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Etiqueta: ecosistemas

Sala Constitucional reafirma el derecho a la Consulta Indígena y determina que Plan Regulador Costero de Talamanca nuevamente violenta este derecho

Escrito el . Publicado en Comunidad, Portada.

  • Sala Constitucional comprueba desobediencia de la Municipalidad de Talamanca en audiencia pública realizada por la Municipalidad de Talamanca al no cumplir con la consulta libre, previa e informada al territorio Indígena de Këkoldi.

  • Voto de la Sala Constitucional invalida por segunda vez audiencia y evidencia incumplimiento de la Municipalidad en proceso de elaboración del Plan Regulador Costero del cantón.

  • La Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Këkoldi (ADITIK) reitera su compromiso con la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y el cuido de los recursos naturales.

Las organizaciones firmantes celebran la decisión de la Sala Constitucional que anula por segunda vez la audiencia pública del Plan Regulador Costero (PRC) realizada el 8 de marzo del 2024, debido al incumplimiento de los requisitos legales y la violación del derecho fundamental a la Consulta Indígena.

El tribunal ha enfatizado en múltiples resoluciones, incluyendo su más reciente voto número 2024035187 del 26 de noviembre de 2024, la necesidad de garantizar el derecho fundamental a la Consulta Indígena, conforme al Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales ratificados por Costa Rica. Estas disposiciones destacan la obligatoriedad de involucrar plenamente a los pueblos indígenas en decisiones que les afectan directamente, respetando su cosmovisión y estructuras tradicionales.

En diciembre de 2023, la Sala Constitucional anuló la audiencia pública del 4 de agosto de ese año por carecer de una Consulta Indígena apropiada. Posteriormente, el 10 de enero de 2024, ADITIK sostuvo una reunión con representantes de la Municipalidad de Talamanca, donde quedó en evidencia la falta de compromiso del Gobierno Local en cumplir con las normas que garantizan la participación activa y efectiva de las comunidades.

Durante este encuentro, ADITIK presentó condiciones específicas para la realización de una consulta culturalmente adecuada, incluyendo la involucración de todos los habitantes del territorio y la implementación del Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas (Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP). Sin embargo, la Municipalidad ignoró estas solicitudes en sus posteriores propuestas y comunicaciones.

El pasado 26 de noviembre de 2024, la Sala Constitucional acogió la gestión de incumplimiento interpuesta por ADITIK, señalando que la audiencia pública realizada el 8 de marzo de 2024 no cumplió con los requisitos legales y los principios de la Consulta Indígena. Además, la Sala advirtió a las autoridades municipales que podrían enfrentar procedimientos administrativos y penales por desobedecer las resoluciones emitidas. Al respecto, la presidenta de ADITIK, Signia Villanueva Morales, declaró:

«Como población indígena del Territorio Keköldi, no aprobamos el Plan Regulador Costero mientras no se realice una consulta adecuada que tome en cuenta las características culturales de nuestro territorio. Estamos dispuestos a defender nuestros derechos ante cualquier instancia, ya que el respeto a la consulta previa es fundamental para garantizar nuestro desarrollo integral y la protección de nuestra cultura, territorio, y el ambiente.»

Adicionalmente, declaró que “ADITIK reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades para establecer un proceso transparente y respetuoso, siempre que se ajusten a los principios de legalidad, buena fe y respeto a los derechos de los pueblos indígenas”.

Los ecosistemas del Caribe Sur, incluyendo manglares, humedales y áreas protegidas, enfrentan amenazas significativas debido a la falta de planificación responsable. El PRC, en su estado actual, carece de estudios actualizados sobre la caracterización de estos ecosistemas, incumpliendo órdenes previas emitidas por la Sala Constitucional no sólo a la Municipalidad, sino que también al SINAC y otros entes reguladores.

COVIRENAS del Caribe Sur y Bloque Verde han manifestado su total respaldo a la lucha liderada por ADITIK. Estas organizaciones destacan que las comunidades indígenas son las principales guardianas de los recursos naturales en la región y que cualquier decisión que las afecte debe considerar su experiencia y conocimiento ancestral para garantizar la sostenibilidad ambiental.

Las organizaciones firmantes instan a la Municipalidad de Talamanca a cumplir con lo dispuesto por la Sala Constitucional y a implementar un proceso de consulta genuino, acorde con los derechos reconocidos a nivel nacional e internacional. Asimismo, hacen un llamado al resto de las instituciones y a la sociedad civil a mantenerse vigilantes frente a cualquier intento de imponer decisiones que vulneren los derechos de las comunidades y del medio ambiente.

Este comunicado conjunto reafirma nuestra lucha por un desarrollo territorial justo, transparente y sostenible, que respete tanto los derechos de los pueblos indígenas como la riqueza ambiental del Caribe Sur. Adicionalmente, busca informar a la opinión pública y a las autoridades competentes sobre la importancia de respetar las normativas nacionales e internacionales en la implementación de políticas que afectan directamente a los pueblos indígenas.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Adjuntamos la resolución de la Sala Constitucional.

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No toquen el Cerro Chompipe

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

CONCEVERDE

Ante la intención del alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, de llevar a cabo construcciones de diversa índole en el Cerro Chompipe, cobijadas  bajo la figura de un “MOMUMENTO NATURAL RECREATIVO”, para lo cual deberá eliminar árboles nativos que son parte de un bosque; además estando ese cerro dentro de áreas de protección, como es el Parque Braulio Carrillo y la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, el colectivo ciudadano CONCEVERDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, queremos expresar nuestra profunda preocupación y denunciar estos actos que ponen en grave riesgo el recurso hídrico, el medio ambiente y la biodiversidad que en él habita.

Es inadmisible que se esté pensando en realizar obras en una zona que es de alta recarga acuífera, de muy alta vulnerabilidad hidrogeológica y ambiental. De llevarse a cabo las pretensiones del alcalde de San Rafael de Heredia, consideramos, no solo se estaría violentando la normativa vigente, sino que, también deteriorando ecosistemas vitales que cumplen funciones esenciales para el equilibrio natural, como la regulación del ciclo del agua, la conservación de la fauna y flora silvestre, y la mitigación del cambio climático.

