- Perjudicaría a estudiantes de universidades públicas ya que grava con el 13% matrícula universitaria
El último borrador de texto sustitutivo del proyecto de Ley para fortalecer las finanzas públicas (Exp N°20580), que circuló el Ministerio de Hacienda el pasado 27 de julio, perjudica directamente a las y los estudiantes de las universidades públicas, pues no exonera del pago del impuesto sobre el valor agregado a la educación superior pública.
Esto implica que de aprobarse la reforma, el estudiantado tendrá que pagar un 13% de impuesto sobre el costo de la matrícula, lo que significa alrededor de 400 millones de colones, que dentro del contexto de recaudación que espera el gobierno, representa pocos ingresos, pero que sí es representativo para las y los estudiantes de bajos recursos.
Para el Dr. Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica, esto es un golpe durísimo para la población estudiantil y es una clara política que pretende debilitar la educación superior pública costarricense.
“Pretender cobrarle impuestos a la educación superior pública es un grave retroceso y un claro intento de debilitar la educación. No hay duda de que debemos tomar decisiones para mejorar la situación fiscal, pero no es correcto perjudicar lo que es sustancial para asegurar un mejor futuro para la población costarricense y la educación pública es crucial en este aspecto”, subrayó el rector.
Además, las compras por bienes y servicios que realicen las universidades estatales también deberán pagar el 13% del impuesto, lo que corresponde a una erogación adicional de más de 8500 millones de colones, para el caso específico de la UCR. Esto supone que del presupuesto universitario, las unidades académicas deberán desembolsar más recursos para adquirir materiales, reactivos, equipos de laboratorio y otros, lo que perjudicará el quehacer sustantivo de las instituciones y por lo tanto a la población estudiantil.
Por otro lado, en el artículo 11 de este borrador, sí exonera a la educación privada, bajando el pago del impuesto a un 2%.
El Dr. Carlos Araya Leandro, vicerrector de Administración, explicó que con la propuesta a como está en este momento, se nota la intención de desfavorecer a las universidades públicas, ya que la no exoneración de impuestos pone a las instituciones en una situación de vulnerabilidad. Mientras que el Dr. Henning Jensen, manifestó que «la discriminación a favor de la educación privada es inaceptable y representaría un paso más en el decaimiento del Estado Social.”
Otro aspecto del proyecto de reforma fiscal que preocupa a las instituciones de educación superior pública es la la propuesta de derogar los artículos 3 y 3 bis de la Ley N.° 6450 y sus reformas, entre las que se encuentra la Ley N° 7386 que, en el caso de la UCR, asigna recursos al Recinto de Paraíso y al programa de regionalización en general, así como a laboratorios y centros de investigación.
Otras universidades públicas del país también perciben fondos específicos que se destinan prioritariamente al funcionamiento de sus sedes regionales y les permiten llevar educación superior a diversas localidades del país.
Además, la inclusión del presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y los programas de primera infancia dentro del 8% del PIB destinado a la educación pública y la propuesta de regla fiscal, que se proponen en el proyecto de ley, atentan contra el fortalecimiento de la educación, pues disminuye la inversión en este rubro tan importante para el desarrollo del país.
Andrea Marín Castro
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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