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Etiqueta: elecciones nacionales

¿La reforma a la reelección de autoridades políticas resolverá el problema?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cuando se dispuso separar la elección de Alcaldes de la elección nacional, y le siguió la elección de los miembros de los Consejos Municipales y Distritales, en la misma dirección, primero la de Alcaldes en el 2002 y luego los otros puestos concejales, a partir del 2006, haciéndolas el mismo año electoral, pero a finales, en diciembre, luego de la nacional, que se hacía en febrero, hasta que se llegó a separar totalmente el proceso en el 2014, que de manera excepcional, se prolongaron sus mandatos por seis años, hasta el 2020, para regularizar a partir de ese año 2020, períodos nuevamente de cuatro año, acordes con los períodos presidenciales y legislativos, fue para darle mayor importancia a las Municipalidades y sus respectivos cantones. Así cada dos años habrían elecciones, unas nacionales y otras municipales, cada uno de estos procesos electorales para elegir autoridades con mandatos de cuatro años, las municipales con posibilidad de reelección consecutiva. En el 2002, 2006 y en el 2010 el impacto de las elecciones nacionales quedó grabado en los resultados de las elecciones municipales que le siguieron cuando los partidos gobernantes, Unidad Social Cristiana en el 2002, el 2006 y el 2010 obtuvieran la mayoría bastante amplia, sobre los otros partidos, de los alcaldes electos. Empezó a cambiar esta situación en el 2016, cuando el Partido Acción Ciudadana, ganador en el 2014, no tuvo el músculo político de la elección de febrero de ese año, y tuvo que enfrentar las elecciones municipales en el 2016, con dos años de gobierno en marcha, cuyo resultado municipal no se le reflejó positivamente, sin obtener mayoría política de las municipalidades, que seguían mayoritariamente en manos de los partidos Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana.

Con ello, con estas elecciones separadas, a los pueblos, conjunto de personas, de cada cantón, habitantes y electores, se pensaba en rematar en el fortalecimiento de la democracia representativa y electoral, para la mejor escogencia de sus autoridades políticas, separada su elección de la nacional presidencial y de diputados. Era para que los ciudadanos de los cantones pudieran concentrarse en sus propias autoridades, en su propio gobierno, para hacerlo más democrático, más directo, para participativo, y quizá también más efectivo. Eso sigue siendo válido.

El Código Municipal, antes que el Electoral nacional, establecía como figuras importantes la reelección consecutiva, el Referéndum, el Plebiscito y la Revocatoria de Mandato. Estas figuras poco se han practicado en el país. Los partidos políticos nacionales, que “mandan” teóricamente a los cantonales, de la misma bandera, no les ha interesado fortalecer estas figuras de movilización, de discusión y de poder ciudadano, ni a nivel local y mucho menos a nivel nacional. Algo parecido sucede a nivel nacional, con el Referéndum y el Plebiscito que son tan solo letra muerta en la Constitución Política, por esa abulia política que tienen los partidos y sus dirigentes políticos, y porque no les interesa empoderar o darle poder a los ciudadanos.

En ese sentido, en las municipalidades, se arrastraba la experiencia, la tradición y la legalidad de que las autoridades municipales podían elegirse continuamente, mientras sus electores así lo hicieran y quisieran en reconocimiento a obras de trabajo municipal y de buen ejercicio, sano, honrado y honesto, de gobierno local. Era al mismo tiempo una mejor escuela para la formación futura de dirigentes políticos nacionales, de donde podían ir saliendo hacia la Asamblea Legislativa, las instituciones del Estado, y los mismos Ministerios, con posibilidad de que algunos de estos dirigentes pudieran formarse con aspiraciones presidenciales, como resultado de una larga carrera política y administrativa, como hemos visto recientemente que han aspirado a luchas esas candidaturas nacionales. Al interior de algunos partidos importantes y nacionales, como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, de hecho los dirigentes municipales han acaparado la toma de decisiones importantes y se han impuesto hasta las Asambleas Nacionales quitándoles poder de nombramientos municipales y restringiendo, incluso, potestades, de los que salían candidatos presidenciales de esos partidos. Ese ha sido, como hemos venido viendo un camino a la muerte de la democracia interna de esos partidos, al autoritarismo municipal que les ha surgido, y a los cacicazgos locales, a veces con dudosos apoyos financieros municipales, y de sus campañas electorales, asociados a grupos tenebrosos de las narco mafias locales, lo que devienen en los liderazgos apadrinados por ellos originando la narco política y los dirigentes políticos sostenidos por estas redes de poder mafioso, y por la macabras y tenebrosas redes de los negocios que ellos mismos fraguan.

Los escándalos de corrupción que sacuden a algunas autoridades, personajes, municipales, nacionales y empresariales, por la telaraña que han construido con el tiempo, de favorecimientos mutuos, con perjuicio al interés público, nacional y municipal, a las obras, que resultaban mal hechas, a propósito, porque el negocio estaba también en la reparación constante de ellas, y no solo en la adjudicación de los carteles para sus construcciones, y por el daño resultante a la imagen pública de la democracia política, de los políticos, de las autoridades políticas, de los partidos políticos, a los cuales están ligados estos personajes, la confianza y fe pública en los procesos administrativos, a la seguridad jurídica que se supone debe haber en igualdad de trato para todos los ciudadanos, y para los mismos empresarios, que también algunos de ellos salieron afectados por este matrimonio y concubinato empresarial discreto, casi secreto, que habían establecido, hoy evidencia que la profundidad de este daño y de esta presencia en prácticamente en todo el país, en todas las municipalidades, especialmente donde estas empresas cuestionadas han actuado, y que deben investigarse a fondo, y con la mayor amplitud posible, si de verdad se desea acabar con esa hidra y con esos tentáculos. Recuerdo hace pocos meses en el Cantón de Santa Cruz, como la municipalidad cerró una calle pública, a Playa Mantas por favorecer intereses hoteleros locales, y la mantiene cerrada sin posibilidad para ningún costarricense, de hecho de poder llegar a esa playa por el camino existente, sobre el cual volcaron árboles para impedir el tránsito de vehículos. En este caso hasta la policía local está comprometida en este mafioso negocio, porque la misma policía impide el paso, aspecto que también debe ser investigado, como debe suceder en otros sitios.

Es igual que los negocios de las grandes construcciones, cuyos alcaldes, tiene capacidad de exonerar de ciertos pagos, que pueden ser multimillonarios según la inversión, a empresas constructoras, especialmente de condominios, y de torres condominiales, aspecto que también se puede investigar, seguro que dará positivos resultados, mientras a pequeños constructores, o a personas esas mismas autoridades municipales les ponen todas la trabas posibles para sus posibles proyectos habitacionales o de construcción. Conozco casos.

