SEC: En defensa del financiamiento integral de la educación pública y en apoyo a las universidades públicas
ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN COSTARRICENSE (SEC), EN DEFENSA DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE APOYO A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Resultando:
I. El pasado jueves 11 de julio, se realizó la II sesión de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), oportunidad en la que el Gobierno de la República propuso una disminución en el presupuesto de las universidades públicas para el año 2023 de más de 128 mil millones de colones con respecto al año anterior (2022); lo anterior sin entrar a considerar la pérdida del valor adquisitivo de ese presupuesto, debido a los incrementos sobrevinientes producto de una inflación interanual galopante que al cierre del primer semestre de este año alcanzó el 11.48%.
II. Los rectores y la Confederación Estudiantil Universitaria rechazaron públicamente esa propuesta por cuanto constituye un irrespeto a las disposiciones contenidas en el artículo 85 de la Constitución Política que garantiza el financiamiento de la educación superior universitaria pública, sin que se puedan disminuir sus ingresos ya establecidos. Por otra parte, como bien lo están advirtiendo los rectores y estudiantes, con esa propuesta gubernamental se produciría para el próximo año: una reducción drástica de los servicios que ofrecen las universidades, tales como los cupos actuales y de nuevo ingreso a carreras y becas estudiantiles; el cierre de proyectos de investigación y extensión incluidos proyectos de asesoría al MEP como los aportes de CONARE al Marco Nacional de Cualificaciones de las carreras de educación entre otros; se produciría además, el retiro obligado de la presencia universitaria en las regiones.
III. El rebajo en el presupuesto de la educación pública para el año 2023, en la propuesta del Gobierno a las universidades, es general y no solo para la educación superior públicas. El Ejecutivo indicó literalmente, que: “…Siendo que el sector educación recibe el 75% (6.02 del PIB) de lo que por Constitución debería recibir (8% del PIB), la propuesta es que se rebaje proporcionalmente los fondos para todos los actores del contexto educativo…” Lo anterior significa que la propuesta del Gobierno del Presidente Chaves y la Ministra Müller para el financiamiento de toda la educción pública estatal para el año 2023, incluye una disminución del 25% con relación a lo que constitucionalmente le corresponde (sin incluir la inflación), y de aproximadamente un 23% en relación al presupuesto del presente año. Lo anterior significa para el Ministerio de Educación Pública, la imposibilidad de realizar programas tan urgentes como el de recuperación pedagógica post pandemia o la intervención de la infraestructura educativa; peor aún, dicha disminución presupuestaria conduciría a un cierre técnico de los diferentes servicios educativos del MEP.
IV. La propuesta gubernamental tiene como sustento, el congelamiento de los salarios del personal del MEP para los años 2022 y 2023, lo cual es desde todo punto de vista insostenible en tiempos de inflación galopante como los que se viven actualmente y más, si consideramos también, que los salarios del personal del Ministerio de Educación Pública acumulan al final del primer semestre 2022, una pérdida en su valor adquisitivo que supera el 10% , debido al congelamiento general de salarios para el sector público durante los años 2020, 2021 y 2022.
V. Desde la Constituyente de 1949 (hace 73 años) no se presenta ninguna situación similar, de abandono estatal de la inversión pública en educción. Todas las Administraciones desde 1949 han priorizado la inversión pública en educación y salud; ni siquiera en los momentos más críticos de la pandemia COVID-19 (años 2020 y 2021) se dejó de priorizar la inversión en educación pública.
VI. Es falso el dilema que plantea la señora Ministra, en el sentido de que no puede financiar la educación superior universitaria pública, porque se desfinancia la educación básica (preescolar, primaria y secundaria), puesto que lo que su Gobierno propone, es el desfinanciamiento de toda la educación pública estatal.
VII. Lo anterior pone en evidencia también, el interés del Gobierno actual por impulsar la educación privada en detrimento de la educación pública estatal.
Considerando único:
Mediante resolución Nº 2016-012803 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, de las 11:21 horas del 7 de setiembre de 2016 se declara inconstituiconal cualquier Presupuesto Ordinario Nacional que no contemplase el monto constitucionalmente previsto por el artículo 78 de la Constitución Política vigente. En lo que aquí interesa, la parte dispositiva de esta resolución indica:
“Se declara CON lugar la acción, en consecuencia se declara la inconstitucionalidad por omisión del Título 210-Ministerio de Educación Pública del artículo 2º de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2015 (N° 9289 de 1 de diciembre de 2014), por no cubrir el monto mínimo del 8% de gasto público en educación estatal, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política. Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Reséñese este pronunciamiento en el Diario Oficial La Gaceta y publíquese íntegramente en el Boletín Judicial. Notifíquese. …”
De conformidad con el antecedente de jurisprudencia constitucional citado, el proceder del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto de la educación pública para el 2023, constituye un desacato manifiesto a un mandato judicial expreso.
POR LO TANTO, EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SEC, ACUERDA:
- SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO PROCESO INTEGRAL OBLIGATORIO DESDE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR HASTA LA DIVERSIFICADA, DEBIDAMENTE COSTEADA POR EL ESTADO CON UN PRESUPUESTO ANUAL NO INFERIOR AL 8% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (Artículos 77 y 78 de la Constitución Política).
- APOYAR INCONDICIONALMENTE LA SOLICITUD DE LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y DE LA CONFEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA, PARA QUE EN LA PRESUPUESTACIÓN DEL AÑO 2023 SE CUMPLA ESTRICTAMENRTE EL MANDADO CONSTITUCIONAL SEGÚN EL CUAL EL ESTADO DOTARÁ DE PATRIMONIO PROPIO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA, Y LE MANTENDRÁ SUS RENTAS ACTUALES, LAS CUALES NO PODRÁN SER DISMINUIDAS SI NO SE CREAN SIMULTÁNEAMENTE, OTRAS MEJORES QUE LAS SUSTITUYAN. (Artículos 84 y 85 de la Constitución Política)
- DEFENDER EL PRESUPUESTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA COMO UNA INVERSIÓN ESTATAL IMPRESCINDIBLE, NECESARIA PARA QUE GARANTIZA LA MOVILIDAD SOCIAL, LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA SOCIAL Y ENTRE REGIONES, ASÍ COMO EL RECURSO HUMANO CAPACITADO PARA UN MUNDO LABORAL ALTAMENTE TECNIFICADO E INTERNACIONALIZADO.
- DEMANDAR AL GOBIERNO LA ATENCIÓN RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES LABORALES CON EL PERSONAL DEL MAGISTERIO NACIONAL, QUE ACUMULAN 3 AÑOS DE CONGELAMIENTO SALARIAL.
- SOLICITAR A LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DEL MAGISTERIO NACIONAL, SUMARSE A LA DEFENSA DEL PRESUPUESTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
- ACUERDO FIRME.
