El colectivo ciudadano CONCEVERDE, representado por el abogado José Francisco Alfaro Carvajal, presentó una solicitud formal ante el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia para que intervenga en los hechos anómalos que, según denuncian, se están dando en la finca 4 ‑ 156766 ‑ 000 (Cerro Chompipe), registrada a nombre de la Municipalidad, pero considerado patrimonio natural del Estado y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo y de la zona inalienable de la Ley 65 de 1888.
El Cerro Chompipe es una zona de alta recarga acuífera, vital para la regulación del ciclo del agua, la conservación de la flora y fauna silvestre, y la mitigación del cambio climático. Su cobertura dentro del Parque Braulio Carrillo y la franja inalienable, establecida hace más de un siglo, lo convierte en un área de protección absoluta. Según CONCEVERDE, cualquier intervención, por pequeña que sea, podría alterar los ecosistemas, reducir la capacidad de recarga hídrica y afectar la biodiversidad.
Entre las exigencias del colectivo, se encuentran el traspaso inmediato de la finca Cerro Chompipe por parte Municipalidad de San Rafael de Heredia al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), así como un alto total a las actividades que sin aval o autorización del MINAE, la Municipalidad está llevando a cabo, tanto en dicha finca, como cualquier otra zona del Parque Braulio Carrillo y la zona inalienable.
No obstante, esta denuncia no es nueva. En diciembre de 2024, CONCEVERDE ya manifestó su rechazo a las obras planificadas en el Cerro Chompipe bajo la figura de “monumento natural recreativo”, alertando sobre la pérdida de árboles nativos y la impermeabilización del suelo en zonas de recarga.
Asimismo, la denuncia advertía sobre actividades no autorizadas por el MINAE llevadas a cabo por la Municipalidad, como la delimitación de la finca, instalación de cámaras trampa e incluso obras menores, que estarían ocurriendo sin aval institucional, lo que es contrario a la legislación vigente.
Recientemente, el pasado 19 de junio de 2025, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología respaldó la denuncia del abogado Alfaro. En un oficio dirigido al ministro Franz Tattenbach Capra, el presidente Asociación, Marco Levy Virgo, exigió al MINAE que cumpla con las sentencias de la Sala Constitucional y proceda a recuperar la finca, la cual aún aparece registrada a nombre municipal.
Foto: Redes sociales oficiales de Colectivo CONCEVERDE San Rafael.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología se dirige a la directora regional sobre el Área de Conservación La Amistad Caribe el 8 de julio de 2025 para reiterar la gravedad y urgencia de la situación, estipulada en la nota AEL-00276-2025, donde se solicitó la identificación y documentación de ocupantes físicos y jurídicos dentro del Patrimonio Natural del Estado (PNE), según el informe SINAC-ACLAC-PNE-092- 2024.
Se refieren a daños ambientales en ecosistemas frágiles, incluyendo el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, afectado durante años por acciones y omisiones bajo la administración del Área de Conservación La Amistad Caribe.
Se considera que la implementación de acciones durante el segundo semestre del año según disponibilidad de recursos no es adecuada ni suficiente, dado el carácter crítico de los daños al patrimonio natural del Estado. Los problemas heredados de la gestión de don Edwin Cyrus Cyrus, han dejado un estado cuestionable el PNE, y es imperativo que, se tomen medidas inmediatas y diligentes.
En ese sentido, se solicita la elaboración y presentación de un cronograma detallado que especifique las acciones planificadas, los responsables asignados y los plazos de ejecución para atender los puntos solicitados, una acción inmediata y coordinada para corregir los daños ambientales en el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, con énfasis en la protección de sus ecosistemas frágiles y la remisión de un informe preliminar, que detalle los avances concretos en la gestión del PNE.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una denuncia formal ante la Coordinación Nacional de Humedales del MINAE el 29 de junio de 2025, por la ocupación ilegal del Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, cantón de Talamanca.
Durante una visita realizada el 28 de junio, se constató la intervención del área mediante drenajes, rellenos y construcciones con maquinaria pesada, caminos abiertos y presencia de materiales de obra. Todo esto dentro de un ecosistema clasificado como humedal protegido, lo que representa una posible violación de la legislación ambiental vigente.
El humedal, parte del Patrimonio Natural del Estado, se encuentra bajo protección de normas nacionales e internacionales, como la ley orgánica del Ambiente (N.º 7554), la ley forestal (N.º 7575) y el convenio Ramsar sobre humedales. Ante estos hechos, la asociación solicita la intervención urgente del MINAE y de otras instituciones competentes.
Entre las medidas solicitadas, el documento exige:
Un informe técnico detallado, con análisis de imágenes y ortofotos desde 1996 hasta la fecha.
La identificación de propiedades dentro del humedal, con información catastral y registral.
Coordinación interinstitucional con SETENA, la fiscalía ambiental, la Municipalidad de Talamanca, el registro nacional y otras instancias para determinar responsabilidades.
Que la gestión sea liderada directamente por la Coordinación Nacional de Humedales, sin delegaciones locales o regionales.