El punto en debate que se quiere introducir, casi como un distractor de la corrupción, es el de la reelección de alcaldes y de autoridades municipales, porque el de las autoridades nacionales no tiene discusión porque ya hay impedimentos de reelección consecutiva. ¿Por qué no se discute el caso de la reelección de partidos políticos, que son los que nombran y escogen a esas personas que salen malas personas? El que es pillo es pillo, el que roba poco termina robando mucho. El que tiene ocho o más años para ver que roba, tratará de robar en cuatro, si eso es lo que le ofrecen en posibilidad. Son las personas, son los candidatos los que hay que escoger, que sean buenos, correctos, honestos, honrados. ¿Pueden escogerse en un partido políticos buenos y honestos candidatos? Con limitarles el plazo de gobierno no les van a limitar su ansiedad por enriquecerse si el puesto se los permite. Con más avidez, gula y glotonería política irán. Y si están apoyados por grupos mafiosos, de cualquier naturaleza que sea, con más rapidez tratarán de actuar, hasta para dejar “herederos” del puesto, para hacer que la correa de trasmisión siga funcionando. Con limitar el plazo de gobierno de una autoridad a un solo período no van a acabar con la corrupción si no es la corrupción la que debe atacarse, si no es a los corruptos a los que se debe castigar y de manera ejemplar ante la sociedad nacional. Que el que se meta en ese camino sepa que de ser agarrado va a sufrir las máximas penas posibles.

Lo que hay en trámite legislativa son cantos de sirena contra autoridades políticas futuras pero fantasmas, suponiendo de previo que en ese futuro, que se regulará por esos cambios que se desean introducir todos los futuros alcaldes, y miembros de los consejos municipales y distritales son desde ahora concebidos de manera corrupta, salvo de que de previo demuestren lo contrario, lo cual es difícil. La corrupción se da en acto, por quien es corrupto, no de naturaleza, sino porque ha desarrollado una conducta, una moral y un ética de la corrupción, que le permite justificar lo que hace.

Con los límites al ejercicio del poder no se le está metiendo ningún límite a la corrupción ya existente. Ya lo veremos. Lo único que están haciendo algunos diputados con esa discusión es tratando de lavar su conciencia política, la de sus partidos, la de saber que ha hecho malas escogencias. Hay que dejar de hacer esas malas escogencias. ¿Pueden hacer esto los partidos? Para estas elecciones ya no lo hicieron. Veremos los malos frutos si sembraron malas semillas. Para las elecciones del 2022, de alcaldes y de consejos municipales, estaremos pendientes de por dónde va la comparsa política.

Los que están interesados en golpear partidos políticos, en esta lucha, de pronto alimentarán, con sus posiciones las tendencias autoritarias, despóticas y populistas, de cualquier tipo, quizá más peligrosas que lo que se quiere combatir hoy. La improvisación de dirigentes políticos, en todos los niveles de la vida y organización democrática, va a ser una de las variantes más peligrosas.

¡Ahora sí! …los números están echados y los números hablan…

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Vladimir de la Cruz

El pasado 3 de noviembre el Tribunal Supremo de Elecciones cerró el proceso de inscripciones, de partidos políticos, al sortear los puestos en las papeletas de presidente y de diputados por provincias.

Un total de 60 puestos a elegir, un Presidente y dos Vicepresidentes y 57 diputados es lo que resultará de esta elección.

A nivel presidencial, partidos de carácter nacional, participarán 27, de ellos 26 con candidato presidencial. Uno de ellos, Fuerza Democrática, apelando su participación porque en la Oficina de Partidos Políticos no le aceptaron la documentación física, que en tiempo presentó al Tribunal, que solicitaba se le entregara preferiblemente de manera electrónica.

Hasta donde yo sé si estaba bien presentada físicamente su papelería de inscripción, en tiempo y hora, en la sede del Tribunal, en la Oficina correspondiente, no tenían, ni tienen, por qué haber rechazado esta documentación de inscripciones de candidaturas. Un partido más, a estas alturas del juego, no hace daño alguno, más que a la democracia funcional y a la imagen pública e histórica del Tribunal Supremo de Elecciones. Más si es por esa simple razón.

En el Código Electoral no dice que sea únicamente de forma electrónica que se debe presentar la papelería. También se puede físicamente. La Sala IV entiendo ha resuelto situaciones de este tipo. Recuerdo las campañas electorales de Fuerza Democrática, cuando yo participé en 1998, 2002 y 2006 que por abaratar costos de publicación de los anuncios que obligadamente teníamos que hacer de las convocatorias de las Asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacional, las hacíamos en la Gaceta oficial, y el Tribunal Supremo de Elecciones no podía impedir que allí las publicáramos, a pesar de que nos enviaba notas para que hiciéramos un esfuerzo de publicarlas en “periódicos de mayor circulación nacional”. Es algo parecido.

Todos los 27 partidos prácticamente participan a nivel provincial. Aquí, de nuevo, por las mismas razones le rechazaron al Partido Fuerza Democrática las candidaturas en las provincias de Puntarenas y Limón, que también, por la misma razón, las tienen apeladas ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

Por ahora van 26 candidatos presidenciales, con sus vicepresidentes.

De estos solo habrá un ganador, que arrasa con todo el Poder Ejecutivo, con la posibilidad de nombramiento y designación de los Ministros, que no se integran proporcionalmente al número de votos que cada partido político saca en las elecciones.

Para elegir al Presidente en la primera ronda de votación, el 6 de febrero, se necesita que el partido ganador, o el candidato gane el 40% o más de los votos válidamente emitidos.

El padrón electoral, casi totalmente cerrado, al 10 de octubre pasado, señala que hay 3.542.498 (tres millones quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y ocho) votantes. Así, si votaran todos los electores el 40% que se necesita para ganar la Presidencia es 1.416.999 (un millón cuatrocientos dieciséis mil novecientos noventa y nueve) votos.

Si el abstencionismo electoral fuera del 30%, promedio de los últimos sorteos electorales desde el 2002, del total de electores, los que no emiten su voto, serían 1.062.749. De manera que quienes decidirían la elección son los ciudadanos que sí se presentan a votar, y teóricamente lo hacen bien, y que sus votos son válidamente emitidos, suponiendo que lo hacen bien y en urnas no anulan sus votos. Así la Presidencia de la República la decidirían 2.479.749 ciudadanos. De estos, el 40% se necesita para elegir el primer domingo de febrero, que serían 991.899 votantes. Esta cifra no se ha alcanzado en ningún proceso electoral anterior. La más cercana fue Laura Chinchilla Miranda, que sacó 896.516, con un 46.91% de votos en su favor, en la elección del 2010, con alrededor de 500.000 (quinientos mil) electores menos que en esta elección, que comparativamente con la anterior, la del 2018, los nuevos electores rondan los 300.000 jóvenes ciudadanos, que por primera vez van a votar.

Así las cosas, no parece fácil, pero no es imposible, que alguno de los partidos pueda alcanzar este 40% de votantes, lo que obligaría ir a la segunda ronda electoral, programada para el primer domingo de abril.

