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Etiqueta: estado de derecho

¿Ha caducado el Estado de Derecho?

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Ha trascendido en medios de comunicación muy serios que, al finalizar una reunión de emergencia entre jerarcas de supremos poderes, el presidente de la República ha moderado su lenguaje contra los jueces y afirma que la culpa la tienen las leyes, y hay que cambiarlas. Por su parte, parece que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, coincide con esta apreciación y añade que las leyes que nos rigen fueron hechas hace mucho tiempo y para una Costa Rica muy diferente.

Lo que diga don Rodrigo Chaves, desde una perspectiva jurídica, realmente me tiene sin cuidado. Ha demostrado en múltiples ocasiones y diferentes temas una capacidad de improvisación e irresponsabilidad que no hay manera de contrastar.

Mucho más preocupante son las manifestaciones de don Orlando Aguirre. Por su condición de jurista, su autoridad y su larga experiencia. La verdad, no me esperaba sus apreciaciones.

Para decirlo con brevedad: se es, o no se es, un Estado de Derecho. Se defienden o no se defienden los principios en que se fundamenta. Cuando oímos decir que las leyes hay que cambiarlas para adaptarnos a una nueva realidad, ¿en qué estamos pensando realmente? ¿Qué aspectos, de un Estado de Derecho, han devenido obsoletos?

¿Vamos a permitir la detención de personas sin indicio comprobado de haber cometido delito? ¿Vamos a tenerlas en manos de la policía, el tiempo que sea, sin ponerlas a la orden de un juez? Estando detenidas, ¿les vamos a negar informarlas de la razón de su detención y las pruebas que hay en su contra? En esta “nueva” Costa Rica, vamos a autorizar allanar domicilios sin orden judicial? ¿Vamos a intervenir las comunicaciones privadas sin límite alguno? ¿Terminaremos con esa “tontería” de los recursos de hábeas corpus, amparo o acciones de inconstitucionalidad? ¿Vamos a condenar penalmente a un ser humano sin permitirle defenderse? En definitiva, ¿qué tenemos que echar al basurero? ¿La Constitución misma? ¿La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Han devenido obsoletos los instrumentos esenciales de la convivencia civilizada y democrática? ¿Podemos, acaso, prescindir de uno sólo de los principios o normas esenciales que estos documentos exigen?

¿Cómo es posible, que a estas alturas del siglo XXI, ignoremos que prácticamente TODAS las leyes de importancia, en cuanto a derechos fundamentales, en Costa Rica, han sido sometidas a un examen de constitucionalidad? Durante décadas se han hecho ingentes esfuerzos para que las acciones y decisiones de las autoridades públicas tengan un mínimo de concordancia con el Derecho de la Constitución y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Si ha habido temas donde la Sala nos ha quedado debiendo, eso no descalifica los muchos otros en que ha cumplido a cabalidad con su papel de tutela efectiva en temas relevantes.

En definitiva, ante una crisis de seguridad, ¿vamos a botar la criatura con el agua sucia de la tina? Si les damos un vistazo a las propuestas que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa y ésta ha recibido con un entusiasta “pronto despacho”, ¿de veras creemos que extraditando nacionales, maximizando la prisión preventiva, ninguneando el criterio de los jueces, ampliando las intervenciones en las comunicaciones de las personas, y creando el concepto de “persona peligrosa” o “menor de edad peligroso” vamos a superar esta crisis de inseguridad?

Sólo espero que nuestra Asamblea Legislativa reflexione a fondo sobre las medidas que se están proponiendo y, sobre todo, tengan alguna idea de cuáles van a ser las consecuencias ineludibles de tomar decisiones sin darles el pensamiento necesario. Doña Prisa y Don Miedo son los peores asesores parlamentarios que conozco. Sólo espero que alguien llame a reparar en las causas profundas de la debacle que estamos viviendo y se acuerde de que existe algo llamado “prevención”, clave para superar los muros de la mera “represión” en la que estamos entrampados.

Una nueva era política: de presidentes autoritarios (I)

Oscar Madrigal

En estas primeras dos décadas del siglo XXI la política ha estado caracterizada por la formación de líderes, presidentes o dirigentes autoritarios, o sea de hombres fuertes. (Por cierto, todos hombres).

Desde el año 2000 empezaron a surgir dirigentes o presidentes que políticamente no son considerados como dictadores o tiranos, sino que ocupan la dirección del Gobierno asumiendo posiciones autoritarias, es decir, ejerciendo el poder casi sin limitaciones y, consecuentemente, derribando oposiciones institucionales, tanto legales como físicas.

Así desde el inicio del siglo encontramos los gobiernos de Putin en Rusia, en China desde 2012 con Xi, en Europa en Hungría, Polonia, Checa, Turquía, en Asia en Filipinas antes con Dutarte y ahora con el hijo del dictador Marcos, en la India con Modi, Japón con Abe, en África en Etiopía, en Oriente Medio el nuevo reinado de Arabia Saudí o la presidencia de Netanyahu en Israel, en América Latina con Bolsonaro, en Centroamérica con Bukele, proceso este que tuvo su cenit con Donald Trump en USA. Las principales potencias mundiales están gobernadas por presidentes autoritarios, tales como Rusia, China, India, Japón, mientras en EE. UU. la influencia de Trump y el Partido Republicano son determinantes en la política estadounidense.

Parece ser la característica del mundo actual. Es una era donde el autoritarismo gubernamental es el elemento dominante.

Costa Rica no escapa a esta realidad.

Las características principales, aunque no únicas, de estos líderes son: (las resumo del libro “La era de los líderes autoritarios” de Gideon Rachman).

Muestran desprecio por las normas democráticas y están dispuestos a erosionarlas. Desprecio por el liberalismo y la adopción de nuevos métodos de gobierno.

“Hay cuatro características comunes al estilo del hombre fuerte: la creación de un culto a la personalidad; el desprecio por el Estado de derecho; la afirmación de que representan al pueblo real contra las elites (también conocida como populismo); y una política impulsada por el miedo y el nacionalismo”, se lee en el libro citado.

Ellos piden que se les considere indispensables, que solo ellos pueden resolver y salvar al país. Además, consideran que las instituciones y la ley se interponen en su camino para resolver los problemas y en este sentido la independencia del poder judicial ha sido su primer objetivo. Pero también se muestran incómodos e impacientes con cualquier institución que quiera mostrarse independiente. Los medios de comunicación son un blanco habitual de ataque.

Los líderes fuertes desprecian la institucionalidad, pero “aman al pueblo”; su estilo de argumentación política es el llamado “simplismo”, sea que existen soluciones sencillas para problemas complejos pero que se ven frustradas por fuerzas perversas.

Las bases políticas de estos líderes son en casi todos los casos las zonas fuera de las grandes ciudades.

Ariel Goldstein investigador argentino señala: “Esto se ha producido porque en el marco de la crisis del régimen democrático, de los partidos políticos tradicionales y de las elites gobernantes, las propuestas de derecha radical anti statu quo se vuelven atractivas como estrategia capaz de lograr desempeños electorales exitosos. Hay una demanda anti statu quo del electorado…”.

Está claro que el presidente Rodrigo Chaves se enmarca o quiere enmarcarse en esta nueva era. Más adelante volveremos en concreto sobre su gobierno. Por ahora solo queremos dejar esbozadas algunas características de esta nueva era política.

La conciencia lúcida de la patria entre la penumbra y la incertidumbre

“Dónde empieza la niebla que te esconde? (Benedetti)

Manuel Hernández

La Ley Frankenstein de Empleo Público (LFEP),remendada y reconfigurada en los astilleros de la Sala Constitucional, estipuló que las relaciones de empleo de aquellas personas servidoras públicas, que desempeñan funciones administrativas, profesionales o técnicas, que sean exclusivas y excluyentes para el cumplimiento de las competencias constitucionales asignadas al Poder Legislativo, Poder Judicial, TSE y entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa, según la determinación que realice la respectiva institución, no están sujetas a la gobernanza y rectoría de MIDEPLAN (art. 6 y siguientes).

La gobernanza y rectoría de la gestión de la relación de empleo público, constituye el núcleo duro de dicha ley, la cual le pone en bandeja de plata al Poder Ejecutivo, la intervención política y control de la gestión del empleo y salarios de las instituciones reguladas por la ley.

No obstante, únicamente aquellos poderes y entidades quedaron excluidos del ámbito de la rectoría política del emergente Leviatán, a pesar de que no fueron excluidas de la cobertura de la ley.

Amparándose en esa clausula de “salvaguarda” de ley, la Corte Suprema de Justicia definió, a finales de 2022, que todas y todos los funcionarios judiciales desempeñan funciones exclusivas y excluyentes, en orden al cumplimiento del cometido constitucional asignado al Poder Judicial.

Sin duda, una posición constitucional y políticamente correcta, que pone a buen resguardo la independencia del Poder Judicial y la división de poderes, consagrada en el artículo 9, 154 y 156 de la Constitución Política.

Por otra parte, los gobiernos locales no se quedaron rezagados, y en un aluvión de acuerdos de sus órganos jerárquicos supremos, también declararon que todas las personas funcionarias municipales realizan funciones exclusivas y excluyentes, sin las cuales no podrían cumplir su cometido constitucional.

Otra definición política y constitucionalmente correcta, fundamentada en el artículo 169 y 170 de la Constitución, cuya determinación fragua un poderoso dique contra la intromisión política del Ejecutivo.

Pero, hasta ahora, se echan de menos las determinaciones que le corresponde tomar al Poder Legislativo, TSE, Caja Costarricense de Seguro Social y las universidades públicas.

No deja de extrañar que a estas alturas, ya casi al cierre de la cuenta regresiva para que entre a regir aquella ley, los órganos supremos de las universidades aun no hayan tomado los acuerdos pertinentes.

No deja de sorprender por dos razones principales.

En primer lugar, porque las universidades se consideran la conciencia lúcida de la patria. Esta conciencia crítica implica un compromiso con el pueblo, con el sistema democrático, la soberanía nacional, el desarrollo económico, social y cultural del país, contra cuyos valores y principios del Estado Social y Democrático se vuelve la Ley de Empleo Público.

En segundo lugar, porque las universidades tienen un nivel de autonomía plena, no sólo de gobierno, sino también organizativa, de conformidad con el artículo 78, 84 y 85 de la Constitución Política.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado los alcances de esta autonomía, la cual estableció, desde muy temprano, que comprende el “poder reglamentario (autónomo y de ejecución); pueden autoestructurarse, repartir sus competencias dentro del ámbito interno del ente, desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que prestan y decidir libremente sobre su personal (Voto de Sala Constitucional No.495-92, N° 1313-93, que destacan entre los primeros votos que abordaron este tema).

La autonomía de las universidades fue enérgicamente defendida por los más preclaros constituyentes.

En una brillante intervención, el diputado Baudrit Solera, manifestó: “Ya lo dije, sino estuviéramos viviendo el régimen actual, la Universidad habría desaparecido, o bien se hubiera convertido en una dócil dependencia del Poder Ejecutivo.”

Estas premonitorias palabras del exrector de la Universidad de Costa Rica, no podrían tener más resonancia contemporánea y vigencia, que hoy día, en que se pretende degradar a las universidades públicas en simples y sumisos despachos administrativos de MIDEPLAN.

Por estas significativas razones, a punto del banderazo de salida de la Ley Frankenstein, aunque nada esté preparado, la falta de definición de las universidades, no solo sorprende, sino que, además, preocupa, porque se mantiene a los y las trabajadoras universitarias, en total incertidumbre, a contrapelo del principio de seguridad jurídica, un principio elemental del Estado de Derecho.

Entonces, en este escenario tan incierto y prudencialmente reservado, cualquiera se pregunta: ¿cuáles serán las cábalas que están haciendo los ilustres académicos, a quienes les compete resolver esta histórica y relevante cuestión?

¿Cuál oráculo, en los campus universitarios, están invocando para tomar la decisión correcta?

¿Será que a los académicos no los deja dormir tranquilos la crispación del Presidente de la República, quien públicamente manifestó su inconformidad con los acuerdos adoptados por el Poder Judicial y las Municipalidades?

Los consistorios universitarios no pueden seguir esperando que se aclaren los nublados del día.

Ya no pueden, ni deben, continuar amurallados en el claustro, dándole más largas a la determinación que está urgiendo la comunidad universitaria, y más allá, que exige la sociedad costarricense, porque las universidades públicas son del pueblo.

Los rectores y los consejos universitarios no pueden defraudar a Rodrigo Facio Brenes, Baudrit Solera, que, con tanta lucidez y consecuencia, defendieron un principio de nuestro ordenamiento democrático, que ahora está en el ojo de la tormenta: la autonomía universitaria.

Las universidades públicas, mucho menos, podrían dejar de tomar la determinación histórica, política y constitucionalmente correcta, aunque la hayan postergado.

Lucem aspicio.

SEC y CONADECO demandan respeto al Estado de Derecho y condenan la intervención en la Junta Directiva de la CCSS

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo CONADECO, alzan la voz, ante lo sucedido en la sesión del Consejo de Gobierno del pasado miércoles 7 de diciembre, cuando se tomó arbitraria e inconstitucionalmente el acuerdo de destituir a cinco miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS: Martha Rodríguez del Sector Sindical, José Luis Loría del Sector Cooperativo, Jorge Arturo Hernández del Sector Patronal, Maritza Jiménez del Sector Solidarista y Carlos Salazar representante del Poder Ejecutivo. A estas destituciones, se le suma el despido del Presidente de la institución, Dr. Álvaro Ramos, el pasado 17 de setiembre.

De esta forma abrupta y sin cumplir el debido proceso constitucional, el Presidente de la República, Rodrigo Chaves, descabezó al máximo órgano de dirección técnica y política de la CCSS, interfiriendo en  su autonomía constitucional y violentando el artículo N°8 de la Ley Constitutiva de la Institución N° 17 del 22 de octubre de 1943, el que expresamente establece que “Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán sus funciones con absoluta independencia del Poder Ejecutivo”; además, no corresponde al Gobierno el nombramiento o destitución de los representantes sectoriales que son nombrados por el Movimiento Cooperativo, el Movimiento Solidarista, el Sector Patronal y el Sector Sindical, sin que sea legalmente posible la injerencia del Presidente en sus designaciones.

El afán de controlar políticamente a las instituciones públicas es una constante en la Administración Chaves ya que el 1° de junio destituyó a tres integrantes de la Junta Directiva del ICE y tomó control político y administrativo de esa Institución mediante el nombramiento de tres personas allegadas al Presidente. También, el pasado 22 de julio intervino la Junta Directiva del Banco Popular destituyendo a las cuatro personas representantes de la Asamblea de Trabajadores ante la Junta del Banco y nombrando a cuatro personas afines con el Gobierno.

Esta actuación arbitraria es incompatible con el principio democrático de representación y de especialidad técnica en la gestión administrativa de las instituciones públicas y revela el interés del Presidente por controlar y politizar la toma de decisiones en toda la institucionalidad pública, incluyendo aquellas que al igual que la CCSS, la Constitución Política y la Ley, han colocado al margen de las decisiones políticas para garantizar una administración técnica y democrática de las mismas.

El caso de la CCSS es especialmente significativo, porque el enojo del señor Presidente con el Dr. Álvaro Ramos tal y como lo ha denunciado con toda seriedad, se debe a que los directores y las directoras destituidas en estricta aplicación de la ley y reconociendo los derechos de sus trabajadores, autorizaron el pago de los aumentos salariales aprobados desde antes de la Pandemia.

Es por estas razones que el SEC y CONADECO advierten al país, sobre el peligro de esta deriva autoritaria e inconstitucional en la conducta del Presidente Chaves y llama a cerrar filas para que se respete el Estado de Derecho, devolviendo la Autonomía Constitucional de la CCSS y demás instituciones públicas intervenidas ilegalmente.

Carta a la comunidad universitaria del Sr. Rafael López Alfaro

Querida comunidad universitaria:

Si algo nos ha afectado la etapa neoliberal del sistema capitalista, es que muchas veces nos restringe nuestro derecho a soñar, al convertir todas las actividades humanas en una mercancía. La lógica del lucro nos define el principio económico de que los bienes y servicios, como recursos, son limitados.

En la UNED sabemos que eso es una verdad relativa, porque nuestro mayor activo como Universidad, es el conocimiento. Y sabemos que el conocimiento, como mercancía y como recurso, es ilimitado, de hecho, cuanto más se comparte más se genera. Y muchas de las limitaciones físicas que tiene brindar los servicios educativos, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la educación pueden ser parcialmente atenuadas y en algunos casos, hasta superadas.

Nosotros sabemos también que la crisis en nuestro país, como la fiscal del Estado (que ya lleva más de una década), no es solamente un tema presupuestario, también el modelo país y sus paradigmas están en crisis, lo vemos en el aumento de la desigualdad y el hambre, el empobrecimiento de las comunidades, la reducción de las oportunidades de empleo y el debilitamiento del Estado de Derecho, al igual que grandes retos globales nos afectan, como el calentamiento global, el desastre climático, la contaminación y muchas de los factores que los han causado, han contribuido o han surgido como secuelas de esos grandes fenómenos.

El derecho a soñar es sinónimo de búsqueda de alternativas y construcción de efectos demostración que muestren que otro “mundo es posible”. Esto será en lo micro y en lo macro, en una construcción social cotidiana o en la elaboración de conceptos y teorías que promueven el bien común. Y como Universidad, la UNED está llamada a comprender de otra manera al planeta, a Centroamérica, a nuestro país, sus regiones y sus comunidades, la solidaridad y las múltiples y variadas relaciones entre los seres humanos.

En nuestra práctica en la Dirección de Extensión y en las Sedes Universitarias de la UNED hemos hecho aportes de valor para construir modelos “alternativos-micro” de sociedad, en muchas comunidades donde estamos, desde otras formas de hacer y entender la participación y la política, para implementar avances sustantivos tras concepciones de democracia social efectiva, desde valores como el diálogo, el respeto, la cooperación y el trabajo colaborativo.

Desde muchas actividades gestionadas por las Escuelas se plantea la importancia de la soberanía alimentaria, confrontando el modelo de producción del agro-negocio – visualizado desde el monocultivo con su prioridad exportadora–, con un uso abusivo de tóxicos, que considera a la tierra como una simple mercancía y desprecia totalmente la naturaleza, el medio, el suelo y el ser humano mismo, para construir nuevos paradigmas que rescaten la producción familiar agro-ecológica, sustentada en la cooperación agrícola, ojalá con el necesario ingrediente de la agro-industria.

En la UNED hemos acompañado para que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, luche por el agua potable, la construcción de escuelas, alcantarillados, EBAIS, CEN-CINAI y transporte colectivo, con la clara intención de favorecer una democratización del acceso a lo público con sentido social y de reducir el efecto de la creciente violencia en las comunidades. Así mismo, propuestas de agricultura urbana, como los huertos colectivos y tantas otras iniciativas socioculturales que intentan modificar los paradigmas de pertenencia y apropiación ciudadana y que se suman a otras tantas formas de cuestionamiento a los valores hegemónicos de un sistema dominante, consumista y excluyente que no tendrá cabida cuando el planeta ya no permita esas formas de organización social y productiva excluyentes y polucionantes, para proyectar una nueva forma de ciudadanía y responsabilidad colectiva.

Por ejemplo, desde el Programa de Gestión Local pensamos que existe otro pensamiento posible y hemos acompañado la participación indígena en sus procesos comunitarios, consustanciándose la concepción del “Buen Vivir” como una alternativa al desarrollo convencional, al igual que lo hicimos apoyando ASADAS de todo el país y con la comunidad ribereña organizada en el Río Sarapiquí, rescatando el “bien común” o el “bien público”, como conceptos desde el “nosotras y nosotros” y no más desde el individualismo negador de los retos y responsabilidades como especie.

La UNED desde la academia y la investigación abre su acción a diversos actores de la sociedad civil con quienes dialoga y coadyuva en lo posible a la articulación de las instituciones públicas para lograr el cumplimiento de objetivos por medio de sinergias entre todas las partes interesadas. El Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, ha trabajado de la mano con numerosos gobiernos locales fortaleciendo el presupuesto participativo en sus distritos y la rendición de cuentas como herramientas de democracia directa, logrando que sean espacios de reflexión e intercambio desde una perspectiva de democracia social efectiva.

Y con la apertura del nuevo canal televisivo, la UNED tendrá la oportunidad de compartir prácticas locales, experiencias comunales exitosas, incorporar también las constantes reflexiones sobre la comunicación alternativa como necesidad, como búsqueda existencial y como condición ideológica para acercar mundos, promover la conjunción de experiencias, desarrollar nuevas propuestas, revitalizar el debate sobre conceptos y paradigmas y ayudar a nuestro pueblo, a recuperar su pleno derecho a soñar y a ejercer de forma activa su rol como ciudadano global.

Por eso y mucho más es que en la UNED debemos renovar nuestro derecho a soñar y es desde el máximo órgano permanente de gobernanza, como es el Consejo Universitario, que debe trabajarse en renovar todos los esfuerzos en construir esa práctica transformadora y liberadora, generadora de oportunidades y constructora de comunidades de conocimiento, en cada Sede Universitaria, en cada Escuela, en la producción de materiales multimediales, la editorial, las vicerrectorías, en cada centro o instituto, en cada programa de investigación, extensión y de vida estudiantil. Como para el espacio al que estamos convocados en el marco del V Congreso Universitario de la UNED.

No puede ser que con 45 años de existencia en la UNED trabajemos por la interdisciplinariedad con una oferta reducida y en muchos casos carentes de componentes básicos, como es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y el uso intensivo del conocimiento, como recursos que deben ponerse a disposición de las comunidades, generando capacidades para desarrollar riqueza para todos.

Por supuesto que la estabilidad laboral, el desarrollo de un sistema de remuneración equitativo a lo interno y competitivo a lo externo y ámbitos laborales al servicio del desarrollo humano, académico y de la eficiencia administrativa y logística, son básicos para fortalecer nuestro derecho a soñar. Pero eso pasará por la construcción de una nueva UNED con un sentido inclusivo y transformador, comprometida con la vida, con la sociedad y con la comunidad universitaria.

Los retos que enfrenta la UNED son enormes, cómo atenderlos en forma articulada, es desde el Consejo Universitario promoviendo sesiones consultivas en las regiones, con las diferentes unidades de la universidad donde se debe comenzar, promoviendo el diálogo franco y el análisis concienzudo para apuntalar nuestras fortalezas e ir superando nuestras debilidades.

El próximo miércoles 12 de octubre de 2022 concluye el proceso para elegir un miembro interno al Consejo Universitario y las personas miembros del padrón universitario tendrán que escoger entre diez personas candidatas, quien lo representará a nivel interno, al igual que lo harán entre tres pretendientes para un puesto de miembro externo al mismo órgano. En lo personal, agradezco a todas y todos mis compañeros y a todas y todos los estudiantes que han leído mis comunicaciones y han considerado mi nombre como la persona a ocupar esa representación, porque les ha resultado de valor mis reflexiones.

Invito a todas y todos los académicos, administrativos y estudiantes que todavía no han podido informarse y tomar una decisión, a que lo hagan para contar con una comunidad comprometida e involucrada con el buen funcionamiento de sus órganos de decisión.

De mi parte, mi total gratitud.

Un saludo fraterno.

CIDH da curso a petición contra estado costarricense por inadecuados procesos de elección de magistraturas

  • Demandantes reclaman proceso transparente de elección que garantice la independencia judicial

El pasado 09 de agosto del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio tramite a la petición P-1923-19 (Enrique Napoleón Ulate Chacón y otros), y notificó a Costa Rica por la presunta violación de varias normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los procedimientos y requisitos (metodología) para el nombramiento de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia. Le otorgó al Estado costarricense un plazo de tres meses para dar respuesta a la petición.

Algunas de las personas peticionarias participaron en varias convocatorias abiertas por la Comisión Permanente Especial de Nombramientos (CPEN) de la Asamblea Legislativa para llenar vacantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este marco, se enfrentaron a procesos que no cumplen con las obligaciones internacionales a las que se comprometió Costa Rica, por ejemplo, se les excluyó de manera arbitraria, no hubo una evaluación objetiva de los atestados ni tampoco de la entrevista, las votaciones se realizaron de manera secreta y sin motivación alguna, irrespetándose también el principio de paridad de género.

Además, entre las personas peticionarias se encuentran ciudadanos y ciudadanas que cuestionaron las metodologías aprobadas por la CPEN ante la Sala Constitucional alegando que tienen el derecho de contar con tribunales idóneos que resuelvan sus conflictos apegados solo al Ordenamiento Jurídico, sin embargo, el órgano constitucional rechazó la acción interpuesta. En general, la jurisprudencia de dicha Sala ha sido consistente en dar a la Asamblea Legislativa un cheque en blanco para nombrar las magistraturas sin que se cumpla con los estándares internacionales, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado de Costa Rica.

Sobre la petición, el señor Enrique Ulate Chacón manifestó: “Este paso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está orientado a consolidar y defender uno de los pilares básicos de cualquier régimen democrático de derecho: la independencia judicial. El Estado costarricense tiene un compromiso histórico, urgente e ineludible en este tema: modificar el sistema de nombramiento imperante por uno que resguarde los principios del Estado de Derecho y sea acorde a los estándares internacionales, esa es nuestra principal motivación”.

Información relevante sobre el caso:

¿Quiénes son las personas peticionarias (así se les llama a las demandantes)?

Nueve personas presentaron la petición: Enrique Ulate Chacón, Yerma Campos Calvo y J.Q.C, además los y las ciudadanas Walter Antillón Montealegre, Gabriela Arguedas Ramírez, Larissa Arroyo Navarrete, Alda Facio Montejo, Héctor Ferlini-Salazar, y Arnoldo Mora Rodríguez.

¿Cuáles son los derechos y obligaciones que han sido incumplidos por el Estado costarricense?

Deber de adoptar normas internas (artículo 2), garantías judiciales (artículo 8), derechos políticos (artículo 23), igualdad ante la ley (artículo 24) y tutela judicial efectiva (artículo 25), todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

¿Qué es lo que buscan las personas peticionarias?

Se pretende que la Comisión Interamericana y eventualmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene al Estado costarricense adoptar medidas para reformar el sistema de elección de magistraturas de manera que se garantice la independencia judicial.

¿Qué sigue en el proceso?

Costa Rica tiene tres meses para rendir su informe ante la CIDH, posteriormente este órgano analizará si se cumplen todos los requisitos de admisibilidad y eventualmente emitirá un informe de fondo en el que determinará si el Estado de Costa Rica incumplió con sus obligaciones, además, dará recomendaciones al Estado. Si se incumplen, el caso será elevado ante la Corte IDH.

BUSSCO demanda cumplimiento del mandato constitucional de financiamiento a la educación pública

Ante el marco reduccionista del gobierno de Chaves y la argumentación falaz de la ministra de Educación, BUSSCO rechaza el recorte del 25% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), y denuncia la grave afectación que esto significaría para el baluarte en la democracia y pilar de la construcción del Estado de Derecho como lo ha sido la educación pública.

Esto solo refleja la estrategia del sector neoliberal para debilitar la educación en el sector público, además de desprestigiarla para favorecer la privatización de los servicios.

Es por esto que BUSSCO muestra total apoyo al sistema educativo público y exige al gobierno que cumpla con el mandato constitucional otorgado a financiar la educación pública de este país.

Compartimos el comunicado en la siguiente imagen.

 

Compartido con SURCOS por Luis Chavarría.

¿Montesquieu en el olvido?

Freddy Pacheco León

HAY quienes no lo conocen o quizá, han olvidado las lecciones de educación cívica en secundaria, pero el Barón de Montesquieu (1689 – 1755) fue uno de los más importantes y reconocidos filósofos políticos de La Ilustración. Precursor de la antropología y la sociología, construyó un recuento naturalista de las diferentes FORMAS DE GOBIERNO y, más trascendental aún, de las causas de su evolución o limitado desarrollo.

Magistralmente explicó cómo los gobiernos podrían ser preservados de la corrupción y vio en el despotismo, principalmente, la forma en cómo podía surgir un peligro permanente para cualquier gobierno que no fuera despótico, ante lo cual argumentó que era mejor prevenirlo por medio de un sistema en el que diferentes cuerpos ejercen el PODER JUDICIAL, LEGISLATIVO Y EJECUTIVO y en el que ellos tres, estaban enlazados estrechamente por el estado de derecho. Teoría de la separación e independencia de poderes derivada por él a partir del conocimiento de la monarquía parlamentaria británica, que habría de tener eventualmente un enorme impacto en la teoría política liberal y en los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787.

Para Montesquieu los poderes administrativos ejecutivo, legislativo y judicial, deben estar separados y depender unos de otros para que la influencia de cualquier poder no pueda exceder la de los otros dos, ya sea individualmente o en combinación. Fórmula que hoy podría parecer sencilla, pero que fuera cuidadosamente elaborada gracias al genial pensamiento de tan gran filósofo. Escribió: «Cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura se combina la autoridad legislativa con la ejecutiva, no hay libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo senado haga leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Nuevamente, no hay libertad si la autoridad para juzgar no está separada de las autoridades legislativa y ejecutiva. Si se combinara con la autoridad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería ARBITRARIO, pues el juez sería el legislador. Si se combinara con el poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un OPRESOR. Todo estaría perdido si el mismo hombre o el mismo cuerpo de principales, o de nobles, o del pueblo, ejerciera estos tres poderes: el de hacer leyes, el de ejecutar resoluciones públicas». (El Espíritu de la Ley, XI, 6. 1748).

Por nuestro lado, además de recogerse esas premisas en la Constitución Política de Costa Rica, el artículo 11 es diáfano en señalar que «Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes».

Montesquieu reafirmó que la libertad era posible cuando los poderes del gobierno eran limitados y que la separación de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, era la mejor forma de alcanzar la libertad y el bien común. «No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia», sentenció. Tiranías que con cierta abundancia han vivido y viven los pueblos latinoamericanos donde la sola mención del Barón de Montesquieu le produce escozor a los déspotas. Personajes que entre menos piensan más hablan, más engañan, más desprecian la institucionalidad, en su camino hacia el vasallaje de los habitantes que, ha sucedido, fueron cómplices de la construcción de ese cuartel de anchos y altos muros.

Por tanto, no puede, no debe, es insólito, es irrespetuoso, es inconstitucional, que el presidente de uno de los poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, aprovechando una visita protocolaria a la sede del Poder Judicial, emitiera palabras que lo hicieron ver cual si fuere el presidente del Poder Judicial que le acogiera como visitante. Expresiones efectistas remanentes de una campaña electoral recién concluida, en que uno de los pilares fuere desprestigiar a la Corte Suprema de Justicia. Peligrosa acción que se hace todavía más peligrosa, cuando provoca expresiones de apoyo desde los sectores especialmente fanáticos a quienes el presidente Chaves dirige su mensaje, y que quizá lo retroalimentan para que siga adelante con esa especial “cruzada”.

¡Claro que hay aspectos del Poder Judicial que hay que corregir! Como los hay también en los otros dos poderes de la República, si aspiramos a tener una sociedad justa, sólida institucionalmente, libre de corrupción de cuello blanco y camisetas, solidaria primordialmente con los miserables en miseria extrema que podrían llenar holgadamente unas quince veces el Estadio Nacional. Ni pretendemos ni quisiéramos ocultar esa dolorosa realidad, reflejo de la creciente desigualdad que excluye cada día más a los habitantes del tugurio.

Pero, asimismo, es nuestro deber alertar acerca de lo que ha sucedido para que, ¡ojalá! no se repita ni una vez más. Existen los mecanismos institucionales para corregir lo que haya que corregir, y existen también, al interno de los tres poderes del Estado, los compatriotas dispuestos a esa tarea mayor, sin que se den interferencias indebidas. Cuando a fines de 1995 un ministro de Seguridad Pública llevó marchando hacia la sede del Poder Legislativo a motociclistas uniformados, caballistas de la policía montada y 207 policías armados con fusiles M1, para supuestamente solicitar la aprobación de unas reformas penales, 54 diputados de todas las fracciones de entonces solicitaron la destitución del responsable, pues fue evidente para ellos la injerencia inaceptable del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo. El hecho no se volvió a repetir pues la respuesta enérgica de los legisladores fue clara y contundente. Ahora, quien llamó la atención al presidente del Ejecutivo, fue su igual, el presidente del Judicial, como era su deber, pues no se podía desdeñar lo sucedido. Y no fue por un asunto personal, como algunos han sugerido, ni se trató de que el Dr. Fernando Cruz “se rasgó sus vestiduras”, como dicen otros, aunque seguramente ha de haberle dolido lo que provocara el presidente Chaves.

Legitimidad de anular

José Manuel Arroyo Gutiérrez

            No encuentro razones ideológicas, programáticas, legales ni éticas para votar por alguno de los candidatos en esta segunda vuelta.

            Tanto Figueres Olsen como Chaves Robles son hijos ideológicos de un fenómeno político-económico mundial gestado en la década de los años ochenta del siglo pasado. A partir de la era Reagan-Thatcher y el llamado Consenso de Washington, se abre paso al desmantelamiento del modelo de Estado Benefactor y su expresión jurídica, el Estado de Derecho. Ya no habrá tanto la necesidad de golpes de estado militares, bastará con la dictadura del mercado impuesta a través de la libérrima competencia, privatización de los servicios públicos, reducción al mínimo de instituciones y el debilitamiento máximo del Estado y su función contralora/reguladora. Al mismo tiempo, se “flexibilizan” las leyes y derechos laborales y se promete, en vano,  ingresar  a una era de prosperidad y desarrollo de la que todos se beneficiarían. Ya Figueres, dos décadas atrás, nos dio testimonio de ser alumno aplicado en materia de cerrar instituciones y servicios públicos, favorecer la concentración de riqueza y debilitar un aparato estatal con muy poca capacidad de administrar y controlar los excesos de las élites económico-políticas. Por su parte, Chaves es un funcionario internacional de carrera en el Banco Mundial, es decir, un burócrata encargado, por varias décadas, de aplicar aquellas mismas recetas, patentemente fracasadas,  en los países en vías de desarrollo.

            Cuarenta años después de emprender estos caminos, los resultados son evidentes. Sin necesidad de entrar en detalles, tanto en los Estados Unidos de América como en Inglaterra, el empobrecimiento generalizado, el ensanchamiento de la brecha económica y la reducción efectiva de los derechos fundamentales de grandes mayorías,  se consolidan en toda su brutalidad. En el caso latinoamericano, el buque insignia de estas políticas, la república de Chile, se debate hoy en la urgencia de cambiar de rumbo ante los resultados desastrosos del modelo. En el caso costarricense, esta ruta nos ha llevado de ser una de las tres naciones con mejor índice de equidad, a convertirnos en una de las diez  más inequitativas de la región.

            Por esto, gane quien gane el próximo 3 de abril, en lo esencial, el modelo económico a seguir, no tendrá grandes diferencias. Será más de lo mismo, incluidos desdichadamente las concesiones del PAC en los últimos años. Seguirá creciendo la inequidad en la sociedad costarricense, un porcentaje cada vez menor de familias concentrarán un porcentaje cada vez mayor de la riqueza y, a la inversa, las clases bajas y medias se tendrán que contentar con las migajas que queden. He aquí la razón de la sinrazón de una fobia incontrolable contra todo lo que huela a organizaciones y causas populares, a solidaridad social, a institucionalidad contralora, a pensamiento crítico universitario o a independencia judicial y de otras instituciones autónomas.

            ¿Puede caber duda al servicio de quiénes gobernarán ambos candidatos? Menciono sólo dos eventos muy recientes, en pleno curso de la segunda ronda, para ejemplificar lo que afirmamos.  Figueres recibe en donación,  de un magnate amigo,  el vuelo privado para reunirse con la élite económica de República Dominicana, embarcada como pocas naciones en la deriva neoliberal. Dejemos de lado la clandestinidad del viaje y si fue para recaudar dinero, para arreglar el mundo o para hablar sobre la guerra en Ucrania. Lo cierto es que este movimiento lo retrata de cuerpo entero. Desnuda quiénes son sus más cercanos aliados y quiénes serán su prioridad en un eventual gobierno suyo. Lejos están los tiempos en que República Dominicana envidiaba a Costa Rica, su modelo socialdemócrata de desarrollo y la calidad de sus instituciones. Ahora parece que vamos a la cola de las autocracias del libre mercado. Figueres Ferrer y Juan Bosch estarán revolcándose en sus tumbas. Del otro lado, Chaves, el hombre que regresa a su país más empujado por las circunstancias que por voluntad propia, es en realidad un perfecto desconocido. El tema de los acosos contra mujeres y las sanciones que se le impusieron en el Banco Mundial, han tenido el efecto secundario de no poder conocer otra serie de aspectos esenciales de su persona, como para depositar o no confianza en su candidatura. A estas alturas hay evidencia de la financiación irregular y oscura de su campaña, no sabemos al día de hoy cuánta financiación ha recibido ni de quiénes. Esto puede ser catastrófico cuando se hace política en tiempos del narco. Menudas sorpresas nos podremos llevar en el próximo cuatrienio.

            En lo programático, es un hecho que el PLN se ha cuidado de articular una propuesta elaborada y hasta progresista. Muy diferente al libelo improvisado, mínimo y superficial del PPSD. Pero no tenemos razón alguna para creer lo que ha sido puesto sobre el papel. Ya son muchas las veces que Figueres, entre desesperado e incoherente, ha asumido posiciones contrarias a su programa y ha tenido que desdecirse una y otra vez. A Chaves Robles, peor aún, le interesa muy poco tener un programa. Lo suyo son las consignas y frases huecas canalizadoras del descontento popular. Quizá esto explique por qué no hay verdadero debate de ideas, sino acusaciones sucias acerca de quién es más sucio. Esta es una hora lamentable para la democracia más antigua del continente iberoamericano.

            Desde el punto estrictamente legal, en Costa Rica abstenerse de votar no ha tenido consecuencias. Anular el voto está taxativamente previsto como posibilidad, sobre todo en el artículo 194 de Código Electoral. También es posible dejar en blanco la papeleta. Por viejos antecedentes jurisprudenciales del TSE, los votos nulos y en blanco se agrupan y contabilizan por separado, no se suman a ninguna de las otras opciones y su efecto, sobre todo para las primeras rondas, tiene que ver con la cifra de votos válidamente emitidos y si superan o no el 40% de ley para decidir una contienda en  primera instancia.      Anular el voto es una posibilidad legalmente prevista por el ordenamiento jurídico, y tan legítima desde el punto de vista cívico, como lo es el apoyo a cualquier candidatura.

            De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los  dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo. Ya los neoliberales chilenos, con Sebastián Piñera a la cabeza, acaban de ser debidamente rasurados por el pueblo en las calles y en las urnas. Es una tendencia universal que busca poner freno a la teología del libre mercado, sus falsos profetas y su inalcanzable tierra prometida.

            Es más, no votar, anular o dejar en blanco la papeleta, no sólo son decisiones que pueden expresar un profundo malestar ciudadano, sino también puede constituir un legítimo gesto de integridad moral y claridad mental. En su novela Ensayo sobre la lucidez, el Premio Novel José Saramago, teje una aleccionadora trama en torno al tema que estamos tratando. En su ficción, un 83% del electorado decide votar en blanco. El sistema entra en crisis, pero ese alto porcentaje lo hace en razón del hartazgo popular por los abusos de la clase política, por el divorcio abismal entre los representantes y los representados, por la corrupción estructural que convierte la política  en una forma más de hacer negocios particulares, y por la distancia entre una democracia meramente formal frente a una democracia real y participativa. ¿Nos suena conocido? A ver si la literatura universal nos ayuda a salir del atolladero en que estamos. Este es el tópico que abre el campo de la ética pública en el ejercicio de los derechos ciudadanos y la necesidad de exigir cambios profundos en quienes se postulan para conducir el destino de todas y todos.

            Por último, ciertamente considero de gran importancia acudir a los recintos electorales como gesto de respeto por la institucionalidad democrática y el costo humano –incluso cruento- que el sufragio universal ha tenido a lo largo de la historio. Pero acudir a esta cita, en mi caso, será para anular el voto y ayudar a construir tiempos mejores.

¿Desmantelar el Estado de Derecho para hacer el bien?

Oscar Madrigal

La campaña de Rodrigo Chaves en esta segunda vuelta se centra en aparecer como el adalid de la lucha contra los odiosos privilegios que los costarricenses detestamos; se propone su eliminación, lo cual es muy bueno y deseable. Sin embargo, él propone hacer eso desmantelando el Estado de Derecho. Pongamos un ejemplo.

Eliminar las pensiones de lujo ha sido una lucha de hace varios años. Chaves propone recortarlas hasta un mínimum que no explica. Propone para ello un referéndum. Asumamos que lo puede hacer.

Dicho referéndum no será para derogar las leyes que dieron origen a esas pensiones porque todas ellas están derogadas, por lo cual ya ningún trabajador puede ingresar a ninguno de esos regímenes.

El referéndum será entonces para quitarle a esos pensionados, las pensiones que reciben. Tendrá, entonces, que proponer que las nuevas leyes tengan carácter retroactivo, con lo cual variarían las condiciones con las cuales se pensionaron esas personas. Para ello, habría que eliminar un fundamento esencial del Estado de Derecho que dice que “las leyes no tienen carácter retroactivo”, con lo cual no habría seguridad sobre los derechos y obligaciones que las personas hayan adquirido con fundamento en el bloque de legalidad existente en determinado momento, por ejemplo, de firmar un contrato. Nadie podría estar seguro de nada.

Se derogaría, en consecuencia, el principio de “seguridad jurídica” basamento del Estado de Derecho, que garantiza a todo individuo la certeza de que su situación jurídica solo podrá ser modificada por procedimientos establecido previamente, lo cual da confianza de que podrá vivir con cierta tranquilidad. Dejarían de existir las certezas jurídicas. El Estado de Derecho queda castrado de uno de sus principios fundamentales.

El referéndum para quitar esas pensiones también tendría que eliminar otro principio de Derecho, los llamados “derechos adquiridos”, sea aquel derecho que la persona ha obtenido en firme por la vigencia de una ley o contrato, laudo o convenio internacional, aunque se haya derogado esa ley, pero el derecho seguirá existiendo porque ya el derecho se ha incorporado al patrimonio del ciudadano. De manera que este principio desaparecería, con lo cual ningún derecho producto de ley o contrato estaría seguro, pudiendo eliminarse o cambiarse a criterio del legislador o de referéndum. Sería un verdadero caos esa sociedad. Además, derechos adquiridos pueden ser el salario, las vacaciones, el aguinaldo, etc., que podrían ser sujetos a modificación o hasta eliminados al someterlos a referéndum.

Con el criterio esbozado por Chaves para eliminar las pensiones de lujo habría que desaparecer otro principio de Derecho, el de NO confiscación, que sería la posibilidad de darle al Ejecutivo el poder de incautar posesiones o bienes sin ninguna compensación. En Costa Rica a los pensionados de lujo les rebajan de la pensión hasta un 50% de su monto; un porcentaje superior sería confiscar un patrimonio lo cual no es permitido actualmente. Pero Chaves desea confiscar esa parte de la pensión, eliminando ese principio, con lo cual todas otras pensiones, la casa de habitación, la finca o la fábrica podrían ser tomadas por el Estado.

Además, habría que salir de los convenios internacionales, por ejemplo, el de la OIT sobre pertenencia a regímenes de pensiones y muchos otros, aislando al país del progreso social del mundo.

No sé si el grupo que asesora a Chaves habrá pensado en las consecuencias de sus planteamiento y si lo que desea es un Estado al margen del Derecho, sin seguridad jurídica, derechos adquiridos, irretroactividad de la ley y con confiscación de patrimonios.

La lucha contra los odiosos privilegios, que todos pedimos eliminar en todos los campos, no puede hacerse desapareciendo el Estado de Derecho.

Chaves propone además un referéndum sobre el aborto y la eutanasia. Luego podría ser otro sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego sobre el divorcio y cuantas cosas se quiera más. Los empresarios también exigirán un referéndum sobre las cargas sociales a la Caja porque les restan competitividad o eliminar el aguinaldo para poder competir con otros países. Se abre la Caja de Pandora y no se sabe dónde terminará y con quién, porque los Derechos Humanos estarían al vaivén de los votos.

Esta posición tiene su correlato con lo expresado por Rodrigo Chaves respecto a la Asamblea Legislativa. Más o menos dijo que si la Asamblea (el Parlamento) no se alineaba con sus políticas, gobernaría a puro referéndum. A buen entendedor pocas palabras.

Estas posiciones de Chaves van más allá del neoliberalismo.

(Por cualquier duda, aclaro que soy pensionado de la Caja, del régimen del IVM y me pensioné a los 68 años de edad).