Asociaciones y redes de instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe, reunidas los días 3 y 4 de diciembre de 2018, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, manifiestan su adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y expresan su compromiso profundo y consecuente con contribuir a erradicar la pobreza, fomentar la prosperidad y el buen vivir, y proteger el planeta y todas las formas de vida.
Al mismo tiempo, exhortan a los Estados y gobiernos de la región, a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, y a las instituciones públicas y privadas, a llevar a cabo iniciativas que impulsen el desarrollo con equidad, justicia e igualdad, y promuevan acciones para superar las necesidades de la población mediante la educación, la salud, la protección social, la seguridad alimentaria y las oportunidades de empleo, sin afectar su financiamiento y los derechos fundamentales consagrados, a la vez que tomen medidas contra el cambio climático y estimulen la protección del medio ambiente.
La asociaciones y redes de educación superior de América Latina y el Caribe, conscientes de los beneficios de iniciativas conjuntas y concertadas, ponen a disposición de los Estados, los gobiernos y las sociedades de la región sus conocimientos y capacidades para desarrollar una agenda inclusiva de cooperación con el fin de contribuir al logro conjunto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esto será posible, tal y como ya lo ha demostrado el grupo de monitoreo del tema 4 de los ODS sobre educación para América Latina y el Caribe, siempre y cuando se pueda revertir la difícil situación en la que se encuentran las universidades e instituciones de educación superior, y se logren enfrentar las enormes desigualdades e inequidades que se presentan en toda la región, las dificultades y retrocesos en la gobernabilidad democrática, y se favorezcan las condiciones para el buen vivir, la dignidad y la libertad de nuestros pueblos.
La Secretaria General de la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA) hizo un llamado a los gobiernos de los países miembros del Sistema de la Integración Regional Centroamericana y manifestó su apoyo a las gestiones de las universidades públicas para obtener presupuestos justos.
Según el comunicado del CSUCA, los recursos suficientes son necesarios para cumplir responsablemente con la inmensa tarea de expandir la cobertura educativa a toda la población, ofreciendo una Educación Superior con calidad, pertinencia y transparencia.
Además señalaron que las últimas acciones de los gobiernos de algunos países de la región de reducir las asignaciones presupuestarias para la educación en general y para la educación superior en particular, ponen en riesgo el cumplimiento de los fines fundamentales de las universidades públicas y vulneran la autonomía universitaria y su naturaleza de bien público social.
Igualmente se resaltó la importancia para los países de la región de fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación que garanticen la calidad, transparencia y la condición de servicio público de las instituciones, para que la educación contribuya eficazmente al crecimiento económico, a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación.
Asimismo, que construya la identidad regional; genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y así contribuir con la creación de conocimiento, y a la trasformación social y productiva de las sociedades centroamericanas.
El documento señala que la educación superior es un derecho humano que constituye un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.
Andrea Marín Castro,
ODI; UCR
Imagen ilustrativa tomada de la página oficial de la UCR.
Enviado por Oficina de Divulgación e Información, UCR.
En la Sesión nº29 de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, siete miembros votaron a favor de la moción presentada por el diputado Jonathan Prendas. (Imagen tomada de la grabación de la sesión / Asamblea Legislativa).
El recorte al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) aprobado en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios el miércoles 17 de octubre, no es aún un recorte definitivo, pues debe primero ser discutido en el Plenario Legislativo en dos debates.
La moción fue presentada por el diputado Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), y pretende recortar este fondo en ₡10 mil millones para trasladarlo a las partidas de amortización de deuda. Esa moción fue aprobada con 7 votos a favor y 3 en contra.
“El FEES es la principal fuente de financiamiento de las universidades estatales, para cumplir con las funciones de docencia, investigación y acción social. La educación superior es un factor de movilidad social, y uno de los principales aportes a la competitividad del país a largo plazo. Reducir el FEES sería dar un paso atrás en la definición del modelo de desarrollo de Costa Rica, y vulnerar el Estado social de derecho en el acceso a la educación superior pública”, afirmó el Dr. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
En sus palabras, la UCR ha venido implementando una serie de medidas para contener el gasto, en línea con las necesidades del país por salvaguardar sus finanzas. Por ejemplo, este año se ahorraron ₡2 029 millones por la reducción de las anualidades al pasar del 5,5% al 3, 75%. Para el 2019, once rubros y nueve medidas adicionales tendrán restricciones presupuestarias que serán gestionadas desde la administración.
