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Etiqueta: Escudo de las Américas

El terror que (sí) fue

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

La noche del 31 de octubre la habitual celebración estadounidense de Halloween estuvo salpicada por un exabrupto más proveniente de la Casa Blanca.

Como si causara algún tipo de humor o chiste, el presidente Donald Trump publicó un video producido por ICE, en el que se apreciaban tomas de arrestos de personas migrantes a manos de sus agentes, entre otras atrocidades.

Al ritmo de Thriller, de Michael Jackson, se aprecian imágenes de la actuación de esa “milicia armada”, como la llama el medio laSexta. Además, incluye imágenes de los centros de detención para migrantes con un irónico mensaje: “¡Feliz Halloween de parte de tus amigos del ICE!»

Esto forma parte sin duda alguna de la implementación de una política del terror y el ensañamiento, que se ha hecho sentir contra personas por su color de piel, origen, nacionalidad y género en Estados Unidos.

Sin embargo, algo pareciera estar cambiando en el escenario, pues lo que precisamente representa las voces contrarias al fascismo y sus prácticas simbólicas como estas del gobierno estadounidense están emergiendo y ganando espacios en distintos ámbitos.

En un claro mensaje de que el imperio del miedo pareciera estar pronto a llegar a su fin, los resultados de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos han mostrado claramente la reconfiguración en aquella sociedad. Entre otras cosas, la guerra con Irán y las duras políticas migratorias han pasado factura y muy cara.

Pareciera ser que el famoso Escudo de las Américas al cual Costa Rica se adhiriera alegre y torpemente comienza a debilitarse. Y que la noche del martes 3 de noviembre el imperio del miedo tuvo ante sí su propia película de terror.

Esperemos que sea el principio de su debacle.

El eclipse del poder: gobernar mediante el miedo y la mentira

Martín Rodríguez Espinoza

Hace unos días, buscaba información sobre Cristóbal Colón, para otra cosa que escribo, y doy con una anécdota de un Colón en su declive que me hizo, inevitablemente, traerlo a nuestro tiempo. Parecería una historia urbana, pero fue real, este suceso está rigurosamente documentado y respaldado por dos frentes: los registros históricos de la época y la astronomía moderna, la cual ha confirmado científicamente la fecha y hora exactas del fenómeno.

Pues bueno, en 1504, Cristóbal Colón utilizó un eclipse lunar para engañar a los indígenas de Jamaica. Conociendo de antemano el fenómeno astronómico, les hizo creer que su Dios castigaría su negativa a seguir alimentando a sus hombres. El miedo hizo el resto. Lo que era un fenómeno natural se convirtió en un instrumento de manipulación y sometimiento.

Han transcurrido más de cinco siglos, pero, como señalé anteriormente, la lección sigue vigente, quien controla el miedo y manipula la información puede conseguir que los pueblos acepten incluso aquello que perjudica sus propios intereses.

Son otros tiempos, es cierto, hoy los “eclipses” no necesitan ocultar la Luna. Se fabrican con discursos, amenazas, mentiras, enemigos imaginarios y campañas de propaganda.

En América Latina, Estados Unidos pretende presentarse nuevamente como el salvador de nuestros pueblos, utilizando el supuesto combate al narcotráfico y su llamado “Escudo de las Américas” para justificar una creciente intervención militar y política que amenaza nuestra soberanía y justifica el saqueo. Nos venden protección mientras buscan imponer sus intereses geopolíticos y económicos.

En Costa Rica, el régimen Chaves-Fernández reproduce, a su manera, esa vieja estrategia. Detrás de Rodrigo Chaves Robles y Laura Fernández Delgado operan intereses políticos y económicos que pretenden concentrar el poder, debilitar las instituciones públicas y presentar cualquier oposición como enemiga del país, ya se denuncian seguimientos, infiltraciones en el ICE, las telecomunicaciones, redes sociales, etc.

Nos quieren hacer creer que para combatir la corrupción debemos renunciar a la democracia, que para tener “seguridad” debemos aceptar el autoritarismo y que para alcanzar el progreso debemos entregar nuestros derechos.

El truco es exactamente el mismo, crear miedo para imponer obediencia.

Pero hay una diferencia fundamental entre aquella Jamaica de 1504 y nuestro tiempo en 2026, hoy tenemos los conocimientos, la información y la experiencia histórica suficientes para reconocer estos engaños.

El problema no es que falte luz, es que algunos pretenden mantener al pueblo en la oscuridad. Y aunque tenemos la información, está disponible para todos, y más que eso, los vemos haciendo sus fechorías, vemos el robo y saqueo descarado, el avance del autoritarismo se profundiza, tomando instituciones que antes eran supuestamente para el control contra la corrupción y el autoritarismo de un Poder Ejecutivo, se convierte, rápidamente, en instrumento de sometimiento, persecución y castigo, no contra delincuentes, al contrario, construido especialmente contra quienes se opongan.

La mejor defensa contra los nuevos manipuladores del poder es un pueblo informado, consciente, organizado y dispuesto a defender sus derechos y su Patria.

Finalmente, expresado de otra forma, más acorde con esta nota, “No hay eclipse que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante”.

Ningún pueblo está condenado a vivir de rodillas, a no ser que lo desee.

30 de octubre de 2026

Más allá de las palabras. Segunda parte: dos mujeres y un camino

Rafael A. Ugalde
Periodista
Miembro del Círculo Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

En esta II parte, dada la ruta “globalista” trazada con prisa en los últimos 46 años, veremos con pruebas irrefutables cómo las posiciones soberanistas, independentistas y solidarias van desapareciendo de la agenda de los trabajadores y sus organizaciones de base.

En la primera parte de “Más allá de las palabras” se revela cómo, llámense “oficialismo” y “oposición”, tienen décadas de presentarse como “protectores” del pueblo, paradójicamente, para prescindir de él en proyectos claves que en octubre elevarán la temperatura en materia comercial, laboral, producción de electricidad y Crucitas.

Verán entonces cómo dichos proyectos de leyes se “ajustan” en las alturas para que más familias participen en los jugosos negocios de producir y vender electricidad usando el ICE o sean los “especialistas” quienes resuelvan los problemas creados en la Caja. Crean el problema, luego viene la “modernización” y el mercado hace el resto.

La supuesta “negligencia” y el águila.

«Yo despedí a don Manuel Tovar con mucho dolor, porque es una persona a quien conozco bien», anunciaba así la presidenta, Laura Fernández, la destitución de su canciller, el pasado 24 de septiembre. Agregó: «Fue mi compañero todo el gobierno pasado, es un profesional muy competente, pero lo que él hizo donde recibió la invitación y él se autodesignó como el representante de Costa Rica en ese encuentro. Eso es algo demasiado serio que yo no puedo pasar por alto».

Las fricciones entre los grupos encargados de posicionar los Tratados de Libre Comercio y con qué naciones comerciamos no son nuevas. Ni serán las últimas. En ocasión del TLC con Estados Unidos vimos cómo estos impusieron su agenda contra viento y marea.

Dos águilas del comercio. Un solo nido. En el nido, un huevo. Ninguna quería fallar al aguilucho mayor. Los demás pensaban que una de ellas era negligente. No importa. Los titanes del comercio son así, creen a pie juntillas que ningún Estado-nación existe sin ellos.

La gente consume. Olvida rápido. Nadie recuerda que ha habido intentos por eliminar la figura de quien ocupe la presidencia de la República y el ministro correspondiente -Poder Ejecutivo- en ciertos actos oficiales, desde aquella idea expresada por un expresidente, en torno a instaurar en Costa Rica la “democracia parlamentaria” como señal de agilidad administrativa.

Cada vez que se ha intentado ‘interpretar’ las llamadas ‘leyes secundarias’ en materia de comercio exterior o tratados internacionales, la jurisprudencia de la PGR ha mantenido que, sea la cancillería, el COMEX o cualquier otra cartera, no puede prescindirse del presidente en ejercicio ni del ministro correspondiente.

Al menos, el modelo presidencialista está garantizado por el abogado del Estado, hasta tanto la idea de la democracia parlamentaria siga dando vueltas – desde la década del setenta y reiterada en 2001. En el 2009 fue reelaborada como forma de resolver problemas de gobernanza.

Según el artículo 146 de la Constitución Política, la validez de las políticas y normativas requiere la firma conjunta del presidente de la República y el ministro del ramo. Según su ley de creación (n.º 7638), el COMEX constituye una cartera funcional del Gobierno, por lo que es constitucionalmente un órgano del Poder Ejecutivo centralizado, precisa la PGR.

De esta manera, cualquier acto oficial en que se prescinda del presidente por parte de cualquier ministro, no existió. Fue absolutamente incompleto. Diplomáticamente equivale a ausencia protocolaria.

El defenestrado canciller Manuel Tovar Rivera reapareció en redes sociales para dejar clara su valía como jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior. Siempre actué con la verdad y me siento libre, dijo parafraseando al evangelista Juan 8, 31-32.

Tanto Tovar Rivera como la gobernante disimularon estos chispazos reconociéndose los aportes de cada uno en cumplimiento de sus cargos. Pero ella no perdonó que la ausentaran de la presencia de Donald Trump, en ocasión de la 81.ª Asamblea General de la ONU.

Su periplo por tierras colombianas tampoco estuvo mal. Según diversos medios colombianos, a nuestra gobernante su colega, Abelardo de la Espriella, mandó a traerla desde Bogotá en un avión acondicionado especialmente para ella.

El jefe de Estado colombiano dio la bienvenida personalmente a su distinguida visitante. En un ambiente hospitalario, característico de Barranquilla, el mandatario recibió a la invitada con entusiasmo, coincidiendo con los días en que la ciudad registra temperaturas entre 25 y 34 grados centígrados.

Tampoco, significa que la presidenta Fernández vaya a perder la visa americana por su ausencia frente al inquilino de la Casa Blanca. Ella ha explicado que no le avisaron sobre tan importante cita. En todo caso, se reunió con De la Espriella, ciertamente no es Trump, pero es ciudadano estadounidense y habla perfectamente inglés.

Ambos dignatarios explicaron a la prensa que habían abordado “importantes” temas relacionados con migración, el combate al narcotráfico, el terrorismo, la democracia y la seguridad regional.

Temática profundizada en San José días después del encuentro entre Fernández y De la Espriella por la embajadora estadounidense en San José, Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en reuniones sostenidas con organizaciones o con altos representantes del Estado costarricense, sean opositores u oficialistas.

Hildebrand es enfática y concisa en cuanto el peligro que significa China, el terrorismo, los carteles de las drogas, la ciberseguridad y el comercio ilegal.

“Reafirmar nuestro compromiso de llevar ante la justicia narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de nuestros pueblos”, dijo la diplomática durante una visita al Poder Judicial, tras delinear las tareas a cumplir, consignó el diario digital El Observador, el pasado 30 de septiembre.

Por su parte, el diario CrHoy, reseñó que el Poder Judicial reafirmó durante la cita con la diplomática estadounidense su compromiso de llevar ante la justicia a narcotraficantes y otros criminales que amenazan la seguridad de ambos países. Las instituciones continuarán colaborando en extradiciones, decomisos de drogas e investigaciones criminales, agrega.

La embajadora estadounidense, Melinda «Mindy» Hildebrand, se hizo cargo de la sede diplomática a partir del 8 de enero de 2026. El 20 de marzo fue testigo de un hito judicial e histórico: la entrega del exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, quien se convirtió en el primer costarricense extraditado, tras la reforma de la Constitución Política por unanimidad en la Asamblea Legislativa.

Está vigente además hasta el 31 de diciembre de este año, el permiso de ingreso, desembarco y permanencia de tropas de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), que indudablemente facilitará el “trabajo conjunto” defendido por la embajadora Hildebrand y el Ejecutivo, encabezado por la mandataria Fernández.

En el período legislativo 2022- 2026, el Plenario dio luz verde para el desembarco de efectivos de la USCG por votación de 38 votos a favor y 5 en contra. Un total de 18 legisladores del Partido Liberación Nacional, 9 del Progreso Social Democrático, 8 de la Unidad Social Cristiana, 6 de Nueva República, 2 del Liberal Progresista y 8 declarados “Independientes”.

Los 5 sufragios “disidentes” estuvieron a cargo del Frente Amplio que entonces contaba con 6 legisladores: uno de ellos estuvo ausente ese día. Representantes de esta fracción alegaron que

la Ley 7929 y los convenios bilaterales con Estados Unidos no autorizaban el estacionamiento de militares y tropas extranjeras en territorio nacional.

El convenio llamado de “Patrullaje Conjunto” inició en 1999 durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez, evolucionando hasta consolidarse hoy como parte de una estrategia regional bajo el nombre de el “Escudo de las Américas», eje aglutinador de todas las naciones de la zona, con excepción de Cuba y Nicaragua.

En este sentido, las coincidencias de la presidenta Fernández y la embajadora Melinda ‘Mindy’ Hildebrand, en cuanto a que el “Escudo de las Américas” es no solo garantía de defensa de la “institucionalidad” costarricense, son un ejemplo de cómo ese consenso trasciende las diferencias que puedan existir en una “democracia viva” – como suele explicárnoslo la moderna ciencia política – entre gobiernos de turno y “opositores”.

¿Dudas?

Sobre las luchas y movilizaciones ciudadanas

Vladimir de la Cruz

En la historia social de Costa Rica es usual conocer las luchas sindicales como parte esencial de ella. Hay luchas y huelgas de trabajadores desde el siglo XIX en Costa Rica. Hay organización social de trabajadores desde el siglo XIX. Hay sindicatos tal y como ahora los conocemos como forma superior de esa lucha de los trabajadores desde 1901. Hay federaciones de trabajadores, que son uniones de sindicatos en una sola organización, desde 1905 y confederaciones de Trabajadores, uniones más amplias, en Costa Rica, desde 1913.

Desde finales del siglo XIX cuando surgieron los partidos políticos hubo partidos políticos que representaban a los trabajadores, se autoproclamaban sus representantes, los de “los chaquetas, descamisados y descalzos”, entre ellos. Hubo diputados electos de estos grupos de trabajadores, que eran principalmente obreros, artesanos y trabajadores en general.

Hubo huelgas a principios del siglo XX que fueron determinantes para los derechos laborales, sociales y de todos los trabajadores, como lo fueron las huelgas que giraron entre 1917 y 1920 alrededor de la lucha por obtener la jornada de 8 horas de trabajo diario, lo que se logró en diciembre de 1920 y hasta hoy, que se quiere alterar por una jornada de 12 horas diarias mediante la ley conocida como la 4-3, porque con esa ley se quiere establecer la jornada semanal de 48 horas comprimida a 4 días por semana, sin pago de horas extras, como dispone la Constitución Política, que se deben pagar. Cínicamente ha dicho el diputado jefe de los diputados del actual gobierno, que esa jornada solo “beneficiará”, o se impondrá a un 1% de los trabajadores, tratando de engañar de que no es una reforma que afecta a todos los trabajadores, que obligatoriamente irán siendo sometidos a esa jornada.

Las huelgas han logrado establecer una serie de derechos y de reconocimientos de beneficios sociales y económicos para los trabajadores. Esos derechos y beneficios así establecidos son resultado de pactos finales de esas huelgas entre los trabajadores y sus sindicatos y los patronos o el Estado cuando los han aceptado e instituido en la práctica laboral. Así, la organización sindical y sus huelgas han sido un instrumento muy importante para impulsar la legislación social del país.

También ha habido luchas ciudadanas muy importantes, como fue la lucha del pueblo costarricense, incluso con episodios de resistencia armada contra la dictadura de Federico Tinoco Granados, 1917-1919. Ha habido períodos de auge huelguístico, como fueron 1907-1909, 1917-1921, 1929-1934.

Desde el siglo XIX ha habido tiempos de intensa lucha social entre sectores políticos del país, que culminaron con nuevas constituciones políticas, suspensiones de la Constitución, con breves gobiernos, invasiones y conflictos armados.

El país en todo ese proceso histórico vivió momentos especiales de grandes acuerdos políticos. Desde 1821 conocemos lo que se llamó El Pacto de Concordia o Pacto Fundamental Interino de Costa Rica, que produjo la primera constitución costarricense. Las Constituciones de 1871 y la de 1949 lograron imponerse como grandes acuerdos políticos por grandes períodos de tiempo. La de 1871 interrumpida entre 1917 y 1919, pero luego volvió a restablecerse. Eso logró estabilidad política importante en el país.

La década de 1940-1949 fue intensa y convulsa en el contexto de la II Guerra Mundial, pero permitió lograr acuerdos como el de 1943, que dio por resultado el Capítulo de las Garantías Sociales de la Constitución Política, en la Constitución vigente de 1871, que luego se incorporó ligeramente ampliado en la Constitución de 1949, y la aprobación del Código de Trabajo, de 1943, que sigue vigente con las reformas que se han hecho. Estas reformas sociales fueron pactadas por el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia, por la Iglesia Católica de Costa Rica, dirigida por monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y por el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde.

Las contradicciones políticas y sociales de esta década condujeron a los sucesos armados de marzo y abril de 1948, guerra civil que se finalizó con el llamado Pacto de Ochomogo, y el Pacto de la Embajada de México, donde se conoció lo pactado en Ochomogo, por el líder político militar antigobiernista, de la guerra civil, José Figueres Ferrer y Manuel Mora Valverde, como jefe político militar, en ese momento defendiendo al gobierno de Teodoro Picado, y las reformas sociales que veía amenazadas. Un acuerdo político, que junto con el de 1943, se convirtieron en las bases de la llamada Segunda República, que así fue fundada el 8 de mayo de 1948, que sigue vigente hasta hoy.

La Segunda República en todos sus fundamentos y logros institucionales está amenazada de muerte por el presidente Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026 y su prolongación como ministro de la Presidencia, desde el mismo Despacho presidencial del gobierno de su continuidad, de Laura Fernández Delgado, 2026-2030.

En el período anterior hubo grandes momentos de movilización ciudadana. Algunos de ellos fueron: en 1969 y 1970 las luchas contra el Contrato Ley con la Aluminum Company of America, contra la ALCOA, a principios de este siglo, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, se dio la gran lucha contra el llamado Combo del ICE, cuando la población del país se movilizó para evitar la privatización de la generación y servicios de electricidad, en el 2007 las grandes movilizaciones populares contra la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Junto a estos movimientos ha habido otros, y muchos, de trabajadores de la educación, de trabajadores y estudiantes universitarios y de otros sectores sociales de la población.

Recientemente, tuvimos dos grandes movimientos y movilizaciones ciudadanas de nuevo tipo, en defensa de la institucionalidad política, en defensa del Poder Judicial, de los ataques despiadados que mantiene el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández contra el Poder Judicial y su integración de magistrados propietarios y suplentes y las movilizaciones, a propósito de la celebración de la fecha del 15 de setiembre, cuando el 14, en distintas comunidades del país se volvió a salir en los pueblos en defensa de la libertad, la independencia y la soberanía nacional.

Estas últimas movilizaciones populares y comunales se han realizado bajo la forma de Plantones por la democracia, respondiendo al peligro que representa el cogobierno de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, contra toda la institucionalidad, contra los derechos y libertades ciudadanas y contra el peligro del establecimiento de un régimen dictatorial, tiránico, despótico y de autoritarismo absoluto, como se percibe el avance del gobierno y sus políticas públicas en ese sentido.

La experiencia de los Plantones por la Democracia ha sido buena, sana políticamente para la ciudadanía movilizada, buena para generar y fortalecer una conciencia en defensa de la democracia costarricense. Esta lucha debe mantenerse. Tenemos a la vista fechas importantes que recordar y atender con estas movilizaciones. Algunas de ellas que dejo planteadas son:

Todo el mes de octubre y noviembre se discute en la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional del 2027.

En este Presupuesto se ha hecho un recorte criminal de fondos públicos al Poder Judicial, a las instituciones que atienden asuntos sociales de la población, al sistema educativo nacional con las eliminaciones de las becas, comedores escolares, subsidios para el transporte estudiantil.

Se ha recortado el presupuesto universitario público, con el claro pensamiento de los presidentes Chaves y Fernández, de reducir áreas de estudio de las universidades públicas, como son los Estudios Generales y Humanísticos.

Se mantiene el congelamiento de 5 años de salario y se proyecta ese congelamiento por los próximos 5 años. Se mantiene el congelamiento de las pensiones con la clara intención de rebajarlas con un impuesto del 5%. Se habla de alargar la edad de pensión de las mujeres y de los hombres. Se han eliminado los subsidios de las pensiones menores de 85.000 colones. No se le quiere devolver el ROP a los pensionados, porque en la práctica ese fondo de los trabajadores lo han saqueado o desviado a otros menesteres privados, cuando les pertenecen a los trabajadores.

Se aumenta el desempleo público por restructuraciones institucionales que se enmarcan en las políticas de despidos forzados y de eliminación poco a poco de esas instituciones, para pasar al sector privado, a un mayor costo para la población la atención de esos servicios.

Se están eliminando servicios públicos como el de la Cruz Roja, institución benemérita nacional, lo que provocará menor atención de ciertas zonas, lugares y poblados, para estimular los servicios privados de esta atención.

El Presupuesto Nacional que se quiere aprobar contiene los recortes de estos señalamientos aquí hechos.

Octubre y noviembre deben convertirse en los meses de grandes movilizaciones de todos estos sectores educativos, de la salud, judicial, de los trabajadores y pensionados, de las familias completas, pidiéndole a los diputados que no produzcan esos recortes presupuestarios, porque sus efectos directos son mayor empobrecimiento de la población, y menor atención de los servicios públicos con un impacto directo a la salud de los costarricenses.

Por lo menos cada semana deberían realizarse movilizaciones de ciudadanos, por sus sectores organizados, a la Asamblea Legislativa, a pedir y a presionar en ese sentido a los diputados.

A la par de estas movilizaciones debería prepararse para el 1 de diciembre una doble movilización.

En un primer sentido para recordar la Primera Constitución de Costa Rica, firmada el 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, o Pacto de Concordia. Recordar con esta fecha el desarrollo constitucional del país, recordar que la historia patria se ha construido con pactos sociales políticos, no con dictaduras ni tiranías. Exaltar la Constitución actual para defender con ella el Estado de Derecho, es decir la independencia absoluta de los Poderes Públicos, y al Estado Social de Derecho, con sus libertades y derechos sociales.

En un segundo sentido para recordar la fecha de la abolición del ejército de Costa Rica, el 1 de diciembre de 1948, y combatir en este sentido la tendencia militarista de los gobiernos Chaves-Fernández que de manera disfrazada avanzan para modificar la estructura policial que tenemos por la de un ejército. En esta dirección caminan cambiando los rangos policiales de la Fuerza Pública por rangos militares de ejércitos, y por insinuar, y casi presagiar Laura Fernández, el establecimiento de una base militar estadounidense, que estaría enmarcada en el Escudo de las Américas que impulsa el presidente Trump, que ya cuenta con el aval de la presidenta Laura Fernández. Una base militar requeriría obligadamente una aprobación legislativa y de la Sala Constitucional.

Hay que luchar desde ahora para que esto no suceda. El 1 de diciembre debe ser el primer campanazo de esta lucha popular, nacional, democrática y profundamente costarricense.

Las movilizaciones ciudadanas están protegidas por la Constitución Política como derechos de los costarricenses.

El Estado enemigo de la sociedad costarricense

Juan Huaylupo1

Los costarricenses vivimos en la actualidad un gobierno enemigo de nuestra cultura política, atenta contra el interés nacional, la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía, a la vez que destruye nuestros derechos constitucionales, la institucionalidad y la política pública gestada social e históricamente. Además, absurdamente desprecia y niega a sus electores y pone en riesgo la seguridad nacional, para conceder ilegítimamente nuestra soberanía al vasallaje y la colonialidad del poder de una potencia extranjera, lo que, en ese caso, podría estimarse que está configurado constitucionalmente como traición a la patria.

El resultado electoral del actual gobierno burló la Constitución de la República que prohíbe la reelección inmediata del presidente anterior. Así, la posesión de los ministerios de la Presidencia y de Hacienda, así como la injerencia en la seguridad nacional, ha convertido al expresidente en un presidente de facto. El mismo que se burla, no solo de las personas, lo hace contra las regulaciones jurídicas y constitucionales de la sociedad, a la que odia, y destruye como un mandato individual ajeno a los costarricenses, quizás rutinario cuando fue funcionario, al servicio del poder imperial norteamericano, en el nefasto Banco Mundial.

Es por ello, que los insultos, blasfemias, chantajes que los gobernantes de turno imputan calificando de “chancletudos”, izquierdistas o comunistas a los estudiantes y trabajadores de las universidades públicas y a todos aquellos que protestan, muestran “de cuerpo entero su pésima calaña”, su personalidad, educación e ignorancia. El desigual enfrentamiento desde el poder, sin seriedad ni originalidad, que descalifica con estereotipos y prejuicios, revela su mediocridad y su obscena ignorancia, pero atacar a los universitarios, quienes con el intelecto han generado reconocimientos nacionales e internacionales en la ciencia, en la salud, la tecnología, así como en la literatura, la escultura, las artes y en su quehacer democrático, sin duda, es una obsesión patológica el pretender inútilmente desprestigiar no solo a las universidades públicas, también lo hace contra el pensamiento, los aportes y logros alcanzados por la sociedad costarricense.

El gobierno está liquidando las conquistas democráticas alcanzadas a través de la historia y lo hace con falsos argumentos fiscalistas y manipulados presupuestos, a la vez que, con endeudamiento externo profundiza los desequilibrios macroeconómicos y compromete el futuro social y nacional. El empobrecimiento se hace absoluto, y así, afecta también a los sectores medios que sufren con los usureros préstamos para paliar transitoriamente el deterioro de su calidad de vida.

La grave problemática social, económica y política creada no es de carácter ideológico, no es de principios, es de saqueo inmoral, colonialista y delincuencial de los recursos naturales estratégicos, contra la soberanía y la democracia, como se aprecia en los recurrentes alineamientos políticos, donde se miente con las granjas de bots para crear falsas corrientes de opinión y persuasión en favor de posiciones e intereses que son contrarios de los ciudadanos e incluso contra la identidad nacional. En esta tendencia, no será extraño que anuncien el establecimiento de bases militares para el control político y el dominio militar, que, por sumisión, ya se espía y persigue a ciudadanos (como se denunció a propósito de la vigilancia gubernamental del 14 de setiembre), quizás como preludio de una represión fascista.

Este gobierno que odia y empobrece a la población nacional con prácticas intencionales que precarizan los servicios públicos básicos a las poblaciones vulnerables e impide la conservación de la calidad de vida de los sectores medios y mayoritarios del país, es incapaz de comprender el honor y dignidad de haber sido designados como gobernantes en un espacio social, pionero de la conformación estatal centroamericana ante la invasión pirata de la colonialidad extranjera, que inauguró las reformas democráticas en nuestra América, sin tener un ejército que distorsionara la política nacional, así como desconoce el honor de haber tenido una educación que nutrió la profesionalización de jóvenes centroamericanos, lo cual mostraba su solidaridad democrática que contrasta con la precariedad política, cognoscitiva y enfermiza prepotencia de un gobierno indigno de nuestra nación.

En la actualidad aumenta la percepción negativa de la ciudadanía ante las crecientes necesidades y demandas sociales insatisfechas, no obstante, se pretende eludir y encubrir su incapacidad agrediendo y afectando la acción institucional, culpando y acusando a sus trabajadores de corruptos y vagos, como un pretexto para obedecer la consigna imperial de destrucción del Estado Social de Derecho, con el apoyo de quienes esperan beneficios de un gobierno, que precisamente está cercenando los derechos en la salud y educación pública, como en los derechos laborales, ambientales …

En el presente es peculiar la similitud discursiva del pragmatismo político de algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el nuestro, con los cuales se coincide -no casualmente- con las afirmaciones y acciones interesadas de las autoridades del imperio, en la espuria organización, cuya denominación se falsifica como Escudo de las Américas, una coalición político-militar, que semeja una simbiosis parasitaria que beneficia y protege al imperio, cuyas consecuencias son imprevisibles en la disputa por la hegemonía mundial.

Según un reciente comunicado del Departamento de Estado norteamericano, los países integrantes de ese escudo han suscrito y aplaudido que el gobierno boliviano, detenga al fiscal por detener e investigar al amigo del imperio, que el gobierno quisiera emular en su conflicto con el poder judicial. La intromisión nacional en asuntos de competencia boliviana atenta a su soberanía, intervenida y supervisada por otros países, lo cual, sin pronunciamiento oficial costarricense, de la presidenta y del ministro del ramo, ha comprometido nuestras relaciones internacionales y actor de una violación al derecho internacional.

Nuestra democracia fue una creación colectiva, modelada históricamente por la cultura e identidad nacional amparada estatalmente. Sin embargo, es irrespetada por quienes deben velar por su resguardo y defensa. La democracia no es propiedad privada, no es individual, no pertenece a los poseedores de riqueza y poder, como tampoco al Estado, ni a quienes asesinan y hacen guerras en su nombre. La democracia es del pueblo que tiene la capacidad y responsabilidad de respetarla, defenderla y restaurarla en la heterogeneidad de las relaciones sociales costarricenses.

11. Catedrático. Docente e investigador Pensionado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Revelan fondos opacos para financiar injerencismo regional

A Juan Rafael Mora y el general José María Cañas en sus 166 años de su crimen. El 30 de setiembre de 1860. Un luto no se celebra.

Rafael A. Ugalde Quirós
Periodista, abogado y notario por la UCR.

El uso de financiamientos opacos expone un evidente injerencismo hemisférico que busca manipular la soberanía y comprar influencia en América Latina.

Revelaciones recientes ponen de manifiesto los mecanismos ocultos detrás de la injerencia en los asuntos internos de nuestros países, desde la Patagonia hasta México, apuntando siempre hacia el mismo norte: la Casa Blanca.

«Acaban de dispararle. Está abatida”. Este mensaje gélido tintineaba en el teléfono de la propia víctima, en manos del argentino Fernando Cerimedo —el asesor estrella de campañas electorales en la región, estratega de algoritmos y redes sociales, e investigado ahora como supuesto autor intelectual del atentado contra su pareja, Nadia Beller, la noche del 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, esto, según versión de la fiscalía boliviana.

La joven abogada y política boliviana, deslumbrada por los discursos libertaristas contra un quinto gobierno de Evo Morales en 2019 abandonó entonces sus sueños dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), sin imaginarse que siete años después estaría recuperándose de tres balazos con que intentaron acabar con su vida, su hijo en gestación y en medio de una polémica cada vez más confusa.

Dentro del debate actual por su intento de femicidio se cruzan manoseos electorales de la derecha latinoamericana del Departamento de Estado norteamericano y promotor del Escudo de las Américas. Se investiga un sin números de pistas clandestinas controladas por la policía.

Las afirmaciones de Beller por sus redes sociales dejan una serie de dudas sobre todos los triunfos de la derecha en Suramérica, así como en Honduras.

Según ella, su expareja, actualmente detenido en el presidio de Palmasola de Santa Cruz de la Sierra, estaba a cargo de granjas de bots y a algoritmos en Buenos Aires y Bolivia para alterar resultados electorales, inducir a votantes hacia posiciones fascistas y consolidar gobiernos conservadores.

A esto, según Beller, así como periodistas de la zona, se deberían las interrupciones durante los conteos de votos cuando los candidatos de la derecha eran desplazados del primer lugar.

Una vez reanudado el conteo, los candidatos alineados con Washington terminaban ganando los comicios, tal como sucedió en Perú, Honduras, Argentina, Brasil y Colombia, de acuerdo con denuncias publicadas por fuerzas políticas.

Un día después de reventar el escándalo con Cerimedo, las actuales autoridades del Perú ordenaron la destrucción de todas las boletas de las votaciones de 2026.

El escenario se vuelve aún más delicado, luego que parlamentarios bolivianos mostraron documentos presuntamente relacionados con blanqueos de dinero proveniente de droga y corrupción en el actual gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz Pereira.

En el centro de esta tensa situación aparece el ciudadano argentino, señalado como el estratega maestro para ganar elecciones en la región gracias a sus granjas de «bots» y la difusión de «fake news» desde e Bolivia y Buenos Aires.

De esta manera, Cerimedo y su expareja sentimental, la joven abogada boliviana Nadia Beller, se han convertido en figuras claves de esta especie de “Boliviagate”.

Sobre Cerimedo pesan ya cargos de presuntos femicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas y lavado de activos, según reportó el periódico español El País de España en un trabajo del periodista, Caio Ruvenal Rodríguez, desde la ciudad de Cochabamba.

Hay noches que lo cambian todo, y la del 17 de agosto de 2026 fue una de ellas. Frente al exclusivo Swiss Hotel, el peligro se camufló de rutina: dos hombres con chalecos naranjas de repartidor salieron de la penumbra. Lo que vino después quedó grabado en la frialdad de las cámaras de seguridad.

En las imágenes, que hoy revisan la policía y los jueces, se ve el peor de los horrores: una mujer embarazada de unas seis semanas cayendo herida, obligada a contener la respiración en un charco de su propia sangre para salvar su vida.

Beller ganó en 2019 una curul por la izquierda boliviana. Sin embargo, nunca llegó a ejercer el cargo debido a, -según denuncias de la izquierda boliviana-, el golpe de Estado promovido en ese entonces por el Departamento de Estado norteamericano y las oficinas centrales de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Evo Morales.

Hoy en día, a través de sus redes sociales y desde la cama de un hospital, Beller niega rotundamente haber simpatizado alguna vez con el Movimiento al Socialismo (MAS). Explica que su posterior acercamiento al gobierno ultraderechista de Paz Pereira se debió estrictamente a razones técnicas y a su perfil como jurista.

Este acercamiento con el ala derecha del gobierno impulsó a la abogada de 36 años a promover una serie de acusaciones contra Morales por, según dijo, presuntos delitos de corrupción y de integridad física de menores de edad. Sin embargo, esa misma cercanía con las élites, tuvo un costo personal que casi la lleva a la tumba.

Fue en ese entorno donde creyó encontrar el amor de su vida, una relación que, según ha relatado en sus redes sociales, terminó siendo una de las peores pesadillas en su existencia.

Este acercamiento con la derecha del gobierno llevó a esta abogada a declarar su guerra contra Morales y a poner en peligro su propia integridad física.

Según ella – consultar a Beller especialmente en Instagram y Facebook – “Morales había trasgredido la ley también en relación con una supuesta trata de personas”. Cargos estos no comprobados por la justicia,

En uno de los múltiples informes en esas redes sociales critica a las Madres de Plaza de Mayo, por considerar que el exgobernante boliviano no merece ese respaldo por la persecución de que es objeto.

A principio del pasado mes de agosto retomó las acusaciones contra Morales y solicitó al gobierno de Paz la aprehensión inmediata del líder indigenista por nuevos cargos atribuidos por ella, terminando su diligencia con la siguiente frase: “el que a hierro mata, a hierro muere”.

El argentino Fernando Cerimedo -primer plano- junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en la Cumbre del Escudo de las Américas en marzo pasado (F. Periódico El día)

Ninguna de las afirmaciones y denuncias contra Morales ha sido comprobadas por la justicia boliviana ni los enemigos políticos del dirigente aborigen.

Por el momento, Morales sigue en libertad y empoderado por sus denuncias contra la derecha boliviana, a raíz de las pruebas surgidas contra Cerimedo.

En declaraciones recientes del expresidente en formatos audiovisuales abordó las gestiones de Beller para su captura y desmintió al gobierno de Rodrigo Paz, en el sentido de que Cerimedo nunca ocupó puesto alguno ni representó el Estado.

El presidente Paz, tras las denuncias de Morales, divulgó un video para romper su silencio sobre el caso de Cerimedo. En ese documento aseguró tajantemente que el consultor argentino «jamás tuvo la autorización» para representar a la Presidencia, al Gobierno ni a su familia. No hay ni hubo, dijo, vínculo laboral con el argentino.

“A principio no iba a ir a esa cita, pero Cerimedo me dijo que fuera porque posiblemente era importante”, estas declaraciones de Beller en cuanto superó la anestesia por una intervención quirúrgica de casi cinco horas para salvar su vida, sirvió para que su expareja fuera apresada en el aeropuerto, a punto de volar hacia su natal Argentina.

Condujo igualmente a la policía a allanar un apartamento rentado por el argentino y a encontrar en él valijas llenas de dólares. Localizó además direcciones exactas de las granjas de bots y contactos importantes dentro y fuera de Bolivia.

Fue durante estos vastos cateos que la policía – incluyó también el apartamento compartido con su expareja – dio a conocer la existencia de una billetera digital de criptomonedas con contactos en Estados Unidos y Latinoamérica, así como las huellas digitales dejadas por las remesas enviadas y de qué negocios provenían dichos fondos.

Por investigaciones encabezadas por parlamentarios de oposición al gobierno de La Paz, es que han trascendido nexos entre las enormes cantidades de dinero que manejaba Cerimedo con redes de extorsionistas, contrabando de gasolina, lavado de dinero y transporte aéreo de sustancias que se investigan hacia varios países de la región. Todo en proceso de investigación.

Según el senador opositor, Leonardo Roca, quien aparece actualmente lidereando el rastreo financiero contra el consultor político argentino, hay múltiples y millonarios movimientos en criptomonedas.

A partir de los peritajes forenses, este legislador mostró en sus redes sociales y entrevistas sostenidas con medios bolivianos, un código de billetera virtual que funcionaba como puente hacia una red de otras diez cuentas.

El rastreo, agregó, arroja los siguientes hallazgos principales: La billetera registra transacciones por más de 44 millones de dólares a lo largo de seis meses.

Otras versiones de la bancada opositora señalan un flujo globalizado que roza los 200 millones de dólares.

En la segunda entrega abordaremos qué rastros oscuros hay en cuentas de Fernando Ceremedo y qué representó para el fascismo y la recolonización emprendida por el Escudo de las Américas.

El ayer y el hoy en la política costarricense

Juan Huaylupo[1]
En el presente se viven momentos relevantes en la política que afecta significativamente nuestro devenir nacional y que ha pasado desapercibido o apreciado como normal en nuestro espacio social, dado que, en el pasado las preferencias electorales no eran motivo de discordia ni de conflictos, como tampoco eran absolutas las diferencias, ni eran motivo de rupturas entre familias, amigos, conocidos o desconocidos, menos aún susceptibles de represión gubernamental. Las discrepancias eras expresiones democráticas de la sociedad, sin pretensión de monopolizar criterios partidarios ni eran objeto de sospecha de algún ardid electoral fraudulento.

Las discusiones políticas entre ciudadanos eran ágoras que se efectuaban informalmente en cualquier espacio y constituían fuentes de opinión de relativo consenso que se manifestaron en sucesivos procesos electorales que modificaban las preferencias del voto y definían los resultados, aun cuando conservando preferencias familiares. Asimismo, no se requerían de las especulativas proyecciones estadísticas, hoy convertidas en negocios privados, con opciones de resultados electorales, para condicionar a indecisos.

Las opiniones ciudadanas se respetaban y constituían instrumentos para otorgar o negarle el voto al partido en el poder. De este modo, perduraba la paz, la confraternidad, el regocijo ciudadano y también de democracia, más allá del acto instrumental de votar. Las evaluaciones y el voto ciudadano se constituían en medios de evaluación social del quehacer del gobierno y del partido político.

En el último proceso electoral el contexto había cambiado, no fue una fiesta cívica ciudadana de entonces, estuvo mediada de innumerables críticas contra la labor gubernamental y particularmente contra su expresidente, que con un estilo grotesco, agresivo e insolente contra todos sus críticos, justificaba su incapacidad y la ineficacia convirtiendo a todos sus críticos en enemigos, así como atacaba a las instituciones estatales para convertirlas en caricaturas disfuncionales de las necesidades y demandas sociales que gestaron la creación y la función institucional pública, para desacreditarlas e intentar liquidarlas.

La actuación gubernamental de exfuncionario del Banco Mundial debilitó la institucionalidad pública desfinanciándolas, controlando su gestión, agudizando las tendencias criticas existentes, que desfiguraron sus funciones, para dar prioridad a prácticas economicistas que afectan a millones de pobres y sectores medios empobrecidos, mientras que sus prácticas personalistas ilegitimas afectaban lo público, lo que pertenece a todos.

Ante el evidente deterioro institucional y de la función pública, la ciudadanía reclama y exige el respeto a sus derechos contra los servicios públicos insuficientes y deficientes, por la indiferencia e inmunidad corrupta e ignorante del poder institucional y estatal, mientras que el cogobierno se desentiende de sus responsabilidades, pretendiendo hacer suyas las demandas ciudadanas, como una falsa y cínica solidaridad, para encubrir su culpabilidad, de este modo, hacen caso omiso de sus obligaciones y son responsables culpables de la agudización de las crisis en la institucionalidad pública para proceder a liquidarlas privatizándolas. En la lógica totalitaria no es extraño lo absurdo, como culpar a los estudiantes de la crisis educativa, acusar a los enfermos de las deficiencias hospitalarias, o responsabilizar a los ciudadanos por el incremento delincuencial.

El gobierno anterior y la actual continuidad política e ideológica liberal han impuesto el odio y el enfrentamiento social, que impide el diálogo y las evaluaciones ciudadanas del quehacer estatal para imponer el silencio. El voto antes libre del sentir gubernamental se convirtió en un voto cautivo y como contradicción entre la autocensura ciudadana por haber contribuido indirectamente al acontecer político y la incapacidad crítica y analítica para solidarizarse con los críticos por los desmanes gubernamentales. Esta pareja gubernamental que se imagina omnipotente ya ha iniciado la pretensión de perennizarse en el poder estatal, común en todos los regímenes totalitarios que ha conocido la humanidad.

La conversión de la ciudadanía en enemigos del poder gubernamental creó el silencio ciudadano, porque con el enemigo no se dialoga ni hay solidaridad, solo se les insulta y desprecia, como lo hacen los mandatarios, o tal vez, simplemente ignorarlos como ocurre con las protestas ciudadanas..

La invitación a la violencia no es una alternativa para Costa Rica, aun cuando el gobierno lo intente y exista un contexto internacional que divide sociedades y aviva los enfrentamientos con creados e inventados enemigos. Ese “caldo de cultivo” del fascismo antagoniza con nuestro pasado y presente, donde los gritos y acciones perversas, de quienes hoy promueven la separación y la violencia, no tienen cabida social en los intersticios de la democracia tica. La democracia no es un asunto de gobernantes ni de tiranos, su creación, reconstrucción y defensa es de todos, de la ciudadanía.

La violencia fascista nunca requirió de la razón, del diálogo ni de la paz, la II GM fue el escenario donde ochenta millones de personas asesinadas, un costo humano inaceptable para mostrar la imposibilidad histórica del sanguinario proyecto contra la vida, el progreso y la humanidad.

El mundo se enrumba hacia otra prueba guerrerista mundial entre potencias y sus secuaces, como lo hace este gobernante que nos ha comprometido aceptando inconsultamente la imposición imperial del Escudo de las Américas. La orientación política e ideológica autoritaria e imperial de los personajes y del gobierno, quizás representan a otros poderes o los propios, pero no de los costarricenses. Las guerras sin fin contemporáneas están liquidando sociedades, civilizaciones y humanidad.

[1] Catedrático. Docente e investigador pensionado. Facultad de Economía. Universidad de Costa Rica.

¿Quién dirige a las policías nacionales?

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Hará unos tres días la prensa publicó unas declaraciones dadas por el director del OIJ durante un allanamiento:

“Tenemos mucho tiempo de trabajar con la DEA, compartir información, hacer operaciones en conjunto. En los últimos meses ha sido mucho más estrecha, de tal forma que hay un grupo de oficiales nuestros que trabaja permanentemente con ellos”. (La Nación).

Por otra parte, también se informaba:

“Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) ya se establecen de forma permanente en Costa Rica como parte de un reforzamiento en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De acuerdo con información de la Embajada de Estados Unidos, el personal incluye agentes, técnicos y funcionarios administrativos que trabajarán desde las instalaciones diplomáticas ubicadas en Pavas, San José”. (Gente Opa).

Esta participación supuestamente se enmarca dentro del tratado llamado Escudo de las Américas, firmado por Costa Rica en Miami.

Lo primero que habría que aclarar es que ese llamado Tratado no ha sido aprobado por ninguna autoridad nacional y por ende no puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico.

En esta condición las actividades de los agentes de la DEA y el FBI están al margen de la Ley, están actuando ilegalmente con la complicidad de las policías del país, en especial de una del Poder Judicial.

Además, habría que discutir si la presencia de esas agencias, supuestamente civiles o policiales, están actuando contra la Constitución y en especial el artículo 12 que se refiere a la abolición del ejército y la existencia de cuerpos policiales nacionales.

Lo dramático del asunto es que la DEA y el FBI y por supuesto la CIA están participando como policías en activo, forman parte en operativos, como lo dice el director del OIJ, y los oficiales del OIJ trabajan permanentemente con ellos, lo cual indica que son los oficiales de la DEA los que dirigen los operativos y participan activamente en ellos.

La otra gran discusión que surge a raíz de esta participación es hasta dónde llega la soberanía nacional, si estamos siendo cómplices de una ocupación pasiva de nuestras policías por parte de una fuerza que es dirigida desde la Embajada de Estados Unidos, tal y como se consigna también por parte de los mismos diplomáticos estadounidenses.

Es evidente que las fuerzas del narcotráfico son enormemente poderosas y son una multinacional que opera desde paraísos como Dubái y centros bancarios ubicados en Estado Unidos y que en consecuencia es necesaria la coordinación entre las fuerzas de varios países para enfrentarlo. La colaboración con Estados Unidos para combatir el narcotráfico es necesaria y conveniente. El problema es hasta dónde debe llegar esa cooperación; la posibilidad que está en desarrollo en el país es la de entregar las policías preventivas y represivas a las agencias extranjeras, lo cual violenta la soberanía nacional, o realizar una labor de coordinación, cooperación e intercambio de inteligencia, pero sin que esas policías estén subordinadas a la DEA o al FBI.

El otro aspecto es el político. Es evidente que el narcotráfico se ha convertido en la perfecta excusa de EEUU para intervenir abierta y directamente en los asuntos internos de los países, incluyendo en sus procesos electorales. Es totalmente paradójico que mientras el gobierno de EEUU no realiza un trabajo eficiente en su propio territorio, desarmando, deteniendo y desmantelando los carteles gringos, no persigue el lavado de dinero y no educa a su población en el no uso de las drogas, obligue y participe directamente en el combate al narco en los países de América Latina. Debería pregonar con el ejemplo; antes de dar consejos a otros, debería aplicarlos en su país.

Estoy seguro de que muchos fanáticos chavistas están felices con que Costa Rica se convierta en una colonia y que ella toda sea una base militar y creer que el problema del narco se combate con más policías y cárcel, más intervención extranjera, aunque por otro lado condenemos a los jóvenes a la deserción escolar, la falta de comida en los comedores y el abandono constante de las necesidades de los jóvenes y madres costarricenses.

Pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que la pérdida de nuestra soberanía, con el pretexto de la lucha contra el narco, solo agregará un problema más en el futuro.

Por el momento tengamos claro que nuestras policías están condicionadas y probablemente hasta dirigidas por la DEA y el FBI desde la Embajada en Pavas.

Ópera cotidiana: los cipayos y la genuflexión servil de sus rodillas

Tres propuestas

Por: Trino Barrantes Araya

Correo.e: camilosantamaria775@gmail.com

Primera Parte

Operación Cóndor 2.0 y la genuflexión de los cipayos

El adjetivo de cipayo resulta limitado para describir la posición de serviles, que dócilmente asumen los doce presidentes que suscriben ese instrumento, eufemísticamente llamado “Escudo de las Américas”. Así, de un vulgar plumazo, renuncian a la memoria histórica y, lo que es peor, a la soberanía del país. Pisotean a las emblemáticas figuras de Juanito Mora, del General Cañas, de Juan Santamaría y de Pancha Carrasco Jiménez.

A veces, en esas poses de genuflexión servil y sometimiento, doblan tanto su cerviz, para que el amo del norte les de su espaldarazo, que quedan en posiciones obscenas, para que el sable del imperialismo los penetre hasta donde más.

Pero su placer de lacayos es tan complaciente que, aun sabiendo la permanencia, dentro de ellos, del esclavista mayor del Norte y el servil sionista de Argentina, ellas y ellos respiran la fetidez de los últimos zarpazos del imperio yanqui y, complacientemente, ríen como estúpidas marionetas.

Su grado de alienación y alineación es tan pueril, que ninguno es capaz de defender nuestro idioma, sabiéndose el mismo como una de las lenguas universales más importantes, tanto por su riqueza cultural, por su valor identitario y como vehículo de comunicación universal y constructo de la resistencia histórica.

Así las cosas, ese remedo de un TIAR diarreico, cuya cabeza es un gobernante incapaz de reconocer la coyuntura actual y que pierde el horizonte de lo que debe ser hoy el nuevo orden mundial, miente, una vez más, con la complicidad de esos “doce mandatarios”, que no son capaces ni de manejar su propia voluntad política, mucho menos la responsabilidad histórica que les corresponde, en tanto garantes del poder ejecutivo de sus diferentes naciones.

Pero serán los respectivos pueblos, de cada uno de dichos países, que, desde la democracia de la calle, desde las comunas del poder popular y la organización de la resistencia, se verán obligados a enderezar nuestra memoria histórica por los cauces que corresponde al momento actual y que prístinamente fue dibujada por Bolívar, Morazán, Juanito Mora y Martí.

No existe un objetivo que demuestre la validez de que el “Escudo de las Américas” (Shield of de Americas Doral 2026), tenga como principio fundamental la lucha contra el narcotráfico.

¿Coalición antidrogas? La mentira ni siquiera es piadosa. Esta coalición es una alianza militar. No derivan políticas claras para erradicar el narcotráfico. El tráfico de cocaína y otras drogas, tiene dentro de esta nueva coalición a Daniel Nova y a Nasry “Tito” Asfura.

El primero denunciado porque desde sus empresas bananeras, se desplazan grandes cantidades de droga para Europa. “Tito”, como cariñosamente le dice Donald Trump, es el socio y testaferro del presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández.

¡Entonces qué!, como decían nuestras abuelas, el diez con hueco, solo ellos pueden creérselo. Mientras que el pedófilo les obliga a inclinar sus débiles y sumisas rodillas.

En el caso del presidente Rodrigo Chaves y la actual presidenta electa, que va invitada para servir como testigo de excepción, ambos violan principios esenciales de nuestro marco jurídico.

Su sola presencia, en ese adefesio llamado “Escudo de las Américas”, contraviene el Artículo 12 de nuestra Carta Magna. Pero a la vez contravienen y se irrespetan cuatro documentos base que nuestros gobiernos han ratificado y sustentado.

En primer lugar, invocamos al Tratado de Tlatelolco (Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, 14 de febrero de 1967), en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad (Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y no Armada, sancionada por Luis Alberto Monge Álvarez en 1983. Se fundamenta en el Artículo 139, inciso 2º de nuestra Constitución Política); en tercera instancia el Tratado sobre Comercio de Armas (TCA), suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014, que declara a América Latina como Zona de Paz.

Segunda Parte

¡Bases militares no!

“La paz, la democracia y la no violencia”, SÍ.

Denunciamos las dos propuestas de aventura suicida y militarista que devienen de las últimas posiciones del actual presidente y de la mandataria electa.

Solo el hecho de mencionar la instalación de bases militares extranjeras en Costa Rica, tal y como recientemente lo manifestó y propuso un asesor presidencial, es poner a nuestro país en el ojo del huracán; pero además, de una gran irresponsabilidad, esa actitud representa una amenaza directa a los pilares fundamentales de la democracia costarricense, de su memoria histórica y de su identidad nacional.

Históricamente, cuando esta ocurrencia suicida se ha manifestado en algún aventurero y guerrerista nacional, el pueblo de Costa Rica, ha sido contundente en rechazar ese exabrupto, pues la sola idea choca frontalmente con principios históricos, constitucionales, de libertad, autodeterminación y de soberanía que ha tenido el país, como pilares básico de su Estado Social y de su Estado de Derecho.

Si lo vemos desde el punto de vista de los Derechos Humanos, los argumentos en contra de esa esquizoide idea, sus argumentos se tiran al suelo. Pero si buscan un argumento de tipo legal; la propuesta resulta aún más desproporcionada, pues atenta violentamente contra el Artículo 12 de la Constitución Política.

Cuando un gobierno pierde su capacidad de asombro y se divorcia de la idiosincrasia del soberano, nos damos cuenta de lo poco que le interesa la institucionalidad del país. Pero también dibuja abiertamente el desconocimiento que, una propuesta de esta envergadura, requeriría de una sustancial reforma constitucional.

Si tratáramos, como pueblo organizado, de argumentar nuestra posición del por qué estamos en contra de una base militar, nos sobrarían argumentos:

Los principales argumentos en contra, los resumimos de la siguiente forma:

  • En primer lugar el establecimiento de una base militar, es dejar invalidado el principio constitucional que sanciona, para tales efectos el Artículo 12 de nuestra Carta Magna.

  • Significaría que quedamos expuestos a la voluntad de ejércitos extranjeros y consecuentemente a una sostenida pérdida de nuestra soberanía. Se violaría, asimismo los principios de de autodeterminación e integridad territorial

  • Implicaría, dar paso abierto a la Guerra de Baja Intensidad, con la pérdida absoluta del control del territorio nacional

  • Entregar la seguridad nacional a una potencia extranjera, es simplemente renunciar al ser costarricense, a la idiosincrasia del soberano.

  • Tal y como ha sido señalado en sendos artículos anteriores, esta medida contraviene acuerdos nacionales e internacionales que el país ha suscrito.

Creemos, como patriotas y costarricenses, que no solamente es la Constitución Política la que nos blinda contra las bases militares, sino la misma historia de nuestro suelo patrio, que como semilla de maíz, todas y todos juntos hemos sembrado en nuestro imaginario colectivo.

Digamos NO, a las bases militares, no a las embarcaciones militares que asesinan en juicios sumarios a nuestros pescadores, fuera tropas extranjeras que vienen a violar nuestra soberanía nacional. Hay principios esenciales y Derechos Humanos fundamentales que son innegociables.

Volvemos a criticar profundamente la incursión de nuestro país al “Escudo de las Américas”, en tanto que esto no es una alianza contra el narcotráficos sino una alianza militar. Además, históricamente las bases han demostrado su ineficiencia para controlar el narcotráfico, contrario sensus, han sido parte de la sostenibilidad con algunos cárteles. En Colombia, el gobierno de Uribe y Santos, en Honduras, la base militar de Palmerola, se convirtió en el más grande corredor de cocaína de Centroamérica y sostuvo al narcotraficante de Juan Orlando Hernández. En Panamá, Noriega fue un aliado de la DEA y el canal se manchó de polvo blanco. Hoy en Ecuador, la empresa bananera de Daniel Novoa, adosa las cajas de banano con montañas de polvo blanco. Así, pues, las bases militares no son ninguna garantía contra los carteles del narcotráfico.

Cantemos ufanos y recuperemos nuestra identidad: “La paz, la democracia y la no violencia”, resultan ser consignas más auténticas que la miserable idea de las bases militares.

Tercera Parte

El Escudo de las Américas y la nueva aventura presidencial en la guerra de baja intensidad

Las y los diputados, el movimiento social, los sindicatos y los partidos políticos no podemos guardan silencio ante el juicio sumario y asesinato de pescadores costarricense bajo los argumentos del necrófilo y pedófilo jefe actual de la Casa Blanca. ¡Señor presidente!, ya lo decía nuestro gigante de la Patria Grande: “Hay silencios que se guardan, parecidos a la estupidez”.

Frente a la participación del actual gobernante de la República Rodrigo Chaves Robles y la mandataria electa Laura Fernández Delgado, en la reunión convocada por Donald Trump, hacemos un llamado a la opinión nacional e internacional, de las verdaderas preocupaciones e implicaciones que ésta acción conlleva, contra el Estado Social, el Estado de Derecho y la Democracia.

Desde la mayor parte de los actores sociales honestos y patriotas, pensamos que es más responsable y respetuoso para nuestra democracia, seguir construyendo y hablando sobre la urgencia de unificar consignas en torno al pueblo costarricense a favor de: “La paz, la democracia y la no violencia.

Lo dijimos en un anterior artículo dirigido al primer magistrado de la República, en el cual, de manera sucinta llamábamos la atención en lo siguiente.

En primer lugar, invocamos el valor esencial del Artículo 12 de nuestra Constitución Política. Asimismo, en segundo lugar, apelamos a la Proclama de Neutralidad sancionada en el gobierno de Luis Alberto Monge, en tercera instancia hicimos referencia al valor histórico del Tratado de Tlatelolco, en un cuarto lugar al valor del uso del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA) (https://g.co/gemini/share/1faebf1eabce ) , suscrito por Óscar Arias Sánchez y, finalmente, el acuerdo del Foro de Sao Paulo del 2014.

Cada uno de estos instrumentos fortalece el derecho internacional y está en contraposición de la Guerra de Baja Intensidad que esconde el Escudo de las Américas que, por más sanamente que se le mire, no es una alianza para combatir el narcotráfico, sino por el contrario, crear un escudo militar para fortalecer la aventura pirata y de ladrón posmoderno del amo del norte.

Permítasenos tener aquí como ejemplo la amenaza militar e injerencista y los interés espurios de los EE:UU en Venezuela y el mar Caribe desde el momento en que Hugo Rafael Chávez Frías asumió el poder en la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, con Nicolás Maduro Moros, elegido democráticamente por el pueblo de Bolívar el despliegue inusitado de las fuerza militar del imperialismo yanqui, se vuelve algo obsceno contra la soberanía de los Estados de América Latina. Estos actos, concluyen con una operación militar, cuyo resultado fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Pero la aventura desmedida de esta nueva fase de la Doctrina DONROE, es inusitada. Sus pretensiones por dominar México, anexarse Groenlandia, intervenir Cuba y usurpar la soberanía del Canal de Panamá, son más que evidentes.

La responsabilidad de los socios menores que suscriben este adefesio de derecho internacional, los hace desde ahora responsables de violar la soberanía e independencia de cada una de sus repúblicas.

Es ya un lugar común, que el mayor cartel de la droga está en manos de la DEA y que el mayor consumo de drogas, tiene como epicentro la sociedad norteamericana. Dichosamente, medio de la creciente tensión, la solidaridad se ha hecho una consigna universal a favor de esta hermana República.

Pero, el pueblo soberano, nuestro pueblo costarricense, en una sola voz, ha jurado fidelidad a la Patria, la Nación y el Estado y ha tenido como consigna básica: “La paz, la democracia y la no violencia.

El Escudo de la Vergüenza: Costa Rica a los pies del Trumpismo

Por: JoseSo (José Solano-Saborío)

La historia de Costa Rica, esa que se construyó sobre los cimientos de la paz, la neutralidad y el respeto sagrado a la dignidad humana, está siendo subastada en el mercado de la geopolítica más rancia. Lo que hoy presenciamos no es “diplomacia pragmática”; es una capitulación absoluta. Rodrigo Chaves y su heredera política, Laura Fernández, han decidido canjear la soberanía nacional por una palmadita en la espalda de la Casa Blanca de Trump, sometiendo al país a un neo-colonialismo fascista que se disfraza de seguridad.

El “Escudo” que oculta la entrega

Bajo el rimbombante y opaco nombre de “Escudo de las Américas”, el oficialismo ha sellado un pacto de sumisión que se niegan a transparentar del todo. Este acuerdo, lejos de ser una herramienta eficaz contra el narcotráfico, funciona como una correa de transmisión para las políticas represivas de Washington.

No es solo el despliegue de una retórica militarista ajena a nuestra idiosincrasia; es la aceptación de Costa Rica como el “patio de atrás” donde el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) puede descargar sus crisis humanas. La reciente noticia de que el país aceptará deportados de terceros países —seres humanos tratados como mercancía descartable— es la prueba fehaciente de que la “Suiza Centroamericana” ha pasado a ser una sucursal del sistema penitenciario federal estadounidense.

Randall Gamboa: El rostro de la traición

Mientras Chaves y Fernández sonríen en cumbres en Florida, la realidad se escribe con sangre y dolor. La memoria de los héroes nacionales, de Juanito Mora y Juan Santamaría, es insultada cada vez que este gobierno guarda un silencio cómplice ante los atropellos de sus aliados.

Pero el insulto más grave es a los vivos y a los deudos de Randall Gamboa Esquivel. Randall, un costarricense de 52 años que salió del país con salud y sueños, fue capturado arbitrariamente por el ICE.

Tras meses de detención en condiciones que solo pueden calificarse de inhumanas, fue devuelto a suelo tico el 3 de septiembre de 2025 en un avión ambulancia, en estado crítico y sin explicaciones. Su fallecimiento el 26 de octubre es un recordatorio brutal de lo que significa ser un “aliado” de una potencia que no distingue entre aliados y vasallos.

¿Dónde estuvo la cancillería? ¿Dónde estuvo la “mano dura” del Ejecutivo para exigir justicia por un compatriota torturado por el sistema migratorio al que hoy le rinden pleitesía?

Una quimera llamada rectificación

La presidente electa, Laura Fernández, ha dejado claro en sus intervenciones de febrero que su hoja de ruta es la continuidad del autoritarismo y la genuflexión. Su promesa de profundizar la “mano dura” y su alineamiento incondicional con las políticas de Washington sugieren que la dignidad nacional seguirá en ‘el cuarto de San Alejo’ como dicen en Colombia.

Esperar que Fernández rectifique esta errática y vergonzosa política exterior parece, hoy más que nunca, una quimera. Sin embargo, la historia no olvida a quienes, por un destello de poder efímero, entregan el honor de una República que una vez fue ejemplo de paz para el mundo.

Chaves pasa de ser un Jaguar —matón de barrio bajo— qué insulta a diputados, magistrados y periodistas, a un simple gatito sumiso ante las imposiciones del convicto presidente naranja de la decadente potencia. Su lacayismo es tan grande como su desdén por nuestra historia democrática.

¡La soberanía no se negocia!