En particular, nos preocupan que se lleven a cabo construcciones, en áreas como el Parque Nacional Braulio Carrillo, la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. Estas acciones son especialmente perjudiciales en zonas que además son de recarga de los acuíferos donde se abastecen más del 60% de habitantes del Valle Central, donde la impermeabilización del suelo compromete la disponibilidad de agua potable para las comunidades y afecta la calidad de los recursos hídricos.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y los gobiernos locales, para que no cedan ante las intenciones del alcalde, y por el contrario intensifiquen la vigilancia y el control en las zonas que ya cuentan jurídicamente con protección absoluta. Es crucial que se abstengan de proyectar acciones que pongan en riesgo los pocos recursos naturales que aún tenemos en el Valle Central y, en particular, en San Rafael de Heredia.

Asimismo, exhortamos a la ciudadanía rafaeleña y en general del Valle Central a mantenerse alerta, denunciar y manifestarse ante cualquier actividad que atente contra nuestros bosques y áreas de protección. La participación de todos es crucial para la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos recordar que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y que cada acción cuenta para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Reafirmamos en CONCEVERDE nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y seguimos trabajando para asegurar que nuestras áreas protegidas se mantengan libres de intervenciones que comprometan su integridad. Unamos esfuerzos para salvaguardar nuestros recursos naturales y promover un desarrollo que respete y valore la riqueza ecológica de nuestro país.

¿De Quién es la Tierra?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Catalina Obregón

“¡Es del Mi-na-e!” reitera, alzando la voz desde su podio doña Pilar Cisneros. “¡No es de los santaneños!”. Como si pronunciarlo es voz alta le otorgara un significado distinto. Como si con esa afirmación pudiera borrar generaciones enteras de vida compartida, de historia común, de arraigo al paisaje donde hemos vivido por tanto tiempo.

Se olvida la diputada que el territorio sí importa. Ese lugar donde nacimos o al que inmigramos por elección es nuestro hogar; amarlo y defenderlo es, además, algo instintivo. Es un llamado biológico a proteger y hacer respetar nuestro espacio vital.

Como ciudadanos podemos defenderlo con acciones concretas, promoviendo políticas y leyes. Somos los habitantes los llamado a resguardar el patrimonio territorial. Pero hay otros habitantes que también dependen de este espacio: aquellos que necesitan el corredor biológico para sobrevivir, aquellos que no distinguen entre divisiones ni cercas porque entienden que la tierra es suya para moverse, vivir y habitarla sin restricciones. Ellos necesitan nuestra ayuda.

Son muchos. Veintitrés especies de anfibios, cincuenta y ocho especies de reptiles, ciento treinta especies de aves y dieciséis especies de mamíferos, además de la riqueza ecológica de los ecosistemas que los albergan.

Santa Ana decidió hace mucho tiempo su destino, cuando luchamos para evitar que se instalara un basureo en nuestro cantón. También cuando defendimos estos terrenos de aquellos que pretendían construir el proyecto gol. Ya elegimos que nuestra verdadera riqueza es despertar con el sonido de las chicharras y los yigüirros, que nos encanta ver a los coyotes bajar los cerros por las quebradas y a los mapaches asomarse a nuestras ventanas. Nos emociona que ahora, en el barrio, nos visitan perezosos y tucanes.

La decisión sobre el destino de estas 53 hectáreas en el corazón de nuestra ciudad es tan importante hoy como lo fue, en su momento, rechazar el basurero. Tenemos la oportunidad de decir sí a un parque donde, además de preservar la naturaleza, tal vez podamos recuperar valores como la filantropía de un ciudadano que vio en su tierra un tesoro más grande que el monetario, como el respeto a los muertos y el deber moral de cumplir su voluntad. Como lo es la protección de la vida que hoy convive con nosotros.

Hay causas por las que vale la pena unirse. El Parque Natural Urbano Lorne Ross nos brinda de nuevo la posibilidad de decidir cómo queremos vivir y con quién compartir nuestro territorio. Nos lo agradecerán nuestros hijos y nietos, pero también lo agradecerá la rana de ojos dorados, que ha encontrado en nuestros “charrales” una pequeña isla donde evadir, al menos por ahora, su extinción.

Por si aún tenían dudas, esta tierra es de ella, porque un hombre y su esposa, decidieron hace cuarenta y ocho años, dejarle en herencia la finca de sus ancestros.

Minería amenaza agua y ecosistemas del río Ario en Cóbano

Escrito el . Publicado en Agua, Derechos, Madre Tierra.

Comunidad organizada de Cóbano emprende acciones legales para evitar explotación de río vital para el abastecimiento de agua

  • Comunidad organizada presenta recurso de amparo contra viabilidad ambiental por proceso irregular y en defensa de derecho constitucional al agua, la vida y un ambiente sano.

  • Director General de SETENA investigado por otorgar viabilidades irregulares autorizó viabilidad ambiental a empresa constructora cuestionada por actos de corrupción en caso “Cochinilla”.

  • Extracción se pretende en río ubicado en el Corredor Biológico Peninsular amenzando con contaminar las fuentes de agua cercanas para consumo humano del AyA.

Cóbano, miércoles 14 de agosto de 2024. La Alianza Comunitaria para el Ordenamiento Territorial (ACOT), conformada por diversas organizaciones locales y ambientales, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Secretaría Técnica Nacional (SETENA) por otorgar la viabilidad ambiental a la empresa Constructora Herrera SA para su proyecto de extracción de material del cauce del río Ario. Mediante dcho recurso, el cual es tramitado bajo el expediente 24-020703-0007-CO, solicitan al Tribunal que ordene dejar sin efectos la resolución número 1078-2023-SETENA y que proteja al río Ario y a las comunidades de Cóbano, según lo exigen los derechos constitucionales al agua, a un ambiente sano, y a la vida.

El río Ario, ubicado a solo 240 metros del Refugio de Vida Silvestre Caleta-Ario, es un ecosistema de vital importancia biológica y ecológica. Forma parte del Corredor Biológico Peninsular, que conecta las áreas protegidas de la Península de Nicoya, y es crucial para la conservación de cuatro especies de tortugas marinas en peligro de extinción, así como para la preservación de manglares, estuarios y una rica biodiversidad terrestre y marina.