De llegar a esta situación la votación se define por simple mayoría de votos, entre los dos que avancen a la segunda ronda, siendo los que más votos saquen o más alto porcentual obtengan el primer domingo de febrero. Esto va a depender, sobre todo, del carácter de la propaganda con los candidatos, con la agitación de sus principales temas de campaña y de Gobierno, y de lo que ofrezcan a los oídos de los electores de manera más agradable y esperanzadora.

Dependiendo de quienes pasen a la segunda ronda, en caso de darse, la elección puede ser tan tensa y electrizante como la del 2018, en la cual el que iba en el segundo lugar quedó de primero.

Las papeletas, como las he visto, sin las fotos de los candidatos, se ven bien, no tan confusas como creía que se iban a ver. Se distinguen bien los colores de las banderas y los nombres de los partidos. Las fotos ayudarán en este caso a la escogencia, las que deberán ser muy claras, precisas y directas para que el votante reconozca fácilmente su candidato.

Algunos partidos, por sus colocaciones estratégicas, en la papeleta podrán hacer más bulla para la localización de la casilla electoral. A otros les va a costar un poco más. Aquí pesará mucho el tipo y claridad de consigna al llamado “a votar por…. en el lugar…. de la papeleta”.

A nivel provincial, para la escogencia y elección de los diputados, lo que vale es el número de votos a favor de cada partido. Aquí no juegan los porcentuales de votación. Juegan los números cerrados, lo que se llaman cocientes electorales, y los subcocientes electorales, que son los residuos que le quedan a los partidos, mitad más uno de los cocientes, una vez que se han asignado las plazas de diputados por cocientes, con lo que siguen arrastrando diputados, según tengan el cociente de mayor a menor.

En este nivel, todavía, en el Código Electoral, con complicidad del Tribunal Supremo de Elecciones, en la aprobación del actual Código en el 2009, y por la interpretación que se hace de los resultados electorales, se mantuvo y se mantiene esta situación de arrastre de más de un diputado con un solo subcociente electoral, lo que a todas luces, y de toda lógica, no debe suceder, porque al aplicar el subcociente, para elegir, se acaban los votos del partido que usa el subcociente. Lo que correspondería es que agotados los cocientes y subcocientes, y si aún quedan plazas por nombrar, entonces se siga el mismo procedimiento con aquellos partidos que tienen el mayor número de votos sin haber logrado subcocientes, de forma tal, también, que haya una mejor y más rica representación parlamentaria, porque no sería correcto que con un subcociente se puedan elegir dos diputados como ha sucedido, contra un grupo de ciudadanos al que se le niega su representación parlamentaria por un ardid legal que funciona a favor de los grandes partidos, una vieja tradición impuesta por el añejo bipartidismo político, hoy tripartidismo gubernativo si se considera al Partido Acción Ciudadana, que no hizo nada en estos dos gobiernos, que ha tenido, para mejorar esta parte del proceso electoral. Y, no ha hecho nada porque de ello se beneficia también. Y, los partidos, de cualquier signo político, y representaciones parlamentarias pequeñas, no están para defender a los más pequeños, ni a sus propias representaciones, que también por ese motivo salen perjudicadas.

Veamos las cifras provinciales. El número de diputados por provincia se define por la cantidad de habitantes según determine el censo decenal, lo que no ha cambiado para esta elección.

Así las Provincias eligen en San José 19 diputados, en Alajuela 11, en Cartago 7, en Heredia 6, en Guanacaste 4, en Puntarenas 5 y en Limón 5.

Las provincias tienen los siguientes electores: San José 1.159.113, Alajuela 679.899, Cartago 410.082, Heredia 355.844, Guanacaste 260.051, Puntarenas 333.230 y Limón 294.981.

Si aplicamos, igualmente un posible 30% de abstencionismo electoral nacional, los números de electores provinciales se reducen así: San José a 811.380, Alajuela a 475.930, Cartago a 287.058, Heredia a 249.091, Guanacaste a 182.036, Puntarenas a 233.261 y Limón 206.487.

Si dividimos a estos votantes por provincia, entre el número de diputados que elige cada provincia, tendremos el cociente electoral por diputado, es decir, el número de votos que se necesita para elegir un diputado por cada provincia. Así tenemos que los cocientes por provincia son los siguientes: en San José se necesitan 42.704 votos para elegir cada uno de los 19 diputados de la provincia, en Alajuela se necesitan 43.266 votos para elegir cada uno de los 11 diputados de la provincia, en Cartago se necesitan 43.008 votos para elegir cada uno de los 7 diputados de la provincia, en Heredia se necesitan 41.515 votos para elegir cada uno de los 6 diputados de la provincia, en Guanacaste se necesitan 45.509 votos para elegir cada uno de los 4 diputados de la provincia, en Puntarenas se necesitan 46.652 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia, en Limón se necesitan 41,297 votos para elegir cada uno de los 5 diputados de la provincia.

Estas cifras no son fáciles de alcanzar para los partidos políticos, aún aquellos que tienen historia de participación en varios procesos electorales, que tienen sus públicos cautivos, sus seguidores sean por partidos o candidatos, o que hacen convenciones electorales para escoger sus candidatos.

Son números difíciles de lograr para los partidos que son más pequeños y para aquellos que participan por primera vez, y para los que no tienen financiamiento electoral asegurado, por procesos electorales anteriores o porque por salir con bajos porcentuales en encuestas, los bancos públicos y privados no les dan crédito para la campaña electoral, y porque el Tribunal Supremo de elecciones históricamente no ha hecho nada para asegurar el financiamiento a todos los partidos políticos de manera efectiva, lo que sí se puede hacer.

El caso de la Provincia de Guanacaste, en la elección anterior, es uno de esos casos difíciles de elegir. En esa ocasión ningún partido sacó cociente electoral. Todos se fueron por subcocientes y sucedió que un partido eligió dos diputados con un subcociente por la forma tramposa como se aplica esa fórmula. Si la aplicación del subcociente se hace para elegir un diputado y se borra esa cifra, entonces otro partido puede elegir con su residuo electoral mayor, y se produce una mayor y mejor representación democrática. Esto lo puede resolver el Tribunal Supremo Electoral por jurisprudencia, si así lo quisiera, apartándose de sus intereses y compromisos con los grandes partidos del bipartidismo tradicional y del tripartidismo actual, en beneficio de la Democracia Electoral Nacional.

En 1956 cuando la cifra de diputados se elevó a 57 cada diputado representaba a 18.000 costarricenses. Hoy los mismos 57 diputados representan cada uno a 90.000 costarricenses, por eso es importante elevar el número de diputados para que estén mejor representados los costarricenses y todos sus partidos políticos, independientemente cuantos partidos participen y de su tamaño, pero tendrían mayor opción de elegir sus representantes populares las minorías nacionales y populares.

