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Etiqueta: educación pública

Compromiso por el Impulso de un Diálogo Social Multisectorial para Alcanzar un Gran Acuerdo por la Educación

SOBRE LA NECESIDAD DE ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS

El fortalecer los procesos de diálogo nacional es hoy más que nunca un imperativo, necesario para construir confianzas en la diversidad, lo que se ha visto como un elemento fundamental a partir de los procesos desarrollados recientemente[1], con el fin de construir a partir del reconocimiento de las diferencias, siempre en los principios y valores que caracterizan la conformación de esta República; a saber, respeto, democracia, paz, libertad y solidaridad. 

Al respecto, el transitar la crisis que vive el mundo en la actualidad, según OIT plantea en el 7mo informe “La COVID‑19 y el mundo del trabajo” de enero 2021 requiere del reconocimiento de que: 

«Habida cuenta de una coyuntura de cambios estructurales y de déficit continuado, los encargados de la formulación de políticas deberán estar en medida de elaborar y aplicar estrategias de recuperación, sobre la base del diálogo social, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, con objeto de encontrar nuevas vías que faciliten el cumplimiento de los objetivos a largo plazo y la transición a una economía más inclusiva, justa y sostenible.»

Esta necesidad es aún más fundada a partir de la situación social y los elementos coyunturales que se identifican en el caso de Costa Rica.

Antes de marzo de 2020 situaciones estructurales ya venían afectando a Costa Rica en términos macroeconómicos, en cuanto a la situación fiscal del país y el aumento del desempleo, entre otros aspectos que han complicado la situación de las familias que habitan el territorio nacional. Estas situaciones se han agudizado producto de las medidas sanitarias y sus implicaciones económicas, necesarias para desacelerar el avance de los contagios por Covid-19 en el país. 

A nivel mundial, la ONU ha identificado cinco pilares clave para el apoyo a los países en la respuesta al COVID-19[2]. Proteger el sistema de salud durante la crisis de la COVID-19 es la primera prioridad. Al mismo tiempo, e igualmente urgentes, son los siguientes pilares:

  • ayudar a proteger a las personas a través de la protección social y los servicios básicos;
  • proteger los empleos, las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos con mayores personas en situación de vulnerabilidad mediante la recuperación económica;
  • ayudar a guiar el aumento necesario en el estímulo fiscal y financiero para hacer que el marco macroeconómico funcione para las personas con mayores factores de vulnerabilidad, que fomente el desarrollo sostenible, las economías verdes e inclusivas y fortalezca las respuestas multilaterales y regionales, y finalmente,
  • promover la cohesión social y generar confianza a través del diálogo social, e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia liderados por la comunidad, con una mirada particular en las poblaciones y personas que se están quedando atrás.

Sobre la base de estos preceptos es que en el proceso que se desarrolla se busca la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión de las personas que forman parte de la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática a partir de la participación ciudadana responsable.

Es en esta línea, que dentro de los componentes estratégicos que guían el proceso de Diálogo Social Multisectorial, se considera que la educación es un aspecto central para enfrentar los retos actuales y futuros.

La educación pública ha sido un motor de movilidad social ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debemos asegurar que continue siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad, tal y como lo ha expresado en diferentes informes el Programa Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores (CONARE):   

“…hay tareas complejas que requerirán la cooperación de todos los actores sociales y políticos interesados en sumarse a un gran acuerdo nacional por la educación. Este acuerdo es indispensable para crear la fuerza social y política necesaria para, en los próximos años, impulsar un marco de acción que trascienda intereses particulares y administraciones y se consolide como una política de Estado. (PEN, 2021, p. 55)

EDUCACIÓN COMO PILAR PARA EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO COSTARRICENSE

A partir de los aportes del Estado de la Educación[3] (PEN, 2021) se establece la preocupación por lo que se ha denominado un “apagón educativo” debido a los rezagos importantes en la cobertura y calidad en educación preescolar, general básica y diversificada, como por ejemplo el aumento del 59% de estudiantes en pobreza extrema, que son solo algunas de las dificultades evidenciadas en el informe.

El informe del Estado de la Educación detectó también rezagos importantes en áreas como matemáticas y español, situación que pone en desventaja competitiva al país frente a otras naciones del globo y miembros de la OCDE que compromete el futuro de Costa Rica.

Ante esta situación:

“Los riesgos son varios: “volver a lo anterior”, improvisar políticas públicas sin sustento en la evidencia científica o recortar la inversión educativa por razones fiscales, lo que implicaría volver a cometer el grave error estratégico en el que el país incurrió durante la década de los ochenta del siglo pasado, solo que esta vez en un contexto demográfico mucho más adverso. La oportunidad es aprovechar los aprendizajes y lecciones generadas por la pandemia para hacer cambios sustantivos, postergados por largo tiempo, en el sistema.” (PEN, 2021, p. 55)

Ante el escenario brevemente esbozado, los sectores que conformamos el Diálogo Social Multisectorial, nos comprometemos en impulsar un gran acuerdo nacional por la educación, que permita:

  1. Promover y fortalecer una Educación Pública de calidad, equidad e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una Transformación Educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la innovación de hoy nos demanda en la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.
  2. Declarar como una urgencia nacional la problemática que enfrenta la Educación Pública.
  3. Avanzar en un Diálogo Social, transparente y respetuoso desde los sectores organizados representativos de la sociedad, que tengan incidencia y relación con la Educación Pública para analizar y plantear las reformas que requiere el Sistema Educativo.
  4. Asegurar los procesos y mecanismos con tal que no se afecte el contenido presupuestario de los programas del Ministerio de Educación y de las Universidades Públicas en términos del acceso y calidad de la educación.
  5. Reducir las brechas y desigualdades preexistentes entre educación pública y privada, siendo acciones estratégicas asegurar: la conectividad a todas las familias, fortalecer la educación técnica que desarrolle habilidades especiales, formalizar el bilingüismo, promover e incentivar estudios STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas), sin menoscabo de la formación en cultural y humanista.
  6. Asegurar el presupuesto nacional para que se pueda garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de presupuestar el 8% anualmente del P.I.B.
  7. Eliminar el recargo de tareas administrativas a la población docente para que se dedique expresamente a la formación y enseñanza aprendizaje del estudiantado.
  8. Definir el perfil de la persona educadora que se adecue a la reforma educativa planteada, que se modifique la malla curricular de educación superior de acuerdo con este perfil y que se mantengan procesos de capacitación constante para formar a las personas docentes que actualmente encuentran en las aulas.
  9. Revisar los Programas de Equidad como el de becas, de transporte estudiantil y de alimentación, no sólo como mecanismo de retención, sino como un paso hacia la transformación de la mentalidad del o la estudiante como una persona con derecho a una vida digna.
  10. Conectividad, acceso y alfabetización digital como insumos necesarios para fortalecer la accesibilidad a toda la comunidad educativa. Por lo que se hace urgente la interconectividad de banda ancha, equipos tecnológicos y materiales digitales de calidad.
  11. Actualizar, estandarizar y equiparar los textos e hipertextos, multimedios y materiales educativos. Se sugiere que el MEP tenga un repositorio de materiales didácticos.
  12. Fortalecer la educación técnica, esta representa una alternativa de educación integral para aquellas personas que desean incorporarse al campo laboral desarrollando habilidades especiales, sin dejar de aspirar a más conocimiento.
  13. Valorar y desarrollar la infraestructura del sistema educativo, de acuerdo con las exigencias de la sociedad, la época y el ambiente.
  14. Monitorear, apoyar y mejorar la gestión operativa de las Juntas de Educación y Juntas Administrativas.
  15. Revisar la estructura administrativa y la gestión operativa de las Direcciones Regionales con tal de que cumplan la función y objetivos con que fueron creadas.
  16. Poner en marcha el Marco Nacional de Cualificaciones para las carreras de Educación, entregado por el CONARE al Ministerio de Educación Pública.

De esta forma, los sectores sociales y productivos, nos comprometemos con la visión planteada por el CONARE a través del Programa Estado de la Nación, para potenciar a mediano plazo:

Con una mirada prospectiva, la educación “que viene” necesita que las aulas se conviertan en verdaderos laboratorios de innovación, donde lo más importante no sea transmitir la información, sino que los estudiantes desarrollen habilidades superiores del pensamiento crítico como la resolución de problemas, la comprensión lectora, la comunicación, la experimentación, la curiosidad, la creatividad, el trabajo colaborativo, y competencias digitales. Estas les permitirá actuar sobre los problemas cotidianos de una manera efectiva e implican cambios profundos en la pedagogía y no solo en los recursos didácticos. (PEN, 2021, p. 61)

Instamos a todos los sectores sociales y productivos del país a constituirnos en Mesa Nacional de Diálogo, para el impulso de un Gran Acuerdo Nacional por la Educación. 

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.

Firmas (puede sumar la suya o la de su organización):

[1] Foro Multisectorial de Diálogo Nacional convocado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal (ATTBPDC) y la Mesa de Dialogo Multisectorial convocada por el Poder Ejecutivo y recientemente la Mesa Patriótica por la Vacunación.

[2] Fuente: Organización de las Naciones Unidas. Respuesta integral  de  las Naciones Unidas  a  la COVID19: salvar  vidas, proteger  a  las sociedades, recuperarse  mejor. Junio de  2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf

[3] Programa Estado de la Nación Octavo Estado de la Educación 2021 / Programa Estado de la Nación. — San José, C.R.: CONARE – PEN, 2021. Disponible en: https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2021/09/Educacion_WEB.pdf

«Urge acuerdo nacional por la educación», afirman sectores sociales, productivos y académicos

9 de diciembre 2021

“Apagón educativo” compromete futuro de Costa Rica

Urge acuerdo nacional por la educación, afirman sectores sociales, productivos y académicos

Diversos sectores sociales, productivos y académicos preocupados por lo que el CONARE, desde el informe del Programa Estado de la Educación (PEN, 2021) denominó como “apagón educativo” que contempla los rezagos en la cobertura y la calidad de la educación en educación preescolar, general básica y diversificada consideran fundamental impulsar un gran acuerdo nacional por la educación en el marco del Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria.

Dicho acuerdo debe contemplar, entre otras cosas, una declaratoria de urgencia nacional ante la problemática que enfrenta la Educación Pública, como, por ejemplo, el incremento del 59% de estudiantes en condición de pobreza extrema.

El “Diálogo Social Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y Solidaria” integrado por representantes del sector sindical, cooperativo, empresarial, comunalista, académico, entre otros; considera que la educación pública ha sido un motor de movilidad ascendente de suma importancia para el desarrollo social y productivo de Costa Rica, y debe continuar siéndolo, mediante el impulso de la reducción de las brechas que amplían las desigualdades en el acceso a educación de calidad.

Lo que se busca es la construcción de grandes acuerdos sociales que permitan transitar de manera conjunta en la formulación de propuestas concretas, que posibiliten incidir políticamente en la gestión pública en sus distintas dimensiones, para aportar a la gobernabilidad democrática, a partir de la participación ciudadana responsable.

