Al iniciarse el año 2019, el deterioro del poder de compra de los salarios públicos y privados, habrá de llevar más angustia y congoja a las familias de la clase trabajadora costarricense.
Particularmente, la ruta de la reducción salarial en el empleo público ya comenzó con la entrada en vigencia de la ley del combo fiscal, No. 9635.
Para agravar la situación sociolaboral y social en el sector Público, es de esperar cero reajuste por costo de vida para el primer semestre del 2019; o, en el “mejor” de los casos una fijación unilateral, por decreto, pues el Gobierno PLUSC-PAC eliminó la comisión salarial del sector Publicó.
Por otra parte, hay mucha incertidumbre acerca de si se respetará el pago del Salario Escolar, considerando que la opción de su eliminación está en la agenda neoliberal del equipo económico del confrontativo Gobierno Alvarado-Piza.
Para la clase trabajadora asalariada del sector Privado con empleo formal, el grave problema del salario mínimo, en un país tan caro para vivir como el nuestro, sigue acentuándose, precarizando más el empleo privado.
A ambos sectores obreros les golpeará más el debilitamiento salarial, con la rebaja del 0.50 que implicará el aumento de la cuota obrera para el régimen de pensiones de la CCSS; la reducción del 60 al 55 por ciento del salario a recibir como pensión; y que la más baja quede en un 40 por ciento del salario mínimo. La condena al pueblo obrero es contundente: pensionarse es empobrecerse… ¡aún más!
En la Asamblea Legislativa, por su parte, nada bueno le espera al pueblo trabajador organizado en sindicatos: proyectos de ley como el de la liquidación-disolución de los sindicatos; darle un “golpe de Estado” a las actuales dirigencias para que no puedan reelegirse; y, anular en la práctica el derecho de huelga generalizando (entre otros factores), la categorización de “servicios esenciales”; son clara señal de que se le ha declarado la guerra al movimiento popular, en general, pues los sindicatos son su parte más organizada.
El cierre de instituciones públicas, el relanzamiento neoliberal de privatizaciones “sustanciales” y reglas para el empleo público que no tocarán a las “burocracias doradas”; expresan potenciales fuentes de confrontación social crudas y dolorosas.
El más grande segmento de la población, las clases medias y los sectores pauperizados y excluidos; seguirán sufriendo la agresión económica de llevar la máxima responsabilidad tributaria del país; pues no muestra Alvarado y su equipo férrea disposición política para confrontar la espantosa magnitud del robo de impuestos que está minando a la Democracia misma; situación revelada en este 2018 como nunca antes había ocurrido, gracias a la lucha popular.
Por si ello no fuese ya lo suficientemente grave, Alvarado y su grupo PLUSC-PAC, pretenden endeudarnos como país por 6 mil millones de dólares más; llevando el endeudamiento público a niveles de impacto económico-negativo indescriptibles
La pretensión de Alvarado-Piza y su grupo de tomar los dineros de los fondos de pensiones para compra de los bonos “basura” (ya casi) de la deuda pública, debe ser bien calibrada por la sociedad trabajadora que corre el riesgo de quedarse sin esas pensiones complementarias. Estoy hay que detenerlo.
La urgencia nacional de una AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA, es más que imprescindible y debe ser un reto para los sectores populares y patrióticos.
La crucial circunstancia de la unión sindical, social, popular y cívica, es más que indiscutible
Las vías para el diálogo social y político, de amplia y real base, con negociación efectiva, se abrirán mediante la movilización popular que supere las anteriores, incluida la de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal
En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, formulamos un sincero y vehemente llamado en tal sentido: la unidad popular para enfrentar la más reciente ofensiva neoliberal contra el pueblo trabajador.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador
Colectivo Sindical
PATRIA JUSTA
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El Rector de la Universidad Nacional UNA, presentó el pasado lunes 24 de setiembre de 2018 ante un grupo de trabajadores de la UNA, su valoración en relación al impacto que tendrá la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Expediente 20.580) tanto en el sector educativo, como en empleo público (en general), y en la Universidad Nacional.