En la próxima elección como candidatos participan 26 ciudadanos a la presidencia, 52 a las vicepresidencias. En la Provincia de San José participan un total de 429 candidatos por los 29 partidos inscritos para elegir solo a 19 diputados, en la Provincia de Alajuela participan un total de 308 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 11 diputados, en la Provincia de Cartago participan un total de 210 candidatos por los 30 partidos inscritos para elegir solo a 7 diputados, en la Provincia de Heredia participan un total de 108 candidatos por los 27 partidos inscritos para elegir solo a 6 diputados, en la Provincia de Guanacaste participan un total de 112 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 4 diputados, en la Provincia de Puntarenas participan un total de 105 candidatos por los 26 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados, y en la Provincia de Limón participan un total de 140 candidatos por los 28 partidos inscritos para elegir solo a 5 diputados.

Para quedar electo como diputado un candidato tiene que trabajarla duro, intensamente, dedicándose a esa candidatura prácticamente a tiempo completo, recorriendo toda su Provincia, concentrando su tiempo y trabajo en aquellos lugares donde pueda llegarle al mayor número de votantes, pero sobre todo lo que va a valer más es el mensaje con que cada diputado pueda llegar a sus electores.

Los candidatos que van en la doble candidatura, para presidente y diputado, tienen que diseñar muy bien su mensaje, porque los votos presidenciales y los de diputados son distintos, con distintos objetivos y escenarios. Tienen que asegurar una muy buena proyección presidencial para que les ayude en la de diputados en caso de que no alcancen la presidencial, y pueda asegurar la de diputados. Los que tienen esta posibilidad de la diputación por la presidencial son realmente pocos, de los que llevan esa doble vestidura, la solemne presidencial sobre la ordinaria diputadil.

Hasta ahora no he oído a ninguno de estos dobles candidatos decir que quieren esa doble candidatura para irse formando mejor como posibles candidatos presidenciales posteriormente, aprendiendo mejor el ejercicio de la política desde la Diputación, formándose mejor como políticos y dirigentes políticos, con lo cual la mayoría da la sensación de un mero oportunismo electoral, aunque sea válido.

Con una participación tan amplia, por el número de partidos políticos que están inscritos, los partidos y candidatos que se sienten con más posibilidad de ganar, o de llegar a la segunda vuelta, tienen que hacer una campaña muy fuerte para que sus votantes también les den el músculo político con una buena cantidad de diputados electo. No vaya a suceder que las cifras sigan bajando… el Partido Acción Ciudadana que ganó las elecciones del 2014 eligió 14 diputados de 57, y en el 2018 el mismo partido ganó con 10 diputados de 57.

Se requiere para el próximo gobierno músculo legislativo fuerte, fracciones fuertes, líderes parlamentarios capaces de negociar y hacer los pactos políticos que el país necesita para salir adelante y tratar de superar los graves problemas que tenemos como país y como sociedad, y como modelo de desarrollo económico, político e institucional.

Se presentan como libertarios pero son todo lo contrario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (12)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro
Sociólogo y escritor costarricense

A semejanza de lo que acontece en el mundo ficticio de la llamada MATRIX, una serie fílmica de tres películas, exhibida recientemente de nuevo por Netflix, la que había causado furor en el período que corre durante los años de 1999 y 2003, entre un público compuesto por los más jóvenes de aquel entonces (Pourquoi les 13-25 ans en font leur filme culte LA GÉNÉRATION MATRIX Le nouvel observateur n° 2015 Du 19 au 25 juin 2003) en la que los seres humanos reducidos a la condición de esclavos de las máquinas, o una parte de ellos y las máquinas (dotadas de voluntad y actuando por sí mismas, formando parte de un programa informático que domina el universo) libran una larga guerra llena de innumerables trampas, y amenazas insospechadas para los seres humanos que aparecen en cada tramo del despliegue del incesante conflicto, a mi parecer nunca resuelto del todo, ni siquiera al final de la tercera película dados los vacíos que deja entre los espectadores más críticos.

El mundo de Matrix o la matriz informática resulta ser, en cierto sentido, uno tan parecido al del universo de nuestra cotidianidad en las sociedades contemporáneas, siempre en guerra con la naturaleza en general, en la que se promueven la deforestación y la contaminación, la crueldad hacia las otras especies animales y entre los mismos seres humanos, debida la enorme destructividad de estos últimos, donde nada de lo que parece ser, lo es en efecto aunque presente rasgos de realidad, pues todo aquello que se presenta ante nuestros ojos no pasa de ser una ficción o la sumo, un acercamiento a lo que de verdad acontece: en ella, aunque por todos lados aparecen una serie de individuos o movimientos sociopolíticos que dicen ser libertarios o liberales, sus conexiones e intencionalidades ocultas nos demuestran que son precisamente lo contrario, el problema reside en que debemos dotarnos de una especie de hermenéutica, o llave maestra para poder evidenciarlo y salir del engaño, dentro de lo que es una tarea que apenas estamos empezando.

Los presuntos liberales de la segunda década del siglo XXI se visten con ropaje ajeno, o sólo hacen uso del término “liberal” como un mero adjetivo, y mucho menos lo emplean como sustantivo, dotado de algún valor explicativo, lo que podría resultarles comprometedor. Parece que, más bien estas gentes se toman la audaz liberalidad de apantallarnos, o de hacer un intento de oscurecer nuestro raciocinio diciéndonos que ellos son liberales libertarios, una cierta alquimia política que cobró sentido a finales del siglo XIX, cuando los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, verdaderos precursores de la revolución mexicana, de 1910 en adelante, le dieron a la rama del liberalismo de México en la que militaban, un fuerte contenido anarquista y reivindicativo de las clases populares, más acorde con el sentido primigenio de la palabra “libertario”, entonces asociada con el anarquismo o los anarquistas, mientras que nuestros contemporáneos de la ultraderecha local no pasan de ser meros “libertarians”, lo que en el lenguaje y la tradición anglosajonas quiere decir más bien conservadores (Tories) e individualistas extremos, inspirados en el pensamiento del sociólogo y filósofo inglés Herbert Spencer (1828-1903), quien preconizaba que ayudar a los más desfavorecidos por la fortuna, es decir a lo más pobres no hacía otra cosa que debilitarlos, los que sobrevivan serían siempre los más fuertes.

Las llamadas “elecciones libres” no pasan de ser otro mito, uno que resulta ser el más peligroso, dado que opera como un gigantesco mecanismo controlado por los banqueros y los propietarios de los medios de comunicación social más importantes. Es por ello que el mero enunciado elecciones libres no aclara nada al no explicarnos ¿de qué o de quien serían libres esas elecciones?, tan inherentes al quehacer político existente en las democracias formales o democracias de baja intensidad de nuestros países: los que financian a los “partidos” y a los “candidatos” son quienes tienen la última palabra e incluso dirán a los medios de comunicación ¿cuáles son los candidatos a entrevistar en los momentos de más rating o sintonía de la radio, la TV o en los espacios preferenciales de la prensa escrita diaria, en un país donde sólo existen dos diarios?, los demás quedarán dentro de la igualitaria invisibilidad. Esto es algo que ya ocurrió en Costa Rica durante las elecciones generales del año 2014, y lo más probable es que ocurra de nuevo, en las de febrero de 2022, en el océano inmanejable de candidaturas presidenciales y diputadiles inscritas, dentro de lo que parece ser una invitación al caos, o la renuncia al intento de cualquier explicación racional del universo político en que nos movemos.