El barrido de los suelos del río para la extracción de materiales según se pretende amenaza este frágil ecosistema, poniendo en riesgo no solo la vida silvestre, sino también el recurso hídrico que abastece de agua potable a las comunidades locales de Bajos de Ario, Manzanillo, Bello Horizonte, Playa Hemosa, Santa Teresa y Mal País. Además, el río Ario fue identificado por el SINAC como un sitio prioritario para la conservación y es utilizado tradicionalmente por las comunidades locales para actividades recreativas y de subsistencia. Cualquier intervención en esta zona podría tener consecuencias irreversibles para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y el bienestar de las comunidades vecinas.

La extracción de materiales en el río Ario comenzó hace pocos años con permisos municipales para la reparación de caminos tras eventos naturales destructivos. Sin embargo, durante 2023, se observó un aumento significativo en las actividades extractivas, sin el debido control ambiental ni supervisión técnica, lo que resultó en contaminación por hidrocarburos y deterioro de la calidad del agua. Según un análisis realizado por el componente de Geografía y Diálogo de Saberes del Programa de Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, existen 8 concesiones que han sido dadas y que han puesto en riesgo al río, las cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Solicitudes en causes de dominio público (CDP) en Río Ario de Cóbano, Puntarenas

Como es posible notar, en algunos casos el estado de la concesión no es claro, esto da paso a mayor incertidumbre y preocupación por la acumulación de impactos y proyectos en un mismo río. La información anterior, geolocalizada por el Programa de Kioscos Socioambientales, permite ubicar las zonas más afectadas y donde se encuentra mayor parte de las concesiones, según se evidencia en los siguientes mapa. En este se identifica con claridad la cercanía de la concesión pretendida por la empresa constructora con la unión entre el río Bongo y el Ario en Bajos de Ario (señalado en rojo).

Actualmente, la empresa Constructora Herrera S.A. ha solicitado una concesión de 10 años para extraer y procesar materiales pétreos en el río y la SETENA le ha otorgado la viabilidad ambiental para hacerlo. Preocupa que la decisión de SETENA se basara principalmente en declaraciones del gerente ambiental contratado por la empresa solicitante, sin considerar estudios exhaustivos sobre el impacto real ni realizar consultas con las comunidades. La SETENA desestimó las gestiones presentadas por ACOT y la denuncia de la ADI de San Ramón de Ario ante la Fiscalía, aceptando medidas de compensación insuficientes para mitigar el posible impacto, como por ejemplo la instalación de un aire acondicionado en una escuela pública.

La viabilidad ambiental otorgada está siendo fuertemente cuestionada debido a la grave preocupación generada entre la comunidad y los ambientalistas por el impacto potencial a largo plazo. Ante la alarmante afectación de la cuenca del río Ario que generaría la concesión minera, y frente al aparente desinterés de SETENA y la Dirección de Geología y Minas, la comunidad se mantiene unida en su lucha por la defensa de los derechos constitucionales. Desde el 27 de diciembre del 2023, organizaciones comunales del Distrito de Cóbano realizaron una petición expresando su posición ante la amenaza de minería de extracción en el cauce del río, la cual a la fecha cuenta con más de 2150 firmas. En este contexto, ACOT hace un llamado urgente al Gobierno Local y al MINAE para que promuevan una veda en el otorgamiento de permisos temporales para la extracción de recursos naturales en los ríos del distrito de Cóbano, y fomenten programas de conservación y restauración del entorno del río para preservar su biodiversidad y hábitat natural.

Ahorro verde, ¿cómo puede contribuir a nuestro buen vivir?

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Fiorella Salas Pinel.

MSc. Fiorella Salas Pinel
Académica SEPRODES, Escuela de Economía UNA-Costa Rica

Día con día, nuestra existencia transcurre rodeada de servicios ecosistémicos que hacen posible la vida en nuestro planeta. Desde el aire que respiramos, el agua que tomamos y los alimentos que consumimos, entre muchos otros: todo depende de la cantidad y calidad de la provisión que obtenemos del sistema natural, donde el sol como fuente primaria de energía hace posible la fotosíntesis y de esta forma se mantiene la continuidad en las cadenas tróficas que sostiene la biodiversidad tal como la conocemos. De igual forma, nuestras actividades generan residuos que son dispuestos en dichos ecosistemas y que en ausencia del adecuado tratamiento representan riesgos para su funcionamiento.

A pesar de este papel fundamental, en ocasiones “lo ambiental” se asocia únicamente con aspectos concretos como algunas celebraciones cada año. Sin embargo, la conciencia ambiental es necesaria pero no suficiente, ya que la sociedad humana es inviable en ausencia de la naturaleza y nuestra supervivencia como especie depende de mejores hábitos. Tomar acción requiere conocer aspectos de la vida cotidiana con los cuales podemos ahorrar dinero y al mismo tiempo contribuir con la sostenibilidad ambiental. Es decir, podemos fortalecer tanto nuestras finanzas personales como el ambiente. Esto mediante una toma de decisiones más consciente de nuestra relación con temas como: el agua, la energía, los residuos, el desperdicio de alimentos, entre otros.

El ahorro verde consiste en aplicar acciones que promuevan un estilo de vida sostenible de acuerdo con las experiencias cotidianas de cada persona. Como todo hábito requiere constancia y disciplina, que podemos implementar mediante los siguientes pasos.

Primero, conocer los principales recursos naturales y servicios ecosistémicos, que nos rodean y hacen posible nuestra vida. El agua, y la energía coexisten con los residuos: sólidos, líquidos, gaseosos, que generamos en nuestros hogares, centros de estudio y trabajo, entre otros espacios.

Segundo, identificar que recibimos servicios asociados con “la naturaleza”. Por ejemplo, pagamos recibos por el agua potable, la electricidad y el alcantarillado sanitario o tratamiento de aguas residuales. Todos directamente vinculados con los ecosistemas que hacen posible las actividades productivas y humanas. Entonces, ¿conocemos a nuestro proveedor de servicios? ¿Sabemos si ejecuta acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental de sus operaciones? ¿Qué tanto nos involucramos en estas medidas? Por ejemplo, ¿conocemos el uso de electricidad por horarios establecidos y con tarifa diferenciada?

