La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.
Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.
El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.
Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.
El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.
La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.
Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.
Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.
Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.
La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.
El Informe del Estado de la Educación 2023 ha puesto de manifiesto graves problemas en el proceso educativo nacional. No es la primera vez que se aborda el descuido que se viene haciendo en educación desde gobiernos anteriores.
Los problemas acumulados, no son causados solo por este Gobierno de Rodrigo Chaves, pero están haciendo crisis, en estos momentos, cuando por disposiciones del actual gobierno pueden no solo acelerarse, profundizarse, intensificarse y convertirse en problemas altamente explosivos e indeseables para la salud democrática nacional.
Solo el recorte de los ¢33.000 millones de colones al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública, la eliminación de los subsidios para becas, para el trasporte escolar y para los comedores escolares, muestra la punta del iceberg de lo que pasa con la educación pública, y lo que afecta a miles de familias y más, a miles de estudiantes.
El no cumplimiento del 8% para el Presupuesto Nacional, como se ha empeñado este Gobierno, con el Ministerio de Educación, como con el presupuesto de las Universidades públicas, es una violación de la Constitución Política, que debería ser perseguida, ante los tribunales e instancias judiciales, acusando directamente a los funcionarios que se empeñan en no cumplir los mandatos constitucionales y legales. Unos por no cumplimiento de esos mandatos, otro por distraer esos dineros para otros fines, que debieron haberse atendido por otras vías y otras fuentes que los generaran, habida cuenta de que siendo mandatos constitucionales deberían haberse previsto sus cumplimientos y contenidos presupuestarios, sobre todo porque se les han eliminado a esos sectores para dárselos a otros, como Seguridad Pública.
En el siglo XIX y el siglo XX costarricense la tendencia fue disminuir el dinero del Ejército, cuando existía, para fortalecer educación y otros rubros nacionales. La abolición del ejército en 1949 en mucho se justificó por la inoperancia del Ejército, su invalidez para el régimen democrático, la existencia de una legislación internacional y de Tratados que contribuían a proteger la soberanía, la independencia y la libertad del pueblo costarricense frente a amenazas que pudieran poner en peligro al país y su sistema democrático. En paralelo se fue fortaleciendo un régimen democrático, basado en la educación, en la salud, en una gran cantidad de instituciones sociales, que dieron pie a la constitución del Estado Social y Democrático de Derecho que hemos construido y edificado en todos estos años.
Lamentablemente, desde el desarrollo de los Planes de Ajuste Estructural, y las políticas públicas que se han seguido, este Estado Social se ha venido debilitando y desquebrajando. Con los últimos tres gobiernos y el actual esta tendencia se ha acentuado. La calidad de vida alcanzada ya no interesa. La pauperización o empobrecimiento de las amplias masas de trabajadores y de la población, estratégicamente es la meta a conseguir, especialmente por el actual Gobierno. La pobreza como política de un gobierno neoliberal, es también un negocio público, y privado, que lo saben explotar; que contribuye a que algunos cuantos se enriquezcan con su propia existencia. Las políticas laborales que se acaban de aprobar en primer debate parlamentario son la puerta que se ha abierto en esta dirección, fortalecido esto con el debilitamiento total de la educación pública.
Los actuales gobernantes, sus acólitos políticos; sus defensores y acompañantes económicos, se están frotando las manos del dineral que van a recibir, por los negocios asociados, y en cadena, que generan estas políticas distractoras de los dineros públicos en educación. El cierre técnico de la Fundación Omar Dengo que criminalmente se ha hecho, al proceso educativo y al apoyo que se daba al Ministerio de Educación Pública, es parte de este entramado contra el Estado Social de Derecho, y contra la población estudiantil del país, y sus familias, que están sufriendo la imposibilidad de oportunidades y posibilidades de ascensos sociales que la educación brindaba a los hogares y familias nacionales.