APSE Noticias

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Se invita a ver los vídeos de APSE Noticias, con un repaso de las noticias más importantes a nivel Apsino y nacional de este pasado 26 de octubre del 2021:

  •         APSE presentará acción de inconstitucionalidad contra la ley antihuelgas.
  •         APSE celebró Elecciones Nacionales 2021.
  •         1ero de noviembre se habilitará la reservación en Centros de Recreo de APSE para los meses de diciembre, enero y febrero.
  •         Sala IV encuentra varias inconstitucionalidades en proyecto que busca perdonar deudas de la Caja.
  •         Se eleva a juicio asesinato de Jehry Rivera.

Puede encontrar el vídeo noticiero en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/apseinforma/videos/1748821365312733/

Ante un inmediatismo político vacío

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocos días, el próximo 22 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción definitivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de saber con exactitud cuántos partidos políticos participarán a nivel presidencial y cuántos a nivel legislativo. Del mismo modo, cuántos con sus dobles candidaturas, a nivel presidencial y a nivel de diputados, y cuántos solo a nivel de diputados.

Lo que para algunos sobresalta es el número de partidos a nivel presidencial con relación a los procesos anteriores, en tanto habrá, finalmente, alrededor de 20 partidos cuando el promedio de los últimos procesos electorales fue de 13. De esto destaca la cantidad de candidatos presidenciales que postulan doblemente a la candidatura de diputados, poco más de la mitad de ellos.

A nivel presidencial solo uno de todos ellos ganará. A nivel de diputados pocos de ellos, los doble candidatos, tienen la posibilidad real de ser electos diputados. Si eso sucede puede empezar a tener resultados positivos si no llegan, por este camino, “populistas”, y lleguen dirigentes serios, que entiendan bien el arte del Gobierno, y del buen gobierno construido con pactos y acuerdos legislativos de cara a la población y el electorado.

Hasta hoy la campaña electoral ha mantenido un bajo nivel. Poca presencia de los candidatos y de los partidos. Probablemente ante la duda de la cantidad real han preferido no empezar a gastar dinero en vallas ni en publicidad hasta tener la certeza de cuántos efectivamente son, y dentro de estos cuáles perfilan como principales o punteros. También, porque ante tantos partidos y candidatos es mejor concentrar todos los recursos propagandísticos al final, para que los partidos que tienen más recursos provoquen mayor impacto publicitario, y no gastar esos recursos ahora, que sería, para usar el refrán popular, como gastarlos en zopilotes.

Se está ante una táctica no militar sino propagandística al estilo de un blitzkrieg, ante una guerra relámpago, de atacar enemigos e influir sobre todo el electorado de una manera rápida, simultánea y constante durante los días finales de la campaña, desde enero hasta el día de las elecciones. Quizá sea la mejor manera de hacerse sentir, de visualizarse y de distinguirse ante tantos candidatos y partidos.

Incluso un partido como Liberación Nacional, que tenía en sus manos la fecha del 70 aniversario de su fundación, el pasado 12 de octubre, y el ejercicio de nueve gobiernos de los 17 que ha habido desde 1953, desaprovechó esa oportunidad para haber hecho un gran escándalo sobre ese aniversario, de los logros que pueden atribuirse a Liberación Nacional en estos 73 años de Segunda República, considerando el Gobierno de Facto de 1948-1949. En este caso la sensación que me produce es que este partido se desmemorió, su edad de 70 años lo tiene olvidando constantemente sus principales momentos. Padece de un mal, ¿un alzheimer político?, que no le permite ni siquiera recordar bien los hechos y eventos de su pasado, de su “glorioso” pasado como algunos lo podrían ver, como lo exalta constantemente el “único” liberacionista que queda de ese estilo, Francisco Morales Hernández, y de vez en cuando le acompaña Fernando Berrocal Soto, porque del presente prefieren no acordarse conscientemente por las políticas que han venido impulsando, que probablemente continuarán, que chocan violentamente con el Estado Social de Derecho que contribuyeron a impulsar, y que contribuyen a desmembrar y acabar. Más se mantiene a flote Liberación Nacional por el escándalo familiar alrededor de la ex Primera Dama y ex Diputada, madre del actual candidato, que es un asunto interno de familia, que se presenta, por otra parte, como la defensa de una adulta mayor.

Los otros partidos tradicionales, todos, los grandes y los pequeños, los que han entrado compactos a la Asamblea Legislativa y los que allí se han dividido, los que han venido participando en elecciones desde 1998, que todavía están jugando, no tienen memoria política pública porque no tienen eventos que lucir como parte de su patrimonio político y electoral de estos años.

Lo que hasta ahora se nos presenta en el panorama electoral es un inmediatismo político vacío. No hay caminos recorridos por esos partidos que puedan verse con dignidad e importancia en sus resultados ante los ciudadanos. No es la discusión de grandes temas. Es la discusión fundamental de lo que se está acabando, el Estado Social de Derecho, lo que debe interesarnos a los ciudadanos. Es el conjunto de leyes sociales y laborales que se han venido afectando y que están en la mira de limitarlas, debilitarlas y eliminarlas hasta donde se pueda. Es el conjunto de políticas orientadas a eliminar la autonomías institucionales existentes, para desde el Poder Político, del Poder Ejecutivo principalmente, con el Ministerio de Planificación de ejecutor, golpear definitivamente los rasgos democráticos que aún existen institucionalmente. Quienes así están actuando, e impulsando estas medidas restrictivas de esas instituciones, y concentrando estos poderes, de esta manera distorsionada, o están impulsando un modelo fascista de Estado, que pareciera ser, o están creando las condiciones para que cualquier líder populista que pueda llegar al Gobierno con esos mecanismos tenga todos los poderes para actuar a lo Maduro, a lo Ortega o a lo Bukele. ¿Eso es realmente lo que quieren quienes impulsan estas políticas? No se quejen después si esto llega a suceder, sea por la izquierda o por la derecha, pero las condiciones institucionales que se están creando, en ese sentido, hacia eso se orientan.

¿La clase política y gobernante se está dando cuenta realmente de este camino institucional que están creando hacia el fascismo “a la tica”, hacia el “totalitarismo” institucional? ¿O son tan tontos o retontos?

Ningún populista tiene nada que alterar, del sistema político, para desarrollar sus políticas populistas, cuando ya le han dado en bandeja de plata toda la institucionalidad y legalidad para actuar de esa manera bien servida.

Hasta ahora no han aparecido, en sus discursos y mensajes estos líderes populistas. Pero pueden resultar y salir, y saltar, como si surgieran de un sombrero de mago, que las elecciones dan para todo. Veo esto con asombro, pero no dejo de preocuparme por la Democracia costarricense.

