso Brasil.

Fraternalmente,
Frei Betto
Frei Betto es un fraile dominicano y escritor, asesor de la FAO y los movimientos sociales.

Fuente: https://www.cedefes.org.br/carta-aos-amigos-e-amigas-do-exterior-e-entrevista-ao-jornal-brasil-de-fato-por-frei-betto/

 

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Unas cuantas sugerencias

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Comparto, con espíritu constructivo, algunas ideas.

1-   EQUIPO DE MANEJO SANITARIO Y ECONÓMICO COORDINADOS. Pueda ser que dentro del Gobierno estén muy coordinados.  Pero lo cierto es que, desde afuera, no dan esa sensación. Más bien, a ratos pareciera que existen tensiones. Aclarar esa imagen cuanto antes es de gran conveniencia nacional.

2-   PRESENTAR PLAN ECONÓMICO DE MEDIANO ALIENTO. Lo más cierto hoy es que el futuro es incierto. No hay conocimiento seguro y claro sobre cómo va a evolucionar la situación, tanto en lo sanitario, como en lo económico. No obstante, en lo sanitario se ha definido una ruta, y cada uno de nosotros sabe a qué atenerse. Quédate en casa, baile y martillo, burbuja social, distanciamiento social, nos lo han explicado permanentemente.

No pasa lo mismo en el campo económico. Los anuncios son parciales. El Gobierno insiste en avanzar en la negociación con el FMI, pero no se ha explicado con claridad si ya hay compromisos y, si los hay, en qué consisten. Parece ser un secreto que no quieren compartir. Se rumora, porque ese es el nivel, que vienen impuestos, mayores recortes de gasto, venta de activos. El exministro Chaves ya hasta hizo un cálculo “personal” (así lo llamó) de lo que valdrían algunos de esos negocios públicos. No llega al 10% de la deuda.

3-   SE DEBEN FORMULAR OTRAS INICIATIVAS MÁS ALLÁ DE LA MACROECONOMÍA. La discusión macroeconómica con facilidad deriva en un pulso por recortar gasto, reducir planilla pública, bajar salarios, las exenciones o a quién poner impuestos.  Si no hay un espacio de negociación real, inclusivo y con propósito, las discusiones serán estériles, los esfuerzos se diluyen y la desesperanza crece.

Por ello, también se tiene que trabajar sobre las necesidades particulares de los sectores productivos. En especial con aquellas actividades que han sido soporte del desarrollo económico y hoy están amenazadas. ¿Cómo acercar capital de trabajo a esas empresas que han demostrado viabilidad a lo largo del tiempo, pero que hoy están sofocadas por la caída de sus ingresos? Mecanismos existen, y se han presentado. Pero no se observa una definición concreta del Gobierno en este campo. Esto se debe abordar con urgencia.

Los bancos tienen plata. Ha habido renegociaciones de las deudas bancarias. Pero no todos son sujetos de crédito. Aquí surge la necesidad de crear un mecanismo especial de garantías para empresas nacionales, que hoy sufren, y que han sido exitosas. Pero este esquema debe también considerar a los emprendimientos no formales, que son muchos y están creciendo. Sería una forma de empezar a formalizar esas iniciativas. El desempleo es mucho, la transformación hacia la informalidad es acelerada, y hay que ir previendo estos impactos para después de la pandemia.

4-   LOS FONDOS PARA EL BONO PROTEGER HAY QUE AUTORIZARLOS RÁPIDO. Es urgente aprobar cuanto antes el uso de los recursos disponibles. Y el Gobierno debe calibrar si va a necesitar más apoyo para estos programas. Es una buena idea no mezclar esta aprobación con otros temas presupuestarios.

5-   EL GOBIERNO DEBE RETOMAR SU INICIATIVA SOBRE MEJORES CONDICIONES EN EL FINANCIAMIENTO en estos días de crisis sanitaria. Y este debe ser un punto central para tratar con los organismos financieros internacionales. Rebeca Gryspan ha complementado esta idea, señalando que los alivios que se dieron a los países más pobres deben extenderse a los de “ingreso medio”, como es Costa Rica. Agrego que, de otra forma, podemos quedar en un “limbo financiero” y expuestos a la codicia del mercado financiero internacional.

CONCLUYO.  Entre más claro se tengan las propuestas, más fácil es llegar a los acuerdos, que posibiliten apoyos amplios. Esta es una condición necesaria para avanzar. La macroeconomía hay que manejarla, pero es igualmente importante tener claridad sobre los programas de apoyo a los sectores productivos y al empresariado nacional. Es la mejor forma de resguardar empleos y mitigar impactos sociales. Siendo que los intereses nos están comiendo las finanzas públicas, trabajar sobre esquemas diferentes de endeudamiento, es urgente.

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.