Por lo anterior los sectores suscribientes se comprometen e instan a todos los sectores sociales y productivos del país a constituir juntos la “Mesa Nacional de Diálogo para el impulso de un gran Acuerdo Nacional por la Educación”. 

Este Acuerdo procurará facilitar y promover una transformación educativa que responda a la exigencia del nuevo contexto del empleo y el trabajo, la innovación del Estado y la atención de los retos de la sociedad actual, con el fin de construir con urgencia alternativas consensuadas que puedan ser presentadas al actual o próximo gobierno de Costa Rica.  

Las acciones que busca promover esta iniciativa implican garantizar y fortalecer una Educación Pública de calidad, equitativa e inclusiva para la cual deben gestarse acciones participativas y consensuadas para impulsar una transformación educativa que genere un ordenamiento estructural, curricular, filosófico, jurídico y administrativo que responda a las exigencias que la modernidad demanda, ante la evidente revolución tecnológica y del conocimiento.

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Los jueguitos de un Presidente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

Invitación a firmar por estudiantes detenidxs y judicializadxs injustamente

Invitación Estudiantes detenidxs y judicializadxs injustamente en el 2019 convocan a Acción Solidaria para solicitar sobreseimiento definitivo del proceso judicial en su contra: FIRMA LA PETICIÓN

A finales del año 2019, lxs estudiantes de las universidades públicas salieron a protestar en defensa de la educación pública y contra las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la Fuerza Pública. De aquellas manifestaciones, varias personas resultaron detenidas, y a algunas de estas personas se les abrieron procesos judiciales que al día de hoy, siguen adelante con medidas cautelares injustas, criminalizantes y condenatorias.

El próximo 19 de julio del 2021 los tribunales decidirán si se abre un juicio penal en contra de ellxs.

Para evitar que lxs compañerxs sean llevadxs a juicio, convocan a todas las organizaciones, colectividades e individualidades a firmar la carta para solicitar el sobreseimiento definitivo de su proceso judicial.

FIRMA Y COMPARTE la solicitud en este enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQSj4EVzMrTL8NjhHD7EiGq5vVXZarlb0Vf_V3friq1KXLUw/viewform?usp=sf_link

Publicación en Facebook:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1990442967769489&id=541570499323417

Compartido con SURCOS por Oscar Jara Holliday.

Democracia digital: Imprescindible pero ausente

Luis Fernando Astorga Gatjens

Muchas de las tantas cosas que ha puesto en evidencia esta pandemia, es que el país se situaba lejos, muy lejos de estar en lo mínimo preparado para la participación e inclusión social, a partir del acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para la inmensa mayoría de sus habitantes.

Todos debemos de coincidir que en el presente un componente clave para el desarrollo económico y social, es el acceso lo más democráticamente posible a Internet. Pero la pandemia y el limitado desarrollo del Costa Rica en este campo nos muestran un país con significativos desfases, sino abismos, entre regiones, sectores –sociales y poblacionales—y personas.

De esta manera una democracia que de por si es deficitaria en el campo económico, social y político, se hace más agudamente deficitaria en el ámbito digital.

Hoy día, la atención a la salud sería mucho mejor, si más personas tuvieran acceso a una Internet de calidad, a dispositivos adecuados y con suficiente memoria, y si estuvieran mejor capacitadas en el uso de aplicaciones, para desarrollar citas virtuales en todos los servicios médicos, que puedan ser resueltos de esta manera. Pero eso no es así: solo un porcentaje limitado cumple con estas condiciones de inclusión digital efectiva.

Igualmente, el acceso a la educación en esta época aciaga de la pandemia, se ha visto severamente limitado, ya que más de 400 mil hogares carecen de conectividad y demás requerimientos. Esto hace que casi medio millón de estudiantes de primaria y secundaria de la educación pública, no tengan otro horizonte que la educación presencial. Este hecho genera una grave situación relacionada con la calidad formativa ante tal desventaja y que éste sea un contribuyente más en la ampliación de la brecha entre educación pública y privada, en la cual todos los educandos si cuenta con acceso a Internet.

El otro tema es el teletrabajo. Ésta modalidad productiva creció rápidamente en los últimos meses, al compás de las restricciones y de la aplicación de otras medidas de seguridad sanitaria. Sin embargo, más allá que no todas las actividades laborales son sujetas a adecuarse a esta alternativa productiva, lo real es que la precondición de acceso a Internet, está lejos de estar democráticamente extendida para la gran mayoría de trabajadores.

Se combinan varias causas y factores para que la democracia digital en Costa Rica, sea mucho más quimera que realidad. Pasemos revista:

Lo primero que tenemos que destacar es la calidad y alcance en el acceso a Internet. La oferta general de servicios de Internet es de limitada calidad y eso se hace más grave, dependiendo de si el servicio es de zona urbana o rural, o remota.

Le segundo es el costo, la asequibilidad del servicio. Para contar con un servicio de buena o excelente calidad, se deben pagar cifras que son imposibles de cubrir para la mayoría de las familias.

Lo tercero está relacionado con los dispositivos, sean teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Igualmente, la mayoría de los hogares y personas no cuentan con recursos, para comprar dispositivos con programas, aplicaciones y suficiente capacidad de almacenaje, que permitan un uso adecuado de Internet.

El cuarto elemento tiene que ver con la alfabetización digital. Es imprescindible que las personas potencialmente usuarias (ya cumplidos los requisitos precedentes), se capaciten de manera práctica, en el uso de Internet, para sacarle el mayor provecho y para que sean participantes de la era digital, que con la pandemia, inevitablemente, se ha tenido que acelerar.