Tercero, calcular los costos directos de los servicios que pagamos. A este respecto, ¿hemos revisado los recibos para verificar los rubros consumidos? Medidas como el uso de luminarias LED, apagar luces y desconectar dispositivos cuando estén en desuso (evitando el consumo fantasma) nos permiten reducir tanto el monto de las facturas como la presión sobre las fuentes energéticas, especialmente las hidroeléctricas durante la época seca. Adicionalmente, ¿estamos haciendo un uso racional del agua durante nuestras actividades diarias en cada espacio donde interactuamos, por ejemplo, mediante duchas de menor duración, empleando sanitarios con descarga diferenciada, grifería inteligente o cerrando la llave cuando no necesitamos del agua, entre otros?

Cuarto, identificar ahorros asociados a un estilo de vida sostenible de acuerdo con nuestras experiencias cotidianas. Estrategias ligadas a la reducción del desperdicio y las compras sostenibles surgen como oportunidades relevantes. Planificar los menús permite reducir el desperdicio de alimentos, que a su vez podría potenciarse si rechazamos el exceso de embalajes y envases no reciclables. Por su parte, tomarse el tiempo para reflexionar sobre la necesidad real de consumir podría reducir el consumismo asociado a bienes y servicios innecesarios y que eventualmente incrementarían la generación de residuos.

Las acciones orientadas hacia un estilo de vida sostenible son posibles. En esta dirección, el taller titulado “Ahorro Verde” ha sido impartido en dos ediciones de Costa Rica Aprende con la U Pública. De esta forma, el Programa Sectores Productivos y Desarrollo (SEPRODES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (ESEUNA) ha contribuido con la creación de capacidades de personas ligadas a diversas actividades productivas, como el comercio, a crear estrategias orientadas al mejoramiento de su calidad de y vida y la reducción de su huella ambiental. Beneficios asociados con ahorros en el pago de servicios públicos, alimentación más saludable y decisiones de compra más conscientes. Nos encontramos frente a un importante reto ambiental, donde cada una de nuestras acciones cuenta y mucho más al enfrentarnos a fenómenos planetarios como el cambio climático, que reporta aún más presión sobre los ecosistemas naturales: sostén fundamental de la vida en nuestro planeta.

  1. Investigadora del Programa Sectores Productivos, Competitividad y Desarrollo, Escuela de Economía, Universidad Nacional, Costa Rica. Es Magister Scientae del Programa de Maestría en Política Económica del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Maestría en Economía del Desarrollo. fiorella.salas.pinel@una.cr https://orcid.org/0000-0001-5036-9779

Foro sobre el impacto de los plaguicidas en ecosistemas y salud humana

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

El 7 de agosto la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica organizó el foro titulado «Plaguicidas: impactos ecológicos y en salud pública y posibles soluciones para Costa Rica». En este foro se presentaron diferentes ángulos de este tema y se propusieron soluciones para reducir el impacto de los plaguicidas, los cuales afectan drásticamente los ecosistemas y la salud humana y animal.

El foro se puede seguir en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=umHHuOx-Wpo

Se adjunta el pronunciamiento que sobre este tema emitió la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias.

Pronunciamiento de la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias sobre el uso de plaguicidas en Costa Rica

Los plaguicidas son sustancias químicas que se utilizan para tratar de controlar organismos considerados plagas, los cuales afectan los sistemas productivos, con el consecuente impacto en la economía y la producción. Costa Rica es uno de los países a nivel mundial que aplica más plaguicidas por área agrícola (las estimaciones oscilan entre 10 y 35 kg/hectárea cultivada de acuerdo con diferentes fuentes). En la actualidad hay registrados en nuestro país más de 250 diferentes ingredientes activos con diversas acciones biocidas, de los cuales se usan activamente cerca de 200. Aproximadamente la mitad de los ingredientes activos usados en nuestro país en los últimos años se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) de acuerdo con criterios internacionales (FAO, OMS) y, por volumen de uso, se estima que alrededor de un 90% de los plaguicidas usados son PAPs. Al aplicarse en los campos agrícolas, los PAPs pueden causar graves problemas agudos y crónicos de salud y contaminar recursos valiosos como el agua y el suelo, además de perjudicar a organismos benéficos como los polinizadores. Otra consecuencia del uso intensivo de plaguicidas es el aumento en la presión de selección y la evolución de resistencia de las plagas a este tipo de sustancias, lo que año a año reduce la eficacia de varios productos.

Debido a su amplio uso, los plaguicidas a menudo se dispersan fuera de las fincas y han sido detectados en múltiples compartimentos ambientales en Costa Rica. Su presencia en suelos agrícolas es alta y en el aire tienen potencial de transportarse a largas distancias de las zonas de cultivo, detectándose incluso en zonas montañosas con ecosistemas prístinos. También se ha demostrado que se infiltran hacia las aguas subterráneas, como es el caso del fungicida clorotalonil y el herbicida bromacil, que fueron ampliamente utilizados en muchos cultivos hasta su prohibición en 2017 y 2023, respectivamente, y afectaron las fuentes de consumo humano; además, la escorrentía superficial los transporta hacia aguas superficiales como ríos y quebradas.

Específicamente, en las aguas superficiales han sido detectados 32 plaguicidas en concentraciones que exceden uno o más criterios de calidad ambiental internacional para la protección de la biodiversidad, lo que implica que pueden ser tóxicos sobre diversos organismos (plantas, invertebrados, peces) y afectar la funcionalidad de los ecosistemas acuáticos. Asimismo, los estudios demuestran que incluso concentraciones bajas de plaguicidas pueden generar efectos bioquímicos, fisiológicos y/o en el comportamiento de los organismos vivos. En los casos más graves se ha asociado estas sustancias a múltiples eventos de mortandades masivas de fauna, tanto en ecosistemas acuáticos (peces) como terrestres (abejas).