Los 120.000 estudiantes que la pandemia sacó del proceso educativo no han sido recuperados; los casi 1000 establecimientos de educación pública que a principios de año se señaló que carecían de condiciones sanitarias y se amenazó concerrarlos, con la desatención que ello llevaría de estudiantes; la amenaza de que se necesitan más de ¢60.000 millones de colones para mantenimiento de centros educativos, en la filosofía que se ha venido siguiendo, de que el dinero destinado a educación son gastos que pueden reducirse, sin entender que los dineros destinados a educación deben considerarse inversión por los beneficios que producen; los casi 115.000 estudiantes que han quedado sin apoyos económicos, por falta de becas; los miles que ya no pueden ir a escuelas y colegios formarán parte obligada, en el mejor de los casos, de la población laboral informal, que pujará por contratarse en las jornadas de 12 horas, de establecerse con apoyo de la Sala Constitucional, por emplearse al salario más bajo posible que les ofrezcan en las nuevas relaciones laborales esclavistas que se están estableciendo en el país, para asegurar tal vez la mínima comida diaria.
En el peor de los casos, serán parte de la mano de obra de los negocios ilícitos de drogas al menudeo, en escuelas, centros educativos y concentraciones masivas y recreativas sociales; en las calles, formando parte de pandillas del narco, y de otras formas de delincuencia organizada de este tipo, que tienen apoyo en sectores de gobierno y de ciertos grupos que, en estas actividades, se amparan regularmente a los gobiernos de turno, y a las mismas autoridades policiales encargadas de su persecución. En esta situación se pegarán al círculo del negocio y del movimiento de drogas que se hace en el país.
A propósito, ¿cuánta droga se incauta en el país? ¿Cuánta se quema en Costa Rica? ¿Por qué ya no se usan los hornos nacionales en los que se quemaba la droga incautada? Tampoco oficialmente se lleva al extranjero para quemarla. ¿Por qué la droga incautada se lleva en aviones especiales desde Costa Rica, se dice, a los Estados Unidos, para supuestamente quemarla? ¿Venden esa droga a los Estados Unidos? ¿Si la venden, cuál es su valor y cuanto entra a las arcas públicas y no solo a billeteras que podrían estar ligadas a esa exportación?
La experiencia de los organismos como la DEA, la CIA y otros de la seguridad, y del aparato militar, de los Estados Unidos, han participado en operaciones donde mueven las drogas para fines económico comerciales, para financiar actividades que a ellos, en sus conceptos geopolíticos, les interesa apoyar, pagando con drogas para sus respectivas ventas en un peligroso y tenebroso movimiento de drogas.
Para estos negocios, en el nivel popular, se necesita mano de obra barata, desempleada, que ya se está produciendo y que institucionalmente, con medidas como las que se están impulsando y tomando, en el sector educativo, se va a producir o generar.
Los problemas en la educación son acumulados en el país. Hay que atender los urgentemente con un buen pacto nacional donde participen las autoridades nacionales, los partidos políticos, las organizaciones sociales; especialmente, los sindicatos del sector educativo con mayor razón y compromiso.
La educación era en la Historia Nacional un apostolado; era una misión sagrada confiada a los educadores.
Los educadores eran estos apósteles, los escogidos para inculcar la sabiduría, las fuentes del conocimiento; los encargados de inspirar en la niñez y la juventud, los horizontes de luz intelectual y profesional para forjar la mejor Patria posible.
¿Dónde están los educadores y sus sindicatos ante esta problemática y ante esta tarea nacional de rescate y de defensa de la educación pública?
No se puede permitir que a la educación pública, como sistema y como estructura institucional, la siguen debilitando, acabando y empobreciendo.
Los padres y madres, las familias, con hijos en el sistema escolar deben también interesarse en este problema. Es su futuro, el de sus hijos y el sus propias familias el que se está poniendo a prueba con esta guerra que ha establecido este gobierno contra la educación pública, con las medidas y recortes al presupuesto nacional y con el incumplimiento de la Constitución Política.
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica.