La denuncia fue firmada por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, y copiada a autoridades de la fiscalía general, fiscalía ambiental y fiscalía agraria, entre otras.
El documento completo forma parte del expediente AEL-00263-2025.
Terreno rellenado parte de la Zona Marítimo Terrestre en Playa Negra. (Foto: Philippe Vangoidsenhoven)
El Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, aprobado el 5 de octubre de 2023, se encuentra actualmente paralizado debido a requerimientos legales y administrativos que demandan la actualización de la Certificación del Patrimonio Natural del Estado (PNE).
De acuerdo con la Resolución N°2024-003959 del expediente N°23 014549-0007-CO emitida por la Sala Constitucional, se ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) completar, en un plazo de tres meses a partir de la notificación de dicha sentencia, la certificación del PNE en la Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca. Esta certificación incluye la caracterización y delimitación de humedales en el litoral del cantón, lo cual es indispensable para garantizar la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, la Sala Constitucional instruyó al Departamento de Urbanismo y a la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), así como al Concejo Municipal de Talamanca, a incorporar las actualizaciones del PNE en el Plan Regulador Costero.
El SINAC ha entregado al INVU archivos digitales de sistemas de información geográfica y un documento que certifica los ajustes realizados, sin embargo, se ha identificado que la documentación remitida presenta limitaciones.
El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, señala que falta información cartográfica completa, solicitan que se les faciliten los catastros de los PNE y el Excel de los ajustes, debido a la ausencia de catastros actualizados, consulta sobre los criterios técnicos claros para ajustar la zonificación en áreas que antes eran bosques, pero que ahora no están clasificadas como tales.
El INVU sobre la actualización de la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011 2017 para realizar los ajustes del PNE al Plan Regulador Costero del cantón de Talamanca, se dirige señala que:
La paralización temporal del Plan Regulador Costero responde a la necesidad de garantizar un instrumento de planificación que cumpla con los estándares ambientales, legales y técnicos exigidos. Esto incluye la protección de los ecosistemas sensibles, como los humedales, y el aseguramiento de un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades costeras del Caribe Sur.
Se les invita a todos los pobladores, organizaciones locales y actores interesados a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Talamanca. Una vez se reciban las aclaraciones y documentación requerida por parte de SINAC, se procederá a gestionar los ajustes necesarios la Viabilidad Ambiental del Plan Regulador Costero, garantizando un proceso participativo y transparente.
Como parte de los monitoreos realizados por Philippe Vangoidsenhoven, se documenta el caso de la tala “legal” de un humedal que terminó convertido en un parqueo, proceso que ha seguido desde 2020.
Frente al conocido bar de Puerto Viejo, en plena Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se ha venido consolidando en los últimos años una transformación acelerada del territorio que pone en jaque los humedales costeros y los ecosistemas que sostienen la vida en esta región del Caribe sur.
Un conjunto de imágenes tomadas entre 2020 y 2025 dan cuenta de un proceso silencioso pero sistemático: primero la tala “legal” de árboles, luego el relleno progresivo del humedal, seguido del aplanamiento del terreno y finalmente, la consolidación de un parqueo para clientes de un local comercial ubicado directamente en la franja costera. Las imágenes muestran desde la presencia de maquinaria pesada (bajop y vagonetas), hasta árboles cortados en rebanadas y el suelo nivelado.
Aunque existía un permiso de tala, este estaba limitado al corte de seis árboles, autorizado mediante el oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020. El documento justifica la tala argumentando “eminente peligro para la infraestructura de viviendas vecinas” y señala que los árboles presentaban “estado senil” con “huecos en la base de sus fustes”.
Sin embargo, el permiso no autoriza relleno de humedal ni transformación del terreno para uso comercial o parqueo. Lo que ha ocurrido después muestra un uso desmedido de la legalidad para fines distintos a los justificados inicialmente. Lo que empezó como una medida preventiva se convirtió en una excusa para avanzar sobre un espacio que debería estar protegido.
El último acto visible de esta cadena de transformaciones ha sido la renovación total del bar, una estructura que no solo se encuentra en plena ZMT, sino que fue recientemente “clausurada”, aparentemente por autoridades competentes. A pesar del sello, testigos han reportado que el local continúa funcionando con normalidad, especialmente durante las noches y fines de semana.
En el frente del local, sacos con arena fueron colocados para contener el avance del mar, lo cual evidencia que el bar se encuentra tan cerca de la playa que el oleaje toca su infraestructura. La intervención ha sido ejecutada sin transparencia y sin consultas públicas visibles, y ha generado serias dudas entre personas de la comunidad sobre la legalidad de las obras.
¿Cómo comenzó todo? Permiso firmado, árboles sanos: lo que revela una inspección ciudadana
El caso de transformación del humedal en Puerto Viejo no es aislado ni reciente. Philippe Vangoidsenhoven, quien ha documentado con rigurosidad este proceso desde 2020, también ha vivido en carne propia cómo la legalidad ambiental se invoca como coartada, incluso cuando la realidad visible contradice el papel firmado. Su testimonio sobre un evento de tala en zona aledaña al humedal ilustra con claridad el problema estructural.