El riesgo para los organismos vivos se incrementa ya que en las muestras ambientales típicamente se detectan varios plaguicidas simultáneamente. Algunos de los plaguicidas que han generado altos riesgos para los ecosistemas en la última década (su concentración en el ambiente es mayor que la que causa toxicidad aguda para algunos organismos) son los herbicidas ametrina, bromacil, diuron, hexazinona y terbutrina; los fungicidas azoxistrobina, clorotalonil, epoxiconazol y los insecticidas carbofuran, clorpirifos, diazinon, etoprofos, fenamifos, fipronil y terbufos. Cabe destacar que algunos de estos ya fueron prohibidos en Costa Rica, por ejemplo, el carbofuran (en 2014), el bromacil (en 2017) y el clorotalonil (en 2023), y existen restricciones de uso para el clorpirifos; sin embargo, estas sustancias continúan detectándose en muestras ambientales tomadas en los años 2022 y 2023.

En el ámbito de la salud humana, un informe de análisis de verduras frescas por parte del Servicio Fitosanitario del Estado, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mostró que, en el 2020, un 20% de las muestras nacionales de vegetales frescos presentaron residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos aceptados, y que las personas que viven o trabajan en la cercanía de plantaciones agrícolas se exponen a niveles elevados de múltiples plaguicidas. Por otra parte, estudios realizados en Costa Rica por la Universidad Nacional, en colaboración con universidades de Suecia y Estados Unidos, demostraron que los niveles de contaminación por fungicidas aplicados por vía aérea (pirimetanil, clorotalonil, mancozeb) y el insecticida clorpirifos son más altos en muestras biológicas obtenidas de personas residentes en la cercanía de fincas agrícolas. Un análisis de riesgo para la exposición al fungicida mancozeb en mujeres embarazadas estimó que un 72% de las participantes en el estudio sobrepasaba los niveles de referencia considerados seguros. El riesgo para la salud de la exposición de plaguicidas depende del grado de toxicidad inherente a la sustancia y del grado de exposición a la misma por parte de las personas que los utilizan.

Resultados de estudios epidemiológicos realizados en Costa Rica han demostrado que el contacto con ciertos plaguicidas puede afectar la salud humana de formas diversas. Algunos ejemplos son:

  1. El contacto con el fungicida mancozeb, y su metabolito etilentiourea, se ha asociado con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) en mujeres embarazadas, cambios en la circunferencia cefálica de recién nacidos, desarrollo socioemocional inferior en niñas de un año, incremento en infecciones del tracto respiratorio inferior en infantes durante el primer año de vida e inferior aprendizaje verbal medido en niñas y niños de edad escolar.
  2. La exposición al fungicida pirimetanil se ha asociado tanto con la inhibición de la hormona tiroidea tiroxina libre (LT4) como con una menor capacidad lingüística en niñas de un año.
  3. El contacto con el insecticida clorpirifos se ha asociado con un menor peso al nacer, un menor perímetro cefálico y un inferior neurodesarrollo de niñas y niños.
  4. El contacto prenatal con el herbicida 2,4-D se asoció con un menor peso, un menor perímetro cefálico, y una menor longitud corporal al nacer, así como con un desarrollo inferior del lenguaje y la motricidad infantil.
  5. En trabajadores agrícolas, el contacto con clorpirifos y piretroides se ha asociado con una reducción de la activación cortical cerebral prefrontal durante la realización de tareas de memoria de trabajo.

Estas evidencias muestran que los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas y en la salud humana son preocupantes. El tema es complejo y demanda un abordaje multifactorial que tome en cuenta diversos aspectos, considerando el peligro y la toxicidad de las sustancias y el grado de exposición a las mismas. Sin embargo, las medidas de protección y prevención implementadas hasta ahora no han logrado cumplir con su propósito de salvaguarda ambiental y de la salud humana. A manera de ejemplo, la normativa nacional de distancias de no-aplicación de plaguicidas es una de las más laxas en América Latina.

Es necesario que exista un monitoreo sistemático y científicamente sólido de plaguicidas en el país. Asimismo, es indispensable instar a las autoridades y a la sociedad civil a considerar:

  1. La re-evaluación de riesgo ambiental (ERA) para los plaguicidas cuyo registro no incorporó métodos de ERA actuales, tales como los registrados antes del año 2004.
  2. La aplicación inmediata de medidas de reducción del uso de agroquímicos en la producción agrícola.
  3. La prohibición al uso de Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) en caso de existir otras opciones viables, y la restricción y sustitución paulatina de PAPs en los casos en que, en la actualidad, no existan alternativas.
  4. El desarrollo de plaguicidas que tengan menor toxicidad en las personas y el ambiente, tanto en el ámbito de los productos de origen natural (biológicos, extractos de plantas, microorganismos o animales) como en la propia industria agroquímica, mediante el desarrollo de nuevas moléculas con mejores perfiles toxicológicos y ecotoxicológicos.
  5. La promoción del uso de buenas prácticas agrícolas para evitar exposiciones innecesarias y peligrosas, la incorporación de nuevas tecnologías de aplicación y de monitoreo de plagas para reducir las cantidades aplicadas y, lo más importante, la generación de prácticas de manejo de cultivos que reduzcan la necesidad de intervenir con aplicaciones de insumos.
  6. El aumento de las distancias de no-aplicación de plaguicidas y el fortalecimiento de la implementación de las legislaciones ya existentes.
  7. La posibilidad de otorgar un pago por servicios ambientales a los terrenos con agricultura ecológica, como una medida de protección de la biodiversidad, conservación de suelo y motivación para la disminución gradual del área cultivada con prácticas de agricultura convencional.
  8. Instar a los diferentes sectores de la sociedad a dar preferencia y promover una mayor oferta de productos provenientes de prácticas agroecológicas o que empleen bajas cantidades de plaguicidas.

Para reducir el impacto del uso de plaguicidas en Costa Rica debe darse una combinación estratégica de todos estos elementos. Con este abordaje integral y multifactorial podríamos aspirar a una disminución sustancial en el volumen aplicado de plaguicidas en Costa Rica en un plazo relativamente corto.

La Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica hace un vehemente llamado de atención a la población, a las autoridades de gobierno y locales, al sector académico, a las organizaciones comunitarias, a las empresas del sector agrícola, y a las agricultoras y los agricultores, para que se tomen decisiones claras, sobre una base científica sólida, y se implementen acciones inmediatas que reduzcan significativamente los impactos negativos en la salud humana y los ecosistemas derivados del uso de plaguicidas.

Documento preparado por la Comisión de Salud Global de la Academia Nacional de Ciencias, con los aportes de Fernando Ramírez, Silvia Echeverría, Berna van Wendel de Joode y Luis Felipe Arauz.