Costa Rica se dirige a unas elecciones con 27 candidatos a la presidencia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

El número sin precedentes de postulantes pone en evidencia la falta de liderazgos y de capacidad de diálogo político en el país tras la ruptura del bipartidismo.

Fernando Francia

A cuatro meses de las elecciones, son 27 las candidaturas a ocupar la silla presidencial que deberá dejar Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, en 2022. Nunca habían sido tantos los candidatos confirmados por sus respectivas agrupaciones políticas en asambleas partidarias. Durante este mes tendrán que inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el ente regulador del proceso.

El miércoles comenzó de manera oficial la campaña electoral, que terminará el domingo 6 de febrero, cuando los costarricenses elijan una de las opciones o pospongan la decisión para una segunda vuelta, dos meses después.

Para el TSE la amplia lista de candidaturas es un símbolo de fortaleza democrática, aunque ya está generando trabajo adicional de fiscalización de actividades partidarias y de confección de una papeleta electoral más grande que la habitual para que quepan todas.

El banderazo inicial de la campaña lo señala el tradicional acto simbólico de la transferencia del mando de la Fuerza Pública del Poder Ejecutivo al TSE, con el que se busca garantizar la no injerencia del gobierno actual sobre el proceso electoral. En ese acto oficial, el 6 de octubre, el presidente del tribunal, Luis Antonio Sobrado, señaló que la libertad de elegir y la democracia son “nuestro acuerdo en medio de nuestros desacuerdos”. Pero esta elección no será sencilla para las más de tres millones y medio de personas que estarán convocadas a las urnas, porque la amplitud de la oferta electoral implica la consecuente dificultad de acceso a la información sobre todos los partidos en pugna.

Según Gustavo Román, asesor político y vocero del TSE, la sobreoferta electoral es un síntoma de la fortaleza de la democracia y al mismo tiempo de debilidad del sistema de partidos políticos. Lo primero, porque “evidencia que la participación político-electoral sigue siendo vista como una opción por personas con distintas sensibilidades políticas en el país”, dijo a la diaria.

Asimismo, la debilidad consiste en que la facilidad de inscripción de partidos políticos hace que muchos de estos sean un vehículo para aspiraciones personales. “Es evidente que detrás de muchos de estos nuevos partidos lo que hay son liderazgos de partidos políticos anteriores, liderazgos que, al no prosperar sus ambiciones o propósitos dentro de estructuras políticas más establecidas o antiguas, simplemente, sin ninguna dificultad, han inscrito sus proyectos dentro de esas otras estructuras político-partidarias”, dijo el vocero del TSE.

Desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, la cantidad de partidos que compiten en procesos electorales ha aumentado enormemente en Costa Rica. De siete candidaturas en 1994 se pasó a 13 en 1998, 2002, 2014 y 2018. Hubo nueve en 2010 y en 2006 se marcó un récord de 14 postulantes. Este 2022 podrán ser hasta 27 los rostros y las banderas impresos en una misma hoja que la ciudadanía deberá marcar con su preferencia.

En opinión del politólogo Rotsay Rosales, eso es reflejo de la “sociedad compleja y plural que somos”. Opinó que “la participación de más actores y de más ciudadanías en el proceso favorece la legitimidad de quienes son representantes”. Sin embargo, para el politólogo, que ha estudiado a fondo el sistema de partidos políticos costarricense, la proliferación de partidos es también producto de “la relación problemática que desde hace varios años vivimos en el país entre ciudadanías y representación formal”. Señaló que “en la actualidad hay una depreciación en la ciudadanía de lo que ofrecen los partidos políticos, y estos no dejan de crecer en cantidad, pensando que con mayor oferta ganarán más simpatía”.

Todo esto, según Rosales, ocurrió tras la disolución del bipartidismo, proceso que comenzó en los años 90 y se consolidó con la llegada al poder en 2018 de un tercer partido, fuera de los llamados tradicionales. “Parafraseando a Gramsci, lo viejo pareciera que no termina de irse y lo nuevo no termina de consolidarse”, concluyó.

El politólogo Rubén Rojas señala la inconformidad de los votantes con los partidos políticos. “La mayoría de la ciudadanía siente que los partidos no han podido llevar su sentir a la Asamblea Legislativa o al gobierno y no han solventado sus demandas o necesidades con su actividad, y entonces se vuelca a la búsqueda de partidos políticos nuevos”.

Sin embargo, pese a esa proliferación, las soluciones no llegan. En general, porque los partidos están cooptados o dominados por fuerzas de poder económicas o políticas de élite y los partidos cambian liderazgos, pero mantienen su elitismo, explicó Rojas. “Ya no tenemos la cohesión que giraba en torno a dos partidos tradicionales en el bipartidismo, sino que, más bien, las personas comenzaron a determinar sus preferencias políticas a partir de elementos coyunturales o de representación de sus propios intereses, cambiando la tradición familiar partidaria anterior”, agregó.

Rojas cree que la existencia en sí de muchos partidos políticos no necesariamente es un síntoma de una democracia estable o madura.

A eso se refiere también la uruguaya radicada en Costa Rica Juliana Martínez, experta en políticas públicas. “El problema no es tanto el número como el tipo de partidos políticos. Las democracias necesitan de más partidos políticos programáticos –sean de centro, de derecha o de izquierda–, partidos consistentes y predecibles en su postura sobre los principales asuntos”, señaló en Twitter ante la discusión pública sobre el número de candidaturas.

Martínez dijo luego a la diaria que “la fragmentación del sistema de partidos no da calidad en la representación política, que es, a su vez, un ingrediente de la calidad de la democracia”. Como ejemplo de una situación de ese tipo en Centroamérica mencionó el de Guatemala, “donde una misma persona [el presidente actual, Alejandro Giammattei] compitió cuatro veces por la presidencia, todas a nombre de partidos políticos distintos”.

La experta en políticas públicas señaló que “una democracia fuerte necesita de partidos políticos que tengan programas claros, consistentes, que sean luego orientaciones efectivas en su ejercicio político”, y dijo que “eso sólo pasa en partidos programáticos, y difícilmente un país tenga 27 de esos”.

Los especialistas también coincidieron en que la falta de diálogo y de liderazgos hace mella en la integración de los partidos políticos, ya que dirigentes que no alcanzan sus aspiraciones personales prefieren crear una nueva estructura partidaria y buscar una oportunidad de candidatearse. De los actuales 27 aspirantes, 11 han cambiado de divisa partidaria.

El sistema electoral permite a los aspirantes a la presidencia postularse también a una diputación, lo cual es aprovechado por los partidos para que la visibilidad que puedan alcanzar en una campaña presidencial redunde en la obtención, al menos, de uno de los 57 escaños en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica.

A todas esas consideraciones políticas y organizativas se unen las dificultades de acceso a la información sobre los partidos por parte de la ciudadanía y al acceso a la financiación de las agrupaciones partidarias para enfrentar una nueva elección.

El Estado costarricense reconoce los gastos de campaña de los partidos que alcancen 4% de votos en la elección presidencial o que obtengan, al menos, un diputado. Este umbral lo han conseguido menos de diez agrupaciones en los procesos recientes.