“Era una tabla de seis árboles. Las personas contratadas empezaron a talar, con un permiso debidamente firmado por un ingeniero forestal”, relata Philippe. Cuando vecinos alertaron y llamaron a la policía, esta llegó al sitio, pero se declaró sin capacidad de intervenir debido al permiso presentado. “Lo entiendo, porque la policía no es experta en este tema y todavía confían en lo que dicen los ingenieros forestales. Si ven un documento firmado que dice que los árboles tienen huecos o están enfermos, lo dan por válido. Pero resulta que, cuando grabamos, todos los árboles estaban completamente sanos”.
Ante la inacción policial, Philippe avisó a la Fiscalía Ambiental. Esta le indicó que ya habían enviado una patrulla, pero él permaneció en el lugar sin que nadie llegara. “Llamé de nuevo a la fiscalía y les dije: ‘Aquí estoy, esperando’. Se sorprendieron porque, según ellos, la policía ya había llegado. El fiscal colgó, y menos de diez minutos después llegó la patrulla”.
Uno de los oficiales bajó de la patrulla con la cabeza agachada, como avergonzado. “Dijo: ‘Pero si nosotros ya vinimos. Ellos tienen permiso. ¿Usted no es Felipe?’ Le respondí que sí, que yo había avisado que iba a estar ahí esperando”. Philippe ingresó entonces al terreno acompañado por un oficial. “Encontramos a los trabajadores en el último árbol”.
La intervención policial logró paralizar la tala justo a tiempo. “Incluso el encargado dijo: ‘Déjenos terminar, solo falta un árbol’. Para él era solo un trabajo más. Así lo ven todos los madereros: talar seis árboles es como hacer un caminito”.
Días después, funcionarios del SINAC constataron lo que Philippe había advertido desde el inicio: “Ninguno de los árboles tenía huecos ni enfermedades. Todos estaban al 100%. Y ahí empezó la bronca”.
Philippe ha señalado públicamente la responsabilidad ética de ciertos ingenieros forestales que —según su testimonio— firman permisos sin verificar adecuadamente las condiciones del sitio. Menciona que el profesional responsable de este permiso también aparece en otros casos similares, como en Gandoca-Manzanillo (caso conocido por la prensa). “Está dando permisos por todo lado. Y así es como están pagando por permisos cuestionables en todas partes”.
Este relato también pone en evidencia una falla común en las instituciones: la aceptación automática de permisos sin verificación en campo. “Por ejemplo, en el caso de la bomba de la planta de tratamiento de aguas negras, que se encuentra a la par de este territorio, ni siquiera visitaron el sitio. Solo abrieron la computadora, vieron que estaba fuera de un humedal inscrito y ya. Pero en realidad, era un humedal”.
La negligencia institucional no es menor. “La misma persona del MINAE me llamó para decirme: ‘No, Felipe, tranquilo, esta gente tiene permiso’. Pero no era cierto”. Esta confianza ciega en documentos, combinada con la interpretación limitada de las leyes, permite que los daños avancen con aparente legitimidad. “Tienen esa idea errónea de que solo los humedales inscritos están protegidos. Y no es así. La ley dice que todos los humedales en Costa Rica están protegidos, inscritos o no. Costa Rica firmó el convenio Ramsar y está obligada a protegerlos”.
De árboles seniles a parqueos turísticos: la trampa del permiso de tala
Uno de los elementos más preocupantes de este caso es la forma en que un permiso técnico —otorgado con el argumento de prevenir una amenaza— termina habilitando una transformación profunda del ecosistema para fines totalmente distintos a los autorizados.
El oficio SINAC-ACLAC-SRLT-058-2020, emitido el 25 de febrero de 2020, autorizaba la tala de seis árboles debido a un presunto “eminente peligro para infraestructura vecina” y por el “estado senil” de los árboles. En ningún momento se autoriza la alteración del terreno, relleno del humedal ni la construcción o renovación de infraestructura comercial.
Y, sin embargo, lo que siguió fue:
Tala de los árboles, pero con maquinaria y logística que evidencian planificación para otras intervenciones.
Relleno con material de acarreo, nivelación del suelo y disposición para parqueo vehicular.
Evidencia de sacos con arena frente a una estructura del bar, en pleno dominio público.
Y, finalmente, la continua operación de un espacio comercial con infraestructura renovada, a pesar de aparentes sellos de clausura.
Esta secuencia muestra una clara disociación entre el acto autorizado y el uso final, una estrategia que ya ha sido señalada en otros casos donde los permisos de tala, desmonte o remodelación funcionan como puertas de entrada para proyectos turísticos o inmobiliarios encubiertos.
Más allá de la irregularidad puntual, esto evidencia una falla estructural en la vigilancia ambiental y en la coherencia entre la legalidad técnica y la defensa de los bienes comunes. Un árbol talado no es solo un riesgo eliminado, sino el punto de partida de una cadena de hechos que termina por desplazar la vida y la memoria del lugar.
20242023
¿Qué está en juego aquí?