*Los datos presentados en este pronunciamiento provienen de publicaciones en revistas científicas y en documentos diversos, y las referencias bibliográficas correspondientes se pueden consultar en la página web de la Academia Nacional de Ciencias (www.anc.cr).

7 de agosto del 2024.

Colectivo de Defensa del Medio Ambiente y su Conservación en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Ante hechos recientes que han afectado las condiciones ambientales de Costa Rica; personas, organizaciones e instituciones dedicadas a contribuir con los esfuerzos de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, y, en lo que consideramos inconsistencias y debilidades en las políticas de Estado, observado desde nuestra perspectiva técnica, científica y profesional, deseamos manifestar respetuosa y contundentemente a la sociedad costarricense lo siguiente:

  1. La evidente relegación del tema ambiental en la agenda del Estado, haciéndose notorio en la omisión en el informe del Presidente de la República el pasado 02 de mayo en la Asamblea Legislativa.
  2. La pasividad de la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa para pronunciarse sobre los impactos ambientales negativos en diversos puntos del territorio nacional siendo omisos sobre las ambigüedades de la administración en los asuntos medioambientales y de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
  3. El intento por debilitar las instituciones técnicas dedicadas a la gestión de la biodiversidad y los ecosistemas, disminuyendo sus competencias y desviando su manejo hacia una concentración de poder en figuras políticas, no solo afectando su funcionalidad, sino también amenazando logros históricos de la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza, ejemplo que Costa Rica ha dado en los modelos de gobernanza que los recursos naturales requieren.
  4. La disminución a niveles críticos de las capacidades presupuestarias tanto con los presupuestos ordinarios y extraordinarios, así como la injustificada retención y dilatación en liberar recursos financieros dados al país por parte de organismos internacionales, afectando programas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en las áreas silvestres protegidas y comunidades adyacentes.
  5. El empuje constante y sistematizado de impulsar proyectos nocivos para la integridad ambiental, evidenciando intereses incompatibles con el mandato constitucional de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Dichos proyectos dirigen hacia la pesca de arrastre, la exploración y explotación de hidrocarburos, la minería a cielo abierto y la construcción de marinas y atracaderos en las costas nacionales.
  6. La desatención de las áreas silvestres protegidas, que constituyen uno de los pilares del desarrollo y necesitan de manera urgente volver a estar en el centro de las prioridades gubernamentales. La biodiversidad y los ecosistemas que se protegen deben ser responsablemente utilizados para garantizar la prosperidad económica y ecológica de Costa Rica.
  7. La omisión y rechazo repetidos y deliberados de los criterios técnicos y científicos de investigadores e instituciones renombradas que ayudan a sustentar las decisiones sobre la gestión de las áreas protegidas, ignorando su valía y permitiendo utilizar herramientas que pueden verse políticamente manipuladas por intereses lejanos a la conservación de la biodiversidad en estos espacios.
  8. La indiferencia ante la afectación progresiva en las capacidades que los servicios ecosistémicos proveen, afectando múltiples sectores de la economía nacional, esta actitud es claramente inconsistente con el mensaje emitido por la administración de buscar desarrollo humano mientras intencionalmente se desconoce el valor de su existencia, ignorando el aporte que brindan en las oportunidades de mejorar las condiciones de vida de la población.

POR TANTO:

  1. Solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo retomar la agenda ambiental como una prioridad de Estado, priorizar el tema de la gestión responsable y coherente de las áreas silvestres protegidas y modificar el enfoque dado por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Energía minimizando abiertamente el papel de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas en la función que cumplen en el desarrollo nacional como capital natural y proveedores de múltiples beneficios ambientales y económicos.
  2. Instamos a la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa para que se mantenga vigilante y realicen sus labores de control político y apoyo con una perspectiva más crítica, constructiva y se manifiesten pública y abiertamente de lo que denunciamos en este manifiesto.
  3. Proponemos se retire de la corriente legislativa de manera inmediata el proyecto de ley contenido en el expediente 23213 “Proyecto de Fortalecimiento de las Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía” con tal de ser revisado, discutido y analizado por distintos actores vinculados a la conservación de tal forma que encuentre el equilibrio necesario.
  4. Demandamos aumentar la generación de recursos financieros por medio de asignaciones presupuestarias razonables y proporcionales a las necesidades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que garanticen el cumplimiento de sus objetivos y funciones. Además liberar de inmediato los recursos provenientes del proyecto REDD+ ante su inexplicable e inaceptable retención que afecta considerablemente programas de conservación.
  5. Urgimos la implementación de la reestructuración inmediata del Sistema Nacional de Áreas de Conservación para optimizar sus competencias, funcionamiento y alcance técnico, operativo y jurídico. Para eso proponemos la creación de una comisión de expertos independientes de reconocida trayectoria académica y de experiencia y que con una remuneración simbólica presenten en un término de tiempo establecido las recomendaciones para ejecutar tan urgente acción.
  6. Llamamos a la sociedad costarricense a informarse y ser parte de colectivos y organizaciones dedicadas a la conservación y gestión de recursos naturales a escala local o nacional y por medio de acciones específicas apoyar los diferentes procesos para mejorar la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas de la nación así como denunciar anomalías, delitos o atropellos contra el patrimonio natural.
  7. Confiamos en el Estado de Derecho que impera en Costa Rica, sabiendo que las instancias judiciales responderán objetivamente las demandas de la sociedad en el cumplimiento del marco jurídico que sostiene y defiende la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, siendo también garantes de las obligaciones derivadas por los convenios internacionales de los cuales el país forma parte.