El gran desafío para los partidos minoritarios es hacerse ver entre tantos rostros y tantas banderas que aparecerán en los medios, las redes sociales y en la propia papeleta electoral el 6 de febrero de 2022.

 

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Foto: UCR.

Hacia el primer domingo de febrero

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Este 6 de octubre, el Tribunal Supremo de Elecciones dio el pitazo de salida hacia las elecciones que se harán el primer domingo de febrero próximo. Hasta el 22 de octubre próximo tienen los partidos políticos tiempo para terminar sus procesos internos y presentar oficialmente sus candidaturas a Presidente, Vicepresidentes y a Diputados.

A partir de ese 6 de octubre, igualmente, toda la Fuerza Pública del país queda supeditada al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo no exagerar al resaltar que este acto es único en el mundo, que es una de las fortalezas y distinciones de la Democracia costarricense como sistema político y electoral de vida. Ningún país entrega sus fuerzas policiales, armadas o militares, durante el tiempo de un proceso electoral, casi siete meses, que puede prolongarse hasta el primer domingo de abril, si hubiera segunda ronda electoral.

De igual manera, el día de votaciones, ningún efectivo de la Fuerza Pública o de la Policía puede entrar o presentarse a votar armado, o con las armas oficiales que debe portar. Entran al recinto electoral desarmados. En países vecinos y del continente esto es absolutamente infrecuente, impensable. En muchos de esos países son los mismos uniformados del Ejército, y los cuerpos militares, los que prácticamente “cuidan” los procesos electorales, y en no pocos casos se quedan con las urnas electorales y los resultados.

Al escribir esta columna no tengo los datos finales de cuántos partidos políticos han terminado exitosamente sus procesos de inscripción definitivos, y cuántos tienen asuntos pendientes con el Tribunal Supremo de Elecciones, de que les aprueben sus trámites. Pero andan en una suma superior a los 20 partidos políticos nacionales y otro tanto de partidos provinciales.

El Tribunal Supremo de Elecciones sin lugar a dudas desempeña una encomiable y excelente labor en la parte organizativa del proceso electoral, en la confianza que se deposita en él, en la certeza y seguridad que produce el sistema electoral con los partidos que participan en las elecciones, en la hechura de la papelería que se usa el día de las elecciones, en la distribución de las mismas desde varios días antes a los miembros de las Juntas Electorales, y en su recolección. Del mismo modo como ha ido perfeccionando sus sistemas de conteo de votos de manera que el mismo día de las elecciones a las 9 de la noche prácticamente ya hay un primer resultado, no definitivo oficialmente, de quién puede ser el ganador o de quienes pueden ir a una segunda vuelta, así de cómo se configurará la próxima Asamblea Legislativa.

Lo que el Tribunal Supremo de Elecciones está fallando, fardo que arrastra de su historia electoral, es que no ayuda en el buen sentido a la participación electoral partidaria. Hace todo lo que puede no para que los ciudadanos puedan inscribir partidos, sino para ponerles obstáculos de inscripción, algunos totalmente absurdos, como se ha visto en este período de Pandemia.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería contribuir a llevar de la mano a los ciudadanos para que puedan ver cristalizados sus procesos de inscripción partidaria. Es tan burocrática esa acción del Tribunal que hace que algunos de sus funcionarios y funcionarias, a cargo de esta tarea, actúen de una manera autoritaria, despótica, de tipo fascista, contra los partidos y sus procesos de inscripción poniéndoles trabas, anulándoles asambleas, obligándolos a repetirlas absurdamente, estableciéndoles el cumplimiento de requisitos que aunque estén en sus vetustos Estatutos partidarios, el Código Electoral, norma suprema los ha eliminado, lo que tácitamente significa que también los borró de esos Estatutos, sin embargo les obligan a aplicar los Estatutos y no el Código, en lo que los beneficia, creando también una desigualdad real de aplicación de una Ley que es para todos.

De esa manera, este accionar, de esos funcionarios y funcionarias, pareciera favorecer, con esos actos, a los grandes y tradicionales partidos. Eso sí es una cochinilla, o mejor dicho una gran cochinada que todavía se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones.

Si la cochinilla no estuviera concentrada en asuntos de obras públicas bien podría pensarse que alguna cochinilla, y no solo de dádivas económicas, de comidas, de hoteles, o de favores sexuales, sino ideológicas, o de persecución política, o antipatía personal contra algunos posibles candidatos, podría haber en esos empleados y empleadas ensañados y empeñados en impedir la inscripción de partidos, o de anular sus inscripciones, cuando en buena filosofía democrática, y de la mayor participación ciudadana, deberían estimular la inscripción de partidos, sin importar su número.

Hoy no hay restricciones ni impedimentos constitucionales o legales para la inscripción de partidos, por razones ideológicas o políticas, como existieron con el Decreto No. 105 de la Junta de Gobierno y el Segundo párrafo del Ar. 98 de la Constitución, párrafo vigente hasta 1975, que el Tribunal solo lo aplicaba a la siniestra sin ningún miramiento, con solo olfatear o suponer algo de izquierda, por la sola firma de quienes solicitaban una inscripción partidaria, o por pertenecer a los órganos constitutivos de esos partidos que les aplicaban esas normas.

En esos años no había mucha distinción entre el dominio que se ejercía, desde partidos políticos gobernantes, o desde gobiernos, sobre los magistrados, como se hace actualmente en Nicaragua o en Venezuela.

Lamentablemente siguen existiendo rémoras institucionales, para mí, de corte fascista, en algunos funcionarios, que me imagino actúan al margen y sin directrices de los Magistrados electorales, en esas actitudes negativas, poco estimulantes para la participación más amplia electoral.

Aparte de este hedor que me provocan esos actos de esos funcionarios, de menor escala, pero con fuerte poder anulatorio de procesos de inscripción de partidos, saludo la apertura del proceso electoral.

Nos queda a los ciudadanos exigirle, en esta campaña electoral, a los candidatos presidenciales y a sus diputados, como a los partidos políticos, que nos digan cuáles van a ser, por lo menos, sus primeros cinco Proyectos de Ley y sus primeros cinco Decretos Ejecutivos, a partir del 1 de mayo y del 8 de mayo próximo, de los diputados y del próximo presidente. Esto por cuanto todo lo que ofrezcan en la campaña electoral, en discursos y programas, tienen oportunidad de traducirlo desde el primer día que asuman su puestos, el 1 o el 8 de mayo, los diputados y el Presidente, en Proyectos de Ley o en Decretos Ejecutivos. Si esto lo cumplieran empezarán a contribuir para restituir confianza en la Política, en los Políticos, en los Gobernantes, en el Presidente, en los Diputados y en los Partidos políticos… Ya sería algo.