Lo que ocurre frente a este bar no es un caso aislado, sino una manifestación local de un patrón más amplio: la conversión paulatina de territorios ecológica y culturalmente valiosos en zonas comerciales para el turismo masivo, en detrimento de las personas que históricamente han habitado y cuidado estos lugares.
Cuando se tala un humedal, se rellena un manglar o se urbaniza una playa, no solo se destruye un ecosistema: se desplaza a comunidades locales, se encarecen los precios del suelo, se restringe el acceso a bienes comunes y se modifican las formas de vida. En el Caribe sur costarricense, esto se traduce en:
Incremento del valor de la tierra, lo que presiona a familias locales a vender o abandonar sus terrenos ante la imposibilidad de sostener los costos de vida.
Desplazamiento indirecto, donde las personas ya no pueden alquilar, acceder a servicios o mantener negocios locales frente al avance de un modelo turístico extractivo.
Privatización del espacio público, como lo muestran casos donde zonas de playa —que por ley deben ser de libre acceso— terminan ocupadas por bares, parqueos o estructuras “renovadas” que benefician a inversores externos.
Transformación cultural acelerada, que borra las prácticas comunitarias, el uso tradicional del territorio y el conocimiento ecológico local.
Debilitamiento del tejido social, cuando se rompe el sentido de pertenencia a un territorio por la imposición de lógicas de consumo y ganancia rápida.
Todo esto ocurre bajo un discurso de “desarrollo” que en realidad beneficia a unos pocos y deteriora el derecho colectivo a habitar y cuidar el territorio. La legalidad, si no se articula con una visión ecosistémica y social, se convierte en un instrumento ciego que normaliza el despojo a través de papeles, sellos y tecnicismos.
Humedales intervenidos, ecosistemas colapsados
La alteración de un humedal costero —como la tala de árboles, el relleno con materiales de acarreo y la posterior construcción de infraestructura— implica una ruptura profunda en el funcionamiento ecológico del territorio. Estos ecosistemas, que en apariencia pueden parecer terrenos “inútiles” o “encharcados”, son en realidad zonas clave para la salud del litoral y el equilibrio climático.
Entre las funciones ecológicas que cumplen los humedales están:
Filtración de contaminantes: actúan como esponjas naturales que limpian el agua antes de que llegue al mar.
Regulación hídrica: amortiguan inundaciones, absorben el exceso de agua durante lluvias fuertes y recargan acuíferos.
Hábitat de biodiversidad: son refugio para aves, anfibios, insectos, reptiles y muchas especies en peligro, algunas endémicas del Caribe costarricense.
Captura de carbono: su vegetación y suelos almacenan grandes cantidades de carbono, ayudando a mitigar el cambio climático.
Conectividad ecológica: forman corredores entre ecosistemas costeros, marinos y terrestres, facilitando el flujo de especies y nutrientes.
Cuando un humedal es rellenado con tierra o arena, estas funciones colapsan. El agua deja de circular, los suelos se compactan, la vegetación nativa muere, y con ello desaparecen los servicios ecosistémicos que el humedal ofrecía. En este caso específico, el uso del espacio como parqueo para un bar frente al mar, además de romper el ciclo natural del agua, aumenta la contaminación local, eleva las temperaturas del suelo y reduce la capacidad del ecosistema para adaptarse al cambio climático.
La instalación o renovación de infraestructura dentro o adyacente a humedales interrumpe también los ritmos naturales del mar, agrava la erosión costera y muchas veces exige intervenciones artificiales (como sacos de arena o muros de contención) que, lejos de resolver los problemas, los trasladan hacia otras áreas del litoral.
Además, al construir sobre un humedal se produce un encubrimiento simbólico: se borra su identidad ecológica y cultural, y se reemplaza por una lógica de uso “productivo” que invisibiliza el valor del ecosistema vivo. En el imaginario urbano-turístico, el humedal se transforma en “terreno disponible”, y lo que antes era un espacio biodiverso pasa a ser visto como un obstáculo al “desarrollo”.
Este tipo de intervención, cuando se repite a lo largo del litoral, fragmenta los ecosistemas costeros, genera islas ecológicas desconectadas y deja a muchas especies sin posibilidad de desplazamiento ni reproducción. A largo plazo, esto compromete la resiliencia de todo el paisaje costero, y agrava los efectos de fenómenos climáticos extremos.
En definitiva, cada metro de humedal rellenado no es solo una pérdida local, es una fractura en la relación entre las comunidades y la vida que sostiene sus territorios.
Por Osvaldo Durán-Castro, sociólogo Profesor ITCR-ecologista FECON
En el debate sobre cuál es el modelo eléctrico que requerimos en Costa Rica y en cualquier parte del mundo, uno de los argumentos a superar es el sentido común errado, pero políticamente vendido y creído, de que prácticamente todas las energías que no provienen de combustible o que se generan con su uso son renovables, sostenibles, limpias, verdes. Ya hoy, en cualquier debate serio se deben incluir los impactos de esas energías “limpias” en los ecosistemas y las personas. No reconocer la destrucción de los ecosistemas, empezando por los ríos en el caso de la generación de electricidad, además de ser técnicamente ignorante, es una completa irresponsabilidad.