San José, Costa Rica. 05 de junio del 2024

  1. Fundación Costarricense para la Restauración Ecológica, FUCORE
  2. Preserve Planet Costa Rica
  3. Álvaro Sagot, Catedrático Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica
  4. Asociación de Guardaparques Pensionados, ASOGUAPE
  5. Organización Mundo Verde
  6. Organización Aba Animal
  7. Asociación para la Protección de la Cuenca del Río Sarapiquí
  8. Fundación Corcovado
  9. Tirimbina Rain Forest Center
  10. Asociación Costarricense de Guías de Turismo
  11. Organización Guarumo Restauración Ecológica
  12. Organización Primates de Occidente
  13. Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sociales
  14. Asociación Somos Congos
  15. Fundación Bosque Nuboso de Occidente
  16. Cámara Nacional de Ecoturismo, CANAECO
  17. Justice for Nature. Asociación Bosque para los Niños
  18. Proyecto Huella Verde-UNED. Universidad Estatal a Distancia
  19. Santa Teresa Hoy Magazine
  20. Covirena Cabo Blanco Ario
  21. Asociación Ornitológica de Costa Rica
  22. Nama Conservation
  23. Covirenas Caribe Sur.
  24. Red Nacional de Reservas Privadas
  25. Fundación Rapaces de Costa Rica
  26. Más de 100 profesionales, científicos y líderes comunales

Firma responsable
Christian Mata Bonilla
Cédula 3-0315-0139
Correo: chrismat@outlook.com

Imagen ilustrativa, UCR

IMARES-UCR invita a un conjunto de charlas el 25 de abril

Escrito el . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

La Unidad de Ingeniería Marítima, de Ríos y de Estuarios (IMARES-UCR) invita a las charlas: 

  • Integrando ecosistemas en la protección costera, por una costa más resiliente. Por el Investigador Luis Fernando López Arias. El jueves 25 de abril a las 10 am.
  • IH Cantabria: un modelo de investigación, transferencia y capacitación en el ámbito del agua. Por el Investigador José Antonio Juanes de la Peña. El jueves 25 de abril a las 4:30pm.
  • Los patrones espacio-temporales de los ecosistemas costeros y el modelado de su respuesta frente a las variables ambientales. Por la investigadora Bárbara Ondiviela Eizaguirre. El jueves 25 de abril a las 5 pm.

Todas las charlas serán en el mini auditorio 2, Facultad de Ingeniería, UCR.

Nos comparte Herberth Contreras.

Una comunidad indígena y una afrodescendiente protagonizan el conflicto que amenaza los bosques tropicales en Nicaragua – PATRULLAJE, el documental

Escrito el . Publicado en Madre Tierra.

PATRULLAJE documental sigue a tres miembros de una comunidad indígena y afrodescendiente en la primera línea del conflicto ambiental que amenaza a los bosques tropicales en Nicaragua. El pueblo indígena Rama, en alianza con la comunidad afrodescendiente Kriol, lucha por detener a los ganaderos ilegales que invaden la Reserva Biológica Indio Maíz, con la complicidad del gobierno, para establecer nuevas áreas de pastoreo a costa de la destrucción del bosque.

Armando John, un joven calmo y valiente, Margarito, un filosófico padre de seis hijos, y Rupert Allen Clair Duncan, un líder territorial, forman parte de un equipo de guardabosques al que se une Christopher Jordan, un conservacionista estadounidense, con el fin de salvar la Reserva Biológica Indio Maíz.

Christopher llegó a la Reserva Indio Maíz para estudiar cómo interactúan las culturas locales con la vida silvestre y se enamoró rápidamente de la generosidad de los pueblos Rama y Kriol y de la increíble belleza de su naturaleza.

Entrelazada en la narrativa está la historia de Carmen y Chacalín, ganaderos ilegales que se han adentrado profundamente en el bosque, deforestando grandes parcelas de tierra para introducir ganado y ayudando a otras familias a invadir la reserva. Durante una expedición para enfrentar a los ganaderos ilegales, los guardabosques descubren una granja de ganado en la zona núcleo de su territorio. Un ganadero desconocido pero adinerado ha deforestado 400 acres e introducido 80 toretes, todos enchapados y fierros con el propósito de “legalizar” su ganado en los mercados internacionales.

Con la participación de periodistas nicaragüenses encubiertos, los Rama y Kriol descubren la identidad del ganadero y lanzan una campaña coordinada para expulsarlo de su territorio, en el que se encuentra ilegalmente.

Antecedentes

El pueblo Rama es uno de los tres principales grupos indígenas nativos de la costa este de Nicaragua, con alrededor de 2,800 hombres, mujeres y niños que tienen su asentamiento principal en la pequeña isla de Rama Cay, mientras el resto de su población está disperso en el tierra firme, entre Bluefields y Greytown, constituyéndose en uno de los grupos indígenas más pequeños en el mundo.

Los Kriol son un grupo afrodescendiente de aproximadamente 43,000 personas que viven principalmente en el área de Bluefields y a lo largo de la costa, que comparte características culturales similares con los Rama.

Los Rama y Kriol comparten un título comunal sobre el Territorio Rama y Kriol, que abarca más del 80% de la Reserva Biológica Indio Maíz y está bajo la administración del Gobierno Territorial Rama y Kriol.

Para hacer frente a las crecientes amenazas a su territorio por parte de ganaderos ilegales, mineros y otros, han creado un programa de guardabosques.

PATRULLAJE es su historia

 Campaña de incidencia. El documental PATRULLAJE es parte de una campaña internacional que tiene como objetivo presionar al gobierno nicaragüense para detener la ganadería ilegal y la deforestación en la Reserva Biológica Indio Maíz y evitar que las empresas de carne de EE.UU. importen carne de conflicto lavada, salvaguardando así el medio ambiente y los ecosistemas y culturas que dependen del bosque.

Nicaragua ha perdido casi el 60% de sus bosques tropicales en los últimos 40 años debido a actividades como la ganadería ilegal. La falta de aplicación de leyes que protejan los bosques y las comunidades indígenas ha contribuido a la destrucción de estos ecosistemas vitales y tierras ancestrales. La carne de conflicto, vendida a través de cadenas de suministro opacas, agrava el problema.

Es necesario y urgente reducir la demanda de carne de conflicto y responsabilizar al gobierno y a los importadores privados de carne.

Le invitamos a visitar www.peliculapatrullaje.com para descubrir cómo podés marcar la diferencia.

En la página…

Firmá nuestra petición exigiendo que el gobierno tome medidas para proteger a las comunidades indígenas y afrodescendientes y sus tierras, cumpliendo la ley y procesando a aquellos que invaden y deforestan áreas protegidas.

Firmá nuestra Carta Abierta al Congreso de Estados Unidos instando al apoyo a la Ley Forestal para que sea ilegal importar productos provenientes de bosques tropicales protegidos.