El Artículo 85 de la Constitución Política dispone, entre otras cosas, que el Estado mantendrá —con las rentas actuales y las que fuesen necesarias— un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES), cuyas rentas “no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”. También indica la Constitución Política, en su Artículo 78, que el gasto público de la educación estatal (incluida la superior) no debe ser inferior al 8% anual del producto interno bruto (PIB).
El monto requerido por las universidades públicas es establecido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en un plan nacional quinquenal (PLANES) que incluye los egresos de operación y de inversión. Aunque la Constitución no lo establece, las Universidades y el Gobierno han aceptado que el monto del FEES sea negociado en una Comisión de Enlace. Si, como ha sucedido, no se logra un acuerdo quinquenal, la Comisión ha adoptado acuerdos anuales respecto al monto presupuestario requerido, y el Poder Ejecutivo debe incorporar en el presupuesto ordinario la partida correspondiente al FEES.
“La Constitución Política garantiza de modo efectivo la financiación de las Universidades estatales. La Asamblea Legislativa no puede desconocer, ni mucho menos violar, esta garantía constitucional. El Artículo 85 no confiere facultades al Poder Legislativo para disminuir el monto presupuestario definido por el PLANES o el establecido unánimemente por la Comisión de Enlace, sin diferendo alguno. A la Asamblea Legislativa no le resta más que cumplir con su obligación constitucional de aprobar el presupuesto destinado a la educación superior pública”, comentó el Dr. Luis Baudrit, jefe de la Oficina Jurídica de la UCR.
En julio de este año, la Comisión de Enlace acordó establecer el monto del FEES para el 2019 en ₡511 154 millones y para la UTN un presupuesto de ₡34 868 millones. Estos montos corresponden al presupuesto del año 2018, ajustado por la inflación (estimada en un 3% para el año 2019).
La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios es la encargada de discutir el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 (Expediente 20 964), cuya votación final debe realizarse antes del sábado 20 de octubre. Para que el proyecto pase a Plenario, el dictamen o los dictámenes deberán ser rendidos antes del 25 de octubre.
El acuerdo se tomó el 16 de octubre en la sesión ordinaria N°6229. Foto: Karla Richmond.
El Consejo Universitario acordó solicitar a la Asamblea Legislativa que no se apruebe en segundo debate el Proyecto de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dados los vicios de inconstitucionalidad que se encontraron en el texto.
El acuerdo explica que se pretende reformar al artículo 78 de la Constitución Política al incorporar a su contenido instituciones estatales ajenas a las que el espíritu de la norma intentaba resguardar, además de una modificación tácita en relación al concepto de autonomía universitaria.
Igualmente, reiteró que este proyecto tendrá implicaciones negativas en las finanzas de las instituciones de educación superior pública.
Según el órgano colegiado, el texto aprobado en primer debate, contiene, al igual que las versiones anteriores, normas que causarían un perjuicio sustantivo a la autonomía universitaria, así como a la misión social que tiene la educación superior estatal universitaria.
El proyecto actual grava actividades anteriormente exentas de las instituciones de educación superior estatal. Asimismo, otorga potestades de intervención directa al Ministerio de Hacienda para congelar, reducir y fijar montos asignados por ley a las universidades estatales, en contraposición con la Carta Magna y el espíritu del legislador constituyente. Finalmente, elimina recursos económicos y grava actividades que resultan fundamentales para financiar parte de los procesos de regionalización, desarrollo institucional, así como acciones de alcance nacional, relacionadas con la investigación, monitoreo y supervisión, como, por ejemplo, de la red vial, las condiciones meteorológicas o sismológicas del país.
En caso que exista un texto sustitutivo, el Consejo Universitario solicitó que se considere modificar aquellos artículos inconstitucionales y que debilitan las finanzas universitarias. Entre ellos, eliminar el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal. Así como abogar por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.