Cabe aquí hacer una mención específica relacionada con las personas con discapacidad y el acceso a Internet y dispositivos, y programas adecuados. Se requerirán ajustes razonables según el tipo de discapacidad, pero antes que nada hará falta que cuenten con esos aparatos y acceso a Internet, y eso no se da en la mayoría de las personas con tal condición.

De esta manera, el grave aislamiento que afectaba a las personas con discapacidad antes de la pandemia, se ha hecho más grave aún en el presente, por no tener acceso a Internet en una época en que para conectarse en casi todas las esferas de la actividad social, es imprescindible contar con este servicio. Así las cosas, todo hace prever que el círculo vicioso entre discapacidad y pobreza, se afianzará para la desdicha de miles de personas con discapacidad esparcidas a lo largo de nuestra geografía. Eso porque el acceso a la salud y la rehabilitación, a la educación y formación técnica, y al empleo y la actividad productiva, en general, se ha hecho sumamente complicado y lejano para este sector poblacional. Lo que debería ser una oportunidad de inclusión social para las personas con discapacidad mediante el teletrabajo, se torna en lo contrario por la falta de acceso a Internet, como una causa fundamental.

El que exista tan enorme brecha entre personas con acceso o falta de acceso a Internet, lo explica en primer término la pobreza y la exclusión social. Esa es la primer causa y barrera estructural a derribar.

Sin embargo, hay otra razón que se suma y que es de carácter coyuntural. Es la incapacidad que ha tenido esta administración de atender este tema mediante una política de Estado, seria y robusta, que habría de impulsar antes de la pandemia y ya una vez con ella instalada como tenaz acompañante, acelerar procesos para avanzar rápidamente con acciones de emergencia.

Y aquí alguien podría decir que lo que planteo no es objetivo ya que a raíz de la pandemia, el Gobierno no cuenta con los recursos necesarios, para echar adelante una política de inclusión digital, como la situación exige en forma imperiosa. Pero si los hay. Están en FONATEL. Veamos que se indica al respecto: “Es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) y es el instrumento de administración de los recursos para financiar el régimen de garantías fundamentales de acceso universal, servicio universal y solidaridad establecidos en la Ley General de Telecomunicaciones, (LGT) N° 8642…“.

Entonces, nos debemos preguntar: ¿Por qué el país no ha avanzado como debe ser en este tema, de acuciante prioridad? La respuesta urgente la deben ofrecer las autoridades competentes, que con seguridad, si cuentan con servicios de Internet de alta calidad; no como la inmensa mayoría de los costarricenses que miran desde muy lejos, la democracia digital.

(24 de mayo, 2021)

SINPAE rechaza suspensión del curso lectivo

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El Sindicato Patriótico de la Educación Siete de Agosto, hace público su rechazo a la decisión de la ministra de educación pública, de suspender en su totalidad, el curso lectivo 2021, pues plantean que esta decisión carece de algún fundamento técnico, y que genera vulnerabilidad y desigualdad al país en cuanto a los estudiantes que realizan sus estudios en el sistema de educación pública, en relación con los centros de educación privada. Según este movimiento lo que se necesita es solventar la brecha tecnológica que arrastra el sistema educativo desde hace mucho tiempo.

Adjuntamos el comunicado oficial:

 

Enviado a SURCOS por Carlos Manuel Vega.

Retorno a la virtualidad en contexto de mayor emergencia de pandemia en Costa Rica

SURCOS comparte la siguiente información:

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES Y EDUCADORAS

Señor Carlos Alvarado
Presidente de la República
Sr. Daniel Salas
Ministro de Salud
Sra. Guiselle Cruz
Ministra de Educación

APOYAMOS EL RETORNO A LA VIRTUALIDAD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PAÍS
San José, 11 de mayo, 2021

Estimadas autoridades del gobierno:

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y la Asociación Nacional de Educadoras y Educadores (ANDE) les saluda y manifiesta lo siguiente:

Bajo la disposición del Ministerio de Educación Pública, a partir del inicio del curso lectivo 2021, el gobierno establece la modalidad combinada para todo el sistema educativo, en la segunda quincena de abril Costa Rica comenzó a registrarse números de contagios que superó la cifra de 1.000 casos por día, hasta alcanzar picos superiores a 2.434 personas en las últimas dos semanas del presente mes, la cifra más alta desde que inició la pandemia. Las repercusiones de lo anteriormente señalado, tan solo a 9 días de lo que va del mes de mayo, llevan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a manifestar públicamente la posibilidad de decretar una Alerta Roja, atendiendo al ordenamiento sanitario y jurídico, ante la saturación de las unidades de cuidados intensivos, incluyendo las del Hospital Nacional de Niños donde no existe espacio para atender a niñas, niños y jóvenes infectados/as.

No obstante, las clases presenciales en los centros de estudio de la educación primaria y secundaria, se mantienen pese a las fuertes restricciones anunciadas por el gobierno en este escenario tan grave. El MEP y el Ministerio de Salud bajo una premisa falsa, insisten en que los centros educativos no son focos de contagio y que cuando se dan casos en alguno de esos lugares educativos, son muy dispersos, incluso no representan ni el 6% de los 5 mil centros educativos del país. Afirmación que deslegitima el dolor y angustia que viven todas las familias del Sector de Educación, expuestas diariamente al contagio, cada día que regresa la persona funcionaria a su hogar.

El proceso de vacunación avanza de manera lenta. Por lo que el Sector de Educación labora sin esa cobertura y garantía a ese derecho. Hasta la presente fecha la COVID-19 ha provocado el fallecimiento de trabajadoras y trabajadores del Sector de Educación, de familiares contagiadas/os, así como comunidades educativas.

Al respecto, la Ministra de Educación Guiselle Cruz hace mención a protocolos institucionales para la prevención y atención de casos; sin embargo, un alto porcentaje de docentes del país se han visto obligados a cubrir los costos por concepto de artículos e implementos que se requieren en esta emergencia nacional.

Pese a los indicadores y alza de casos de COVID-19 en el país y a la decisión de la Administración de Carlos Alvarado Quesada para que el sector público trabaje de manera remota; lo cierto es que docentes y estudiantes se mantienen en lecciones presenciales. Así, vemos con suma preocupación estas y otras inconsistencias tan graves, donde el gobierno mantiene en firme su posición, lanzando diariamente al contagio COVID-19 a cada niña, cada niño, joven y sus familias, a docentes y personal administrativo, trasgrediendo sus Derechos Humanos en materia laboral, de educación pública, salud mental y la vida.

La ACODEHU reconoce algunos centros educativos que han hecho significativos esfuerzos por cerrar sus instituciones, siguiendo las normativas sanitarias y administrativas amparadas en el respeto a los Derechos Humanos de sus comunidades educativas. A la vez, manifestamos nuestro respaldo a diferentes acciones en favor de proteger la vida del estudiantado, sus familias y el personal docente y administrativo de los centros educativos, por parte de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Unión Médica Nacional, la Defensoría de los Habitantes, organizaciones magisteriales, sindicales y sociales que exigen al gobierno suspender las clases presenciales.

EN HOMENAJE A TODAS LAS VÍCTIMAS DEL SECTOR DE EDUCACIÓN, HASTA EL DÍA DE HOY 50 EDUCADORES HAN MUERTO POR EL COVID-19 (Diario Extra, 11 de mayo 2021, P.15), ADEMÁS DE UN NÚMERO CONSIDERABLE DE CONTAGIADAS. A CADA ESTUDIANTE Y SUS FAMILIAS EXPUESTAS DIARIAMENTE A CONTRAER EL VIRUS, A CADA FUNCIONARIA Y FUNCIONARIO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGANDO A MANTENER ABIERTOS, EXHORTAMOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, AL MINISTERIO DE SALUD, Y AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA QUE ASUMAN, COMO TAREAS INMEDIATAS, LAS SIGUIENTES ACCIONES:

  • Atender las exigencias del movimiento social y sindical ante la urgencia de la suspensión de las clases presenciales y retornar a la modalidad virtual y a distancia en la educación pública, por el periodo que sea necesario.
  • Incluir al sector magisterial como población en alto riesgo, para que obtengan el derecho a la vacunación, de manera inmediata.
  • Impulsar nuevas medidas sanitarias a fin de contrarrestar los efectos de la pandemia de la COVID-19.
  • Respetar la normativa nacional e internacional sobre la información, para que la ciudadanía y organizaciones sindicales y sociales se mantengan actualizadas en el manejo de los datos precisos sobre el comportamiento del COVID-19 a nivel nacional. Asimismo, solicitamos al Estado costarricense todas las condiciones para que la población adscrita a la educación RECIBA CLASES VIRTUALES; aunque llamamos la atención en que el primer deber es preservar la vida del estudiantado, del profesorado y sus familias.

Asociación Costarricense de Derechos Humanos- ACODEHU
Asociación Nacional de Educadores Y Educadoras – ANDE
www.acodehu-ddhh.org
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

Imagen tomada de https://tn.com.ar

Conversatorio: Autonomía Universitaria en diálogo

La Rectoría y la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional de Costa Rica, bajo el programa Diálogos Prospectivos extienden la invitación a la charla: Autonomía Universitaria en diálogo.

La actividad será este lunes 10 de mayo de 2021 a las 10.00 am y se transmitirá vía Facebook Live en la página de la Rectoría Universidad Nacional.

En el espacio participan:

  • Máster Paola Vega Rodríguez, diputada
  • Renate Marsiske, académica-investigadora UNAM-México
  • Máster Gerardo Solís Esquivel, director Asesoría Legal UNA

Dirige:

  • Máster Francisco González Alvarado, rector Universidad Nacional

RECUENTO DE LA JORNADA POPULAR EN COLOMBIA (II)

Por Carlos Meneses Reyes

La lucha por lo Humano y la Verdad por lo Histórico, van de la mano con la movilización nacional contra el mal gobierno. Lo ilegitimo presidencial por el fraude electoral y la legitimación del narco-paramilitarismo en el poder, no podrán recuperarse del sartal de errores, fracasos, ineficacia e iniquidades al que han sometido a la otra Colombia: la popular y objetivo del terrorismo estatal.

El 28 de abril de 2.021, queda como un hecho político e histórico de protesta continuada; como expresión de la conciencia nacional, por parte de un pueblo hastiado de tanta violencia, asesinatos, masacres e incumplimientos inconstitucionales; de imposiciones tributarias y cargas fiscales sobre los hombros del pueblo y clase media. De insoportable carga desmedida, de una dictadura mediática, inspirada en el odio, falsedad; con aplicación de montajes y mentiras destinados al embrutecimiento de la opinión nacional. Ante la carencia de una política internacional, acorde con la Constitución Política de 1991(CP91), despierta por enterrar el estado de cosas inconstitucional (eci), injusto, corrupto, inequitativo, de sometimiento lacayo y de rodillas al imperio.

En modo alguno el detonante ha sido la impositiva reforma tributaria. Esta se da, debido al sartal de errores políticos del sub presidente títere, que no tuvo capacidad ni visión para prever, que ante el escenario electoral, volvió a la corriente politiquera en su contra; permitiendo que la clase política clientelista, corrupta, electorera, desprestigiada, se re encauchare y lanza en ristre, contra la absurda cascada impositiva, aparezcan ahora como redentores, ante el electorado cautivo.

PARO POLITICO NACIONAL (PPN) POR TRIBUTOS MALVADOS.

Lo iniciado el 28 de abril de 2.021, corresponde llamarlo Paro Político Nacional (PPN) y la protesta es ciudadana y popular y no (solo) reivindicativa, gremial, laboral… Por ende, no sería “una protesta más”. Determina el derrotero en que un gobierno ilegitimo y narco para estatal dictatorial, caiga y deje de gobernar. Se dan las condiciones objetivas y subjetivas, para un cambio de gobierno anticipado, por uno de transición alternativa. Esto no es un querer, un pensar: es una expresión de realidad política.

En todas las ciudades de Colombia, impera la movilización popular. En los campos de Colombia, las fuerzas insurgentes esperan, en pasividad beligerante: en aplicación del principio político que son las masas populares y sus propuestas, las que callaran el ruido de los fusiles, en expresión de la verdadera vanguardia, como lo es, la movilización popular.

Siendo el mediodía del 02 de mayo de 2.021, el sub presidente Duque anuncio, por los medios televisivos que retiraba el proyecto de reforma tributarias y que preparaba la presentación de otro. Que como tal, no contará con la participación del Comité Nacional de Paro, dejando la sensación de una jugarreta, adornada con palabras, que no ocultaban el vacío de poder y en descarada finalidad de desmovilizar la protesta. Pero la decisión no trajo los efectos gubernamentales queridos y la reacción significó no mermar la protesta ni la movilización popular. La agenda de lucha contiene objetivos políticos y resaltaron las afectaciones al sector de los transportadores fluviales y terrestres, camioneros, taxistas. Los pueblos originarios indígenas, asomaron sus pliegos de protesta. Los productores del campo mostraron sus tragedias y resalto el sartal de incumplimientos, mentiras, desconocimientos y engaños, que ha sido la constante del proceder del poder de hegemonía oligárquico en Colombia, contra las aspiraciones de un pueblo masacrado.

A 03 de mayo retoma el escenario de protestas a lo largo y ancho del país. Movilizaciones y enfrentamientos de los manifestantes en varias ciudades capitales de Departamentos y ciudades intermedias, afectando a la enorme zona metropolitana de influencia del Distrito Capital. Bogotá pareciere una ciudad sitiada y el asomo de escasez de alimentos y desabastecimiento acrecienta. A ello se suma la decisión de CorAbastos, integrado por comerciantes mayoristas, minoristas, gremios de coteros, camioneros, carretilleros, compradores, vendedores; disponiendo participar en el Paro y con represamiento y bloqueos de entradas y salidas de la Corporación. Este panorama es una constante a agravarse en varias ciudades del país, por la permanencia de los bloqueos en calle y carreteras, que impiden el flujo de vehículos. En tanto la represión se generalizo y la fuerza policial y el ejército disparan a matar a manifestantes en zonas urbanas, suburbanas y rurales, para mantener despejadas las vías de acceso.

A 04 de mayo el cuadro de violaciones de los Derechos Humanos alarma a la comunidad internacional. Organismos del Parlamento Europeo, Naciones Unidas, Senado de Estados Unidos, descalifican el uso desmedido de las fuerzas represivas en Colombia. En Cali, resultó agredida con disparos una Misión de Observación de Derechos Humanos de las NN.UU. Se revelan cifras de 18 jóvenes baleados en los ojos y cara por francotiradores del escuadrón policial ESMAD. “Disparan a matar. Disparan a los ojos de los jóvenes”, circula en las redes sociales. Aumenta el número de asesinados en las calles por irrupción de los efectivos policiales a condominios y conglomerados en barrios residenciales. Se registra el escandaloso numero de 89 desaparecidos, durante los últimos tres días de protestas, de manifestantes detenidos y no se sabe de su paradero. Se señalan 45 desaparecidos en la ciudad de Cali, 18 en Bogotá DC, 14 en Medellín. Personas que salieron el día de las protestas y no han regresado a sus hogares. Se registran nueve abusos sexuales por parte del Esmad, incluida una acusación de violación a una manifestante detenida, como derrotero del compartimento de la tropa asesina. Conmocionó a televidentes el asesinato, por parte de un policía motorizado, al joven Andrés Murillo, de 17 años, en la ciudad de Ibagué. Iba caminando con dos compañeros y un transeúnte arrojo una piedra a un agente de la policía que iba en su moto. El asesino profesional, sacó su arma y disparó contra la humanidad de Andrés, acribillándolo de dos disparos: uno en el tórax y otro en la cabeza. La atribulada madre les gritó a policías a la entrada del hospital: “Dispárenme a mi, para poder acompañarlo”.

Ante los enfrentamientos de las últimas horas en Bogotá, DC, el desprestigiado ejército, made in Usa, dará “asistencia militar” en 18 puntos de la metrópoli.

Mañana 05 de mayo, el Comité Nacional de Paro, anunció movilización nacional de protesta. Tal como se indicó, sin necesidad de orden u orientación del Comité Nacional de Paro, las movilizaciones se vienen dando todos los días, en todo el país. Esto permite indicar un estallido de rebelión generalizada, que genera hechos políticos que redundaran en la conducción de la Nación colombiana, en estos días.

DE LA ASISTENCIA MILITAR.

Por orden presidencial el comandante del ejército está actuando directamente en el control de las manifestaciones. Un precedente inédito y tomado luego de un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali y en el que el alcalde, elegido por voto popular, siendo relegado, acepta, sumisamente, declinar la faculta constitucional de ser el responsable del orden público en la ciudad. Él mismo se aisló, rumiando, en sus pensamientos, la carencia de tacto y consecuente decisión.

Corresponde analizar si la Ley 180 de 2.016, que creo el Código de Policía, podría aplicar a la reglamentación de emergencia de la normativa constitucional, que debe ser por Ley Marco o Especial. Si el artículo 170 del Código de Policía, por consagrar la solicitud de “asistencia militar”, contraria el espectro o soporte jurídico necesario, toda vez, que el ejército (fuerzas armadas) están entrenadas para el conflicto armado y/o defensa de las fronteras y no para la seguridad y convivencias ciudadanas.

Ese artículo 170, que aves de mal agüero le dictan al sub presidente colombiano, dentro del cuerpo normativo de función policial, viola los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La función principal del ejército no es la del control de disturbios internos. Procede una acción de inconstitucionalidad, para que la Corte Constitucional, defina entre la contradictoria dicotomía en el texto constitucional (CP91), articulo 218, que consagra que la Policía es de “naturaleza civil” y el articulo 216 ibidem, que la recicla “Y” asocia a la Policía, junto a las fuerzas militares, como fuerza pública. Hasta tal punto que la Policía en Colombia, en la práctica sea una policía militar, estratificada con grados de milicos y chafarotes. Hasta los hay “generales”.

EL COMITE NACIONAL DE PARO ANUNCIA QUE EL PARO CONTINUA

Con fecha de 03 de mayo de 2.021 se anuncia, en comunicado, que el paro continúa, enfatizando que el retiro del proyecto de reforma tributaria significa el triunfo de millones de colombianos y colombianas que se han movilizado durante seis días contra las fuerzas armadas de ejército y de policía del Estado, ensañados en cercenar las libertades y garantías democráticas en ejercicio de la protesta social y que han dejado decenas de asesinados, centenares de heridos y numero registrado de desaparecidos y violados sexualmente por la jauría represiva. Que la gente en las calles está pidiendo mucho más, puesto que a la protesta social no se le puede colocar limites, como pretende el Fiscal General de bolsillo, del régimen. Que el gobierno nacional ha sido sordo al llamado a resolver las abultadas reclamaciones en los aspectos políticos económicos, sociales, de conflicto armado interno, de preservación ecológicas. Que existen acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones y que nunca se ha dispuesto la instalación de una mesa de negociación y concertación con los representantes y voceros del Comité Nacional del Paro Nacional, centrando las reclamaciones de Garantías y libertades democráticas, des militarización y cese de masacres y desmonte del Escuadrón Policial de la Muerte, conocido como el ESMAD. Que aún se espera, se negocie el Pliego de Emergencia presentado desde el año 2.019, como resultado de la movilización del 21 de noviembre de 2.019 ( 21N), en desarrollo del Paro Nacional y que solo en Bogotá movilizó a más de un millón y medio de personas. Se mantiene olvidada y desconocida ala Minga Indígena.

CON LAS NUEVAS, LAS PETICIONES SE RESUMEN ASÍ:

En cesar la privatización de la Salud en Colombia, retirando el proyecto de Ley 010 sobre Salud y que atornilla a las fatídicas EPS como unidades de control financiero de la Salud y la limitante a la autonomía médica. Ante la pandemia por el COVID 19, el reconocimiento de una Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. Defensa de la producción agropecuaria nacional; así como de la industrial, artesanal, campesina. Otorgar subsidios a las Pymes, pleno empleo, soberanía y seguridad alimentaria. Matricula cero y la alternancia educativa; así como la no discriminación de género. Suplir las reclamaciones de Transportadores y del servicio público de transporte, entre otras. Resulta imperativo, en Colombia, detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos e impedir la fumigación con glifosato. Esto afectaría la situación de miles de familias acogidas al plan de sustitución voluntaria y lo Acordado en los Acuerdos de la Habana, con el grupo rector desmovilizado de las Farc-ep.

En fin las reclamaciones ascienden a más de 120 peticiones. El Comité de Paro está integrado por la CUT, la CGT., la CTC, Fecode. Se sustenta en la Asamblea General de Delegados nacionales de organizaciones, sociales, populares y políticas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La situación colombiana no se puede circunscribir a que las protestas sean o no pacíficas, acudan a acciones violentas y desmanes o concluyan en llamados a la cordura y convivencia. Las provocadoras actuaciones del sub presidente de la república, resultado de ineficacia e ingobernabilidad, han generado hechos políticos con perfiles incontrolables. La prueba está, en que la retirada tardía del proyecto de ley de reforma tributaria abusiva y malvada, no trajo consigo el encauzamiento del orden público alterado. Por el contrario, se ha dado un “efecto dominó” y surgido el estado de indignación acumulado por la muerte selectiva de líderes y lideresas sociales, las masacres sucedáneas y sistemáticas, en un país sitiado por el conflicto armado interno, colocado de espaldas al mismo por la aplicación de una política de hegemonía oligárquico contra insurgente. De manera que el conflicto social generalizado transmuta hacia una situación ingobernable, como resultado de los hechos políticos sucedidos, aparejada con sublevación o resistencia hacia todo lo gubernamental, que en el caso colombiano están muy bien determinadas. Los ideólogos de la secta-que no partido- en el gobierno, lo llaman vulneración del “principio de autoridad”. Critican al sub presidente y agitan el abanico para avivar el juego. Reconocen lo grave de la situación institucional y dan patente de corso para que el tropero general Zapateiro actué y si es necesario asuma las riendas del poder presidencial. En tanto, el mancillado sub presidente, no solo por la oposición, como por sus otrora colaboradores del bloque dominante, aparece en un inusual mensaje televisivo, que nada aporta a salidas efectivas a la problemática y caótica situación atravesada. Con gesto penoso, lamentable y ridículo, cual un mea culpa a futuro. No cabe aquí adentrarse en un análisis de correlación de fuerzas, ni de supuestos o previsiones; como tampoco de premoniciones. Pero si las fuerzas alternativas democráticas y la izquierda no actúan, conforme a la situación actual y demuestran que están preparados para lo de la vocación de poder, a todo dar, equivocan seguramente lo dado actual de, donde, a dónde y cómo, va el agua al molino.

EL PROBLEMA DEL ACTUAL CONGRESO

Todo el modelo económico y de corrupción confluye a los integrantes de senado y cámara de representantes. Pero este diagnóstico se extiende a toda la rama legislativa del poder público: diputados, en los Departamentos y concejales en los municipios.

Un referéndum para un gobierno de transición que revoque el mandato a todos los actuales congresistas, diputados y concejales, adelantando las elecciones, sería lo alternativo a hacia una Nueva Colombia.

Las protestas continuaran… La iniciativa popular centra en la instalación de Cabildo Popular Abierto, en los municipios. El paro indefinido en calles y carreteras y la caída del sub presidente impuesto e ilegitimo.

UN PARENTESIS SOBRE LO ACTUADO

Con sacrifico académico, no me detengo en analizar la inercia política de los manifestantes en coincidir en la renuncia del presidente y a que conlleva, la misma. Lo que no puede llevar a equívocos es la reflexión crítica sobre la realidad. La opinión pública tiene factores, valores o referentes claros al respecto; pero el peso del contenido político es el que incide.

Comienzo por detenerme en resaltar la calificación de las protestas sociales, ocurridas en las múltiples movilizaciones y enfrentamientos. Pese a que se han dado situaciones de saqueos, de salidas contrarias al objetivo de las movilizaciones o marchas; estas no califican, o no existen elementos de juicio para concluir que lo fueron, o han sido de una manera generalizada, sistemática y constante. Ello no me exime de abordar el asunto en el plano que los estudiosos del movimiento de masas (Gustave Le Bon y José Ortega y Gasset, entre otros). Estos han comenzado la exposición del asunto en relación con la conversión o transformación del hombre-masa y la perdida temporal de la personalidad consciente. El manifestante, en el furor de las arengas o consignas, sufre una suplantación por la “mente colectiva” de la masa. Por lo general atribuyen el dominio de una aplicación de unanimidad, emocionalidad, seguimiento, que raya en la irracionalidad. Menciono esto en atención en la sustentación en los estrados judiciales de sindicados por desmanes y el aspecto de la inimputabilidad. Pero en los elementos de previsión, pareciere que en el cálculo realizado con antelación, en el proceso volitivo del manifestante, en las ciudades, prima una pre concepción de valores contrarias a las de los estereotipos inculcados (Modelo establecido y aceptado de conducta, expresión u otra manifestación conocidas). Así, por ejemplo, preguntarnos: -porqué atacan los Transmilenios, los destruyen, siendo un vehículo de uso transportable, necesario tanto colectiva como individualmente considerado. La respuesta que obtengo es que en ese hombre-masa hubo un cálculo realizado con antelación. Las Estaciones de Transmilenio no son para él una “cosa pública” y por ende, tampoco los buses. Sabe que Transmilenio no corresponde al Estado, que sus dueños y aprovechadores de enriquecimiento son 15 familias de la oligarquía bogotana que los usufructúan, gracias al proceso de privatización a ultranza. Estos aprovechan el servicio o concepto de “publico”. Sugestivo que el transporte público colectivo sea llamado en Cali, “MIO”, que es dominio privado. Lo mismo argumentar en el caso de ataques a sedes bancarias. Existe en el imaginario colectivo y en particular en el caso individual de comportamiento analizado: él, a prejuzgado con anterioridad, que está frente a entes parasitarios que esquilman sus esfuerzos y ahorros monetarios y estallan por el rebrote ante esa frustración e indignación. Qué no decir de ataques a la cuestionada policía y su carga histórica criminal y a las sedes o CAIS, donde ha rondado el empoderamiento de la muerte a los detenidos. Así, podríamos resaltar por qué en dos o tres ciudades atacaron sedes oficiales; pero sobre todo oficinas del Registro, que abordaría para el análisis en el efecto del resultado de un sistema electoral corrupto, tramposo e impune. Al examinar el saqueo a almacenes, la imagen de respuesta de los manifestantes fue la de exigir a los saqueadores la devolución de las mercancías robadas. De manera que sirva el abordar este tema como abre bocas, para dejar sin argumentos el calificativo mediático infundado de ser los manifestantes en las refriegas de las duras protestas realizados, simples “vándalos”.

 Cumplo así con mi promesa de una segunda entrega sobre el análisis del pasaje histórico por el que pasa la Nación colombiana. Promisorio, promisorio, indiscutible mente promisorio.

Que sea ensordecedor el grito de protesta popular y calle el tronar de los fusiles.