Difundí nuestro mensaje y animá a otros a unirse a la causa.

Unite a nuestra campaña para proteger el planeta y promover estilos de vida más sostenibles. Ayudanos a salvaguardar uno de los últimos bosques tropicales intactos en Mesoamérica y proteger los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.

PATRULLAJE es dirigido y producido por Camilo DeCastro Belli y Brad Allgood.

Boletos disponibles:

Ecofascismos a la tica

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Andrés Sanabria Zaniboni

«El mundo se divide en dos categorías:
los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas».
El Bueno, el malo y el feo-1966

Si nos remitimos a la tradición mediática de Costa Rica, hablar de medio ambiente, ecosistemas o naturaleza es redundante, cómo separar esos términos cuando se ha catalogado como “Esencial Costa Rica” o “Paz con la naturaleza”. Detengámonos aquí un breve momento, nos hemos preguntado acaso ¿con quién ha hecho paz la naturaleza?

Un gobierno, que, ante la crisis ecológica, promueve la idea de la explotación de gas natural (y petróleo, la tentación es muy grande, en donde sale gas, “un poquito” más abajo sale petróleo), ¿cómo vamos a desperdiciar la riqueza del país? Recuerden que no somos pobres, estamos mal administrados.

La producción piñera que viene transformando el paisaje costarricense aplanando suelos y drenando humedales, pero también, llenando de agroquímicos los suelos y ríos, hasta el punto de rodear a cientos de poblaciones, que por las dudas a diario son fumigadas para asegurarse que el ser humano no sea nocivo a la plantación, sumado a esto, las agencias de cooperación internacional se alían a las empresas de este sector para promocionar internacionalmente y localmente el lavado verde de esta actividad.

Otro tanto de comunidades que viven y dependen de los ríos, ven el caudal de estos reducido a su mínima expresión, sus espacios de recreación y turismo local están desapareciendo, esto por el accionar de las empresas de minería no metálica, es decir, los tajos que pululan en todo el país, que según dicen es para asegurar buenas calles, pero que al día de hoy, estas comunidades siguen siendo de lastre casi tierra, y para empeorar, ahora sin turismo ni peces en sus ríos.

Otras comunidades, que a pesar de su vigilancia y denuncia sobre el uso de agrotóxicos que daña la salud humana, y que actualmente están envenenando las fuentes de agua, que a pesar de los fallos de la Sala Constitucional que les da la razón, son ninguneados.

También, si quieren verlo más de cerca en el área metropolitana, como a vista y complacencia de autoridades municipales y de la institucionalidad ambiental, se van “comiendo” los cerros de zonas protectoras en beneficio de actividades económicas, y a pesar de que las comunidades organizadas denuncian estas afectaciones y tendencias, la omisión siguen siendo la regla.

Ahora sí, ¿Qué hay de común en todo esto? La primera cuestión a pensar es una institucionalidad ausente, o más bien, un entramado que protege y promueve estos sistemas de producción y explotación en beneficio de ciertos sectores empresariales, que tienen como fin el despojo de los bienes comunes naturales, o mejor dicho, un Estado que ve con complacencia la mercantilización de la naturaleza, y desde su propias facultades promueven las medidas necesarias para su ejecución.

Podría sonar alarmista, pero sigamos el recorrido, la clase política dominante y los sectores empresariales de este país, se dieron la mano, el Acuerdo de Escazú no va, y para reconfortar el desasosiego del sector económico del país, se les dijo “El sector privado puede estar tranquilo”, ¿cómo perjudicaba el Acuerdo de Escazú? Acceso a la información, defensa del principio in dubio pro natura o protección a las personas defensoras del ambiente ¿Cómo estos principios pueden atentar contra el “desarrollo sostenible” del país verde?

Vemos a figuras políticas seguir defendiendo el uso de agrotóxicos, invitando a tomar agua con una concentración 1500 veces mayor de clorotalonil que la actual, por cierto, la actual según los estudios no es apta para consumo humano ¿a quién está invitando a tomar agua?, se nos olvidaba señalar, sabían que esta persona está vinculada a la producción de agroquímicos.

Sumado a esto, un gobierno que invita a mesas a trabajar en procurar de desobedecer las resoluciones judiciales que le ordenan prohibir el uso de clorotalonil, ya que no se trata de reducir o controlar, es prohibirlo.

Llegados a esto, sólo nos queda invitarles a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en nuestra sociedad, estamos ante una sociedad política y económica dominante que está dispuesta a defender la explotación de los bienes naturales a pesar del daño socioambiental que está sucediendo a miles de personas, que por activa o pasiva se están envenenando o viendo destruida su forma de vida.

Cuando un sistema político-económico, gestiona el ambiente (no naturaleza) en función de construir esquemas de conservación cerrados, que prácticamente tienen función de atractivos turísticos, en dónde las personas tienen como máxima relación con este ambiente ser tour operador, estamos en presencia de otra cosa.

Esa “otra cosa” se llama ecofascismo, es decir la promoción ambiental para el disfrute de unos cuantos, y una gestión territorial generalizada en beneficio de los intereses económicos para desarrollar sus prácticas de acumulación de riqueza a partir del despojo, dominación y explotación, eso sí, garantizada por una estructura institucional formal-informal.

Asistimos a un país que construye una narrativa de ambiente que está dando forma a un tipo de “parque de atracciones”, sin embargo, una parte cada vez mayor de su población, está siendo despojado del derecho a un medio ambiente sano.

La naturaleza, los ecosistemas que están entrelazados, no son nodos que se conectan y se descontenta a gusto del portador, la presión que se está desarrollando por parte de todas estas actividades están erosionando y llevando al estrés a estos sistemas, es decir su capacidad de conservación-reproducción está siendo afectada, distorsionada y llegando al punto de imposibilitar su existencia. Estamos vivenciado el corte de estos tejidos que sostienen la vida.

Este despojo no se hace a la sombra, se hace a la vista y complacencia de un Estado que promociona estas actividades, ya un diputado de una legislación anterior lo decía claramente al respecto del entramado legal-institucional del país “Aquí necesitamos magistrados que tengan claro que, además de interpretar la Constitución, se debe provocar un clima de negocios que incentive el desarrollo económico…”