Señaló además que aunque la Rectoría ha alcanzado acuerdos importantes con las autoridades de gobierno y algunas fracciones legislativas en cuanto al financiamiento, se hace necesario que la voluntad política quede plasmada directamente en el texto de la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Este acuerdo se tomó el 16 de octubre en sesión ordinaria, como respuesta a la solicitud del criterio institucional sobre el texto actualizado del Proyecto de Ley fortalecimiento a las finanzas públicas, que solicitó la misma Asamblea Legislativa.
Institución insiste en que se apruebe un texto justo y equitativo
Este lunes 1 de octubre, la atención nacional se concentrará en la Asamblea Legislativa cuando comience la discusión de las mociones de reiteración del proyecto de ley 20 580, “Fortalecimiento de las finanzas públicas”.
La UCR reitera su llamado al diálogo e insiste en buscar un consenso que atienda la situación fiscal de manera integral y permita avanzar hacia un modelo basado en la solidaridad, la justicia distributiva y la equidad tributaria.
La UCR es consciente de la grave crisis fiscal que atraviesa el país y de la necesidad de implementar medidas encaminadas a solucionarla, por la vía de establecer tasas impositivas que generen progresividad en el sistema tributario, mecanismos claros que permitan combatir la evasión y elusión fiscal, promuevan la reactivación de la economía y la contención del gasto público.
Sin embargo, no considera correcto perjudicar aspectos sustanciales como la educación, pues es un pilar indispensable para el desarrollo de la nación.
Por esta razón, la UCR también les recuerda respetuosamente a las diputadas y los diputados considerar las implicaciones que este proyecto de ley generaría para la educación en general y la educación superior pública en particular, si se mantiene el texto actual.
La UCR estará pendiente de las mociones de reiteración que insistirán en que se elimine el artículo que incluye las redes de cuido y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) dentro del 8% del Producto Interno Bruto destinado a la educación estatal. Así mismo, de la moción R-304 que solicita que se elimine la derogatoria de los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas que asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general.
Por otro lado, abogamos por la exención del Impuesto del Valor Agregado (IVA) para la compra y venta de servicios que hagan las instituciones universitarias estatales, el Consejo Nacional de Rectores y el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior.
Durante este periodo, la UCR continuará realizando distintas actividades de reflexión, con el objetivo de abrir espacios de análisis y discusión que aporten a la comprensión de estos temas, los cuales son de gran importancia para el bienestar social y económico del país.
La Rectoría insta a la comunidad universitaria a participar en las actividades programadas y ejercer la necesaria coordinación para no afectar el desarrollo de las actividades sustantivas de la institución.
Estas mociones fueron presentadas en varios momentos por varios diputados.
XCIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL
El idear investigaciones de más impacto social, con mayor trascendencia, más allá del mérito académico individual, es otro de los retos que deben perseguir las universidades latinoamericanas, coincidieron sus representantes, en el marco de la XCIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) Foto: Pablo Mora.
Los desafíos que las universidades de América Latina tienen ante sí son variados. Escuchar hablar de ataques a la autonomía universitaria, recortes presupuestarios, críticas por considerar a las instituciones de educación superior como sitio para privilegiados, gobiernos que priorizan la enseñanza primaria o secundaria por encima de la universitaria, entre muchos otros temas, parece ser un factor común en la problemática que enfrentan las casas de estudio superior de Latinoamérica.
Esa es la conclusión que se desprende de la conferencia inaugural de la XCIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), realizada este lunes 3 y martes 4 de setiembre en la Sala de Prensa de la Plaza de la Autonomía, en la Finca 2 de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Contó con la presencia del rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen, quien ejerce además la presidencia de la UDUAL en el período 2015-2019.
La exposición de apertura se tituló “¿Qué universidad queremos?”, impartida por el profesor Gustavo Fischman, de la Arizona State University, de Estados Unidos, ante la presencia de 25 rectores y representantes de universidades de muchos países de América Latina, así como personeros de UDUAL.
