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Etiqueta: equidad

Más allá de los indicadores: el verdadero valor de la educación superior pública

Erika Henchoz Castro, periodista

En momentos en que el debate sobre la educación superior pública suele reducirse a cifras presupuestarias, indicadores de gestión o resultados de corto plazo, conviene recordar una realidad fundamental: el mayor valor de las universidades públicas no puede medirse únicamente en números. Su verdadera contribución reside en el conocimiento que generan, las oportunidades que crean y el desarrollo que impulsan para todo el país.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta la educación superior pública no es únicamente generar más conocimiento, formar mejores profesionales o ampliar su impacto social. El verdadero desafío consiste en lograr que ese aporte sea comprendido y valorado en toda su dimensión.

Con frecuencia, el diálogo con algunos sectores del Gobierno se concentra en acciones particulares, indicadores aislados o resultados inmediatos. Esa perspectiva, aunque necesaria para la rendición de cuentas, resulta insuficiente para apreciar la verdadera magnitud de la labor que realizan nuestras instituciones de educación superior.

Cada día, las universidades públicas forman profesionales que sostienen los servicios esenciales del país; generan investigación para responder a los problemas nacionales; impulsan la innovación; acompañan a las comunidades; fortalecen la cultura; protegen el patrimonio; promueven la sostenibilidad ambiental y contribuyen a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia. Estos aportes no son hechos aislados, sino la expresión de una misión permanente al servicio de la sociedad. Así fueron concebidas y así han contribuido al desarrollo nacional durante décadas.

Sin embargo, cuando el análisis se limita a algunos casos específicos o a una visión predominantemente financiera, se invisibiliza una enorme cantidad de acciones que generan bienestar, desarrollo y oportunidades para toda la población. El valor de la educación superior pública no puede medirse exclusivamente por el costo de su financiamiento, sino por el extraordinario retorno social que produce para el país.

Conviene recordar que gran parte de ese conocimiento, esos servicios y esas soluciones llegan a la sociedad gracias al compromiso institucional de las universidades públicas. Son contribuciones que se brindan con vocación de servicio, muchas veces sin una retribución equivalente a su verdadero valor económico y social.

Por ello, el llamado en los próximos meses es a construir un diálogo sustentado en una visión de Estado, capaz de reconocer que invertir en educación superior pública no constituye un gasto, sino una de las decisiones más inteligentes para asegurar el desarrollo sostenible, la competitividad, la equidad y el bienestar de las futuras generaciones.

Las universidades públicas no piden reconocimiento por complacencia. Lo que solicitan es que su labor sea evaluada en toda su dimensión, por la amplitud de su impacto y por su capacidad para transformar vidas, fortalecer las instituciones y generar oportunidades para todas las regiones del país. Porque cuando una nación comprende el verdadero valor de sus universidades, no solo fortalece su sistema educativo; fortalece también su democracia, su desarrollo y su futuro.

Conversatorio «Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente»

La Escuela de Filosofía y TC-769 de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinabi, se complacen en invitarle al conversatorio Equidad, desigualdad y justicia social: miradas desde el pasado y el presente con la participación de Geovanna Fallas, Arqueóloga y Natasha Alpízar, Antropóloga Social de la Universidad de Costa Rica.

La actividad será el lunes 15 de junio a las 10:00 a.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

Instituto Sindical de Formación Política se solidariza con la lucha del sector arrocero

El Instituto Sindical de Formación Política (ISFP) expresó su respaldo y solidaridad con la firme y justa lucha que mantiene desde hace varios días el sector arrocero costarricense.

Las protestas se originan ante las políticas gubernamentales “que favorecen la apertura a la importación de arroz, una medida que ha beneficiado a un reducido grupo de importadores en detrimento de los pequeños y medianos agricultores del país. Esta decisión no solo debilita la producción nacional, sino que también ha provocado la pérdida de empleos en comunidades campesinas y rurales que dependen directamente de este cultivo”, señala el comunicado del ISFP.

Además, se agrega que “a pesar de los discursos oficiales, la realidad es que el precio del arroz al consumidor no ha disminuido, lo cual deja en evidencia que estas políticas no protegen ni a los productores, ni a los trabajadores del sector, ni mucho menos a las familias costarricenses. Por el contrario, ponen en riesgo la soberanía alimentaria y afectan a los sectores más vulnerables de la población, dado que el arroz es un producto esencial de la canasta básica”.

El ISFP recalcó que este conflicto no es únicamente económico, sino también político y social, pues una democracia verdadera debe privilegiar al pueblo trabajador y no a las élites que buscan ganancias voraces. En ese sentido, el instituto manifestó que continuará alzando la voz junto a los agricultores y trabajadores que defienden su derecho a producir y a vivir con dignidad.

“El arroz es parte de nuestra mesa y de nuestra identidad. Defender al productor nacional es defender al pueblo costarricense”, señaló el ISFP en su declaración pública.

El instituto reafirmó que la democracia es con el pueblo, no contra él, y que seguirá apoyando todas las luchas sociales orientadas a garantizar justicia, equidad y soberanía.

Foro: “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”

El 19 de junio de 2025 se llevó a cabo el foro “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, organizado por la Academia Nacional de Ciencias (ANC) y transmitido a través de su canal de YouTube.

En este espacio, especialistas en salud y política social analizaron el estado actual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y ofrecieron distintas perspectivas sobre su sostenibilidad financiera, la cobertura universal de salud y los desafíos institucionales que enfrenta la seguridad social en Costa Rica.

La primera exposición del foro, titulada “El seguro de salud de la CCSS: la solidaridad, universalidad y equidad en disputa”, presentada por la Dra. Ana Sojo Martínez, abordó la relevancia de estos principios como pilares de la seguridad social en Costa Rica.

Se enfatizó que, a diferencia de los seguros privados, el sistema de salud público redistribuye beneficios de manera intrapersonal y comparte riesgos individualmente, lo cual refuerza su carácter solidario.

La Dra. Sojo también advirtió sobre los intentos de debilitamiento institucional durante la administración Chaves, mediante medidas como el desfinanciamiento, la introducción de copagos y el aumento del gasto de bolsillo en salud. Finalmente, señaló la urgencia de saldar la deuda estatal acumulada con la Caja y de realizar inversiones en infraestructura para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Seguidamente, el Dr. Luis Rosero Bixby presentó la ponencia: “El enorme reto de la demografía a la seguridad social en Costa Rica”, en la cual analizó el impacto del envejecimiento poblacional sobre la sostenibilidad del sistema. Señaló que, aunque la población costarricense se mantendrá alrededor de los cinco millones en las próximas dos décadas, podría comenzar a disminuir entre 2050 y 2075.

Esta transformación demográfica plantea serios desafíos financieros. Ante este panorama, el Dr. Rosero propuso medidas como que las personas pensionadas paguen seguro de salud, establecer un impuesto a las rentas de activos, aplicar un impuesto al valor agregado y aumentar la edad de retiro.

La presentación del Dr. Carlos Zamora Zamora “Las listas de espera en la Caja” abordó uno de los problemas más visibles del sistema de salud costarricense. Se presentaron cifras alarmantes: más de 34,000 personas en espera de una cita con un especialista, 72,300 para una cita diagnóstica y 19,000 para una cirugía.

Al comparar con datos de hace 25 años, se evidenció un aumento considerable en los tiempos de espera. El Dr. Zamora enfatizó que este fenómeno no es una consecuencia inevitable de la cobertura universal, sino el resultado de decisiones administrativas y una gestión ineficiente. Como posibles soluciones, propuso un uso más eficaz de los recursos disponibles y la implementación de una planificación estratégica a largo plazo.

Finalmente, la Dra. María Luisa Ávila Agüero en su exposición: “La Caja Costarricense de Seguro Social: Perspectivas desde la Salud Pública” analizó los retos actuales de la CCSS desde una mirada integral. Señaló la grave escasez de especialistas en áreas clave como oncología, geriatría y psiquiatría, y subrayó la urgencia de fortalecer la formación profesional y ofrecer mayores incentivos docentes.

Además, expuso preocupantes datos sobre el estado de salud de la población: un 34 % de las personas adultas presenta obesidad y un 50 % mantiene un estilo de vida sedentario. La Dra. Ávila también indicó que la pandemia de COVID-19 erosionó la confianza en las instituciones de salud, lo cual hace aún más necesario reforzar el primer nivel de atención Finalmente, enfatizó que mejorar la salud pública requiere intervenir también en los determinantes sociales.

Mediante el siguiente enlace puede acceder a la grabación del foro:

Municipalidad de Montes de Oca iza bandera del arcoíris en celebración del Mes del Orgullo 2025

La Municipalidad de Montes de Oca ha izado nuevamente la bandera arcoíris en conmemoración del Mes del Orgullo LTGBIQ+. Dicha acción es congruente con su “Política cantonal de promoción de derechos de la población LGBTIQ+”, el cual fue aprobado en junio de 2022 y abarca el periodo 2022-2027.

A partir de esta acción simbólica en el Mes del Orgullo LTGBIQ+, las autoridades municipales declararon lo siguiente:

“Hoy, como todos los años, nuestro gobierno local ha izado la bandera del arcoíris en celebración del Mes del Orgullo. Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad, la inclusión y el respeto a todas las personas”.

Costa Rica: Construyendo juntos un futuro solidario y democrático

Carlos Hernández / Cokomal / Redess

Costa Rica enfrenta un momento crucial de su historia, donde la crisis democrática, económica y la violencia generada por el narcotráfico exigen respuestas profundas y estructuradas. Las aspiraciones de los movimientos sociales de equidad, justicia y participación han sido golpeadas por cuatro décadas de predominio neoliberal y creciente desigualdad.

Desde la economía solidaria, no solo es posible replantear el modelo económico actual, sino también generar una articulación social que construya un pacto inclusivo capaz de integrar la diversidad de sectores ciudadanos.

La urgencia de un pacto social en Costa Rica

La economía solidaria, por su propia esencia, reconoce que el desarrollo económico debe estar ligado a la cooperación entre distintos actores sociales. Sin embargo, para que esta visión se traduzca en políticas efectivas y en una transformación real, es fundamental la construcción de un pacto social.

Este pacto no puede ser impuesto desde las élites ni responder únicamente a una agenda política económica. Debe ser el resultado de la convergencia de diversas voces: comunidades organizadas, sindicatos, asociaciones de trabajadores, academia y movimientos sociales que, en conjunto, defienden una patria digna y solidaria.

Un pacto social fortalecería las bases de una democracia real, alejándose de la plutocracia y la corrupción que han desfinanciado los programas públicos esenciales. La educación, la salud, la vivienda y el medio ambiente han sido sacrificados bajo una lógica de acumulación desmedida, mientras que la riqueza se concentra en sectores con capacidad de influencia sobre las decisiones políticas.

Un pacto social permitiría recuperar la soberanía de lo público, garantizando que la economía esté al servicio de la sociedad y no de unos pocos.

Expresión de la diversidad social: hacia una construcción participativa

Uno de los principios fundamentales de la economía solidaria es la diversidad. Un pacto social debe reconocer y dar voz a las distintas realidades que conviven en el país: los pequeños productores rurales, los trabajadores informales, la asociatividad en los territorios rurales y urbanos, los emprendimientos sociales y el movimiento ambientalista.

La articulación de estos actores es clave para generar respuestas desde abajo, desde quienes viven y resisten los efectos de la crisis en su cotidianidad.

La construcción de este pacto debe partir de procesos de participación activa, donde los sectores marginados por el modelo neoliberal recuperen poder de decisión y capacidad de incidencia. No es suficiente diagnosticar los problemas del país: es urgente que las comunidades diseñen alternativas y ejerzan su derecho a transformar la realidad.

Hacia una Democracia Solidaria y Activa

Costa Rica debe decidir si continúa caminando al borde del abismo o si encuentra un camino hacia la construcción de una vía de justicia social, inclusión y soberanía. La economía solidaria no es simplemente una alternativa económica, sino una opción de vida, donde los valores de equidad, justicia y colaboración sean la base de un nuevo modelo social.

El pacto social es la clave para restaurar la confianza ciudadana y recuperar la soberanía popular. No podemos permitir que la plutocracia continúe definiendo el destino del país. La oportunidad de cambiar el rumbo sigue vigente, pero solo será posible si la diversidad social converge en un proyecto común de transformación.

Imagen: https://teodulolopezmelendez

La Secretaría de Género del PIT-CNT de Uruguay presentó su proclama por el paro del 8M: “Seguimos siendo vulneradas por las prácticas patriarcales”

El movimiento sindical convoca a las mujeres trabajadoras a parar este sábado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La Secretaría de Género, Equidad y Diversidad Sexual del PIT-CNT brindó una conferencia de prensa este viernes, a propósito del [paro general de 24 horas convocado para este sábado 8 de marzo por la Mesa Representativa de la central sindical por el Día Internacional de la Mujer](https://ladiaria.com.uy/trabajo/articulo/2025/3/pit-cnt-convoco-a-paro-general-de-24-horas-para-el-8-de-marzo-por-un-pai…

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Marzo o las narrativas de la ira

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

¿Cómo se organiza la ira colectiva y la cancelación? ¿Cómo se prepara un linchamiento virtual? ¿Cómo se desautoriza un movimiento de reivindicación por los derechos de las mujeres?

Acuda usted a hacer un ejercicio tan solo de observación (no participante si quiere) a las redes sociales y sus entuertos en lo que llevamos del mes.

A nadie le importan ya las más de 10 mujeres asesinadas en 2025 en Costa Rica. Nadie parece escandalizarse por esas cifras, que año con año aumentan y no se detienen.

Alguien preguntó, con intención malsana diría yo, ¿por qué no se habla de las muertes de hombres a manos de mujeres?

Porque a pesar de lo grave que resulta un solo asesinato, no es todavía un problema de salud pública como si lo son los femicidios, explicados por siglos de una matriz desigual y aniquiladora que no cede. Esta fue la respuesta que recibió la pregunta malintencionada.

La cultura de la cancelación y ahora el linchamiento, resulta un ejercicio interesante para analizar el fondo sociocultural en una sociedad como la costarricense.

La joven, que fue declarada primero desparecida y luego hallada con un hombre bastante mayor que ella, ha sido colocada en el centro de un debate sin pies ni cabeza, que solo explica la existencia de una base cultural bien arraigada en la psique nacional, en la que conservadurismos, adulto-centrismos y una moral religiosa fuerte, inciden en los juicios de valor emitidos al calor de una tecla o una pantalla.

No hemos aprendido gran cosa en estos temas. Pero si el linchamiento vociferante y la cancelación absoluta.

Eso sí.

El 8 de marzo pasado se reeditó la marcha que año con año despierta los más enconados comentarios: “que no son las formas”, “que las paredes no se rayan” “que el apoyo que las mujeres quieren no se gana de esa manera”.

Comentarios así niegan el significado de esta conmemoración de forma absoluta. Se invisibiliza la razón histórica que justifica el desarrollo de esta actividad. De más está decir que se conmemora, no se celebra, las reivindicaciones en materia de derechos para las mujeres, que a nivel global continúan pendientes. Mucho más en Costa Rica.

Una marcha así no debe ser justificada ni explicada, en un país que desata su ira contra las mujeres que la organizan o contra la joven que por dicha apareció viva y no corrió la suerte de las más de 10 mujeres asesinadas por sus parejas en lo que llevamos de este 2025.

Un país así debería pagarse a ver. Para sanarse. Recuperarse. Ser ese referente de paz y de derechos que siempre ha dicho ser. Cambiar su ira por la comprensión de lo que le falta para llegar a abrigar la equidad como política y bandera.

A eso debería aspirar.

Viviendo la realidad de ser adulto mayor en Costa Rica

Carlos Hernández
COKOMAL / RedESS

En nuestro país, la población está envejeciendo rápidamente. Se estima que para el año 2050, el 20% de los costarricenses serán mayores de 65 años, lo que representa alrededor de 1.02 millones de personas en este grupo etario. Nos enfrentamos a desafíos serios y urgentes para garantizar una vejez digna, inclusiva y sustentada en principios de equidad.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la población adulta mayor en Costa Rica, definida como personas de 65 años o más, ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas. En los cantones como San José, Cartago y Heredia, esta población representa un porcentaje considerable del total de habitantes.

La ENAHO de julio de 2023 revela que un 51.7% de los adultos mayores necesita apoyo para el mantenimiento y adecuación de sus hogares, y que más de 215,000 personas adultas mayores viven sin ningún tipo de pensión, colocándolos en una situación de alta vulnerabilidad económica.

El papel de la economía solidaria en el apoyo a los adultos mayores

La economía solidaria puede ser una herramienta transformadora para enfrentar los retos asociados con el envejecimiento poblacional. A través de la promoción de cooperativas, asociaciones y redes de colaboración, se pueden crear espacios donde los adultos mayores participen activamente en la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios de manera inclusiva.

Estas iniciativas no solo fomentan la sostenibilidad económica, sino también la integración social, al reconocer y valorar los saberes y la experiencia de los adultos mayores. Por ejemplo:

• Promoción de redes de apoyo comunitario: Estas redes pueden facilitar el acceso a alimentos producidos localmente y promover el consumo responsable, garantizando la seguridad alimentaria de los adultos mayores.

• Creación de programas de formación y mentoría: Aprovechando la experiencia de los adultos mayores, estos programas pueden contribuir a la transmisión de conocimientos a generaciones más jóvenes y ofrecerles oportunidades de aprendizaje y empleo.

• Fomento de proyectos intergeneracionales: Iniciativas que conecten a adultos mayores con jóvenes en actividades cooperativas pueden fortalecer el tejido social, promoviendo una cultura de respeto mutuo y aprendizaje compartido.

Reflexionamos

Es fundamental reconocer la invaluable contribución de los adultos mayores en Costa Rica. Las organizaciones sociales y la economía solidaria tienen un rol crucial en la promoción de una vejez digna e inclusiva. Esto no solo implica garantizar el acceso a servicios de salud y apoyo social adecuados, sino también permitir que los adultos mayores participen activamente en la sociedad mediante proyectos comunitarios basados en la solidaridad y la asociatividad.

Al integrar los principios de la economía solidaria en las políticas públicas y las iniciativas comunitarias, no solo se mejora la calidad de vida de esta población, sino que se construye un modelo más equitativo y humano de desarrollo, en beneficio de todas las generaciones.

Imagen: Laura Rodríguez Rodríguez / UCR.