La presentación realizada en la Sala de Exrectores de la UNA, se da como respuesta a la nota de fecha 20 de setiembre del 2018, así como al correo electrónico comunicado en la web institucional en esa misma fecha y los documentos suscritos por funcionarios de la Universidad Nacional, en los cuales solicitan que “en mi calidad de Rector proceda a rendir cuentas sobre el impacto que tendrá el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Expediente N° 20.580”.
La Rectoría expresa su deseo de que toda la comunidad universitaria y nacional conozca los detalles de dicha presentación, por esa razón, comparte los enlaces donde podrán acceder al documento completo de lo expresado en esa oportunidad:
Exposición ante trabajadores de la UNA situación fiscal
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La APSE rechaza por completo las medidas administrativas anunciadas por el Gobierno de Carlos Alvarado que afectan a los funcionarios públicos, en especial a los que se desempeñan bajo el régimen del servicio civil y el MEP, tanto del título I como II.
La propuesta del Ministerio de Hacienda se centra en las remuneraciones –sueldos y salarios– del sector público, con medidas como: el congelamiento de los aumentos salariales, anualidades y los puntos que se pagan por carrera profesional, también se establece la negociación a la baja de todas las convenciones colectivas, el congelamiento de la inversión pública para el 2019 y la reducción en las contrataciones entre otras propuestas de austeridad. Es evidente que la mayoría de estas medidas tomadas, aparte de ser insignificantes en cuanto a la recaudación esperada, recargan el impacto exclusivamente sobre los trabajadores que laboramos en el Gobierno Central y ponen en juego la eficiencia de las instituciones públicas al limitar su crecimiento.
Los cambios anunciados obedecen a una estrategia mercantilista que ha sido orquestada desde los medios corporativos de comunicación masiva, en alianza con los grandes sectores empresariales de este país, que pretende vender a la opinión pública la idea de que son los trabajadores públicos los causantes de la crisis. El Gobierno Alvarado ha cedido al chantaje de los organismos económicos internacionales y los grandes sectores empresariales, tomando medidas neoliberales que pretenden reducir el Estado a su máxima expresión.
Con todo lo anterior el ejecutivo les ha entregado sin reparos las llaves a los legisladores para que abran la puerta a nuevos proyectos que pretenden abiertamente hacer cambios en detrimento del empleo público y las finanzas de los trabajadores. Para eso ha venido presionando la aprobación de proyectos como el 20.580, que ya obtuvo la aprobación de la vía rápida por parte de la actual Asamblea y que podría aumentar las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno.
Insistimos que estos decretos y directrices debilitan aún más la economía y deterioran el empleo, sin tomar en cuenta que omite los temas centrales del deterioro de las finanzas como lo son el desempleo o el fraude fiscal.
Desde la APSE se está haciendo un análisis técnico y jurídico de las implicaciones que estas medidas tendrían a corto y mediano plazo. Los resultados serán discutidos y analizados con detenimiento en la próxima asamblea de base a realizarse el viernes 8 de junio y serán divulgados a todos nuestros afiliados.
También se trabaja en conjunto con el resto de sindicatos para tomar medidas conjuntas y organizadas tendientes a contener la arremetida en contra del sector público.
Creemos que la organización y la unión sindical son las únicas herramientas que lograran frenar la medidas neoliberales del Gobierno.
Imagen ilustrativa tomada de APSE video sobre manifestación del 8 de noviembre.
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Lenín Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum: “Con nuestro salario no se metan. Nos oponemos al expediente 20580 porque este proyecto de ley concatena reformas fiscales y empleo público y con ello pasan dos cosas: se le sigue endilgando la responsabilidad del déficit fiscal a los empleados públicos y en segundo lugar, estas reformas fiscales son un paliativo, un “parchecito” al verdadero problema fiscal que atraviesa el país. (…)”.
Enviado por Maikol Hernández.
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Una vez más tenemos que condenar, enérgicamente, la reedición de la enfermiza tesis neoliberal de que el salario que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público (específicamente sus pluses y sus anualidades), que pretende culpabilizar, satanizándoles ante la sociedad, a quienes laboran para el sector Público, de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, del grave problema del déficit fiscal, del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.
Tampoco es culpable la clase trabajadora asalariada del sector Público, como tampoco lo es la del sector privado, por la injusta estructura tributaria costarricense, perversamente regresiva, la cual hace que quienes ganan menos, proporcionalmente hablando, pagan más; mientras que los que ganan más, pagan menos o no pagan del todo, eludiendo y/o evadiendo sus reales obligaciones tributarias.
Hacemos un vehemente llamado a todas las conciencias laborales del sector Público, así como a los diversos grupos y gremios que les representan, para que nos pronunciemos con energía y procedamos a rechazar con vehemencia, la resucitación política del detestado Expediente Legislativo No. 19.506, cargado de un odio visceral contra todos los derechos conquistados por la clase trabajadora del sector Público a lo largo de muchas décadas.
Lo que corresponde es dar los primeros pasos de corte estratégico para que esa injusta estructura tributaria nacional pase a ser progresiva: que paguen más los que más tienen.
Lo que corresponde es un proceso nacional de diálogo político-social para evitar que nuestro país caiga en el precipicio de la quiebra del Estado y que pasemos a vivir dolorosas e irreconciliables experiencias tipo Grecia, tipo Portugal.
Lo que corresponde es abandonar el fundamentalismo neoliberal cargado de odio patológico contra el sector Público, contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas, contra sus organizaciones sindicales; y, por el contrario, establecer una fuerte estrategia nacional para combatir el robo de impuestos en todas sus manifestaciones, superior a los 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB); y/o, entrarle a los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones determinando la derogatoria de, al menos, la mitad de la mismas.
Lo que corresponde es auscultar la naturaleza del endeudamiento nacional y una reingeniería de la deuda para atenuar, en alguna medida, el abultado y exorbitante pago anual de intereses que supera ya los 3 puntos porcentuales PIB.
Reiteramos con contundente vehemencia: quienes laboran para el sector Público, no son los responsables de los problemas de liquidez que enfrenta el Gobierno, no son los responsables del grave problema del déficit fiscal, no son responsables del no menos grave del problema de la deuda pública y de espantoso nivel altísimo del pago de sus intereses.
Hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a todas las organizaciones sindicales, gremiales, profesionales que les representan, para que unamos esfuerzos y procedamos a la movilización necesaria en aras de cerrarle, nuevamente, el paso al expediente 19.506 y similares, y, por otra parte; exigir las legislaciones necesarias del cambio estructural tributario hacia la progresividad.
San José, lunes 7 de agosto de 2017.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.anep.or.cr
Enviado por ANEP.
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La necesidad del actual Gobierno de la República para tener ingresos frescos en las arcas públicas, vinculando iniciativas de ley en materia de impuestos con reformas salariales en el empleo público nada bueno augura, ni dentro ni fuera del parlamento, pues se trata de una mezcla tóxica generadora de un gran estrés sociopolítico de potencial confrontacional, al menos en algunos casos. Veamos, seguidamente, cuáles son las “nuevas” iniciativas que impulsará el Gobierno en este período electoral ya en desarrollo a fin de obtener aprobación a su peculiar paquete de impuestos.
Si bien es cierto el detestado Expediente Legislativo No. 19.506 está en una especie de coma político inducido, otras iniciativas conexas que el Gobierno del Presidente Solís Rivera piensa impulsar en los próximos días, nos obligan a la más estricta vigilancia y alertas sindicales.
Desde la perspectiva de la ANEP iniciativas de ley como ponerle límite a las remuneraciones totales en la función pública para que ningún salario supere los 5.3 o los 5.5 millones de colones mensuales, son necesarias y contarían con gran respaldo popular.
Eso sí, sin excepciones de ningún tipo como esa de que hay que excluir los salariazos de aquellas entidades en “regímenes en competencia”; o que pretenda dejar por fuera sistemas salariales con nombres y apellidos propios los cuales, como en el caso de la salud pública costarricense, hace que existan abusivos salarios que ni los países nórdicos con sus avanzados sistemas de Seguridad Social pagan.
Así las cosas, los expedientes legislativos números 19.156, presentado por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); o el 19.883, promovido por el Frente Amplio, merecen ser vistos con seria responsabilidad sindical sin rechazos dogmáticos ad portas.
En este tipo de regulación deberían comprenderse los casos salariales del propio Presidente de la República, de los ministros y de los viceministros de Estado.
Por su parte, un expediente de cuidado para la clase trabajadora asalariada del sector público en sus niveles medio y bajo (salarialmente hablando), es el que promueve directamente el presente Gobierno, vía Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Expediente Legislativo No. 19.787.
Las anualidades solamente se reconocerán en aquellos casos de calificaciones de muy bueno y de excelente. En ANEP pensamos que la promoción de la excelencia en la prestación de los servicios públicos merece el más fuerte apoyo de todas las organizaciones sindicales y gremiales responsables, con visión-país y que no estén raptadas por un corporativismo gremial abusivo y miope.
Sin embargo, debe analizarse con gran cuidado y sigilo la metodología de la evaluación del desempeño para descontaminarla de ingredientes subjetivos (“sacaclavos”), de la politiquería y de incluso pedidos de favores sexuales no otorgados.
Bien es sabido que en no pocos casos el poder de los mandos medios se impone y darles una especie de cheque en blanco para manejar, a su antojo, parámetros de evaluación de calificaciones de muy bueno y de excelente sin la debida posibilidad de defensa del servidor en escrutinio, puede ser muy peligroso y hasta potenciar un eventual despido.
Esta iniciativa de Mideplan, Expediente Legislativo No. 19.787, será sometida por parte de la ANEP al más fuerte y minucioso escrutinio.
Como suele suceder con los proyectos de empleo público generados desde el extremismo político ubicado a la derecha del poder del capital, la iniciativa “libertaria” (Expediente Legislativo No. 20.224), para que solamente reciba reconocimiento por anualidad una quinta parte de la clase trabajadora del sector Público, “huele a lirio” no más de entrada. No nos merece mayor esfuerzo en comentarla.
Por otra parte, el nuevo intento de la distinguida señora diputada doña Sandra Pizsk Feinzilber en materia de empleo público y para ver cómo algo de esto queda con su sello personal, nos plantea la iniciativa legislativa No. 20.349, “ley reguladora del pago por restricción” que no variaría el reconocimiento de un 55 % para licenciados y de un 20 % para bachilleres en materia de dedicación exclusiva; y, en cuanto a prohibición, ésta no puede dársele a quienes no sean licenciados, manteniendo el actual 65 % para quienes sí lo son y un 30 % para bachilleres. Lo novedoso sería imponer un sobresueldo de 30 % por concepto de dedicación exclusiva solamente para profesores universitarios.
La nueva iniciativa de la diputada Piszk Feinzilber pareciera inocua si la comparamos con la detestada 19.506; sin embargo, ésta nueva, la 20.349, merece la más incisiva auscultación para buscar en qué artículo, frase, procedimiento y/o lugar está la trampa a fin de que esos pluses, dedicación exclusiva y prohibición, los reciba el menor número posible; o, si hay en ella otras cosas que de manera endodérmicamente semántica tienen dobles propósitos políticos como ocurrió cuando desenmascaramos los verdaderos contenidos del Expediente Legislativo. 19.506.
Luego de tantos y tantos días, semanas y meses de confrontar, hasta derrotarla completamente, la perversa tesis neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios de los empleados públicos, tenemos que recalcar que es una mezcla tóxica vincular empleo público e impuestos, por más “light” que parezcan en la superficie iniciativas legislativas para regular algo del empleo público.
Las transformaciones tributarias estructurales urgentes que ocupa la sociedad costarricense de hoy en nada tienen que ver con cambios en el sistema de salarios del sector público, a no ser los que se ocupan para parar los excesos que vienen ocurriendo en ciertas partes de la más alta estructura político-gerencial de la máxima cúpula estatal del país en todas sus modalidades.
ANEP procederá con debida urgencia y responsabilidad al análisis puntual de estas iniciativas que sobre empleo público anuncia el Gobierno querer negociar con los diferentes partidos (y fracciones de éstos), en los próximos días para ver si consigue apoyo su peculiar propuesta de paquete de impuestos.
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.
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Carlos J. Cabezas Mora (*)
Aunque contrario a lo que piensan los grandes medios de comunicación nacionales y que ha habido pocas protestas sindicales durante la administración Rivera, este Gobierno lleno de temerosos políticos prefirió desdecirse y enviar el proyecto de Empleo Público presionado no solo por la situación fiscal, sino también por las posiciones ideológicas de la derecha.
El gobierno gasta en sus operaciones lo mismo que en pagos a la deuda interna, necesita nuevos ingresos tributarios para operar, pero buscarlos donde están evadidos o simplemente, promover leyes para cobrarlos son un acto de desafío al poder económico que no están dispuestos a materializar, máxime que el Partido Acción Ciudadana no tienen suficientes diputados para una reforma fiscal que disminuya la desigualdad social por la que es famoso nuestro país.
Según datos del IMAS en el 2015 el 16% de las familias más ricas se deja el 54% del ingreso, pero es el sector empresarial goza de condiciones de privilegio producto de una larga estrategia y técnicas de evasión y elusión llegando a ser más del 8% del PIB, el Gobierno pretende impulsar unos modestos cambios en la ley de renta, pero eso puede avanzar y le cede a los poderosos las condiciones salariales y de negociación colectiva de los funcionarios.
Es un gobierno sin una base social para impulsar sus proyectos por lo que optó por la típica negociación, creemos que ingenua, pues nada les asegura que sus modestos proyectos avancen, pues los ricos tienen suficiente poder político representado en diputados y medios de comunicación para que no se materialicen.
Lo irónico es que si este Gobierno tuviera la suficiente valentía para enfrentarse al poder económico por el tema tributario, sería altamente posible que el movimiento sindical lo apoyara, pero dudamos que lleguen a ese nivel de atrevimiento.
Para la confrontación con los Sindicatos los dependeremos de que tan convencidos estén los y las trabajadoras para protestar, de que comprendan del impacto que las condiciones laborales.
Nos corresponde como representantes de nuestros agremiados dar la pelea para que la historia sepa que hubo quienes si se opusieron a proyectos anti trabajadores.
Ojalá los grandes bloques sindicales entiendan está vez lo que urge la unidad en la acción para neutralizar las iniciativas
(*)Secretario General, Central General de Trabajadores.
Enviado a SURCOS por el autor.
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El gobierno que había pactado con varios partidos que a cambio de que le aprobaran sus proyectos de ley en materia tributaria enviaría el proyecto del partido Liberación Nacional conocido como de Empleo Público, no logró conseguir 38 votos para la vía rápida.
Sin el apoyo necesario para la vía rápida, se cumplió lo expresado por nuestro secretario general Carlos Cabezas Mora, de que “además de apuñalarnos había demasiada ingenuidad política en los representantes gubernamentales para que les aprueben algo sobre materia tributaria”.
El proyecto de empleo público planteado como una supuesta forma de ahorro en gasto público (lograría un ridículo 0,05% del PIB) que era más para dañar la acción sindical estatal y derechos de los trabajadores, anunciaron que será retirado y dudamos seriamente que logren impulsar los relacionados con el asunto tributario.
El movimiento sindical, contrario al proyecto, inicialmente luchó de manera dividida pero comenzó a dar señales importantes de acercamiento, con grandes esperanzas de dar una batalla unitaria, generando así un gran temor de que pudiese convertir en un conflicto de grandes magnitudes.
Nos alegra el resultado final de retirar el proyecto, pero sin duda ese acto “justificado” en la necesidad de enfrentar la sería situación fiscal producto del fraude fiscal y la deuda interna, marcó una distancia muy importante del gobierno con el movimiento sindical.
El retiro del periodo de sesiones extraordinarias parece que pesó más su inviabilidad para rápida que la posibilidad de huelga, pues el fuerte debía estar en los sectores no magisteriales que se movilizan con muy poca fuerza.
Creemos que hay que estar alerta, pero por la época del año habrá un cambio en la dinámica parlamentaria producto de los fuegos electorales, la cual dificultará de manera profunda la posibilidad de aprobar cualquier proyecto como el de empleo público.
Por la Junta Directiva Nacional
Carlos José Cabezas Mora
Secretario General, Central General de Trabajadores
“Si luchas puede que pierdas, pero si no lo haces perderás siempre”.
Enviado a SURCOS por el autor.
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Se impone el debate de ideas, el real diálogo social
y la construcción de soluciones
para la integración social, no para la exclusión.
“El que se enoja pierde”:
El insulto, la rabieta y el enojo iracundo
no conducen a nada bueno.
La actitud de «chiquito malcriado»
no les luce para nada, doña Sandra y don Ottón.
Fue desarmado el chantaje neoliberal:
“¿Quieren impuestos?…
Entonces, ¡paguen peaje!: el proyecto 19.506”.
“Ni compadre hablado”…
“Ni miedo a los sindicatos”:
Al descalificar argumentos
se han descalificado a sí mismos.
Durante bastantes meses estuvimos denunciando que los sectores neoliberales más duros del país, a través de connotadas vocerías diputadiles, como la del ahora precandidato presidencial liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti, estuvieron formulando un chantaje político, en la penumbra primero y descaradamente después, al indicar que la única manera de aprobar incrementos en los impuestos (ventas y renta), dada la gran necesidad fiscal planteada por el actual gobierno, era que primero fuera aprobado el expediente legislativo 19.506, al que nosotros hemos denominado como “ley contra el empleo público”. Tal chantaje político, ahora desmontado, se resume en esta frase: “¿No hay empleo público?… Entonces, ¡tampoco hay impuestos!”.
Tales sectores neoliberales y sus vocerías parlamentarias, con el apoyo de connotados latifundios mediáticos, quisieron utilizar a los empleados públicos como “carne de cañón”, jugando con sus derechos, con sus salarios, con sus responsabilidades familiares y financieras, vía expediente legislativo 19.506; para (entre otras motivaciones ocultas), que siguiera la fiesta, la fiesta orgiástica del robo de impuestos, de la evasión fiscal, de la elusión tributaria; en fin, que continuara impune la corrupción tipo “papeles de Panamá” con el apoyo de honorables bufetes. Poderosa razón ésta… Pero hubo una más profunda…
¡No se enoje, doña Sandra Piszk! ¡No se enoje, don Ottón Solís! Ustedes perdieron el debate de las ideas. El expediente 19.506 fue contaminado con antisindicalismo, con disposiciones legales atentatorias de Derechos Humanos universalmente reconocidos; con normativa violatoria de los tratados internacionales firmados por el país con la Organización Internacional del Trabajo (OIT); con inconstitucionalidades latentes y manifiestas…
Este nefasto proyecto 19.506 dejó de ser una “inocente y sencilla iniciativa” para quitar unos “poquitos” pluses salariales, para mostrar su verdadera faz, al punto de conseguir el compromiso de 32 señores diputados y señoras diputadas de impedir que al mismo se le aplicase la vía rápida.
Como esto se trata de ideas, no de rabietas ni de enojos de «chiquito malcriado», planteamos únicamente cuatro preguntas claves dentro del conjunto de interrogantes que podemos formular al desenmascarar esta intentona antisindical hoy fallida:
1) ¿Por qué le metieron disposiciones para distorsionar el marco de relaciones laborales en el sector privado de la economía, especialmente ahora que entrará en vigencia la Reforma Procesal Laboral?
2) ¿Por qué eliminar la posibilidad de la negociación salarial a nivel municipal, si las municipalidades no tiene relación alguna con el déficit fiscal?
3) ¿Por qué atacaron a mansalva los principios constitucionales y legales que fundamentan la negociación colectiva entre patronos y trabajadores?
4) ¿Por qué hicieron importantes exclusiones gremiales de empleo público (afortunadas, por supuesto), si de lo que se trataba era de “disminuir” el crecimiento del gasto público y “reducir” el déficit fiscal?…
Muchas, pero muchas más argumentaciones, vía cuestionamientos, podemos exhibir para demostrar que el proyecto por ustedes tan ardorosamente defendido y hoy fracasado, fue una intentona político-ideológica de corte antidemocrático-sindical; porque si la hubiesen formulado de forma transparente y diáfana la perderían, mediando eso sí un debate coherente y respetuoso en el marco de los Derechos Humanos. No lo hubo en el trámite parlamentario del 19.506 y eso les llevó al fracaso de su iniciativa para “ordenar” el empleo público.
Porque la verdadera realidad es que estamos tratando de esto: ¿Cuánta es la real disposición de Costa Rica, de sus políticos, de sus gobernantes, para propiciar la convivencia civilizada con fundamento en los Derechos Humanos; esos de los que tanto nos ufanamos ante el mundo de proclamar y de respetar?
El Sindicalismo, la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva tienen rango de Derechos Humanos universalmente reconocidos. Pero los sectores político-hegemónicos tradicionales, los que disfrutan de la fiesta concentradora de la riqueza y por los cuales ustedes abogan, siguen siendo tan reacios como toda la vida para comprender que Libertad Sindical y Derechos Humanos van de la mano.
Actuar en contra de estos postulados y principios universales y nacionalmente incluidos en la legislación y en la jurisprudencia, es mostrar una proclividad antidemocrática.
La discusión fiscal-tributaria es de otra naturaleza. Si bien incluye el tema del empleo público, cuyo sistema salarial no guarda relación con el déficit fiscal; es una discusión más integral y más profunda pues no solamente pasa por la naturaleza del sistema tributario, sino que va más allá: el modelo de Estado para fomentar una sociedad realmente inclusiva y transparentemente justa.
El error estratégico que llevó a la sepultura el expediente legislativo 19.506 fue envenenarlo con antisindicalismo que es lo mismo que antidemocracia.
La rabieta de ustedes dos, esa actitud de «chiquito malcriado» que para nada les luce, doña Sandra y don Ottón, no deja espacio para concluir otra cosa a partir de la defensa a ultranza que han realizado del expediente legislativo 19.506; por demás y ya más que evidente, sin espacio político alguno.
Ustedes saben mejor que uno ese adagio fundamental de la política que indica algo así como “la política es el arte de lo posible, no de lo deseable”. Como dice el conocido costarriqueñismo, ¡“manda la parada” que ustedes, toda sus vidas en política, no lo comprendan!. Nada que ver en lo que a nosotros respecta con “miedo a los sindicatos”, con “compadre hablado”. Ofenden ustedes la inteligencia de la clase trabajadora y se descalificaron a sí mismos con estos comentarios de «chiquito malcriado».
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por ANEP.
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