Fischman brindó algunos datos reveladores del estado actual de la educación en el mundo: existen 1,4 billones de estudiantes, de los cuales solo 200 millones son universitarios. El número de docentes – en general – es de 61 millones de personas, aunque saber la cifra exacta de los que imparten clases en universidades es complicado, debido a que muchas de estas instituciones solo brindan datos de profesores que se encuentran en tiempo completo.
Más allá de los números, el experto de la Arizona State University aseguró que el número de estudiantes universitarios aumenta, aunque a un ritmo inferior de aquellos en primaria y secundaria. Los que no aumentan en el orbe son los presupuestos universitarios, factor que dificulta una mayor cobertura de la educación superior.
Otro desafío futurista señalado por Fischman: los empleos serán afectados por la inteligencia artificial, la cual hará desaparecer algunas carreras, aunque sí pronosticó que los docentes universitarios seguirán existiendo en la mayoría de disciplinas.
Si a esto se suma el distanciamiento que suele existir entre la función académica y el vínculo social de las instituciones de educación superior (sobre todo las públicas) en América Latina, el experto señaló que las universidades se convierten en un blanco fácil para sus detractores, que las acusan de no vivir la misma realidad que el resto de la población.
Para poder subsistir a estos retos, el profesor de la universidad estadounidense propone a la UDUAL, y a cada institución en particular, fortalecer su colaboración con la sociedad mediante una comunicación más efectiva, de manera que las universidades no se perciban como “torres de marfil”, sino que su accionar e importancia sean reconocidos por la ciudadanía.
Más en el ámbito investigativo, Fischman señaló que existe una clara disparidad en cuanto a publicaciones indexadas en el primer mundo versus las que producen los países en nuestros países en desarrollo, lo que indica cuál es la verdadera jerarquía en la creación de conocimiento en el orbe.
Aunado a lo anterior, más allá de la cantidad de investigaciones y los premios académicos, el Dr. Jensen insistió en que es necesario plantearse el impacto social que tienen estos estudios en las sociedades latinoamericanas, para evitar caer en la meritocracia que poco aporta a los problemas que vive la población.
La XCIV Reunión Ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL concluyó este martes 4 de setiembre con la lectura de los acuerdos tomados por los representantes universitarios.
Un total de 123 jóvenes participaron en los recorridos para orientar su ingreso a la UCR
Una nutrida delegación del Colegio Académico Indígena de Sepecue, en Talamanca, se sumó a la Feria Vocacional 2018. Foto: Eduardo Muñoz.
“Recibirlos por primera vez en la universidad, compartir con ustedes nos llena de profunda ilusión y alegría. Esta es una experiencia emocionante, basta ver las fotografías de su traslado, sus rostros iluminados es verdaderamente contagiante. Ya hemos pasado por eso”, dijo la M. L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, en el acto de bienvenida a 123 jóvenes provenientes de pueblos y territorios indígenas al campus Rodrigo Facio.
Tras un largo viaje, con maletas llenas de muchas expectativas sobre su futuro académico, los colegiales se sumaron a miles de jóvenes que visitaron la Feria Vocacional, que se realiza en el campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 8 al 10 agosto.
La llegada de los estudiantes coincidió con la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha en la que cada año la Organización de Naciones Unidas hace un llamado a sus estados miembros para cumplir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta insta al mejoramiento de las condiciones económicas y a garantizar los derechos sociales, como educación, capacitación, justas condiciones laborales, salud y seguridad social.
Los estudiantes participaron en las tutorías académicas que se imparten en los colegios ubicados en dichos territorios, como parte del proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social denominado “Camino a la U: estrategias culturalmente pertinentes para el ingreso de estudiantes de pueblos y territorios indígenas a la Educación Superior Pública” (EC-426).
Este proyecto tiene como objetivo reforzar las habilidades, competencias y destrezas requeridas para enfrentar con éxito las pruebas del ciclo diversificado y bachillerato para estudiantes provenientes de colegios ubicados en territorios indígenas, así como realizar acciones que faciliten su ingreso a la educación superior pública.
Los jóvenes llegaron a San José el día miércoles 8 de agosto, y en horas de la noche participaron en el Encuentro Nacional de Estudiantes Indígenas, realizado en el Centro Social Juan XXIII, en Dulce Nombre de Cartago. Ahí compartieron con estudiantes universitarios de la UCR, procedentes de esos territorios, quienes contaron sus experiencias durante el proceso de admisión y su vida en el campus.
“En el conversatorio nos reunirnos y evacuamos las dudas, porque existe incertidumbre si son elegibles para ingresar a cualquier carrera en una universidad pública y lo que sigue después. También hay temores por estar en un lugar muy distinto a donde viven. Les contamos nuestra experiencia y hablamos los cambios que han habido desde cuando nosotros ingresamos”, dijo Abigail Rodríguez Calderón, estudiante de Psicología, y proveniente del territorio indígena de Salitre.
Durante el día jueves recorrieron el campus Rodrigo Facio para conocer sobre las distintas opciones que les brinda la UCR. Alrededor del mediodía departieron un almuerzo con la magister Ruth de la Asunción Romero, vicerrectora de Vida Estudiantil, la M.L. Marjorie Jiménez Castro, vicerrectora de Acción Social, y otros representantes de oficinas vinculadas a la admisión universitaria.
Los colegiales Keivin Ríos Hidalgo, Ivette Villanueva Fernández, Nadia Hernández Reyes y Milagros Molina Sánchez, del Liceo Rural Usekla, en Talamanca, conocieron con detalle las opciones académicas que les brinda la UCR. Foto: Eduardo Muñoz.
Keymy Baker Hernández, estudiante del Colegio Académico Indígena de Sepecue, Talamanca, vino indeciso sobre cuál carrera matricular al graduarse de secundaria. Finalmente, luego su paso por la Feria Vocacional reafirmó su interés de ingresar a Ingeniería Industrial.
Por su parte, Dailyn Hernández Mayorga, también estudiante en Sepecue, se inclinará por Arqueología. “Gracias a la UCR hemos recibido tutorías para bachillerato y este año pusieron en práctica algo nuevo que es prepararnos para el proceso de admisión. La mayoría de jóvenes de mi comunidad queremos estudiar y ayudar en su desarrollo. Si yo vengo aquí a estudiar algo hay que relacionarlo con mi cultura, trayendo las raíces que nos identifican porque todo va de la mano como un todo”, añadió.
Avance significativo
Del 2015 al año 2018, la UCR pasó de tener solo 12 estudiantes a casi 140 universitarios provenientes de pueblos y territorios indígenas, suma que cada año va en aumento. Esto es fruto de las acciones afirmativas que impulsa la UCR desde el año 2012, en el marco del Plan Nacional de Salvaguarda Indígena. Además de recibir tutorías, se les acompaña en el proceso de admisión y su permanencia en las aulas universitarias.
Estas tutorías llegan a unos 350 colegiales en las comunidades Casona, Salitre, Yeri, Cabagra, Curré, Ujarrás, Kabebata, Usekla, China Kicha, Coroma y Sepeque. Este proyecto es parte de la ejecución del Plan Quinquenal para Pueblos y Territorios Indígenas, del Consejo Nacional de Rectores. Este impulsa acciones conjuntas de las cinco universidades públicas y fue diseñado con la participación de representantes de los 24 territorios y organizaciones indígenas.
“Es un proceso gradual. Este año ampliamos la cobertura a otros colegios. Quisiéramos llegar a todos los colegios, pero hay ciertas limitaciones que van desde lo geográfico hasta el recurso humano; pero la intención es ampliar las zonas”, comentó el Lic. Johnny Arias Aguilar, funcionario de la VAS y uno de los responsables de la ejecución de dicho plan quinquenal.
Según Jorge Morales Elizondo, miembro del Movimiento Indígena Interuniversitario y estudiante del tercer año de Sociología, “hace falta expandir aún más, estos esfuerzos. Se ha trabajado en las zonas sur y Talamanca, pero otros territorios han quedado por fuera. Creemos que los resultados que hemos tenido hasta ahora, que han demostrado que son muy positivos, han demostrado que es necesario continuar con el trabajo que se hace pero que hay que llegar a más colegios de comunidades indígenas. Y seguir este diálogo entre comunidades y universidad, para buscar el bienestar de los jóvenes”.
Como parte de su compromiso con estas comunidades, cada año la UCR aplica la Prueba de Aptitud Académica directamente en estas zonas. Así se evita que los colegiales tengan que recorrer largas distancias y promueve la participación masiva de esta población estudiantil.
Por ejemplo, a los estudiantes en condición de elegibles se les suministra información sobre el sistema de becas. A los estudiantes de territorios indígenas que inician una carrera universitaria, se les da seguimiento y apoyo para que puedan culminar con éxito su proyecto académico. También se les insta a participar en proyectos de movilidad estudiantil, de voluntariado, liderazgo y de otras actividades estudiantiles y de encuentro.
La visita de los colegiales concluyó con un recorrido en las residencias universitarias y un breve conversatorio en el anfiteatro ubicado a un costado de la Oficina de Registro. “Realmente todo esto es muy interesante porque desde cuarto año la UCR está incentivándonos con las tutorías y con esta feria vocacional, que son importantes para nuestra decisión final. La UCR ha sido muy influyente para nosotros para saber qué queremos hacer”, dijo el estudiante Baker.
La Universidad de Costa Rica, en el marco de los 100 años de la Reforma de Córdoba y los 50 años de la Regionalización, se invita este próximo 29 de agosto a la 1:30 p.m. a la lección inaugural de la carrera de Trabajo Social: Mercantilización de la Educación Superior en América Latina, a realizarse en el Auditorio de la Sede de Occidente.
Perjudicaría a estudiantes de universidades públicas ya que grava con el 13% matrícula universitaria
El último borrador de texto sustitutivo del proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp N°20580), que circuló el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de julio, perjudica directamente a las y los estudiantes de las universidades públicas, pues no exonera del pago del impuesto sobre el valor agregado a la educación superior pública.
Esto implica que de aprobarse la reforma, el estudiantado tendrá que pagar un 13% de impuesto sobre el costo de la matrícula, lo que significa alrededor de 400 millones de colones, que dentro del contexto de recaudación que espera el gobierno, representa pocos ingresos, pero que sí es representativo para las y los estudiantes de bajos recursos.
Para el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, esto es un golpe durísimo para la población estudiantil y es una clara política que pretende debilitar la educación superior pública costarricense.
“Pretender cobrarle impuestos a la educación superior pública es un grave retroceso y un claro intento de debilitar la educación. No hay duda de que debemos tomar decisiones para mejorar la situación fiscal, pero no es correcto perjudicar lo que es sustancial para asegurar un mejor futuro para la población costarricense y la educación pública es crucial en este aspecto”, subrayó el rector.
Además, las compras por bienes y servicios que realicen las universidades estatales también deberán pagar el 13% del impuesto, lo que corresponde a una erogación adicional de más de 8500 millones de colones, para el caso específico de la UCR. Esto supone que del presupuesto universitario, las unidades académicas deberán desembolsar más recursos para adquirir materiales, reactivos, equipos de laboratorio y otros, lo que perjudicará el quehacer sustantivo de las instituciones y por lo tanto a la población estudiantil.
Por otro lado, en el artículo 11 de este borrador, sí exonera a la educación privada, bajando el pago del impuesto a un 2%.
El Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, explicó que con la propuesta a como está en este momento, se nota la intención de desfavorecer a las universidades públicas, ya que la no exoneración de impuestos pone a las instituciones en una situación de vulnerabilidad. Mientras que el Dr. Henning Jensen, manifestó que «la discriminación a favor de la educación privada es inaceptable y representaría un paso más en el decaimiento del Estado Social.”
Otro aspecto del proyecto de reforma fiscal que preocupa a las instituciones de educación superior pública es la la propuesta de derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas, entre las que se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la UCR, asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general, así como a laboratorios y centros de investigación.
Otras universidades públicas del país también perciben fondos específicos que se destinan prioritariamente al funcionamiento de sus sedes regionales y les permiten llevar educación superior a diversas localidades del país.
Además, la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los programas de primera infancia dentro del 8% del PIB destinado a la educación pública y la propuesta de regla fiscal, que se proponen en el proyecto de ley, atentan contra el fortalecimiento de la educación, pues disminuye la inversión en este rubro tan importante para el desarrollo del país.