Por Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica
El acuerdo resguarda la autonomía universitaria. A futuro, el reto como universidad es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de Conare
En el Acta 160 de la Constituyente de 1949, intervino el diputado Rodrigo Facio Brenes indicando lo siguiente:
“Pues bien, en el momento de proyectarse el presupuesto nacional, ¿cómo suceden las cosas? Muy sencillo: cada ministro trata de atraer hacia su ministerio y a las oficinas dependientes del mismo, la mayor suma de caudales públicos posible. Cada ministro es el abogado de su ministerio y de sus dependencias”.
“(…) Solo la Universidad, señores diputados, solo la Universidad, ni tiene abogado ante el Fisco, ni produce por sí misma lo necesario para subsistir y progresar”.
“(…) Llegamos a la conclusión de que sólo un abogado puede haber para la Universidad; el propio texto de la Constitución”.
En esta tarde, me dirijo a ustedes al final de un proceso de negociación del FEES histórico, en un contexto desconocido hasta ahora para las universidades públicas y la comunidad nacional. El martes pasado, cerca de la media noche, en la décima sesión de la comisión de enlace y después de 10 horas de trabajo, llegamos a un acuerdo para el financiamiento del año 2024.
Sin embargo, este proceso fue más que una discusión fiscal y presupuestaria. A lo largo de estas semanas y de las 10 sesiones de la comisión de enlace, se colocó en la agenda nacional un debate mucho más amplio sobre la educación pública, la autonomía universitaria, la democracia y el Estado social de derecho que estamos llamados a defender desde la Universidad de Costa Rica.
En esa coyuntura, nos enfrentamos a un relato construido, según el cual las y los funcionarios públicos éramos la causa principal de una crisis presupuestaria, que se pretendió resolver con políticas profundamente severas en materia de austeridad, que iniciaron en el Gobierno anterior.
Teníamos entonces una avanzada de políticas que debilitaban el Estado, por un lado, y un funcionariado universitario golpeado, por el otro. Querían condenarnos a ver, desde la esquina del tablero político, el desmantelamiento del diseño constitucional de nuestro Estado.
Y entonces nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República.
En ese sentido, nos dispusimos a realizar ajustes a nuestra estrategia y a apoyarnos en la inteligencia, la capacidad de análisis, la organización y la movilización que caracteriza a nuestra institución.
Este extraordinario esfuerzo de la UCR, sumado al trabajo de las demás universidades, nos permitió alcanzar un acuerdo que revierte la tendencia de debilitar el financiamiento de la educación superior pública mediante la pérdida del valor real del FEES.
Concretamente, sobre el acuerdo es posible enumerar los siguientes logros:
1. La primera propuesta del Ejecutivo no solo tenía un monto menor a la inflación estimada, sino que venía con un acuerdo que pretendía lesionar seriamente la autonomía universitaria.
Las pretensiones del Gobierno incluían desplazar los mecanismos constitucionales de financiamiento, organización, planificación y rendición de cuentas de las universidades en favor de los que determinara arbitrariamente el Ejecutivo. Incluso pretendían exigirnos aumentar matrículas e imponer una serie de investigaciones al antojo del Gobierno.
Ante este panorama, CONARE presentó una contrapropuesta que fue acogida prácticamente en su totalidad, asegurando que la autonomía universitaria permanezca intacta.
2. Se logró detener el decrecimiento del FEES en términos de valor real, proceso que se venía dando desde el anterior Gobierno con sus políticas fiscales y que se acentuó con el actual Ejecutivo.
3. Conseguimos un incremento que duplica la oferta inicial del Gobierno y se ajusta al promedio de inflación estimada por el Banco Central.
4. Incorporamos una salvaguarda de inflación novedosa, que obliga al Ejecutivo a un ajuste si la inflación supera lo estimado, no solo a la base del FEES, sino que en tal caso deberá presentar un presupuesto extraordinario para reconocer ese monto. Lograr esta novedad, en el contexto político actual, es algo digno de reconocer. Además, esta medida permite algo de suma importancia que fue discutido con el ministro de Hacienda, y está relacionado con la aplicación del artículo 85 de la Constitución Política. Cuando hablamos de un FEES que no decrece, no hablamos de términos nominales, hablamos de un valor real del FEES, traído a valor presente como dicta la Constitución. La salvaguarda incorporada en este acuerdo nos permitirá avanzar en esa línea.
5. Finalmente, logramos explicitar en el documento del acuerdo nuestro desacuerdo por el 1% pendiente, lo cual nos faculta para solicitar en la Asamblea Legislativa el reconocimiento de ese monto.
«Nos aferramos a lo que yo he denominado un hilo democrático, una reserva de conciencia lúcida que nos ha acompañado durante más de dos siglos y que ha sido tejida en nuestra República».
Como les mencionaba al inicio, este largo proceso significa mucho más que números. El proceso de lucha del FEES logró fortalecer la articulación que impulsa la administración con los movimientos sociales que buscan la defensa de la democracia y el fortalecimiento del Estado social de derecho. Que no les quepa duda de que seguiremos acompañando las manifestaciones en defensa del agro, la educación, la caja y la libertad de prensa, entre otros.
Nos parece indispensable la articulación de múltiples sectores para exigir el cumplimiento del artículo 78 de la Constitución y garantizar un financiamiento para la educación con el 8% del producto interno bruto. La crisis educativa actual exige ponernos metas ambiciosas como esta, que permitan a nuestra sociedad acceder a una educación de calidad y excelencia.
Este ciclo nos ha dejado una serie de aprendizajes que nos permitirán afinar y optimizar las estrategias para futuras negociaciones. Hemos construido mecanismos y dinámicas de trabajo que contribuirán a fortalecer el sistema universitario como un todo. Esto nos faculta para asumir en mejores condiciones la presidencia de CONARE, que estará a cargo de la UCR a partir del 1 de enero de 2024.
Los aportes brindados por el Informe de la Facultad de Derecho, construido a partir de los insumos de docentes constitucionalistas, nos permiten comprender con mayor amplitud los alcances de los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución, y así tener un panorama más claro sobre los escenarios en la Comisión de Enlace y la Asamblea Legislativa.
Otro logro al margen del acuerdo, pero no menos importante, es que CONARE, y en particular la UCR, hemos demostrado que no es necesario ser complacientes con el Gobierno para lograr causas que son justas. Precisamente por eso el éxito del FEES es tan significativo, porque la justicia, la razón y la Constitución no pueden ser sometidas al cálculo politiquero y así lo demostramos. Así lo demostró la Universidad y así lo demostró la ciudadanía. Ese hilo democrático del que les hablo y que nos acompaña hace más de dos siglos está ahí, sigue vivo, y no vamos a renunciar a ese legado.
Tenemos un reto como institución que no es parte del acuerdo, y es el tema de la redistribución, en el cual hay una comisión trabajando en el seno de CONARE y donde estamos muy bien representados por don Gabriel Macaya, Karen Marín y Pedro Méndez.
Finalmente, quiero agregar que en la coyuntura regional, en medio del amedrentamiento y la eliminación de universidades centroamericanas por parte de gobiernos totalitarios, las universidades públicas están llamadas a dar la batalla cultural en contra de los fenómenos autocráticos latinoamericanos y de regímenes totalitarios como el de Nicaragua.
Quiero agradecer al equipo negociador, a los equipos técnicos, a las oficinas administrativas vinculadas a este proceso, a las profesoras y los profesores constitucionalistas de nuestra Facultad de Derecho, liderados por la Dra. Marcela Moreno, al Consejo Académico de Áreas, a nuestros profesionales en comunicación, a CONARE, a las fracciones legislativas que nos apoyaron abiertamente y, por supuesto, a toda la comunidad universitaria que se sumó a esta causa. Cada reunión, cada informe técnico, cada marcha, cada foro y participación de ustedes en el debate público fueron fundamentales para alcanzar los logros que hoy celebramos.
Agradezco especialmente a la compañera Karen Marín, presidenta de la FEUCR, que nos acompañó con la autonomía, alegría, entereza, seriedad, y no menos importante, el trabajo ad honorem que ha caracterizado al movimiento estudiantil durante décadas, un actor político fundamental no solo para esta Universidad, sino para este país.
Este proceso ha mejorado nuestro estado de ánimo, el orgullo de sentir que somos parte de la institución mejor valorada del país, de que vamos a cumplir el rol constitucional que nos asignaron las y los gigantes que forjaron nuestra Constitución y nuestra preciada Patria. ¡Que se eleve al máximo el orgullo de ser parte de la Universidad de Costa Rica!
Gustavo Gutiérrez Espeleta Rector de la Universidad de Costa Rica
En el documento dirigido a la rectora y rectores integrantes del CONARE, así como a la representación estudiantil ante la Comisión de Enlace se expresa que la propuesta del gobierno perpetúa la insatisfactoria situación financiera de las universidades públicas, y además, socava la autonomía al pretender reemplazar el PLANES 2021-2025, documento realizado desde las propias instituciones estatales de educación superior, por los intereses particulares del gobierno de turno. Se evidencia así el debilitamiento continuo de la educación pública limitando el crecimiento y la inversión en equipamiento e infraestructura universitaria.
Falta de rigor técnico de las pruebas estandarizadas son principal motivo para presentar la solicitud al CSE.
Denuncian el uso de fuerza policial y manipulación jerárquica del gobierno para amedrentar a las personas estudiantes de secundaria en avanzar en la defensa de la educación pública y la solicitud de que se suspendan por el año 2023 las pruebas estandarizadas.
Estudiantes hacen llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno.
El jueves 10 de agosto 2023, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas, una delegación importante de estudiantes de secundaria de todo el país, demandan una terrible improvisación con las pruebas estandarizadas presentadas por el MEP, pues las mismas no han sido validadas con el rigor técnico necesario antes de ser aplicadas, y además, no cuentan con la aprobación previa del Consejo Superior de Educación como consta desde que se aprobó su aplicación.
Las personas estudiantes de secundaria mediante una acción administrativa presentada ante el Consejo Superior de Educación el miércoles 09 de agosto, solicitaron la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta tanto los instrumentos de medición y la técnica de evaluación sean sustentados científicamente y validados mediante un pilotaje.
Entre las razones más importantes que justifican la solicitud de suspensión se encuentra:
Sobre el derecho a la educación, a un servicio educativo regular y a una evaluación objetiva. El derecho de las personas estudiantes a que se les brinde un servicio educativo de calidad, con sujeción a los principios propios del servicio público que son: continuidad, igualdad, eficiencia, adaptabilidad, gratuidad y universalidad. (Artículos números 1 y 4 de la Ley Fundamental de Educación, 77 y 78 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 28 y 29 de la Convención de los derechos del niño; y artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales [Protocolo de San Salvador], entre otras disposiciones de derecho interno y de la convencionalidad internacional de los derechos humanos).
La prueba nacional estandarizada realizada en el primer semestre y prevista originalmente para repetirse en el segundo semestre y la técnica de evaluación utilizada no está sustentada científicamente, ni validada por un peritaje confiable. Según oficio sin número, fechado 7 de febrero 2023, suscrito por 11 asesores y asesoras nacionales del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. El oficio N° DVM-AC-DDCDTCED- 030-2023, del 16 de febrero del2023, que contiene el criterio técnico sobre el proceso de macro evaluación 2023, de las asesorías nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Y Oficio N° CNR-PEN-033-2022 del 22 de febrero del 2023, por medio del cual el Estado de la Educación emplaza al Consejo Superior de Educación y le solicita la información técnica que justifica la nueva macro evaluación.
El resultado de la prueba nacional estandarizada aplicada en el primer semestre, carece de validez académica y de utilidad para la mejora educativa.
Las modificaciones introducidas en el instrumento y en las técnicas de valoración, rompen la continuidad del proceso de evaluación y constituyen una prueba totalmente nueva y diferente a la aplicada en el primer semestre.
Existen errores de planificación y de ejecución en la implementación de la prueba que no se han resuelto.
En dichas pruebas, no se respetan los derechos de personas estudiantes con necesidades especiales y personas migrantes, ni las diferencias de oportunidad por la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo; ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?
La aplicación de la prueba nacional estandarizada con valor sumativo y efecto en la promoción académica, tendrá efecto discriminatorio y mayor exclusión educativa. Si se mantienen afectará a miles de personas estudiantes, quienes después de reprobar una prueba de esta trascendencia, difícilmente vuelvan a incorporarse al sistema educativo.
Estudiantes reconocen la importancia de las pruebas estandarizadas bien diseñadas, científicamente sustentadas y debidamente validadas como herramienta para la mejora continua del sistema educativo nacional.
No obstante, las y los estudiantes en Costa Rica mantiene las medidas de presión y protesta hasta que sean eliminadas las pruebas estandarizadas, insisten en que no cederán ante el uso de la fuerza y la intimidación del gobierno, como así se demostró el día de 07 de agosto, con incidentes violencia y represión policial a estudiantes manifestantes a las afueras de Casa Presidencial.
Así se expone en el documento de descargo el día 08 de agosto por la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes denuncian violencia policial, manipulación, desinformación y presión para firmar acuerdo con gobierno. Se cita textualmente parte del descargo circulado en redes sociales y medios de comunicación.
‘’Después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación’’.
Finalmente hacen un gran llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, docente y administrativo del MEP a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno, no solo para la suspensión de las pruebas que atentan con los derechos educativos de las personas, también a defender el sistema público de educación frente a una gran crisis educativa expresada en necesidades de infraestructura, calidad educativa, transporte y alimentación, así como que se puedan garantizar el 8% para la educación por mandato constitucional.
Según el recuento actualizado el día de ayer, con la renuncia del viceministro de Justicia y Paz, las bajas de esta administración ya suman la cifra de 50 personas. Algunas han renunciado, otras las han obligado a irse por no asumir el papel de sirvientes frente al gran “dios” del ejecutivo o frente a alguna de sus prepotentes y mediocres compañías como la del Ministerio de Educación.
Una de las reivindicaciones fundamentales del MEDSE es la declaración del estado de emergencia para la educación primaria y secundaria. El estado de emergencia se ha ido consolidando desde hace décadas. Sin embargo, ahora el barco hace aguas, ya no hay por donde tapar los agujeros por donde estalla la crisis. Anna Katharina Müller se ha destacado con méritos, dignos de esta administración, por su insolvencia como pedagoga, su irrespeto a los derechos humanos y su afán desmedido de lucro. Veamos unas pequeñas muestras de sus destacadas actuaciones en contra de la educación pública:
Afirmó en marzo que “un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying”. Un verdadero atentado contra la Ley Fundamental de Educación, contra los derechos humanos y una ignorancia supina acerca de la psicología educativa.
El 2 de febrero “presentó” una Ruta de la Educación, que estaba en borrador” y después de nueve meses de trabajo. Para las personas especialistas no había tal ruta, pues “ni siquiera puede considerarse como un “plan”, pues no se puede evaluar por indicadores, plazos, asignación de recursos y otros”.
En abril, estalló el escándalo de la ruptura del MEP con la fundación Omar Dengo. La prensa destacó: “Diputados denuncian que MEP rompe con FOD para darle negocio a prima de la ministra de Educación”.
Ha sido cuestionada por su relación con una red de familiares vinculados con empresas privadas universitarias. Particularmente, con Silvia Castro, rectora de ULACIT, quien, desde el 2015, había planteado que un porcentaje del FEES fuera destinado a las universidades privadas.
Este es el pequeño botón que muestra la prensa. ¡Imaginemos la magnitud del caos y de los intereses en juego!
Esta muchachada de secundaria que ha tomado las calles, nos está dando una lección de dignidad. ¡Admiro su valentía! Nos están señalando un camino por donde recobrar las esperanzas.
Invito a leer sus comunicados en su página de Facebook. Por razones de espacio, me limito a transcribir algunas consignas:
“¡Si querían resultados, nos hubieran preparado!”
“¡Luchar por mis derechos, no es vagancia!”
“¡No estamos en contra de la educación, estamos en contra de un sistema que nos limita y reduce a números!”
“La lucha de pocos, vale por el futuro de todos”.
“Conocimiento es poder. Resistencia es deber”.
Para finalizar:
“Un docente para 40 alumnos.
Un médico para 300 pacientes.
Y 40 escoltas para un corrupto”.
1.Ver: Especialistas UNA piden renuncia de ministra del MEP por declaraciones sobre bullying. https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/marzo-2023/4500-especialistas-una-piden-renuncia-de-ministra-del-mep-por-declaraciones-sobre-bullying
2.Ver: Ruta de la Educación continúa en “borrador” a casi un mes de su presentación. https://semanariouniversidad.com/pais/ruta-de-la-educacion-continua-en-borrador-a-casi-un-mes-de-su-presentacion/
3.Ver: DIPUTADOS DENUNCIAN QUE MEP ROMPE CON FOD PARA DARLE NEGOCIO A PRIMA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN. https://www.culturacr.net/diputados-denuncian-que-mep-rompe-con-fod-para-darle-negocio-a-prima-de-la-ministra-de-educacion/
Ministra de Educación rechaza recusación contra sí misma para tomar parte en negociaciones del FEES. https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-rechaza-recusacion-contra-si-misma-para-tomar-parte-en-negociaciones-del-fees/
Durante las últimas semanas, el Gobierno de la República con su granja de troles han difundido mentiras sobre las universidades públicas en redes sociales. La repetición masiva de la mentira hace que sectores del país y el magisterio puedan asumir como verdad esas mentiras.
Y ante las mentiras y la desinformación, las personas críticas e inteligentes deben responder con datos y con verdad, por eso les comparto estas 10 verdades que el gobierno no quiere que usted sepa.
1. De los colegios públicos. Una de las mentiras más extendidas es que la mayoría de estudiantes de las universidades públicas proviene colegios privados. FALSO.
El 82% de los estudiantes de las universidades públicas proviene de colegios públicos y el 66% provienen de familias donde sus padres no tienen títulos universitarios.
DATO A RECORDAR: 82% de estudiantes de las U Públicas proviene de Colegios Públicos
2. Las Universidades Públicas han alcanzado, en el 2022, la mayor cantidad. de estudiantes matriculados en la historia del país. 140 600 estudiantes inscritos en 659 ofertas académicas y 1 035 oportunidades de estudio.
DATO A RECORDAR: 140 600 estudiantes
3. Las U Públicas tenían, en 2022, 59 717 estudiantes con beca socioeconómica y 12 000 con otro tipo de becas como excelencia académica, deportiva, etc. En total, 71 717 estudiantes tienen beca en la U.
DATO A RECORDAR: 71 717 estudiantes con beca.
4. El 70% de las becas se otorga en las sedes regionales. Es decir, 7 de cada 10 becas se le otorga a estudiantes matriculados en sedes de las universidades, o lo que es lo mismo, 50 201 estudiantes de las sedes reciben becas.
DATO A RECORDAR: 70% de estudiantes con beca proviene de las sedes.
5. El incremento del FEES para 2023 fue de 5 591 millones de colones (el año en que el gobierno intentó quebrar a las universidades públicas).
DATO A RECORDAR: En 2022 el incremento del FEES fue de 5591 millones.
6. En 2023, las Universidades aumentaron el presupuesto de becas de 59 717 millones a 63 924 millones, es decir, EL PRESUPUESTO DE BECAS CRECIÓ EN 3889 MILLONES.
DATO A RECORDAR: Este año el FEES creció 5 591 millones y las becas crecieron 3889 millones, es decir, un 70% del incremento del FEES se invirtió en becas.
7. En 2022, las universidades invirtieron 71 031 millones en proyectos de investigación. Esas investigaciones han sido claves para el desarrollo del país, desde estudios de población hasta el desarrollo de sueros o estudios de materiales para carreteras.
DATO A RECORDAR: 71 031 millones del FEES se invierte en proyectos de investigación.
8. Desde 2020, se presenta una reducción en la partida de salarios en las universidades públicas. La reducción es casi de 10 mil millones y continuaría su disminución durante los próximos años.
DATO A RECORDAR: Desde 2020, los salarios en las U Públicas vienen disminuyendo su peso en el presupuesto.
9. Las U Públicas rinden cuentas. Cada año, las universidades entregan cuentas de sus inversiones y proyectos a la Contraloría General de la República, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y Contabilidad Nacional.
DATO A RECORDAR: Las Universidades Públicas sí rinden cuentas ante diversas instancias
10. El FEES (como porcentaje del PIB) del 2023 es el más bajo desde 2011. Es decir, en la práctica se está recortando el presupuesto.
DATO A RECORDAR: Estamos con el FEES más pequeño, en relación con el PIB, en 12 años.
** Todos los datos obtenidos de los informes auditados de las Universidades Públicas.
Es importante que la comunidad nacional comprenda estos datos puesto que la manipulación y el engaño del gobierno puede hacer cometer severos errores de apreciación.
Frente a las mentiras del gobierno, los datos nos permiten concluir que: el presupuesto del FEES se ha reducido enormemente y aún así las universidades invierten más en BECAS, PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA. Así mismo, nos permite comprender la importancia de la defensa del aumento del presupuesto para seguir apostando por una educación pública superior que promueva la igualdad de oportunidades y siga construyendo un fuerte Estado Social de Derecho y Bienestar para todas las personas.
Durante los años 2014,2015,2017,2019,2022 y 2023 las calles de nuestro país han sido testigos de diferentes movimientos y marchas en defensa del presupuesto del 8% del PIB para todo el sistema educativo de Costa Rica, tal como lo establece la Constitución Política (Foto Laura Rodríguez, UCR).
Consejo Nacional de Rectores
Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales.
Ante la negativa del Gobierno de otorgar el 1% que le debe a las universidades públicas del presupuesto de la Educación Superior Pública 2023 (conocido como FEES) y ahora ofrecer un insuficiente 1% para el FEES 2024, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su preocupación ya que “seevidencia, una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense”
Según el comunicado de prensa de CONARE la evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años y prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto del país (PIB) establecido por nuestra Constitución Política para la educación pública en todos sus niveles.
Para CONARE si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5 mil millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. “Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata. La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%. Finalmente, respecto de nuestras propuestas para que el 1% se gire en tractos en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa”.
Durante las semanas de este proceso de negociación CONARE ha consensuado un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior. Peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde se plantean como prioridad la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad. “Sin embargo, el Gobierno no otorga el presupuesto necesario para sacar adelante esta tarea”.
Gracias al presupuesto para la educación superior pública, las universidades públicas también trabajan con muy diferentes grupos sociales y comunidades a lo largo del país, para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal, como lo establece la Constitución Política. (Foto Laura Rodríguez, UCR)
También, afirma el comunicado de CONARE, en este proceso de negociación se ha instaurado una estrategia de confrontar a los niveles de primaria y secundaria con los universitarios. “Vivimos una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al Consejo Nacional de Rectores a los rectores y rectora, “personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica”.
“Los estudiantes deben estar en las aulas pero cuando las condiciones del país lo ameriten deben estar en las calles”. —Rodrigo Facio, ex rector Universidad de Costa Rica. (Foto Laura Rodríguez, UCR)
Y en cuanto al respaldo de las universidades públicas a otros sectores que también han venido manifestando en los espacios públicos sus preocupaciones y necesidades, CONARE destaca que “el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara”.
Texto completo del Comunicado de CONARE, 17 de julio 2023:
