Vista panorámica de la Gran Marcha por la Educación Pública
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En el marco del “Pacto Nacional por la Educación Pública” se logró una gran marcha
Comunicado
Pacto Nacional por la Educación Pública
Martes 20 de junio 2023
• Miles de personas de diferentes zonas de Costa Rica marcharon demandando respuestas ante la emergencia nacional educativa que atraviesa el país.
• Se presentó públicamente la propuesta “Pacto Nacional por la Educación Pública” como hoja de ruta en ausencia de liderazgo del MEP.
• En el evento multisectorial participaron organizaciones estudiantiles, académicas, representaciones institucionales, sindicales, sociales, productivas y comunales.
La peor crisis educativa en los últimos 40 años debe abordarse con prontitud. Urgen soluciones ante los múltiples retos de la educación pública: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, mejoramiento de la educación técnica, participación comunitaria y articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Hoy, el Ministerio de Educación Pública carece de verdaderos liderazgos. Por eso, este martes 20 de junio miles de personas de todo el país unieron esfuerzos para hacer un llamado vehemente en contra de una nueva “generación perdida” -como ya sucedió en la década de 1980-, un ejercicio democrático y propositivo para la construcción de un Pacto Nacional por la Educación Pública que propicie salir de esta emergencia nacional.
Reunidos en la Plaza de la Democracia, este Pacto Nacional por la Educación Pública se planteó públicamente al Gobierno y la Asamblea Legislativa. Entre las urgencias y demandas prioritarias que requiere el sector educativo costarricense, se puntualizan:
• Declarar una emergencia nacional educativa.
• Otorgar el presupuesto constitucionalmente asignado a la educación pública: 8% del PIB.
• Liberar a la educación pública de la regla fiscal.
• Aplicar las políticas educativas y curriculares vigentes.
• Avanzar hacia una evaluación de los aprendizajes con metodologías robustas que se adapten a nuestras realidades educativas.
• Restablecer los convenios de cooperación pedagógica, técnica y científica con las universidades públicas.
• Avanzar en la universalización del currículum educativo en primaria.
• Recuperar progresivamente la deteriorada infraestructura educativa.
• Crear la red nacional de conectividad educativa.
• Mejorar y fortalecer los programas de equidad y las transferencias a las juntas educativas.
• Aprovechar el bono demográfico para disminuir el número de estudiantes por aula y aumentar la calidad educativa.
• Otorgar un salario digno para el personal del MEP y eliminar el interinazgo prolongado.
• Dictar las reformas legales necesarias para que se corrijan los errores legislativos que generan “salarios pagados de más” y que impiden sustituir las plazas docentes, pagar recargos de funciones y ampliaciones de jornada.
• Generar un acuerdo de negociación que fije metas hasta el 2026 para cumplir con el 1.5% del PIB para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
• Revisar la Ley 9931 con el fin de garantizar una educación técnica de calidad.
Costa Rica debe garantizar para sus habitantes una educación inclusiva, crítica, creativa e innovadora, que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, -como establece la Constitución Política-, que nos permita sentar las bases de un país donde nadie se quede atrás.
En la Gran Marcha por la Educación Pública se realizó un llamado para que más organizaciones, familias y personas se sumen en la construcción de este Pacto Nacional por la Educación Pública que, sin duda, fortalecerá la democracia costarricense y el Estado Social de Derecho.
Imagen de la marcha: Semanario Universidad
«Hoy el pueblo recobró parte de su dignidad con la marcha por la educación»: Óscar Aguilar Bulgarelli
Sagrado derecho a la educación y a la democracia, el valor de la marcha de este 20 de junio por la educación pública.. Compartimos el video con el análisis que hace Óscar Aguilar Bulgarelli.
Gobierno confiscatorio
Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com
Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.
De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.
Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:
“Artículo 167.- Principios generales tributarios
Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”
Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.
Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)
Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.
Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.
La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.
Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.
Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.
Marcha: Pacto Nacional por la Defensa de la Educación Pública y otros sectores
El CONARE, la rectoría de la Universidad Nacional de Costa Rica, la FEUNA y el SITUN convocan a la comunidad universitaria y nacional a participar el próximo martes 20 de junio a las 9:00 a.m. de la marcha: Pacto Nacional por la Defensa de la Educación Pública y otros sectores, saliendo del Parque de la Merced
Habrá transporte a partir de las 7:00 a.m. saliendo de la Plaza 11 de abril, Campus Omar Dengo.
Gran marcha en defensa de la educación pública
Comunicado
‘’Hacia un pacto nacional por la educación pública en Costa Rica’’
• Organizaciones en todo el país, convocan a una gran marcha pacífica para solicitar un “Pacto por la Educación Pública” y la defensa del presupuesto por constitución, para la sostenibilidad del sistema educativo en Costa Rica.
• La marcha será el próximo martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo del Parque de la Merced.
• Convocatoria conjunta del Movimiento Estudiantil, Universidades Públicas mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), las organizaciones del Magisterio Nacional y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productiva.
Ante la peor crisis educativa en los últimos 40 años y la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las organizaciones firmantes y presentes nos unimos para convocar a una gran marcha en defensa de la educación pública, como pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho, a realizarse el martes 20 de junio a las 9:00 am, saliendo de la Iglesia de la Merced con rumbo a la Plaza de la Democracia.
El objetivo es realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, mismo nos permita salir de la actual crisis educativa, así como una misiva ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, sobre la no aceptación de recortes presupuestarios para la sostenibilidad de la educación pública, por el contrario, la búsqueda del fortalecimiento de esta.
Para evitar generaciones completas afectadas, como sucedió en la década de 1980, es necesario que los diferentes sectores del país unamos esfuerzos para visibilizar la grave situación que atraviesa el país. La actual crisis educativa es histórica y multicausal, pero sus detonantes inmediatos pueden rastrearse en diversos eventos y omisiones a lo largo de al menos los últimos 13 años, pero siempre desde rezagos estructurales.
En síntesis; la crisis educativa se puede dividir en los siguientes ejes de afectación: crisis educativa y pedagógica, la crisis presupuestaria y de prioridad en política educativa, todas entrelazadas generando mayores retos que comprometen el futuro de las familias en este país y sus propias comunidades.
Nos encontramos ante escenarios país y educativos realmente alarmantes, encontramos serias limitaciones en el acceso a transporte, alimentación y una infraestructura adecuada en el sistema educativo público, lo anterior solo la punta del iceberg de la crisis, pues imposibilita a familias completas en el acceso a la movilidad social mediante la alfabetización primaria, secundaria y técnica, así como educación superior. Hoy se enfrentan negociones presupuestarias, que no garantizan crecimiento y fortalecimiento del sistema educativo, así como una clara violación constitucional del 8% del PIB para educación pública que debe garantizarse su distribución ética en TODOS LOS NIVELES. Por tanto, no será de recibo que justifiquen los recortes, para trasladar a otros programas educativos, cuando todos deberían estar garantizados con el presupuesto que le corresponde por constitución.
No es casualidad, que veamos con preocupación las afectaciones directas que empiezan a sufrir los pilares de lo que conocemos como el Estado Social de Derecho, desde las afectaciones al sistema de salud como la CCSS y su autonomía, el rechazo hacia una política de estado por la seguridad y soberanía alimentaria, la amenaza de las garantías laborales y derechos humanos mediante el proyecto de ley ‘’4×3 Jornadas flexibles’’, amenazas al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, el terrible recorte de un 8% del presupuesto que le corresponde al Ministerio de Cultura y Juventud, frente a la paradoja de un sistema de seguridad debilitado sin enfoque multisectorial y comunitario, con recursos limitados y con afectaciones graves en las garantías laborales del personal de seguridad en todo el país.
No obstante, desde la aplicación de la regla fiscal, han dejado secuestradas las funciones fundamentales de las instituciones públicas en el país, limitando su presupuesto y agravando a sectores que son motores de la economía en el país, o afectaciones a personas en riesgo social. Hasta ahora, la receta del Poder Ejecutivo, en este contexto país, ha sido el recorte presupuestario, la violación a la libertad de prensa e irrespeto a la institucionalidad, la Constitución Política y los Poderes Democráticos de la República en el país, generando un efecto adverso en las garantías sociales y laborales de las personas trabajadoras y habitantes del país, como parte de una estrategia clara en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.
Por todo lo anterior, es urgente la generación de soluciones ante los múltiples retos de la educación pública, si buscamos sostener los pilares de la democracia y el Estado Social de Derecho, entre los que destacan: desigualdad educativa, formación docente, innovación pedagógica, inversión en educación, brecha tecnológica, evaluación de los aprendizajes, infraestructura educativa, fortalecimiento de la educación técnica, participación comunitaria y multisectorial, articulación entre los niveles del sistema educativo, entre otros.
Debemos garantizar una educación inclusiva, creativa, innovadora y crítica. Una educación que genere mayor movilidad social y reduzca las desigualdades estructurales en el mediano y largo plazo. Una educación que sea un “proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos”, como establece la Constitución Política. Una educación que nos permita sentar las bases de un país mejor y no deje a nadie atrás.
Buscamos fortalecer el Estado Social de Derecho mediante la defensa del 8% que por Constitución, que le corresponde a Educación en Costa Rica, para ello, invitamos a todas las organizaciones sociales, productivas, estudiantiles, sindicales, multisectoriales, comunales, académicas, familias y sus comunidades, a sumarse a esta gran marcha por la educación pública.
¡MARCHEMOS A DEFENDER LO NUESTRO!
¡YO CONFÍO Y DEFIENDO LA EDUCACIÒN PÚBLICA!
Las organizaciones, familias y personas interesadas pueden aportar en la organización de la marcha, para ello pueden comunicarse mediante el siguiente correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com
¿Generación de Cristal?
Por Sergio Ortiz Pérez
Desde hace algunas décadas, se vienen categorizando a los seres humanos en Generaciones, pero no para fines despectivos o insultantes, sino para que en términos sociológicos se puedan identificar, analizar y relacionar distintos comportamientos de la humanidad actual con sucesos a nivel social, geográficos, religiosos, ideológicos, tecnológicos, gobierno, política y entornos económicos que vivieron o viven las personas durante sus etapas de crecimiento y desarrollo.
Contrario a eso, muchas personas ignorantes, vienen utilizando el término «Generación de Cristal» para llamar de forma despectiva a la Generación Z que son las personas nacidas después del año 2000, y que son nuestro futuro como país y como planeta, sin darse cuenta o sin aceptar, que toda generación tiene una razón de ser y que nace bajo condiciones predefinidas por una generación anterior o anteriores, es decir, que quienes se burlan de la supuesta Generación de Cristal, son responsables de las condiciones que han obligado a esa generación a exigir cambios y ser como son.
Pero no solo por ignorancia existe ese trato despectivo a nuestros jóvenes, sino también para justificar falencias propias y trasladar la responsabilidad de quienes se meten a liderar torpemente un país y encuentran muy fácil justificarse diciendo que «a la generación de cristal no se le puede decir nada».
Que estas palabras vengan de cualquier persona, es entendible desde la ignorancia, pero que vengan de parte de la ministra de Educación Pública de Costa Rica es inaceptable, porque ella está llamada a entender que los niños, niñas y jóvenes de nuestro país cobijados bajo la educación pública, están si acaso, raspando la olla a un sistema educativo debilitado por acciones irresponsables de este y otros gobiernos. Y muchos de los que se burlan de esta generación, sí pudieron disfrutar de un estado solidario que la corrupción e intereses particulares de generaciones anteriores, tiraron a la basura.
El profesional que lidera la cartera de educación de un país, no puede hablar ligeramente de una generación como generación de cristal para dar a entender que es una generación difícil para establecer límites y valores, primero porque «Generación de Cristal» no existe como termino técnico o científico, además porque es peyorativo, alimenta la discriminación adulto centrista, busca minimizar la opinión de la niñez y la adolescencia (que son sujetos de derechos) y también porque deja de lado la responsabilidad de padres, madres, cuidadores, de criar a los niños y jóvenes y prepararlos para la vida, fortalecer su autoestima, brindarles seguridad, potencializar sus habilidades y competencias, y establecer los límites desde el amor y el diálogo.
Una generación que no tolere más la violencia, el acoso sexual, la contaminación ambiental, las humillaciones, la homofobia, el machismo y el racismo, no es una generación de cristal, es una generación de cambios que incomodan a muchos, especialmente a quienes no quieren que se cuestione algo que está por encima de todo y que es el responsable de muchas de las desigualdades y debilitamiento del Estado y su institucionalidad, y es el sistema económico capitalista vigente, basado en el uso irracional de recursos, en la explotación del hombre por el hombre y el consumismo. Jamás podrá ser una generación igual a otra, no es lo mismo haberse criado sin radio y televisión a haberse criado bajo un entorno tecnológico como en el que vivimos, y ese cuento de que antes era mejor es muy relativo.
Sin embargo, siempre se comete el error de que toda generación, tuvo otra anterior que le criticó, y a los de mí generación, que rompimos muchos paradigmas y constructos sociales de nuestra generación anterior (como históricamente pasa), se nos señaló de rebeldes, satánicos o inadaptados, por ello debemos ser empáticos y entender que somos corresponsables de las condiciones actuales que moldean el futuro de nuestros hijos y nietos, y ni que decir de los Gobierno y políticos improvisadores que elegimos, pues en materia de seguridad, narcotráfico, tecnología, calidad de la educación, becas, infraestructura y medio ambiente, dejan mucho que desear y esto sí impacta en negativo directamente a nuestras nuevas generaciones.
Entonces, ¿Generación de cristal? No, lo que existe es irresponsabilidad en quienes se dejan decir eso a la ligera y supuestamente asumieron un puesto para asegurar un mejor futuro a nuestro país, pero no han sido capaces, en un año, de establecer una ruta clara para la educación costarricense.
Sala Constitucional da curso a la acción de inconstitucionalidad planteada por APSE contra la Ley de Presupuesto 2023
Prensa APSE, 23 de febrero de 2023
La Sala Constitucional dio curso a la acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto ordinario de la República del año 2023, presentada por Ana Doris González González, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) el martes 7 de febrero de 2023, para que se declare inconstitucional la omisión del artículo 2, Título 1.1.1.1.210.000-Ministerio de Educación Pública de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2023, n° 10331. por incumplir con el mandato establecido en el artículo 78 de la Constitución Política, que obliga asignar al menos el 8% del Producto Interno Público (PIB) a la educación pública.
El presupuesto del 2023 es porcentualmente el más bajo en los últimos 12 años, para dicho presupuesto se asignó solo el 5,8% al sector educativo, lo que equivale a 40 mil millones de colones en cifras, según datos de la Contraloría General de la República.
De igual forma, se plantea que la norma lesiona el principio de progresividad, ya que el presupuesto asignado es el más bajo del siglo XXI, en virtud de que recortan los recursos asignados para la educación pública, con consecuencias y alteraciones inmediatas al sistema educativo, afectando principalmente a la población costarricense en condiciones de vulnerabilidad.
La legitimidad de dicha acción presentada por parte de la APSE responde al artículo 75, párrafo 2° de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, en cuanto se acude a la defensa del derecho a la educación, como un interés difuso.
La Sala Constitucional confirió audiencia por quince días, con el propósito que se refieran a las objeciones planteadas a la Procuraduría General de la República, a la Ministra de Educación Pública y al Presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa.
Anteriormente en el 2016, la APSE había gestionado una acción similar, en la cual la Sala falló a su favor. La APSE comentó que seguirá vigilante al cumplimiento efectivo del mandato constitucional.
Si desea observar la publicación completa puede acceder a: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=198182202876055&set=a.168727329154876&type=3&mibextid=qC1gEa
ANEP: 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de la educación costarricense
Desde ANEP se ha denunciado durante los últimos años, el desmantelamiento y el debilitamiento que ha sufrido la Educación Pública por parte de las autoridades de gobiernos y partidos políticos comprometidos con los sectores conservadores, neoliberales y enemigos del Estado Social.
Por esto, la ANEP se pone al servicio de las y los educadores, y el estudiantado, con aras de generar una verdadera transformación de la Educación Costarricense, mediante el pronunciamiento ante la crisis educativa que se establece en el país.
Puede ingresar al enlace para ver la información completa: https://anep.cr/anep-10-ejes-y-100-propuestas-para-el-rescate-de-la-educacion-costarricense/
Atisbando El Perú: “Latino América” para los “latinoamericanos”
Edgar Chacón Morales
1 de febrero de 2023
Al sur del Río Bravo. Poder formal y poder real
Los “teóricos” “concepto-funcional-estructuralistas”, parsonianos y mertonianos algunos, apegados a su tradición coopto-populachera, efectista, sofismática, y fantochera, en función de una eficaz gestión de los intereses a los que adscriben, desde hace algún tiempo vienen utilizando dos términos: “Gobernanza”, (no es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis del poder formal y “Estado profundo” (tampoco es un concepto teórico), que debe ubicarse en el ámbito del análisis referido a lo que mejor ilustra lo que otros llamamos, “poder real” y sus expresiones. Ámbitos entrelazados en una relación dialéctica.
Poder formal, poder doméstico
“Derecha achorada”, “izquierda caviar“(Dina Boluarte), “Congreso golpista”, “prensa mermelera y mercenaria” (sirve a ambos poderes), son términos de consumo o análisis local, que se inscriben en el ámbito del poder formal. Acá podemos ubicar todo lo lamentable, que están haciendo los portadores de los poderes “montesquianos”, legislativo, ejecutivo y judicial: represión, matanza, mentira, encubrimiento, populismo, demagogia, entreguismo, ante ese “despertar del pueblo peruano”.
Sin detenerme en análisis previos, a continuación, cito las palabras de varias personas, ante el desenmascarado intento de la congresista Rut Luque Ibarra, en una “olla común”, en la plaza” Túpac Amaru”, de Cusco, haciendo demagogia. Esta congresista, quien votó a favor de la vacancia de Pedro Castillo, prácticamente fue echada y tuvo que “salir huyendo” del lugar:
“…a los provincianos no nos va a convencer con sacos de arroz y fideos…basta ya congresistas y Dina Boluarte, váyanse de una vez”, “…(RLI) ha traicionado la voluntad del pueblo peruano…que no venga a banderearse… yo no soy de izquierda, de derecha, de centro, soy ciudadana…el pueblo se financia…que no venga a aprovecharse… ha recibido sus coimas…” “…(Pedro Castillo) ha sido elegido por la voluntad del pueblo… en honor a la democracia…más de 8 millones votaron por el presidente Pedro Castillo Terrones, que está secuestrado de forma ilegal, por la ultra derecha, por los altos mandos militares, por ese congreso asesino, corrupto, que está vendiendo a nuestro Perú… se le vacó de forma ilegal, sin respetar las normas constitucionales… los repudiamos… el pueblo tiene amor a la patria, que le falta a esos congresistas, que son parte de esta dictadura de ultra derecha, militar… ella es ventrílocua de esos mandos… están persiguiendo a quien piense diferente… dicen que somos terroristas, pero no. Buscamos la democracia el respeto y la vida…los hechos han demostrado que ellos son los terroristas… Dina Boluarte ha superado a Jeanine Añes de Bolivia…”. (“Te cuento todo”).
Es evidente la claridad y decisión de las multitudes de Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Andahuaylas, Juliaca, Ayacucho, Huancabelica, Junín, Lima y demás, frente al poder real y el poder formal, que tiene instalado un remedo de sistema parlamentario y se ha dedicado a ejecutar un recurso ya muy trillado: Criminalizar el descontento, recurriendo a argumentos burdos como el terrorismo y el “narcotráfico”.
Poder real
La realidad y clase de lucha que enfrentamos los latinoamericanos. ¿Neoliberalismo? ¿Soberanía vs. Agenda globalista?
Coincidiendo en algunos aspectos con otras propuestas, El Dr. Máximo Grillo Anunciata, propone que Perú se encuentra en el escenario de una conspiración, un plan racista de la clase dominante, del que se puede decir que está determinado por los planes geopolíticos de las potencias hegemónicas, para exterminar la población.
En octubre de 2019, se llevó a cabo en Estados Unidos el “Evento 201”, financiado por Will Gates, en el que participaron Rockefeller, (algunos judíos sionistas como) Rotchild, Kissinger, Soros, la OMS, el FMI representado por Cristina Lagarde (también judía sionista), el BM. Dijeron que la tierra no estaba en condiciones de darle de comer a toda la población humana, que debe ser reducida al 15%. Eliminar al 85%.
En la reunión de Dabos, en Londres, respaldada por la corona inglesa, se afirmó lo mismo.
Bertrand Rusell, premio nobel, en su libro “La Sociedad Industrial”, ya había dicho lamentar que no se reduzca la población en América Latina y recomienda sembrar virus y bacterias en los ríos y lagunas, para disminuir las poblaciones nativas.
Para el 2,050 habría 11 mil millones de habitantes y los “recursos” no alcanzan para darles de comer. La solución para estos intereses es el exterminio.
En este mismo orden, el gobierno de Fujimori, enmarcado en esta geopolítica, hablaba del “excedente poblacional nocivo”: los provincianos, los serranos, los empobrecidos, población que debía reemplazarse con población japonesa (según planes existentes desde la II guerra mundial).
En el marco de esta situación, la realidad histórica del Perú muestra que están presentes indicadores sociales precarios: Mujeres con anemia crónica que dan a luz niños también con anemia crónica que, desde que nacen están en desventaja permanente. Se trata del 60% de los niños. Además, existen altos índices de tuberculosis, alcoholismo, bajos índices de educación. Todo esto provoca un muy bajo coeficiente de inteligencia.
Esto es causa de ser un país que tiene la salud y la educación pública abandonadas. La alimentación del pueblo está deteriorada.
En Perú, la producción agrícola no está para que los peruanos coman, está para exportar, para que ganen dinero las empresas exportadoras, exonerada de impuestos, y la actual Constitución lo permite. Las mineras no pagan impuestos, y el Estado tiene que reembolsarles sus gastos. También la Constitución lo permite.
Por otro lado, Héctor Béjar, primer canciller del gobierno del presidente Pedro Castillo, quería sacar al Perú del Grupo de Lima, para sacarlo de los planes de invasión a Venezuela. Por eso lo sacaron de la cancillería; habían reconocido a Guaydó y firmado un convenio con la embajadora norteamericana por 321 millones de dólares, para mantener a los inmigrantes venezolanos: aplicación del plan estratégico del Comando Sur de Estados Unidos.
El gran negocio es apoderarse de las enormes reservas del petróleo venezolano y darle un golpe a la economía china (Ya lo hicieron con Japón en la II Guerra mundial, porque los japoneses les habían arrebatado todo el mercado de las costas del Pacífico, impidiendo el desarrollo industrial de la costa oeste de Estados Unidos. Por esa razón, como parte de sus planes geopolíticos, el coronavirus y sus 5 sepas, que está patentado en Estados Unidos, fue transportado a Buján en octubre de 2019, en el marco de las Olimpiadas Militares Internacionales. En esas olimpiadas, el primer puesto lo sacó Rusia, Estados Unidos sacó el puesto 31, porque no mandó un equipo de atletas, sino un equipo de sicarios a sembrar el virus).
La política exterior del Perú, la dirige la embajadora de Estados Unidos, no hay soberanía y así, sabotean los intentos de reforma y mejora para el pueblo. En Perú, hay 14 bases militares norteamericanas: ¿para qué?
Debe haber soberanía. Hay que cambiar la Constitución, debe haber una reforma impositiva: la derecha no quiere pagar nada, no quiere ceder en nada, desprecia al pueblo.
Perú está siendo saqueado de la forma más cruel. Hay reformas, o hay guerra civil.
Estado de cosas en Perú; golpe de Estado en Bolivia; movimientos de desestabilización en Brasil; atentado contra Cristina Fernández; descontento con el presidente Petro; la soberanía y las democracias nacionales en estado de supervivencia; militares formados en Estados Unidos; derechas burdas; argumentos de financiación por el narcotráfico.
Elon Musk: “Daremos un golpe de Estado a quien queramos. Lidien con eso”. (Tremending-público)
“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”. Simón Bolívar, 5 de agosto de 1829.
Los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica)
Los países BRICS, por ahora se plantean como una opción multi polarista, frente al uni polarismo USA/OTAN.
Se ha dado en llamarlos BRICS/plus, debido a las intenciones de otros países, como Argentina e Irán, de participar en esta propuesta.
La lucha por la vida y por la paz
La paz es opción de sensatos e inteligentes; la guerra es recurso de egoístas, cobardes y opresores. Es hora de tener sabiduría y dignidad para emprender con estatura y firmeza, las luchas que deben darse. Queremos vivir en paz, pero lamentable: otros vendrán a hacernos la guerra.
Independientemente de análisis teóricos sobre derechas “achoradas”, “bolsonaristas”, congreso golpista; agenda globalista, geopolítica, soberanismo, líderes e intereses mundiales; chinos, rusos, estadounidenses; demócratas o republicanos. Es imprescindible tener la claridad: El capital no tiene patria, solidaridad, compromiso con la democracia, sino oficinas, centros de operaciones y grupos serviles locales, a los que más les interesa dónde realizan sus intereses egoístas y no tanto velar por el bienestar del país en el que nacieron.
Más allá de las democracias de unos y las libertades de otros; de la mano invisible del mercado, invento pérfido cubierto bajo un guante, para favorecer a unos y maltratar a otros, el momento demanda una posición crítica, propositiva y constructiva, por la vida y por la paz.
La unidad de sectores y poblaciones es urgente. Además, es pertinente evitar los medios de distracción, desinformación y embrutecimiento colectivo, iniciando con modas, noticias, artes y deportes.
Constitución Política Vs. Directrices del Banco Mundial
Una opción irrenunciable, que debe tomarse y ser fortalecida, es defender y aplicar lo que las Constituciones nacionales establecen en todos los órdenes y oponerse con esta base, al Banco Mundial y sus directrices.
Todo oponente, individual o colectivo, se ve invencible, antes de verlo con claridad y tomar la decisión de enfrentarlo.
Es hora de reconocer nuestros poderes y convocarlos.