Hace 4 años, cuando Costa Rica fue sede del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) (7 al 24 de septiembre de 2021), con el apoyo del Gobierno, el Ministerio de Ambiente/MINAE y el Instituto Costarricense de Electricidad/ICE, decenas de organizaciones de América y Europa, puntualizamos numerosos argumentos técnicos sobre los daños e impactos irreparables de las energías “limpias” como las hidroeléctricas, que hasta hoy no son de consideración para esa industria.
Si bien un componente de este debate es puramente técnico y científico, otro, igualmente pesado, es el relacionado con los derechos de las personas y de los ecosistemas. Cierto que hay enormes diferencias entre lo público y lo privado, por cuanto lo público generalmente cuida la atención de necesidades sociales relacionadas con energía, mientras que los modelos privados están fijados en el lucro. Pero, en general, coinciden en que todos sus proyectos, salvo excepciones muy calificadas, son pensados, construidos e impuestos sin ningún tipo de consulta a la gente que es impactada negativamente. Además, las industrias públicas y privadas, de nuevo salvo excepciones públicas, niegan y justifican los daños a los ecosistemas, desde los más leves hasta los más severos e irreparables, mediante los llamados estudios de impacto ambiental, que en muchísimos casos, no son más que una fabulosa industria intelectual y de ciencias naturales y sociales, asociada con la explotación energética de cualquier tipo. En Costa Rica un caso de antología en cuanto a irresponsabilidad técnica, tráfico de influencias, favores políticos, permisos amañados, presión e imposición a las comunidades, etc., fue el proyecto de hidroeléctrica San Rafael de la empresa H.Solís, que tras muchos años de lucha comunitaria y social local y nacional fue derrotado. Casi de inmediato las comunidades de Turrialba y nacionales sumaron a su historia la liquidación de los PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa Hidrodesarrollos del Río Platanares S.A. que, según se dijo, era la misma H.Solís. Estos y muchos otros casos son evidencia de que desde hace décadas empezó a crecer en Costa Rica un nuevo sentido crítico, ético y preocupado por modelos sustentables.
Precisamente por esas preocupaciones es que un foco de desacuerdo irreconciliable con el proyecto 23.414 es que supone un peligro directo de explotación indiscriminada de los ecosistemas nacionales. Entre las “Fuentes energéticas renovables” (artículo 3k) se mencionan “la energía del sol, el viento, la biomasa, el agua, las mareas, olas y los gradientes de calor natural y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”, sin reparo de ningún tipo en sus impactos y como si éstos fueran inexistentes. En el mismo párrafo se agrega que son “fuentes de energía que están sujetas a un proceso de reposición natural”, lo cual revela que quienes redactaron el proyecto desconocen u ocultan deliberadamente toda la información científica sobre ecosistemas destruidos en el mundo como cuencas hidrográficas y sus ríos. ¿Acaso un río sobrevive con el 20 o 10% de su caudal que en los estudios de impacto ambiental siguen defendiendo ridículamente como “caudal ecológico”?
Estas fuentes “renovables” según el artículo 14 del 23.41 “Prioridades del Plan de Expansión de la Generación y la Transmisión” “pueden ser desarrolladas por cualquiera de los agentes de mercado, independiente de su naturaleza pública, privada o mixta…”. Este es un punto particularmente sensible pues retoma todas las pretensiones y presiones contenidas en muchos proyectos de ley anteriores, todos orientados a romper los topes de generación para privados tanto por tamaño de proyectos como por porcentaje con respecto del Sistema eléctrico nacional, SEN. Esos topes hasta ahora son del 15% según la Ley 7.200, capítulo I, con proyectos de hasta 20 megavatios y de otro 15% con la Ley 7.508, capítulo II, con proyectos de no más de 50 megavatios. En versiones anteriores de otros proyectos privatizadores se establecían topes ideales de 50 megavatios para los primeros y de 100 megavatios para los de la Ley 7.508. Pero ahora, con el proyecto 23.414 se rompen todos los topes para los proyectos privados, ya sea de empresas nacionales o transnacionales, pues todos los agentes competirán en el mercado de subastas en igualdad de condiciones.
El otro punto crítico es que todos los sistemas de explotación, trasiego, almacenamiento y distribución de cualquier energía, requiere explotaciones y energías adicionales. La lucha emblemática en la Patagonia chilena contra una explotación hidroeléctrica de 2.760 megavatios en Aysén y tendidos eléctricos de 1.970 kilómetros para consumirlos principalmente en minas, para favorecer a corporaciones privadas, es uno de los mejores ejemplos para comprender los impactos interrelacionados entre distintas explotaciones energéticas. Ni qué decir de la mitología y el novelón global alrededor de consumo de “energías limpias” en carros eléctricos y dispositivos de almacenamiento energéticos, cuya producción resulta devastadora.
El proyecto incluye (artículo 3 j) como “Fuentes energéticas no renovables” “el carbón, la turba, el petróleo, el gas natural y el material radioactivo y otras que surjan y sean reconocidas por el ente rector”. Con esto queda claro que se busca, de nuevo, que en el país más “limpio” se pueda explotar petróleo o hacer fractura hidráulica del suelo para extraer gas y petróleo (fraking) o hasta jugar con materiales radioactivos. Más allá de los peligros por destrucción de ecosistemas de este tipo de extracciones, es claro que será imposible mantener cualquier propaganda de país “sostenible” si se abren los mercados para este tipo de explotaciones energéticas.
Si bien el artículo 16 establece que “estos proyectos solo podrán ser desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a solicitud del Ente Rector”, de seguido se crea la posibilidad de que puedan ser implementados por otros agentes del mercado si el ICE declara “imposibilidad de llevarlo a cabo”, gracias a que ECOSEN “desarrollará un proceso de contratación de estos proyectos”. Esta es parte de la letra del proyecto que crea opciones para contratos con empresas locales o transnacionales para incursionar en explotaciones energéticas hasta ahora detenidas en el país. El máximo nivel de fiscalización para estos proyectos será responsabilidad del MINAE que les dará “autorización”. Pero, si nos atenemos a fiscalizaciones y autorizaciones como las de Crucitas, Gandoca Manzanillo, la zona marítimo terrestre en Guanacaste y cientos más, pues ya sabemos la tusa con que nos rascamos y los resultados posibles.
No es que el proyecto 23.414 por sí solo inicie una era de conflictos sociales relacionados con energía; es que los agudizará. En un mercado abierto, con competencia igual entre lo público y lo privado y con todas las empresas nacionales y transnacionales, presionando para generar y competir en mejores condiciones en el mercado eléctrico, se multiplicará la amenaza de muchos proyectos. Ya mencionamos algunos como los provocados por la empresa H.Solís, pero podrían reanudarse otros sobresalientes como el PH Diquís. En el Plan de Expansión de la Generación 2020-2040 (ICE. PEGE. marzo 2023. P.125) se incluyen veintinueve proyectos de todo tipo entre públicos y privados. La lista la encabeza precisamente el PH Diquís por ahora “suspendido” (no excluido ni menos liquidado) con una potencia de 646 megavatios (el proyecto en operación más grande del país es el Reventazón de 305 megavatios). Otros dieciocho eventualmente serían desarrollados por empresas (algunas que son también generadoras) como JASEC, COOPEALFARO, COOPEGUANACASTE, COOPELESCA y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (PEGE. P.128).
El mismo ICE señala que a esos nada pocos cuarenta y siete proyectos se pueden sumar otros de empresas distribuidoras y privados “que puedan ser identificados y estudiados”, y llama la atención la explicación de que “Además de los nuevos esquemas que eventualmente puedan aparecer (vale preguntarse si como los del expediente 23.414) proyectos adicionales están bajo estudio por desarrolladores del sector privado y de las empresas distribuidoras. Las plantas genéricas que aparecen en el plan de expansión permiten tomar en cuenta la posibilidad de estos desarrollos” (PEGE. P.127).
Abonando en favor de la generación privada el Plan de expansión del ICE señala que “La optimización del Plan de Expansión considera la capacidad disponible en proyectos genéricos, y optimiza la instalación, independientemente del régimen de propiedad y de las condiciones contractuales de las plantas y proyectos…” incluyendo las opciones de generadores independientes/privados (PEGE. P.128). Precisamente por estas posiciones anti-públicas del mismo ICE, es que es urgente sumar muchos más actores sociales en defensa del modelo público, solidario, con fijación de precios justos y enfocado en el bienestar de la población, que son los principios que desaparecerían si se aprueba el expediente 23.414, con la complacencia de gente dentro del mismo ICE.
Lo que defendemos es un modelo eléctrico público dirigido por el ICE, con crecimiento planificado según necesidades colectivas de toda la sociedad y no asociados con el lucro privado. Con precios de consumo final fijados según las necesidades reales de la población, sobre todo de las poblaciones rurales más alejadas e indígenas que son las que tienen acceso más difícil y costoso. El modelo de electricidad que necesitamos fortalecer es el que respete los ecosistemas de todo tipo de acuerdo con su capacidad limitada de carga para la generación de energía y el que entienda que los ríos no son sencillamente mercancías por explotar indiscriminadamente. Igualmente, asociados a los ríos están todos los ecosistemas y los derechos de las comunidades que viven y los aprovechan para actividades de sobrevivencia y subsistencia, como la agricultura, la pesca, la recreación, el turismo, etcétera.
Como se puede comprender, impedir la aprobación del proyecto de “armonización” 23.414, no significa la defensa incondicional del ICE. Dentro del ICE y desde hace décadas hay muchos cómplices de su desmantelamiento y favorecimiento de los negocios privados tanto en electricidad como en telecomunicaciones. Ingenuidad es lo menos que debemos cobijar.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVSGM) un informe técnico sobre los fundamentos administrativos y legales que sustentan la Viabilidad Ambiental del proyecto inmobiliario DIVINE.
Según consta en el oficio AEL-00155-2025, con fecha del 7 de abril de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la AEL, dirigió la solicitud a la licenciada Fanny Cruz Torres, administradora del Refugio, expresando preocupación por un hecho que considera de especial interés en el ámbito de la conservación ambiental de esta área protegida.
El documento detalla que el 12 de febrero de 2025 se colocó un rótulo de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) frente al Colibrí Lodge, anunciando el proyecto DIVINE a cargo del desarrollador Philip Michel André Sánchez. La información consignada indica que el proyecto abarca 2.745 metros cuadrados y cuenta con Viabilidad Ambiental otorgada mediante la Resolución 1445-2024-SETENA del 13 de agosto de 2024.
La AEL señala que el sitio donde se proyecta esta iniciativa está compuesto por bosque y presuntamente se ubica dentro de los límites del RNVSGM, un área que además se encuentra bajo un proceso de judicialización.
En el oficio, Levy Virgo solicita que se le informe sobre cómo, pese a las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Habitantes en el marco del seguimiento y cumplimiento de la Sentencia 2019-012745 de la Sala Constitucional, se continúa permitiendo el fraccionamiento del bosque en esta zona protegida.
La misiva recuerda que dicha sentencia, dictada el 10 de julio de 2019, ordenó la protección y delimitación efectiva del RNVSGM. Este mandato ha sido objeto de seguimiento y medidas posteriores, incluyendo la resolución 2024-26300 del 10 de septiembre de 2024, que constató el incumplimiento de lo dispuesto en 2019.
La solicitud se fundamenta en el interés ciudadano de garantizar la integridad de los ecosistemas del refugio, así como en el derecho de acceso a la información pública ambiental, consagrado en la legislación costarricense, incluyendo la Ley Orgánica del Ambiente (N° 7554) y la Convención de Aarhus, ratificada por Costa Rica.
El oficio fue enviado con copia a diversas autoridades gubernamentales, entre ellas la Defensora de los Habitantes, la Contralora General, el Procurador General de la República, fiscales ambientales y otros funcionarios relacionados con la conservación ambiental y el ordenamiento territorial.
Desde ayer, vecinos y defensores del humedal de Coris, en Cartago, han sido testigos de la destrucción parcial de este valioso ecosistema, sin que las autoridades tomen medidas al respecto. El humedal, que alberga nacientes de agua, un manantial natural y fuentes hidrotermales, es crucial para la biodiversidad de la zona. Además, juega un papel fundamental como zona de recarga acuífera, extendiéndose desde Coris hasta la Laguna de Doña Ana, en Paraíso.
Las acciones realizadas incluyen lo que parece ser el dragado y el relleno del humedal. El año pasado, las organizaciones defensoras del medioambiente ya habían denunciado a la finca La Mara por actividades similares.
Los humedales, por su propia naturaleza, son esenciales para la observación de aves y otros animales asociados a estos ecosistemas. En un contexto urbano, también ayudan a mitigar los efectos de las lluvias intensas y las inundaciones, al absorber el exceso de precipitaciones. Asimismo, la vegetación presente en estos humedales actúa como un filtro natural que mejora la calidad del agua. Por todas estas razones, los humedales están protegidos por la ley en todo el país.
Día Mundial de los Humedales: Protejamos Nuestros Ríos
Cada 2 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de los Humedales, recordándonos la importancia de estos ecosistemas para la biodiversidad, la regulación del clima y el abastecimiento de agua. En Costa Rica, el Humedal de Caño Negro, reconocido como sitio Ramsar, depende directamente del caudal del Río Frío. Sin embargo, este río enfrenta amenazas crecientes debido a la extracción de sus recursos y la falta de una gestión adecuada por parte de las autoridades responsables.
Actualmente, la mayoría de las concesiones otorgadas para la explotación de materiales en los ríos son públicas, pero esto no garantiza que se estén manejando de manera sostenible. Es fundamental que las comunidades de Guatuso y Caño Negro se mantengan vigilantes y exijan transparencia en la administración de estos recursos. La creación de una auditoría ciudadana permitiría un mayor control sobre el cumplimiento de las regulaciones ambientales y evitaría abusos que comprometan la salud del ecosistema.
Regenerar un río es una tarea casi imposible. A diferencia de otras prácticas donde se extrae material y que eventualmente puede recuperarse, un río que ha sido contaminado, dragado y sobreexplotado pierde su capacidad de renovar el agua y mantener la vida. Es por eso que no solo debemos monitorear las concesiones públicas, sino también prevenir cualquier intento de otorgar concesiones privadas que podrían profundizar aún más el deterioro del Río Frío y sus lagunas.
Si se empiezan a otorgar concesiones privadas sin un control adecuado, se corre el riesgo de que los intereses comerciales prevalezcan sobre la conservación ambiental. La falta de regulación efectiva podría acelerar el daño al ecosistema y debilitar la capacidad de recuperación de los humedales. Este escenario pondría en peligro la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que benefician a toda la comunidad.
La protección de los humedales no es solo responsabilidad del gobierno o de organizaciones ambientales. Como ciudadanos, debemos exigir una gestión responsable que priorice el bienestar de los ecosistemas sobre los beneficios económicos de unos pocos. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en la administración de los recursos naturales.
En este Día Mundial de los Humedales, hacemos un llamado a la acción. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros ríos enfrentan amenazas constantes. Debemos organizarnos, denunciar, exigir soluciones y recordar que los humedales son patrimonio de todos. ¡Sigamos vigilantes y defendamos lo que nos pertenece!
Los humedales no tienen fronteras: La importancia de una protección compartida
El grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío se une a la celebración del Día Mundial de los Humedales, recordándonos la gran riqueza natural que posee Guatuso. En esta región existen extensas áreas de humedales, como Caño Blanco, un ecosistema de gran importancia para la biodiversidad. También se encuentran otros humedales significativos en Mónico, La Unión y desde Moravia Verde hasta Cañas y la frontera con Nicaragua. Estos ecosistemas no solo albergan una gran diversidad de flora y fauna, sino que también son esenciales para la regulación del agua y la vida de muchas comunidades.
Uno de los aspectos clave de estos humedales es su carácter transfronterizo. Cuando hablamos de su conservación, debemos reconocer que estos ecosistemas no tienen límites políticos. La protección del Humedal de Caño Negro, por ejemplo, no es solo responsabilidad de Los Chiles, sino también de Guatuso, Nicaragua y todas las comunidades que dependen de él. Entender esta interconexión es fundamental para su defensa, ya que las afectaciones en una parte del humedal impactan todo el ecosistema, sin importar en qué país o cantón se encuentren.
La vulnerabilidad está servida
Sin embargo, este frágil ecosistema enfrenta amenazas crecientes. Actividades como la pesca irresponsable, la expansión de piñeras y las empresas de tubérculos han venido a vulnerabilizar aún más los humedales del Río Frío. El uso intensivo de agroquímicos, la contaminación del agua y la alteración de los cauces naturales ponen en riesgo no solo la biodiversidad, sino también los medios de vida de muchas comunidades locales.
Los humedales no pueden verse únicamente como territorios delimitados por fronteras humanas; son ecosistemas vivos y universales que pertenecen a todos. Su conservación requiere cooperación entre comunidades, países y organizaciones, asegurando que las decisiones que se tomen para su manejo sean integrales y sostenibles. La falta de protección en un sector puede significar la degradación de todo el ecosistema, afectando no solo la biodiversidad, sino también la calidad de vida de quienes dependen de estos cuerpos de agua.
En este Día Mundial de los Humedales, el llamado es claro: debemos reconocer que la defensa de estos ecosistemas nos concierne a todos. La comunidad de Maquengal y el grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío reiteran su compromiso de vigilar y exigir una gestión responsable, sin distinciones de fronteras. La protección de los humedales es una tarea compartida, y solo mediante el trabajo conjunto podremos garantizar que sigan cumpliendo su papel vital para las futuras generaciones.
Es importante señalar que en este contexto que estamos atravesando de alta vulnerabilidad de nuestros ecosistemas el grupo de defensa de los ríos de la Cuenca del Río Frío se opone rotundamente a las concesiones privadas para extracción de material.
Población reacciona con alegría y afinidad por la defensa de los ecosistemas y en contra de este gobierno ecocida.
(31/01/2025) La mañana de este viernes un grupo de manifestantes integrantes del Bloque Verde recorrieron las principales calles de la capital para llevar, con música y alegría, un mensaje de protesta contra la gestión del ministro de Ambiente Franz Tattenbach Capra. Una acción ecologista no violenta que se ha vuelto popular en redes sociales.
Al son de la canción “El ministro aserrín” compuesta por Bloque Verde e interpretada al ritmo de calipso cuyo coro denuncia la deforestación en el humedal de Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Caso de destrucción ambiental que destapó una cadena de actuaciones ilegales y de aparente tráfico de influencias a favor de empresarios inmobiliarios en contra de los ecosistemas del Caribe Sur.
Para Federico Lizano, activista de Bloque Verde: “la jornada de perifoneo en contra del ministro Tattenbach fue una acción contundente y necesaria ante la alarmante destrucción ambiental que está ocurriendo en Costa Rica. Fue muy alentador ver a la gente en las calles apoyando el movimiento, alzando la voz y reforzando un discurso que defiende nuestros recursos naturales frente a políticas que favorecen su deterioro.”
Además del perifoneo, se entregaron pronunciamientos en defensa de Gandoca Manzanillo en la Procuraduría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, en el MINAE y en la Contraloría de la República.
Para la licenciada en derecho y ambientalista Silvia Matamoros fue evidente el respaldo de la gente cuando escuchaba el mensaje en defensa de los ecosistemas. Tanto en el Mercado Central, como en las distintas calles y avenidas josefinas hubo cientos de muestras de simparía por el mensaje ecologista. Muchas personas dieron su adhesión por medio de la recolección de firmas para pedir la renuncia de Franz Tattenbach como ministro de Ambiente.
“El respaldo ciudadano demuestra que el país no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras se toman decisiones que comprometen nuestro patrimonio ambiental. Seguiremos exigiendo transparencia, responsabilidad y un compromiso real con la protección de nuestros ecosistemas.” Señaló Matamoros.