EL SHOCK QUE VIENE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del matrimonio igualitario a inicios de 2018, produjo en Costa Rica un remezón político-electoral que aún hoy, tres años después, muestra sus principales impactos: la consolidación en la arena política local de un actor vinculado a la confesionalidad religiosa de corte conservadora, que ha venido escalando terreno en lo que las denominaciones tradicionales y progresistas se infringen a sí mismas heridas profundas difíciles de subsanar.

En aquel contexto faltaban todavía pocas semanas para las elecciones nacionales. El fallo de la Corte supuso entonces una alteración de la contienda, caracterizada por el rápido ascenso de ese actor novedoso representado en la figura de Fabricio Alvarado, que aglutinó a su alrededor un descontento no solo con la coyuntura de la restitución del derecho para personas del mismo sexo, sino que además supo ganar para si un caudal importante de enojo y resentimiento de importantes sectores de población desatendidos por el Estado, desoídos por las estructuras político partidarias tradicionales y también por las feligresías denominadas progresistas. De paso, potenció la articulación de sectores económicos fuertes y los aglutinó alrededor de su agenda regresiva.

Por primera vez en su historia el país se enfrentó a un enjambre telúrico político que fue interpretado en el mainstream de las ciencias sociales locales como un “shock religioso”, lo que es lo mismo a decir que tanto la decisión emanada desde la entidad internacional, como el aumento de los conservadurismos a todo nivel y un crecimiento exponencial y vertiginoso de la discursividad religiosa neopentecostal, encontraron su momento de fragua al constituirse eventualmente como una fuerza electoral capaz de asumir la gestión del país en el periodo 2018-2022.

Dicha coyuntura, aún inacabada y en transcurso, encuentra ahora un escenario en el que se entrecruzan el debilitamiento de las lealtades partidarias, un permanente pero creciente enojo con la dimensión política y el funcionamiento del franquiciado partidario que un día sí y otro también aparecen en el firmamento electoral costarricense.

Al momento de escribirse esta columna, se cuenta con un variado menú de ofertas partidarias en carrera por las elecciones nacionales. Son más de una veintena. Se diria con algo de congoja, que nos enfrentamos a la «uberización» de la propuesta politica marcada por la entrega a la carta de la oferta político-electoral.

Algunas tan débiles que ni siquiera alcanzaron a llegar al momento eleccionario. Otras con fuertes fisuras internas. Las más, estructuras vaciadas de contenido en un amplio espectro ideológico del centro a la derecha del panorama. Las denominaciones realmente progresistas, no han logrado conformar figuras potentes y atractivas. Siguen en las sombras.

Lejos de felicitarnos como país por semejante menú a la carta, debemos pensar que llegamos hasta aquí como resultado de una evidente imposibilidad para hablarnos, resolver nuestros entuertos, restituirnos. Esto se refleja en el escenario electoral.

Desde que inició el presente siglo la imposibilidad de escucharnos ha producido una polarización sin retorno que, a la postre, se expresa en la ausencia de experiencia colectiva, atomizada, fragmentada, ingobernable. Ya ni los partidos políticos o franquicias o estructuras acartonadas pueden procesar estas complejidades.

Dicho lo anterior, a estas alturas cualquier cosa podría aparecer como un shock que colocaría de nuevo los escenarios para un desenlace no esperado: por ejemplo la inmunidad comunitaria alcanzada a muy pocas semanas del proceso eleccionario, la detención y encarcelamiento de más personas por los casos de corrupción recientemente ventilados a la opinión pública, una acción afirmativa en el campo de los derechos, que en un país como Costa Rica, han sido vaciados de contenido por el mercado y sus espejos en las aparentes alternativas.

Él shock que viene puede ser cualquier cosa. Cualquier cortina de humo, cualquier discurso populista sin contenido que de nuevo ponga a este país a dirimirse entre discursos contrarios y polarizantes. Las tesis, que llaman los especialistas en estos temas. La atención, la calma para no escoger cualquier oferta desabrida y descosida en el menú político electoral se impone como obligación. Ciudadana si, pero ante todo moral.

Plataforma de la ciudadanía y los movimientos sociales – Invitación a ser parte

Escrito en . Publicado en Coyuntura, Formación.

Costa Rica se aboca a la elección de las personas y partidos que regirán el destino del país para iniciar el Tricentenario. Se trata de un proceso electoral con una participación récord de partidos políticos.

Los movimientos sociales, compuestos por las organizaciones sociales y la ciudadanía, no pueden permanecer inactivos o asumir una posición pasiva. Frente a la situación crítica del país, pueden hacer una valiosa contribución al presentar propuestas concretas sobre los aspectos más sustantivos. Su voz debe levantarse hasta hacerse oír y ser tan fuerte como para minimizar la parafernalia que montarán algunos partidos, con el respaldo de los grandes medios de difusión y que, por demás, debilitan el pensamiento crítico y racional de la población.

Para ello, el movimiento social, desde su diversidad, debe procurar orientar a las personas hacia lo realmente sustancial, las reivindicaciones y luchas más sentidas, urgentes y esenciales para formular las políticas que, efectivamente, atiendan las necesidades del pueblo.

Las organizaciones y personas firmantes de esta invitación queremos facilitar la conformación de una plataforma. En dicha plataforma se recogerán las propuestas que cada organización o grupo presente desee ofrecerle a la ciudadanía y a los grupos organizados, para confluir en un movimiento desde las bases mismas que centre la campaña electoral en los problemas fundamentales y se proyecte más allá de las elecciones.

Proponemos, -para construir esa plataforma-, que cada organización o grupo de la ciudadanía haga llegar al correo que se indica abajo, un máximo de cuatro propuestas relevantes sobre su temática principal de lucha. El conjunto de propuestas se incorporará por medio de un trabajo de síntesis y concordancia a realizarse por un grupo de Trabajo Comunal Universitario (TCU). Luego, ese documento será pulido y ampliado en lo necesario por las personas, movimientos y organizaciones participantes.

Sugerimos que las propuestas de cada persona, organización o movimiento estén compuestas por dos elementos:
a. Un enunciado a modo de titular de no más de 140 caracteres con espacios.
b. Un párrafo explicativo de no más de 1000 caracteres con espacios.

¡Nuestra voz debe escucharse! Le agradeceremos si comparte esta invitación.
Correo-e para el envío de las propuestas: foro@confluenciasolidaria.org
El equipo de TCU iniciará la sistematización de las propuestas para construir la plataforma a mediados de noviembre.

Voces y Política: “Elecciones nacionales entre aumento de contagios Covid-19 y las polémicas parlamentarias”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente invitación:

Hoy es miércoles de coyuntura y en el programa Voces y Política a las 5:00 p.m. se estará discutiendo sobre las “Elecciones nacionales entre aumento de contagios Covid19 y las polémicas parlamentarias” con la participación de Patricia Mora, diputada en el periodo 2014-2018, ex ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, socióloga y profesora universitaria y Laura Martínez, directora del Semanario Universidad, periodista y profesora universitaria. La invitación es para participar mediante las redes sociales de Voces y Política o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.

Adjuntamos invitación al evento:

 

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora.